Tema 12. (2015)

Apunte Español
Universidad Universidad Pompeu Fabra (UPF)
Grado Derecho - 1º curso
Asignatura Dret Processal
Año del apunte 2015
Páginas 4
Fecha de subida 16/02/2015
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TEMA 12. GARANTÍAS DE LA ACTIVIDAD DE LAS PARTES 12.1. LÍIMTES DE LA IGUALDAD DE LAS PARTES: El artículo 14 de la Constitución Española establece que los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento: raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra circunstancia personal o social.
Esa igualdad también se traslada al ámbito procesal, ya que es necesario que ambas partes sean tratadas de igual forma. Y que en ningún caso sea producida una situación de desigualdad entre ellas.
La igualdad implica que las expectativas (ej. Derecho a presentar pruebas, a hacer alegaciones…) y las cargas (probar lo que he dicho) de las partes sean distribuidas de manera igualitaria. En ningún caso una de ellas puede quedar en un estado de indefensión, el Tribunal Constitucional es quién se encarga de asegurarse de que este derecho no se vulnere, lo hace en el artículo 24 de la CE. Así señala el Tribunal Constitucional que la tutela efectiva supone que la igualdad entre las partes, propia de todo juicio en qué estas existan, sea asegurada de forma que no se produzca desigualdad entre las mismas y consiguientemente indefensión. (…) Se trata de evitar un resultado aleatorio del juicio, ajeno a su cometido en el ámbito del ordenamiento jurídico, en función de las circunstancias de cada caso.
El equilibrio en la dialéctica procesal no significa que no exista tratamiento diferenciado en cuanto a determinadas expectativas o cargas de la actividad procesal. Es decir, este artículo no implica que deban ser tratadas de manera igual, ya que a veces hay razones que justifican un trato desigual: por ejemplo los aforados tienen que ser juzgados por el tribunal supremo, esto se hace para proteger el cargo, no a la persona. Algunas normas procesales pueden ofrecer en un momento dado alguna posición de ventaja inicial a una parte, en consideración a determinadas circunstancias. Ese trato diferenciado está justificado.
La aplicación práctica de la garantía no significa que el juez deba asumir la defensa de la parte teóricamente más débil, porque entonces se incurriría en una desigualdad de signo contrario, igualmente prohibida por la CE. La postura del juez en un juicio tiene que ser resultado de una correcta interpretación de las distintas opciones que pueden significar la aportación de parte o la investigación de oficio en cada tipo de juicio y en cada una de sus fases.
Lamentablemente, el equilibrio estático de las partes no excluye desigualdades sociológicas, no siempre fáciles de remediar. En todo caso, no hay razón para que el desequilibrio tenga como causa razones económicas, ya que el soporte constitucional llega incluso a proporcionar, al que lo necesita, los medios económicos y jurídicos para seguir el juicio.
El hecho de que ambas partes se traten de forma distinta en ningún caso justificaría que el juez diese un trato especial a una de las partes. Por ejemplo en materia laboral se condena mucho a los empresarios porque los trabajadores son inferiores y se tiende más a protegerlos. Esto no debería ocurrir, el juez debe ser totalmente imparcial. En este caso no se justifica, pero en otros sí.
La garantía comprende también la igualdad de aplicación de la ley por los tribunales. Esto tiene repercusiones en el mecanismo procesal, exige igualdad de trato a los ciudadanos cuando los casos sometidos a la decisión sean iguales, aun proviniendo de órganos judiciales distintos y sin perjuicio de su respectiva independencia.
12.2. LA AUDIENCIA Y CONTRADICCIÓN: Otras de las garantías básicas de cualquier juicio, que el Tribunal Constitucional ha encuadrado en el artículo 24 de la CE son la audiencia y la contradicción, que se complementan recíprocamente. Otra vez, la perspectiva de un posible resultado de indefensión ha sido la que ha conducido al TC a la enucleación de estas garantías.
El derecho a la audiencia es el derecho del querellado (al que demandan) a ser comunicado que tiene que asistir al juicio, que se le comunique que se ha iniciado un proceso. Normalmente esto tiene que ser personal, pero se establecen excepciones, por ejemplo que otra persona reciba este mensaje. En los casos en los que no se encuentra la persona, por ejemplo que no esté en el domicilio o que se haya fugado, se puede entrar en el domicilio o encontrarlo a través de la seguridad social, a través de cuentas corrientes… Tienen que intentar averiguarlo, si no pueden se hace una notificación por edictos, se publica en los diarios oficiales o en el BOE o en el juzgado… Si alguien quiere demandar a una persona y otra se lo organiza para que no lo encuentren es injusto por el demandante, ya que no podrá seguir el proceso, por este motivo se crea esta notificación por edictos.
En materia penal para poder juzgar a alguien, como norma general, esta persona tiene que estar presente.
Solamente en los delitos castigados con una pena más pequeña, a veces, pueden juzgar una persona sin estar presente esta. Por este motivo, cuando esta persona no es encontrada se da una orden de búsqueda y captura.
