Tema 6. Responsabilidad Administrativa (2017)

Apunte Español
Universidad Universidad Pompeu Fabra (UPF)
Grado Derecho + Administración y Dirección de Empresas o Economía - 2º curso
Asignatura Actividad de las Administraciones
Año del apunte 2017
Páginas 11
Fecha de subida 02/07/2017
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Apuntes de la asignatura Actividad de las Administraciones impartida por Andrés Betancor contrastados con su libro.

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Si quieres más apuntes puedes encontrarlos buscando mi usuario atorresvelazco en Unybook.com ACTIVIDAD DE LAS ADMINISTRACIONES TEMA 6. RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA El término “responsabilidad patrimonial” se refiere a la responsabilidad que se asume como consecuencia de la producción de unos daños y que recae en un patrimonio.
ART. 1902 CC “El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado”.
La concreción jurídica de esta responsabilidad exige determinar: 1.
2.
3.
4.
La Administración autora. Como sabemos, esta actúa a través de ciertos sujetos o personas, bien en virtud de nombramiento (cargos y funcionarios) o bien de concesión (concesionario) por lo que habrá que determinar cuándo lo que hagan estos se imputará a aquella.
La relación entre la actividad de la Administración y el daño.
El daño producido.
El régimen jurídico de la acción para reclamar la responsabilidad.
Históricamente este régimen se ha configurado para dispensar una protección completa a los ciudadanos y ha evolucionado en base a esta finalidad protectora. El derecho a la compensación se configura des de una perspectiva ciudadana, es decir, des del punto de vista de los particulares.
Se basa en tres elementos básicos en la legislación de esta materia; la lesión, la indemnización y la acción para la exigencia de la responsabilidad. Elementos que tiene sentido desde el momento en que un ciudadano tiene el derecho a la reparación frente la lesión producida.
DERECHO SUBJETIVO A LA REPARACIÓN ART. 106.2 CE“Los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos.” La idea central de este régimen (y como consecuencia también del de responsabilidad patrimonial) es la universalidad (sujetos, bienes, causas, lesiones y funcionamiento). Para satisfacer esta universalidad este régimen adopta tres características: UNIVERSALIDAD SUBJETIVA La universalidad subjetiva se refiere a que el régimen de responsabilidad cubre todos los poderes públicos.
Si quieres más apuntes puedes encontrarlos buscando mi usuario atorresvelazco en Unybook.com La responsabilidad administrativa se puede exigir a todas las APs sin excepción (art. 32.1 L40/2015). Incluso cuando la AP actúe en régimen de derecho privado, tanto directamente como mediante una entidad instrumental, la responsabilidad será siempre administrativa (art. 35 L40/2015).
Como, a diferencia de los demás poderes, la Administración cuenta con personalidad jurídica, podrá responder por las acciones de otros poderes; el legislativo y judicial (responsabilidad putativa).
PODER LEGISLATIVO. RESPONSABILIDAD DEL E STADO LEGISLADOR El Poder Legislativo puede producir daños por dos vías: - Como consecuencia de la actividad interna o doméstica (ej. atropello por un vehículo de servicio público).
Por la actividad legislativa del poder, es decir, la aprobación de una Ley, denominada responsabilidad del Estado Legislador.
Esta segunda responsabilidad se encuentra regulada en el art. 32 L40/2015, y puede surgir por dos supuestos (art.
34 L40/2015): - Cuando la Ley inflige una lesión a un particular que este no tiene el deber jurídico de soportar: la lesión es la consecuencia de la aplicación de actos legislativos de naturaleza no expropiatoria de derechos.
Será objeto de indemnización cuando así se establezca en los propios actos legislativos y en los términos que especifiquen.
- Cuando la Ley que produce la lesión ha sido declarada contraria a la CE o al DUE, es decir, se necesita de una sentencia que tendrá efectos a partir de su publicación en el diario oficial correspondiente, que pone en marcha la responsabilidad administrativa.
