derecho civil 3 tema 1 (2017)

Apunte Español
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Derecho - 3º curso
Asignatura Derecho Civil III
Año del apunte 2017
Páginas 13
Fecha de subida 09/06/2017
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Derecho Civil III – T1 1 TEORIA GENERAL DEL CONTRATO TEMA 1. AUTONOMÍA PRIVADA. EL CONTRATO Y SUS ELEMENTOS 1. Hechos y actos jurídicos. La declaración de voluntad. El valor jurídico del silencio 1.1. Hechos y actos jurídicos 1.1.1. Hecho jurídico: El hecho jurídico es todo acontecimiento natural o del hombre, capaz de producir efectos jurídicos.
Dichos efectos son crear, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas.
Fijémonos que en esta noción se incluyen acontecimientos naturales y del hombre. La norma jurídica se crea para regir la conducta humana en los casos en que el Derecho establece que deba producir determinadas consecuencias. Además, hay ciertos hechos de la naturaleza a los que el derecho atribuye determinadas consecuencias jurídicas.
De las consideraciones anteriores se desprende que el hecho jurídico en sentido amplio, es todo acontecimiento, ya se trate de un fenómeno de la naturaleza o de un hecho del hombre, que el ordenamiento jurídico toma en consideración para atribuirle consecuencias de Derecho.
Un hecho jurídico es el antecedente o la causa de una relación jurídica. Una norma jurídica parte siempre de un presupuesto de hecho para posteriormente regular las consecuencias que ello tiene en el área del Derecho. El presupuesto de hecho de la norma es un hecho jurídico.
Es importante distinguir, dentro de los hechos jurídicos en sentido amplio, los llamados actos jurídicos y los hechos jurídicos en sentido estricto. Un hecho jurídico en sentido estricto no tiene por qué ser voluntario ni controlable por la persona, mientras que en un acto jurídico, la voluntad de la persona es esencial. Por lo tanto, todos los actos jurídicos son hechos jurídicos, pero no todos los hechos jurídicos son actos jurídicos.
Ej. de hechos jurídicos: La muerte / la promulgación de una Ley / el nacimiento de una persona / una declaración de guerra / una catástrofe humana (genocidios, golpes de estado, etc.) 1.1.2. Acto jurídico: El acto jurídico es el hecho, humano, voluntario o consciente y licito que tiene por fin inmediato establecer entre las personas relaciones jurídicas. En el acto jurídico la manifestación exterior de la voluntad se hace con el fin de crear, modificar, transmitir o extinguir obligaciones o derechos. En el acto jurídico, el acto de voluntad se ejecuta con la intención de realizar consecuencias de Derecho, las que son reconocidas por el ordenamiento jurídico.
En el acto jurídico encontramos ciertos elementos en tal forma esenciales o de existencia, en ausencia de los cuales el acto no puede llegar a formarse. Tales elementos esenciales son: una o más voluntades y un objeto, es decir, que las voluntades o la voluntad tengan como finalidad producir una o varias consecuencias sancionadas por el derecho.
Todo acto jurídico implica una manifestación de voluntad. Lo que jurídicamente se denomina voluntad consta de dos momentos: a) voluntad de querer realizar determinado negocio, y b) la voluntad de declarar por medio de una conducta externa, realizada, lo que el sujeto quiere. Es un elemento constitutivo imprescindible. La manifestación de voluntad debe proponerse un objeto jurídico. Dicha manifestación, puede ser expresa o tácita.
Derecho Civil III – T1 2 El objeto del acto jurídico se encuentra dentro de su definición. Consiste en crear, transmitir, modificar o extinguir derechos u obligaciones. La voluntad debe tener como fin, como propósito, como objeto, producir consecuencias jurídicas.
Ej. de hechos jurídicos que además son actos jurídicos (Nota: todos los actos jurídicos son además hechos jurídicos pero no a la inversa): La firma de un contrato / El otorgamiento del consentimiento matrimonial / Otorgar testamento / Las inscripciones registrales.
1.2. La declaración de voluntad Pero podemos decir que el efecto de la declaración de voluntad en un negocio jurídico ha de ser el de establecer, modificar, transmitir o extinguir una relación jurídica.
En algunos casos, la sola declaración de voluntad de una persona engendra el negocio jurídico; en otros, debe estar unida a otros hechos. Así, en la celebración de un contrato se requiere la concordancia recíproca de las declaraciones de dos personas, que en relación con sus intereses están la una frente a la otra. El elemento esencial de todo negocio jurídico es la declaración de una o varias voluntades; en consecuencia negocio y declaración de voluntad no son equivalentes.
Entonces por negocio jurídico se entiende aquel hecho jurídico que contiene una o varias declaraciones de voluntad de los particulares que, por sí o unidos con otros requisitos, persiguen un determinado efecto jurídico.
Debe tratarse de una o varias declaraciones de voluntad. En los negocios unilaterales solo se requiere una declaración de voluntad (aceptación de una herencia, el testamento, reconocimiento de un hijo extramatrimonial); en los negocios bilaterales se exigen dos declaraciones de voluntad (contrato, tradición); en algunos negocios plurilaterales se exigen varias declaraciones (el acuerdo para formar una sociedad, para modificar su objeto social o para extinguirlo).
