10: La Administración en la España Moderna (2014)

Apunte Español
Universidad Universidad de Málaga
Grado Derecho + Administración y Dirección de Empresas - 1º curso
Asignatura Historia del Derecho
Año del apunte 2014
Páginas 12
Fecha de subida 02/08/2017
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Tema 10

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Tema 10: La Administración en la España Moderna 1. La Evolución de la Monarquía en el Estado Moderno.
El reinado de los Reyes Católicos (1469 – 1519) lleva consigo la unión de las dos coronas en la persona de los monarcas, manteniendo ellas su estructura política diferenciada. La célebre unidad nacional permitió así que Castilla y Aragón, y luego Navarra, se rigieran por sus propias leyes y mantuvieran sus Cortes y demás instituciones de gobierno. La diferencia más clara entre Castilla y Aragón era que la primera era territorialmente mucho más extensa y más densamente poblada que la segunda. Las Indias fueron incorporadas a la Corona de Castilla, y la unidad política peninsular (excepto Portugal) se logra con la toma de Granada y con la incorporación de Navarra. Además, tiene lugar la primera gran expansión por las rutas americanas, despertando así el Imperio y la inserción privilegiada de España en la trama internacional.
Tras la muerte de Isabel y posteriormente la de Fernando, las dos Coronas fueron heredadas por Carlos V (I de España), quien recibe la de Alemania y es nombrado emperador. Se inicia así el gobierno de la Casa de Austria, que se proyecta en los reinados de Carlos V, Felipe II, Felipe III, Felipe IV y Carlos II. Tal periodo da cabida a un doble apogeo político y cultural. El reinado de Carlos V se caracteriza por la expansión territorial, por la crisis político-religiosa que la Reforma lleva consigo, por las convulsiones internar y por la ordenación del aparato político-administrativo que ha de administrar el gobierno. Fue sucedido por Felipe II, sedentario y burócrata, quien culmina la expansión territorial al incorporar Portugal y sus dominios, lo que entre otras cosas supone la unidad política de la península. Tensiones radicales y religiosas determinaron la expulsión de los moriscos en el reinado de Felipe III, agravándose una depresión económica. Durante el reinado de Felipe IV se es testigo de sucesivos descalabros internacionales e internos.
La muerte sin descendencia de Carlos II trajo a España a la dinastía de Borbón, cuyo primer monarca, Felipe V, reinó tras derrotar en la Guerra de Sucesión al pretendiente austríaco que había sido apoyado por la Corona de Aragón. Entre este conflicto bélico y la Guerra de la Independencia, tras Felipe V gobiernan Fernando VI, Carlos III y Carlos IV. Con este último concluye el Antiguo Régimen.
2. Relaciones Iglesia-Estado.
En cuanto a las relaciones Iglesia-Estado, destaca el denominado regalismo, que es el conjunto de interferencias del poder civil sobre el poder eclesiástico consistente en que los monarcas intentan condicionar la elección del Papa en favor de cardenales activos. Además, someten a supervisión las disposiciones de los pontífices antes de que puedan aplicarse en los diferentes reinos. También deciden el nombramiento de obispos y otras dignidades eclesiásticas, hasta el punto de que reúnen juntas de teólogos que suelen dictaminar a favor del rey y en contra del Papa. Igualmente, se producían interferencias de la Iglesia, especialmente del Papa en cuestiones políticas. Por tanto, las relaciones IglesiaEstado nunca han sido fáciles.
El regalismo tiene esencialmente un triple contenido: - Derecho de representación, consistente en la facultad del Estado de proponer a los obispos y otras altas dignidades eclesiásticas.
- Recursos de fuerza, consistentes en la posibilidad de que un agraviado por un tribunal eclesiástico pudiera apelar ante un tribunal civil.
- El denominado pase regio, que era el derecho que se atribuían los reyes de otorgar el visto bueno a bulas y documentos pontificios antes de su publicación. A estos efectos, las disposiciones eclesiásticas debían ser examinadas por el Consejo de Castilla, organismo que las autorizaba si no atentaba a las regalías del monarca, o bien las retenía e impedía su publicación con caso contrario.
En el siglo XVIII, las relaciones Iglesia-Estado intentaros solucionarse a través de los concordatos.
