5º seminario (2017)

Apunte Español
Universidad Universidad Pompeu Fabra (UPF)
Grado Derecho - 1º curso
Asignatura Constitucional III: Derechos y Libertades
Año del apunte 2017
Páginas 7
Fecha de subida 15/09/2017
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Paula Campelo Derechos y libertades fundamentales – Subgrupo 301 09/06/2017 PRÁCTICA NÚM. 5: IMPARCIALIDAD JUDICIAL STC del TEDH de 6 de enero de 2010 (Vera Fernández – Huidobro contra España).
Para resolver esta práctica leeros todos los hechos y con mas detenimiento los fundamentos de derecho núm. 108 a 136 y el voto particular del Juez Zupan.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS Art. 6 CEDH: 1. Toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa, públicamente y dentro de un plazo razonable, por un Tribunal independiente e imparcial, establecido por la Ley, que decidirá los litigios sobre sus derechos y obligaciones de carácter civil o sobre el fundamento de cualquier acusación en materia penal dirigida contra ella. La sentencia debe ser pronunciada públicamente, pero el acceso a la Sala de Audiencia puede ser prohibido a la prensa y al público durante la totalidad o parte del proceso en interés de la moralidad, del orden público o de la seguridad nacional en una sociedad democrática, cuando los intereses de los menores o la protección de la vida privada de las partes en el proceso así lo exijan o en la medida considerada necesaria por el Tribunal, cuando en circunstancias especiales la publicidad pudiera ser perjudicial para los intereses de la justicia. 2. Toda persona acusada de una infracción se presume inocente hasta que su culpabilidad haya sido legalmente declarada. 3. Todo acusado tiene, como mínimo, los siguientes derechos :a) a ser informado, en el más breve plazo, en una lengua que comprenda y detalladamente, de la naturaleza y de la causa de la acusación formulada contra él; b) a disponer del tiempo y de las facilidades necesarias para la preparación de su defensa; c) a defenderse por sí mismo o a ser asistido por un defensor de su elección y, si no tiene medios para pagarlo, poder ser asistido gratuitamente por un Abogado de oficio, cuando los intereses de la justicia lo exijan; d) a interrogar o hacer interrogar a los testigos que declaren contra él y a obtener la citación y el interrogatorio de los testigos que declaren en su favor en las mismas condiciones que los testigos que lo hagan en su contra; e) a ser asistido gratuitamente de un intérprete, si no comprende o no habla la lengua empleada en la Audiencia.
Art. 10.2 CE: Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España.
Art. 24 CE: 1. Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión.
2. Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia. La ley regulará los casos en que, por razón de parentesco o de secreto profesional, no se estará obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos.
Art. 71 CE: 1. Los Diputados y Senadores gozarán de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones. 2. Durante el período de su mandato los Diputados y Senadores gozarán asimismo de inmunidad y sólo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito. No podrán ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara respectiva. 3. En las causas contra Diputados y Senadores será competente la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. 4. Los Diputados y Senadores percibirán una asignación que será fijada por las respectivas Cámaras.
Art. 57.1 ap. 2 LOPJ: 1. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo conocerá: 2.º De la instrucción y enjuiciamiento de las causas contra el Presidente del Gobierno, Presidentes del Congreso y del Senado, Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Presidente del Tribunal Constitucional, miembros del Gobierno, Diputados y Senadores, Vocales del Consejo General del Poder Judicial, Magistrados del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, Presidente de la Audiencia Nacional y de cualquiera de sus Salas y de los Tribunales Superiores de Justicia, Fiscal General del Estado, Fiscales de Sala del Tribunal Supremo, Presidente y Consejeros del Tribunal de Cuentas, Presidente y Consejeros del Consejo de Estado y Defensor del Pueblo, así como de las causas que, en su caso, determinen los Estatutos de Autonomía.
Art. 217 LOPJ: El juez o magistrado en quien concurra alguna de las causas establecidas legalmente se abstendrá del conocimiento del asunto sin esperar a que se le recuse.
Art. 218.2 LOPJ: Únicamente podrán recusar: 2.º En los asuntos penales, el Ministerio Fiscal, el acusador popular, particular o privado, el actor civil, el procesado o inculpado, el querellado o denunciado y el tercero responsable civil.
