4. LAS PARTES EN EL PROCESO PENAL (I): PARTES ACUSADORAS (2014)

Apunte Español
Universidad Universidad de Girona (UdG)
Grado Criminología - 2º curso
Asignatura Dret processal penal
Año del apunte 2014
Páginas 4
Fecha de subida 21/11/2014
Descargas 36
Subido por

Vista previa del texto

Derecho procesal penal LECCIÓN 4. LAS PARTES EN EL PROCESO PENAL (I): PARTES ACUSADORAS 1. La dificultad de aplicar el concepto procesal civil de parte El derecho procesal en general abarca conceptos perfectamente trasladables entre ambos, en tanto otros presentan dificultades la teoría general de “partes” ofrece un ejemplo ilustrativo de este segundo aspecto.
“Parte es quien actúa en el proceso pidiendo al órgano jurisdiccional una resolución jurisdiccional, quien aporta alegaciones, pruebas y material, así como participa de la contradicción”; con independencia de la relación de dicho sujeto con el fondo del proceso.
Las partes del proceso penal, según la posición que adopten en el proceso, son: • • Acusadoras: Ministerio fiscal, acusador popular, acusador particular, acusador privado y actor civil Acusadas: imputado y responsable civil 2. Ministerio fiscal Funciones y principios del Ministerio Fiscal: • • • • • Promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la Ley Velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social o Desarrolladas teniendo en cuenta el principio de “unidad de actuación” y “dependencia jerárquica”, y con sujeción al de “legalidad” e “imparcialidad”.
Ejercitar la acción penal y civil o su oposición Intervenir en el proceso penal Velar por el correcto desempeño de la función jurisdiccional, respeto de las instituciones constitucionales, derechos fundamentales, libertades públicas y por el cumplimiento de las resoluciones cuando afecten al interés público y social.
2.1 Principios informadores: El MF está organizado con: • • Principio de unidad de actuación: el MF es único para todo el Estado.
Dependencia jerárquica: El Fiscal General del Estado es la jefatura superior del MF y su representación, e imparte las órdenes e instrucciones al servicio y orden de la institución.
Opera con: • • Principio de legalidad: actuará cuando la ley lo establezca y en los términos que en esta misma figuren.
Principio de imparcialidad: el MF actúa con objetividad e independencia en defensa de los intereses que les están encomendados.
Derecho procesal penal 2.2 Principales funciones en relación con el proceso penal: 2.2.1 Ejercitar la acción penal La oficialidad se sustenta en otorgar al MF la función de ejercitar y sostener la acción penal no como un derecho, sino como una obligación. En ocasiones debe acusar si lo cree conveniente. También le corresponde el ejercicio de la acción civil derivada del delito, en el caso de que no se haga uso de las facultades de renuncia o reserva.
2.2.2 Inspeccionar las funciones instructoras y solicitar las diligencias pertinentes En el proceso ordinario por delitos graves: La fase de instrucción está encaminada a preparar el juicio, practicando las actuaciones necesarias para hacer constar la comisión de un delito, con todas las circunstancias que puedan influir en la calificación y la determinación del delincuente, así como para asegurar las personas y las responsabilidades pecuniarias. Esta fase está encomendada al Juez de la demarcación donde se haya cometido el delito, pero no impide la intervención del MF. El Secretario Judicial tiene el deber de poner en conocimiento al MF de la comisión de un delito así llegue a su conocimiento.
En el ámbito del proceso ordinario por delitos graves, corresponde al MF la inspección directa de la formación del sumario.
En el proceso abreviado: Una de las grandes innovaciones del procedimiento abreviado fue ampliar el marco de competencias del MF en la fase instructora. Al MF le corresponde la inspección de la investigación, impulsar y simplificar la tramitación, dar instrucciones a la Policía Judicial, intervenir en las actuaciones, aportar medios de prueba, instar del Juez diligencias o medidas cautelares o la conclusión de la investigación. También supervisa actuaciones que instan las partes personadas, vela por el respeto de las garantías y decide sobre el ejercicio de la acción penal.
3. El acusador popular El ejercicio de la acción penal no sólo se atribuye al MF como acusador oficial, además de al perjudicado por el delito, sino a todo ciudadano español que la ejercite conforme a las prescripciones de la ley (acusador popular).
3.1 Características esenciales y configuración constitucional • La acción popular se configura como derecho constitucional de todos los ciudadanos, cuyo contenido, requisitos y desarrollo debe efectuarse en un texto legal “derecho de configuración legal” • Sirve para defender un interés general del conjunto de la sociedad • Se trata de una acción pública ejercitada por particulares 3.2 Quiénes pueden ejercitar la acción popular y quiénes están excluidos “Todos los ciudadanos españoles podrán ejercitar la acción penal”.