La declaración de voluntad puede definirse como "la conducta humana externa y consciente que según los usos sociales permite inferir la existencia y el contenido de una voluntad" 1.3. El valor jurídico del silencio Y con el sentido de cuanto se viene exponiendo, y aunque es claro que el silencio, como cualquier otra actitud omisiva o de abstención, no puede constituir por sí mismo expresión alguna de voluntad, es posible entender que, dentro de un complejo de circunstancias, adquiera la significación, de tal y pueda ser considerado socialmente y, por ello, también jurídicamente como una declaración de voluntad. En efecto, el silencio puede constituir declaración expresa de voluntad, según se ha indicado, cuando así lo han previsto, mediante pacto, los interesados.
Asimismo, el silencio y, en general, cualquier conducta omisiva pueden valer también como declaración tácita de voluntad, siendo aplicable la normativa de la declaración tácita.
En el ordenamiento civil español codificado no se encuentra norma específica alguna que se refiera, en general, al alcance que deba darse al silencio, si bien, en relación al valor atribuido al silencio por pacto, podría acudirse al art. 1.255 Cc. y, en relación a los otros supuestos de silencio, en su caso, a las reglas que, como el art. 1.258. se refieren a la buena fe como elemento regulador de la conducta, y la falta de aquella norma de alcance general ha debido ser colmada por la doctrina y por la jurisprudencia, pero la Compilación de Navarra ha admitido con carácter general el posible valor del silencio como declaración de voluntad, disponiendo, en su ley 20, que el silencio o la omisión no se considerarán como declaración de voluntad, a no ser que así deba interpretarse con de voluntad, a no ser que así deba interpretarse conforme a la ley, la costumbre o los usos, o lo convenido entre las partes.
Tradicionalmente la doctrina ha venido entendiendo que, en determinadas circunstancias, el silencio, que en sí mismo no puede ser una manifestación de voluntad, puede adquirir la significación de tal, y más en concreto, que ello es así cuando el contexto de ciertas circunstancias objetivas y subjetivas; como las relaciones que eran habituales entre dos sujetos (cfr. S. 19 diciembre 1990), uno de los interesados debía y podía hablar, pero observaba una actitud silente, de la que, por consiguiente, cabía razonablemente inferir una conformidad, pues en otro caso se hubiera expresado la opinión contraria o alternativa.
Derecho Civil III – T1 3 2. La autonomía privada: límites y atipicidad. El principio de no discriminación 2.1. La autonomía privada Se entiende por autonomía privada el poder de autodeterminación de la persona; es «aquel poder complejo reconocido a la persona para el ejercicio de sus facultades, sea dentro del ámbito de libertad que le pertenece como sujeto de derechos, sea para crear reglas de conducta para sí y en relación con los demás, con la consiguiente responsabilidad en cuanto actuación en la vida socia»; y que del principio de personalidad que el Derecho Civil contempla.
Dentro de la autonomía privada así entendida se pueden distinguir dos aspectos o sentidos: 1. º El poder atribuido a la voluntad respecto a la creación, modificación y extinción de relaciones jurídicas, o autonomía privada en sentido estricto, (autonomía de la voluntad), referida al ámbito del negocio jurídico.
2. º El de poderes, facultades y derechos subjetivos, esto es, concretada en la autonomía dominical o ámbito del ejercicio de los derechos subjetivos.
2.2. Limites La autonomía en modo alguno puede tener carácter absoluto, no sólo por la limitación inherente a la persona, sino porque de ser así desembocaría en anarquía ha de moverse dentro de un marco general, constituido por: a) Las leyes imperativas. El carácter imperativo de la ley resulta de la «ratio legis» (art. 3.1); «los actos contrarios a las normas imperativas y a las prohibitivas son nulos de plenos derecho, salvo que en ellas se establezca un efecto distinto para el caso de contravención» -art. 6.3 C.C.- (cfr., también, arts. 594, 1.116, 1.255, 792, 1.328, 1.271).
b) La moral. El contrato será ineficaz cuando su causa se oponga a la moral (art. 1.275). Se reconoce la libertad de pactos no contrarios a la moral (arts. 1.255, 1.116); también se establece este límite («buenas costumbres») respecto de la libertad de testar (condiciones en las disposiciones testamentarias -art. 792, las inmorales se tendrán por no puestas-) y la libertad de capitular (nulidad -parcial- de la estipulación contraria a las buenas costumbres art. 1.328-); se controla la moralidad del objeto del contrato (art. 1.281, ps. 2 y 3).
c) El orden público. En el sentido no de ley imperativa (concepción legalista), sino en el de conjunto de principios que constituyen el núcleo fundamental de criterios informadores del ordenamiento jurídico. Este límite aparece igualmente fijado en las normas ya expresadas (arts. 594, 1.255, 1.328, «limitativa de la igualdad de derechos»); cfr. también artículo 12 C.C. (y preceptos constitucionales ya citados).
2.3. Atipicidad contractual 2.4. El principio de no discriminación En el Código civil rige el principio de autonomía de la voluntad (artículo 1.255 del texto), es decir, la libertad contractual. La autonomía de la voluntad es un principio rector en materia de derecho privado patrimonial con fundamento constitucional. Sin embargo, como toda libertad garantizada, se halla limitada por el orden público y por los demás derechos constitucionales. En este sentido, el principio de no discriminación limita a la autonomía de la voluntad.
Derecho Civil III – T1 4  Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Especial referencia a sus arts. 3, 6, 10, 13, 69. (LOIEHM) Artículo 10. Consecuencias jurídicas de las conductas discriminatorias.