Tanto si la norma que ocasiona la lesión se declara contraria a la CE o al DUE procederá la indemnización cuando el particular haya obtenido sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño, siempre que se hubiera alegado la inconstitucionalidad o infracción del DUE posteriormente declarada.
En el caso del DUE se añaden otros requisitos: - La norma debe tener como objeto conferir derechos a los particulares.
El incumplimiento ha de estar suficientemente caracterizado.
Ha de existir una relación de causalidad directa entre el incumplimiento y el daño sufrido.
PODER JUDICIAL. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Las APs, tal y como establece el art. 121 CE, responden por los daños producidos por los actos del Poder Judicial.
Esta responsabilidad patrimonial se rige, según el art. 32.7 L40/2015, por la LO 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (art. 291-296).
Esta responsabilidad se puede exigir por daños derivados de: - Error judicial: se precisa una sentencia judicial que lo reconozca, con lo que se podrá reclamar la indemnización ante la Administración, en particular el Ministerio de Justicia.
Si quieres más apuntes puedes encontrarlos buscando mi usuario atorresvelazco en Unybook.com - Funcionamiento anormal de la Administración de Justicia: se refiere a la actividad no jurisdiccional del Poder Judicial, caso en que la reclamación se dirige directamente al Ministerio de Justicia.
Por último, en el caso del Tribunal Constitucional “el Consejo de Ministros fijará el importe de la indemnización que proceda abonar cuando el TC haya declarado la existencia de un funcionamiento anormal en la tramitación de los recursos de amparo o de las cuestiones de inconstitucionalidad" (art. 32.8 L40/2015).
UNIVERSALIDAD OBJETIVA RESPONSABILIDAD OBJETIVA Según el carácter objetivo de la responsabilidad, ésta surge por cualquier daño imputable a la Administración o a la actividad de los otros poderes, con independencia de sus características respecto la voluntariedad o legalidad.
Por lo tanto, no solo nos referiremos al resultado dañoso producido, sino también a cualquier forma de producción de la lesión, que puede ser querida en su finalidad dañosa (dolosa) o se puede haber desarrollado sin la precaución mínima exigible (culposa), así como puede ser legal o ilegal.
La normalidad o anormalidad del funcionamiento no es excusa para constituir la responsabilidad. La relación con el funcionamiento del servicio público es la única exigencia (art. 32.1 L40/2015).
UNIVERSALIDAD DE LA RELACIÓN RESPONSABILIDAD DIRE CTA La universalidad subjetiva (todos los poderes públicos) y objetiva (todos los daños) se unen como consecuencia del carácter directo de la responsabilidad.
Esta se contrapone a la fase histórica en que la responsabilidad de la AP era subsidiaria, es decir, habiendo pasado previamente por las autoridades o personal de ésta.
El derecho constitucional a la reparación establece que la universalidad del responsable y del daño no se pueden romper por la presencia del tercero que, además, es inevitable, cuanto por la exigencia de que primero se exija a este la satisfacción o reparación.
ART. 36.1 L40/2015“Para hacer efectiva la responsabilidad patrimonial a que se refiere esta Ley, los particulares exigirán directamente a la AP correspondiente las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados por las autoridades y personal a su servicio”.
A su vez, la AP tiene el deber de exigir la responsabilidad de oficio a las autoridades y personal a su servicio una vez hubiera indemnizado al particular (acción de repetición, art. 36.2 L40/2015).
LÍMITE AL DERECHO: E L DEBER DE SOPORTAR El derecho a la reparación tiene un límite: el deber de soportar, que es un deber impuesto por una Ley con carácter general, bien de manera directa o indirecta, lo que incluye los actualizados mediante actos, resoluciones o normas reglamentarias que desarrolla lo establecido en la Ley (por ejemplo, impuestos).
