Tema 5. recepción de derecho comun (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Derecho - 1º curso
Asignatura Història del Dret
Profesor M.T.O.O.
Año del apunte 2016
Páginas 37
Fecha de subida 26/10/2017
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Tema 5

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Tema 5. La recepción del derecho común en los diferentes reinos hispánicos durante la Baja Edad Media 1. La recepción del derecho común Por derecho común —ius commune— entendemos la obra creada por glosadores y comentaristas a partir de los estudios desarrollados en Bolonia sobre los textos de derecho romano justinianeo, de derecho feudal y de derecho canónico, acompañados de las interpretaciones que los mismos juristas hicieron.
Hasta ahora hemos hablado de la difusión del derecho común, de cómo la tarea llevada a cabo por los juristas de Bolonia sobre la compilación justinianea, sobre los textos canónicos y feudales se fue conociendo y difundiendo por diferentes medios desde los centros de estudio.
En cambio, con la expresión “recepción del derecho común” lo que hacemos es aludir al proceso de llegada, de asunción y de asimilación del derecho común en los diversos territorios europeos.
1.1. Planteamiento y concepto La idea de recepción condiciona la llegada de nuevos libros glosados. Estos nuevos libros incluyen tanto los textos legales como las obras de los juristas en que se exponen estos derechos. Los libros ordinarios de derecho civil y de derecho canónico circulaban independientemente.
La difusión en los reinos peninsulares de este derecho común —conocido como derecho de la recepción— se produjo a partir del siglo XII mediante una vía escrita y una oral.
Como “recepción” significa “recibir cualquier cosa que viene de fuera” conviene prestar atención a cómo los diversos territorios peninsulares resolvieron la incorporación de este nuevo elemento en los ordenamientos jurídicos respectivos, momento a partir del cual se podrá hablar ya de recepción del derecho común en un territorio determinado.
Se puede considerar que la recepción del derecho común deja de ser un fenómeno estrictamente cultural para pasar a ser la recepción de un nuevo derecho, de un ordenamiento jurídico más al cual se puede recurrir para resolver conflictos.
En los siglos XII-XIII se produjo un cambio de planteamieno en los glosadores que abrió el camino con tal de que los civilistas, canonistas y feudalistas pudiesen tener una colaboración más estrecha, demostrada en la incorporación del derecho feudal dentro de el corpus iuris. En este acercamiento que se comenzó a producir entre el ius civile y el ius canonicum permitó hablar de utrumque ius para referirse a ambos.
El ius commune se plantea como un sistema resultante de la reducción en la unidad del utrumque ius, fruto de una doctrinal obra de juristas. El sistema construido del ius commune no se puede identificar como un derecho vivido. Se evidencia así que no puede haber un sistema de derecho común, sino que lo que hay es una harmonización, desde los derechos propios, de estos derechos y de los derechos comunes.
1.2. Causas de la recepción y reacciones El ansia de saber impulsó la difusión del derecho común. Los nuevos juristas formados en el estudio del nuevo derecho fueron bien acogidos en las cortes de los monarcas peninsulares, de los señores territoriales, de las dignidades eclesiásticas. La reforma administrativa que significó una especialización de los órganos de la corte fen causa de esta recepción. La compleja organización política habrá de contar con los juristas formados en el nuev derecho.
Las reacciones fueron contradictorias según las ventajas e incovenientes: se mostraron favorables al derecho de la recepción los monarcas, los habitantes de las ciudades y los juristas; y se mostraron contrarios tanto la nobleza como los campesinos.
Entre otras razones, hay que tener en cuenta que el nuevo derecho solucionaba los mismos problemas con criterios muy diferentes de los que utilizaba el antiguo derecho, circunstancia que provocó una notable inseguridad jurídica. A partir de este momento, el derecho común se invoca, se aplica y se estudia en la Península.
Alrededor de estos centros, se discute si se desarrollaron centros de copia de textos jurídicos, pero se sabe que en el siglo XII se copiaron algunos manuscritos jurídicos en la Península. Otro testimonio es la aparición de obras jurídicas, relativas al derecho común, hechas en la Península y que son de juristas peninsulares, profesores de centros extranjeros; en el siglo XVIII, en cambio, se ve vinculada a la actividad legislativa de los reyes y de los municipios. Otro testimonio es la de los estudiantes que volvían a sus territorios educados en el derecho común y que pasarán a ser los encargados de poner en práctica sus conocimientos, a la vez que serán las personas preparadas para ocupar los cargos oficiales, sino es que se dedican a otras salidas profesionales — abogados—.
Para conocer el grado de asimilación del ius commune en cada uno de los territorios peninsulares con derecho propio, habrá que acudir a ver las soluciones que en cada uno de éstos se adopta hasta llegar al orden de prelación de fuentes respectivo.
2. Castilla La Corona de Castilla integraba León, Castilla, las dos Extremaduras (la leonesa y la castellana), las comunidades vascas, el reino de Toledo, el de Murcia y la mayor parte de Andalucía. El Reino de Navarra se anexionó a la Corona de Castilla (siglo XIII).
2.1. La progresiva afirmación de la potestad de crear derecho de los monarcas castellanos En la Corona de Castilla había una concepción subjetiva del derecho que había hecho aparecer una organización sociopolítica en pequeños centros de convivencia autónomos. Dentro de estos centros, los poderes municipales y señoriales disfrutaron de un derecho propio, de origen consuetudionario, llamado fuero. Los fueros eran ordenamientos jurídicos completos, por lo que no hacía falta recurrir a ningún otro ordenamiento para llenar las lagunas legales que pudiesen surgir. Al lado de estos derechos particulares, había una pervivencia del Liber Iudiciorum: con la recepción del ius commune, el Liber se interpretó según los principios propios del derecho romano justinianeo quod principi placuit, legis habet vigorem —lo que place al príncipe tiene fuerza de ley— y princeps legibus solutus est —el príncipe se encuentra desvinculado de la ley— Los monarcas bajomedievales se consideraron titulares de la potestas regalis y, además de identificarse como un poder judicial supremo, se presentaron como creadores de derecho. Con la recuperación de las ideas del derecho romano, se volvió a considerar que el derecho romano era obra de los hombres, aunque la justicia continuó identificándose con la justicia divina.
La asunción por parte de los monarcas de la titularidad de la creación del derecho se produjo con dificultades, y por eso, al comenzamiento de esta tarea creadora, fue equivalente a mejorar el antiguo y buen derecho, es decir, los fueros y las costumbres.
Cuando por fin se consiguió afirmar su poder de crear derecho, este nuevo derecho debía tener los requisitos de no ir contra Dios, contra la natura o contra la razón.
Cuando al final del siglo XV los reyes castellanos consiguieron imponerse como creadores del derecho, sin tener como límite ningún otro derecho humano, se comenzó a formar el concepto de soberanía, propio de la Edad Moderna. Los primeros monarcas que se manifestaron como legisladores fueron Alfonso IX de León y Alfonso VIII de Castilla. Ferrán III impulsó las pretensiones legisladoras de los monarcas con la conquista y la repoblación de los territorios ocupados por los musulmanes en Andalucia y Murcia, llevando a cabo una repoblación de las tierras mediante un Libro de Repartimiento y estableciendo como nuevo derecho un Libro de Fuero.
Los Libros de Fuero recogían el derecho propio y exclusivo de cada ciudad, de las cuales tomaban el nombre, pero en realidad, todos estos libros tenían el mismo contenido: el Fuero Juezgo, que era una traducción al castellano del Liber Iudiciorum (ej. Fuero de Córdoba, Fuero de Murcia, Fuero de Alicante, Fuero de Sevilla). Eran normas particulares que, en el territorio donde regían, funcionaban como ordenamientos jurídicos generales y completos. De acuerdo con lo que establecía el Liber Iudiciorum, quien establecía lagunas legales y daba nuevas leyes era el monarca.
A la muerte de Ferrán III, los diferentes territorios integrantes de la Corona de Castilla presentaban diferentes tradiciones jurídicas: • En el reino de León aparecieron derechos municipales y señoriales que no llegaron a desarrollarse a causa de la consideración del Liber Iudiciorum. El arrelamiento del Liber en León se debió a la existencia de núcleos de población mozárabe en sus territorios.
• En el reino de Toledo, conquerido tardíamente y con una amplia población mozárabe, el núcleo del ordenamiento jurídico fue el Liber.
• En las ciudades andaluzas y murcianas se impusieron los Libros de Fuero, derechos particulares que en realidad eran una traducción del Liber.
• En Castilla y en las dos Extremaduras primaba el régimen de libre arbitrio, que daba lugar a las fazañas o sentencias, las cuales creaban un precedente y podían llegar a ser fuero, es decir, derecho.
2.2. La política legislativa de Alfonso X La diversidad de las tradiciones juríicas existentes en los reinos que heredó Alfonso X provocó que éste se propusiera llevar a cabo una tarea legislativa con un triple objetivo: • La unificación jurídica.
• La renovación del ordenamiento jurídico.
• La afirmación del monopolio legislativo del monarca.
La llevó a cabo mediante dos obras jurídicas: el Fuero Real y el Espéculo, aunque redactó una nueva, el Libro de las Siete Partidas. Alfonso X defendía que el monarca era vicario de Dios en la tierra en el ámbito temporal y que Dios lo establecía en su cargo para que hiciese realidad la justicia. Aún dentro de la concepción del poder heredada de la Alta Edad Media, el poder del monarca se entendía como un poder ministerial de origen divino para acabar con las diferencias, litigios y daños.
Los monarcas castellanos se encontraron un texto que confirmaba su poder legislativo: el Liber Iudiciorum, entendido en la Baja Edad Media según el derecho de la recepción.
Los monarcas que legislaban a partir de la mejora del derecho acababan con los malos usos. Además, la identificación del monarca como facedor de leyes fue una novedad bajomedieval, que implicaba imponer la legislación del rey por encima de los fueros municipales y señoriales.
Alfonso X fue radical en su planteamiento: afirmó que el monarca tenía los mismos poderes —o más— que los emperadores porque tenía su reino por herencia y no por elección. Así, el monarca afirmaba su poder legislativo en contra de la pretensión de crear derecho de aquellos que lo habían hecho incluso teniendo un superior en el ámbito temporal mediante el juicio por albedrío, las fazañas y las costumbres.
El Fuero Real Fue un libro de fuero (1255) para Castilla y las dos Extremaduras, territorios donde predominaban los derechos especiales y el juicio por albedrío. La principal afirmación es que el rey tenía el monopolio legislativo, aunque también se avanzó en la unificación jurídica y la renovación del derecho. Con tal de afirmar el monopolio legislativo, además, Alfonso X recondujo todo el derecho a la ley, es decir, combatió los derechos particulares considerando que sólo el monarca podía dar leyes y llenar posibles lagunas legales: el monarca consideraba que esta pretensión no era una imposición real, sino una respuesta a las peticiones de los habitantes del reino, que le habían pedido una mejora del derecho. Esperaba satisfacerlos con un libro que, aún y ser regio, se llamaba Fuero: recogía un derecho general, el único que a partir de entonces sería invocable ante los tribunales de justicia.
Espéculo El monarca quiso profundizar en los propósitos de unificación y renovación jurídicas, y por eso redactó el Espéculo (se dividía en cinco libros, éstos en títulos, y los títulos en leyes; trataban materias de fuente de creación del derecho, derecho canónico, derecho político y derecho procesal). El proyecto de Alfonso X se dirigía a todos los naturales del reino. El motivo principal era que los habitantes de sus reinos se regían por muchos fueros diferentes, fácilmente corrompibles a causa de su diversidad y, por eso, le pidieron que mejorase el antiguo y buen derecho.
El Espéculo pretendía consolidar el monopolio legislativo del monarca y también la renovación y la unificación del derecho. Así, la unificación establecía que era una obra dirigida a todo el mundo y que debían aplicar todos los jueces; por lo que hace a la renovación jurídica, se ejemplificaba en el hecho de que se basaba en el derecho antiguo y bueno, y en la incorporación del derecho de la recepción a la regulación del proceso. Así, como Alfonso X entendía que sólo a él le correspondía el poder de hacer leyes, el fuero se convirtió en un tipo de ley.
El Espéculo se presentó como un único libro de leyes aplicable a los tribunales de justicia. Todas las sentencias dictadas invocando otros libros serían, pues, nulas. El monopolio legislativo del monarca implicaba, asimismo, llenar las lagunas legales e interpretar el derecho. De esta manera, los jueces debían recurrir al rey si faltaba ley aplicable.
