INCOMPARECIENCIA (2014)

Trabajo Español
Universidad Universidad de las Palmas de Gran Canaria
Grado Derecho - 3º curso
Asignatura Derecho Penal III
Año del apunte 2014
Páginas 4
Fecha de subida 07/04/2016
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CINTIA SARDIÑA BORDÓN DELITO DE INCOMPARECENCIA El artículo 463.1 expone lo siguiente.
“El que, citado en legal forma, dejare voluntariamente de comparecer, sin justa causa, ante un juzgado o tribunal en proceso criminal con reo en prisión provisional, provocando la suspensión del juicio oral, será castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o multa de seis a 24 meses. En la pena de multa de seis a 10 meses incurrirá el que, habiendo sido advertido, lo hiciera por segunda vez en causa criminal sin reo en prisión, haya provocado o no la suspensión.” Este artículo tipifica la denominada obstrucción pasiva, ya que se centra en castigar aquella persona que de forma voluntaria no asiste al juzgado o Tribunal, a pesar de ser su presencia de máxima importancia. En este aspecto se puede manifestar que las notas características de este delito son las siguientes: 1.- Que el sujeto activo del delito haya sido citado legalmente en forma para proceso criminal en fase de Juicio Oral (arts. 166 y ss. y 175 asistir a un L.E.Cr.) 2.- Que deje de comparecer sin justa causa, excluyendo a las personas que, según los artículos 411 y ss de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, no están obligadas a comparecer.
3.- Que tratándose de causa criminal sin reo en prisión, la incomparecencia lo fuere por segunda vez, habiendo sido advertido, haya provocado o no la suspensión.
Asimismo, en este apartado se castiga la incomparecencia por reiteración, pues exige una advertencia previa. En otras palabras, es indiferente que se haya provocado o no la suspensión del juicio oral, pues no debe existir en la causa criminal un sujeto sometido a prisión provisional. Lo que permite este último dato es la persecución de este delito tanto en procesos criminales por delito como por falta .
En lo concerniente, al tipo subjetivo, se determina que el dolo del sujeto deba abarcar el conocimiento de las consecuencias penales de la incomparecencia, de forma que si existe el desconocimiento de la transcendencia penal del mismo, se impide la afirmación de la existencia del dolo exigido en el tipo. Además, es de notoria importancia exponer que en el supuesto de desconocimiento de que el sujeto se encuentra privado de libertad, no se le puede condenar por el 2º inciso del presente artículo (“...En la pena de multa de seis a 10 meses incurrirá el que, habiendo sido advertido, lo hiciera por segunda vez en causa criminal sin reo en prisión, haya provocado o no la suspensión”), ya que este tipo exige que el imputado no este en prisión. Además, no cabe realizar ningún tipo de interpretación analógica contra el mismo.
El fundamento de la sanción pecuniaria que se impone por una primera incomparecencia, lo constituye el mero hecho de la inasistencia; sin embargo, la aplicación de la figura delictiva se justifica por la actitud claramente obstructiva a la Administración de Justicia, con el consiguiente perjuicio ocasionado al funcionamiento de la misma, que es precisamente el bien protegido con el tipo penal . En este artículo, se presentan dos subtipos agravados por razón del sujeto, recogidos en apartado 2 y 3 del mismo .El fundamento de la agravación viene determinado por la especial posición que los referidos sujetos ostentan en el correcto funcionamiento de la administración de justicia.
Artículo 463.2.CP expone lo siguiente: “Si el responsable de este delito fuese abogado, procurador o representante del Ministerio Fiscal, en actuación profesional o ejercicio de su función, se le impondrá la pena en su mitad superior y la de inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión u oficio, por tiempo de dos a cuatro años.” 1 La competencia en materia disciplinaria no impide la actuación propia de los Tribunales Penales en el enjuiciamiento de las conductas presuntamente constitutivas de infracción penal, y en concreto sobre la posible comisión del delito tipificado en el art. 463.1 y 2 del CP cuando el autor sea un Letrado, pues en otro caso se llegaría a la conclusión de que dicho precepto sería prácticamente inaplicable. En lo relativo a la fase de citación, se debe resaltar que estos quedan citados desde el momento en que son informados por el Procurador del señalamiento del juicio.
Además, el tipo no exige que en la citación de estos se recoja las advertencias de responsabilidad en que se podría incurrir en caso de no asistir, ya que se presume, que estos por razón de su profesión poseen conocimiento de ello. Sin embargo, en el artículo 175 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se dispone que si deberán recibir citación los testigos, peritos o cualquier otro particular.
