El procedimiento de inspección tributaria (0)

Apunte Español
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Derecho - 3º curso
Asignatura Procedimientos y Sistemas Tributarios
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Fecha de subida 05/06/2014
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PRODECIMIENTOS DE INSPECCIÓN Está dirigido a una función de control, si los contribuyentes han cumplido sus obligaciones tributarias. La inspección no controla si los obligados tributarios han declarado correctamente.
Especialmente, va a dirigida al descubrimiento de hechos no declarados. Para ver esto, se deberá ver si lo declarado es correcto. El control se dirigía sobre las declaraciones, sobre lo declarado.
En la inspección también se realizan funciones de comprobación. El órgano de inspección realiza las funciones de comprobación y, además, las de investigación para descubrir lo no declarado.
Una función de la inspección es la práctica de las liquidaciones tributarias. Si un obligado tributario no ha declarado algo, ha incumplido una obligación tributaria, ha dejado de pagar algo. Una vez descubierto lo que no ha pagado, se deberá liquidar la obligación tributaria.
Hay otras funciones mencionadas, las denominadas funciones de comprobación. Pueden realizar comprobación de valor, comprobar requisitos para aplicar beneficios o incentivos fiscales, entre otros.
Es lógico que la inspección, junto con la investigación, pueda realizar labores de comprobación. Por otra parte, es prácticamente imposible realizar investigación sin realizar también comprobación de hechos declarados (para saber lo no declarado, hay que comprobar lo declarado). Se debe tener en cuenta que cuando actúa la inspección, debe actuar no solo para realizar una actuación de comprobación, sino cuando previsiblemente se pretenda descubrir hechos no declarados. Es decir, ese fin tiene que existir.
En última instancia, el procedimiento de inspección consiste en la búsqueda de pruebas de hechos que no han sido declarados. Esa labor de registro es para encontrar esas pruebas y que figuren en el expediente.
A su vez, hay otras actuaciones subsidiarias, accesorias de lo anterior, son:  Actuaciones de obtención de información, pueden solicitar información a terceros  Actuaciones de asesoramiento o informe  Intervenciones tributarias Hay distintas situaciones en las cuales la inspección puede realizar informes, a veces, para situaciones concretas de obligados tributarios (ejemplo, si un obligado está sometido a procedimiento penal por delito fiscal, jueces pueden pedir informes para analizar si una actuación es constitutiva o no de delito fiscal / si se debe tramitar un expediente, no constituye la actuación una infracción, para saber si hay conflicto en aplicación de las normas, debe haber un informe de inspección que establezca que concurre la circunstancia / informes a la AP no relativas a un obligado tributario en concreto, si no en general).
El art. 115 LGT habla de las potestades y funciones de comprobación e investigación.
En el caso de que se hubiese reconocido un beneficio fiscal rogado, si en ese momento no se hubiese comprobado alguno de los requisitos, el reconocimiento es provisional y se podrá, posteriormente, modificar la resolución anterior.
Como facultades de la inspección, la inspección puede llevar a cabo:  Examen de documentos  Examen de bienes, elementos, explotaciones Para el examen de los documentos o inspección de los bienes, una posibilidad que tiene la inspección es la de entrar en locales, domicilios, instalaciones. Si se realiza la inspección puede haber necesidad de entrar en estos lugares, y la APT tiene reconocida esta posibilidad “podrán entrar los funcionarios de la inspección en las fincas, locales de negocios y demás establecimientos o lugares. Si la persona que se encuentra al cargo se opusiera a la entrada de los funcionarios, estos deben contar con la autorización escrita de la autoridad administrativa”.
Los órganos de la inspección tienen carácter de autoridad pública. Y la inspección se realiza en lo que se denominan unidades de inspección, en las que hay un jefe y subinspectores o auxiliares que pertenecen a dicha unidad. La autorización para la entrada la debe firmar el jefe de la unidad.
Si el lugar en el que hay que entrar es un domicilio, no se puede desconocer la existencia de una garantía constitucional que es la inviolabilidad del domicilio. Para entrar en domicilio se debe contar con el consentimiento del titular o bien con autorización judicial.
Si las PJ tienen o no domicilio constitucionalmente protegido. La jurisprudencia del TS ha señalado que sí que existe domicilio constitucionalmente protegido de PJ. El domicilio de las PJ no es cualquier lugar, establecimiento, almacén u oficina de estas PJ, sino que es el lugar donde se sitúa la sede de la dirección de las actividades y, en su caso, el lugar donde se guarda la documentación.
Los obligados tributarios deben atender a la inspección y prestar debida colaboración. El obligado que hubiese sido requerido por la APT deberá personarse y aportar a disposición de la APT la documentación. Incluso se puede decir que el art. 203 de la LGT tipifica como infracción tributaria la falta de colaboración, obstrucción o resistencia a la autoridad de APT en los procedimientos de inspección.
