Tema 3 derecho constitucional I (2014)

Apunte Español
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Derecho - 1º curso
Asignatura Derecho Constitucional I
Año del apunte 2014
Páginas 9
Fecha de subida 09/01/2015
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TEMA 3. Garantías jurisdiccionales de la constitución 1. Origen y modelos de justicia constitucional La constitución ejerce realmente su papel de norma superior en el sistema. Es necesario contar con algún tipo de órgano i/o mecanismo que asegure esa supremacía.
Algún órgano que lleve a cabo la actividad de justicia constitucional, es decir, aquella actividad jurisdiccional que tiene por finalidad asegurar el respeto a la constitución frente a todo acto de poder público precisamente por su supremacía formal y material.
La justicia constitucional se basa en dos competencias:   Competencia de comprobación. Es la capacidad para realizar un juicio abstracto que permita comparar el acto normativo impugnado con la norma superior para ver si es compatible.
Competencia de rechazo. Capacidad para dictar una decisión imperativa que permita inaplicar o expulsar del ordenamiento el acto normativo que se considera incompatible con la norma superior.
Para llevar a cabo esta actividad hay distintos modelos: 1. Modelo de control de constitucionalidad difuso o modelo americano. Supone que todos los jueces y tribunales ordinarios pueden determinar y declarar la constitucionalidad e inconstitucionalidad de una ley. No hay un órgano que tenga atribuida la competencia exclusiva para valorar esa adecuación de las leyes a la constitucionalidad sino que esta capacidad esta atribuida al poder judicial en su conjunto.
El tribunal supremo en caso de que se pronuncie dictará precedente vinculante para todos los demás tribunales pero no se pronunciara de manera directa, sino por la vía de los recursos ordinarios y unificará la doctrina aplicando unas pautas doctrinales para todos.
Es un modelo incidental, es decir, que los jueces podrán valorar la constitucionalidad de una ley pero únicamente aplicarlas cuando se vea en la situación de tener que aplicarlas a un caso concreto que este resolviendo. No existe una vía directa para los particulares, solo el juez.
Se producirá necesariamente dentro de un proceso judicial ya anunciado, en sus efectos se limitaran al propio proceso judicial, porque lo único que puede hacer el juez es no aplicar una ley inconstitucional al caso concreto, no tiene eficacia general.
El sistema parte de una premisa: La ley es el resultado del trabajo del parlamento y únicamente este puede expulsar una ley del ordenamiento, por lo tanto los jueces no anulan leyes, sino las inhabilitan.
1 2. Modelo francés. El control de constitucionalidad lo lleva a cabo un órgano político que es el consejo constitucional, 9 miembros elegidos por los distintos poderes del estado más una serie de miembros natos, como son los presidentes de la república.
Cuando una ley es aprobada por el parlamento se puede plantear al consejo que valore su constitucionalidad antes de su promulgación, valoración que pueden pedir únicamente los órganos del estado: presidente de la cámara, diputados, etc.
Proceso final de la parte del proceso legislativo. Una vez que la ley ha sido publicada no había manera de comprobar su constitucionalidad y de valorar una posible expulsión salvo la del parlamento, lo cual hacía que si nadie lo ejercía, la ley quedaba perpetuada en el ordenamiento.
En 2008 se introdujo un segundo mecanismo de control que es igual que la cuestión de inconstitucional que en el sistema español. Una vía para poder valorar la constitucionalidad de leyes que ya están en vigor.
Modelo concentrado (austríaco o Kelseniano). Se establece por primera vez en la constitución austriaca de 1920, donde se instaura un Tribunal Constitucional, órgano jurisdiccional que tiene atribuida la competencia exclusiva y excluyente para valorar la adecuación de las leyes que ya están en vigor a la constitución.
Para ello los poderes del estado pueden plantearle una acción directa sobre la adecuación o no de un acto normativo a la constitución sin necesidad de relacionarlo con una aplicación concreta y sin que esté vinculado a resolución de un litigio en concreto.
Este tribunal tiene eficacia general, y la inconstitucionalidad no será inaplicación de la ley sino nulidad y expulsión del ordenamiento.
El modelo español actualmente vigente es un modelo concentrado. Existe un modelo constitucional y este tribunal tiene competencia exclusiva y excluyente para determinar la constitucionalidad de las leyes. Tiene capacidad para expulsar leyes inconstitucionales.
En el caso de los reglamentos el funcionamiento del modelo se asemeja más a un modelo difuso, porque tienen la capacidad de inaplicar aquellos reglamentos que consideren contrarios a la constitución o las leyes. INAPLICAR, NO ELIMINAR Además los tribunales de la parte superior del escalafón tendrán capacidad para anularlos.
