6: Jurisdicción y Competencia de los Tribunales Penales (2014)

Apunte Español
Universidad Universidad de Málaga
Grado Derecho + Administración y Dirección de Empresas - 2º curso
Asignatura Derecho Procesal
Año del apunte 2014
Páginas 6
Fecha de subida 02/08/2017
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Tema 6

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Tema 6: Jurisdicción y Competencia de los Tribunales Penales 1. Criterios de Competencia y su Tratamiento Procesal.
La competencia es un presupuesto procesal que afecta al órgano jurisdiccional, lo cual quiere decir que el proceso se debe realizar de acuerdo con el principio de legalidad y el juez que dicte sentencia debe ser el competente.
Competencia Genérica: La LOPJ y la LECrim establecen que los juzgados y tribunales del orden jurisdiccional penal tienen atribuido o conocen las causas o juicios criminales, es decir, conocen del enjuiciamiento de los delitos y faltas tipificados como tales en el Código Penal o leyes penales especiales y complementarias, excepto aquellos que le corresponde a la jurisdicción militar.
Competencia Internacional: Los criterios de atribución lo que nos vienen a decir es cuál es el proceso que se sigue para atribuir, a un juzgado o tribunal concreto, el conocimiento de una causa penal. Podemos distinguir tres criterios: el objetivo, el territorial y el subjetivo.
El criterio objetivo hace referencia a la revisión contenida en la LOPJ. Conocerá de aquellos delitos y faltas tipificados como tales en las leyes, es decir, de las causas y juicios criminales, con excepción de los que correspondan a la jurisdicción militar.
El criterio territorial se ajusta a los siguientes principios: · Principio de territorialidad: la jurisdicción española conoce de las causas por delitos y faltas cometidos en territorio español o cometidos a bordo de buques o aeronaves españoles, sin perjuicio de lo previsto en Tratados Internacionales en los que España sea parte.
· Principio de personalidad o nacionalidad: supone la atracción a nuestro orden jurisdicción penal de un delito cometido fuera del territorio nacional en los siguientes casos: cuando haya sido cometido por un español o por un extranjero que adquiera la nacionalidad con posterioridad a la comisión del delito; que el hecho esté tipificado como delito en el lugar de su comisión; que así lo solicite la parte ofendida o perjudicada o, en su caso, el Ministerio Fiscal; y que el sujeto no haya sido condenado, absuelto o indultado por ese hecho en el país en el que se cometió el delito.
· Principio real o de protección: supone que aunque el hecho haya sido cometido en el extranjero es atraído por nuestra jurisdicción penal si afecta a los intereses nacionales (delitos de traición y contra la paz o independencia del Estado, delitos contra el titular de la Corona, delitos de rebelión y sedición, delitos de falsificación de moneda, etc).
· Principio de justicia mundial o de universalidad: supone la atracción hacia nuestro ordenamiento jurisdiccional penal de intereses, no ya nacionales, sino de la comunidad internacional (supuestos de genocidio, terrorismo, piratería, prostitución y corrupción de menores, tráfico ilegal, etc).
Posteriormente impusieron los siguientes nuevos requisitos a este principio: que los presuntos responsables se encuentren en España, que existan víctimas de nacionalidad española o que exista algún vínculo de conexión relevante con España.
Actualmente se ha vuelto a modificar este principio, imponiéndose unos requisitos concretos a cada delito tipificado en la LOPJ.
El criterio subjetivo nos informa de que a pesar de darse el criterio objetivo y el territorial, nuestra jurisdicción penal puede aun quedar desplazada por aplicación del criterio subjetivo en los siguientes casos: · Inviolabilidad: exención de sometimiento a la jurisdicción penal (Rey, Diputados y Senadores, Diputados del Parlamento Europeo, Parlamentarios de las Comunidades Autónomas, Defensor del Pueblo y Magistrados del Tribunal Constitucional). La inviolabilidad absoluta solo la posee el Rey, el resto posee una inviolabilidad relativa.
· Inmunidad de jurisdicción y de ejecución: supuestos establecidos en normas de Derecho Internacional Público (Soberanos y Jefes de Estado extranjeros, diplomáticos y delegados y miembros de misiones acreditadas ante organismos de la ONU).
Competencia Objetiva: Se trata de determinar el tipo de órgano judicial que resolverá el asunto en primera instancia. Para establecer la competencia objetiva de un órgano determinado es necesario atender a los siguientes criterios y por el siguiente orden: · Ratione personae (función): el Juez de Instrucción conocerá de faltas cometidas por miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad; la Audiencia Provincial conocerá de delitos cometidos por miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad; el Tribunal Superior de Justicia conocerá de causas contra jueces y el Ministerio Fiscal por delitos cometidos en el ejercicio de sus cargos y demás causas que establezca el respectivo Estatuto de Autonomía; el Tribunal Supremo conocerá de causas contra el Presidente del Gobierno, el Presidente del Congreso y del Senado, el Presidente del Tribunal Supremo, el Presidente del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional y la Audiencia Nacional, y de miembros del Gobierno y del Consejo General del Poder Judicial; la Sala Especial del Tribunal Supremo conocerá de causas contra los Presidentes de Sala. En suma, se trata de competencias relativas a los aforados.