Art. 219 LOPJ: Son causas de abstención y, en su caso, de recusación: 4.ª Estar o haber sido denunciado o acusado por alguna de las partes como responsable de algún delito o falta, siempre que la denuncia o acusación hubieran dado lugar a la incoación de procedimiento penal y éste no hubiera terminado por sentencia absolutoria o auto de sobreseimiento. 6.ª Haber sido defensor o representante de alguna de las partes, emitido dictamen sobre el pleito o causa como letrado, o intervenido en él como fiscal, perito o testigo. 8.ª Tener pleito pendiente con alguna de éstas. 9.ª Amistad íntima o enemistad manifiesta con cualquiera de las partes. 12.ª Ser o haber sido una de las partes subordinado del juez que deba resolver la contienda litigiosa.
Art. 221.1 LOPJ: 1. El magistrado o juez comunicará la abstención, respectivamente, a la Sección o Sala de la que forme parte o al órgano judicial al que corresponda la competencia funcional para conocer de los recursos contra las sentencias que el juez dicte. La comunicación de la abstención se hará por escrito razonado tan pronto como sea advertida la causa que la motive.
Art. 223 LOPJ: 1. La recusación deberá proponerse tan pronto como se tenga conocimiento de la causa en que se funde, pues, en otro caso, no se admitirá a trámite.
Art. 52 LEC: Los Magistrados, Jueces y Asesores, cualesquiera que sean su grado y jerarquía, sólo podrán ser recusados por causa legítima.
Art. 118 LEC: «Toda persona a quien se impute un acto punible podrá ejercitar el derecho de defensa, actuando en el procedimiento, cualquiera que éste sea, desde que se le comunique su existencia, haya sido objeto de detención o de cualquiera otra medida cautelar o se haya acordado su procesamiento, a cuyo efecto se le instruirá de este derecho. La admisión de denuncia o querella y cualquier actuación procesal de la que resulte la imputación de un delito contra persona o personas determinadas, será puesta inmediatamente en conocimiento de los presuntamente inculpados. Para ejercitar el derecho concedido en el párrafo 1º, las personas interesadas deberán ser representadas por Procurador y defendidas por Letrado, designándoseles de oficio cuando no los hubiesen nombrado por sí mismos y lo solicitaren (...) Si no hubiesen designado Procurador o Letrado, se les requerirá para que lo verifiquen o se les nombrará de oficio si, requeridos, no los nombrasen, cuando la causa llegue a estado en que se necesite el consejo de aquéllos o haya de intentar algún recurso que hiciese indispensable su actuación».
Art. 302 LEC: Las partes personadas podrán tomar conocimiento de las actuaciones e intervenir en todas las diligencias del procedimiento. No obstante, si el delito fuere público, podrá el Juez de Instrucción, a propuesta del Ministerio Fiscal, de cualquiera de las partes personadas o de oficio, declararlo, mediante auto, total o parcialmente secreto para todas las partes personadas, por tiempo no superior a un mes cuando resulte necesario para: a) evitar un riesgo grave para la vida, libertad o integridad física de otra persona; o b) prevenir una situación que pueda comprometer de forma grave el resultado de la investigación o del proceso. El secreto del sumario deberá alzarse necesariamente con al menos diez días de antelación a la conclusión del sumario. Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo previsto en el párrafo segundo del apartado 3 del artículo 505.
Art. 4 LO 5/1997, de 4 de diciembre, de Reforma de la LOPJ: Uno. En el artículo 219 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, se añade un número nuevo, del siguiente o tenor:«12. Haber ocupado el Juez o Magistrado cargo público con ocasión del cual haya podido formar criterio, en detrimento de la debida imparcialidad, sobre el objeto del pleito o causa, sobre las partes, sus representantes y asesores.» Dos. En el artículo 220 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder o Judicial, se añadirá, «in fine», la mención del nuevo número 12. del artículo 219.
Art. 43 LO 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación de la LOPJ: Son causas de abstención y, en su caso, de recusación: 13.ª Haber ocupado cargo público, desempeñado empleo o ejercido profesión con ocasión de los cuales haya participado directa o indirectamente en el asunto objeto del pleito o causa o en otro relacionado con el mismo.
1. Según el TEDH, ¿la imparcialidad judicial debe proyectarse en todas y cada una de las fases de un procedimiento judicial? El TEDH considera que las garantías contenidas en el art. 6 del CEDH se aplican al conjunto del procedimiento, es decir, a todas y cada una de las fases de un procedimiento judicial incluidas la fase de investigación preliminar y la instruccional judicial debido a que, de lo contrario, su falta desde el principio del procedimiento es enormemente perjudicial para el carácter equitativo del proceso.