Hacia 1256, ofrecieron a Alfonso X la posibilidad de ser elegido como emperador, lo cual provocó el abandono del Espéculo y el inicio de la redacción del Libro de las Siete Partidas.
Las Siete Partidas El ofrecimiento de la corona imperial provocó la decisión de Alfonso X de abandonar el proyecto del Espéculo y comenzó a redactar El Libro de las Siete Partidas. La razón era que el rey no podía ignorar en su libro de leyes el derecho del Imperio y, además, debía incorporar una parte dedicada precisamente a cargo del emperador.
Las Siete Partidas consta de siete partes: I. Fuentes del derecho y derecho canónico.
II. Derecho político.
III. Derecho procesal y derechos reales.
IV. Derecho matrimonial, de familia y de estado de las personas, que incluye materia feudal.
V. Obligaciones y contratos.
VI. Sucesiones.
VII. Derecho procesal.
Su contenido se inspiraba básicamente en el ius commune. Las fuentes no son sólo el Corpus Iuris de Justiniano, las decretales de los papas o los Libri Feudorum, sino también obras de glosadores. La renovación jurídica se materializó en el hecho de que las Partidas fuesen una exposición sistemática del derecho de la recepción. Asimismo, también se consiguió la unificación jurídica con la afirmación de que todos los naturales de los reinos de Alfonso X se debían someter a las normas contenidas en las Partidas, que eran derecho general y completo del reino, aunque el rey podía dictar leyes particulares (privilegios y fazañas).
En las Partidas se mantuvo los tres objetivos anteriores, lo cual quiere decir que no se trataba de mejorar el antiguo y buen derecho. Según esta obra, uso, costumbre y fuero ya no eran fuente de creación del derecho: la única fuente era la ley, establecida por el rey y el emperador. La voluntad del monarca era sinónimo de ley y sus sentencias/opiniones eran ley. Los jueces debían juzgar según las Partidas, así que ellos tampoco podían juzgar por fazañas, excepto cuando éstas fuesen dictadas por el rey.
En el caso de defectos, circunstancia que Alfonso X consideraba casi imposible por la perfección de las Partidas, se debía recurrir al rey, que resolvía dudas y corregía derecho; lo podía hacer contando con la opinión de los sabios en derecho. Las Siete Partidas, no obstante, fueron promulgadas pero su publicación y edición fueron interrumpidas por la rebelión de los nobles y de los burgueses contra la política legislativa de Alfonso X.
El problema de la jurisdicción en la obra de Alfonso X Los jueces debían aplicar las Partidas, lo cual sólo podía conseguirse si el rey los nombraba. Según el Fuero Real, únicamente escaparían del nombramiento regio los árbitros elegidos por las partes.
En las Partidas se hizo una distinción entre diferentes tipos de juez: • Los ordinarios, nombrados por el rey, que se encargaban de hacer justicia y mantener en paz a los pueblos.
• Los delegados, nombrados por los jueces ordinarios.
• Los de avinenza, que eran los árbitros escogidos por las partes.
Alfonso X consideraba que la jurisdicción era sólo del rey. Dentro de la jurisdicción regia se podía distinguir la justicia de sangre o mero imperio, que sólo se podía dar de forma expresa y si se hacía no se rompía la sumisión jerárquica al rey. Esta estructura jerárquica sólo dejaba de existir en caso de que el monarca concediese expresamente las alzadas (los recursos de apelación). Si consideramos la jurisdicción como una pirámide, en la cima encontraríamos el rey, que sería: • Juez supremo a quien se podía apelar.
• Último recurso para aquellos a quienes se denegaba justicia en las otras jurisdicciones.
• El único que podía conocer determinados casos, por razón de la materia o de las personas.
La ley en la obra de Alfonso X Hasta ahora hemos visto cómo en las tres obras de Alfonso X la ley es la única fuente de creación del derecho y su elaboración se encontraba en manos del monarca, lo cual implicaba la desaparición de otras fuentes de creación, el fuero y las fazañas.
Vemos a continuación las características de la ley en la obra Alfonsina: • La ley era la única fuente de creación del derecho.
• Sólo el rey podía hacer ley, aunque ocasionalmente podía permitírselo también a otras personas.
• Las leyes se recogían en Las Siete Partidas, que era lo único aplicable en los tribunales.
• El rey debía convertir la equidad ruda en equidad constituida. Había sido establecido en su cargo por Dios para que hiciese justicia y llevase la paz a su reino; por eso, la ley debía cumplir unas condiciones sin las cuales no se podrían considerar leyes y tendrían que ser corregidas por el monarca. Estas condiciones eran: • • No podía ir contra Dios.
No podía ir contra la razón natural.
No podía ir contra el provecho de la comunidad.
El monarca debía elaborar la ley con el consejo de sus colaboradores.
La ley era un mandato general y por ende se aplicaba a todos; no obstante, eso no impedía que el monarca concediese privilegios (mediante cartas reales) que configuraban situaciones jurídicas particulares a individuos determinados.
- Las cartas reales eran concedidas por el monarca de manera voluntaria o involuntaria, es decir, por las presiones de los individuos que estaban interesados.
Hay de tres tipos: • Cartas reales según el fuero, que se equiparaban a la ley.
• Cartas reales contra el fuero, que eran excepciones contra el derecho general existente, dando lugar a privilegios o derechos particulares. Podían ir contra los derechos de la fe católica (entonces eran nulas), contra los derechos naturales o contra los derechos del rey o del pueblo (aquí se aplicaba la fórmula “obedézcase, pero no se cumpla”).
• Cartas reales fuera de fuero: eran privilegios que debían cumplirse igual que las leyes.
Los titulares de los privilegios debían encargarse de alegar sus derechos particulares dentro de los tribunales, y si no lo hacían así, lo perdían. Pero la interpretación del privilegio correspondía al monarca, igual que su modificación, y es que la actividad del rey sólo encontraba límites en el derecho natural y canónico, pero no en el establecido por los hombres, ni siquiera en el establecido por él mismo. Por eso, el rey podía dar fazañas contra sus leyes, ya que era el encargado de mejorar el derecho existente y podía, en consecuencia, modificar los fueros antiguos y hacer nuevos. En conclusión, lo que se consiguió es simplificar el ordenamiento jurídico castellano y reducirlo a la voluntad del monarca.
2.3. La oposición a la política alfonsina. Las Cortes de Zamora de 1274 La política llevada a cabo por Alfonso X implicaba un ataque directo a los poderes altomedievales (señores y municipios) que veían amenazada su autonomía y sus derechos especiales por la pretensión del monarca de tener en sus manos el poder de creación del derecho, de manera exclusiva.
Hasta ahora, la organización de una jurisdicción estable en el ámbito municipal y señorial había favorecido que los derechos especiales se desarrollasen al margen de la voluntad del monarca, por medio del conocido juicio de albedrío. Fruto de este tipo de juicios eran las sentencias, que se convertían en fazañas y que crearon un precedente porque se convirtieron, incluso, en fuero. No fue casual, entonces, que Alfonso X, en su primera obra (el Fuero Real) prohibiese juzgar por fazañas que no fuesen las suyas.
Este ataque al poder por parte de señores y municipios se plasmó también en la recuperación de la jurisdicción por parte del rey, la cual era originariamente del monarca, pero la cedió con unas condiciones determinadas o la delegó con un contenido objetivizado. Alfonso X pretendió nombrar a los jueces, lo cual se puede interpretar como una actuación contraria a los intereses de los titulares de la jurisdicción cedida y comportaba para ellos una amenaza, no sólo política, sino también económica ya que significaba que las caloñas —penas pecuniarias— dejasen de ser cobradas por ellos y fuesen a parar a las manos del monarca.
Nobles y municipios se opusieron a la aplicación de esta política. La oposición se mezcló con los problemas de sucesión de Alfonso X y las circunstancias obligaron al monarca a autorizar el retorno de los fueros (1272). Además, en las Cortes de Zamora se estableció la competencia entre las diversas jurisdicciones según la materia (1274), distinguiendo entre casos del rey y casos de corte: • En los pleitos del rey conocían a los jueces nombrados por el monarca.
• Habían de conocer de las causas foreras los jueces de fuero (municipales y señores) y aplicarían los fueros, presentados como derecho tradicional.
De esta manera, el Fuero Real perdió su condición de derecho general de Castilla y de las dos Extremaduras, aunque pudo mantenerse como derecho municipal de aquellas vilas y ciudades que decidieron mantenerlo aún con la oposición a los principios políticos que contenía. Las Partidas dejaron de ser el ordenamiento jurídico completo de Castilla y se convirtieron sólo en la ley del rey aplicable a los casos de corte, pero después del Fuero Real, ya que éste se aplicaba preferentemente. Se consideraron, pues, libros de derecho general pero incompletos.
Asimismo, en las Cortes de Zamora, los estamentos sólo consiguieron que en la aplicación del derecho no triunfase la jurisdicción real, sin incidir en el campo de la creación del derecho. Esta victoria la intentaron consolidar redactando su derecho, recurriendo al ius commune y al Fuero Real (el creado por el monarca). De esta manera, pretendían mantener su derecho tradicional protegido de futuros ataques regios.
La creación del derecho se mantenía, pues, en manos del rey, lo cual confirma que la política alfonsina triunfó en este aspecto. Así, después de las Cortes de Zamora, los poderes del monarca eran: • Creaba el derecho, hacía leyes nuevas que incidían en los fueros.
• Era el juez supremo.
• Como titular de la mayoría de justicia, conocía de las causas de aquellos que no encontraban justicia en sus jueces ordinarios.
• Se encargaba de facilitar la comprensión del derecho, lo interpretaba y llenaba las posibles lagunas del ordenamiento jurídico.
Así, los monarcas castellanos consiguieron, poco a poco, tanto en los municipios como en los señoríos, que en todos los juicios sólo pudiesen invocarse las fazañas del rey; asimismo, aumentó los casos del rey. De esa manera, el rey conocería los casos de personas desvalidas y de oficiales reales, lo cual permitió que el Fuero Real y las Partidas volviesen a funcionar como ordenamientos jurídicos completos.
La política de los reyes después de las Cortes de Zamora se materializó en los tres siguientes aspectos: • Se mantuvo el Fuero Real en algunos municipios, después de haber conseguido el nombramiento de jueces y el cobramiento de caloñas.
• Se difundió el Fuero Real en aquellos municipios en que aún no lo habían adoptado a cambio de la concesión regia de nombrar jueces y cobrar las caloñas.
• Los monarcas continuaron creando derecho y corrigiendo los fueros, de manera que se consiguió aproximar los diferentes fueros municipales.
Esta política tendió a una aproximación entre los diversos ordenamientos jurídicos, es decir, entre fueros y derecho regio. En este sentido, fueron significativas las Leyes de Estilo, que eran una colección de decisiones judiciales de los monarcas castellanos y demostraban la actividad de los tribunales del rey para imponer las ideas recogidas en el Fuero Real.
2.4. Derecho del rey y derecho del reino Los reyes de Castilla creaban el derecho mediante la ley y, como éste poder legislativo, habían conseguido que el fuero se reduciese al concepto de “privilegio”, que no era otra cosa que una ley del monarca. Este enfrentamiento entre derecho tradicional y derecho nuevo creado por el monarca reflejaba un enfrentamiento entre el rey, por una parte; y señores y municipios, por otra, que en la Baja Edad Media participaron como miembros de los estamentos de las Cortes.
Los monarcas afirmaron el poder de hacer leyes, pero se dejaban aconsejar por los hombres buenos y sabidores del derecho (estamentos reunidos en cortes). Las cortes eran reuniones del rey con los estamentos, y el monarca presentaba y publicaba sus leyes, pero también escuchaba y convertía en leyes, si las aceptaba, las peticiones de los estamentos. No obstante, esto, los grupos privilegiados querían imponer también su poder con tal de limitar el del rey, con lo cual invocaron el principio del ius commune: quod omnes tangit debet ab omnibus approbari (“aquello que a todos afecta debe ser decidido por todos”). A partir de la afirmación de dicho principio, los estamentos consideraron que la ley era el resultado de la colaboración entre el rey y los estamentos reunidos en cortes.
Se produjo, así, un enfrentamiento político por el poder de crear derecho, es decir, por la titularidad de la potestas regalis. La colaboración entre el monarca y los estamentos dio lugar al hecho de que el derecho regio se considerase: • Derecho del rey, que era el creado por el monarca, sin colaboración de nadie.
• Derecho del reino, creado por el rey con colaboración de las cortes.
Las leyes publicadas por los monarcas en las cortes fueron nombradas Ordenamientos.