El artículo 463.3CP expone: “Si la suspensión tuviera lugar, en el caso del apartado 1 de este artículo, como consecuencia de la incomparecencia del juez o miembro del tribunal o de quien ejerza las funciones de secretario judicial, se impondrá la pena de prisión de tres a seis meses o multa de seis 1 Sentencia de la Audiencia Provincia de Barcelona el 24 de abril de 2001 (RJ313/2001) a 24 meses y, en cualquier caso, inhabilitación especial por tiempo de dos a cuatro años.” En este artículo, se castiga la incomparecencia por parte del juez o de algún miembro del Tribunal, ya que por el cargo que ostenta, debido a su profesión, no pueden de forma voluntaria dejar de comparecer en el Juicio.
3.4 JURISPRUDENCIA SOBRE LOS DELITOS DE INCOMPARECENCIA Sentencia de la Audiencia Provinvial de Palencia el 12 de enero de 2012(RJ 52/2011) En la señalada Sentencia, se acusa a Don Ramón de un delito contra la Administración Pública, en concreto un delito de Obstrucción a la Justicia por incomparecencia, ya que no acudió al Juzgado, por circunstancia personales, pero no por justa causa, quedando desierto el recurso de apelación instado por el mismo en representación de una comunidad de propietarios.
Posteriormente, el acusado acudió como procurador al Juzgado de procedencia recogiendo el Ordinario nº 777/05, presentando la notificación y emplazamiento por 20 días para la apelación a él dirigida, en la que constaba tanto la fecha de notificación como su firma. Sin embargo, este documento presentado era falso, ya que el había sido citado con anterioridad, por lo tanto sustituyó la original obran en dicha causa por otra elaborada por él atraves de algún tipo de procedimiento informático o de fotocopiado, con el objetivo de obtener así un remedio para una ulterior impugnación del auto de 4-10-2.007, por el que se le tenía por desistido del recurso preparado, pretendiendo generar con ello un error en el correspondiente Juzgado.
“Como que los hechos precedentemente declarados probados deben también ser incluidos en el ámbito “de la obstrucción a la justicia y la deslealtad profesional”, como de manera copulativa encabeza el Libro II, Título XX, Capítulo VII del CP, en que está incluido el contenido de un art. 465,1 CP absolutamente permeable y permanentemente abierto, pues sus acciones afectan directamente a la Administración de Justicia e indirectamente tanto al concreto cliente, al resto (4) de los profesionales intervinientes en aludido Ordinario 777/05, como a sus clientes. Se trata de un delito especial, pues únicamente puede ser cometido por quien tiene la cualidad (en el caso) de Procurador, que "...con abuso de su función,destruyera, inutilizare u ocultare documentos o actuaciones de los que haya recibido traslado en aquella calidad..."; doloso y "... construido con deficiente técnica legislativa..."( STS 29-9-2.009 ), si se tiene en cuenta la variedad de verbos nucleares empleados por el legislador para su comisión; de resultado, pero sin que sea precisa una consecuencia perjudicial ulterior ( STS 23-5-2.005 ); cuyo bien jurídico protegido es la seguridad en la custodia y en el tráfico documental, incidiendo en la autenticidad o en el carácter genuino del mismo, por tanto en el recto funcionamiento de la Administración de Justicia a través de la aplicación de dichos verbos disyuntivamente nucleares ("destruir", "inutilizar" u "ocultar"), pero que en lógica definitiva estos no vienen a significar otra cosa que meras y simples variedades homogéneas de un propósito común, consistente en pretender privar dolosamente que un determinado documento pueda cumplir la función que el ordenamiento jurídico efectivamente le reconoce.” “(...)Y en el caso qué decir que la acción desplegada puntual y circunstancialmente por el acusado participó plenamente de cuantos presupuestos se han descrito, pues, una vez efectuada por él la simulación que propició la falsedad, posteriormente y de manera sinónima ocultódestruyó-inutilizó el documento original, en que constaba la notificación a él efectuada como Procurador y su firma, afectando así esta concreta manera de actuar tanto a la Administración de Justicia, como a sus otro cuatro compañeros de profesión y a los clientes. Al concurrir por lo expuesto también en el presente caso todos los elementos del tipo que vertebran este delito, reflejados en el juicio de certeza al que llegó esta Ilma. Sala y objetivados en el factum, por ello también procede dictar sentencia condenatoria.” En los anteriores extractos de la sentencias, podemos observar como el acusado, incurre en el delito de obstrucción a la justicia, ya que a se le notifico de forma legal el día en el que se tenia que personar y no acudió al Juzgado por motivos que no median justa causa. Además, este debido a su profesión conocía las consecuencias derivadas de la no personificación en el juicio y con el objetivo de provocar error en la Administración de Justicia (art.463.2),También, es autor del delito recogido en el artículo 465 del Código Penal, ya que con abuso de cargo destruyó el documento de la citación, presentando en el juzgado uno creado por él. Por el delito de Obstrucción a la Justicia se le condena a la pena de diez meses de prisión, con la accesoria de inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena; nueve meses de multa, con cuota diaria de 10 y responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago; así como tres años de inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión de Procurador.
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