Según expresa su propia jurisprudencia, el TEDH tiene como objetivo “proteger unos derechos no teóricos o ilusorios, sino concretos y efectivos” y que, obviamente, no debe desentenderse de lo que sucede en las fases que tienen lugar antes del acto del juicio oral. Por tanto, el art. 6 del Convenio, concretamente su apartado tercero, puede aplicarse antes de que intervenga el Tribunal que va a instruir la causa con el fin de evitar que su incumplimiento inicial pueda comprometer de manera grave la equidad del proceso. Además, justamente el apartado 3 c) del artículo recién mencionado ampara la noción de juicio justo en materia penal.
El art. 6.1 CEDH, al garantizar el derecho a un “Tribunal independiente e imparcial” no informa de que este requisito también se extienda al Juez instructor el cual no tiene que decidir sobre el fundamento de una “acusación en materia penal”. Aun así, debido a que las actuaciones del Juez instructor influyen de manera directa e ineludible en el trámite y, consecuentemente, a la equidad del proceso posterior (incluyendo el acto judicial) el TEDH considera que aunque algunas de las garantías incluidas en el art. 6.1 CEDH pueden no aplicarse en la fase de investigación, el derecho a un juicio justo del que gozan los ciudadanos en sentido amplio implican, sin duda, que el Juez instructor también debe ser imparcial. Además, el tribunal también ha remarcado la importancia de la fase sumarial dado que las pruebas obtenidas en esta fase determinan el marco en el cual se examinará en el juicio el delito que se imputa.
El derecho español ha llegado a la misma conclusión debido a que el Juez Instructor es quien debe instruir y acopiar elementos de prueba de cargo y de descargo. Así pues, el CEDH refuerza la protección ofrecida en el campo interno regido por su principio de subsidiariedad.
En conclusión, en la STC que nos ocupa, el TEDH constata que al reconocer el TC que el Juez de Instrucción es “director de la instrucción” y “Juez de Garantías” requiere que éste sea objetiva y subjetivamente imparcial por su adopción de ciertas medidas cautelares que afectan directamente a los derechos fundamentales de los ciudadanos sometidos a una investigación penal. Este hecho se acentúa en el momento en que el titular del Juzgado Central de Instrucción núm. 5 acordó la prisión provisional sin fianza del demandante y en que el demandante fue juzgado y condenado en una única instancia por el TS.
Según la opinión que el Juez Zupan formula en su voto particular, ¿consideras que la figura del “juez instructor” es tan contradictoria con el principio de imparcialidad judicial como lo es el propio Juez Zupan? El Juez Zupan afirma que una persona que tiene un prejuicio es “alguien que saca conclusiones prematuras o se basa quizás en criterios carentes de pertinencia en el plano jurídico”. En su voto particular afirma rotundamente que la figura del Juez de Instrucción es una contradicción en los términos basándose en que “un juez, un árbitro, un tercero imparcial, etc.
es alguien que recibe informaciones de ambos lados”. Por tanto, “no puede instruir en el sentido jurídico de la palabra sin contemplar primero una hipótesis en cuanto al hecho histórico que instruye“. ¿Alguien que se forma un criterio sobre un hecho histórico pasado no reproducible puede de hecho ser considerado imparcial? El Juez Zupan cree que todos los hechos jurídicos son históricos y no reproducibles, por lo tanto, no tiene la ventaja que tienen los científicos para verificar sus hipótesis teniendo en cuenta que ellos tienen la suerte de ver como los fenómenos se reproducen de la misma forma en varias ocasiones y pueden refutarlas. Teniendo en cuenta esta realidad, el autor del voto particular considera que “es aún más importante que un proceso que tiene muchas posibilidades de violar los derechos procedimentales, constitucionales y fundamentales, sea imparcial”. Por todo lo expuesto, considera que si el Juez Instructor comete algún error en la primera fase del procedimiento, todo lo siguiente es objeto de apelación.
En conclusión, el Juez Zupan opina que la única manera de librarse de todos los errores y vicios que habrían podido haber existido en el primer sumario es que el segundo Juez de Instrucción hubiera eliminado completamente el sumario instruido por su predecesor. Aun así, también admite que los testimonios obtenidos en el curso de los primeros interrogatorios también seguirían viciados, vicios que en este caso no se podrían subsanar.