· Ratione materiae (tipo delictivo): el Juez de Instrucción conocerá del procedimiento de Habeas Corpus; el Juez de Violencia sobre la Mujer conocerá de la violencia de género; los Jueces de Menores conocerán de asuntos cometidos por mayores de 14 años y menores de 18; los Jueces Centrales de Menores conocerán de los asuntos tipificados para este en el Código Penal; los Jueces Centrales de lo Penal conocerán de los delitos tipificados para estos en la LOPJ y cuya pena sea inferior a 5 años; la Audiencia Nacional (Sala de lo Penal) conocerá de los delitos tipificados para esta en la LOPJ y cuya pena sea superior a 5 años; y el Tribunal del Jurado conocerá de los delitos tipificados para este en la LOTJ.
· Ordinario o común (gravedad de la pena): el Juzgado de lo Penal conocerá de delitos castigados con una pena privativa de libertad no superior a 5 años y de los demás delitos cuya pena sea de distinta naturaleza, siempre que no exceda de 10 años. Su tramitación se realizará a través de un procedimiento abreviado o juicio rápido. Por otro lado, las Audiencias Provinciales conocerán de delitos en el resto de casos, es decir, cuya pena privativa de libertad sea superior a 5 años. El procedimiento aplicable será el ordinario si la pena es superior a 9 años o el abreviado si la pena es inferior a 9 años.
Competencia Funcional: Se trata de la competencia para conocer de cada fase del procedimiento. La competencia funcional se determina en atención a la competencia objetiva, de manera que varía en atención a quién sea el competente para el enjuiciamiento y fallo en primera instancia. Los Jueces y Tribunales que tengan competencia para conocer de una causa determinada, la tendrán también para todas sus incidencias, para llevar a efecto las providencias de tramitación y para la ejecución de las sentencias.
Competencia Territorial: De entre todos los órganos de la misma categoría, es preciso individualizar al que finalmente conocerá del asunto concreto.
La LECrim ha establecido las siguientes reglas para determinar la competencia territorial: · Fuero principal: como regla general, posee la competencia el juzgado del lugar de comisión del delito. Si el hecho se puede entender cometido en varios lugares, es preciso acudir a alguna de las tres teorías que se han formulado al efecto: la teoría del resultado (lugar donde el delito haya producido el resultado), la teoría de la actividad (lugar donde se haya desarrollado la actividad delictiva) o la teoría de la ubicuidad (en cualquiera de los lugares en los que el delito haya producido sus efectos o se haya ejecutado la acción delictiva; es la más aplicada). Cuando se trate de delitos de violencia de género, será competente el Juez de Violencia sobre la Mujer del domicilio de la víctima.
· Fueros subsidiarios: sólo son aplicables cuando no se conozca el lugar de comisión del hecho. Están previstos en la LECrim y son, a su vez, subsidiarios unos de otros, pues presuponen una cercanía decreciente al delito y, con ello, una dificultad cada vez mayor para la investigación: primero el lugar en el que se hayan descubierto pruebas materiales del delito; segundo el lugar en el que el imputado sea detenido; tercero el lugar de residencia del imputado; y cuarto cualquier lugar en el que se hubiese tenido noticia del delito. Aun habiendo empezado a conocer un juez señalado en uno de los casos anteriores, si después se conoce el lugar de comisión del delito, se le remitirán las diligencias al juez de dicho lugar.
3. Tratamiento Procesal de la Falta de Jurisdicción y Competencia.
Las normas de competencia son normas de aplicación imperativa de “ius cogens”, por ello han de ser respetadas en todo caso, siendo un efecto de su incumplimiento la nulidad de las actuaciones practicadas.
Es el propio juez el que debe poner de manifiesto su propia falta de competencia, y abstenerse de conocer dictando un auto en el que debe señalar cuál es el órgano competente e inhibirse a favor de aquel.
Por otro lado, las partes podrán poner de manifiesto dicha situación a través de dos mecanismos diferentes: bien por la declinatoria, planteada ante el Juez que esté conociendo, o bien la inhibitoria, planteada ante el Juez que no está conociendo pero que se considera competente.
2. Cuestiones Prejudiciales Civiles en el Proceso Penal e Incidencias.
Por regla general, la competencia de los Tribunales encargados de la justicia penal se extiende a resolver, para sólo el efecto de la represión, las cuestiones civiles y administrativas prejudiciales propuestas con motivo de los hechos perseguidos cuando tales cuestiones aparezcan tan íntimamente ligadas al hecho punible que sea racionalmente imposible su separación.
Sin embargo, si la cuestión prejudicial fuese determinante de la culpabilidad o de la inocencia, el Tribunal de lo criminal suspenderá el procedimiento hasta la resolución de aquélla por quien corresponda; pero puede fijar un plazo, que no exceda de dos meses, para que las partes acudan al Juez o Tribunal civil o contencioso-administrativo competente.
Pasado el plazo sin que el interesado acredite haberlo utilizado, el Secretario judicial, mediante diligencia, alzará la suspensión y continuará el procedimiento. En estos juicios será parte el Ministerio Fiscal.
No obstante, las cuestiones civiles prejudiciales referentes a la validez de un matrimonio o a la supresión de estado civil se deferirán siempre al Juez o Tribunal que deba entender de las mismas, y su decisión servirá de base a la del Tribunal de lo Criminal.
Si la cuestión civil prejudicial se refiere al derecho de propiedad sobre un inmueble o a otro derecho real, el Tribunal de lo criminal podrá resolver acerca de ella cuando tales derechos aparezcan fundados en un título auténtico o en actos indubitados de posesión.
El Tribunal de lo criminal se atemperará, respectivamente, a las reglas del Derecho civil o administrativo, en las cuestiones prejudiciales que, con arreglo a lo dicho anteriormente, deba resolver.
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