"Los actos y las cláusulas de los negocios jurídicos que constituyan o causen discriminación por razón de sexo se considerarán nulos y sin efecto, y darán lugar a responsabilidad a través de un sistema de reparaciones o indemnizaciones que sean reales, efectivas y proporcionadas al perjuicio sufrido."  Ley 62/2003 - 2000 / 43 / CE Establece la nulidad de los contratos entre particulares que constituyan o causen discriminación por razón de sexo + daños y perjuicios  Excepción: La doctrina ha creado el principio de proporcionalidad, que supone una excepción al principio de discriminación de sexo, donde se admite dicha discriminación cuando se justifique por la imposibilidad de conseguir el fin del contrato de cualquier otro modo.
3. El contrato 3.1. Concepto y características: 3.1.1. Concepto: El Código no contiene ninguna definición de contrato, si bien las referencias al mismo son reiteradas. Así, el CC menciona al contrato entre las fuentes de obligaciones (art. 1.089). El contrato es la más frecuente e importante de las fuentes de obligaciones, aunque el citado artículo lo coloque después de la ley. El CC a pesar de contener una reglamentación general de los contratos en el Título II del Libro IV que gira bajo el epígrafe “de los contratos’ (arts. 1.254 – 1.314), tampoco define el contrato; el art. 1.2 con el que comienza el mencionado título simplemente señala el momento de su nacimiento o perfección (CASTÁN)*. «El contrato existe desde que una o varias personas consienten en obligarse, respecto de otra u otras, a dar alguna cosa o prestar algún servicio”.
DIEZ – PICAZO dice que el CC, a pesar de no definir, suministra materiales suficientes para poder deducir el concepto que del contrato tuvieron los autores del Código, así pues el art. 1.089 menciona al contrato al enumerar las fuentes de las obligaciones. El art. 1.091 afirma que “las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes y deben cumplirse a tenor de los mismos”. Finamente, el art. 1254 dice que “el contrato existe desde que una o varias personas consienten en obligarse, respecto de otra u otras, a dar alguna cosa o prestar algún servicio”.
3.1.2. Características del contrato: Relacionando los tres preceptos citados se puede deducir un concepto legislativo de contrato que aparece formado por la conjunción de dos notas características: a) En el contrato hay siempre un consentimiento común de dos o más personas: el contrato existe desde que varias personas consienten, dice el art. 1.254 Cc.
b) El contrato tiene siempre como consecuencia la creación de una obligación que tiene fuerza de ley entre las partes contratantes. Art. 1.091 Cc.
De estas ideas procede la configuración tradicional y clásica, que considera al contrato como “un acuerdo de voluntades entre dos o más personas, dirigido a crear, modificar, transmitir o extinguir obligaciones entre ellas”.
Derecho Civil III – T1 5 3.2. Clases de contratos 3.2.1. Contratos unilaterales Los contratos unilaterales solo originan obligaciones para una de las partes contratantes. Ej.: la donación, contrato unilateral por excelencia, el único obligado es el donante que tiene que entregar la cosa al donatario.
Son unilaterales los contratos reales y gratuitos, en los primero como la entrega de la cosa es requisito indispensable para su perfección, de ahí que solo nazca una obligación para quien recibe la cosa, de devolverla.
En el caso de los contratos gratuitos la prestación que debe realizar una de las partes no es correspondida por la correlativa de la contraparte.
Son unilaterales la donación, el mandato gratuito, la fianza, el mutuo oneroso o gratuito, el comodato, el depósito y la renta vitalicia.
3.2.2.
Contratos bilaterales o sinalagmáticos Los contratos bilaterales o sinalagmáticos generan prestaciones reciprocas, o sea para ambas partes. Son bilaterales la gran mayoría de contratos, como la compraventa o el arrendamiento.
En los contratos bilaterales se aplican las siguientes reglas: a) La posibilidad de solicitar la resolución del contrato por la pate que ha cumplido frente a la incumplidora (art.
1.124 Cc.) b) La posibilidad de oponer la exceptio non adiempleti contracta (excepción de contrato no cumplido), cuando la parte que no ha cumplido con su obligación pretende el cumplimiento de la contraparte.
3.2.3. Contratos consensuales, reales y formales a) Son contratos consensuales aquellos que se perfeccionan por el mero consentimiento con independencia de la forma en que este se otorgue (art. 1.254 / art. 1.258 y 1.278 Cc.) Los contratos consensuales constituyen la regla general en nuestro ordenamiento jurídico. Ej.: La compraventa b) Los contratos reales para perfeccionarse además del consentimiento, exigen la entrega de la cosa objeto del contrato. Ej.: mutuo o simple préstamo c) Los contratos formales, son aquellos que se caracterizan porque para su plena constitución y eficacia precisan que el consentimiento se manifieste de una forma especial establecida por la ley o por pacto (escritura pública, documento privado, etc.) 3.2.4. Contratos onerosos y gratuitos a) Contratos onerosos: De acuerdo con el art. 1.274 Cc. son onerosos aquellos contratos en los que hay un intercambio de prestaciones. En ellos a cambio de la propia prestación u obligación, la contraparte entrega o promete. En estos contratos el sacrificio patrimonial que realiza cada una de las partes se encuentra compensado o encuentra su equivalente en el correlativo sacrificio de la contraparte. Ej.: En la compraventa, el patrimonio del vendedor sufre una disminución como consecuencia de la entrega de la cosa vendida, este el empobrecimiento patrimonial, sin embargo, es compensado por la entrada en el mismo del precio percibido. Los contratos onerosos se dividen en conmutativos y aleatorios: a1) Son contratos onerosos conmutativos: Aquellos contratos en los que la relación de equivalencia de las prestaciones a cargo de ambas partes se encuentra fijada de antemano. Ej.: En la compraventa las partes han predeterminado fijado el precio y la cosa a entregar.
a2) Son contratos onerosos aleatorios: Aquellos en los que la prestación de una de las partes no se encuentra predeterminada de antemano, puesto que depende de que tenga lugar o no un determinado evento, corriendo los contratantes con un riesgo de ganancia o pérdida. Ej.: contrato de seguro, el juego y la apuesta, la renta vitalicia.