3. El Sistema Polisinodial Español.
Surge en los albores del siglo XVI el problema de institucionalizar la monarquía. La institucionalización se plasma en el llamado régimen polisinodial, que articula la administración central en una red de organismos colegiados, los Consejos. Estos Consejos están compuestos por un presidente, varios consejeros, secretarios y personal subalterno, y asesoran al rey en los asuntos de su competencia, disfrutando, además, de atribuciones legislativas, administrativas y judiciales.
En general, cabe distinguir dos tipos de Consejos según su competencia: material en asuntos precisos, y territorial con atribuciones globales en su marco geográfico. Además, parece oportuno clasificar el conjunto de ellos en cinco categorías distintas: los competentes sobre toda la monarquía, los de gobierno de distintos territorios, el de Navarra, los de Cámara, y los aplicados primariamente a la administración de la Corona de Castilla. Todos estos Consejos, excepto el de Navarra, tuvieron su residencia en la Corte.
4. La Administración Territorial.
Entre el poder central y el local, o los señoríos en su caso, se da en Castilla un vacío casi absoluto, solo atenuado por la existencia de ciertas demarcaciones o provincias.
El oficio de virrey comporta funciones generales de gobierno y una suprema fiscalización de cuanto sucede en sus territorios. Las legislativas y de gobernación las asume cuando es además nombrado gobernador, las judiciales con su designación como presidente de la Audiencia y las militares cuando se le agrega el cargo de capitán general.
En la Corona de Aragón el afianzamiento del régimen virreinal tiene lugar como consecuencia del fracaso del antiguo sistema de gobernación general.
En Castilla surge una nueva división de carácter fiscal que comprendía un total de cuarenta circunscripciones: treinta y dos provincias nominales y ocho con independencia de las Provincias Vascongadas.
En el País Vasco, el gobierno corrió a cargo de Juntas y Diputaciones. Las Juntas fueron generales o particulares, y la Diputación se creó para despechar los asuntos que la Junta General hubiera dejado pendientes. Estas instituciones poseían múltiples competencias.
La administración territorial del siglo XVIII tuvo un signo cambiante en Castilla y muy distinto en la Corona de Aragón, donde como consecuencia de los decretos de Nuevo Planta se introdujo una organización castellana. Las reformas borbónicas significaron un aumento del número de provincias y la aparición de los intendentes como magistratura clave del nuevo sistema. Los antiguos virreinatos fueron convertidos en provincias, nombrándose para cada territorio un capitán general, el cual asumió la suprema autoridad política y militar.
Así, España aparece dividida en doce capitanías generales, que ahora se llaman de provincia. El intendente se convirtió finalmente en una autoridad territorial como intendente de provincia.
La administración territorial en Indias pasó por numerosas vicisitudes y problemas. Atravesó cuatro sucesivas etapas: - En la etapa inicial queda suspendida la autoridad del virrey y se trata de establecer cierto sistema plural de provincias y gobernadores.
- La segunda etapa supone el retorno al sistema virreinal.
- En la tercera etapa se rehabilitan las gobernaciones, donde se organizan diversas provincias en las que el gobernador recibe así mismo el título de capitán general.
- En la cuarta etapa aparecen virreinatos y Audiencias gobernadoras a modo de grandes distritos con provincias dentro de ellos.
5. La Administración Local: La dirección de los municipios cae en manos de oligarquías nobiliarias que se disputan de modo especial el control de las importantes ciudades con voto en Cortes.
Las modestas villas tratan de defender su autonomía y permanecen agrupadas en comunidades. El poder real trata de controlarlo mediante la concesión de oficios a gentes adeptas, y atrayendo a las minorías nobiliarias o a sus procuradores.
La base de la estructura jurídica de los municipios fueron sus ordenanzas. Estas fijaban de ordinario por escrito antiguas costumbres y usos locales reguladores de la vida cotidiana en sus diversos aspectos, compuestas además por el fuero de la localidad y los privilegios regios.
El cabildo o ayuntamiento está compuesto de un número variable de regidores elegidos mediante sorteo, aunque de ordinario fueron nombrados por el rey con carácter vitalicio entre miembros de la nobleza ciudadana. Contrapeso de esa asamblea nobiliaria puedo haber sido la de los jurados, elegidos por el pueblo para defender sus intereses y controlar la actuación de los regidores.
El control regio de la vida municipal tuvo como pieza clave a los corregidores. El corregidor es representante y delegado político del monarca, además de comisario regio e interlocutor del Consejo.
