Tema 5 (2014)

Apunte Español
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Derecho - 3º curso
Asignatura Contratación y Actividad de la Administración
Profesor N.D.L.M.
Año del apunte 2014
Páginas 10
Fecha de subida 08/04/2015
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TEMA 5. LA ACTIVIDAD SANCIONADORA 5.1 Concepto, naturaleza jurídica y fundamento.
a) ORIGEN • Antes de la CE. El que la Administración Pública ostente esta potestad sancionadora en el marco de un estado de derecho tiene su origen en los poderes de policía de la AP. Por tanto, si se produce alguna infracción en el incumplimiento de los deberes por parte del administrado, la AP va a poder ejercer esta potestad, mediante la cual refuerza la eficacia de su actuación.
A pesar de esta atribución a los poderes públicos, se reservaba a los tribunales aquellas cuestiones que tenían que ver con ámbitos más graves que tenían que ver con causas penales.
Podemos decir que estos dos sistemas corren paralelos desde entonces: la AP conocía de las sanciones administrativas y el derecho penal de los actos más graves de los particulares.
Ya existían entonces las sanciones disciplinarias, pues la AP ya tenía ese poder en su ámbito doméstico.
Existía además la posibilidad de imponer sanciones a los concesionarios de los servicios públicos para garantizar el buen funcionamiento del servicio público.
En este período de origen no existe una línea divisoria clara que separe el ámbito del Derecho Penal y de la AP, así que de alguna forma se separan estas cuestiones haciendo referencia a lo que se creía que era un ilícito muy grave. En el caso de las penas privativas de libertad, éstas estaban reservadas a los jueces penales. Esto se ha ido arrastrando, pues aun ahora sigue la AP sin imponer penas privativas de libertad.
Con posterioridad todo esto se ha ido corrigiendo, pudiéndose determinar los actos que corresponden a cada ámbito.
El derecho administrativo con el que se contaba entonces (hablando siempre antes de la Constitución), como decíamos, no podía imponer penas privativas de libertad, pero sí que podía poner sanciones tan elevadas que se podía llegar a pensar que incluso la prisión hubiese sido mejor.
Tanto es así que en ese periodo se inicia una corriente en la que poco a poco muchos de los principios del derecho penal se trasladan al derecho administrativo, con las garantías que eso comporta (pues las leyes no contenían garantías para el derecho administrativo sancionador.
• A partir de la CE. La AP sigue teniendo potestad sancionadora, sin embargo, se establecen una serie de límites a la regulación y al ejercicio de la misma. Por ejemplo, se habla del principio de legalidad, se prohíben sanciones que impliquen privación de libertad y se va desarrollando toda una jurisprudencia del TC en la cual claramente se señala que los principios penales son de aplicación al derecho administrativo sancionador, aunque con matices. Es así porque ambos son manifestaciones del ordenamiento punitivo del estado.
A partir de ese momento se va desarrollando un derecho administrativo sancionador muy distinto al que había habido antes de la Constitución. Esto se va trasladando, con mejor o peor fortuna, a las leyes, de tal forma que, cuando se trata de regular la potestad sancionadora, podemos encontrar, de una parte, la regulación prevista en la Ley 30/92 y por otra Leyes de las distintas CCAA.
b) ÁMBITO El ámbito de la potestad sancionadora está fragmentado. Si bien es verdad que en la Ley 30/92, título 9, se han recogido las indicaciones que ha ido señalando la jurisprudencia en las diferentes sentencias, ésta siempre remitiendo a la regulación sectorial, de modo que se entiende que tiene carácter supletorio.
Junto a esta Ley 30/92 y su titulo 9, se dictó también el Reglamento 1398/03, que es un reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora, que también tendrá un valor supletorio de las reglas de procedimiento de otras leyes especiales.
Determinadas CCAA han regulado el ejercicio de la potestad sancionadora, como Catalunya, donde tenemos la Ley 26/2010.
A esto hay que añadir que hay leyes especiales estatales (aguas, montes, costas, etc.).
Hemos de distinguir por tanto dos ámbitos: - Competencia para legislar. Nos encontramos con que el TC entiende que la competencia para legislar es del estado y de las CCAA, aunque en aquellas materias en las que ostenten competencias sustantivas. Esto tendrá límites, especialmente el del art. 149.1.1 CE (El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias: 1.ª La regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales).
