TEMA 1 ORGANIZACIÓN JUDICIAL (2011)

Apunte Español
Universidad Universidad de Valencia (UV)
Grado Criminología - 2º curso
Asignatura Derecho Procesal I
Año del apunte 2011
Páginas 8
Fecha de subida 28/01/2015
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TEMA 1. ORGANIZACIÓN JUDICIAL El derecho procesal, el conjunto de normas que regulan el proceso, aunque existen otras realidades distintas reguladas por normas procesales. El conjunto de normas que regulan el proceso, además de acción, sobre todo jurisdicción o poder judicial (la potestad para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado).
El proceso es el instrumento de los tribunales para hacer cumplir su función, ejecutar y hacer juzgar lo juzgado.
El derecho procesal es algo más que un conjunto de normas procesales que rigen el derecho.
El concepto principal es el poder judicial o jurisdicción, y el subordinando el proceso, para Montero se habla de derecho jurisdiccional.
Conceptos instrumentales de la disciplina, jurisdicción y proceso.
PODER JUDICIAL, JURISDICCIÓN.
En un estado democrático el poder judicial es un poder autónomo frente a otros poderes del estado, se distingue o determinarlo, de la administración. Articulo 117 de la CE.
Artículo 117 1. La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley.
2. Los Jueces y Magistrados no podrán ser separados, suspendidos, trasladados ni jubilados, sino por alguna de las causas y con las garantías previstas en la ley.
3. El ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las leyes, según las normas de competencia y procedimiento que las mismas establezcan.
4. Los Juzgados y Tribunales no ejercerán más funciones que las señaladas en el apartado anterior y las que expresamente les sean atribuidas por ley en garantía de cualquier derecho.
5. El principio de unidad jurisdiccional es la base de la organización y funcionamiento de los Tribunales. La ley regulará el ejercicio de la jurisdicción militar en el ámbito estrictamente castrense y en los supuestos de estado de sitio, de acuerdo con los principios de la Constitución.
6. Se prohíben los Tribunales de excepción.
El esquema de la organización de la administración no es aplicable a la judicial. No es lo mismo el funcionario que el juez. La primera no es accion es el juez que esta vinculado a la CE, articulo 117. la segunda noción es la acción, es decir, el derecho de las partes, a tener acceso a la jurisdicción y respeto de la participación en la actividad jurisdiccional. No es solo el poder jurisdiccional sino también de los ciudadanos. El derecho de jurisdicción es un derecho subjetivo público frente al estado, encaminado en que este tutela los intereses y derechos de los ciudadanos mediante el proceso. Por tanto el derecho a la noción comporta el derecho de los órganos jurisdiccionales de realizar el proceso y hacerlo conforme a los principios de contradicción. Por tanto el proceso es una de las partes fundamentales de derecho jurisdiccional, puyes es el instrumento por el que el poder judicial cumples las funciones que les son atribuidas constitucionalmente, es decir, a la exclusividad para ejercer la potestad jurisdiccional a jueces, tribunales y magistrado determinado por la ley Art. 117.3.
Es un instrumento para que el poder judicial cumpla sus funciones, pero también es un instrumento, puesto en las manos de las personas para garantizar la TJE. Esta tutela se consigue de esta manera, obteniendo del juzgado una resolución de fondo motivada, dando respuesta estimando o desestimando.
Penal: no hay ningún derecho subjetivo por parte del acusador respecto de exigir la condena, sino que con ese procedimiento, el derecho del Estado es quien tiene que poner la pena. El ius puniendi lo tienen el Estado y no la propia persona acusadora.
LA JURISDICCIÓN DEL ESTADO.
La potestad jurisdiccional, se le añade algo que la distingue de los demás. Es la potestad imanante del Estado ejercida por tribunales y juzgados, integrados por magistrados y jueces independientes.
El ámbito de la potestad jurisdiccional se encuentra arrastrado por lo preceptos constitucionales, al control de potestad reglamentaria, de la constitucionalidad de las leyes, relación en el Art. 24 CE, el derecho de amparo.
Artículo 24 1. Todas las personas tienen derecho a obtener tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión.
2. Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia al letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia. La ley regulará los casos en que, por razón de parentesco o de secreto profesional, no se estará obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos.