Derecho Civil III – T1 6 b) Son contratos gratuitos y lucrativos: aquellos en los que el beneficio obtenido por una de las partes no le exige acompañarlo por ningún sacrificio patrimonial. En este tipo de contratos una de las partes se propone proporcionar al otro una ventaja patrimonial sin obtener a cambio equivalente alguno; de forma que una parte sufre un empobrecimiento que es correlativo con el enriquecimiento que experimenta la otra. Ej.: lucrativo – donación / gratuito – mandato, comodato, simple préstamo sin interés, deposito gratuito.
3.2.5. Contratos típicos y atípicos: a) Contratos típicos: o nominados son aquellos que tienen individualidad propia y poseen regulación legal específica en el Código o en las leyes especiales. Ej.: compraventa (arts. 1.455 y ss.), la donación (art. 618 y ss.), el arrendamiento (arts. 1.542 y ss).
El contrato aun siendo típico y teniendo una regulación legal, también puede sufrir modificaciones o integraciones en su disciplina contractual, dentro del margen que permita la autonomía de la voluntad. Sin embargo, estas modificaciones introducidas por las partes no podrán traspasar el límite constituido por el respeto a la causa del contrato típico. En el caso de que las modificaciones se apartasen del esquema o estructura legal propia del contrato típico el contrato devendría atípico.
b) Contratos atípicos: o innominados son los que carecen de regulación legal y por consiguiente se rigen por las normas generales de la contratación. Los contratos atípicos son una manifestación de la autonomía de la voluntad (art. 1.255 Cc.) en cuyas partes no utilizan un esquema típico y su correspondiente regulación legal, sino que crean o inventan un nuevo tipo de esquema al que dotan de regulación. Ej.: corretaje, el precaria, el de garaje, el leasing.
3.3. Los "contratos de consumo". Concepto de "consumidor y usuario" 3.3.1. Contratos de consumo: Contrato de consumo es el celebrado a título oneroso entre un consumidor final –persona física o jurídica–, con una persona física o jurídica que actúe profesional u ocasionalmente o con una empresa productora de bienes o prestadora de servicios, pública o privada y que tenga por objeto la adquisición, uso o goce de los mismos por parte del primero, para su uso privado, familiar o social.
Las cláusulas de los contratos siempre se tienen que redactar de forma concreta, clara y sencilla de manera que se entiendan y sin que se hagan reenvíos a textos o a documentos que no se faciliten antes o durante la realización del contrato. Además, tienen que tratarse de cláusulas accesibles y al mismo tiempo legibles. En último lugar, tienen que garantizar la buena fe en la contratación y el equilibrio de las posiciones jurídicas entre el empresario o empresaria y la persona consumidora.
Antes de contratar, las personas consumidoras tienen derecho que se los entregue, con un tiempo suficiente y razonable para que puedan conocer, un modelo de contrato con las condiciones generales que se contienen.
Además, si el contrato se formaliza a distancia (por ejemplo, por teléfono o por Internet), el empresario o empresaria tiene que facilitar a la persona consumidora que lo solicite, por escrito o en soporte duradero (por ejemplo, un correo electrónico), una copia de las condiciones generales que rigen el contrato.
3.3.1.1. Prácticas abusivas: Son las prácticas utilizadas por las empresas - ya sean actos, omisiones, conductas o manifestaciones - no consentidas expresamente por las personas consumidoras y que son contrarias a la buena fe y provocan un desequilibrio de derechos y obligaciones entre las partes contratantes. Se diferencian de las cláusulas por no vienen contenidas en ningún documento sino que se trata de comportamientos empresariales.
Consecuencia = normas de protección del consumidor (UE / Estado / C.C.A.A) regulación jurídica compleja debido a la diversidad de regulación jurídica, que complica la aplicación al caso.
Derecho Civil III – T1 7 Armonización europea (UE) de las cláusulas y las prácticas abusivas: Se trata de una regulación dictada por los organismos comunitarios y que es aplicable por todos los estados miembros de la Unión Europea. Actualmente, la norma comunitaria de aplicación es la Directiva 93/13/CE, de 5 de abril, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con personas consumidoras. Esta norma comunitaria ha sido incorporada en el ordenamiento jurídico del Estado español mediante el Texto refundido de la Ley general para la defensa de los consumidores y usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por el Real decreto legislativo 1/2007, de 16 de noviembre. Esta norma regula las cláusulas abusivas a los artículos 82 y siguientes.
La armonización comunitaria es de mínimos, es decir, los estados miembros pueden hacer una lista de cláusulas más amplia que las previstas a la Directiva mencionada. Éste ha sido el caso del Estado español donde, a lo largo de los años, se han ido incorporando nuevas cláusulas que se consideran abusivas.