6. La Administración de Justicia. El Tribunal de la Inquisición.
La Administración de Justicia: La administración de justicia en la España moderna se vio profundamente afectada por las medidas de reorganización adoptadas por los Reyes Católicos (1469-1516), siendo las siguientes sus características generales: - Se concibe la justicia como una atribución del Estado, y por tanto se sustrae de toda esfera de actuación privada.
- Esta justicia se va a articular en una organización jerárquica de los órganos de la administración de justicia ordinaria, que no va a excluir el subsistema de jurisdicciones especiales.
- El personal encargado de la administración de justicia deja de ser fundamentalmente noble, de forma que los tribunales van a pasar a estar integrados exclusivamente de letrados, es decir, profesionales del derecho.
Dentro de la jurisdicción ordinaria destacamos tres niveles: Jurisdicción suprema o real. La antigua función judicial ejercitada personalmente por los reyes pasa a tener una fijación más orgánica con el denominado tribunal de la Corte, transformado después en audiencias o chancillerías.
Sin embargo, esto no representó la desaparición del ejercicio personal de la justicia por parte del rey. No obstante, con el paso del tiempo, los monarcas se van a desentender de su función judicial, quedando esta atribuida a algunos Consejos (órganos de administración central), entre los cuales destacan el Consejo de Castilla, el Consejo de Indias y el Consejo de Aragón.
Jurisdicción territorial. De entre sus órganos hay que distinguir entre chancillerías y audiencias. Ambos órganos van a estar integrados por un número diverso de oidores (jueces para asuntos civiles) y también por alcaldes de crimen (jueces para asuntos penales). Ambos órganos estarán agrupados para su funcionamiento en salas, y cuentan con una sala especial de hijosdalgos, dedicada al enjuiciamiento de los nobles. En cuanto a las diferencias entre ambos órganos, las atribuciones de las chancillerías eran algo más amplias que las de las audiencias, puesto que se encargaban de todas las competencias de las audiencias y algunas otras que tenían en exclusiva. El funcionamiento era del siguiente modo: en primera instancia entendía la audiencia de los casos de Corte (aquellos especialmente graves, que solían llevar aparejada la pena de muerte), mientras que en la apelación o segunda instancia la audiencia entendía de aquellos asuntos fallados por los jueces ordinarios, locales o señoriales, tanto en asuntos civiles como penales. De las sentencias dictadas por las audiencias podemos distinguir dos casos: si eran penales, solamente se podían apelar a la chancillería cuando acarreasen efectivamente la pena de muerte, siendo firmes en los demás casos; en los pleitos civiles podía entender se nuevo la misma audiencia, siempre que la petición no excediera de una determinada cantidad, debiendo pasar el asunto a la chancillería si la superaba. De las sentencias de las chancillerías se podía recurrir al Consejo de Castilla mediante un depósito de 1500 doblas. En Cataluña y Aragón, sus respectivas reales audiencias van a mantener su naturaleza originaria de tribunal suprema para los asuntos procedentes de estos territorios, sin embargo, la política unificadora de los Borbones extendió la organización judicial de Castilla a los antiguos reinos de la Corona de Aragón, lo que se manifiesta en la supresión de las audiencias de Cataluña, Aragón, Valencia y Mallorca.
Jurisdicción local. En Castilla es desempeñada por la figura del corregidor. En aquellos lugares donde este no existía, las funciones judiciales van a ser desempeñadas por los alcaldes.
Por su parte, en Cataluña y Aragón la justicia local sigue en un principio la estructura medieval, y es desempeñada fundamentalmente por los vegueres, hasta la aprobación de los Decretos de Nueva Planta, que establecen corregidores en todos los reinos.
En cuanto a las jurisdicciones especiales, destacan las siguientes: Jurisdicción señorial. En esta época, conservan los señores sus antiguas facultades medievales a nivel judicial sobre los habitantes de los señoríos, sin embargo, son cada vez más mayores las limitaciones de los señores en beneficio de la jurisdicción real. Así, entre otras cuestiones, queda establecida la prohibición de que el señor pueda conceder indultos de la pena de muerte. Igualmente, en Aragón se van a ampliar los casos en que los jueces reales van a poder entrar a administrar justicia en los señoríos.
Jurisdicción eclesiástica. Va a estar ejercida por los obispos ordinarios, siendo especialmente importante el funcionamiento desde 1537 del tribunal de la nunciatura, denominado desde el siglo XVIII tribunal de la rota, que va a representar en España la Curia Pontificia. Especialmente importante es en la Edad Moderna la Inquisición, que es tribunal exclusivo en materia de fe.