Artículo 25 1. Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento.
2. Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados. El condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales de este Capítulo, a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria. En todo caso, tendrá derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la Seguridad Social, así como al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad.
3. La Administración civil no podrá imponer sanciones que, directa o subsidiariamente, impliquen privación de libertad.
Artículo 53 1. Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo segundo del presente Título vinculan a todos los poderes públicos. Sólo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades, que se tutelarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 161, 1, a) 2. Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la Sección primera del Capítulo segundo ante los Tribunales ordinarios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Este último recurso será aplicable a la objeción de conciencia reconocida en el artículo 30.
3. El reconocimiento, el respeto y la protección de los principios reconocidos en el Capítulo tercero informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. Sólo podrán ser alegados ante la Jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen.
La CE, esta determinado la potestad jurisdiccional. Es una potestad inmensa. En la LO del tribunal constitucional en su articulo 2.2 se establece.
DOBLE PERSPECTIVA CONSTITUCIONAL DE LA JURISDICCIÓN.
Puede ser como actividad o como función. Como actividad integra en el poder judicial todos los órganos con potestad jurisdiccional, una potestad separada del poder legislativo y ejecutivo.
Esta manifestación se revela en la constitución no solo con los preceptos anteriores del control, sino en el artículo 76, potestad de control reglamentario, artículo 117.1, o el Art.117.5 o el 125, el 153, el 161, El TC, jurado, restos de tribunales, todos tienen esa potestad recibida de la soberanía nacional, participan ene l poder politico en sus maneras, pero todos con respeto al derecho.
El articulo 117.1, la norma refiere a jueces y magistrados del poder judicial, no forman parte de él, magistrados del TC, jurados otros.
Es un poder único en todo el estado, no existen poderes judiciales de la CCAA, sino órganos en dichos territorios, ese poder judicial u organización formada por jueces y tribunales no tienen potestad jurisdiccional, sino quien la tienen son los jueces y magistrados concretos, atendiendo a reglas de competencia, así como el articulo 117.3.
El articulo 122 CE, establece Artículo 122 1. La ley orgánica del poder judicial determinará la constitución, funcionamiento y gobierno de los Juzgados y Tribunales, así como el estatuto jurídico de los Jueces y Magistrados de carrera, que formarán un Cuerpo único, y del personal al servicio de la Administración de Justicia.
2. El Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno del mismo. La ley orgánica establecerá su estatuto y el régimen de incompatibilidades de sus miembros y sus funciones, en particular en materia de nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario.
3. El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un periodo de cinco años. De estos, doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados, y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión.
ORGANIZACIÓN JUDICIAL PRINCIPIOS POLÍTICOS.
El poder judicial, constitucionalmente se caracteriza por tres principios, el de unidad, exclusividad y al juez legal o predeterminado.
El principio de unidad esta en el 117.5 CE, No es posible en un estado federal, solo existe posibilidad de uno de ellos del que emanan.
5. El principio de unidad jurisdiccional es la base de la organización y funcionamiento de los Tribunales. La ley regulará el ejercicio de la jurisdicción militar en el ámbito estrictamente castrense y en los supuestos de estado de sitio, de acuerdo con los principios de la Constitución.
El principio de exclusividad lo que hace es distribuir la competencia 117.3 y el 2.1 del PJ, el estado tienen el monopolio y se representa en dos ámbitos, una internacional y otro interno. El primero referencia al articulo 93 CE, competencia a tribunales europeos, y el interno que lleva a que la relación estatal no existan jurisdiccional inferior la estado, los que tienen jurisdiccional lo establece en la CE articulo 122 y 2.1 PJ.
Artículo 93 Mediante la ley orgánica se podrá autorizar la celebración de tratados por los que se atribuya a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución. Corresponde a las Cortes Generales o al Gobierno, según los casos, la garantía del cumplimiento de estos tratados y de las resoluciones emanadas de los organismos internacionales o supranacionales titulares de la cesión.
La función jurisdiccional es propia de juzgados y tribunales, articulo 117.4.
Principio juez legal o predeterminado: es el que llamamos juez natural se refiere el articulo 24.2 de la CE y el 117.6 CE. “El órgano jurisdiccional que ha de conocer de un asunto. Queda excluida la delegación”.