La documentación de las actuaciones inspectoras. La LGT solo define a las actas (pues a las comunicaciones, diligencias e informes ya los define anteriormente en las normas comunes) como los documentos que recogen el resultado de las actuaciones de la inspección. Es un documento conclusivo de la inspección.
La regularización supone el cumplimiento de la obligación tributaria correspondiente a los hechos investigados y comprobados. Por lo tanto, si un obligado no había cumplido todas las obligaciones y esto se descubre en el curso de la inspección, la regularización consiste en la liquidación de la obligación tributaria que no se hubiera liquidado. No en todos los casos la regularización debe ser una liquidación. Puede haber una regularización sin liquidación, por ejemplo, si se constata que hubiese habido algún error en alguna liquidación o autoliquidación y el error se subsane pero no dé lugar a una nueva liquidación.
En ocasiones, si se descubren hechos no declarados, además, puede suceder que la falta de declaración constituya una infracción, y esa infracción tiene como consecuencia jurídica la imposición de sanciones. Normalmente, las infracciones se descubrirán en el procedimiento de inspección. La imposición de la sanción no puede realizarse dentro del procedimiento de inspección, sino que hay otro procedimiento distinto, que es el procedimiento sancionador, los cuales están regulados en la LGT separadamente y se deben tramitar de forma separada, en garantía de los derechos de los obligados tributarios. Los propios órganos de la inspección, sin embargo, son los que llevan a cabo la sanción, aunque no sea en el mismo procedimiento ni intervengan los mismos funcionarios.
El valor probatorio de las actas, quien haga valer su derecho, debe probar los hechos, es decir, tiene la carga de la prueba. La APT está ejerciendo el derecho a liquidar y a cobrar la deuda, por lo tanto, si se descubren nuevos hechos, la APT debe probarlos. Si además, en una inspección existía una declaración o autoliquidación del obligado (ésta tiene presunción de veracidad), para afirmar que no era correcto lo afirmado por el obligado hay que aportar pruebas, en este caso, la APT también tiene aquí la carga de la prueba. Para probar deberá realizar las actuaciones deducir conclusiones de los hechos examinados, de los Registros, y esos hechos incorporarlos en acta, como documento conclusivo. Las actas hacen prueba de lo contenido en ellas, por ello, se puede considerar prueba suficiente que los hechos hayan quedado reflejados en acta.
Los hechos afectados por los obligados tributarios se presumen ciertos salvo que se pruebe haber incurrido en error. Si el obligado tributario ha reconocido hechos, estos también se presumen ciertos.
El acta se somete al obligado, y éste debe prestar su conformidad o no. Prestar conformidad tiene interés porque si se le ha de imponer una sanción, tiene derecho a una reducción del 30% en caso de manifestar la conformidad. Por ello, hay un incentivo a manifestarla.
La Ley prevé, en el art. 146, la posibilidad de adopción de medidas cautelares, que surgen en otros sectores del OJ y, en definitiva, la razón es la misma. Se intentará de conocer lo no declarado y no conocido por la APT, y para lograr la finalidad de la investigación, es prudente que se tomen medidas para evitar que se puedan alterar o destruir los elementos de prueba. Se indican en el artículo de modo más genérico. Las MC deben ser proporcionadas y limitadas en el tiempo.
Artículo 146 Medidas cautelares en el procedimiento de inspección 1. En el procedimiento de inspección se podrán adoptar medidas cautelares debidamente motivadas para impedir que desaparezcan, se destruyan o alteren las pruebas determinantes de la existencia o cumplimiento de obligaciones tributarias o que se niegue posteriormente su existencia o exhibición.
Las medidas podrán consistir, en su caso, en el precinto, depósito o incautación de las mercancías o productos sometidos a gravamen, así como de libros, registros, documentos, archivos, locales o equipos electrónicos de tratamiento de datos que puedan contener la información de que se trate.
2. Las medidas cautelares serán proporcionadas y limitadas temporalmente a los fines anteriores sin que puedan adoptarse aquellas que puedan producir un perjuicio de difícil o imposible reparación.
3. Las medidas adoptadas deberán ser ratificadas por el órgano competente para liquidar en el plazo de 15 días desde su adopción y se levantarán si desaparecen las circunstancias que las motivaron.
ÓRGANOS QUE PUEDEN REALIZAR LA INSPECCIÓN Tanto el Estado como las CCAA. Dentro del Estado, no solo órganos de la AT, si no también órganos de otros Ministerios y dependencias de la AP.