Si eran peticiones de los estamentos aceptados por el monarca, se calificaban de posturas o peticiones, recogidas en un cuaderno de peticiones. Pero el rey también podría dar leyes generales fuera de cortes y leyes particulares mediante cartas y privilegios reales, aconsejado por el Consejo Real. En dichas leyes, los monarcas afirmaban a menudo que valían, aunque fuesen contra leyes, ordenamientos, fueros o costumbres anteriores. Ante esta situación, los estamentos lucharon porque la legislación de cortes no pudiese ser derogada por la legislación del rey fuera de cortes, pero no lo consiguieron.
Joan II calificó de carta pragmática sanción la que tenía una cláusula que le otorgaba la misma fuerza que las leyes publicadas en cortes. Por eso, se puede afirmar que pragmáticas-sanciones, ordenamientos y fueros eran leyes, todas voluntades del monarca. Por tanto, el derecho regio sólo encontró límites en el derecho natural y la costumbre racional.
2.5. El Ordenamiento de Alcalá de 1348 La consolidación del poder real culminó el 1348 con el famoso Ordenamiento de Alcalá, con lo cual se hizo realidad el monopolio legislativo el monarca. El Ordenamiento de Alcalá se trataba de un cuaderno de leyes que el rey presentó en las cortes: se conocían tres manuscritos, y fue promulgado por las Cortes de Alcalá de 1348, celebradas durante un período de tregua con los musulmanes, que favoreció la economía de los territorios castellanos.
Para poder imponer el derecho del rey, éste debía imponer el nombramiento de jueces —llamados corregidores— pero facilitando que señores y municipios adquiriesen la jurisdicción; de esta manera, Alfonso XI satisfago las necesidades económicas y las pretensiones de poder de los poderes señoriales y municipales y, al mismo tiempo, consiguió hacer realidad las ideas que ya había defendido Alfonso X, que son: • El monarca era el único que daba leyes, sin tener ya el límite del fuero y la costumbre pues éstos son también creados e interpretados por el rey.
• El rey confirmaría sólo los fueros que no fuesen contrarios a las leyes y los privilegios que estuviesen en uso y, además, lo haría siempre sin tener obligación.
La ley primera del título XXVIII del Ordenamiento de Alcalá estableció un orden de prelación de fuentes. Un orden de prelación crea un sistema jerárquico de fuentes, es decir, se establece el orden que se debe seguir en la aplicación de los diversos elementos del ordenamiento jurídico: • Primero, se establecía que se aplicase el nuevo derecho del rey contenido en el Ordenamiento de Alcalá. Las nuevas leyes posteriores se le equipararon, así que puede decirse que la primera fuente del derecho castellano era el derecho real.
• Segundo, si no se encontraba ninguna ley aplicable, debía recurrirse a los fueros, a los cuales se equiparaba el Fuero Real con una serie de limitaciones: • No podían ser contrarios a Dios.
No podían ser contrarios a la razón.
No podían ser contrarios a la ley.
Debía demostrarse su uso.
Tercero, se aplicaban las Partidas, que eran el eje central del ordenamiento jurídico castellano, lo cual provocó que la obra de Alfonso X fuese el derecho común castellano.
• En úlima instancia, si no se encontraba ninguna norma en las leyes, en los fueros o en las Partidas, se recurría al monarca, que era el único que podía interpretar el derecho y llenar los vacíos legales.
Ordenamiento de Alcalá … Fueros equiparados al Fuero Real … Libro de las Siete Partidas … Monarca Se puede afirmar que, con este orden de prelación, se redujo el derecho castellano a la voluntad del monarca. Así, en Castilla se vio pronto la noción que teorizó Jean Bodin: el 1445, una petición de los estamentos a Joan II, en las cortes celebradas en el Real de Olmedo contenía la caracterización del rey como soberano e sennor non rreconosçiente superior en lo temporal.
Orden de prelación jerárquica de fuentes 2.6. Derecho común y ordenamiento jurídico castellano La aprobación del Ordenamiento de Alcalá implicó el establecimiento en Castilla de un ordenamiento jurídico complejo integrado por diversos elementos, todos identificados con el derecho propio castellano. No hacía falta recurrir al ius commune porque estaba contenido en las Partidas. Asimismo, el monarca permitió el estudio del ius commune.
No se permitió el uso en los ligitios, si bien no se dijo nada sobre la posibilidad de razonar o invocar normas de ius commune cuando confirmasen el establecido en el derecho propio castellano.
Aunque el monarca había establecido que él era el único que podía interpretar el derecho, se puede pensar que sólo había de recurrirse al rey para llenar lagunas legales, pero en realidad, los juristas acostumbraban a dar opiniones y, como no estaba prohibido, se invocaron dichas opiniones ante los tribunales siempre y cuando reforzasen lo establecido en las normas castellanas.
La proliferación de opiniones provocó que el proceso judicial castellano se desarrollase de manera lenta, así que Joan I, en las Cortes de Briviesca de 1387, precisó el momento en que debían razonarse los pleitos: una vez se hubiese acabado el procedimiento, pero antes de la sentencia, las partes podían informar al juez de su derecho oralmente, por escrito u alegando las opiniones ardientes. Así, se permitió recurrir al ius commune para conseguir una mejor aplicación de las Partidas.
Esta disposición no derogaba el Ordenamiento de Alcalá, pero permitía que las partes alegasen opiniones. El objetivo de Joan I de agilizar el proceso no se cumplió, sino que la lentitud continuó siendo una característica del proceso judicial, en parte por la cantidad de opiniones doctrinales. Por eso, Joan II promulgó una pragmática que ponía límites a las alegaciones (1427), ordenándose que sólo se pudiesen invocar las opiniones de los canonistas anteriores a Joan Andres y las de los civilistas anteriores a Bartolo de Sassoferrato.
La pragmática no consiguió la mejora de la administración de justicia y por eso los Reyes Católicos dictaron otra, que pertenece al Ordenamiento de Madrid de 1449, con la que se pretendía imponer un criterio que evitase las confusiones y las dudas que aparecían a causa de la multiplicidad de opiniones. Esta norma establecía que en materia canónica se había preferido la opinión de Joan Andres, y en su defecto, la de Parnomitano; mientras que, en material civil, se prefería la opinión de Bartolo y, en su defecto, de Baldo.
Esta medida no sirvió de mucho y la poca efectividad hizo que fuese derogada tan sólo seis años más tarde, por las llamadas Leyes de Toro de 1505, promulgadas por la reina Juana I en las Cortes de Toro el 1505. Se trataba de 83 leyes y la primera era el orden de prelación del Ordenamiento de Alcalá de 1348. Estas leyes pretendían consolidar la aplicación exclusiva del derecho propio castellano en los tribunales de justicia y, por otra parte, la obligación de los juristas castellanos de estudiar el derecho castellano, pues en las Leyes de Toro se planteó el problema de que los letrados ejerciesen su cargo sin haber estudiado el derecho propio del reino, y se estableció un remedio para esta situación.
Además, la inseguridad jurídica que provocaba la diversidad de opiniones era un obstáculo para la afirmación del poder regio y comportó la promulgación de la Ley de Toro, que confirmó el orden de prelación determinado en Alcalá y puso orden en el sistema jurídico castellano, el cual se mantuvo vigente de esta manera hasta la codificación.
2.7. La fijación del orden de prelación de fuentes En el 1348, el Ordenamiento de Alcalá fijó el orden de prelación de los diferentes elementos que formaban el ordenamiento jurídico castellano, el cual se reiteró en las Leyes de Toro (1505) y se consiguió aclarar la relación entre el antiguo derecho común de los cristianos peninsulares —la tradición del derecho romano del Código Teodosiano, recogido en el Fuero Juzgo y el Fuero Real— y el nuevo derecho común de todos los cristianos —la tradición del derecho romano de la obra de Justiniano, recogido en las Partidas—.
Las Leyes de Toro reprodujeron en su primera ley el orden de prelación de 1348, pero con las siguientes modificaciones: • Primero, se dio primacía al derecho del rey, en establecer que se aplicarían las leyes del Ordenamientos e Premáticas llevadas a cabo por los monarcas. Se remarcaba, además, la primacía de la ley.
• Segundo, hacía falta ir a las leyes de los fueros.
• Tercero, debía recurrirse a las Partidas, cuya interpretación correspondía al monarca.
• Por último, si no se encontraba ninguna norma, había de recurrirse al monarca.
Así, se observa cómo en Castilla se retornó el orden establecido en Alcalá y acabó con las disposiciones que pretendían regular el recurso del derecho común en Castilla. Así, la ley regia se impuso aún más por encima de cualquier otra. Aunque el orden no se modificó hasta la época de la codificación, sufrió una modificación con la aparición de las recopilaciones porque, por ejemplo, el orden de prelación del Ordenamiento de Alcalá ya se había visto afectado por las Ordenanzas Reales de Castilla (1484), ya que, a partir de éstos, las leyes del rey que se debían aplicar en primer lugar eran las recopiladas.
Por eso, el jurista castellano debía acudir en primer lugar a las leyes recopiladas y a las aparecidas después de la recopilación. Además, entre las leyes recopiladas por Montalvo había el Fuero Real, que debía aplicarse preferentemente. Por otro lado, los monarcas pretendían que se aplicase preferentemente la ley regia, recopilada o posterior a la recopilación existente, tendencia que se consolidó con la Nueva Recopilación, a partir de la cual hubo de empezar a aplicarse, en primer lugar, las leyes recopiladas (incluso modificadas).
Con estos órdenes de prelación, los monarcas pretendían que sus leyes fuesen las preeminentes en el ordenamiento jurídico castellano. La existencia de derechos particulares no rompía el orden de prelación establecido, ya que la validez del derecho particular dependía de la voluntad del soberano. Lo que fue más difícil de controlar, en cambio, era la aplicación y el cumplimiento de las leyes, porque el aumento de las leyes y la dificultad para su conocimiento provocó la existencia de un derecho de la práctica.
Además, una interpretación de las leyes desde la óptica de los juristas, educados en el ius commune, también podía incidir en el no cumplimiento del derecho regio. La aplicación abusiva del ius commune tenía como consecuencia el hecho de que los juristas castellanos conocía muy bien este derecho de fuera, mientras que desconocían el derecho propio castellano. El desconocimiento del derecho castellano por parte de los juristas se demuestra con el hecho de que los reyes castellanos establecieron, en las Leyes de Toro, que todos aquellos que tuviesen un cargo de justicia debían demostrar el conocimiento que tenían acerca del derecho castellano, pero no surtió efecto porque, hasta la época de los Borbones, no se estudiaron los derechos propios en las universidades peninsulares.
Las leyes no fueron observadas por diversas causas, hecho que demuestra la decisión de Felipe II, de Felipe III y de los monarcas de la dinastía de los Borbones la de ordenar las leyes y pragmáticas. El camino más normal para inobservar las leyes del rey fue el de la interpretación de los juristas hecha desde la perspectiva del ius commune, al cual recurrieron alegando que era necesario para entender las Partidas. Asimismo, esta interpretación se dirigía a precisar el sentido de las leyes, restando en manos del monarca la interpretación creadora de derecho.
Por tanto, podemos afirmar que el orden de prelación de fuentes de Alcalá se mantuvo vigente hasta la codificación, aunque se modificó en algún aspecto con la aparición de la Novísima Recopilación.
3. Cataluña 3.1. La tradición jurídica catalana altomedieval El ordenamiento jurídico catalán medieval giraba alrededor del Liber, porque esta obra cumplía la función de un ordenamiento jurídico general y completo y, al mismo tiempo, recogía el derecho común de los cristianos peninsulares. El Líber en Cataluña cumplió esta función con más fuerza que en otros reinos, si bien surgieron unos derechos especiales.
Es a mitad del siglo XI cuando se comienza a detectar una crisis que provoca que los conflictos de intereses se resuelvan al margen del Liber y triunfen las convenientiae. El derecho que recogía el Liber se había instaurado fuertemente en las conductas diarias de los habitantes del Principado, hasta el punto de que se convirtió en costumbres que acabaron siendo incorporadas en las redacciones de derecho municipal y de derecho señorial, e incluso, en las mismas leyes condales, que empezaban a surgir.
Al comenzamiento del siglo XIII ya no era muy habitual recurrir a las leyes del Liber, sino que sólo se hacía en algunos casos contados, que acabaron siendo fijados por los juristas de siglos posteriores. Después de cumplir su función en Cataluña, el Liber desaparece.