El principio de contradicción es el derecho de una persona a defenderse, si la otra parte por ejemplo propone una prueba y tu opinas que esta prueba no es pertinente puedes oponerte. Cualquiera de las cuestiones que pueden surgir a lo largo del juicio pueden ser contradichas por la otra parte.
La finalidad de estos principios es que al final del proceso se habrá oído a las dos partes. Hay veces, sin embargo, en las que primero el juez decide y después oye a la parte. No es que se elimine este derecho sino que se pospone.
Además, hay veces que las medidas cautelares exigen que la otra parte no sepa que las has pedido porque si las sabe con antelación se va a llegar tarde, en estos casos, se permite si lo justificas, que se ordenen antes de oír a la parte.
Por ejemplo, que se busquen datos en el ordenador de una persona, en estos casos se querrá primero mirar el ordenador y después decírselo, ya que si no lo va a borrar. O bien que se pinche el teléfono de una persona diciéndoselo antes. Si le dijeras a la persona las medidas cautelares que vas a tomar ya no tendrá ningún sentido tomarlas. Una vez que se levanta el secreto el imputado, si es verdad, puede decir que se hizo mal y estas pruebas son eliminadas.
En materia penal el principio de audiencia y contradicción tiene una manifestación concreta, y es el derecho a ser informado de la acusación. En materia civil también tienes que ser informado de la demanda, pero en materia penal, si cabe, hay una garantía que defensa el derecho de la persona a saber de qué se le acusa. Sólo podrás defenderte si sabes de qué te acusan.
Tanto la audiencia como la contradicción se reflejan en el principio nemo inuditus damnari potest, que supone que hay que dar oportunidad a cada parte de participar en cada una de las fases del juicio, desde el mismo momento de iniciarse la litispendencia. La primera manifestación obvia de estas garantías es la de ser notificado de la pendencia del juicio, es decir, ser citado. Y además también al emplazamiento personal, que es un instrumento para garantizar el deber de defensa. Estos requisitos tienen relevancia constitucional y son garantías de que el citado conocerá a tiempo la citación y podrá comparecer en el momento fijado y actuar en su defensa.
Ahora bien, las garantías no persiguen la presencia física de la parte en el juicio, ni su actividad en cada trámite procesal. Salvo en el juicio penal, a la ley le basta tan sólo la presencia jurídica de la parte, que es lo que se asegura mediante las garantías. También hay que prevenir la pasividad de las partes a darse por notificada o a fingir que no se entera por falta de notificación formal.
Algunas actuaciones pueden realizarse inicialmente con la presencia de una sola de las partes.
La virtualidad de estas garantías no se agota en la fase inicial del juicio o en las comunicaciones. Son presentes en todo el juicio. Finalmente, una manifestación específica de estas garantías en el juicio penal es el derecho a ser informado de la acusación. Este derecho debe producirse en el mismo momento de iniciación del juicio y durante todas sus fases o eventualidades. Por lo tanto, es un derecho que debe observarse incluso antes del momento en que formalmente se realiza la acusación, ya bien avanzado el juicio penal. La constitución lo reitera, exigiendo informar al detenido de las razones de su detención. Artículo 17,3 CE: toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata, y de modo que le sea comprensible, de sus derechos y de las razones de su detención, no pudiendo ser obligada a declarar. Se garantiza la asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales y judiciales, en los términos que la ley establezca.
12.3. EL DERECHO DE DEFENSA: Esta garantía está íntimamente ligada a la de igualdad de partes y respeto a la audiencia y contradicción bilateral. La mutua interacción entre estas garantías hace que el abanico de cobertura de cada una de ellas sea prácticamente inagotable.
Entendemos la indefensión como un impedimento del derecho a alegar y de demostrar en el proceso los propios derechos, y en su manifestación más trascendente, es la situación en la que se impide a una parte, por el órgano judicial, en el curso del proceso, el ejercicio del derecho de defensa, privándola de ejercitar su potestad de alegar y, en su caso, justificar sus derechos e intereses para que le sean reconocidos, o para replicar dialécticamente las posiciones contrarias en el ejercicio del indispensable principio de contradicción. Es decir, ocurre en el caso en el que se considere que el ciudadano no ha podido defenderse.
La autodefensa, que un ciudadano se defienda a si mismo, sólo están permitidos en algunos casos.
El derecho a defenderse tiene 5 bases:  El derecho a autodefensa: se tiene el derecho a defenderse en el juego de la contradicción, sin que se garantice, como es lógico, el resultado favorable. Sin embargo, la capacidad de autodefensa de la parte, sólo en contadas ocasiones está recogida expresamente en nuestras leyes (ejemplo: el derecho a la última palabra en el juicio penal). La garantía no permite negar de esta posibilidad a la parte.
 En el juicio penal las partes tienen el derecho a no declarar contra uno mismo.