Personalmente, una vez analizada la opinión del voto particular, considero que el Juez Zupan cae en el error de pensar que la figura del Juez de Instrucción es contradictoria al exigir que no haya ni un índice se subjetividad. Es un reto imposible garantizar una imparcialidad absoluta ya sea de un Juez de Instrucción o de otra tipología teniendo en cuenta que tanto la personalidad, la genética y, sobretodo, las experiencias vividas entre otros son grandes condicionantes que, por mucho que intentemos evitarlo, siempre estarán presentes. De este modo, pienso que cualquier tercer neutral debe intentar maximizar la imparcialidad en la fase inicial del procedimiento dado que es esencial para que todos los ciudadanos gocen de lo que conocemos como “derecho a un juicio justo”, hecho que ya se trata de maximizar privando a dicho Juez de participar en el juicio posterior debido a que ya estaría condicionado por el transcurso de la fase de instrucción.
2. ¿Cómo aprecia el TEDH la posible conculcación de la imparcialidad de un órgano jurisdiccional? Analiza brevemente los conceptos “trámite objetivo” y “trámite subjetivo” que utiliza el TEDH.
El TEDH distingue entre el trámite subjetivo que “trata de determinar lo que pensaba el juez en su fuero interno o cuál era su interés en un asunto particular” y el trámite objetivo que “lleva a determinar si ofrecía unas garantías suficientes para excluir a este respecto cualquier duda legítima”.
Para analizar si existe en un caso concreto una razón legítima para pensar que puede haber falta de imparcialidad cabe tener en cuenta el punto de vista del interesado. El elemento principal para determinar si ha habido existencia o no de conculcación de la imparcialidad consiste en averiguar si sus aprensiones pueden considerarse objetivamente justificadas.
En referencia al trámite subjetivo, el TEDH considera que “la imparcialidad personal de un magistrado se presume salvo prueba en contrario”. Por lo que hace el tipo de prueba exigido, ha intentado verificar “el fundamento de las alegaciones según las cuales un Juez había dado muestras de hostilidad o mala voluntad respecto al acusado o, movido por razones de orden personal, se las había arreglado para que se le asignara un asunto”. El Tribunal afirma que es muy dificultoso establecer una violación del art. 6 del Convenio por parcialidad subjetiva, llevando como consecuencia que normalmente deba acudir al ámbito objetivo para sentenciar.
Aun así, la frontera entre ambas nociones no está cerrada debido a que el comportamiento del juzgador no es el único elemento que puede “suscitar dudas objetivamente justificadas en cuanto a su imparcialidad (trámite objetivo) sino que puede igualmente referirse a sus convicciones personales (trámite subjetivo)” Analizando la jurisprudencia del TEDH, podemos identificar dos situaciones susceptibles de denotar una falta de imparcialidad del Juez: en primer lugar y de orden funcional, aquellos casos en que “el comportamiento personal del Juez no se ha puesto en entredicho pero en los que, por ejemplo, el ejercicio por la misma persona de distintas funciones en el marco del proceso judicial o la relación de jerarquía o de otro tipo con otro actor del proceso suscita dudas objetivamente justificadas en cuanto a la imparcialidad del tribunal, el cual no responde a las normas del Convenio según el trámite objetivo”; en segundo lugar y de orden personal, el comportamiento de los jueces en un caso concreto. Desde la objetividad, dicho comportamiento puede ser suficiente para sustentar un “temor legítimo y objetivamente justificado, pero también puede traer como consecuencia problemas en el marco del trámite subjetivo e incluso “evidenciar prejuicios personales por parte de los jueces”.
3. En este caso concreto, desde la óptica del “trámite objetivo”, ¿el TEDH aprecia que se ha vulnerado el principio de la imparcialidad judicial? ¿Cómo lo argumenta el TEDH? ¿Considera el TEDH que desde la perspectiva del trámite subjetivo se ha conculcado el derecho a la imparcialidad judicial? Desde la óptica del trámite objetivo, para empezar, el demandante de la STC que nos ocupa alega ante el TEDH que existían dudas legítimas en referencia a la imparcialidad del Juez instructor de la Audiencia Nacional debido, por un lado, a la mala relación entre él y el juzgador y, por otro lado, la relación entre el Juez de Instrucción y el objeto de la causa por el cargo que estuvo ejercitando este último en el Ministerio de Interior, el cual habría permitido al Juez de adquirir unos conocimientos extraprocesales que quebrantarían de manera significativa la apariencia de imparcialidad.
