DP libro, Lección 5 y 6 resumen (2014)

Apunte Español
Universidad Universidad Pompeu Fabra (UPF)
Grado Criminología y Políticas Públicas de Prevención - 2º curso
Asignatura Derecho Penal (atribución de la responsabilidad penal)
Profesor L.
Año del apunte 2014
Páginas 3
Fecha de subida 31/03/2015
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Lección 5: La teoría del delito I. SIGNIFICADO DE LA TEORÍA DEL DELITO El delito y la pena, junto con el binomio de peligrosidad/medidas de seguridad, constituyen los objetos centrales del DP.
La teoría del delito reúne en un sistema los elementos que pueden considerarse comunes a todo delito o a ciertos grupos de delitos. Esta teoría es una elaboración sistemática de las características generales que el Derecho positivo permite atribuir al delito, a la vista de la regulación que aquél efectúa de éste.
Derecho positivo Uno de los aspectos más criticables de la fundamentación tradicional de la teoría del delito es el intento de presentar todos sus conceptos como no disponibles valorativamente, sino como exigencias sistemáticas. El neokantismo advirtió la dimensión valorativa de las categorías del delito, pero no su significado político. Desde los años 70 se reconoce que la construcción teórica del delito debe partir de la función político-criminal del DP (funcionalismo). Pero la PC depende de cada modelo de Estado. Es importante desvelar la vinculación axiológica de la teoría del delito y sus conceptos a una determinada concepción filosófico-política del DP como cometido del Estado.
II. LA TEORÍA DEL DELITO EN EL DP DE UN ESTADO SOCIAL Y DEMOCRÁTICO DE DERECHO La imagen del Estado social y democrático de Derecho debe ofrecer el punto de partida para determinar la función del DP, pero ésta a su vez debe servir de base no sólo de la teoría de la pena, sino de la teoría del delito también. Si el modelo de Estado debe determinar una concepción del DP, ésta ha de ofrecer el soporte de sus 2 componentes básicas, la pena y el delito: Estado, DP, pena y delito se hallan en una estricta relación de dependencia. La teoría del delito constituye la determinación de las fronteras mínimas de lo que puede ser prohibido y penado por el DP, y da respuesta a la pregunta de cuáles son los elementos que deben concurrir, como mínimo y con carácter general para que algo sea jurídico-penalmente prohibible y punible. La contestación a este interrogante ha de depender de la función que se atribuya al DP y de los límites que se impongan de modo general a su ejercicio. El entendimiento del DP de un Estado social como medio de prevención, al servicio de la protección efectiva de los ciudadanos, supone atribuir a las normas que castigan con una pena el delito (normas secundarias) la función de crear expectativas que motiven en contra de la comisión de delitos. Pero la función de prevención que corresponde al DP de un Estado no sólo social, sino también democrático y de Derecho, ha de estar sujeta a ciertos límites. El principio de legalidad impone que el delito se determine con la suficiente precisión: el delito ha de estar específicamente tipificado y exige que el delito constituya infracción de una norma primaria. El principio de exclusiva protección a los bienes jurídicos obliga a concebir el delito como un ataque a un bien jurídico-penal, cuando dicho ataque no esté justificado por la necesidad de salvaguardia de otro bien jurídico prevalente. El principio de culpabilidad exige que dicho ataque pueda imputarse objetiva, subjetiva y personalmente a su autor en determinadas condiciones. El carácter de última ratio del DP ha de condicionar la punibilidad del hecho que manifieste una suficiente gravedad y necesidad de la pena. Estos son los elementos que trata de articular en un sistema la teoría del delito.
III. LÍNEAS GENERALES DE LA TEORÍA DEL DELITO El delito es un comportamiento humano típicamente antijurídico y culpable (también es punible). En la doctrina actual se imponen 2 ideas fundamentales: 1) Sus 2 pilares básicos son la antijuricidad y la culpabilidad.
2) Antijuricidad significa aquí objetiva contrariedad al DP, mientras que culpabilidad significa posibilidad de imputación personal del hecho antijurídico a un sujeto responsable.
Se entiende, por tanto, el delito como un hecho penalmente antijurídico y personalmente imputable. Esta definición tiene 2 partes. La primera es que la antijuricidad penal, exige la tipicidad penal y la ausencia de causas de justificación. La segunda parte es la imputación personal, requiere que el hecho penalmente imputable a una infracción personal de la norma primaria por parte de un sujeto penalmente responsable.
La antijuricidad penal supone una doble exigencia: - La lesión o puesta en peligro de un bien jurídico-penal lo suficientemente grave y necesitada de pena para que el legislador la haya previsto en un tipo de delito.
- Que el bien jurídico correspondiente no entre en conflicto con otros intereses superiores que justifiquen su ataque.
El DP ha de intentar evitar lesiones a los bienes jurídicos más importantes (vida, propiedad, integridad física…) por tanto, el hecho antijurídico ha de verse como un hecho que compromete la existencia del bien jurídico.
Aún así, no todo ataque a un bien jurídico-penal se halla desvalorado por el Derecho como contrario a sus intereses globales. Las causas de justificación (como la legítima defensa) excluyen la antijuricidad del hecho.
Si el DP constituye un conjunto de normas dirigidas a motivar al ciudadano en contra del delito, lo intenta en primer lugar a través de las prohibiciones o mandatos en que consisten las normas primarias.
Para que tenga sentido dirigir al sujeto la norma primaria basta que el autor tenga alguna capacidad para cumplir dicha norma, pero ello no es suficiente para que deba penarse al autor de la infracción. El autor es penalmente responsable cuando se realiza el hecho en condiciones psíquicas de normalidad motivacional suficientes para que proceda la imposición de una pena.
En cambio, cuando el infractor no puede ser motivado, para que sea lícito imputar un hecho prohibido a su autor como sujeto susceptible de ser penado, es preciso que éste haya podido recibir la llamada de la prohibición en unas condiciones mentales normales.
IV. ¿ES LA PUNIBILIDAD UNA CATEGORÍA AUTÓNOMA DE LA DEFINICIÓN DE DELITO? Algunos autores prefieren estudiar por lo menos una parte de la problemática de la “punibilidad” al filo de la tipicidad, aunque sea sin una justificación sistemática clara. Esto hace referencia a dos grupos de elementos de distinta naturaleza: - Las condiciones objetivas de punibilidad: Afectan al carácter penal de la antijuricidad del hecho y de ellas depende el injusto penal. La antijuricidad de un hecho no puede condicionarse a que sea penal, pero si este carácter es evidente que no será penal. Puesto que el tipo penal es el concepto que sirve para seleccionar los hechos que son penalmente relevantes, lo más oportuno parece incluir todos los elementos que condicionan la objetiva punibilidad de un hecho en el tipo penal. Esto se llama tipo de injusto penal.
- El segundo grupo de circunstancias mencionadas que impiden castigar a una determinada persona (excusas absolutorias y de causas personales de exclusión o levantamiento de la pena), al no afectar la a la objetiva relevancia del hecho, no pueden impedir que subsista su antijuricidad penal típica. Frente a estos elementos, caben entonces 2 actitudes. Por una parte puede sostenerse que, no excluyendo ni el injusto penal ni la posibilidad de imputarlo al sujeto, no impiden la presencia de un “delito” sino el castigo del mismo cuando es cometido por una determinada persona. Por otra parte si sólo se entendiera por delito el hecho concreta y personalmente “punible”, debería exigirse la concurrencia de los elementos personales referidos en el seno de una categoría de punibilidad posterior a las de antijuricidad e imputación personal.
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