3.2. La aparición de un derecho del conde La difusión del derecho de la recepción reforzó la idea de que el derecho era una obra humana, aunque la justicia continuaba siendo obra de Dios. Asumido esto, el conde de Barcelona se sintió autorizado para crear derecho.
La pretensión del monarca de crear derecho por medio de la ley se presenta por el jurista anónimo que redacta el prólogo de los Usatges de Barcelona. De esta manera, el derecho feudal catalán se convierte en un derecho general de Cataluña, a la par que este nuevo derecho general de Cataluña se vincula con la voluntad del Príncipe. Por tal de justificar la novedad, se acude al derecho visigótico. Así pues, los Usatges de Barcelona se convierten en el libro de derecho fundamental de Cataluña. Destacan el papel del conde, refuerzan la posición y asientan la teoría del principado. No obstante, si bien los Usatges recogen un ordenamiento jurídico general, es incompleto, así que es por este motivo por el cual aún deben recurrir al Liber, que se convierte en el derecho supletorio. Además, las posibles lagunas de los Usatges y del Liber se deberán completar acudiendo al arbitrio del conde, que sentenciará con su curia.
La aparición de la versión escrita de los Usatges, conocidos prontamente como Usatici Barchinone o Usatges de Barcelona, tuvo lugar durante el reinado de Alfonso I y parece muy probable que contuviesen derecho anterior. Además, el conde crea derecho nuevo mediante leyes nuevas, estableciendo nuevas costumbres, confirmando costumbres existentes, con sentencias y respuestas, siempre respetando el antiguo y buen derecho, que el conde ha de confirmar y completar.
El cuadro del ordenamiento jurídico catalán diseñado por el anónimo redactor de los Usatges de Barcelona difícilmente podía triunfar ni tampoco silenciar el enfrentamiento entre el conde y los estamentos. De hecho, convierte parte del derecho feudal en derecho general establecido por el conde y no dice nada sobre el resto del derecho feudal ni sobre el derecho municipal.
3.3. Derecho propio y derecho común A mediados del siglo XIII, se puede decir que Jaume I reconoce con una supuesta pragmática de 1243 que la situacion era bastante más compleja que el diseño que ofrecía el prólogo de los Usatges. El mismo monarca, además, en una constitución de las Cortes de Barcelona de 1251, con el consejo de los miembros de su curia general, acuerda prohibir las leyes romanas, las visigodas, el Decreto de Graciano y los Decretales de Gregorio IX, a la vez que sólo autoriza el uso de los Usatges y de las costumbres del lugar.
Si bien se podría dudar de la decisión de 1243, la decisión de 1251, a la vez que afirmaba la primacía del derecho propio, era relevante porque implicaba excluir de la vida jurídica del Principado el derecho de la recepción. El conde de Barcelona, con la prohibición del derecho romano y del derecho canónico, demostraba su independencia en la esfera temporal ante el Papa y el emperador, los dos poderes universales del momento.
Con esta constitución de Jaume I se reconocía que el derecho principal de Cataluña estaba formado por los Usatges y por los derechos especiales, sin preferencia. Además, se afirmaba que, en defecto de estos derechos, los jueces debían recurrir al señorío natural. Esta solución no debió ser bien recibida porque acabó fracasando sin llegar a ser aplicada en la práctica.
Hay que decir, pero, que la situación derivada de la disposición de 1251 mejoraría sensiblemente a partir de 1283 ya que entonces ya podía desaparecer el recelo ante el derecho de la recepción, a la vez que había nuevos medios para combatir la inseguridad jurídica. Desde otro punto de vista, el enfrentamiento entre los estamentos y el monarca continuó y tuvo su punto álgido en el 1283, cuando el camino ascendente de afirmación del poder condal iniciado con Alfonso I se paró bruscamente con Pere II. El derecho de la recepción se apropió gradualmente de la vida jurídica del Principado: desde un punto de vista práctico, lo hicieron sin haber justificado el uso, ya que en el Principado no había ningún ordenamiento jurídico completo, una vez desaparecido el Líber. Con todo, los juristas sintieron la necesidad de justificar el recurso en el derecho común, hecho que demostraba que la decisión de 1251 había caído en el olvidado y que el Liber ya había completado su función en Cataluña.
Este triunfo del derecho de la recepción hizo que se abriese camino la idea de que los que quisieran participar en la vida jurídica debían tener una formación específica, acreditándola con un examen ante juristas letrados, educados en el derecho de la recepción. En el 1359 llegaron a fijar en cinco años el tiempo que debían haber estado estudiando y haber hecho los cinco libros ordinarios de derecho civil o, al menos, los ordinarios de derecho canónico. Pocos años más tarde, en el 1363, se precisa que los aspirantes deben haber estudiado cinco años o de derecho canónico o de derecho civil y tener los libros ordinarios del derecho estudiado.
Con esto, se demuestra que en un primer momento no hay una unidad a la hora de determinar el derecho supletorio. En la reunión de las Cortes de 1409, los estamentos obtienen de Martín el Humano el reconocimiento de que sus oficiales de justicia hayan de aplicar a sus tribunales los Usatges, las constituciones y los capítulos de corte, los privilegios, usos y costumbres, tanto de las universidades, como de los particulares, derecho común, equidad y buena razón. Esta enumeración reflejaba los derechos que los estamentos querían que se respetasen. Aún así, esta enumeración, en el momento de aplicación, debía convertirse en un orden de prelación. En la práctica, ya funcionaba por las razones que hemos apuntado, fruto de la aplicación de los principios jurídicos en uso por parte de los juristas.
En las Cortes de Barcelona de 1422 se estableció la obligación que todo el mundo que quisiese participar en la administración de justicia, había de conocer las leyes de la tierra, el derecho propio de Cataluña, que habían de aplicarse en primer lugar y antes de recurrir a otro tipo de derecho.
Asimismo, la interpretación que triunfó en Cataluña fue menos restrictiva, ya que se fundamentaba en la preferencia acordada en el derecho propio y se reconoce que, dentro del derecho propio de Cataluña, la regla especial se aplica con preerencia a la regla general: • En primer lugar, se aplican lo privilegios.
• Después, cada uno en el ámbito respectivo (derecho municipal y derecho señorial).
• Finalmente, el derecho general de Cataluña: los Usatges, las constituciones de paz y tregua y constituciones de corte.
Pero la disposición de 1409 del rey Martín presenta aún más dificultades: derecho común, equidad y buena razón, si bien la habilidad de los juristas había permitido encontrar una solución.
Ante las compilaciones potenciales, hay que pensar que se debió ir estableciendo progresivamente un orden de prelación en la práctica dentro del derecho común. Así, cuando las soluciones ofrecidas por el derecho canónico y el derecho romano no eran coincidentes, se debía recurrir al derecho canónico en primer lugar, después al derecho romano y, en última instancia, a la equidad y a la buena razón. Correspondía al juez, pues, en última instancia, abrazar dentro del derecho la equidad ruda.
3.4. Derecho regio: derecho del conde y derecho del Principado En la Baja Edad Media apareció un derecho propio que aspiraba a tener un carácter general. En Cataluña, el conde de Barcelona era el titular de la potestas regalis y el derecho general y propio era un derecho regio, resultado de la actividad o del conde con su consejo, o del conde con el General de Cataluña.
La actividad del conde se reflajaba en los mandamientos condales, que se desarrollaban mediante cartas en las cuales el conde podía establecer un derecho nuevo con carácter general o particular. De todas las cartas, se podía destacar dos: • Por una parte, aquellas dirigidas a establecer una ordinación general, que se solían presentar como constitutiones, statuta y, más tarde, ordinationes —constituciones, estatutos y ordinaciones—. Este tipo de cartas establecían una regulación determinada y eran divididas en capítulos. Como todas eran hechas por el conde, recibían el nombre de acta —acto—.+ • Las cartas del conde también podían ser privilegia —privilegios—, mediante las cuales el conde exceptuaba a alguien del régimen general. El privilegio era concebido como una excepción a una regulación de carácter general, como una excepción a una constitución o un estatuto.
Todas las cartas del conde tenían la misma fuerza. Además, correspondía al conde corregir y nombrar los errores, así como declarar la nulidad de las cartas contra derecho.
Durante el proceso de formación del derecho regio, las Cortes de Barcelona de 1283 fueron decisivas porque se establecieron dos principios fundamentales: • Cuando el conde quisiera dar una constitución o estatuto general, tendría que hacerlo con el consentimiento de los miembros de las cortes.
• El conde de Barcelona habría de celebrar cortes dentro de Cataluña con los catalanes una vez al año, excepto si hubiese una causa justa que lo impediese.
Asimismo, el conde se obligaba a confirmar y a devolver todas las libertades, costumbres, buenos usos y también los privilegios y concesiones usadas en tiempos de Jaume I, porque correspondía al rey conceder libertades e inmunidades a sus súbditos, y también aprobar y observar inviolablemente los privilegios concedidos por sus antecesores y los usos, costumbres y buenas observancias, entre otras medidas tendentes a devolver a la situación en tiempos del rey Jaume, es decir, en mirar de evitar que pudiese haber en el futuro abusos por parte del conde.
Las constituciones eran las disposiciones que recogían la expresión de la potestas regalis del conde, pero a partir de entonces, se trataba de una potestad que el conde no podía ejercer libremente. Aún así, el conde continuaba siendo el tituar único y exclusivo de esa potestas y podía crear derecho sin necesitar consentimiento de nadie, pero las cortes, en cambio, no podían crear derecho sin el consentimiento del conde.
Al lado de estas disposiciones, surgieron otros capítulos y peticiones ofrecidas por los miembros de las cortes al rey. De las peticiones que los estamentos presentaban, surgieron (una vez aprobadas por el conde y nuevamente redactadas) constitutiones, ordinationes vel statuta. Con Pere III, a mitad del siglo XIV, se impuso (aunque no exclusivamente) el término constitutio —constitución— que, además, se comenzó a identificar con la ley. Dentro del enfrentamiento entre el conde y los estamentos, surgieron en esta época capítulos y peticiones ofrecidas por los miembros de las Cortes al conde de Barcelona, divididos en capítulos, que recogían las condiciones impuestas al conde.
Entre los capítula (capítulos) destacaron los capítulos de la proferta y las peticiones de reparaciones de greuges, donde el General establecía las condiciones de acuerdo con las cuales decidía conceder al conde al donativo solicitado. Formalmente, estos capítulos divergían de las constitucines, ya que en éstas últimas, el conde confesaba haber tomado una decisión determinada con el consentimiento de los braços.
Los compiladores denominaron constituciones a los acuerdos expresados en primera persona por el conde con el consentimiento de los estamentos; capítulos de corte son los capítulos ofrecidos por los estamentos que contaban con la respuesta del conde; y los actos de corte sirvieron para designar aquellas decisiones tomadas fuera de las cortes y aprobadas posteriormene en las Cortes, prescindiendo del hecho de que estas decisiones adoptaban la forma de constitución cuando eran aceptadas y que, cualquier acuerdo tomado en las cortes, se identificaba como acto de corte.
Después de 1283, el conde continuó dando disposiciones calificándolas como constituciones, aunque a comienzos del siglo XIV surgió una denominación nueva: la pragmática sanción. La utilización de las pragmáticas sanciones tiene relación con el recurso del conde de ejercer plenamente su potestad y dar cartas ex plenitudine potestatis, por causa justificada y ex certa scientia. Por lo tanto, con el término “pragmática sanción” designaremos las cartas generales del conde de Barcelona que han sido dadas fuera de las cortes que establían un derecho nuevo.
El enfrentamiento político entre el conde y los estamentos se convirtió en un enfrentamiento jurídico alrededor del valor de las constituciones y de las cartas del rey.
Además, también se producía un enfrentamiento entre el derecho general y el derecho especial, es decir, entre ley y privilegio. Por otra parte, para dar constituciones o estatus generales hacía falta que el conde celebrase una corte general para los catalanes y contar con el consentimiento de la mayor y más sana parte de los asistentes en la asamblea.
Cabe decir que, si bien el conde estaba obligado jurídicamente a acudir a las cortes para dar reglas de carácter general pero no a convocar cortes, sólo acudía a las cortes cuando la necesidad le obligaba. Es por esta razón que los actos de corte se presentan como el resultado de compromisos políticos y hay que tener cuenta que estas circunstancias afectarán al valor mismo de las constituciones.
Los actos de corte que no eran aprobados por unanimidad daban lugar a las protestas de quienes se consideraban perjudicados. Para contrarrestar estas presiones, el conde contaba con tres medios decisivos: - Disolver las cortes y evitar que éstas pudieran tomar acuerdos contrarios a sus intereses.