Aparte de la normativa estatal, hace falta también tener en cuenta las previsiones recogidas a la Ley 22/2010, de 20 de julio, del Código de consumo de Cataluña (Ante la duda de aplicar la legislación española o la autonómica, se aplica la más favorable al consumidor.
3.3.1.2. Cláusulas abusivas: Son aquellas condiciones generales no negociadas individualmente que son contrarias tanto a las exigencias de la buena fe como al equilibrio de derechos y obligaciones que tienen que tener ambas partes contratantes.
Las cláusulas abusivas, de acuerdo con la normativa vigente, se pueden clasificar de la siguiente manera:      Las que vinculan el contrato a la voluntad del empresario o empresaria.
Las que limitan los derechos de las personas consumidoras.
Las que determinan la falta de reciprocidad en el contrato.
Las que imponen a la persona consumidora garantías desproporcionadas o le imponen indebidamente la carga de la prueba.
Las que resultan desproporcionadas en relación con el perfeccionamiento y ejecución del contrato, o contravienen las reglas sobre competencia y derecho aplicables.
3.4. Concepto de consumidor / empresario 3.4.1. Concepto de consumidor: Art. 3 Ley 1/2007: Persona físicas que actúan con un propósito ajeno a su actividad comercial, oficio o profesión y a las personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica que actúen sin ánimo de lucro en un ámbito ajeno a su actividad comercial o empresarial. La otra parte debe ser un contratante o empresario.
Son derechos básicos de los consumidores y usuarios:       La protección contra los riesgos que puedan afectar su salud o seguridad.
La protección de sus legítimos intereses económicos y sociales; en particular, frente a la inclusión de cláusulas abusivas en los contratos.
La indemnización de los daños y la reparación de los perjuicios sufridos.
La información correcta sobre los diferentes bienes o servicios y la educación y divulgación para facilitar el conocimiento sobre su adecuado uso, consumo o disfrute.
La audiencia en consulta, la participación en el procedimiento de elaboración de las disposiciones generales que les afectan directamente y la representación de sus intereses, a través de las asociaciones, agrupaciones, federaciones o confederaciones de consumidores y usuarios legalmente constituidas.
La protección de sus derechos mediante procedimientos eficaces, en especial ante situaciones de inferioridad, subordinación e indefensión.
El organismo competente cuya razón de ser, es defender los intereses y derechos de dichos consumidores o usuarios, se denomina OCU [Organización de Consumidores y Usuarios].
Derecho Civil III – T1 8 3.4.2. Concepto de empresario: Art. 4 Ley 1/2007: Toda persona física o jurídica privada o pública, que actúe en su nombre o de otra persona con un propósito de su actividad comercial, oficio o profesión.
4. Los elementos del contrato Según el art. 1.261 Cc. «No hay contrato sino cuando concurren los requisitos siguientes: 1° Consentimiento de los contratantes 2° Objeto cierto que sea materia del contrato 3º Causa de la obligación que se establezca Consentimiento, objeto y causa son los requisitos del contrato, a los que hay que añadir el requisito de forma en el supuesto de los contratos formales. Los requisitos que enumera el art. 1.261 son los elementos esenciales del contrato y su concurrencia es necesaria para que el contrato exista.
La doctrina además de los elementos esenciales, también distingue los elementos naturales y accidentales del contrato, con lo cual la relación de elementos del contrato quedará estructurada de la siguiente forma: a) Elementos esenciales: Son aquellos sin los cuales el contrato no puede existir, la falta de cualquiera de ellos determina la nulidad del contrato. Son, de acuerdo con el art. 1.261 CC: el consentimiento, el objeto y la causa. A estos elementos esenciales hay que añadir el de la forma en el supuesto de los denominados contratos formales.
b) Elementos naturales: son aquellos que, por considerarse que son los más conformes con los intereses de las partes, la ley los inserta automáticamente en el contrato, a falta de pacto expreso de los contratantes; es decir que ante el silencio de las partes que podrían haberlos incluido (o excluido) en el contrato;(por tratarse de normas de derecho dispositivo) se sobreentiende que los mismos forman parte del contrato. Ej.: Así sucede por ejemplo con las garantías de la compraventa (arts. 1.461 y ss) c) Elementos accidentales: son aquellos que pueden ser introducidos en el contrato por la voluntad de las partes. Son elementos accidentales la condición, el término y el modo. A diferencia de los elementos naturales, que se entenderán implícitos en el contrato ante el silencio de las partes, los elementos accidentales para formar parte integrante del contrato habrán de ser introducidos de forma expresa, y en ese caso serán constitutivos del contrato de que se trate. (Ej.: Compraventa con precio aplazado o donación sometida a condición) y, en ese sentido una vez introducidos serán elevados a la condición de esenciales.
4.1. El consentimiento: concepto y requisitos 4.1.1. Concepto: Según el art. 1254 Cc. el contrato existe desde que una o varias personas consienten en obligarse, respecto de otra u otras, a dar alguna cosa o prestar algún servicio.
Para el ámbito del derecho, el consentimiento se entiende como la voluntad manifiesta (ya sea de carácter tácito o expreso) de un mínimo de dos individuos para aceptar y reconocer obligaciones y derechos de diversa índole. Respecto a un contrato, el consentimiento es la conformidad que las partes involucradas expresan en relación a sus contenidos.
Claro que para que el consentimiento sea válido desde el punto de vista jurídico, es necesario que se cumplan ciertos requisitos. El sujeto, como primer punto, debe tener capacidad de obrar (por eso, en muchos casos los menores de edad y los discapacitados mentales no pueden dar consentimiento).