Si existen órganos de la misma categoría en un población deben existir normas de reparto. Lo mismo ocurre con la designación de la persona concreta dotada de jurisdicción, será con un procedimiento determinado por la LOPJ. Esta determinando los procedimientos y competencias de los tribunales respecto al asunto concreto. El que se vulnere ese procedimiento o esa competencia incurre en infracción del Artículo 24.2 CE. Es un derecho fundamental que tiene toda la persona para que se caso sea juzgado por jueces y tribunales correspondientes según la ley. Esta garantizando por recurso de amparo del articulo 55.3 CE. El sentido del artículo 24.2 equivale a juez independiente e imparcial establecido con las garantías constitucionales y legales que actúa dentro de las normas de competencia y con el procedimiento establecido.
JUEZ Y TRIBUNALES ORDINARIOS.
El juzgado seria el que tiene potestad jurisdiccional que ostenta el juez con carácter unipersonal, la competencia para la primera instancia de los proceso.
El tribunal seria un órgano colegiado en el que la potestad jurisdiccional la tendrían varias personas que se llaman magistrados.
La audiencia son también órganos jurisdiccionales colegiados integrados por magistrados.
Los jueces y magistrados no pueden calificarse como funcionarios. No son iguales.
Los jueces y magistrados queda regulado por su estatuto por notas especificas del mismo, con sus propiedades, el articulo 117 establece algunas, inamovilidad, independencias, imparciales (no puede ser parte del conflicto donde se somete el juicio, y solo puede estar determinado por el derecho objetivo, sin circunstancias ajenas al proceso), etc.
Si el juez se encuentra en alguno de estos procesos debe apartarse del proceso, las causas de abstención y recusación se encuentran en el artículo 119 de la LOPJ, la mera de una de ellas permite al juez abstenerse. Son dos instrumentos de garantías de la imparcialidad de la ley. El articulo 103 de la CE los establece para otros funcionarios.
Artículo 103 1. La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.
2. Los órganos de la Administración del Estado son creados, regidos y coordinados de acuerdo con la ley.
3. La ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de su derecho a sindicación, el sistema de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones.
La independencia determina que están solo sometidos a la ley, desvinculándose de cualquier otra norma o competencia, tampoco tienen sumisión a tribunales superiores, cada juez solo ejerce la potestad dentro de su competencia, y muchos menos sumisión a entidad alguna diferente a cualquier poder que trate de asumir funciones sobre judiciales.
La inamovilidad, es el derecho de jueces y tribunales, de ser separados, jubilados, solo en las causas del poder judicial. Se dice que la inamovilidad es absoluta ya que no solo tienen derecho a seguir en su carrera sino también a no ser movidos y tener su puesto de trabajo, y temporal hasta la edad de jubilación forzosa. Sin embargo existen personas que en el desempeño de sus atribución jurisdiccional, dentro de un plazo, como los jueces de Paz, Jueces de régimen de previsión temporal, magistrados suplentes o jueces sustitutos.
Igualmente con relación a la responsabilidad del articulo 117.1, hay dos tipos: 1. responsabilidad disciplinaria o gubernativa. Es la que ejerce el consejo del PJ cuando no refiriéndose a un caso concreto el juez abandona su función o incumple normas.
Son normas que establecen el cumplimento de su trabajo el CPJ y que todos están sometidos.
2. responsabilidad jurisdiccional: relativa a su función en el ejercicio de su jurisdicción.
Puede ser civil incurren por dolo o culpa, pena incurren en infracción penall.
El artículo 122 alude a una responsabilidad patrimonial del Estado. La responsabilidad personal son las dos anteriores, esta es general.
Artículo 122 1. La ley orgánica del poder judicial determinará la constitución, funcionamiento y gobierno de los Juzgados y Tribunales, así como el estatuto jurídico de los Jueces y Magistrados de carrera, que formarán un Cuerpo único, y del personal al servicio de la Administración de Justicia.
2. El Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno del mismo. La ley orgánica establecerá su estatuto y el régimen de incompatibilidades de sus miembros y sus funciones, en particular en materia de nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario.
3. El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un periodo de cinco años. De estos, doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados, y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión.
1. por error judicial. En resoluciones firmes.