- Acordar temporalmente lo que las cortes habían pedido, vinculando la duración a la duración del donativo.
- Recorriendo al usatge Iudicum in curia datum.
Vemos, pues, que en Cataluña los problemas se resolvían desde un punto de vista fáctico, no jurídico, hecho que propició que el enfrentamiento no se resolviese y que las soluciones adoptadas en cada momento dependiesen de la correlación de fuerzas existente. En el peor de los casos, el monarca podía no convocar cortes o, si las convocaba, cerrarlas para no llegar a acuerdos que le pudiesen perjudicar.
Además, el valor jurídico de las constituciones de corte no se determinaba con precisión, en buena medida por una práctica que consagraba el uso de fórmulas vagas y ambiguas, y también por la insolidaridad radical entre los estamentos. Por otro lado, las constituciones de corte encontraban un límite en los privilegios y en los usos existentes, pues también se veían amenazados por las decisiones aprobadas en las cortes. En este contexto, una vez más, era la correlación de fuerzas del momento la que hacía que triunfase una posición o la otra, a la par que coexistían en el ordenamiento jurídico catalán principios contradictorios que había que conciliar.
También debemos tener presente que correspondía alconde actuar la justicia y corregir los abusos, si bien se vuelve a caer en el enfrentamiento político (pues no estaba aún resuelto), así que hablamos de greuges cuando la queja se lleva a las cortes, y de contrafacción cuando la queja se lleva a la Audiencia.
Si se quería controlar al conde a la hora de crear el derecho, había que completar la decisión de 1283 excluyendo al monarca de la tarea de interpretar el derecho existente.
Dentro de esta tendencia, se pidió que algunas pragmáticas fuesen convertidas en constituciones con un acto de corte.
La débil posición intrínseca de las constituciones desde un punto de vista jurídico y la facilidad con que se podían imponer las pragmáticas no impidió que se considerasen las constituciones la expresión suprema de la regla jurídica. Con todo, su talón de Aquiles era el control de la ejecución. Los encargados de aplicar las constituciones eran los oficiales del conde, también encargados de aplicar las pragmáticas.
Las constituciones que regulaban el control de las leyes del conde hacían servir una terminología ambigua. Parecía que quisieran combatir los privilegios y las provisiones del conde, dirigidas teóricamente a aplicar las constituciones de las cortes. El conde continuaba ejerciendo su potestas con pragmáticas y no estaba prohibido modificar lo que se había aprobado en cortes fuera de cortes.
La discusión sobre el valor del derecho del conde y del derecho del Principado reflejaba un enfrentamiento político entre el rey y su consejo, por una parte; y las cortes, por otra.
En resumen, lo que se trataba de adivinar era si quien debía colabrar con el conde en la tarea de gobernar Cataluña era su consejo o bien las cortes.
3.5. El derecho propio del Principado: derecho regio y derechos especiales En el momento en que se tuvieron que regular las relaciones entre el derecho general y los derechos especiales de los súbditos, también hubo indeterminaciones. La decisión de los Usatges estaba destinada al fracaso. Las decisiones de Jaume I de 1243 y de 1251 se limitaban a reconocer la existencia de un derecho principal de aplicación preferente antes de recurrir al supletorio. La decisión de 1251 parecía resolver los problemas políticos porque excluía los órdenes de prelación existente en los Usatges y en los derechos especiales.
En el ámbito de los derechos especiales, el derecho principal era el derecho propio, mientras que los diferentes derechos comunes que había en el Principado se jerarquizaban para formar un ordenamiento jurídico complejo. En el ámbito municipal, había que acudir al derecho común de los súbditos del conde (recogido en los Usatges), después al derecho común de los cristianos peninsulares (el Liber) y, finalmente, al derecho común de todos los cristianos (el derecho romano). En algunos sitios, como en Lleida, la plasmación escrita del derecho propio perseguía acabar con las discusiones alrededor de la existencia o no de costumbres. En otros, se trataba del deseo de verlos confirmados por el monarca; en la mayoría de casos, no obstante, parece que nacían de una transacción entre los señores y los habitantes de un municipio, como Tortosa, Horta… etc.
La decisión de 1251 implicaba el reconocimiento de que el derecho común de los súbditos del rey era el derecho principal del general, pero excluía el recurso a otros derechos comunes, por lo que acudir al señorío, aunque esta decisión no tuvo efecto en la práctica.
Es también en esta época cuando surgieron nuevas redacciones del derecho feudal catalán, que acabaron siendo incluidas en las compilaciones catalanas. Como sabemos, la práctica iniciada por Pere III el 1283 comportó la confirmación en las cortes tanto de los privilegios generales y particulares como de los usos y costumbres, hecho que comportaba la equiparación en las constituciones. Los derechos especiales ya no se podían desarrollar autónomamente, sino que debían hacerlo por medio de la confirmación del conde, lo cual suponía que el desarrollo del derecho regio supusiera una amenaza potencial para el mantenimiento de los derechos especiales, aunque éstos continuaron conservando la consideración del derecho principal de Cataluña.
3.6. La fijación del orden de prelación de fuentes Al final del s. XVI, por decisión de las Cortes de Barcelona de 1599 con Felipe II, se estableció un verdadero orden de prelación de fuentes que hacía falta observar en Cataluña. No obstante, no hizo más que aclarar y ordenar el capítulo de corte de 1409 de Martín el Humano, ya que ambas disposiciones continuaron vigentes.
Esta Constitución de 1599 establecía que la Audiencia (convertida en Tribunal Superior de Justicia) se juzgaría de acuerdo con las disposiciones del Usatge, las constituciones, los capítulos de corte y otros derechos del Principado. A falta de normas, se juzgaría de acuerdo con el derecho canónico, y en defecto de éste, se haría según el derecho civil romano y las doctrinas de los doctores. La decisión de 1599 aportó tres novedades: • La aparición de un orden jerárquico de prelación en sentido técnico (se distinguen derecho principal y derechos supletorios).
• El establecimiento de un orden de prelación dentro del derecho supletorio.
• El control de la actividad judicial mediante la equidad taxada.
La equidad taxada o regulada supuso el mecanismo de control de la actividad judicial, porque tomaba como referente de equidad las reglas del derecho común en la materia y las doctrinas de los doctores que habían sido recogidas en sus sentencias. Así, se demostraba que la jurisprudencia de la Real Audiencia se había convertido en el intérprete auténtico del ordenamiento jurídico catalán. Por otra parte, la aparición del 1599 de los llamados “otros derechos de Cataluña” permite concluir que las pragmáticas formaban parte del ordenamiento jurídico catalán y que no se había establecido un orden de prelación entre Usatges, constituciones, capítulos de corte y otros derechos.
Las compilaciones tienden a tener, por otra parte, carácter exclusivo, tal y como indica la denominación “otros derechos”, el segundo volumen y la misma existencia de un tercer volumen para las disposiciones derogadas. El derecho no compilado quedaría derogado.
La compilación se presentaba como un conjunto uniforme de leyes donde el principio de antigüedad y el principio de especialidad no tenían un paper decisivo. A partir de 1704 quedarían derogadas todas las leyes regias anteriores no recogidas en la compilación.
La compilación catalana no agotaba el ordenamiento jurídico propio de Cataluña.
4. Mallorca y Valencia 4.1. Los reinos de conquista: Mallorca y Valencia Las conquistas llevadas a cabo por Jaume I, rey de Aragón y conde de Barcelona, dio lugar a la aparición de dos nuevos reinos cristianos. En cada uno de los territorios recuperados se instaló una comunidad cristiana con un ordenamiento jurídico propio que debía ser de nueva creación. El esquema aplicado en los antiguos reinos cristianos no es aplicable a los reinos fruto de la conquista, ya que no parten de la tradición jurídica visigoda conservada en el Liber y era tarea del monarca hacer el repartimiento de tierras de los territorios conqueridos y establecer un nuevo derecho.
Dentro de una tendencia hacia la simplificación, el monarca establecía un derecho general para todos sus súbditos, a la vez que continuaba dando privilegios, los cuales ya no se presentaban como derechos especiales sino como excepciones al fuero, la ley general o la costumbre, a favor de los estamentos y de algunos de sus miembros, los cuales no estaban dispuestos a renunciar a su posición. El derecho nuevo fue el resultado de concederles a los nuevos territorios derechos ya existentes utilizados en los otros reinos del monarca. Además, el ius commune fue modulado de una manera diferente en los ordenamientos respectivos.
Los fueros, las libertades y los privilegios son maneras diferentes de aludir a una misma realidad: la herencia altomedieval. La potestas regalis se manifestaba en el repartimiento de una ley general que topaba con el derecho existente basado en el privilegio. La lucha por el poder entre la nobleza y el monarca se manifestaba en la lucha por la creación del derecho y se concretaba entre el derecho general del rey y el derecho del reino, dentro del cual había un enfrentamiento entre el derecho general y el derecho especial, entre ley y privilegio. En este enfrentamiento político, cada una de las partes defendía principios diferentes.
4.2. El ordenamiento jurídico de Mallorca A causa de las diversas maneras y los diferentes momentos en que se conquirió las islas principales (Mallorca, Menorca e Ibiza) no se puede hablar de un ordenamiento jurídico bajomedieval del Reino de Mallorca. No encontraremos en estos territorios un enfrentamiento entre un derecho general y unos derechos especiales, ya que éstos no se llegaron a desarrollar. El derecho era obra del rey, sin que hubiese límites ni participación estamental, y se creaba mediante pragmáticas y privilegios.
En las islas había un gobernador y un virrey del monarca que ejercía su poder por delegación y que acabaron formando parte del Gran e General Consell. De aquí, surgieron las especialidades del derecho mallorquín, a menudo con adaptaciones del derecho común de la práctica del reino, y estilos de la curia.
Las tres islas tuvieron un mismo derecho: el derecho común, que adquirió características propias en cada una al ser modificado por el derecho propio de cada isla: Mallorca El derecho de la isla de Mallorca estaba determinado por su carta de privilegio de 1231.
Jaume I estableció un derecho general para toda la isla, pero era incompleto, así que a su lado debía estar el derecho común para poder configurar el ordenamiento jurídico complejo de Mallorca, aunque la carta de privilegio de Mallorca se limitaba a fijar el derecho propio de los naturales del nuevo reino y no decía nada sobre el derecho común.
Ibiza y Formentera La carta de privilegios concedida a Ibiza y Formentera contenía reformas relevantes que la convertían en un libro de costumbres especiales, a la vez que establecía un derecho supletorio: los Usatges. El silencio de la carta de Mallorca y la insuficiencia del derecho supletorio de la carta de Ibiza permiten concluir que se recurrió al derecho común, como derecho supletorio en el único ordenamiento general y completo del momento. El triunfo del derecho común como derecho supletorio se confirmó por las decisiones de los reyes de Mallorca con la conversión de la carta de privilegio de Mallorca por parte de Jaume II en un Llibre de costums.
Este reconocimiento oficial también llegó a Ibiza y Formentera con la reforma de Jaume II, ratificada por los señores de las islas: en primer lugar, había de aplicarse el Llibre de costums de Ibiza y Formentera y, si no, se recorrería a los Usatges y, en último término, al derecho común.
Menorca En Menorca también se convirtió el derecho común en derecho supletorio. Jaume II en el 1308 concedió el Llibre de costums de Menorca, que también seguía el modelo mallorquín. El orden era: llibre de costums; usatges; ius commune.
Los ordenamientos jurídicos tenían en común la aplicación del ius commune como ordenamiento jurídico general y completo en todas las causas. Esta situación jurídica se vio alterada por declaraciones de principios de carácter político de los mallorquines, orientadas a obtener beneficios y ventajas. Estas declaraciones fueron hechas después de la unión definitiva entre Mallorca y Cataluña, aunque la realidad jurídica parece mostrar que el derecho catalán no se extendió a las islas.
La situación de las Islas Baleares no sufrió ninguna modificación durante la primera parte de la Edad Moderna. Al final de la Baja Edad Media, los mallorquines debían configurar su orden de prelación, que no fue modificado hasta después de la monarquía absoluta. Además, la Real Audiencia de Mallora debió tener un papel importante en la consolidación del derecho común al funcionar como tribunal superior, cuyas sentencias debían de ser seguidas por los tribunales inferiores. Las sentencias fueron recogidas, pero no fueron objeto de publicación.