ÓRGANOS DE INSPECCIÓN DEL ESTADO ÓRGANOS DE LA AEAT - Estructura central  Departamento de Gestión Tributaria  Departamento de Inspección Financieras y Tributarias  Delegación Central de Grandes Contribuyentes  Departamento de Aduanas e Impuestos especiales - Estructura periférica  Delegaciones Especiales DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO  Inspección catastral: si coincide lo declarado con la realidad o si hay, por ejemplo, construcciones no declaradas ÓRGANOS DE INSPECCIÓN DE LAS CCAA  Agencia Tributaria de Catalunya  Área de aplicación de tributos y procedimientos  Cuerpo superior de inspección y técnica tributaria  Servicio de control de juegos y apuestas Competencias de inspección Estado  IRPF / IS / IVA / IIEE (Impuestos especiales) / AAC (aduanero común) Generalitat  IP / ISD/ IIP/ JUEGO / I Medios de transporte (impuestos cedidos) DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA  Oficina Nacional de Investigación del Fraude  Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional  Unidad Central de Coordinación en materia de delitos contra la Hacienda Pública  Unidad de Coordinación de Grupos  Dependencia de Control Tributario y Aduanero de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes.
DELEGACIÓN CENTRAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES La Delegación Central de Grandes Contribuyentes se crea mediante OM EHA/3230/2005, desarrollada por la Resol AEAT 26-12-05 modificada por Resolución de la AEAT 12-12-07. La DCGC ejerce sus funciones respecto a:  Las personas jurídicas y entidades cuyo volumen de operaciones haya superado los 100 millones de euros durante cada uno de los tres ejercicios anteriores a aquel en que se produce la adscripción.
 Las personas jurídicas y entidades cuyo volumen de información suministrado a la Administración tributaria haya superado los 10.000 registros durante cada uno de los tres ejercicios anteriores a aquel en el que se produce la adscripción y cuyo ámbito de actuación exceda el de una Comunidad Autónoma o Ciudad con Estatuto de Autonomía.
 Las obligaciones tributarias derivadas de hechos imponibles que correspondan a personas físicas o jurídicas no residentes y sin establecimiento permanente en España cuando, en relación con dichos hechos imponibles, el representante, depositario o gestor de los bienes o derechos, el pagador o retenedor de las rentas del no residente sea un obligado tributario adscrito a la DCGC.
La adscripción en estos supuestos a la DCGC es automática. No obstante, tanto la adscripción como la des adscripción cuando dejen de concurrir las anteriores circunstancias, debe ser comunicada por el titular del Servicio de Organización, Planificación y Relaciones Institucionales.
La Delegación Central de Grandes Contribuyentes podrá ejercer asimismo sus funciones sobre otros obligados tributarios, entre los que cabe señalar: - Personas físicas cuya renta, a efectos del IRPF correspondiente al último período impositivo cuyo plazo de presentación de la declaración hubiese finalizado, supere el millón de euros o que el valor de sus bienes y derechos, incluidos los exentos, a efectos del IP supere los 10 millones euros.
- Que ejerzan sus actividades en todo o gran parte del territorio nacional.
- Que presenten una posición destacada en un sector económico determinado.
- Que tributen en régimen de consolidación fiscal del IS o por el régimen especial del grupo de entidades del IVA.
- Que las operaciones que realicen revistan especial importancia o complejidad en el ámbito nacional.
- Que se encuentren relacionados con otros obligados tributarios ya adscritos a la DCGC.
- Que se encuentren integrados en los supuestos de la L 10/1990 art.41.
- Que se trate de entidades aseguradoras en liquidación cuando esta función sea asumida por el Consorcio de Compensación de Seguros.
- Que presenten indicios de realización de fraude.
- Que presenten una especial complejidad en cuanto a su gestión recaudatoria o indicios de posibles conductas fraudulentas de especial relevancia en este ámbito.
- Cuando, por razones de eficacia, se considere necesaria la continuación de las actuaciones tributarias por la DCGC.
La APT elaborará cada año un plan de control tributario, el cual tiene carácter reservado, pero se publican los criterios generales. Se publica en el BOE (en caso de AT Estado). Por una parte, se puede decir que la inspección ha de someterse a este plan, lo cual evita arbitrariedad en el ejercicio de la inspección, pues hay que justificar que las actuaciones responden a criterios previamente establecidos. Ciertamente, se debe tener en cuenta que si se ve el plan de control y las directrices que se publican al año, son criterios bastante amplios.
Por un lado, en el plan de control, se señalan algunos contribuyentes o sectores de control preferentes. Esto no impide que, cualquier contribuyente que manifiesta indicios de haber cometido infracción sobre él no se pueda realizar inspección. Es decir, no se puede alegar non encontrarse en el plan de control tributario.
PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN El art. 148 se habla del alcance de las actuaciones del procedimiento de inspección. Según este criterio, la inspección tributaria puede tener un carácter general o parcial. La Ley define cuando puede hablarse de alcance general.
 Se habla de inspección de carácter general cuando abarca la totalidad de los elementos de la obligación tributaria de un período impositivo.
 Por el contrario, tiene carácter parcial, cuando la inspección no abarca la totalidad de los elementos, sino únicamente algunos de ellos.