A partir del núcleo general de deberes legales se van añadiendo otros supuestos que son discutibles porque no son legales y porque se consideran implícitos en la vida colectiva o como el riesgo asociado al disfrute de ciertas actividades o servicios (sanidad).
Si quieres más apuntes puedes encontrarlos buscando mi usuario atorresvelazco en Unybook.com Sin embargo, existen algunos casos donde la indemnización se debe pagar ya que se entiende que el ciudadano podría no ser responsable o tener el deber de soportar el daño (solidaridad colectiva).
EJEMPLO:Solidaridad colectiva(pág. 331).
La antijuridicidad se refiere a la existencia o no del deber de soportar; en caso de que no exista, el daño seria antijurídico. Desde la perspectiva constitucional, la responsabilidad no depende de la antijuridicidad del daño sino de cómo surge el daño mismo.
Por lo tanto, puede haber responsabilidad, puede haber derecho de la reparación pero, que se pueda ejercitar o no dependerá de si el dañado ha de soportar el deber o no de asumir el daño o lesión como un evento que la Ley, en última instancia, le impone.
ART 34 l40/2015 “No serán indemnizables los daños que se deriven de hechos o circunstancias que no se hubiesen podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento de producción de aquéllos”.
En definitiva, como hace la Constitución, el derecho de compensación queda enervado por el deber de soportar.
LESIÓN La lesión es el daño que sufre el ciudadano a causa del funcionamiento del servicio público que, según el art. 32.2 L40/2015, ha de ser “efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas”.
EFECTIVIDAD Con el término “efectivo” la Ley se refiere a aquello que es verdadero, que tiene dos dimensiones; la primera enuncia que el daño debe ser un hecho verificable y la segunda, que el ámbito en que se proyecta deben ser los bienes y derechos del ciudadano.
VERACIDAD La lesión debe ser real, no hipotética o potencia, tal y como afirma el Tribunal Supremo en la Sentencia de 3 Mayo de 2012 (Rec. 1029/2010).
Un conflicto que aparece en relación con esta característica es el referente a las pérdidas de expectativas, es decir, la pérdida de una posible ganancia futura. En este caso se considerará un daño indemnizable en función de la certeza de la ganancia (problema con las situaciones intermedias).
Por otro lado, tiene que haber una perfecta identidad entre lesión e indemnización. Por lo que la seguridad de una expectativa deberá probarse y, en función de éstas, compensar.
El TS ha admitido daños indemnizables los “daños morales”, daños de múltiples naturalezas que provocan una frustración o lesión moral al particular (ej. rechazo de la colegiación de un solicitante en un Colegio profesional).
Si quieres más apuntes puedes encontrarlos buscando mi usuario atorresvelazco en Unybook.com AFECTACIÓN REAL DE BIENES O DERECHOS Los bienes afectados o dañados han de ser bienes o derechos del ciudadano perjudicado que reclama el derecho a la reparación, sin ninguna limitación; pueden ser patrimoniales como no patrimoniales (los daños morales se efectúan contra derechos de la personalidad).
EVALUABILIDAD ECONÓMICA La evaluabilidad del daño se refiere a su aptitud para la conversión en una magnitud monetaria. Si los daños son de naturaleza patrimonial esta evaluabilidad será factible (referencia del mercado).
El problema se plantea con los bienes y derechos de la personalidad (ej. vida), en cuyo caso se fijará un importe a través de una operación subjetiva basada en distintos elementos (edad, cargas familiares…).
INDIVIDUALIZACIÓN Uno de los requisitos más controvertidos es la individualización, que implica que la lesión la sufre una persona determinada o singular. El problema se plantea cuando los afectados son un grupo de personas, en cuyo caso se debe determinar individualmente.
No puede ser titular del derecho a la reparación sujetos indeterminados sino sólo aquellos que han sido singularizados por el daño bien por su condición individual o bien su pertenencia a un grupo que igualmente queda identificado o singularizado.