Nos encontramos con que desde las instancias correspondientes de la UE se puede ejercer la potestad sancionadora, lo que hace tanto el TFUE como las consiguientes normativas del derecho derivado. Así pues, el ejercicio de esta potestad transciende a los niveles de poder de los Estados miembros.
- Competencia ejecutiva. La Ley 30/92 establece que ésta es de los órganos administrativos que la tengan expresamente atribuida por disposición legal o reglamentaria. Podemos encontrar que la ejercen entes de la AP institucional, como por ejemplo las universidades; aunque también puede ejercer esta potestad el CGPJ, que no es AP.
Principios que rigen en el ámbito de la potestad sancionadora - Principio de legalidad. En el ejercicio de la potestad sancionadora la AP va a tener que sujetarse a lo que disponga la Ley. Esto aparece en el art. 25.1 de la CE, cuando se dice que nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o sanción administrativa, según la legislación vigente en ese momento. Esto tiene una doble garantía: a. Garantía material. De acuerdo con el artículo indicado, las infracciones y las sanciones deben estar tipificadas en una norma jurídica, en una ley cierta (que la ley tipifique los tipos infractores y las sanciones a imponer, una tipificación adecuada que dé seguridad sobre ello, que no deje lagunas), previa y escrita. El alcance de esta garantía aparece también en el art.
127.1 de la Ley 30/92 cuando dice que la potestad sancionadora se ejercerá cuando haya sido expresamente atribuida con una norma con rango de ley.
b. Garantía formal. Vendría a ser una consecuencia del principio de legalidad, en el que se nos viene a decir que así como en otras épocas se había permitido que la potestad sancionadora fuera regulada mediante reglamento, hoy el principio de reserva de ley impone que la regulación venga establecida previamente en una Ley, que puede contar y de hecho cuenta, con el complemento de una norma complementaria. Pese a esto, la doctrina permite - - excepciones que flexibilizan esta exigencia de reserva de ley que acabamos de señalar.
Efectivamente, el ejercicio de la potestad sancionadora debe estar en una norma con cobertura legal, pero hay quien considera que la ley puede remitir al reglamento la especificación por entero o casi por entero de las infracciones y la graduación de las sanciones.
Principio de tipicidad a. Tipicidad de las infracciones. Establece que solo constituyen infracciones administrativas las vulneraciones del ordenamiento previstas como tales por una Ley, lo que supone que las conductas que se pueden sancionar tienen que haber sido previamente recogidas en una Ley. El problema más importante es determinar el grado de concreción de esa conducta que se ha de definir en una Ley. Los textos legales en muchas ocasiones se refieren a que se vulnera un deber impuesto por otra norma o emplean conceptos muy amplios, de tal manera que es difícil determinar cuál ha sido la conducta infractora. Esto supone que a la hora de definir las infracciones administrativas empleando, por ejemplo, conceptos jurídicos indeterminados que la jurisprudencia admite siempre que su concreción se pueda realizar en virtud de criterios lógicos o técnicos que permitan predeterminar con suficiente grado de certeza cuales son las conductas sancionables.
Lo mismo se diría cuando se trata de normas que remiten a otras normas para que éstas establezcan deberes y obligaciones que se tienen que cumplir; no podrá ser admitida la remisión general a un conjunto de normas y en cualquier caso las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves, algo exigible que todos los textos legales tipifiquen para dar seguridad jurídica.
b. Tipicidad de las sanciones. Este principio indica que las sanciones tienen que estar predeterminadas por la ley con suficiente grado de certeza. No puede ser que las sanciones tengan una regulación tan abierta que permitan que la efectividad de las mismas dependa de decisiones libres y arbitrarias del intérprete.
Las sanciones administrativas más características son las de carácter pecuniario, aunque hay otras, como las de suspensión de empleo y sueldo. Nos encontramos con que a estas sanciones les acompañan otras sanciones accesorias como una inhabilitación. En ocasiones nos encontramos con que a las sanciones las acompañan medidas de repartición de daños causados, exigiendo al particular que reponga las cosas al estado anterior.
Está prohibida la analogía, lo que ocurre también en derecho penal, dado que es en favor del principio de la seguridad jurídica. Este principio prohíbe aplicar sanciones de forma analógica.
Principio de proporcionalidad. Significa que a la hora de determinar tanto el tipo infractor como la sanción a imponer se ha de hacer de forma proporcional. Se deberá guardar pues la debida adecuación entre la gravedad del hecho y la sanción aplicada.