El consentimiento, por otra parte, no es válido cuando se consigue a través del uso de la fuerza o intimidación, o cuando se detecta un error grave en la apreciación de los hechos.
Derecho Civil III – T1 9 El derecho civil requiere consentimientos tanto para formalizar contratos como para contraer diferentes obligaciones o derechos (como el matrimonio).
4.1.2 Requisitos: La materia referente al consentimiento contractual comprende dos aspectos diferenciados: el relativo a la capacidad para consentir y el que se refiere a la prestación del consentimiento: a) Capacidad para contratar y prohibiciones de contratar: Art. 1.263 Cc.: El Código civil regula en dicho artículo la capacidad para prestar consentimiento. «No pueden prestar consentimiento: Primero: los menores no emancipados. Segundo: los incapacitados» En cuanto a los incapacitados, será la sentencia que declara la incapacitación la que establecerá su extensión y el régimen de tutela o guarda a que ha de quedar sometido el incapacitado (arrt.210). De ahí que incapaz de contratar será equivalente a persona incapacitada, siempre que la sentencia que declare su incapacidad lo establezca, supliendo esa incapacidad por la actuación de su representante legal, lo mismo que en el supuesto del menor no emancipado.
Art. 1264 Cc.: Establece que “La incapacidad declarada en el artículo anterior está sujeta a las modificaciones que la ley determina, y se entiende sin perjuicio de las incapacidades especiales que la misma establece”. La referencia a ciertas incapacidades para contratar establecidas por la ley, son aquellas incapacidades especiales que tradicionalmente han sido denominadas por la doctrina prohibiciones legales para contratar, estas impiden a determinadas personas que se encuentran en una determinada posición en relación al otro contratante, celebrar determinados tipos de contratos.
En la actualidad las prohibiciones legales se reducen a las que afectan a determinadas personas para que puedan comprar determinados bienes (art. 1.459 CC); a la que impide recibir liberalidades del tutelado o de sus causahabientes antes de la aprobación definitiva de su gestión, o adquirir del tutelado bienes a título oneroso o transmitirle por su parte bienes por igual título. (Art. 221.1 y 3 Cc.) y las prohibiciones de disponer derivadas de la ley, de la autoridad correspondiente o de la voluntad privada (arts. 26 y 27 LH) La incapacidad se encuentra relacionada o tiene su fundamento básico en el estado civil de la persona afectada (menor edad, incapacitación). Las prohibiciones, en cambio, se basan en circunstancias que concurren en algún contratante. Por eso la incapacidad afecta, en general, a toda clase de contratos mientras que la prohibición se refiere sólo a tipos y supuestos determinados.
b) La prestación del consentimiento: Para que el consentimiento se considere válidamente prestado, no es suficiente la capacidad general para contratar, ni que exista un querer efectivo en el fuero interno de la persona. Es preciso que esta voluntad interna se manifieste, que no exista discrepancia entre lo querido y lo declarado y que las partes contratantes coincidan en lo que pretenden, desde sus respectivas posiciones en cuanto al objeto y a la causa del contrato.
En aquellos supuestos en que la voluntad de los contratantes no se manifiesta de manera consciente, racional y libre, el contrato no será perfecto y podrá impugnarse para que los contratantes no se vean afectados por lo que no quisieron. La doctrina ha sistematizado aquellos vicios que pueden afectar la voluntad de los contratantes en base a dos criterios, en relación a la falta de conocimiento (error, dolo) y con relación a la falta de libertad (intimidación, moral).
4.2. El objeto: concepto y requisitos 4.2.1.
Concepto El objeto es uno de los requisitos esenciales del contrato, aparece mencionado en el art. 1261.2 Cc. cuando se menciona al: “objeto cierto que sea materia del contrato”. Asimismo el art. 1271 Cc. trata del objeto de los Derecho Civil III – T1 10 contratos, y según el mismo pueden ser objeto de contrato las “cosas”, aun las futuras, que no estén fuera del comercio de los hombres, y todos los “servicios” que no sean contrarios a las leyes ni a la moral; así pues para este precepto las cosas y servicios son el objeto de todo contrato.
En cambio, según la jurisprudencia y la doctrina se entiende por objeto del contrato la realidad social, representación común de las partes – la materia - sobre la que recae el consentimiento. Pues considerar el objeto del contrato como la realidad base del consentimiento permite poder diferenciar el objeto del contrato del objeto de la obligación y más concretamente de esta en su fase de cumplimiento.
4.2.2. Requisitos Art. 1271 Cc. establece que: “Pueden ser objeto de contrato todas las cosas que no están fuera del comercio de los hombres, aun las futuras. Pueden ser igualmente objeto de contrato todos los servicios que no sean contrarios a las leyes o a las buenas costumbres.” En este preceptor se hace referencia a tres requisitos del objeto son los cuales no podrá hablarse de contrato: el de la licitud, y el de su posibilidad y determinación.
a) Licitud: El requisito de la licitud se expresa en el artículo 1.271 Cc. de distinta forma, según se refiera a las cosas o los servicios.
Para las cosas exige “que no estén fuera del comercio de los hombres…” La extra comercialidad es aquella situación en la que se encuentran determinadas cosas en sentido jurídico, lo que las hace estar sustraídas al tráfico.
Bajo la extra comercialidad de las cosas deben incluirse:  Los bienes de dominio público  Las cosas no susceptibles de apropiación por considerarse cosas comunes a todos al quedar fuera de ámbito del poder del individuo.
