Tema 4 3/4 (2016)

Resumen Español
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Criminología - 2º curso
Asignatura Tipologías penales
Año del apunte 2016
Páginas 6
Fecha de subida 08/04/2016
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Coacciones vinculadas a la violencia de género y doméstica El Ap. 2 del art. 172 castiga como delito menos grave coacciones leves sobre quien sea o haya sido esposa del autor, o mujer que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad, aun sin convivencia.
La conversión en delito menos grave, iuris et de iure, de conductas coercitivas constitutivas de delito leve, requiere que se den unidos dos elementos: a) la condición sexual, de hombre en el autor y de mujer en la víctima, y b) una relación de afectividad (matrimonial, de hecho o simple noviazgo sin necesidad de convivencia), que les vincule o vinculara.
Inciso I: Tipo básico que prevé como pena alternativa a la prisión la de trabajos en beneficio de la comunidad. Inciso II: Protección análoga a sujetos “especialmente vulnerables” que convivan con el autor. Inciso III: Subtipo agravado que pretende ampliar la protección preservando la indemnidad emocional de los menores, la pacífica convivencia en el domicilio de la víctima o las penas y medidas de seguridad dictadas en protección de las víctimas de violencia de género. Inciso IV: Cláusula de moderación mediante arbitrio judicial de las posibles penas a imponer, consciente el legislador que las anteriores conductas tipificadas pueden quebrantar el principio de proporcionalidad penal.
Se impondrá la pena en su mitad superior cuando el delito se perpetre en presencia de menores, o tenga lugar en el domicilio común o en el domicilio de la víctima, o se realicen quebrantando una pena de las contempladas en el art.
48 o una medida cautelar o de seguridad de la misma naturaleza.
El nuevo delito leve de coacciones Se introduce un nuevo Ap. 3 mediante el cual, por un lado, se crea un nuevo delito por el que las coacciones leves se elevan a la categoría de delito leve. Por otro lado, aparece un subtipo agravado de coacción para cuando dicha amenaza leve se dirija a un círculo de sujetos especialmente protegidos. La diferencia entre el delito menos grave y el delito de leve de coacciones es cuantitativa erigiéndose el criterio sobre la levedad de la violencia ejercida. Serán delitos leves las conductas coactivas de violencia no insignificante, debiéndose valorar su intensidad tomando como referencia los medios empleados, las características personales de los sujetos, el factor ambiental, así como cualquier otro elemento concurrente en el desarrollo de la acción.
Penalidad, el legislador también ha aprovechado la reforma no sólo para configurar como delito leve las antiguas faltas de coacciones, sino también para aumentar su pena. Así para las coacciones leves la pena de multa pasa de una du- ración de diez a veinte días a un nuevo vector temporal de uno a tres meses. Las coacciones leves del subtipo agravado, referente al círculo de sujetos especialmente protegidos del art. 173. 2, también sufren un aumento de la punición previéndose alternativamente la pena de localización permanente de cinco a treinta días, la de trabajos en beneficio de la comunidad y la pena de multa de uno a cuatro meses. Perseguibilidad, las coacciones leves comunes —al tratase de un delito semipúblico— requieren de la interposición de denuncia de la persona agraviada o de su representante legal, no así las coacciones leves del subtipo agravado previsto en el segundo inciso.
IV. DETENCIONES ILEGALES. SECUESTRO Artículos 163–168 CP Tipo básico Artículos 161 CP La conducta típica consiste en encerrar o detener a otra persona con la consiguiente privación de libertad del sujeto pasivo. El precepto establece así dos modalidades comisivas: encerrar (privar de libertad ambulatoria dentro de unos límites espaciales de largo, ancho y alto) y detener (privar de libertad de movimiento sin encierro). El tipo no exige medios comisivos determinados.
El tipo no exige para su realización la prolongación por un tiempo concreto. El delito se consuma en el mismo momento en que la víctima queda privada de libertad, pero como delito permanente sigue consumándose hasta que cesa la situación antijurídica. Cabe tentativa siempre que no se haya materializado el encierro o la detención. También se prevé el castigo de la provocación, la proposición y la conspiración (vid. art. 168 CP). En cuanto al grado de atenuación de la pena en caso de tentativa, se procede a rebajarla en dos grados, teniendo en cuenta: a) que el peligro inherente al ataque duró un breve lapso de tiempo; y b) que el art. 163.2 ya contempla la rebaja de la pena en un grado para supuestos de detención consumada.