2. por funcionamiento anormal de la administración de justicia. Funcionamiento contrario a la norma y así declara el ministerio de justicia. También puede darse indemnización por prisión provisional cuando después de la misma se dicte sentencia absolutoria o se dicte acto de sobreseimiento libre porque el hecho no ha existido o no ha tenido participación del imputado.
Es una responsabilidad directa y no subsidiaria a la del juez que hace el daño, es objetiva y no depende del dolo o culpa y deriva de la actividad jurisdiccional.
LA ORGANIZACIÓN JUDICIAL.
ÓRGANOS JUDICIALES EN EL MUNICIPIO.
LOS JUZGADOS DE PAZ.
En cada municipio donde no exista Juzgado de Primera Instancia e Instrucción, y con jurisdicción en el término correspondiente, habrá un Juzgado de Paz.
En el orden penal, conocerán en primera instancia de los procesos por faltas que les atribuya la ley. Podrán intervenir, igualmente, en actuaciones penales de prevención, o por delegación, y en aquellas otras que señalen las leyes.
En concreto conocerán de las faltas previstas en los artículos 620, excepto las relativas a la violencia doméstica o de género, 626, 630, 632 y 633) Los Jueces de Paz serán nombrados para un período de 4 años por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia correspondiente y el nombramiento recaerá en las personas elegidas por el respectivo Ayuntamiento.
EL PARTIDO JUDICIAL.
LOS JUZGADOS DE INSTRUCCIÓN.
En cada partido habrá uno o más Juzgados de Primera Instancia e Instrucción con sede en la capital de aquél y jurisdicción en todo su ámbito territorial que tomarán la designación del municipio de su sede.
Los Juzgados de Instrucción conocerán, en el orden penal: a) De la instrucción de las causas por delito cuyo enjuiciamiento corresponda a las Audiencias Provinciales y a los Juzgados de lo Penal, excepto de aquellas causas que sean competencia de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer.
b) Les corresponde asimismo dictar sentencia de conformidad con la acusación en los casos establecidos por la Ley. (Enjuiciamiento Rápido artículo 801 de la LECrim. y Procedimiento Abreviado artículo 787 de la LECrim.) c) Del conocimiento y fallo de los juicios de faltas, salvo los que sean competencia de los Jueces de Paz, o de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer.
d) De los procedimientos de ''habeas corpus''.
e) De los recursos que establezca la ley contra las resoluciones dictadas por los Juzgados de Paz del partido y de las cuestiones de competencia entre éstos.
f) De la adopción de la orden de protección a las víctimas de violencia sobre la mujer cuando esté desarrollando funciones de guardia, siempre que no pueda ser adoptada por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer.
g) De la ejecución de las medidas de embargo y aseguramiento de pruebas transmitidas por un órgano judicial de un Estado miembro de la Unión Europea que las haya acordado en un proceso penal, cuando los bienes o los elementos de prueba se encuentren en territorio español.
LOS JUZGADOS DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER.
En cada partido habrá uno o más Juzgados de Violencia sobre la Mujer, con sede en la capital de aquél y jurisdicción en todo su ámbito territorial que tomarán su designación del municipio de su sede.
No obstante lo anterior, podrán establecerse, excepcionalmente, Juzgados de Violencia sobre la Mujer que extiendan su jurisdicción a dos o más partidos dentro de la misma provincia. En los partidos judiciales en que exista un solo Juzgado de Primera Instancia e Instrucción será éste el que asuma el conocimiento de los asuntos a que se refiere el art. 87 ter de esta Ley.
JUZGADOS Y TRIBUNALES DE ÁMBITO PROVINCIAL.
JUZGADOS DE LO PENAL En cada provincia, y con sede en su capital, habrá uno o varios Juzgados de lo Penal. Podrán establecerse Juzgados de lo Penal cuya jurisdicción se extienda a uno o varios partidos de la misma provincia, conforme a lo que disponga la legislación sobre demarcación y planta judicial, que fijará la ciudad donde tendrá su sede. Los Juzgados de lo Penal tomarán su denominación de la población donde tengan su sede. Pueden tener ámbito inferior pero no superior a la provincia.