Jurisdicción mercantil. Es competente en aquellos conflictos surgidos del tráfico comercial. Se va a organizar en Castilla en los denominados consulados de mercaderes y es ejercida en primera instancia por los cónsules, siendo apelable sus sentencias ante el corregidor.
El Tribunal de la Inquisición: El antiguo tribunal de la Inquisición medieval fue establecido para luchar contra las herejías de los albigenses fundamentalmente. Estos combatían la divinidad de Cristo argumentando que era imposible que Dios se pudiera encarnar, es decir, adquirir forma material. Estas herejías penetran en la Corona de Aragón procedentes de Francia.
Este tribunal medieval jamás desplegó una gran actividad y estuvo siempre sometido a la autoridad de los jueces ordinarios.
Los Reyes Católicos, ya en la Edad Moderna, deciden actuar contra los judíos, y por esta razón deciden reformar el antiguo tribunal de la Inquisición medieval. En este sentido, después de cierto forcejeo diplomático con el Papa Sixto IV entre los años 1478 y 1483, se establece la Inquisición en todos los reinos de la monarquía española, separada de la competencia jurisdiccional de los jueces ordinarios y sometida a la Corona como si se tratara de un departamento más del Estado.
En 1483, para dar unidad a los tribunales inquisitoriales, los Reyes Católicos nombran a un Inquisidor General, decayendo el nombramiento en el dominico Fray Tomás de Torquemada.
A él le debemos la redacción de un código o instrucciones procesales de 1484 que va a presidir las actuaciones y los métodos inquisitoriales, rigiéndose así todos los tribunales de este tipo por las mismas normas. Por aquel entonces se constituyó también el Consejo de la Suprema y General Inquisición, con jurisdicción en todas las cuestiones relacionadas con la fe católica, que estaba integrado por varios consejeros de nombramiento real, siendo presidido por el Inquisidor General. El Código de Torquemada fue reformado en varias ocasiones, siendo la más importante la realizada por otro Inquisidor General llamado Fernando Valdés en el año 1561.
La Inquisición española, llamada Tribunal del Santo Oficio, se dirigía contra tres fuentes principales: los falsos conversos judíos, los cristianos sospechosos de luteranismo y los falsos conversos moriscos. Aunque en un principio se dedicaba a las cuestiones religiosas, al ser designados los inquisidores por la Corona y depender toda su estructura del Consejo de la Suprema y General Inquisición, esta se convirtió en un instrumento político.
En cuanto a las características generales de la Inquisición española, destacamos: - Estaba estrechamente sujeta a la Corona y dependía del Consejo de la Suprema y General Inquisición.
- Su organización incluía una compleja red de tribunales que cubrían todos los reinos y territorios de la monarquía.
- Normalmente, los tribunales estaban compuestos por dos inquisidores, un asesor, un alguacil y un fiscal.
- Su financiación dependía casi exclusivamente del dinero obtenido con la confiscación de los bienes de los herejes y de las multas que se les imponían.
- El procedimiento estaba caracterizado por el secreto, que incomunicaba completamente al reo del mundo exterior, y en muchos casos desconocían el contenido concreto de la acusación.
Los delitos para los cuales la Inquisición era competente eran: apostasías, herejías, receptación, obstaculización de la justicia inquisitorial, concubinato de clérigos, solicitación, blasfemia, brujería, sacrilegio, usura, adulterio y robo de objetos sagrados.
Las penas que podían imponer estos tribunales aparecen recogidas en el Fuero Real, las Siete Partidas, el Ordenamiento de Montalvo y la Nueva y la Novíssima Recopilación, y eran fundamentalmente la muerte, la inhabilitación del hereje para el ejercicio de cargos públicos, la privación de títulos y honores, la pérdida de bienes, la pérdida de derechos hereditarios, multas, la excomunión, el destierro, la suspensión en el ejercicio de los oficios eclesiásticos, etc.
En cuanto al procedimiento judicial de la Inquisición, comenzaba con el llamado periodo de gracia. Normalmente, cuando los inquisidores iniciaban sus operaciones en una comarca establecían un plazo de 30 o 40 días durante el cual podían presentarse voluntariamente los heréticos con ser por ello condenados a penas graves. Pasado este periodo, las denuncias eran utilizadas para detener a todos los delatados.