Ejemplo (carácter general): si a un obligado se realiza inspección del IRPF del ejercicio de 2012, es general si abarca todos los elementos de la obligación tributaria de 2012.
Ejemplo (carácter parcial): una inspección de carácter parcial es cuando solo se investigarán, por ejemplo, las actividades económicas o los rendimientos del trabajo.
No es necesario para que la inspección sea general que se realice inspección de todos los ejercicios.
No hace falta tampoco que alcance a otras obligaciones tributarias.
Si se realiza una inspección de carácter parcial, la eventual liquidación en la que pueda desembocar es una liquidación provisional. Únicamente será definitiva si la inspección abarca todos los elementos del obligado tributario.
El procedimiento se inicia de oficio pero también cabe el inicio a instancia o a petición del obligado tributario. Esto está vinculado con la inspección de alcance general o parcial. Si a n contribuyente se le notifica el inicio de una inspección de carácter parcial, éste puede solicitar que la inspección parcial se convierta en inspección de carácter general, con un plazo de 15 días. El quedar sometido a una inspección es gravoso, y además de molestias incluso económicas (pues puede solicitar asesoramiento, por ejemplo). Se puede pedir la inspección general para que no se le inicien inspecciones posteriormente por la obligación tributaria.
Fuera de estos casos, no hay posibilidad de que un obligado tributario solicite que se le realice una inspección tributaria.
INICIO DEL PROCEDIMIENTO Cualquier hecho de trascendencia tributaria debe ser comunicado a los obligados, y esta comunicación o documento debe ser notificado. El inicio de un procedimiento de inspección es un hecho que crea derechos y obligaciones, por lo tanto, es un hecho de carácter relevante y debe ser notificado a los obligados tributarios el inicio de un procedimiento de inspección.
La inspección podrá presentarse sin previa comunicación en empresas, oficinas, dependencias, instalaciones o almacenes del obligado tributario, entendiéndose las actuaciones con éste o con el encargado o responsable de los locales. El factor sorpresa puede ser relevante a la hora del descubrimiento de hechos no declarados.
Esta contradicción se resuelve de manera que, sí se puede personar sin previo aviso, pero en ese momento deberá notificarse al obligado tributario el inicio del procedimiento, e inmediatamente se empieza la inspección y prácticas de registro.
En el art. 150 se recoge el plazo de las actuaciones inspectoras. Con carácter general, la LGT habla de plazos para la realización de los procedimientos de aplicación de los tributos, y se establece de modo general, por si no se estableciese otra cosa, un plazo de 6 meses. En el caso del procedimiento de inspección sí se regula un plazo específico de 12 meses. Este plazo tiene, a su vez, varias peculiaridades:  En el cómputo del plazo, los 12 meses se deben empezar a contar desde la notificación del inicio del procedimiento hasta la notificación de la regularización, de la liquidación, de la finalización de la inspección tributaria.
El hecho de que la Ley no definiera expresamente hasta dónde o cual era el momento ad quem, hasta el cual había que contar el plazo del ejercicio de las actuaciones. La Ley que había entonces (la redacción actual ha variado), comenzaba diciendo que las actuaciones del procedimiento de inspección. En la redacción anterior se decían que las actuaciones de inspección podrían durar 12 meses, pero no se especificaba que se debía incluir la notificación al obligado del acta de inspección. Se podía considerar que había una interrupción injustificada de actuaciones, una interrupción del plazo. El efecto es que muchas obligaciones tributarias se consideraban prescritas, y no se podía llegar a la regularización.
 No es necesario que se realice efectivamente la notificación, si no que es suficiente que se haya producido un intento de notificación en ese plazo de 12 meses. Con el intento de notificación se entiende que se ha cumplido dentro de plazo.
 El plazo es ampliable por otros 12 meses en determinadas circunstancias. En dos situaciones se da facultad a la AT de prorrogar el plazo:  Que la inspección revista especial complejidad  Que se demuestre que el obligado tributario hubiese ocultado alguna actividad empresarial Esto no significa que la inspección pueda durar 24 meses, si no que puede durar 12 meses más desde el momento que se acuerde la ampliación. Ejemplo: si han transcurrido 6 meses desde el inicio y se acuerda inspección, el tiempo total sería de 12 meses (6 meses transcurridos + 12 meses de ampliación = 18 meses en total).
 No constituye incumplimiento del plazo de 12 meses la concurrencia de una interrupción justificada del procedimiento de inspección. La inspección ha de concluir sus actuaciones y notificar el acta en los 12 meses (o en su caso con la ampliación acordado) si se hubiese producido causas de interrupción justificada, que la LGT no las describe, pero el Reglamento sí, en el art. 103 se establecen algunas de estas circunstancias. Son causas no aplicables solo al procedimiento de inspección, sino en general a todos los procedimientos de aplicación de los tributos.