Se trata de un delito común, por lo que cualquier persona puede ser sujeto activo del delito. Cuando el autor del delito es Autoridad o funcionario público, hay que acudir al subtipo agravado previsto en el art. 167 (siempre que actúe en el ejercicio de sus funciones). Según jur.may., sujeto pasivo de este delito también puede ser un menor de edad o una persona discapacitada.
Respecto al tipo subjetivo, no hace falta un dolo específico o un elemento subjetivo del injusto.
En relación con la autoría y participación, jur. may. aprecia autoría mediata cuando se utiliza a la policía y al Juez como instrumentos que actúan conforme a derecho.
El TS se decanta por la cooperación necesaria en supuestos como los siguientes: atender las llamadas tele- fónicas en nombre de los secuestradores, e indicarles el pago del precio del rescate; proporcionar la primera casa en donde fue encerrada la víctima, contratar los servicios del taxi en que fue trasladada a Málaga y acompañar en el viaje a los que la custodiaban conduciendo su propio coche; vigilar permanentemente a la víctima, coaccionando con su presencia intimidatoria a que ésta suscribiese cuanto se le presentaba.
La delimitación respecto del delito de coacciones (art. 172) plantea gran- des dificultades.
Jur.may. considera que el delito de detención ilegal desplaza al de coacciones, en aplicación del principio de especialidad. Entre los criterios utilizados por la jurisprudencia para delimitar ambas figuras destacan: a) el tiempo de la detención (no se aprecia detención ilegal ante privaciones de libertad instantáneas y fugaces,; b) los medios comisivos (no se exige violencia en la detención ilegal y sí en las coacciones; c) la finalidad de la privación de libertad (en la detención ilegal se exige el propósito claro y concreto de privar de la capacidad de movimientos a la víctima, durante cierto tiempo, por mínimo que sea.
Problemas concursales: a) especiales dificultades se plantean en relación a los delitos de robo con intimidación y agresiones sexuales Según reiterada jur. del TS: cabe distinguir tres supuestos: 1º Si existe coincidencia temporal entre el hecho de la agresión sexual o del robo y el de la privación de libertad ambulatoria, procede aplicar un concurso de leyes; 2º Si la dinámica comisiva desplegada requiere la previa inmovilización de la víctima, desarrollándose el episodio en un prolongado período de tiempo durante el cual simultáneamente se está produciendo el despojo patrimonial y el atentado a la libertad, se debe apreciar un concurso ideal o medial de delitos; 3º Si la duración e intensidad de la privación de libertad se aparta notablemente de la dinámica comisiva del delito al que acompaña último, hay que aplicar un concurso real de delitos.; b) En relación a los delitos contra la integridad moral, se aprecia concurso real. La detención de varias personas determina la aplicación de un concurso real.
Tipos agravados Detención ilegal de duración superior a 15 días (art. 163.3). El Ap. 3 es considerado por la doctrina como un subtipo agravado cuyo fundamento se basa en el mayor desvalor del hecho derivado de la mayor duración de la privación de libertad.
Secuestro (art. 164). Constituye una detención cualificada por el hecho de exigir alguna condición para poner en libertad a la víctima. La condición no tiene que ser necesariamente de carácter económico. El TS viene entendiendo que la condición puede dirigirse a la propia víctima o a un tercero, aunque reconoce que “generalmente se concreta en la exigencia de una actividad externa y ajena al propio sujeto pasivo”.
El mayor desvalor del hecho deriva precisamente de condicionar la puesta en libertad a la actuación de un tercero, de modo que la víctima pierde todo poder de decisión. Pese a que el precepto se refiere a poner en libertad a la persona secuestrada, un sector de doc. y jur. se plantea la posibilidad de aplicar el tipo de secuestro en supuestos de solicitud de rescate de persona fallecida. Se interpreta que lo decisivo es que el destinatario de la condición crea que todavía puede conseguir poner en libertad al secuestrado.