A partir del año 1500, estos periodos de gracia fueron suprimidos y sustituidos por adictos, a través de los cuales los inquisidores anunciaban la obligación de denunciar a los sospechosos bajo pena de excomunión. Antes de proceder a la detención de un sospechoso, se llevaba el caso ante una junta de teólogos que determinaba si los cargos presentados constituían delito. Si esta junta decidía que había pruebas suficientes para proceder, el fiscal redactaba la orden de arresto, que iba acompañada de la confiscación de los bienes, que servían para la manutención del reo durante el tiempo de encarcelamiento y para el pago de las costas judiciales.
Una vez arrestado ingresaba en prisión, donde era muy frecuente la utilización de la tortura, habitual en todos los tribunales europeos de la época. A la persona detenida no se le comunicaba inmediatamente la causa concreta de su detención, y este secreto permitía la existencia de mayores abusos en el procedimiento inquisitorial que en el ordinario.
Los inquisidores sondeaban su conciencia por tres veces empleando los métodos habituales de tortura, y la tercera de estas ocasiones iba acompañada de la advertencia de que el fiscal presentaría una acusación firme, por lo que era mucho mejor que confesara libremente sus cargos.
Finalmente, el fiscal presentaba la acusación, a la cual el acusado debía responde inmediatamente. En ese momento, al preso se le daba una copia de la evidencia que había contra él. Tenía como medios de defensa para poder probar su evidencia llamar a testigos favorables, desarmar a los testigos hostiles demostrando enemistad personal, debutar a los jueces, y podía alegar circunstancias atenuantes de sus delitos como haber actuado por embriaguez, locura, extrema juventud, etc.
El proceso se componía de varias audiencias en las que la acusación y la defensa exponían sus respectivas posturas, tras la cual quedaba el caso visto para sentencia. Para dictar la misma, se formaba una consulta de fe constituida por inquisidores, un representante del obispo y algunos consultores. Bastaba que los dos primeros grupos se pusieran de acuerdo para que la sentencia pudiera dictarse. En caso contrario, el asunto debía ser resuelto por el Consejo de la Suprema y General Inquisición. Cabía apelación de los tribunales inferiores al Consejo e incluso al Papa.
Ultimado el proceso y haciendo recaído sentencia condenatoria, se procedía a la realización del denominado auto de fe, que era una solemne confesión en la que los condenados, con acompañamiento de las órdenes religiosas, la nobleza, las cofradías y demás corporaciones de la localidad, adjuraban públicamente, y en el caso de que hubieran sido condenados a muerte, eran entregados a la jurisdicción ordinaria. Los que adjuraban, llevaban un sayo amarillo con dos cruces de San Andrés, llamado Sambenito, mientras que los relajados, es decir, los entregados a la jurisdicción ordinaria para su muerte, llevaban otro sayo en el que figuraban demonios y llamas. La ejecución se verificaba en la hoguera, después de haber dado muerte a los reos por garrote.
En cuanto a la debilitación y extinción del Santo Oficio en España, ya en el siglo XVIII la actividad de estos tribunales fue disminuyendo, siendo la censura de libros la única arma poderosa que la Inquisición conservó. Sin embargo, esta competencia era compartida con el Consejo de Castilla. Esta censura no fue demasiado eficaz porque intelectuales influyentes obtuvieron permisos especiales para poseer libros prohibidos, existiendo un importante contrabando.
Ya en el siglo XIX, la transformación radical de la sociedad europea influenciada por las ideas enciclopedistas van a contribuir al desmoronamiento de la Inquisición, siendo especialmente importante el Decreto de Napoleón de 1808 imponiendo la extinción del Santo Oficio, que sin embargo no surtió efecto. Posteriormente, en las Cortes de Cádiz de 1813 se decreta la abolición del Santo Oficio, que a pesar de ello fue reimplantado por Fernando VII en 1814. Sin embargo, muchos tribunales no volvieron a funcionar, y las pocas causas que se sustanciaron lo fueron con una gran moderación. La Inquisición fue definitivamente abolida por Decreto de 15 de julio de 1834.
En cuanto a las opiniones que en el trascurso del tiempo han formado los distintos autores sobre la Inquisición, mientras para algunos es una institución inconciliable con el espíritu cristiano y causa del atraso cultural de España, otros la defienden por haber garantizado la unidad religiosa de España.
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