El 29 de julio de 1998 se reformó la LOPJ a través de las Leyes Orgánicas 5/1997 y 19/2003 en virtud de los cuales se añadió una nueva causa de abstención o recusación de los jueces a las ya existentes en el art. 219 LOPJ. La exposición de motivos de dicha Ley afirma que “los Jueces y Magistrados que fueran elegidos miembros de una Cámara legislativa y los que desempeñaran cargos políticos o de confianza habrían de pasar tres años de excedencia forzosa antes de reintegrarse al servicio en plaza o destino que comporte el ejercicio de la potestad jurisdiccional”. El art. 4 de esta Ley añadía con la reforma una nueva causa de abstención que consiste en “haber ocupado el Juez o Magistrado cargo público con ocasión del cual haya podido formar criterio, en detrimento de la debida imparcialidad, sobre el objeto del pleito o causa, sobre las partes, sus representantes y asesores”.
A parte de la comisión rogatoria que reclamaba a las autoridades francesas el sumario del procedimiento seguido en Francia en relación con el secuestro de S.M., no tuvo lugar ningún acto sumarial importante antes de que el Juez pidiera la excedencia voluntaria para presentarse candidato por el PSOE en las Elecciones Generales de junio de 1993 y ocupara seguidamente otro cargo en el Gobierno. No se reanudó la instrucción del sumario hasta la reincorporación del Juez a su destino en el Juzgado Central de Instrucción núm.5, lo cual tuvo lugar días después de dimitir de su cargo de Delegado del Gobierno.
Dicho esto, cabe investigar si, al igual que piensa el autor del voto particular, “las funciones como Delegado del Plan Nacional sobre Drogas desempeñadas por el Juez de Instrucción en el Ministerio del Interior plantea un problema en cuanto a la imparcialidad del interesado una vez reincorporado a su plaza”. El Tribunal considera que tanto el demandante como el Juez Instructor de la Audiencia Nacional eran Secretarios de Estado en el Ministerio de Interior. Por tanto, “no ha de excluirse el contacto del Juez con miembros de determinados Cuerpos de la Seguridad del Estado y el conocimiento acerca de la gestión de los fondos reservados asignados al referido Ministerio”.
El Tribunal apoya que “es el hecho de que el Juez hubiera desempeñado una función pública, el contacto con ciertas personas en dicho entorno y el inmediato regreso a la función judicial instructora en la causa penal que aún se hallaba abierta contra, entre otras, estas personas, lo que da origen a la alegación de ausencia de imparcialidad objetiva” y afirma que la reforma legislativa que supuso la LO de 4 de diciembre de 1997 pretendía “un mayor distanciamiento entre el quehacer público no judicial y el ejercicio de la potestad jurisdiccional”. Es necesario concretar que esta nueva causa de recusación fue legalmente introducida después de haberse formulado la recusación por el demandante, aunque el tribunal dice no estar limitado por las causas de recusación previstas por las legislaciones internas ya que la finalidad de la causa de abstención es “suprimir las esferas de intereses yuxtapuestos que hubieran podido coincidir”.
En conclusión, el tribunal estima que la imparcialidad del titular del Juzgado Central de Instrucción núm.5 está en entredicho considerándose los temores del demandante objetivamente justificados. Por tanto, cuando se reintegró en su destino tras la excedencia voluntaria para poder presentarse candidato en las Elecciones Generales de 1993 y reinició la actividad sumarial, efectivamente el Juez de Instrucción no respondía al criterio de imparcialidad que amparado en el art. 6 del Convenio.
En cuanto al trámite subjetivo, en la STC el demandante hace hincapié en la enemistad que el Juez Instructor mostró hacia él por culpa de su rivalidad política y de su deseo de gozar del mando directo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado refiriéndose a los conocimientos extraprocesales sobre los hechos y procesados que el Juez Instructor habría adquirido. Aun así, el TEDH no tiene el convencimiento total de que la conducta del titular del Juzgado Central de Instrucción núm. 5 mostrara prejuicios personales. El tribunal se justifica en que sólo fue Secretario de Estado durante 28 días con el mismo rango y a la vez que el demandante y en que las funciones de uno y otro distaban mucho.