2. Procedimientos de control de constitucionalidad Actualmente son dos: El recurso de inconstitucionalidad. Se regula en el art 161 de la CE 2 La cuestión de inconstitucionalidad. Se regula en el 163 CE.
La ley orgánica del TC los desarrolla.
La ley orgánica del TC podría establecer otro tipo de recursos, de hecho contemplaba otra posibilidad el recurso previo de inconstitucionalidad. En el año 1985 era una acción directa que permitía recurrir ante el Tribunal Constitucional leyes después de su aprobación por el parlamento y de su promulgación.
Pero en este año se eliminó porque más que procedimiento como control preventivo se convirtió en un instrumento político.
Actos pueden ser impugnados por el Tribunal Constitucional por cualquiera de las dos vías:       Las leyes. Cualquier ley (ordinaria, autonómica, de comisión, de bases, etc.) Actos normativos del gobierno con fuerza de ley. Decretos leyes y decretos legislativos.
Demás actos de los poderes del estado que tengan fuerza de ley. Se reduce a las autorizaciones para firmar ciertos tratados internacionales.
Tratados internacionales que se hayan incorporado al ordenamiento interno Reglamento del congreso, del senado, de las cortes generales (No hay) y estatuto de personal de las cortes generales. Normas básicas internas del parlamento.
Aquellos actos de las CCAA que sean equivalentes a todos estos nombrados anteriormente.
Para poder impugnarlo ante el poder del Tribunal Constitucional tiene que tratarse de actos expresos. No se puede recurrir alegando inconstitucionalidad por omisión, no se puede recurrir al Tribunal Constitucional diciendo que el legislador no ha dictado una determinada ley a la que la constitución obliga a dictar. Si se impugna una ley ha de ser por aquello que dice, no por lo que no dice.
Se contrasta una vez impugnado de si la impugnación tiene un fundamento formal o material. Si es por razones materiales, la norma superior de contraste, será únicamente la constitución. Sin embargo si es por razones formales, a parte de la constitución habrá que tener en cuenta esas otras disposiciones a las que la constitución reitere expresamente para concretar los aspectos formales que únicamente enuncia de manera más general y que conforma todas estas normas el bloque de constitucionalidad. Lo forman los reglamentos de las cámaras, estatutos de autonomía (reparto de competencias), y las leyes del art 150 de la CE.
3 Recurso inconstitucionalidad.
Es una acción directa para comprobar la constitucionalidad de las leyes o actos normativos con fuerza de ley de carácter abstracto y cuyo fin es únicamente comprobar si la norma impugnada que tiene que estar ya en vigor se adecua o no a la constitución.
No está vinculado a ningún proceso judicial, sino que los sujetos activos lo harán de forma inmediata ante el Tribunal Constitucional. Únicamente hay órganos del poder públicos, ya que los particulares no tienen ninguna forma para impugnar la constitucionalidad de una ley.
Los legitimados para imponer el recurso son: Presidente del gobierno 50 diputados o senadores que actuaran mediante representación única a través del miembro o miembros que designen o por un comisionado nombrado a tal efecto.
Lo firmara solo un diputado. Estos diputados o senadores pueden ser de diferentes grupos parlamentarios.
Defensor del pueblo Gobiernos y parlamentos autonómicos Previo acuerdo interno limitado únicamente a aquellos actos del estado que les afecte de modo directo.
El plazo para presentar el recurso es de tres meses, contando a partir de la publicación que no es entrada en vigor.
El plazo para presentar el recurso es de 9 meses.
También tiene que señalar por un lado: La ley o la parte de la ley que se considera inconstitucional y también debe indicar que artículo de la constitución se tiene que vulnerar. Una vez planteada ante el tribunal este tiene que dar traslado del recurso al congreso, senado y gobierno y estos tienen 15 días para presentar alegaciones. Después en teoría, el pleno del Tribunal Constitucional tiene 10 días para resolver el recurso que por razones motivales se ponen a 30 días.
El planteamiento de un recurso de inconstitucional no suspende la vigencia del acto normativo impugnado, salvo de un caso: que el recurso venga del presidente del gobierno y el acto normativo impugnado sea de una CCAA. En ese caso parece deducirse que la suspensión es automática, si se solicita, el Tribunal Constitucional suspenderá el acto. Y a los 5 meses tiene que 4 pronunciarse expresamente sobre la suspensión de ese acto normativo, hasta que finalice la tramitación de la sentencia.
Cuestión de inconstitucionalidad La revisión de la norma se produce por razón de su aplicación pero, igualmente la sentencia que recae igual que el recurso tiene efectos generales y en caso de entender que la norma impugnada es inconstitucional supone su expulsión del ordenamiento.
La puede presentar los jueces o tribunales que este juzgando un determinado proceso y al tener que aplicar una norma nueva tenga dudas sobre su constitucionalidad.