En la imposición de sanciones pecuniarias se deberá prever que la comisión de las infracciones no resulte más beneficiosa para el infractor que el cumplimiento de las normas infringidas (por ejemplo, si a un industrial le sale más a cuenta contaminar y pagar las multas por ello que no contaminar). Se ha de graduar el montante de la sanción que se impone en función de la gravedad del hecho infractor. Esto se hace mediante una serie de criterios: a. Criterio de la reiteración e intencionalidad (intencionalidad sin plazo sometido a valorar) b. Naturaleza de los prejuicios que causa c. Reincidencia. Por comisión en el término de un año de más de una infracción de la misma - - - naturaleza cuando así se haya declarado por resolución firme Este principio es importante porque constituye un límite a la discrecionalidad, a que lleva al aplicador de la norma a motivar y dar razones de por qué se impone la sanción que impone.
Principio de la irretroactividad de las normas sancionadoras desfavorables y retroactividad de las favorables. Este principio se deduce del art. 25 CE y la Ley 30/92 lo reproduce en el 138 cuando dice que serán de aplicación las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de producirse los hechos que se consideren sanción administrativa.
La CE, sin embargo, no establece el principio de retroactividad de la norma más favorable al infractor; si bien la Ley 30/92 sí que recoge que las disposiciones sancionadoras van a tener efecto retroactivo cuando favorezcan al presunto infractor.
Estos principios no solo se predican a la hora de aplicar sanciones, sino que se extienden a otros ámbitos como la prescripción. Si la sanción es firme, la retroactividad no permite revisar esas sanciones ya cumplidas.
Principio de responsabilidad. Este principio se refiere a la Ley 30/92, que modula la culpabilidad del derecho penal (para imponer penas se exige culpa), de tal forma que en el ámbito del derecho administrativo sancionador se va a tratar de cubrir diferentes aspectos que se plantean. Para el respecto de responsabilidad directa de las personas jurídicas. La ley habla de responsabilidad solidaria y de la solidaridad subsidiaria. Esto quiere decir que a la responsabilidad que no puede hacer efectos en el sujeto culpable acaba recayendo con otra persona con la que mantiene una relación de dependencia. En cualquier caso, este principio excluye la simple responsabilidad objetiva, de modo que se exige para la aplicación de las sanciones administrativas una cierta culpabilidad. Esto permite que se puedan imponer sanciones y atribuir responsabilidades por acciones u omisiones que han cometido sus empleados y que realmente solo podría eludir la persona jurídica si pudiese demostrar que el dependiente ha incumplido sus indicaciones.
Principio de non bis in ídem. Nos encontramos con que se prohíbe imponer varias sanciones cuando exista una identidad de sujeto, hecho y fundamento. Aparece recogido en el art. 133 de la Ley 30/92 y dice que no podrán sancionarse los hechos que hayan sido sancionados penal o administrativamente en los casos que se aprecien estas tres identidades.
a. Hay que tener en cuenta la preeminencia de la sanción penal, es decir, la AP no va a poder imponer una sanción cuando los mismos hechos han sido ya objeto de una condena penal concurriendo esas tres identidades. Si existe una sentencia penal que condena en este caso, si se hubiera incoado un procedimiento administrativo sancionador, éste debería archivarse.
Por tanto, se impone la pena penal.
b. Es distinto cuando los tribunales penales que van a pronunciares sobre la cuestión se dan cuenta de que ya existe una sanción administrativa. En estos casos se aplica la dimensión procedimental del principio de non bis in ídem. Esto significa que una vez iniciada la instrucción penal, la AP no puede continuar el procedimiento sancionador o concluirlo, de modo que se suspende. Sin embargo, esta suspensión va a interrumpir el plazo de prescripción de las infracciones administrativas.
Sin embargo, si la sentencia penal es absolutoria es posible reanudar el procedimiento sancionador, ya que no haya responsabilidad penal no tiene por qué suponer que no hay responsabilidad administrativa. No obstante, la preeminencia del procedimiento penal se traduce en que los hechos que han quedado probados vinculan a la AP. Lo que no le va a vincular es la interpretación de esos - hechos y si unos hechos se consideran no probados por el Derecho Penal, la Administración podrá iniciar un procedimiento de prueba.
En todo caso, no existe prohibición de sancionar en la vía administrativa si ya hay condena en la vía penal cuando la sanción administrativa por esos mismos hechos tenga un fundamento distinto, es decir, con bienes jurídicos protegidos distintos.