El derecho propio, no obstante, era el derecho preferente. Para resolver la cuestión de la insuficiencia del derecho municipal mallorquín, se planteó una solución similar a la de los otros territorios, como en Cataluña, que confirmaría el antiguo orden de prelación establecido por las cartas de privilegios y los libros de costumbres medievales, con la aclaración del término “derecho coomún”. Como este texto no fue sancionado oficialmente, sólo se puede tomar como un testimonio posicional ante el problema planteado.
4.3. El ordenamiento jurídico de Valencia La formación del reino de Valencia Las características jurídicas se explican mediante dos etapas que hacen referencia a la conquista: • La primera (1225-1235), que Jaume I no acaba y deja en manos de la nobleza aragonesa para conquistar Mallorca.
• La segunda (1235-1245), que retoma después de haber conquistado la isla.
Durante la primera fase, la nobleza aragonesa conquistó la zona norte, recibiendo cada centro de convivencia conquistado una carta de privilegos de los señores aragoneses; a partir de la segunda fase, el rey dirigía la empresa, el repartimiento y también establecía el derecho. La ciudad de Valencia fue ocupada por capitulación, hecho que fortaleció la posición del monarca, a la vez que se conservaban y se respetaban determinados bienes, como leyes, costumbres y la religión de los musulmanes vencidos, que eran mayoría, ante el derecho cristiano, el derecho de una minoría.
Jaume I concedió un libro de fuero con el nombre de Consuetudines Valentiae, un ordenamiento jurídico general y completo para todos los naturales del reino (1240). Esta obra pronto pasará a denominarse Fori Valentiae, y traducida al catalán, Furs de València. Esta situación inicial se transformó rápidamente a partir de la concesión de los llamados Fueros de Aragón, un ordenamiento jurídico general y completo para los aragoneses, cuya concesión hizo que el enfrentamiento inicial entre derechos especiales y derecho general se transformase en otro tipo de enfrentamiento, pues que la nobleza aragonesa pretendía sustituir los Consuetudines Valentiae por los Fueros de Aragón como ordenamiento jurídico general y completo de estas tierras. No obstante, el monarca no estaba muy interesado en difundir en tierras valencianas los fueros aragoneses, así que para dar importancia a la legislación valenciana y equipararla al prestigio de la legislación aragonesa, se cambió el nombre de los Consuetudines Valentiae por Fori Valentiae y se tradujo al catalán para marcar de una manera más clara la diferencia entre los reinos. Jaume I acabó jurando los Furs de València y prometiendo que no los corregiría.
En el contexto de las tensiones entre la monarquía y la nobleza aragonesa, a la vista de las cesiones que hicieron Pere III (Privilegio General de 1283) y Alfonso III (Privilegios de la Unión), el monarca se vio obligado a tomar decisiones contradictorias, unas veces a favor del derecho aragonés y otras a favor del valenciano, según se encontrase en Aragón o en Valencia. Esta situación se mantuvo hasta que se solucionó una cuestión política por medio de un acuerdo económico, y en las Cortes de Valencia de 1329-1330 se estableció la aplicación de los fueros en todo el Reino de Valencia. A cambio, los señores aragoneses conservaban la jurisdicción que tenían o recibían una nueva, aunque esta renuncia era voluntaria.
Los Consuetudines Valentiae: hacia la formación de un derecho general y completo Jaume I es monarca de Aragón y de Cataluña en el momento de iniciar la conquista de Valencia. Los principios son los mismos que ya conocemos y también son aplicables los que conocemos de Cataluña, y podrá afirmar su potestas, su poder de crear derecho y establecer sus costumbres porque, al principio, en Valencia, el rey no encuentra una oposición organizada.
Las cartas reales responden a los mismos criterios que en Cataluña y recogen mandatos del rey que deben ser obedecidos, usando una generalizada terminología conocida: constitutio, ordinatio, statutum. Con éstas, el monarca establece regulaciones generales, a la vez que con los privilegios mantiene el carácter propio del derecho medieval fijando las excepciones al régimen general.
Como hemos visto, Jaume I, después de conquistar Valencia y de hacer el repartimiento de tierras, impone el derecho del nuevo reino y concede a los habitantes de la ciudad de Valencia y de cualquier otro sitio del reino un ordenamiento jurídico general y completo que lleva por nombre Consuetudines Valentiae, las cuales se limitaban a recoger el derecho general del reino y, a falta de regulación, establecía que los conflictos se solucionarían de acuerdo con la razón natural y la equidad. Además, los privilegios continuaban formando parte del ordenamiento, aunque no se les nombrase expresamente.
Desde 1251, pasaron a llamarse Fori Valentiae, equiparados en prestigio a los Fueros de Aragón; y diez años más tarde se traducirán al catalán como Furs de València para marcar claramente la diferencia respecto al derecho aragonés que, además, introducen un término, “fuero”, que se había perdido en Cataluña. Jaume I jura los fueros en el 1261, y en el 1267 reitera la promesa hecha de observarlos y completarlos, en el sentido de no introducir modificaciones de ningún tipo si no era necesario. A partir de este momento, el rey reconoce que el ejercicio de su potestas en Valencia tiene un nuevo límite: para modificar los fueros necesita el consentimiento de los miembros de la corte.
Derecho regio: derecho del rey y derecho del reino Desde el juramento de Jaume I de 1271, el rey puede crear derecho tanto con las cortes como sin ellas. Está obligado a acudir a las cortes siempre que quiera introducir modificaciones y, además, el monarca nuevo debía convocar las cortes y jurar los fueros en el primer mes de reinado. Cabe añadir que cualquier acto hecho en las cortes por el rey con el acuerdo de las cortes recibe, pues, el nombre de “acto de corte”.
Inicialmente, el rey publica sus leyes en las cortes valencianas y éstas dan su consentimiento a las propuestas del monarca. Es a partir de aquí que se abre camino la idea de que los miembros de las cortes ofrecen al monarca capítulos con peticiones y propuestas, que debían ser aceptadas por el monarca y convertidas en decisiones de cortes, las cuales, a su vez, contenían una regulación determinada que también aparece dividida en capítulos. La variedad de nombres hace que los capítulos que puedan haber lo sean de los diferentes tipos de disposiciones aprobadas en las cortes. “Capítulo” es un término genérico que designa la división interna de cualquier escrito y puede haber de muchos tipos.
Desde 1330, reciben oficialmente el nombre de “fueros” los acuerdos de las cortes que añadían, suprimían, modificaban o aclaraban los fueros viejos, que conteían statuta, provisiones, ordinationes y declarationes. Asimismo, los acuerdos tomados en las cortes reciben el nombre de “acto de corte”, y en el caso de que éste afecte a los fueros, será un fuero nuevo. El hecho de que las decisiones del monarca en los capítulos de los brazos reciban la consideración del acto de corte plantea el problema de la relación con las decisiones del rey de carácter general. A partir del s. XIV, estas decisiones reciben el nombre de pragmática sanción: se mantienen las antiguas denominaciones y se quiere armonizar los actos de cortes y las pragmáticas, que son las regulaciones de carácter general y los privilegios, que son de carácter particular.
Se mantienen, por otro lado, los principios de la época de Jaume I, y el hecho de que el monarca continúe siendo el titular de la potestas y pueda crear derecho que no pueda ir contra el que se ha aprobado en las cortes, además de otras actuaciones derivadas de la actitud insolidaria de los brazos y actuaciones forzadas del funcionamiento de las cortes, hacen que se llegue a un punto en que las reservas de derechos hechas y la afirmación de no causar perjuicio a lo que se había hecho en las cortes amenazaba el valor de las decisiones de las cortes. Además, el rey se había reservado la interpretación de los fueros.
El punto clave que hay que tener en cuenta es la necesidad de recurrir al rey para obtener el cumplimiento de lo que se ha acordado en las cortes. Ante este reconocimiento de la plenitudo potestatis, no es extraño que el rey acabe modificando lo que se ha aprobado en las cortes por medio de una pragmática y de anular privilegios y actos de corte invocando haber actuado forzado por los estamentos.
Derecho propio y derecho común Los Fori Valentiae son una recensión del Codex Justinianus medieval. No recoge, pues, todo el derecho común. Paralelamente a la lucha para imponer los Furs de València ante las pretensiones aragonesas, se desarrolló el proceso de reacciones adversas al triunfo del derecho común. La suerte del derecho de la recepción en Valencia se vio marcada por las medidas que querían afirmar los Furs de València como el único libro de fueros aplicable y por las medidas dirigidas a combatir los abusos de los abogados, si bien ninguna de éstas se dirigía directamente contra este derecho común. Al lado de estas medidas, surgieron otras pensadas para defender los Furs de València y combatir directamente la utilización del derecho de la recepción. Es evidente la contradicción de estas decisiones, porque los Furs de València son una recensión del Codex de Justiniano.
Por otro lado, las relaciones entre el derecho propio y el derecho común están marcadas por el orden de prelación de fuentes establecido en los Consuetudines Valentiae: El monarca prohíbe que se pueda acudir a otros textos, ya que los promulgados bastan para separar lo que es equitativo de lo que no, lo que es lícito de lo que es ilícito. Si no hay consuetudines, los jueces recurrirán a la razón natural y la equidad.
El enfrentamiento del derecho aragonés y las reacciones adversas a los abogados provocaron la aparición de una serie de disposiciones que dificultaban el recurso al derecho común. Así pues, la doctrina general se vio fijada con la decisión de Pere I en las Cortes de Valencia de 1283. Ningún abogado podrá alegar en juicio las leyes romanas, el Decretum de Graciano ni el Liber Extra, ya que hará falta acudir exclusivamente a los Fori Valentiae y, si no, al consejo y al saber de los hombres de la ciudad de Valencia y de los otros sitios del reino.
Se destaca la voluntad de excluir el derecho común de Valencia al dejar de nombrar la equidad y el sentido natural, ya que será el buen criterio de los hombres, legos en derecho, lo que cubrirá las lagunas de los fueros. Además, la decisión de Jaume I excluía las apelaciones al rey de la prohibición del recurso al derecho común. Jaume II reconoce, asimismo, que en Valencia se deben observar los fueros, excepto si hay que acudir al derecho de la recepción. Todos deben observar, pues, los Furs de València mientras basten. Parece que desaparece la excepción a favor de la apelación del rey, pero en compensación, se admite el recurso al derecho común si no hay fueros.
A mitad del siglo xiv se vuelve a intar limitar el recurso al derecho común y Pere II da dos fueros nuevos. Estas decisiones confirman el triunfo defintiivo del derecho de la recepción en Valencia.
La fijación del orden de prelación de fuentes En el Reino de Valencia, el orden de prelación había quedado claro durante la Baja Edad Media, que no impedía el recurso al derecho común, si bien en el 1358 se restringió a los tribunales reales. A principios del s. XVI, el notario Lluís Alanyà recogió en su Seu Aureum Opus los privilegios de la ciudad y del Reino de Valencia e incluyó la decisión de 1309, hecho que reconocía que, en la práctica, el derecho común era el supletorio del propio valenciano.
Durante la Edad Moderna se volvió a pedir que se limitase el recurso al derecho común y que se aplicasen los fueros al pie de la letra, aunque recordando la prohibición de mitad del siglo XIV de Pere II de Valencia, entre otras peticiones. El rey se limitó a confirmar el fuero de Pere II.
El ordenamiento jurídico valenciano estaba formado por el derecho antiguo valenciano (compilaciones imperfectas) y por el derecho nuevo, donde las pragmáticas se estaban afianzando. Así pues, se aplicaba el derecho nuevo en primer lugar (sin distinción entre leyes de corte y leyes del rey); si no, se recurría a las compilaciones. El derecho común, al cual podían recurrir los tribunales del rey, continuó funcionando como derecho supletorio.
Los jueces de la Real Audiencia de Valencia debían recoger sus votos motivados en un libro, y también se publicaban las decisiones. El ordenamiento jurídico valenciano asume una generalidad oficial sin límites. Asimismo, no se aclaraba qué había que entender por derecho común, ya que el derecho canónico y el derecho civil eran dos ordenamientos jurídicos diferentes, ni tampoco cuál había que aplicar en primer lugar en caso de divergencia.
Circunstancias como esas facilitan que los monarcas no entren en cuestiones que no afectan la afirmación de su poder. Eso puede explicar que la identificación del derecho común y la determinación de su aplicación quedase en manos de juristas.
5. Aragón y Navarra En el 1137, se unían en matrimonio Ramon Berenguer IV, conde de Barcelona, y Peronella, hija de Ramir II, rey de Aragón. A partir de ese momento, los descendientes del enlace serían reyes de Aragón y condes de Bacelona, pero hasta que eso no ocurió, Aragón compartió una historia política y jurídica con Navarra.