 Los bienes sustraídos a la libre disponibilidad de los particulares (el estado civil de las personas, los bienes de la personalidad) Un contrato que recayera sobre cosa fuera del comercio sería un contrato al que le falta un presupuesto objetivo, y por lo tanto seria nulo.
b) Posibilidad: Dice el artículo 1272 Cc. que «no pueden ser objeto de contrato las cosas o servicios imposibles». La imposibilidad a la que se refiere este artículo es la originaria, la existente al celebrarse el contrato. En tal caso, y generalizando lo que se dispone en el artículo 1.460 Cc. para la venta ante idéntica eventualidad, el contrato es inexistente o radicalmente nulo. (Ej.: El supuesto de que se vende una parcela que no existe) Si la imposibilidad no es total, sino parcial, también debe generalizarse, por analogía la norma contenida en el 1.460.2 Cc. lo que faculta al acreedor para optar entre desistir del contrato o reclamar la posible prestación, con una reducción en este caso de que la prestación que corra a su cargo.
La posibilidad, característica de las cosas y servicios, no excluye la futuridad. Dice en tal sentido el articulo 1271 Cc. que «pueden ser objeto de contrato todas las cosas que no se encuentren fuera del comercio de los hombres, aún las futuras». Por cosa futura se ha de entender todo bien existente en el momento de la celebración del contrato, pero que puede existir según el curso normal de los acontecimientos, ya por hecho de la naturaleza, ya por hecho del hombre, ya por hecho de la naturaleza y del hombre. Ej.: El labrador que vence su cosecha del próximo año o el dueño de un solar que lo permuta por pisos que el constructor a quien se le cede se obliga a construir.
En todos los casos en que el contrato recaiga sobre una cosa futura, los contratantes asumen la obligación de realizar cuantas actividades sean necesarias para que la cosa llegue a tener existencia y, al propio tiempo, omitir las que pongan en peligro ese resultado.
Derecho Civil III – T1 11 Por último, el art. 1271.2 CC. excepciona de la posibilidad de que las cosas futuras sean objeto de contrato a la herencia futura. Sólo admite que el testador (o causante) haga por actos inter vivos la partición de sus bienes, y otras disposiciones particionales, pero con eficacia para después de su muerte.
c) Determinación: A tenor del artículo 1.273.Cc. «El objeto de todo contrato debe ser una cosa determinada en cuanto a su especie.
La indeterminación en la cantidad no será obstáculo para la existencia contrato, siempre que sea posible determinarla sin necesidad de nuevo convenio entre los interesados» Aunque el Código en este precepto únicamente se refiere a las cosas también es aplicable a los servicios. Una vez perfeccionado el contrato, se requiere que la cosa o servicio que constituyan su objeto queden perfectamente determinados, sin que sea necesario nuevo convenio para fijarlos. En el caso de que éste convenio fuese necesario no nos hallaríamos ante un verdadero contrato sino ante tratos preliminares.
Por «cosa determinada en cuanto a su especie» entiende la jurisprudencia que “la determinación de la cosa se haga en forma que no pueda confundirse con otras distintas». El objeto puede ser determinado o determinable, si constan en este último caso en el contrato los elementos, para su determinación. El Código Civil no considera necesario para que el objeto este determinado el señalamiento de la cualidad.
4.3. La causa: concepto, clases y efectos 4.3.1. Concepto FOTO PAG. 155 / 156 El Código Civil no tiene un concepto unitario de la causa, al contrario, define tres causas distintas: en los contratos onerosos, se entiende por causa, para cada parte contratante, la prestación o promesa de una cosa o servicio por la otra parte; en los remuneratorios, el servicio o beneficio que se remunera, y en los que de pura beneficencia, la mera liberalidad del bienhechor.
a. La causa remuneratoria: La referencia del art. 1.274 a los contratos remuneratorios, es peculiar de nuestro Derecho, siendo desconocida en los Códigos antecedentes. El artículo 1274 CC considera que en los contratos remuneratorios la causa es el servicio o beneficio que se remunera y en los de pura beneficiencia la mera liberalidad del bienhechor.
Ej.: Por tanto, si la causa de una donación es la remuneración de unos servicios previamente prestados, la donación será nula por falta de causa en caso de error del donante, es decir, si los servicios no se hubiesen prestado en realidad, o si su autor no fuese el donatario.
b. La causa de los contratos onerosos: 1.274.3 Cc. “No hay contrato oneroso sino cuando concurre…para cada parte contratante, al prestación o promesa de una cosa o servicio por la otra”. La cosa o servicio a prestar por cada parte constituyen el objeto de la prestación, y en cuanto objeto han de tener la existencia y posibilidad, actuales o futuras, requeridas por la ley. Lo que el art. 1.274 Cc. denomina causa resulta ser algo que naturalmente comporta cualquier contrato sinalagmático creador de obligaciones.
c. La causa liberal: Finalmente, en las donaciones, la atribución se justifica por la mera voluntad del atribuyente, en ausencia de cualquier correspectivo. El Cc. viene a decir que la obligación de dar contraída o la atribución realizada no dependen institucionalmente en su existencia o subsistencia, de otra atribución realizada no promesa. Por supuesto que los motivos individuales que impulsaron al donante pueden llegar, en ciertos casos, a tener relevancia jurídica, pero esto no es la regla, que contempla en la donación pura un acto sin historia.