Restringen el uso de la acción popular, negando la legitimación para su ejercicio en los siguientes casos: Derecho procesal penal • • • • • El que no goce de la plenitud de los derechos civiles, con arreglo a la legislación civil El que hubiere sido condenado dos veces por sentencia firme como autor del delito de denuncia o querella calumniosa Los jueces y magistrados Los cónyuges entre sí, salvo por los delitos cometidos contra los hijos Los ascendientes, descendientes y hermanos consanguíneos o uterinos o afines 3.3 Especialidades en el ejercicio de la acción popular: criterios jurisprudenciales Especialidades configuradas por la jurisprudencia en el siguiente sentido: • • • • El acusador popular debe comparecer en la causa interponiendo querella, si pretende ejercitar una calificación de los hechos autónoma, pero no es necesaria si sólo pretende adherirse a las calificaciones formuladas por cualquier otra acusación.
Se otorga al Tribunal la facultad de decidir si los diferentes acusadores deben actuar bajo una misma dirección letrada y representación procesal.
El acusador popular debe presentar la fianza de la clase y cuantía que el Juez estime suficiente. “No podrán exigirse fianzas que por su inadecuación impidan el ejercicio de la acción popular, que será gratuita” El acusador popular carece de legitimación para solicitar cosa distinta de lo que es contenido de la pura acción penal: ni puede ejercitar pretensiones civiles derivadas del delito, ni instar la condena en costas.
4. El acusador particular Es la persona física o jurídica que ha sido ofendida por el delito y se constituye en parte activa en el proceso penal instando el castigo del responsable.
Ofendido por el delito es el titular del bien jurídico protegido por la norma penal, sea español o extranjero, y tanto si se trata de una persona física como jurídica.
El ofendido puede constituirse de dos maneras: • • Formulando querella Mostrándose parte en la causa en el procedimiento abreviado, sin necesidad de formular el escrito Si el acusador no ha perdido la incitación del proceso por medio de querella, la LECrim le marca un límite preclusivo para mostrarse parte mediante el escrito de personación, antes del límite de calificación. En el proceso abreviado, habrá de hacerse en el trámite de presentación del escrito de acusación.
La LECrim señala como deber de la Policía, en el tiempo imprescindible y en todo caso, durante la detención si la hubiere, el de instruir al ofendido de los siguientes derechos: • • • A mostrarse parte en la causa sin necesidad de formular querella A nombrar abogado o instar el nombramiento de uno de oficio en caso de ser titulares del derecho a la asistencia jurídica gratuita A, una vez personado en la causa, tomar conocimiento de lo actuado, e instar lo que a su derecho convenga.
5. El acusador privado Derecho procesal penal Es la parte necesaria para la persecución de los delitos perseguibles únicamente a instancia de parte. En la configuración de la persecución penal de estos delitos (calumnia e injuria contra particulares) queda excluida la intervención del MF y se precisa de la presentación de querella del ofendido por el delito, quien deberá sostener la actuación penal a lo largo del proceso, como única parte acusadora y en aplicación del principio acusatorio.
Se establece un requisito de procedibilidad consistente en la exigencia de intentar la conciliación con el querellado antes de presentar la querella.
Si se trata de injurias y calumnias vertidas en juicio, debe presentarse licencia del Juez o Tribunal que hubiera conocido de él.
La conclusión anticipada del proceso puede provenir: • • Del perdón del ofensor, que salvo se trate de menores o incapacitados no precisa de aprobación alguna.
De la renuncia de la acción por el ofendido, ya sea expresa o tácita.
6. El actor civil De todo delito o falta nace acción penal para el castigo del culpable y puede nacer también acción civil para la restitución de la cosa, la reparación del daño y la indemnización de perjuicios causados por el hecho punible acción civil derivada del delito.
Esta responsabilidad no nace del delito que sólo provoca la pena. El acto que se constituye ilícito puede ser fuete de obligaciones civiles (ilícito civil). Aunque un mismo hecho puede ser a la vez, delito o falta del que nazca una responsabilidad penal que se exigirá en un proceso penal, e ilícito civil que origina una obligación y un derecho civil, exigible en un proceso de tal naturaleza. El CP configura la responsabilidad civil derivada de delito señalando que “la ejecución de un hecho descrito por la ley como delito o falta obliga a reparar, en los términos previstos en las leyes, los daños y perjuicios por él causados. El perjudicado podrá exigir la responsabilidad civil ante la jurisdicción civil”.
El ordenamiento español permite el ejercicio acumulado de las acciones destinadas a exigir ambas responsabilidades en un único proceso, el penal, atribuyendo la competencia para conocerlo a quien la ostenta para este tipo de proceso. Recibe el nombre de actor civil quien ejercita la acción civil en el proceso penal.
El MF está obligado a ejercitar la acción civil junto con la acción penal, haya o no acusador particular, salvo que el ofendido renunciase expresamente a su derecho de restitución, reparación o indemnización o se reservase de su ejercicio en la vía civil.
...