Los Juzgados de lo Penal enjuician y fallan las causas por: • Delitos que tengan señalada pena privativa de libertad de hasta 5 años.
• Multa cualquiera que sea su cuantía.
• Otras penas de distinta naturaleza bien sean únicas, conjuntas o alternativas, cuya duración no exceda de 10 años.
• Faltas, sean o no incidentales, imputables a los autores de esos delitos o a otras personas, cuando la comisión de la falta o su prueba estuvieran relacionados con aquellos.
• Enjuiciamiento Rápido de Delitos (sólo Juzgados de lo Penal).
LOS JUZGADOS DE VIGILANCIA PENITENCIARIA.
En cada provincia, y dentro del orden jurisdiccional penal, habrá uno o varios Juzgados de Vigilancia penitenciaria, que tendrán las funciones jurisdiccionales previstas en la Ley General Penitenciaria en materia de ejecución de penas privativas de libertad y medidas de seguridad, control jurisdiccional de la potestad disciplinaria de las autoridades penitenciarias, amparo de los derechos y beneficios de los internos en los establecimientos penitenciarios y demás que señale la ley. Podrán tener un ámbito territorial superior o inferior a la provincia.
LOS JUZGADOS DE MENORES.
En cada provincia, con jurisdicción en toda ella y sede en su capital, habrá uno o más Juzgados de Menores. No obstante, cuando el volumen de trabajo lo aconseje, podrán establecerse Juzgados de Menores cuya jurisdicción se extienda o bien a un partido determinado o agrupación de partidos, o bien a dos o más provincias de la misma Comunidad Autónoma. Tomarán su nombre de la población donde radique su sede.
Corresponde a los Jueces de Menores el ejercicio de las funciones que establezcan las leyes para con los menores que hubieren incurrido en conductas tipificadas por la ley como delito o falta y aquellas otras que, en relación con los menores de edad, les atribuyan las leyes.
LA AUDIENCIA PROVINCIAL.
Las Audiencias Provinciales, que tendrán su sede en la capital de la provincia, de la que tomarán su nombre, extenderán su jurisdicción a toda ella. Podrán crearse Secciones de la Audiencia Provincial fuera de la capital de la provincia, a las que quedarán adscritos uno o varios partidos judiciales.
Las Audiencias Provinciales se compondrán de un Presidente y dos o más magistrados.
También podrán estar integradas por dos o más Secciones de la misma composición, en cuyo caso el Presidente de la Audiencia presidirá una de las Secciones que determinará al principio de su mandato.
Las Audiencias Provinciales conocerán en el orden penal: 1º) De las causas por delito, a excepción de las que la ley atribuye al conocimiento de los Juzgados de lo Penal o de otros Tribunales previstos en esta ley (penas privativas de libertad superior a 5 años y aquellas otras penas de distinta naturaleza bien sean únicas, conjuntas o alternativas, cuya duración exceda de 10 años).
2º) De los recursos que establezca la ley contra las resoluciones dictadas por los Juzgados de Instrucción y de lo Penal, Juzgados de Vigilancia Penitenciaria, Juzgados de Violencia sobre la Mujer y Juzgados de Menores de la provincia.
EL TRIBUNAL DEL JURADO.
Regulado por Ley Orgánica 5/1995. Su ámbito natural será la Audiencia Provincial. El Tribunal del Jurado será competente para el conocimiento y fallo de las causas por los delitos tipificados en los siguientes preceptos del Código Penal: ÁMBITO AUTONÓMICO. EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA.
EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA.
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma culminará la organización judicial en el ámbito territorial de aquélla, sin perjuicio de la jurisdicción que corresponde al Tribunal Supremo. El Tribunal Superior de Justicia tomará el nombre de la Comunidad Autónoma y extenderá su jurisdicción al ámbito territorial de ésta.
La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia conocerá de las causas penales que los Estatutos de Autonomía reservan al conocimiento de los Tribunales Superiores de Justicia, causas penales contra jueces, magistrados y miembros del Ministerio Fiscal por delitos o faltas cometidos en el ejercicio de su cargo en la comunidad autónoma y los recursos de apelación contra las resoluciones dictadas en primera instancia por las Audiencias Provinciales.
JUZGADOS Y TRIBUNALES DE ÁMBITO NACIONAL.
EL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN.