CAUSA: ACCIÓN Y RELA CIÓN DE CAUSALIDAD La doctrina de la “imputación” del daño se refiere a que la Administración sólo está obligada a indemnizar los daños que ella ha podido producir. Y la producción requiere no sólo una acción adecuada sino que sea la causante del daño efectivo que una persona sufre en sus bienes o derechos de cualquier tipo. Sólo así el daño se le puede “imputar” o atribuir a la Administración de modo que deberá repararlo.
AUTOR DE LA ACCIÓN DAÑOSA: IMPUTACIÓN El art. 106 CE extiende la responsabilidad a cualquier actuación relacionada con los sujetos públicos.
Los “servicios públicos” han sido interpretados como cualquier sujeto del sector público, cualquier poder del Estado. Pero el problema surge cuando nos planteamos que todos los poderes del Estado sobre los que se extiende la garantía reparadora actúan a través de personas físicas.
El criterio central que permite trasladar la imputación de la persona física a la jurídica es la “relación de servicio” o “autoridad”, una vinculación jurídica entra ambos.
El art.36 L40/2015 establece la responsabilidad patrimonial de la Administración “por los daños y perjuicios causados por las autoridades y personal a su servicio”.
Existe una separación entre causante e imputado para la mayor protección de los daños; el causante no es “imputado” por la acción dañosa por la que debe responder.
Si quieres más apuntes puedes encontrarlos buscando mi usuario atorresvelazco en Unybook.com A sensu contrario, se entiendo que no hay relación si no existe vinculación jurídica. No se considera “agentes” de la Administración, por ejemplo, contratistas, los concesionarios y los profesionales que ejercen una función pública.
Aunque puede haber excepciones en estos dos últimos casos.
Por todo esto, en la responsabilidad patrimonial de la Administración, el autor es secundario.
ACTIVIDAD DAÑOSA ¿Qué actividad es la que produce la responsabilidad porque produce el daño? El daño es causado por el funcionamiento de los servicios públicos, tanto normales como anormales.
SERVICIOS PÚBLICOS Los términos “servicios públicos” se refieren a cualquier tipo de actividad o actuación de un poder público, en particular, de la Administración.
Actividad formalizada: normativa, resoluciones o actos administrativos La declaración de ilegalidad de las disposiciones y actos administrativos puede ser un indicio fuerte de que estos sean actividades dañosas.
Habrá que estar a cada caso. Si se produce el reconocimiento de la ilegalidad y, además, se prueba que se ha producido un daño que reúne los requisitos que la Ley específica, en tal caso, habrá derecho a la reparación y la consiguiente obligación de indemnizar (art. 32 L40/2015).
Actuación material o no formalizada Es el supuesto más típico: la Administración lleva a cabo una actuación que tiene unos efectos perniciosos sobre un ciudadano cuando éste no soporta el deber jurídico de soportar el daño.
Inactividad de la administración Cuando la Administración tiene el deber de actuar y su inactividad produce una lesión.
FUNCIONAMIENTO NORMAL O ANORMAL Funcionamiento anormal La anormalidad viene delimitada por dos criterios, el legal y el alegal.
El legal en cuanto que la actividad dañosa es ilegal, es decir, una actividad o actuación de los poderes sobre los que se extiende la garantía reparadora que no se ajusta a las exigencias derivadas de la legalidad que les resulta aplicables y que produce daño.
El criterio alegal (lexartis): el de la razonabilidad según las actuación de la Administración en cada ámbito científico-técnico y que se deberá aplicar teniendo en cuanta las distintas circunstancias.
Si quieres más apuntes puedes encontrarlos buscando mi usuario atorresvelazco en Unybook.com Así, puede suceder que una actividad de la Administración ajustada a la legislación aplicable se considera dañosa a los efectos de la responsabilidad patrimonial desde el momento en que ha producido una lesión por haber incumplido los estándares lexartis.