4.3.2. Requisitos Derecho Civil III – T1 12    La causa ha de existir: Los contratos sin efectos no producen efecto alguno (art. 1.275 Cc.) o dicho de otro modo, son inexistentes. Pero no hace falta que esta se haga constar de forma expresa en el contrato, puesto que se presume la existencia de la causa mientras el deudor no pruebe lo contrario. Ej.: Alguien queriendo defraudar a sus acreedores simula una compraventa de sus bienes pero en realidad no se le ha entregado ninguna cantidad de dinero por ellos ni tampoco ha habido un traspaso posesorio.
La causa ha de ser verdadera: La causa falsa puede ser falsa propiamente dicha o simulada. Es falsa propiamente dicha la causa que tiene por base la credulidad en un hecho no existente; y simulada, la que tiene lugar cuando se hace aparecer artificiosamente una distinta de la verdadera. Ej.: Se simula una compraventa pero en verdad se ha realizado una donación encubierta.
Dice el art. 1.276 Cc. que “la expresión de una causa falsa en los contratos dará lugar a la nulidad si no se probase que estaban fundados en otra verdadera y licita”.
La causa ha de ser lícita: El Cc. recoge al lado de los contratos sin causa aquellos que, aunque tengan causa esta pueda ser calificada de ilícita. Es ilícita la que se opone a las leyes o la moral y produce la no existencia del contrato (art. 1.275 Cc.). Pero se presume la licitud de la causa, mientras no se pruebe lo contrario. (art.
1.277 Cc.) Ej.: La venta de un local a sabiendas que no lo es, por tener tal destino prohibido por la Ley.
4.3.3. Clases    Las causas genéricas: establecidas en el art. 1.274 de C.C., que sirven no sólo para averiguar la existencia de causa en los atípicos, sino también para clasificar los típicos en gratuitos y onerosos.
Las causas típicas o específicas: que son las que se manifiestan en cada esquema negocial típico o nominado, y resultan de su regulación legal.
La causa concreta o individualizada: causa natural de cada negocio, que se conoce sólo de su concreto examen.
4.3.4. Efectos    La carencia de causa en un negocio provoca su nulidad por falta de un requisito esencial para su existencia; es aquella forma de nulidad que se equipara con la inexistencia.
La falta de expresión, o la expresión de una causa falsa, origina un desplazamiento de la carga de la prueba, salvo en los casos en que tal falta de expresión causal se apoye en una norma legal (contratos abstractos en negocios jurídicos anómalos).
La ilicitud de la causa parece debe provocar la nulidad de pleno derecho del contrato, sin perjuicio de la aplicación de las normas de los artículos 1.305 y 1.306 del C.C. en los supuestos fácticos a que se refieren (V.
concubinato; negocio jurídico; matrimonio; capitulaciones matrimoniales).
5. La forma. El principio espiritualista y clases de formas 5.1. Concepto: La forma la encontramos en el contrato como parte natural del mismo, ya que las partes han de procurarse un medio que posibilite el que la otra parte y el resto de la sociedad conozcan su voluntad. Técnicamente entendemos por forma cuando es el ordenamiento jurídico el que exige a las partes que su declaración de voluntad se realice de una forma concreta.
Nuestro C.c. considera que los contratos son obligatorios, cualquiera que sea la forma en que se realicen siempre que en ellos concurran las condiciones esenciales para su validez.
5.2. El principio espiritualista: Derecho Civil III – T1 13 Nuestro Código Civil en el régimen formal de los contratos continúa la orientación tradicional del Ordenamiento de Alcalá, que sigue el principio espiritualista, el cual no impone la exigencia de forma alguna para la validez de los contratos, en base a lo establecido en el art. 1.278 Cc. “Los contratos serán obligatorios cualquiera que sea la forma en que se hayan celebrado, siempre que en ellos concurran las condiciones esenciales para su validez”.
Sin embargo, la formulación del principio de liberta de forma enunciado en el art. 1.278 Cc. queda desvirtuada, en parte, por lo establecido en los arts. 1279 y 1280 Cc. La notable incoherencia sistemática entre estos tres preceptos de nuestro Código Civil ha dado lugar a una jurisprudencia contradictoria y una controversia doctrinal que todavía hoy sigue abierta.
5.3. Clases de forma: La doctrina tradicional distingue entre la forma “ad substantiam”, “ad solemnitatem” o constitutiva y la denominada forma “ad probationem” o “ad utilitatem”.
a) Las formas “ad substantiam”, “ad solemnitatem” o constitutivas: son aquellas que por indicación expresa de la ley constituyen un requisito esencial del contrato, de modo que su falta determina la nulidad del mismo. Cabe afirmar que en los casos en que es exigida la forma constitutiva ésta cumple una función específica esencial en la configuración del contrato, en el sentido de que sin ella el contrato es nulo o inexistente a todo efecto.
Las “ad substantiam” son además apoyadas por una expresa referencia legal. Ej.: hipotecas – para que las hipotecas voluntarias queden válidamente establecidas, se requiere: que se hayan constituido en escritura pública.
b) Las formas “ad probationem” o “ad utilitatem” son aquellas que son precisas en el sentido de facilitar la prueba, potenciar la eficacia del contrato frente a terceros, servir de título de ejecución, ingresar en los Registros o ser presentados en oficinas públicas o conferir una especial prelación a los créditos, esta es la utilidad de la forma que pretende colmar el art. 1.280 Cc., y no la necesidad jurídica de validez.
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