En conclusión, el Tribunal considera que la imparcialidad está en entredicho y que “no ha lugar a examinar la queja según la cual el comportamiento del referido Juez vulneró, desde el punto de vista subjetivo, el derecho del demandante a un tribunal imparcial”.
4. Finalmente, según el TEDH, ¿se ha producido una vulneración del derecho a un juez imparcial según prevé el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos? ¿Cómo llega a su conclusión el Tribunal? Para empezar, el TEDH considera que para analizar si un procedimiento se ha llevado a cabo bajo las exigencias de la imparcialidad y el proceso equitativo contenidas en el art. 6.1 CEDH es necesario decidir sobre la base de una valoración del procedimiento en su totalidad.
Además, el Tribunal aclara que corresponde a la legislación y a los tribunales nacionales sustituir con su propia valoración de los hechos y de las pruebas la de los tribunales internos debido a que su tarea se basa en asegurarse de que han sido propuestos los medios de prueba de manera que pueda garantizarse la imparcialidad.
Por un lado, el Tribunal empieza afirmando que en el momento en que el TS declaró culpable al acusado lo hizo basándose en un conjunto de pruebas que concluían a su clara culpabilidad.
En primer lugar, el Tribunal tuvo en cuenta las nuevas declaraciones de 4 coencausados que se inculparon a ellos mismos y al demandante a partir de julio de 1995 tanto en el Juzgado de Instrucción núm. 5 como en el TS. El TEDH considera que el TS constató “las buenas relaciones existentes entre los 4 coencausados y el demandante y la ausencia de motivos como por ejemplo la venganza, el deseo de propia exculpación o de obtener alguna ventaja procesal”.
En segundo lugar, también tuvo en cuenta “algunos documentos del CESID que mencionaban distintas operaciones que podían realizarse en Francia en el marco de la lucha antiterrorista, la imposibilidad de actuar, para las personas en cuestión, sin la aprobación del responsable del Ministerio de Interior (entre ellos el demandante) y el hecho de que no se hubiera promovido ninguna investigación seria sobre la posible estancia en España de S.M., entre otros”.
Finalmente, el Tribunal rechazó basar su fallo en pruebas obtenidas a través de escuchas de las conversaciones telefónicas entre J.B. y J.S. sin autorización judicial constatada.
Por otro lado, el TEDH recuerda que corresponde a los tribunales internos tanto apreciar la pertinencia o imparcialidad de las declaraciones de los coimputados como considerar si estaban motivados por un deseo de venganza u otros motivos similares o, en cambio, trataban de asegurarse la impunidad. En cuanto a esto, el Tribunal considera que el TS se encargó adecuadamente de motivar y razonar su decisión a este respecto. Así pues, la circunstancia de que algunas de estas declaraciones provinieran de coencausados y no de un testigo no es pertinente. Consecuentemente, debido a que tanto si efectúa una declaración un testigo stricto sensu como un coencausado es igualmente susceptible de sustentar la condena del reo, constituye una prueba testifical de cargo y se le aplican las garantías previstas en el primer y tercer apartado del art. 6 del Convenio.
Además, el Tribunal recuerda que la valoración de la prueba corresponde primordialmente al Tribunal sentenciador ya que realmente corresponde a los tribunales internos interpretar los hechos y la legislación interna y, consecuentemente, la apreciación del Tribunal de los hechos y la legislación no sustituye la de éstos cuando no pueda calificarse como arbitraria sustentándose en que los tribunales internos son los responsable de velar por el “buen desarrollo de sus propios procedimientos”.
En conclusión, el TEDH considera que el TS sentenció de forma ampliamente motivada ya sabiendo que él mismo no es competente para volver a analizar las pruebas y controlar o reemplazar a los órganos judiciales internos en la interpretación de las pruebas en las cuales se apoya la consecuente condena. Por tanto, considera que “no revela ninguna vulneración de los derechos de la defensa del demandante imputable al tribunal en cuestión, ya que esta última se sometió a contradicción en el acto del juicio oral” y “el hecho de que el demandante fuera condenado como resultado de este proceso no es suficiente para que el Tribunal concluya que hubo una violación de las disposiciones del Convenio que invoca” concluyendo que no ha habido una vulneración ni del art.6.1 del Convenio ni del 6.2.
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