5.1. El derecho aragonés El centro jurídico de Jaca En el año 1076, Jaca recibió una carta de privilegios por parte del rey Sancho Ramírez que se extendió por otras zonas, tanto de Aragón como de Navarra. Esta carta de Jaca fue objeto de una intensa y amplia interpretación por parte de los juristas, lo cual convirtió a Jaca en un centro jurídico al cual se dirigieron gente de otras localidades que utilizaban ese mismo derecho. También se tuvo en cuenta, además, las reglas procedentes de la tradición visigótica del Liber y de los derechos municipales. Con el tiempo, incluso algunas disposiciones del monarca recibieron la atención de este círculo jurídico de Jaca.
Se puede hablar, entonces, de un “derecho de la montaña” (que era aquella zona determinada por la sierra de Guara y que tenía el centro en Jaca) y de un “derecho de España” (era la zona del sur de la sierra del Guarra y el territorio que se le iba conquistando a los munsulmanes). Lo que nos interesa es remarcar que, durante el siglo XII, el derecho que se había difundido desde Jaca fue reelaborado en los mismos centros receptores, en los cuales se incorporaban nuevas normas que daban respuesta a las necesidades específicas. Pero, al mismo tiempo, el derecho de Jaca también se enriquecía a partir de las aportaciones que habían nacido en los centros receptores.
De esta manera, el derecho de Jaca se extendió por las localidades de Aragón y de Navarra como un ordenamiento jurídico completo y particular, aunque con el nombre de Fuero de Jaca no existía ni un sólo texto ni una única versión de aquel derecho, sino que iba variando porque éste estaba sometido a modificaciones. A mitad del siglo XIII, las redacciones del derecho de Jaca llegaron a un buen grado de madurez, pero fue entonces cuando fueron promulgados los Fueros de Aragón y éstos provocaron la desaparición del derecho de Jaca.
La herencia jurídica altomedieval aragonesa La situación jurídica altomedieval en Aragón era parecida a la de otros reinos hispánicos.
El Líber era el derecho común de los cristianos peninsulares y formaba un derecho general; a su lado, existían los derechos particulares, señoriales y municipales.
La particularidad la determina el papel que tuvo el derecho conformado en Jaca: mientras que el Líber iba mostrando su insuficiencia para resolver las nuevas redacciones jurídicas, el derecho de Jaca se difundía por Aragón y se enriquecía porque englobaba derecho de otros sitios. Este derecho de Jaca, calificado como un derecho municipal, se extendió por Aragón como un derecho particular ampliamente difundido.
Esta difusión hizo que muchos centros de población disfrutasen de un derecho muy parecido, como un derecho particular y propio del lugar.
Este rol de derecho municipal que tenía el derecho de Jaca no necesariamente se hacía en detrimiento de un derecho municipal propio y diferente del lugar, sino que podían convivir uno al lado del otro. Además, también muchos derechos señoriales recurrieron al derecho de Jaca para completar el derecho del señorío, es decir, con un cierto carácter de derecho supletorio, lo cual era posible porque el de Jaca se había configurado como un derecho completo que, con la decadencia del Líber, se volvía eficaz.
La formación de un derecho para Aragón: Fueros de Aragón En las cortes celebradas en Huesca en 1247, Jaume I promulgó los Fueros de Aragón como el derecho general y completo de los aragoneses. Este texto también se conoce como “Compilación de Huesca”. Dar un derecho general para todos sus naturales de Aragón era algo extraordinario a mitad del siglo XIII. Por eso, Jaume I afirmó que él únicamente había hecho una compilación de leyes de sus antepasados y que tan sólo se había limitado a recoger el derecho tradicional.
Si bien es innegable que los antepasados de Jaume I habían establecido derecho, aquellas ordinaciones por sí solas no podían configurar un ordenamiento jurídico general y completo como el que se presentaba en los Fueros de Aragón. En realidad, Jaume I había fijado y promulgado una redacción del derecho de Jaca, que había convertido en derecho general del reino con el nombre de Fori Aragonum o Fueros de Aragón. Así, el rey afirmaba su poder cuando fijaba por escrito el antiguo y buen derecho.
Aún hoy hay problemas para identificar con claridad qué eran los Fueros de Aragón que Jaume I concedió en el 1247. El problema es: existe un texto de los Fori Aragonum, también conocido como Compilatio minor, que fue traducido como Fueros de Aragón y que aparece estructurado en ocho libros. Por una parte, el obispo de Huesca, Vidal de Canellas, fue el autor de una obra conocida como Compilatio maior, de la cual no se conserva ningún ejemplar en latín y que fue traducida como Vidal Mayor. Esta obra, en cambio, está dividida en nueve libros siguiendo la estructura del Código de Justiniano y la sistemática del Digesto. Este Vidal Mayor son los Fueros de Aragón pero en una versión más desarrollada, lo cual hace que nos encontremos con dos versiones diferentes de los Fueros: una que recoge literalmente la traducción del texto y una segunda comentada a partir del Vidal Mayor.
Esta doble versión responde al hecho de que Jaume I ordenó publicar unos Fori Aragonum que hicieron recompilar derecho del Fuero de Jaca y también de otro material más difícil de determinar. El caso es que fue una decisión exclusiva del rey que los Fori Aragonum fuesen derecho general de los aragoneses. Posteriormente, se le encomendó a Vidal de Canellas que sistematizara el contenido de acuerdo con el derecho romano justinianeo y reelaboró alguna parte pero sin alterar la sustancia; en otras palabras, el obispo de Huesca embelleció el texto.
Esta obra retocada por Vidal de Canellas fue conocida como la Compilatio maior, mientras que el original fue conocido como Compilatio minor. Por mucho que el rey quisiera hacer ver que Vidal de Canellas sólo había embellecido el texto original, era demasiado evidente como para que pasase desapercibida la presencia sobrevenida del derecho de la recepción. Ciertamente, el derecho romano justinianeo y el canónico habían mejorado el texto oriignal, pero al mismo tiempo, este derecho romano justinianeo tenía una carga política muy intensa que fortalecía el poder del rey como creador del derecho enfrente del estamento.
Se trataba, en definitiva, de hacer pasar la obra mejorada de Vidal de Canellas, el Vidal Mayor, por aquella que había estado aprobada en Huesca el 1247, Fueros de Aragón.
Por tanto, esta doble trayectoria del derecho general establecido por el rey en Aragón no está exenta de la intencionalidad política. La dualidad entre los Fueros de Aragón y el Vidal Mayor manifestaba el enfrentamiento entre el rey y el estamento: el monarca, para conseguir el reconocimiento de su potestad legislativa, y los estamentos, para mantener su status quo. En este clima de confrontación, que también se daba en Cataluña y Valencia, la situación en Aragón acabaría decantándose a favor de los estamentos: con el Privilegio General, el rey Pere III de Aragón juraba los fueros y los usos aragoneses y se creaba la figura del justicia de Aragón. Por el 1300, parecía que ya se habían impuesto los Fueros de Aragón en la versión original de Huesca de 1247, y quedaba aparaca la versión romanizada del Vidal Mayor.
El derecho del rey y el derecho del reino Se creó la figura del justicia mayor de Aragón, que debía vigilar el cumplimiento de los Fueros de Aragón. Su actuación se movía en el ámbito de la aplicación del derecho, y no prejuzgaba sobre a quién tocaba la creación del derecho. El problema se intentó regular por otra vía: en las Cortes de Zaragoza de 1301 se afirmaba que era costumbre razonable que el rey aragonés dictase en cortes, con el consentimiento de los estamentos, estatutos, fueros y ordinaciones. Además, los reyes aragoneses debían respetar el derecho tradicional existente y modificarlo con el consentimiento de los estamentos, reunidos en cortes. No obstante, antes de 1301, el rey actuaba estableciendo derecho sin contar con las cortes. Ahora, aunque no se ponía en duda su potestad legislativa, podía seguir creando derecho, pero debía hacerlo con las cortes, lo cual suponía un límite en su actuación.
En esta tensión, el centro no se encontraba en quién tenía reconocida la creación del derecho, sino en el campo de la aplicación del derecho. Ciertamente, los estamentos no pretendían rivalizar con el rey por la titularidad de la potestad legislativa, sino que, sin poner en duda que a éste le pertenecía, tan sólo esperaban limitarla. En este sentido, el justicia mayor sólo podía actuar contra el rey cuando se daba el caso de violación del derecho por incumplimiento, pero no podía actuar cuando el rey no violaba el derecho sino que lo modificaba.
El derecho general y los derechos especiales La aparición de los Fueros de Aragón afectó al panorama jurídico aragonés. Como su contenido estaba formado por el Fuero de Jaca, por elementos de las nuevas zonas conquistadas y por el derecho de las infanzones, la utilización y el triunfo de éstos fueros dejaron obsoleto al Fuero de Jaca.
Si a partir de un cierto momento los aragoneses ya disponían de un derecho general y bien sistematizado como era los Fueros de Aragón, y que además contenía el derecho de Jaca, que ya era conocido y utilizado por mucha gente, entonces no había razón para seguir utilizando el Fuero de Jaca. Fue así cómo el triunfo de un derecho general implicó la desaparición del derecho de Jaca. No obstante, siguieron persistiendo los privilegios.
Además, con la promesa de Pere III de Aragón con el Privilegio General de 1283 se había favorecido la conservación de algunos fueros ajenos a la familia del derecho de Jaca y vinculados al derecho castellano. Este fue el caso, por ej, del Fuero de Teruel y del Fuero de Albarracín, que perduraron como ordenamientos particulares y completos en sus municipios.
La recepción del derecho común En Aragón no hubo nunca ni una aceptación ni una prohibición oficial del derecho de la recepción, pero eso no quiere decir que no se hubiese producido el fenómeno de la recepción ni que el derecho romano justinano y el canónico no hubiesen tenido importancia en Aragón. En los Fueros de Aragón se había establecido un orden de prelación: primero había que recurrir a los fueros, y en caso de que fuese necesario, al sentido natural y a la equidad. Eso hacía que los jueces tuviesen un papel decisivo; además, su actuación sería diferente según la formación: • Había jueces formados en el nuevo derecho de la recepción.
• En Aragón era importante los jueces foristas, expertos no en el derecho romano justinianeo, sino en los fueros, es decir, en el derecho de Jaca.
Se puede afirmar que en Aragón la recepción estuvo directamente vinculada en la manera en que los juristas fijaron la equidad. Si bien el derecho de la recepción no se configuró com un ordenamiento más al cual se pudiese recurrir en caso de necesidad, sí que es cierto que su perfección técnica favoreció que se fuese recurriendo para aplicar mejor los fueros. Esto es lo que hizo el justicia mayor de Aragón, que había defendido la aplicación de los Fueros de Aragón. Esta actividad produjo las observancias, que eran objeciones, añadidos, precisiones o soluciones. Las observancias, por tanto, recogían la práctica observada por el justicia mayor en la interpretación de los fueros aragoneses para su aplicación.
Estas decisiones del juez superior de Aragón fueron fijadas por escrito y compiladas. Se puede observar que el derecho propio aragonés, para resolver problemas, también recurrió al ius commune. De las diversas compilaciones de observancias que fueron hechas, las más importantes fueron la del justicia Martín Díez de Aux. Esta obra fue realizada por encargo del rey Alfonso V de Aragón y recogía usos, observancias y actos de corte relativos a la aplicación de los fueros.
El enfrentamiento entre el rey y los estamentos se trasladaron también al justicia mayor, que era visto como un defensor de éstos por el rey. A partir del s. XV, la actividad del justicia mayor decayó y no fue publicada ninguna otra compilación oficial de observancias después de la de Martín Díez de Aux. A esto hay que añadir que acabaron imponiéndose los juristas formados en el ius commune, para los cuales el derecho común —incluidos en los libros ordinarios del corpus iuris boloñeses— era la máxima expresión de la ratio scripta. La proliferación de juristas formados en el ius commune hizo que, en defecto de los fueros aragoneses y de las observancias, se recurriese al derecho común. Por tanto, el recurso al derecho de la recepción se fue ensanchando.
Este papel ascendente que adquirió el ius commune en Aragón no se reflejó de manera oficial, por lo que la existencia e importancia que habían adquirido las observancias hizo que hiciese falta rehacer el orden de prelación establecido en los Fueros de Aragón en el siglo XIII. En consecuencia, el orden de prelación de fuentes de Aragón que utilizaron los juristas después de la compilación de Martín Díez de Aux fue el siguiente: 1. Normas jurídicas especiales o particulares (incluyendo cartas reales).