Funcionamiento normal La Administración se ha ajustado a las reglas legales y alegales y, no obstante, el daño se produce. Este tipo de imputaciones se aprecia caso a caso, aunque existen tres “estrategias” conceptuales:  Responsabilidad por riesgo: se aprecia cuando la actuación normal de la Administración crea una situación de peligro que podría traducirse en daños. Tenemos tres dimensiones: o o o Consentimiento informado: el daño de los riesgos asociados a la actividad desarrollada por la Administración es conocido. Si aun así, el dañado ha participado en tal actividad, se excluye la posibilidad de imputación.
Fuerza mayor: la causa productora de los daños, ajena a la Administración, es conocida pero no pueden evitarse los dalos.
Caso fortuito: causa del servicio ajena a cualquier clase de culpa o dolo pero desconocida.
Al apreciarse injusticias en los casos de riesgo, como en la sanidad pública, la doctrina ha justificado la imputación en la responsabilidad del riesgo a través del daño desproporcionado: si la actuación de la Administración produce un daño que es clamoroso o desproporcionado respecto de los efectos convencionales o normales previstos para la actuación correspondiente, nos encontraríamos ante un supuesto de responsabilidad patrimonial.
 Perdida de oportunidad: es la doctrina del TS para actividades, como los servicios exenciones, que por sus características objetivas son las máspropensas a derivar en daños. Por lo tanto, habrá responsabilidad cuando la falta de actuación haya provocado perdida de oportunidad de evitar o minorar la producción del daño.
 Enriquecimiento sin título a causa:la Administración obtiene un beneficio, tanto positivo como negativo, como consecuencia de la producción del daño. Si la Administración obtiene tal enriquecimiento, deberá compensar el daño inflingido.
RELACIÓN DE CAUSALIDAD Debe existir una relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio y la lesión sufrida. En la evolución de la apreciación de la causa se ha pasado de la causalidad exclusiva a la adecuada. La primera sólo consideraba que la actividad de la Administración fuese la única causa productora del daño, hecho que hacia prácticamente imposible la imputación.
En cambio, la segunda, conduce a que el Tribunal diseccione las causas para apreciar cuándo la actuación de la AP puede ser considera “idónea” para, por si sola, producir el daño y decisiva en el caso concreto.
Se deberá distinguir entre dos supuestos: (1) cuando hay un comportamiento o actuación de la Administración o (2) cuando se trata de la omisión o inactividad de la misma.
Mirar ejemplos pág. 253-256.
Las conclusiones de los ejemplos, a grosso modo, son: Si quieres más apuntes puedes encontrarlos buscando mi usuario atorresvelazco en Unybook.com (1) La lesión ha de ser la “consecuencia” de la actuación de la Administración porque es adecuada o idónea y lo será cuando el lesionado no tiene el deber jurídico de soportar y no lo tiene cuando el funcionamiento es anormal.
(2) En el caso de responsabilidad por omisión, se le añade el requisito de que la Administración estaba, además, obligada a actuar, soportaba el deber jurídico de actuar.
Podrá ocurrir concurso de causas, es decir, que la causa de servicio púbico aparezca combinada con otras:   Cuando la “causa administrativa” concurre con la conducta de la víctima o del sujeto dañado.
Cuando la conducta concurrente es la de un tercero.
Mirar ejemplos pág. 257-258.
Finalmente, cuando sean varias Administraciones las “causantes” de la lesión, se habrá de aplicar las reglas del artículo 33 Ley 40/2015 que establecen como la preferente, la de la solidaridad entre las Administraciones: el lesionado se podrá dirigir contra cualquiera de las Administraciones para que responda de los daños.
INDEMNIZACIÓN La indemnización es la compensación percibida por el dañado como consecuencia de la lesión sufrida en cualquiera de los bienes y derechos fruto de la actuación de la Administración. Esto comprende tanto los bienes materiales como los inmateriales o morales(STS, Sala Tercera, de 24 Nov. 2015 (Rec. 956/2014)).