 Cuando se haya de solicitar la colaboración de otras Administraciones (petición de informes o datos)  En caso que se esté realizando una inspección y en este momento de realización, se consideren que hay indicios de delito fiscal. La inspección, en ese momento, ha de retener las actuaciones y pasarlo al Ministerio Fiscal. Es decir, la inspección tributaria no tiene competencia para instruir un delito fiscal. Mientras se resuelve el procedimiento penal, todo el plazo que tarde, se considera interrupción justificada del procedimiento de inspección. si el procedimiento finaliza con ST condenatoria (no se puede imponer simultáneamente una sanción administrativa, hay incompatibilidad entre sanciones administrativas y las penas por delitos) o ST absolutoria o sobreseimiento (el propio Tribunal podrá declarar que los hechos no constituyen delito fiscal pero sí pueden constituir infracción administrativa, en este caso, la infracción, finalmente, volverá a la inspección tributaria, y se continúa la que se hubiese iniciado previamente; todo el tiempo que hubiera transcurrido, se considera una interrupción justificada de la inspección).
 El hecho de que en una inspección haya interrupción no justificada de actuaciones o haya un incumplimiento del plazo máximo para realizar la inspección. Se considera que hay una interrupción si no hay actuaciones durante un plazo de 6 meses.
Si no se terminan las actuaciones en el plazo de 12 meses (o en su caso, la ampliación), en primer lugar, no se produce la caducidad de los procedimientos (en la regulación general del plazo para los procedimientos de aplicación de los tributos, el incumplimiento de ese plazo sí tiene como efecto la caducidad; en el caso de la inspección hay una excepción a esta regla general).
En segundo lugar, en ambos casos se produce la no interrupción de la prescripción (plazo de 4 años de prescripción). Es decir, cualquier actuación relevante de los sujetos respecto de la obligación tributaria, interrumpe la prescripción. Incumplido el plazo, el efecto que se produce es que la interrupción del cómputo del plazo de prescripción se entiende no producido (la prescripción se vuelve a contar desde el momento anterior; se ha producido en realidad, la prescripción de la obligación tributaria).
En tercer lugar, los ingresos realizados se consideran ingresos espontáneos. Si no presenta la autoliquidación en plazo, el obligado puede presentarla fuera de plazo. La falta de autoliquidación en plazo constituye una sanción tributaria, y se le impondrá sanción. Pero si se presenta espontáneamente fuera de plazo, el obligado, en este caso, paga un recargo pero no se le puede imponer sanción. Es una excusa absolutoria y se aplican los recargos del art. 17 LGT por presentación de declaración espontánea y extemporánea de declaraciones. Es un sistema creado para la incentivación de presentaciones de declaraciones, aunque sea fuera de plazo. Un requisito para la imposición del recargo en lugar de la sanción, es que la presentación sea espontánea, es decir, sin requerimiento previo de la APT. El inicio de un procedimiento de inspección constituye un requerimiento de la APT.
Si se hace requerimiento de presentación de documentos al obligado o se le pide que comparezca, y no lo hace, y a consecuencia de todo esto, y a causa de estas dilaciones no se cumple el plazo, éstas son consideradas como causas justificadas de interrupción de plazo.
El concepto de interés es una indemnización por el retraso en el cumplimiento de una obligación pecuniaria, por lo tanto, se debe contar desde que se tenía que haber cumplido y no se cumplió hasta el momento en el cual se ingresa. El momento en el cual ha comenzado la falta de disponibilidad del dinero es el momento de finalización del plazo para presentar la autoliquidación y no se ha realizado el ingreso.
Retraso por haber incumplido la APT el plazo de 12 meses, el plazo transcurrido ahora no devenga intereses para el obligado. Es un retraso imputable a la APT, y ella misma no puede beneficiarse de su propio incumplimiento. La interrupción de las actuaciones no justificada no es relevante para el devengo de intereses, solo será relevante en el caso de incumplimiento de plazo.
EFECTOS Interrupción no justificada Incumplimiento de plazo x x prescripción x x Ingresos espontáneos x x No caducidad No interrupción Cálculo de de tiempo la de devengo de intereses x La regulación de la LGT del procedimiento de inspección es muy detallada. Por una parte, esto es así porque este procedimiento se puede considerar invasivo del ámbito de actuación de los obligados, y por ello, se exige mayor garantía de los derechos de los obligados tributarios, por ello se incorporan toda una serie de detalles.
Art. 151 LGT  establece el LUGAR DE PRÁCTICA DE LAS ACTUACIONES de inspección  En las oficinas de las APT, cuando los elementos sobre los que hayan de realizarse las actuaciones puedan ser examinados en ellas. Se practicarán en las oficinas aquellas actuaciones de inspección para las cuales haya habido un requerimiento de aportación de documentación, por ejemplo, es decir, se haya requerido para determinadas actuaciones al obligado tributario.
 Lugar donde exista alguna prueba, al menos parcial, del hecho imponible o del presupuesto de hecho de la obligación tributaria. Ésta es una afirmación muy genérica.