 También en el juicio penal la parte tiene el derecho a no confesarse culpable, como postura de legítima falta de colaboración del imputado.
 También se incluye en la garantía el derecho al nombramiento de un intérprete, si el imputado no conoce el idioma español y aunque se haga constatar que uno de los miembros del Tribunal conoce el suyo.
El contenido del derecho a defenderse por sí mismo no se extiende a la facultad de prescindir de la preceptiva defensa técnica. El artículo 24,2 de la CE añade que todos tienen derecho a la defensa y asistencia de letrado. La intervención de esta defensa técnica proporciona al ciudadano el debido asesoramiento para conducir a buen fin la defensa de sus intereses legítimos. Cuando se refiere a defensa técnica se refiere a la presencia de un abogado y un procurador.
 Es obligatoria, salvo en algunas excepciones  Hay que reconocer el derecho de las partes a ser representadas y defendidas por profesionales libremente designados por ellas. Por este motivo, cualquier imposición de letrado o procurador, si el interesado no le otorga confianza, hay que considerarla inconstitucional. (¿Esto ocurre incluso si es de oficio?)  Nombramiento de oficio  Asistencia gratuita de detenidos En caso de prohibición e indefensión:  La garantía incluye el derecho a la prueba, entendida como actividad probatoria dentro del juicio. En la estructura de todo tipo de juicio se identifica una fase de prueba, necesaria o contingente, según las circunstancias, y que incluso puede ser objeto de renuncia por la parte. La garantía asegura que el juicio sea recibido a prueba, prácticamente siempre que la parte lo solicite, o dicha actividad sea necesaria para definir el derecho. Los supuestos dudosos deben decidirse sin dudar a favor de la prueba. La garantía veda las pruebas obtenidas ilícitamente, aspecto que ha remarcado sucesivamente el artículo 11,1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. No surtirán efecto las pruebas obtenidas directa o indirectamente, violentando los derechos o libertades fundamentales.
  No suple negligencia de partes Prohibición de pruebas ilícitas Las pruebas que se presentan no pueden ser ni impertinentes, que no tengan ninguna relación con el caso, ni inútiles, que no vayan a aportar ninguna información válida. Tiene que ser muy claro que lo son y entonces el juez podrá rechazarlas. Además, como dice el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, no pueden tener ningún efecto, ni directo ni indirecto, las pruebas que se hayan obtenido violando derechos fundamentales.
El derecho de defensa ampara el derecho a la defensa y a asistencia letrada, los abogados son los letrados. Esto implica que las partes deben tener absoluta libertad para escoger a los abogados que les van a defender.
Obviamente, los recursos económicos son un factor condicionante de este derecho. Realmente no acaba habiendo las mismas opciones para todo el mundo porque hay personas que no tienen los mismos recursos que otros.
12.4. LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA: Una de las garantías más polifacéticas de las que rodean la actividad de las partes es la presunción de inocencia de las partes acusadas, cuyo campo abonado es el enjuiciamiento criminal.
La presunción de inocencia es una posición de ventaja que la Constitución atribuye al ciudadano. La ventaja consiste en atribuirle de entrada la calidad de inocente y, además, en no obligarle a hacer nada para demostrarlo.
Cualquier ciudadano no tiene que preocuparse el más mínimo por demostrar que es inocente, tiene que preocuparse porque nada demuestre que es culpable. Por definición se reconoce a las partes inocentes, a no ser que nada demuestre el contrario.
Toda la carga de probar cae sobre la acusación, porque el acusado cuando llega y durante el juicio es inocente, es el otro el que tiene que probar que es culpable.
Desvirtuar la presunción de inocencia exige ante todo una mínima actividad probatoria de cargo, esto significa que las pruebas tienen que haberse producido en el juicio y no en la fase de instrucción (recordemos: un juicio tiene dos fases → fase de instrucción y fase de juicio oral, en esta última es donde se encuentran las pruebas, que en esta fase en realidad son llamadas diligencias de instrucción, aunque se encuentren pruebas en la primera fase tienen que ser pedidas en la segunda). El TC puede comprobar si ha existido o no actividad probatoria, de la cual deducir luego posteriormente la culpabilidad del acusado. Este mecanismo de control no se confunde con la facultad de libre valoración, exclusiva de los tribunales de instancia.
Sólo se considera actividad probatoria la que según la ley tiene carácter de tal. Es decir, pueden utilizarse las meras diligencias de instrucción en materia penal, pero solo tienen naturaleza de tal y no probatoria. No puede condenarse en base a estas diligencias.
Sólo las partes acusadoras tienen la carga de probar la acusación, es decir, de suministrar en el momento procesal adecuado suficientes pruebas de cargo que puedan desvirtuar la presunción de inocencia. Si estas pruebas de cargo no se llegan a producir, la presunción de inocencia se mantiene y procede la absolución del acusado. Si, no obstante haberse aportarse diversas pruebas de cargo de la acusación, el tribunal no resulta convencido, también ha de fallar de acuerdo con la absolución del acusado.
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