La decisión es siempre del juez del caso que la puede tomar o bien de oficio o a petición de patria, pero la decisión final corresponde al juez.
El objeto de la cuestión siempre es la norma o acto normativo con fuerza de ley o equivalente que sea aplicable al caso que se está juzgando y además de cuya validez dependa de sentido del fallo.
La cuestión se tiene que plantear una vez terminado el procedimiento y antes de dictar la sentencia o auto para la que es necesaria.
Formalmente reviste la forma de auto (acción procesal del juez de trámite) y para presentar este auto a la cuestión antes dará audiencia durante 10 días, tanto a las partes en el juicio como al ministerio fiscal. Tras este tiempo, el juez tiene 3 días para presentar este auto, al que adjuntara las alegaciones de las partes si las hay y las piezas principales del proceso necesario.
Este auto tiene que contener la reivindicación de la norma o normas de cuya constitucionalidad se está dudando.
Después especificar que artículos de la constitución podría vulnerar y finalmente tiene que justificar en qué medida la decisión final del procedimiento depende de la validez o no de ese precepto concreto.
Tiene que presentar obligatoriamente un juicio de relevancia sobre la constitucionalidad de la ley. Tiene que explicarle al Tribunal Constitucional de manera razonada porque cree que la norma es inconstitucional, la importancia que tiene que este precepto esté impugnado para la decisión final y explicar las consecuencias de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la norma.
Para presentarla es indiferente el hecho de que el procedimiento se pueda resolver utilizando otras normas. Del mismo modo la aplicabilidad concreta del precepto al caso que se está juzgando es algo cuya valoración corresponde únicamente al juez. No va a entrar a comprobar si el precepto que se esta cuestionando es o no aplicable, salvo que se trate de una situación que sea muy evidente que no lo es. Tras haberla 5 presentado el proceso que le ha dado origen queda suspendido hasta que el Tribunal Constitucional resuelva la cuestión.
La sentencia constitucional es la resolución mediante la que el Tribunal Constitucional pone fin al proceso constitucional decidiendo sobre el fondo del asunto. Las sentencias del Tribunal Constitucional tienen valor de cosa juzgada desde el día siguiente a su publicación y no cabe ningún tipo de recurso contra ellas. En el caso de las sentencias recaídas en cuestiones de inconstitucionalidad sus efectos se producirán a partir de su comunicación al juez que la planteó.
Según el art 164 CE las sentencias que declaran la inconstitucionalidad de una ley o norma con fuerza de ley y todas aquellas que no se limiten a la estimación subjetiva de un derecho tienen plenos efectos frente a todos. ERGA OMNES.
Las sentencias que declaran la inconstitucionalidad de una parte de una ley (arts.
concretos) solo afectaran a esa parte del acto normativo salvo que expresamente digan otra cosa. La parte del acto normativo que no esté afectada por la inconstitucionalidad subsistirá vigente salvo que el Tribunal diga que no permanece.
Las decisiones del Tribunal Constitucional vinculan a todos los poderes públicos que están obligados a cumplirlas. Por tanto en el momento que el tribunal dice que una norma es inconstitucional, ningún poder público puede hacer uso de ella.
La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional dicta que la inconstitucionalidad equivaldrá a la nulidad de los preceptos impugnados, pero también se tendrá que extender a aquellos otros preceptos de la ley/ acto con fuerza de ley/ disposición normativa a los que tenga que afectar por conexión o por consecuencia.
También se tendrán que declaran inconstitucionales aunque no hayan sido expresamente impugnados. Pero esto plantea un problema de los principios básicos de cualquier proceso.
En todo proceso jurisdiccional la decisión final está condicionada por las pretensiones de los recurrentes. Esta regla rompe este principio general y el propio Tribunal Constitucional haciendo de intérprete de su propia ley, dijo que para poder proceder a esta extensión, es necesario que la sentencia sea declaratoria de inconstitucionalidad, que exista una relación de conexión o confluencia entre el precepto declarado de inconstitucionalidad y que además todos ellos deben pertenecer al mismo acto normativo. También puede basar las razones de inconstitucionalidad de la sentencia en arts. de la constitución que no hayan sido alegados por las partes.
La nulidad de la norma se declara de pleno derecho, que la inconstitucionalidad supone su expulsión del ordenamiento y por ello las sentencias constitucionales son de tipo declarativo (declaran una circunstancia que ya existía aunque no fuera apreciada en este caso la contradicción de una determinada norma) 6 Sentencias de tipo constitutivo. Crear una situación nueva a partir de la resolución Sentencias constitucionales, declarativas y con efecto retroactivo. Se entiende que una vez declarada su inconstitucionalidad la norma es nula desde el día de su publicación lo cual supone que todo lo que haya dado origen esa norma debe considerarse nulo NULIDAD EX TUNC.