Se rige por el principio de la reparación íntegra: la indemnización debe hacer posible la recuperación de la situación jurídica y, en particular, patrimonial, equivalente a la que disfrutaba antes de producirse el daño.
ALCANCE: DAÑOS PATRIMONIALES Y DAÑOS MORALES Distinguimos entre daño emergente y lucro cesante (ganancia dejada de obtener). La indemnización cubrirá la pérdida efectiva o sufrida como las que se producirán como consecuencia de aquella pérdida.
Los daños deberán acreditarse. En el caso de lucro cesante la acreditación es compleja ya que es muy subjetivo y se relaciona con los derechos personalísimos.
CÁLCULO Y FECHA. ABONO Los Tribunales, según las circunstancias, teniendo los distintos criterios a los que se refiere la Ley, deberán fijar cuál sea el importe justo para la reparación de la lesión (art 34.2 L40/2015).
La fecha para el cálculo de la indemnización es la de la producción del daño (art. 34.3 L40/2015).
Existen dos modalidades de pago: (1) en dinero y en un único plazo, (2) según el art. 34.4 L40/2015, “La indemnización procedente podrá sustituirse por una compensación en especie o ser abonada mediante pagos periódicos, cuando resulte más adecuado para lograr la reparación debida y convenga al interés público, siempre que exista acuerdo con el interesado”.
Si quieres más apuntes puedes encontrarlos buscando mi usuario atorresvelazco en Unybook.com ACCIÓN DE RESPONSABILIDAD. PROCEDIMIENTO INICIACIÓN INICIACIÓN DE OFICIO La iniciación de oficio puede hacerse según los arts. 58 y ss L39/2015 y existen dos peculiaridades respecto al procedimiento común: - - “la petición deberá individualizar la lesión producida en una persona o grupo de personas, su relación de causalidad con el funcionamiento del servicio público, su evaluación económica si fuera posible, y el momento en que la lesión efectivamente se produjo” (art. 61.4 Ley 39/2015).
“cuando las Administraciones Públicas decidan iniciar de oficio un procedimiento de responsabilidad patrimonial será necesario que no haya prescrito el derecho a la reclamación del interesado” (art. 65.1 Ley 39/2015).
Una vez acordado el inicio, “se notificará a los particulares presuntamente lesionados, concediéndoles un plazo de diez días para que aporten cuantas alegaciones, documentos o información estimen conveniente a su derecho y propongan cuantas pruebas sean pertinentes para el reconocimiento del mismo. El procedimiento iniciado se instruirá aunque los particulares presuntamente lesionados no se personen en el plazo establecido” (art. 65.2 Ley 39/2015).
INICIACIÓN POR SOLICITUD DEL INTERESADO Es el régimen de la acción de responsabilidad del art. 67 L39/2015:”Los interesados sólo podrán solicitar el inicio de un procedimiento de responsabilidad patrimonial, cuando no haya prescrito su derecho a reclamar. El derecho a reclamar prescribirá al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo” La naturaleza prescriptiva del derecho habilita la interrupción. Y aunque el plazo para reclamar siga el régimen dies a quo, existen otros supuestos de cómputo del plazo cuando es la Administración la causante: 1.
En caso de daños de carácter físico o psíquico a las personas, el plazo empezará a computarse desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas.
2.
En los casos de anulación en vía administrativa o contencioso-administrativa de un acto o disposición de carácter general, el plazo comenzará a partir de haberse notificado la resolución administrativa o la sentencia definitiva.
3.
En los casos de responsabilidad patrimonial del legislador, el plazo comienza a partir de la publicación en el BOE o el DOUE, según el caso, de la sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma o su carácter contrario al Derecho de la Unión Europea.
La solicitud deberá reunir, además de los requisitos generales, los especificados en el artículo 67.2: - Las lesiones producidas.