La pena del secuestro (6 a 10 años de prisión) se eleva a la superior en grado (10 a 15 años de prisión) si el secuestro dura más de 15 días, y se rebaja a la inferior en grado (3 a 6 años de prisión) “si el culpable diera libertad al encerrado o detenido dentro de los tres primeros días de su detención, sin haber logrado el objeto que se había propuesto”. La pena se disminuye a la inferior en grado (3 a 6 años de prisión) “si se dieren las condiciones del artículo 163.2” , esto es, si el autor deja en libertad a la víctima “dentro de los tres primeros días de su detención, sin haber logrado el objeto que se había propuesto”.
Detención ilegal practicada con simulación de autoridad o de función pública; o cuando la víctima es menor de edad, incapaz o funcionario público en el ejercicio de sus funciones. El precepto agrava la pena (mitad superior) cuando el sujeto activo ejecuta el hecho: a) con simulación de autoridad o de función pública; b) cuando la víctima es menor de edad, incapaz o funcionario público en el ejercicio de sus funciones. La doctrina considera que para aplicar el subtipo agravado es necesario que el autor conozca la especial condición de la víctima.
No dar razón del paradero del sujeto pasivo (art. 166). El Ap. 1 prevé un tipo agravado especialmente polémico. Castiga con penas que superan los 10 años prisión al reo de detención o secuestro que no dé razón del paradero del detenido.
No dar razón del paradero del sujeto pasivo en condiciones especiales (art. 166.2). El Ap. 2 prevé un subtipo agravado que atiende a dos circunstancias: a) la condición del sujeto pasivo; b) la intención del autor. La agravación de la pena es obligatoria tanto en el caso de víctima “menor de edad o persona con discapacidad necesitada de especial protección” como en el supuesto de realizar la conducta típica “con la intención de atentar contra la libertad o indemnidad sexual de la víctima”.
El precepto no exige que se haya dado inicio a la ejecución de un abuso o agresión sexual.
Con ello, se convierte en punible lo que vendría a ser un acto preparatorio de autor individual, por regla general, impune en nuestra legislación.
Detención ilegal o secuestro cometido por autoridad o funcionario público (art. 167.1). El precepto recoge un subtipo agravado que tiene mucha relevancia práctica (detención ilegal policial). Se sanciona a la autoridad o funcionario público que, “sin mediar causa por delito” y “fuera de los casos previstos en la ley”, cometiere alguna privación de libertad de las descritas anteriormente. Se trata de un delito especial impropio, según doc. may., y de un tipo cualificado, según doc. min. El precepto plantea un problema de delimitación con el art. 530, pues ambos tipos describen situaciones en las que la autoridad o funcionario público priva de libertad a un particular (vid. arts. 529-533). También plantean dificultades interpretativas los supuestos de privación de libertad en que el funcionario actúa como particular, sin que su actuación tenga nada que ver con el ejercicio de sus funciones.
Privación de libertad practicada por funcionario público o autoridad, sin reconocimiento de la misma u ocultando su paradero, privándola de sus derechos constitucionales o legales. Lo que se pretende es evitar que las privaciones de libertad legales ab initio que acaban constituyendo un supuesto de desaparición forzada queden fuera del ámbito de aplicación del art. 530 (tipo privilegiado) y se incluyan en el art. 167. La ilegalidad de la detención no procedería ya sólo de la vulneración de las garantías constitucionales o legales, sino de un elemento específico previsto en este nuevo apartado: el no reconocimiento de la situación de privación de libertad o el ocultamiento de dicha situación o paradero de la persona privada de libertad. Parte de la doc. interpreta que el precepto introduce un “delito de sospecha” puesto que de la falta de reconocimiento o del ocultamiento se derivaría la sospecha de que la persona desaparecida ha muerto.
También se afirma que de no ser así sería muy difícil justificar la elevada pena que el delito tiene prevista.
Privación de libertad practicada por particular, sin reconocimiento de la misma u ocultando su paradero, con el apoyo o la aquiescencia del Estado, privándola de sus derechos constitucionales o legales. Esta segunda modalidad típica, además de ser cuestionable en atención al principio de culpabilidad, plantea diversos problemas interpretativos.
Cuando el legislador incrimina la conducta del particular que practica la privación de libertad con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, no precisa a qué hechos se está refiriendo. Este delito, cometido por particular y agravado por el hecho de contar con la intervención activa u omisiva del Estado, introduce una suerte de responsabilidad por hecho ajeno, difícilmente compatible con el principio de culpabilidad.
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