Su ámbito territorial es toda España, existiendo en la actualidad 6 Juzgados Centrales de Instrucción en Madrid.
Sus funciones son: • Instrucción de las causas por delito cuyo enjuiciamiento corresponda a la Audiencia Nacional o, en su caso, al Juzgado Central de lo Penal.
• Resolver los procedimientos de Habeas Corpus de su competencia.
• Tramitación de los expedientes de extradición pasiva EL JUZGADO CENTRAL DE LO PENAL.
De ámbito nacional, con sede en Madrid.
Sus funciones son: • Enjuiciamiento por delitos cuya pena privativa de libertad sea inferior a 5 años, multas cualquiera que sea la cuantía o con cualesquiera otras bien sean únicas, conjuntas o alternativas, cuya duración no exceda de 10 años, y que sean competencia de la Audiencia Nacional.
EL JUZGADO CENTRAL DE MENORES.
Su ámbito territorial es todo el territorio español, con sede en Madrid. Sus funciones son las que le atribuya la LORPM 5/2000, de 12 de enero. En concreto conocerá de delitos de terrorismo cometidos por menores con edades comprendidas entre los 14 y los 18 años.
JUZGADO CENTRAL DE VIGILANCIA PENITENCIARIA.
Su ámbito territorial es nacional y tiene las funciones encomendadas al Juez de Vigilancia Penitenciaria en materias reservadas al conocimiento de la Audiencia Nacional.
LA AUDIENCIA NACIONAL.
La Audiencia Nacional, con sede en la villa de Madrid, tiene jurisdicción en toda España.
La Audiencia Nacional estará integrada por las siguientes Salas: 1. De Apelación.
2. De lo Penal.
3. De lo Contencioso-Administrativo.
4. De lo Social.
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional conocerá: Del enjuiciamiento, salvo que corresponda en primera instancia a los Juzgados Centrales de lo Penal, de las causas por los siguientes delitos: a) Delitos contra el titular de la Corona, su Consorte, su Sucesor, Altos Organismos de la Nación y forma de Gobierno.
b) Falsificación de moneda, delitos monetarios y relativos al control de cambios.
c) Defraudaciones y maquinaciones para alterar el precio de las cosas que produzcan o puedan producir grave repercusión en la economía nacional o perjuicio patrimonial en una generalidad de personas en el territorio de más de una Audiencia.
d) Tráfico de drogas o estupefacientes, fraudes alimentarios y de sustancias farmacéuticas o medicinales, siempre que sean cometidos por bandas o grupos organizados y produzcan efectos en lugares pertenecientes a distintas Audiencias.
e) Delitos cometidos fuera del territorio nacional, cuando conforme a las leyes o a los tratados corresponda su enjuiciamiento a los Tribunales españoles.
f) De cualquier otro asunto que le atribuyan las leyes (terrorismo).
EL TRIBUNAL SUPREMO.
El Tribunal Supremo, con sede en la villa de Madrid, es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales. Tendrá jurisdicción en toda España.
El Tribunal Supremo estará integrado por las siguientes Salas: 1. Primera, de lo Civil.
2. Segunda, de lo Penal.
3. Tercera, de lo Contencioso-administrativo.
4. Cuarta, de lo Social.
5. Quinta, de lo Militar.
1. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo conocerá: 1º) De los recursos de casación, revisión y otros extraordinarios en materia penal que establezca la ley.
2º) De la instrucción y enjuiciamiento de las causas contra el Presidente del Gobierno, Presidentes del Congreso y del Senado, Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Presidente del Tribunal Constitucional, miembros del Gobierno, Diputados y Senadores, Vocales del Consejo General del Poder Judicial, Magistrados del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, Presidentes de la Audiencia Nacional y de cualquiera de sus Salas y de los Tribunales Superiores de Justicia, Fiscal General del Estado, Fiscales de Sala del Tribunal Supremo, Presidente y Consejeros del Tribunal de Cuentas, Presidente y Consejeros del Consejo de Estado y Defensor del Pueblo, así como de las causas que en su caso, determinen los Estatutos de Autonomía.
3º) De la instrucción y enjuiciamiento de las causas contra Magistrados de la Audiencia Nacional o de un Tribunal Superior de Justicia.
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