 Lugar donde se realicen total o parcialmente las actividades gravadas. Estas menciones se hacen a título de ejemplo.
 Lugar donde el obligado tributario tenga su domicilio fiscal, i en aquel donde su representante tenga su domicilio, despacho u oficina La inspección puede personarse sin previa comunicación en cualquiera de estos lugares, para evitar destrucción, ocultación o pérdida de las pruebas.
Hay una limitación relevante: “los libros de contabilidad y documentación, deben ser examinados en el domicilio o despacho del obligado tributario”. Podemos decir que el obligado tributario (que sea empresario), que tenga obligación de llevar contabilidad, tiene derecho a no aportar contabilidad a las oficinas de la APT, si no a que sea ésta la que esté obligada a desplazarse al local o a las oficinas y se examine allí la responsabilidad. La inspección, cuando examina contabilidad, sí puede sacar copias para llevárselas. El obligado también puede consentir en llevarla y que no sea revisada en su sede, simplemente es un derecho que la LGT le garantiza.
Tratándose de los registros y documentos, sí que podrá requerirse su presentación en las oficinas de la APT. En definitiva, los registros y documentos a los que se refiere la ley son las facturas y los libros registro (en algunos tributos hay obligación de llevar, por ejemplo, en el IVA).
Si el obligado tributario tuviera discapacidad o movilidad reducida, la inspección deberá realizarse en el lugar más apropiado para ello.
Art. 152 LGT  HORARIO DE LAS ACTUACIONES INSPECTORAS  Si las actuaciones se realizan en las oficinas de la APT  se realizarán en el horario oficial de apertura al pública de las oficinas, y en todo caso, dentro de la jornada de trabajo vigente  Si las actuaciones se desarrollan en locales del interesado en este caso se respetará la jornada laboral de oficina o de la actividad que se realice en los mismos, con la posibilidad de que pueda actuarse de común acuerdo en otras horas o días. La inspección debe realizarse durante las horas de trabajo y actividad de la empresa, preferentemente, no hay que obligar a ésta que fuera de esas horas deba atender a la APT. El obligado tributario valorará qué prefiere, si atenderla dentro de las horas de apertura, o bien si esta circunstancia le perturba su actividad y prefiere, por el contrario, hacerlo en otra hora distinta.
Como excepción, cuando las circunstancias de las actuaciones lo exijan, se podrá actuar fuera de los días y horas establecidos. Hay una limitación a esto, es decir, debe hacerse en los términos que se establezca reglamentariamente. El Reglamento de gestión e inspección señala que esto ocurrirá en los casos en los que haya riesgo de destrucción, eliminación u ocultación de las pruebas. Además, cuando sea necesario actuar con celeridad, es decir, cuando se estime que no es conveniente esperar ni limitarse a los horarios.
TERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Lo único que establece la LGT es lo relativo a las actas. Las actas son documentos de inspección, y se pueden definir como documentos en los que se recogen las conclusiones de la inspección. Se habrán practicado actuaciones contempladas en diligencias y se puede decir que, en estos casos, se hace una recopilación de pruebas para obtener una conclusión, que será que el obligado tributario ha cumplido o no con sus obligaciones tributarias. A esta conclusión se debe llegar en el acta.
El acta viene regulada a partir del artículo 153, es decir, en lo relativo a la terminación de las actuaciones inspectoras.
Las actas que documenten el resultado (conclusión) de las actuaciones inspectoras deberán contener, al menos, las siguientes menciones:  Lugar y fecha de formalización  Nombre y apellidos o razón social completa  Los elementos esenciales del hecho y los fundamentos de derecho  La regularización (poner en regla al obligado tributario, que en muchos casos consiste en realizar una nueva liquidación, aunque en casos cabe hablar de regularización sin que esto implique una declaración) de la situación tributaria del obligado y la propuesta de liquidación que proceda  La conformidad o disconformidad del obligado tributario con la regularización y con la propuesta de liquidación. Para adoptar el acta se debe realizar la suscripción del acta, es decir, los obligados deben tener una copia y firmar el acta. Se debe fijar un momento para esa suscripción. En ese momento, se le pide al obligado tributario que expresa, además de firmarla, si está conforme con el contenido del acta, es decir, si reconoce en última instancia si los hechos allí fijados los reconoce. Si se presta la conformidad y estamos ante hechos que pueden ser constitutivos de infracción tributaria, a los cuales se les impondrá la sanción, el obligado tiene derecho a una reducción del 30% de la sanción. Además, dado que el obligado acepta los hechos implica que después no puede impugnar el acta, es decir, no puede presentar recurso contra el acta  Los recursos que procedan contra el acto de liquidación derivado del acta, órgano al que pueda presentarse y plazo para interponerlos. Como es criterio general en el procedimiento administrativo, cualquier acto administrativo debe contener indicación sobre los recursos que se pueden interponer  Existencia o inexistencia de indicios de la comisión de infracciones tributarias A la conclusión debe llegarse racionalmente. Además, el acta debe ser motivada, no basta con poner la conclusión, si no que se debe poner la premisa mediante la cual se llega a la conclusión. Si no está motivada, estaremos ante un acta nula. Estas actas a veces se denominan como actas de comprobado y conforme.