En el caso de que concurran dos sanciones se acude al criterio de la especialidad o de la competencia para determinar cual se aplica. Otra cosa es que un hecho comporte un concurso real (se comete una infracción que es un medio para producir otra –por ejemplo no presentas la declaración para no pagar la deuda tributaria–) de infracción.
Principio de prescripción. Se extingue la responsabilidad por el transcurso de un plazo des del día que se produjo la infracción o des del día siguiente a aquel en el que la sanción adquiere firmeza. La Ley 30/92 regula la prescripción de forma supletoria a lo que establecen las normas sancionadoras sectoriales.
a. Dice esta Ley que las infracciones prescriben:  Las muy graves a los 3 años  Las graves a los 2 años  Las leves a los 6 meses El plazo se cuenta des del mismo día en el que se comete la infracción. En el caso de infracción continuada, se empieza a contar a partir de que cesa el comportamiento infractor.
Se interrumpe cuando se inicia, con conocimiento del interesado, el procedimiento sancionador (y no cuando le comunican las diligencias informativas). Si el procedimiento estuviera paralizado más de un mes por causas no imputables al imputado el plazo se reanuda.
Si se constata que se ha producido la prescripción de la infracción el órgano competente no iniciará el expediente sancionador y si lo había iniciado lo archivará b. Las sanciones prescriben en los mismos plazos que las infracciones y se empieza a contar a partir del día siguiente a la firmeza que impone la sanción en vía administrativa. Esta prescripción se interrumpe con el procedimiento de ejecución con conocimiento del interesado. Se reanuda si el procedimiento está paralizado durante más de un mes por causas no imputables al infractor.
c) PROCEDIMIENTO SANCIONADOR Se debe seguir un procedimiento sancionador predeterminado por la ley, pues hoy es imposible imponer sanciones sin el obligado procedimiento en el cual se van a dar las garantías del ciudadano frente a la potestad sancionadora de la AP. Si un procedimiento administrativo sancionador caduca por no resolverse en el plazo que se ha fijado va a poderse iniciar otro si no ha prescrito la infracción que suponen esos hechos. Lo importante es que efectivamente siempre va a tener que respectarse un procedimiento.
El procedimiento tiene distintas fases: - Fase instructora - Fase resolutoria Estas fases hacen que quede garantizada la imparcialidad en la instrucción, aunque sí es cierto que la imparcialidad plena que se da en el ámbito penal no es trasladable al ámbito administrativo, ya que en muchas ocasiones el órgano instructor tiene una institución de dependencia jerárquica.
Se aplican las reglas de abstención y recusación para que no se produzcan interferencias en la instrucción y resolución. El órgano instructor debería ser un funcionario especializado en derecho, lo que ofrece mayores garantías.
La Ley 30/92 de alguna manera ha querido reforzar la actuación del órgano que ostenta la competencia sancionadora recogiendo una disposición según la cual no permite la delegación de esa competencia. Sí que se prevé la posibilidad de desconcentrar la competencia en otros órganos cuando así lo prevea una norma general.
En el marco de este procedimiento se dan algunos derechos, algunos de los cuales son recogidos por el art.
35 de la Ley 30/92: - Derecho a ser notificado (de los hechos que se imputan, de al infracciones atribuidas a esos hechos, de las sanciones a imponerse, de cuál es el órgano instructor y cuál es la autoridad sancionadora, etc.) - Derecho a formular alegaciones - Derecho a usar los medios de prueba - Derecho a la asistencia letrada - Derecho a no declarar contra sí mismo, no declararse culpable y a la presunción de inocencia.
La AP, para imponer la correspondiente sanción va a tener la carga de probar los hechos que se le atribuyen al sujeto infractor y lo va a tener que hacer respetando las garantías suficientes para determinar que se han producido los hechos constitutivos de infracción y de la consiguiente responsabilidad. Si resultara de las pruebas practicadas resultados no concluyentes se aplicará el principio in dubio pro reo (en caso de duda se resuelve según lo más favorable al imputado).
En el marco de este procedimiento, asiste otro derecho al presunto responsable que es la posibilidad de acceder al expediente sancionador de forma permanente.
Existe una fase de actuaciones previas o actuaciones o diligencias informativas reservadas.
Existencia del procedimiento administrativo sancionador de otros interesados En relación con estos interesados, lo normal es que se tramite el mismo con la única participación del presunto responsable. Sin embargo, en ocasiones hay que dar entrada a terceros interesados, porque estos puedan verse afectados en sus derechos e intereses legítimos.