Presunta relación de causalidad entre éstas y el funcionamiento del servicio público.
La evaluación económica de la responsabilidad patrimonial, si fuera posible.
Si quieres más apuntes puedes encontrarlos buscando mi usuario atorresvelazco en Unybook.com - Momento en que la lesión efectivamente se produjo.
Además, irá acompañada de cuantas alegaciones, documentos e informaciones se estimen oportunos y de la proposición de prueba, concretando los medios de que pretenda valerse.
INSTRUCCIÓN En primer lugar, es preceptivo “solicitar informe al servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la presunta lesión indemnizable, no pudiendo exceder de diez días el plazo de su emisión” (art. 81.1 Ley 39/2015).
En segundo lugar, también es preceptivo el dictamen a emitir por el órgano consultivo del Estado o de la Comunidad. No contempla la Ley una obligación general. Sólo en los casos que la misma enuncia o en los que así establezca la legislación reguladora del órgano consultivo (ejemplo: art. 81.2 Ley 39/2015).
La solicitud del dictamen se hará en un plazo de diez días por el órgano instructor competente a contar desde la finalización del trámite de audiencia (art.82.1 L39/2015). Tal solicitud deberá incluir una propuesta de resolución, o, en su caso, la propuesta de acuerdo por el que se podría terminar convencionalmente el procedimiento.
El dictamen se emitirá en el plazo de dos meses y deberá pronunciarse sobre la existencia o no de relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión producida y, en su caso, sobre la valoración del daño causado y la cuantía y modo de la indemnización de acuerdo con los criterios establecidos en la Ley (art.
81.2 L39/2015).
En el caso de reclamaciones por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, será preceptivo el informe del Consejo General del PJ que será evacuado en el plazo máx.de dos meses (art. 81.3 L39/2015).
FINALIZACIÓN El procedimiento ha de finalizar por las vías del art. 84 L39/2015: resolución, desistimiento, renuncia al derecho en que se funde la solicitud, y a declaración de caducidad.
A su vez, la resolución podrá ser substituida por la“terminación convencional” cuando la ley. En tal caso, el acuerdo alcanzado entre las partes deberá fijar la cuantía y modo de indemnización de acuerdo con los criterios que para calcularla y abonarla establece la Ley 40/2015 (art. 86.5 Ley 39/2015).
El órgano competente para resolver será aquel que según la legislación aplicable tenga reconocida la competencia.
En el caso de la AGE, es el Ministro, salvo en los supuestos de responsabilidad del Estado legislador que recae en el Consejo de Ministros (art. 92 Ley 39/2015).
En el caso de resolución, deberá ser motivada y el órgano, además de pronunciarse sobre todos los extremos que con carácter general establece la Ley (art. 88 Ley 39/2015), deberá pronunciarse sobre: - Si existe o no relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión.
En su caso, valoración del daño causado, cuantía y modo de la indemnización, cuando proceda según establece el artículo 34 de la Ley 40/2015 (91.2 Ley 39/2015).
“Transcurridos seis meses desde que se inició el procedimiento sin que haya recaído y se notifique resolución expresa o, en su caso, se haya formalizado el acuerdo, podrá entenderse que la resolución es contraria a la indemnización del particular” (at. 91.3 Ley 39/2015) silencio es negativo (art. 24.1 Ley 39/2015).
Si quieres más apuntes puedes encontrarlos buscando mi usuario atorresvelazco en Unybook.com TRAMITACIÓN SIMPLIFICADA El órgano competente para la tramitación podrá acordarlo de oficio “si una vez iniciado el procedimiento administrativo…considera inequívoca la relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión, así como la valoración del daño y el cálculo de la cuantía de la indemnización, podrá acordar de oficio la suspensión del procedimiento general y la iniciación de un procedimiento simplificado” (art. 96.4 L39/2015).
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