1. Fueros y actos de corte posteriores a 1437.
2. Observancias de Martín Díez de Aux en 1437.
3. Fueros y actos de corte dados entre 1247 y 1437.
4. Fueros de Aragón.
5. Equidad y sentido natural.
La fijación del orden de prelación de fuentes Los juristas aragoneses de la Edad Moderna solían creer que el derecho aragonés se basava exclusivamente en las leyes de cortes, y, además, la costumbre derogaba el fuero. Se afirma entonces, que en Aragón, se aplica en primer lugar las normas jurídicas especiales; después, los fueros y los actos de cortes posteriores, las observancias de Martín Díez de Aux, los fueros y actos de cortes anteriores a 1437 y posteriores a 1247, los Fueros de Aragón y el recurso a la equidad.
Esta jerarquización se vio alterada con la compilación sistemática de 1552, en la cual se colocó un volumen separado de leyes derogadas, de manera que resultaba innecesario acudir a la normas derogadas y perdía importancia el criterio cronológico que se invocaba en la jerquización. Además, puede que, más en Aragón que en otros reinos, empeorase el problema de la prelación de fuentes, ya que el único orden fijado se remonta al que recogen los Fueros de Aragón. Conviene, pues, examinar el derecho aragonés principal y el supletorio.
La compilación aragonesa no agotaba el ordenamiento jurídico, y a su lado, había las leyes del rey. La relación entre la legislación hecha en las cortes y la legislación real daba como resultado que las leys reales posteriores se imponían a las leyes de las cortes. Así pues, en Aragón, el derecho principal era el derecho propio aragonés y, en primer lugar, debía recurrirse a los privilegios y, a continuación, al derecho general.
Con la pérdida de protagonismo del Justicia, además, fue la Audiencia la que continuó actuando del filtro. Se puede mantener la idea de que en Aragón no ha habido recepción.
Es la Audiencia quien fija los principios aplicables del derecho común mediante sentencias, motivadas, que se convierten en el modelo que hay que seguir por los tribunales inferiores. En este contexto, el enfrentamiento entre el rey y estamentos lleva a que los juristas partidarios de posiciones estamentales desconozcan el papel de la Audiencia y comiencen a reconocer el derecho común como un derecho supletorio del derecho propio.
Esta novedad parece atribuible al comenzamiento del siglo XVI a un conocido jurista aragonés, Miguel de Molino, el cual identifica sentido natural y razón escrita (ratio scripta) que ha de ser identificada para determinar quién es el ordenamiento jurídico supletorio. Tal y como pasó en Cataluña, había una tendencia de los primeros juristas a identificar la ratio scripta con el derecho romano, pero se acabó reconociendo que había que recurrir primero al derecho canónico porque se consideraba más justo.
5.2. El derecho navarro La contrucción política del Reino de Navarra A partir de un momento determinado, y ante la presencia de un rey forastero, en Navarra se construyó una teoría política según la cual se declaraba que los navarros habían tenido antes leyes que reyes. De esta manera, se acentuó la idea de que los navarros escogían al rey a condición de que primero jurase tener, mantener y mejorar sus fueros.
Según la herencia visigoda, el poder del rey tenía un origen divino: el rey debía regir rectamente para apartar a su pueblo del mal y conducirlo al bien; el rey debía implantar la justicia divina en la tierra, etc. El rey, en definitiva, era el titular de un poder que debía ejercer en beneficio de su pueblo. Según esta tradición jurídica, el poder que ejercía el rey no le venía de su pueblo, sino que era de origen divino.
Podemos decir que, en Navarra, el problema está en la necesidad de armonizar el principio contenido en el Fuero Antiguo (y que de aquí pasó al Fuero General de Navarra), según el cual, los nuevos reyes sólo lo eran después de jurar los fueros. En el fondo, el problema planteado en términos extremos consistía en dilucidar quién era, en Navarra, el titular del poder político.
Si bien en la Alta Edad Media se afirmaba que los reyes lo eran por la gracia de Dios y el pueblo no intervenía, con la recepción del derecho común se extendió la idea de que Dios concedía el poder a la sociedad, la cual se dotaba de un jefe para que los gobernara rectamente. El problema, pues, era cómo llegar a determinar si el rey había regido rectamente o no, y quién debía valorarlo.
Estas dos concepciones chocaban frontalmente, aunque no se dio nunca el caso de que el pueblo prescindiese de su rey y tuviese que buscar uno nuevo, con lo cual podemos interpretar que, en Navarra, los reyes eran los titulares del poder, lo que no quiere decir que, en algunas ocasiones, el ejercicio de la potestad regia apareciese limitado por los estamentos. De hecho, hay motivos históricos para creer que el titular del poder era el rey y no el pueblo: ni se dio nunca el caso de no ser reconocido como rey, ni tampoco se arbitraron medios eficaces para conseguir que el juramento de los fueros fuese realmente efectivo una vez hecho por los reyes.
En el enfrentamiento entre rey y estamentos venció el rey, que, en la Época Moderna, acabó imponiendo su soberanía. Los estamentos navarros, asimismo, no reivindicaban la creación del derecho pra ellos, sino que pretendían simplemente mantener sus fueros y privilegios inalterados; por eso, lo que querían era que el rey crease el derecho en las cortes. Por otra parte, la obligación del rey de respetar y de mantener los fueros no implicaba que el monarca renunciase a la creación de nuevo derecho, La formación de un derecho general de Navarra En el contexto del enfrentamiento entre el nuevo rey Teobaldo I y la nobleza, los estamentos decidieron que no era suficiente con que los reyes efectuasen un juramento genérico de sus fueros y privilegios, sino que había que fijarlos por escrito con tal de que dicha redacción escrita fuese jurada por los reyes. En el 1238, una comisión de diversos estamentos de la nobleza, con el rey y el obispo de Pamplona, acabó un texto que fue conocido como el Fuero Antiguo, aunque dicha redacción sólo contenía normas referidas a las relaciones entre la nobleza laica y el rey, y prácticamente no se decía nada sobre los eclesiásticos o los hombres de las ciudades. Así pues, cuando los nuevos reyes juraban los fueros, seguían jurando los fueros de los eclesiásticos, de los nobles, de los ciudadanos y de los campesinos, y seguían haciéndolo de forma genérica.
Por otro lado, excepto de algunos aspecto que contenía el Fuero Antiguo, comunes para todos los estamentos, cada uno de éstos tenía su propio fuero y no existía un derecho general para todos. Si a esta situación añadimos que ni tan sólo el fuero de cada estamento estaba fijado oficialmente por escrito en una única redacción y que las confirmaciones seguían siendo genéricas, nos encontramos que en la Baja Edad Media había una gran variedad de redacciones sobre el derecho navarro.
Estas redacciones giraban entorno a dos ejes: la tarea del rey como creador del derecho y la jurisprudencia.
En el siglo XII se desarrollaron en Navarra los tribunales independientes del rey, que resolvían las causas de los ciudadanos dentro de los mismos municipios, y tribunales también indepedientes del rey para los eclesiásticos. Los tribunales municipales ayudaron a desarrollar unos derechos municipales que se plasmaron por escrito y que estaban vinculados al derecho del Fuero de Jaca; en cambio, los tribunales eclesiásticos hicieron suyo el derecho canónico de la recepción. Los tribunales del rey también desarrollaron una jurisprudencia propia, en la cual entraban la tradición visigótica, las prácticas municipales, los acuerdos de los consejos y, finalmente, también los principios del derecho de la recepción. Esta jurisprudencia de los tribunales regios dio lugar a diferentes redacciones escritas sólo afectaban a la nobleza —infanzones— y a los campesinos, que se incorporaron al Fuero General de Navarra.
La diversidad de fueros parecía ser más un obstáculo que otra cosa, y así fue cómo en el 1330 se intentó reducir todo el derecho navarro a tres únicos fueros: el de la nobleza, el de los ciudadanos y el de los labradores. Con esta medida, el rey no intentaba establecer un derecho general, sino tres, uno para cada grupo y que, a su vez, coexistirían con privilegios personales e individuales de cada uno. Los eclesiásticos quedaron al margen de esta medida porque ya tenían su propio fuero, que era el derecho canónico.
Pocos años más tarde, se intentó reducir la diversidad de fueros a una única unidad, pero fracasó. A pesar dell fracaso, la realidad fue imponiendo una cierta unidad: un derecho general para toda Navarra se iría abriendo paso con la progresiva generalización del Fuero General de Navarra, un texto que, originariamente, sólo recogía el derecho señorial. No obstante, en este proceso de formación de un derecho general para Navarra, participó el rey activamente para crear un derecho general regio paralelamente a la recepción del derecho común, y lo hacía legislando fuera de la corte, aunque también acudiendo a ella para dar publicidad a sus leyes e interpretar el derecho existente.
De todas las leyes regias que contribuyeron a la formación de un derecho general, presentan un especial interés los “amejoramientos”, dichos así porque le tocaba al rey mantener los fueros de los navarros y mejorarlos.
La recepción del derecho común en Navarra Es un tópico afirmar que en Navarra no hubo recepción o que el derecho común prácticamente no tuvo influencia. Esta afirmación se basa en el hecho de que en Navarra no hubo un estudio general donde se enseñase el derecho romano justiniano ni el derecho canónico, y al hecho de que el derechonavarro era un derecho de un carácter consuetudinario y tradicional muy marcado, con lo cual chocaba con el nuevo derecho de la recepción, el cual se basaba en la primacía de la ley en detrimiento de la costumbre. No osbtante, que no hubiese reacciones oficiales contra el derecho común no quiere decir que el derecho común no circulase.
Estas circunstancias son ciertas, pero hace falta matizar la supuesta excepcionalidad navarra. Para comenzar, podemos constarar que el derecho navarro estaba contenido en el Fuero General de Navarra, en los amejoramientos de los reyes y en los fueros municipales. Todos estos derechos juntos, que acabaron dentro del Fuero General de Navarra, eran insuficientes para resolver el conjunto de aspectos de la compleja vida de la sociedad bajomedieval y moderna.
En segundo lugar, debemos recordar que los eclesiásticos tenían una jurisprudencia exenta, es decir, al margen de la jurisdicción del rey y de otros estamentos, y que el fuero de los eclesiásticos adoptaron como fuero propio el derecho canónico.
La fijación del orden de prelación de fuentes En Navarra no existió un orden de prelación, aunque aparezca insinuado en la decisión de Carlos III (1413) y en la de 1576, cuando se afirmó claramente como derecho principal el derecho navarro, y como supletorio, el derecho común. Estas decisiones lo que hacían era defender el derecho propio frente a otros, pero, no obstante, no aclararon el sentido técnico de la expresión “fuero y leyes deste reino” y, en cambio, introducieron la terminología de “derecho común”.
Se debe entender, pues, el problema del derecho supletorio como una estrategia de defensa del derecho navarro, una vez fracasó el intento de redactar un Fuero Reducido y se identificó el derecho navarro con el Fuero General de Navarra. Éste presentaba los inconvenientes de no responder a las situaciones de la sociedad moderna y de no decir nada sobre la manera en cómo debían llenar las lagunas legales.
A falta de derecho propio, el jurista navarro Martínez de Olano propuso que se debía aplicar el derecho del rey —identificado con el derecho castellano, derecho común de todos los fieles del monarca—, pero los estados entendían que el derecho común era otra cosa. Éstos pretendían que el rey oficializase la costumbre que tenían los navarros de regirse por el derecho común y, así, consigueron que se reconociese el derecho común como derecho supletorio. Según Martínez de Olano, el derecho común del que hablaban los estados ahora debía identificase con el Corpus Iuris Civilis, traducido al castellano y que adquirió carácter oficial en Navarra en el siglo XIX.
Los estados consideraban las leyes del reino como las leyes decisivas, es decir, las leyes solicitadas por los estados al monarca, las cuales se equipararon a las reparaciones de greuges y las leyes dadas a petición de los estados con tal de reparar un desafuero. Navarra, pues: • • • • El rey daba leyes y las revocaba sólo si eran contrarias a las del reino.
El rey daba pragmáticas sin que hiciese falta una necesidad urgente.
El rey determinaba si existía o no violación de derecho.
El rey no estaba obligado a reparar el contrafuero llevado a cabo.
Los estados fracasaron en su pretensión de que las leyes del reino se limitasen a ser las leyes decisivas y las reparaciones de greuges, ya que el monarca a menudo se podía negar a reparar un greuge y su decisión era aceptada como legítima, lo cual era contrario al juramento hecho a los navarros. Este hecho demuestra que la soberanía, en Navarra, se encontraba en manos del rey.
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