Cobra especial importancia el denunciante puede presentar una denuncia. En el ámbito administrativo sancionador, la jurisprudencia considera que la cualidad de denunciante no es suficiente para ser parte en el expediente sancionador, porque nadie tiene un derecho o interés legitimo a que recaiga sobre un tercero una sanción administrativa puesto que de ello no puede deducir ventaja alguna. Esto es la regla general, que en función de las circunstancias admite determinadas excepciones.
Distinguimos los casos en los que el denunciante es a la vez víctima de la infracción porque se encuentra afectado en sus bienes y derechos o tiene un interés legítimo que puede quedar afectado por la decisión que se adopte. En este caso, a este interesado debería reconocérsele la cualidad de parte en el procedimiento.
Tanto es así, que determinada jurisprudencia considera que este denunciante va a estar legitimado para impugnar el archivo de las denuncias que se hayan formulado.
También se admite la posibilidad de que el denunciante sea otra AP, en cuyo caso la jurisprudencia considera que ésta tendría legitimación activa para intervenir en el procedimiento.
En todo caso, el TC ha elaborado una jurisprudencia unánime en la que considera que la víctima de la infracción va a tener legitimación activa en el procedimiento sancionador si de la resolución que se adopte pudiera derivarse algún perjuicio para ella.
Fases del procedimiento sancionador El procedimiento tipo se contiene en el Reglamento del Procedimiento Sancionador y vamos a encontrar procedimiento abreviados de éste en las diferentes leyes sectoriales.
Se produce en el desarrollo de este procedimiento una primera subfase que hace referencia a las actuaciones previas. Esta fase previa está dirigida a determinar si existen indicios que justifiquen la incoación del expediente propiamente dicho. Esta fase se da para analizar si hay motivos para iniciar un procedimiento sancionador, pues éste tiene unas consecuencias desfavorables para la persona contra la que se instruye. La apertura de esta fase no interrumpe el plazo de prescripción ni implica el inicio del cómputo del plazo para resolver el procedimiento.
a) Fase de Iniciación (1) La iniciación del procedimiento se acuerda siempre de oficio por el órgano competente en cada caso a través de un acto de trámite (acuerdo de iniciación) en el que identifica: - las personas presuntamente responsables, - se exponen los hechos que motivan la incoación y su posible calificación jurídica - la posible sanción que pueda corresponder, - el órgano competente para resolver - la norma que le atribuya la competencia y en su caso, las medidas provisionales que procedan, - indicándose también la posibilidad de que el inculpado pueda reconocer voluntariamente su responsabilidad, - comunicándole el derecho que tiene a formular alegaciones y proponer pruebas.
Sin embargo, la incoación también puede adoptarse: - por iniciativa del órgano competente, - como consecuencia de orden de un superior jerárquico; - a petición razonada de cualquier órgano administrativo, que no es vinculante; o por denuncia de cualquier persona, tenga o no obligación de realizarla.
Las denuncias no pueden ser anónimas, y van a tener que contener los hechos y si los mismos pueden constituir infracción, la fecha de comisión y la identificación del presunto responsable.
(2) El acuerdo de iniciación se va a tener que notificar a: - al instructor. Cuando se hace la notificación al inculpado, hay que advertirle que si no efectúa alegaciones en el plazo establecido, la iniciación que contenga un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad que se le imputa pueda ser considerada propuesta de resolución - al inculpado, - a terceros interesados, si existiesen, - y al denunciante..
(3) En todo el procedimiento, tanto en la Ley de Procedimiento Común como el Reglamento del Procedimiento administrativo, se contempla la posibilidad de que se adopten medidas provisionales para asegurar la eficacia de la resolución que pueda recaer: suspender determinadas actividades, retirada del mercado de determinados productos, imposibilidad de prestar determinados servicios por razones de seguridad o higiene, etc.
Estas medidas provisionales tienen que estar previstas en la normativa que se aplique en cada caso. La medida que se adopte debe cumplir con el principio de proporcionalidad y cubrir las necesidades que se pretende garantizar en cada caso.
En ningún caso será posible que estas medidas se utilicen como sanciones anticipadas.
Estas medidas son recurribles.
b) Fase de instrucción El órgano instructor es al que le corresponde tramitar el procedimiento cumpliendo con los plazos que se establece, por lo que va a tener que incorporar una serie de documentos, declaraciones y actos administrativos, y tiene como obligación custodiar el expediente hasta que dé traslado de la propuesta de resolución al órgano que va a resolver.