En lo relativo a CLASES DE ACTAS, hay tres tipos: En primer lugar, las ACTAS CON ACUERDO se han introducido en la LGT de 2003, y anteriormente no existían. En algunos casos en que sea difícil determinar los hechos, cabe determinar estos hechos mediante un acuerdo entre el obligado tributario y la APT. A este acuerdo se llega dentro del procedimiento de inspección mediante la formalización de un acta con acuerdo.
Pueden entrar conceptos en contradicción. Por una parte, el concepto de obligación tributaria (obligación ex lege, es decir, que surge de la Ley), por lo tanto, para determinar su existencia y aplicar el tributo, no interviene un elemento consensual, un consentimiento o acuerdo entre partes, sino que simplemente se debe aplicar la Ley. Por lo tanto, el acuerdo puede estar en contradicción con este origen legal de la obligación tributaria. Por otra parte, no solamente la obligación tributaria es ex lege, sino que además, existe una reserva de ley. Además, existe el principio de indisponibilidad del crédito tributario por parte de la APT (ésta tiene derecho a cobrar la deuda, pero no solo esto, sino que además tiene la obligación de cobrar esta deuda). No puede disponer de la situación de acreedor. Estas premisas chocan con la admisión del acuerdo.
Se tuvieron en cuenta una serie de circunstancias, por ejemplo, que la aplicación de los tributos es fuente de gran litigiosidad, existen gran variedad de controversias. La litigiosidad tributaria es, en el ámbito administrativo, mayor que cualquier otra.
El acuerdo, para no lesionar una serie de principios, tiene un ámbito de aplicación muy limitado.
Se debe tener en cuenta que se habla de acuerdo, es decir, que hay una conversación entre APT y obligados, y fruto de ella, se acepta una posición común. Exista otra posibilidad de resolver la litigiosidad fuera de los recursos, que no sea mediante el acuerdo, que es lo que se puede denominar de modo general como arbitraje. En este caso, una controversia es resuelta por un tercero. Además, resuelve con criterios de equidad, sin necesidad de aplicar estrictamente la norma jurídica aplicable al caso. Se debe entender, además, que esta figura del arbitraje no está prevista en el OJ, ni en las actas con acuerdo queda previsto. Sino que hay una fórmula que se puede denominar de transacción entre partes.
El inspector entiende que es necesaria una regularización. Si en la regularización deben aplicarse conceptos jurídicos determinados, o es necesaria la apreciación de los hechos, o es necesario realizar estimaciones o valoraciones que no puedan cuantificarse de forma cierta, se podrá concretar mediante un acuerdo con el obligado tributario.
 Estimaciones o valoraciones que no puedan realizarse de forma cierta (caso paradigmático de acuerdo): la obligación surge de hechos imponibles. Para determinar una deuda y liquidarla, se debe aplicar la norma sobre los hechos. Para aplicar una norma sobre una situación de hecho, y saber si el hecho se subsume en la norma, estos deben quedar acreditados, se deben probar, a diferencia de la norma, que basta que esté vigente (no hay que practicar pruebas sobre la norma). Para probar los hechos hay que examinarlos. En el caso de aplicación de los tributos, puede darse que, cuando se deba aplicar la norma, los hechos ya no se puedan examinar ni comprobar. Entonces, se debería hacer una estimación de unos hechos. El litigio de la discrepancia podría eternizarse, pues se podría ir impugnando continuamente. Pero da igual por cuantos Tribunales se vea, pues nunca se podrá determinar los hechos tal y como han sido. Para evitar esto, la incertidumbre y el gran lapso de tiempo, la Ley permite que haya un acuerdo del elemento de hecho entre el obligado y la APT. Se puede defender que en este caso sí se han defendido los principios tributarios. No se ha acordado si la Ley se aplica o no, la APT no renuncia a aplicar la Ley (reserva de ley, obligación ex lege y disponibilidad del crédito se ha respetado).
 Cuando sea necesaria la apreciación de hechos: la controversia sería similar a la anterior, pero aquella se refería más bien a la cuantificación, ésta más bien hace referencia a la calificación de los hechos. El acuerdo realizado ha de versar sobre los hechos, no sobre la calificación de los hechos.