La sentencia que durante la nulidad de la norma se hubiera aplicado, ni se anulan ni tienen suficiencia, ni pierden su efecto de cosa juzgada.
Las sentencias constitucionales suponen la nulidad EX NUNC. Aun así hay una excepción: se entenderá que aquellas sentencias en las que como consecuencia de la nulidad del precepto se rebajen a pena, se reduzca la responsabilidad o se excluya, limite o exima esta responsabilidad, si que deberán ser revisadas.
Otro tipo de sentencias: Sentencias atípicas. Resuelven sobre el fondo del asunto pero no declara la nulidad del precepto.
El primer tipo son las sentencias interpretativas, muy frecuentes, en las que el tribunal aplicando el principio de conservación de las normas valora la constitucionalidad de una norma y en lugar de expulsarla del ordenamiento, lo que hace es no anularla, pero si decir cuál es la interpretación correcta de esa norma para que pueda seguir vigente.
Dice cual es la única interpretación válida de la norma.
En las sentencias que declara la constitucionalidad sin nulidad, el tribunal basándose en la misma idea de conservación de la norma y la necesidad de eliminar todo lo posible la inconstitucionalidad a lo que sea verdaderamente indiscutible, lo que hace es decidir qué puede determinar que un precepto es inconstitucional y declararlo ,pero no anularlo, sino que lo que hace es establecer unas recomendaciones al legislador pidiendo que modifique la norma para hacerla constitucional.
4. Interpretación y la doctrina constitucional Como texto jurídico que es la constitución tiene que ser interpretada utilizando las técnicas de interpretación jurídica normales, lo que pasa es que es necesario matizarlas porque la constitución plantea una estructura normativa un poco peculiar derivada sobre todo por lo ambiguo, abstracto y abierto que son muchos de sus preceptos. Además de la cantidad de artículos que tienen carácter valorativo.
En principio el sujeto que tiene la labor de interpretar la constitución es el legislador, porque es el primero en dictar las leyes para concretar y precisar, convertir sobre el derecho aplicable el contenido valorativo. La posición del máximo intérprete de la constitución pertenece al Tribunal Constitucional, quien tiene que indicar cuáles son los limites en la interpretación y en el desarrollo de la constitución.
7 Criterios de interpretación Criterio gramatical. Se basa en una lectura estricta de la norma. Aplicación restringida en la aplicación constitucional.
Criterio sistemático. Permite dotar de unidad interpretativa a toda la constitución al dar a entender que los distintos preceptos constitucionales no pueden dar lugar a normas incompatibles entre sí, por tanto al dotar de significado un precepto.
Criterio histórico. Basado en el precedente, normativa previa. Tiene una aplicabilidad limitada.
Criterio teleológico. Permite conectar los distintos arts. de la constitución por el sistema de valores y principios jurídicos que establece, criterio que tiene importancia.
Estos criterios generales tienen que ser completados con una serie de criterios específicos que sirven para la interpretación de la constitución.
Criterio de unidad constitucional. La constitución tiene que considerarse como un conjunto integrado coherente que se sitúa en la cúspide del ordenamiento. Va a condicionar el resto del ordenamiento.
Principio de concordancia práctica. Las posibles contradicciones entre preceptos constitucionales, no se pueden resolver mediante la superioridad de unos frente a otros, sino que necesariamente hay que entender que están al mismo nivel y ponderarlos de manera que se puedan realizar todos los principios y valores.
Criterio de fuerza normativa de la constitución. Recuerda que todos los preceptos son jurídicos y por tanto tienen fuerza vinculante. Todos tienen que ser respetados Principio de corrección funcional. Dice que la constitución tiene que ser interpretada siempre teniendo en cuenta la distribución de poderes y competencias que ella misma hace, por tanto no se puede interpretar una parte de manera que altere esa distribución territorial de poder.
Doctrina constitucional. Es el conjunto de argumentos que sirven al tribunal para resolver las cuestiones que se le plantean y que se contienen en los fundamentos jurídicos de las sentencias y de los autos que dicta. Solamente el contenido de los fundamentos jurídicos forma la doctrina.
Pero los argumentos que se utiliza en los votos particulares no son doctrina constitucional.
Es jurídicamente vinculante para los poderes públicos y todos los órganos judiciales, incluyendo el Tribunal Constitucional, por lo tanto, están obligados a emplear la doctrina constitucional, que también constituye fuente del derecho por su capacidad para expulsar normas del ordenamiento y por su carácter de fuente interpretativa 8 tanto de la constitucional como de las leyes.
Se incorpora al ordenamiento con el mismo rango que el acto normativo sobre el que recae.
9 ...



Comentario de acardenesortonobes en 2016-04-15 09:41:10
Quin professor es?