(1) En esta fase existe por parte de los interesados la posibilidad de que aporten documentos, hagan alegaciones y propongan las pruebas que consideren pertinentes, para lo cual se cuenta con un plazo de 15 días. (manual) En el caso de que los interesados no formulen alegaciones en dicho plazo, la iniciación podrá ser considerada propuesta de resolución, obviándose toda la fase instructora previa, cuando contenga un pronunciamiento preciso acerca de de la responsabilidad imputada.
(2) Una vez el órgano instructor recibe las alegaciones o ha transcurrido el plazo para formularlas, acordará la apertura del periodo de prueba, que no podrá durar más de 30 días ni menos de 10. Solo podrán declararse improcedentes aquellas pruebas que innecesarias, y esta declaración se hace dictando una resolución motivada. En cualquier caso, la práctica de las pruebas debe de tener lugar con todas las garantías de defensa para el imputado y se tendrán que declarar nulas aquellas pruebas que se hayan obtenido infringiendo derechos fundamentales. Vuelve a tener importancia el valor probatorio de las actas de inspección (?).
(3) Una vez finaliza el periodo de prueba, el órgano instructor va a tener que formular una propuesta de resolución en la que se fijarán de forma motivada, los hechos que considera que están probados, su calificación jurídica, la persona responsable, y la sanción a imponer o bien la declaración de que no hay infracción o responsabilidad.
Los hechos que se han declarado probados en la propuesta de resolución no van a poder ser alterados por la resolución sancionadora que se imponga salvo que el órgano que resuelve acuerde el que se realicen actuaciones complementarias a la instrucción, de tal manera que aparecen otros hechos que se añaden.
(4) (manual) La propuesta de resolución se notifica a los interesados, a los que se les da un trámite de audiencia, del que solo se podrá prescindir cuando en la propuesta de resolución no se tomen en cuenta otros hechos y alegaciones distintos a los del acuerdo de iniciación y los hechos por los interesados.
(5) El órgano competente para resolver podrá, antes de dictar resolución, decidir mediante acuerdo motivado, la realización de actuaciones complementarias indispensables para resolver. Aquí, el órgano competente va a poder, de forma motivada, modificar la calificación que se ha hecho de los hechos probados y la sanción. Si el órgano que resuelve considera que hay que agravar la sanción, va a concederle al presunto infractor un periodo para que formule alegaciones complementarias y a terceros interesados para que formulen alegaciones y presenten documentos durante un plazo de 15 días. Una vez se haya practicado la audiencia, se va a trasladar al órgano que resuelve.
c) Terminación La terminación el procedimiento tiene lugar por resolución o caducidad.
- En la resolución sancionadora el órgano competente va a tener que decir de forma motivada todas las cuestiones que se hayan planteado, por lo que va a tener que valorar las pruebas que se hayan practicado y va a tener que justificar por qué impone la sanción.
La resolución la tendrá que adoptar en un plazo de 10 días desde que recibe la propuesta de resolución, salvo en el caso de que se realicen actuaciones complementarias que se adoptarán cuando lo que se quiere es agravar la sanción. Esta resolución va a ir acompañada de las medidas cautelares correspondientes y se tiene que notificar a los interesados.
- La caducidad se produce en el caso de que no se dicte y se notifique al inculpado la resolución sancionadora en el plazo establecido como máximo, que es de 6 meses.
Como regla general, la caducidad no impide que se incoe un nuevo procedimiento, mientras que la infracción no haya prescrito. Los procedimientos caducados no interrumpen el plazo de prescripción.
d) Ejecución e impugnación de las resoluciones sancionadoras Las resoluciones sancionadoras solo son ejecutivas cuando ponen fin a la vida administrativa, por lo cual en caso de recurso no van a poderse imponer sanciones más graves que las contempladas en la resolución final, lo que se conoce con el nombre de prohibición de la reformatio in perius.
Al impugnar la resolución en la vida judicial se va a poder solicitar al juez que se suspenda cautelarmente la ejecución de la sanción; normalmente los tribunales son favorables a acordar la suspensión solicitada siempre que no medien razones de interés público que impidan esta medida.
5.2 Tipología de las sanciones administrativas.
5.3 Régimen jurídico de la potestad administrativa sancionadora: los principios informadores de la potestad administrativa sancionadora y el procedimiento administrativo sancionador.
5.4 Efectividad de las sanciones y control judicial.
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