 Cuando en la aplicación de la norma deban de utilizarse conceptos jurídicos indeterminados: en realidad, todos los conceptos jurídicos son indeterminados, porque la norma jurídica y los conceptos jurídicos se construyen con el instrumento de la palabra, el lenguaje. El sentido de las palabras es indeterminado. Un término hace referencia a un campo de significado, dentro del cual puede haber un núcleo que quede claro, pero su significado se puede extender hacia otras realidades sobre las cuales pueda caber alguna duda, pues se alejan de ese núcleo. Muchas controversias existen para delimitar el alcance de estos conceptos. Se puede discutir sobre cuál es el hecho sobre el que la Ley se aplica, para saber si entra dentro de la Ley. Determinar en consenso, de común acuerdo, estableciendo posición común entre APT y obligados sobre los hechos sobre los cuales se aplica la norma, es decir, cuales son los hechos para saber si entran en el ámbito de la norma. En estos casos cabe la adopción y suscripción de acta con acuerdo.
La adopción de actas supone que no habrá ya litigiosidad sobre ese punto. Para la suscripción del acta será necesaria la concurrencia de una serie de requisitos: - Se debe tener la autorización del órgano competente para liquidar, que podrá ser previa o simultánea a la suscripción del acta con acuerdo - La constitución de un depósito con el importe de la obligación tributaria, aval de carácter solidario. Una vez suscrita el acta y pasados los 10 días, se produce el ingreso. Es decir, se produce la recaudación de una forma automática - Se considera perfeccionado el acuerdo cuando transcurran 10 días contando desde el siguiente a la fecha del acta - El acta debe ser íntegramente aceptado - No se podrá recurrir, salvo dos excepciones:  Cuando adolezca de vicios de nulidad  Cuando adolezca de vicios ocultos Si los hechos son constitutivos de infracción, el obligado tributario tiene derecho a una reducción del 50% de la sanción.
En segundo lugar, las ACTAS DE CONFORMIDAD y ACTAS DE DISCONFORMIDAD, el contenido de las cuales es similar, solo que en unas el obligado presta su conformidad y en otros no.
Se concede trámite de audiencia a los interesados, es decir, propuesta de regularización, hay posibilidad de alegaciones. Si en el plazo de 1 mes no se notifica otra acta, se entiende ésta como definitiva. El acta de conformidad no puede ser recurrida, hay una reducción del 30% de la sanción si los hechos hubieran sido constitutivos de sanción.
En el acta de disconformidad se puede recurrir, y no hay reducción de la sanción. El obligado tributario no presta su consentimiento. Un acta de disconformidad es aquella en la cual el obligado presta disconformidad, es decir, declara que no está de acuerdo. Si un obligado tributario se niega a suscribir un acta, sin decir si está o no conforme, se entenderá entonces que el acta es de disconformidad.
Se suscribe el acta, en el mismo momento se entrega copia al obligado la cual constituye una notificación. En el caso de no haberse suscrito o que se hubiese citado para suscribir y no comparezca, el acta es igualmente válida, y se debe notificar según los medios previstos en la Ley.
-------------------- OTRAS CONSIDERACIONES El art. 158 LGT establece la aplicación del método de estimación directa. Si no es posible determinar el hecho imponible, y no sea adecuado aplicar el acuerdo, el hecho de que no se pueda cuantificar el HI, para estos casos se prevé este método. Se liquidan las obligaciones tributarias utilizando unos métodos y criterios distintos pero que dan lugar a la determinación de una deuda tributaria. Se podrá aplicar este método, por ejemplo, cuando el obligado tributario esté obligado a llevar contabilidad y no lo haga, o cuando la lleve pero con grandes carencias. En estos casos se aplica el método de estimación directa, debe ser la inspección quien lo aplique (no puede ser la gestión), pues debe investigarse, es algo exclusivo del procedimiento de inspección.
Cuando éste método sea aplicable, la inspección de los tributos acompañará a las actas incoadas para regularizar la situación de tributaria de los obligados un informe sobre:  Causas que llevan a la aplicación de este método  Situación de contabilidad  Justificación de los medios elegidos  Cálculos y estimaciones El art. 159 LGT determina una competencia de la inspección tributaria, la relativa al informe preceptivo para la declaración de conflicto sobre la aplicación de la norma tributaria. El obligado tributario ha realizado hechos que califica de una manera, y se acoge a una determinada norma jurídica (norma de cobertura), pero la APT entiende que para el fin económico que ha perseguido y logrado, no debía realizar esos actos, sino otros distintos. Los actos del obligado son legales pero no son los medios ordinarios para la finalidad que ha querido perseguir. No hay un ilícito, por ello hay que determinar que los actos no es la vía jurídica adecuada y que, como consecuencia de la distorsión, hay una situación que la Ley denomina de conflicto en la aplicación de la norma tributaria. Ello debe ser determinado por la inspección en un informe. Después se debe constituir una Comisión (denominada Comisión del conflicto, con funcionarios de la Dirección General de tributos), que es la que determina si ha habido o no conflicto en la aplicación de la norma. La inspección tiene papel prestando, previamente, a la Comisión, un informe.
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