CASO PRACTICO INDEMNIZACIONES - EXPROPIACIÓN FORZOSA (2014)

Apunte Español
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Derecho - 3º curso
Asignatura DERECHO ADMINISTRATIVO II
Año del apunte 2014
Páginas 4
Fecha de subida 09/11/2014
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Dret Administratiu II, Grup T2 CASO PRÁCTICO INDEMNIZACIONES Act.1// Describir brevemente las figuras, excluida la expropiación forzosa, limitativas de los derechos dominicales, con cita de las principales características en casa una de ellas.
Las servidumbres y autorizaciones de paso se establecen conforme a la, en nuestro caso, Ley 34/1998, del Sector de Hidrocarburos, modificada por la Ley 12/2007, de 2 de Julio en transposición de la Directiva 2003/55/CE, además del reglamento de Gas 1434/2002 de 27 de Diciembre. Cabe decir que, además de lo anterior, de forma supletoria se aplicara lo después en la LEF y en el Código Civil Español (en nuestro caso Código Civil de Catalunya es su Título VI).
Una de estas figuras limitativas es la servidumbre administrativa forzosa, ésta es un gravamen, ya que consiste en una sujeción parcial a una utilización en uso o en beneficio de la Comunidad, limitando el ejercicio del pleno dominio del propietario. Las servidumbres administrativas se rigen por las disposiciones administrativas (art. 102 Ley Hidrocarburos) y por las reglas del Código Civil (art. 550 y art.460 Código Civil Catalán). En el CC, la servidumbre administrativa no es un derecho real privado sobre la cosa de que se trae, sino un gravamen, para la utilidad pública. En este caso se impone una servidumbre, para imponer en unas determinadas franjas del terreno los gravámenes mencionados anteriormente.
En segundo lugar, Ocupación temporal: es una modalidad de la expropiación forzosa (por lo tanto, con todos los requisitos de ésta) consistente en una privatización singular de facultades personales de goce y disposición con carácter transitorio y por razones ordinarias, cuya regulación se encuentra en los artículos 108 a 109 de la LEF (Ley de Expropiación Forzosa), mientras que Garrido Falla la considera como la expropiación por el uso de una cosa, por lo que incluye en las requisas las ocupaciones temporales, a su vez, García de Enterría y Villar Palasí las configuran como una expropiación de carácter no formal, que se justifica por la presencia de un estado de necesidad inmediata, diferenciándolo así del concepto de ocupación temporal y adecuándose a la normativa contenida en la Ley que diferencia las ocupaciones temporales de las requisas.
Por último me está siendo un problema centrarme en la figura que permite la ocupación temporal, pues bien es cierto que es un acto administrativo, pero lo que me pregunto es hasta donde llega la propiedad de la empresa, tiene propiedad en el subsuelo? Porque si esto es así, la Administración estaría durante un tiempo usucapiendo (en tanto que bajo el suelo la servidumbre es permanente, pues habrá un gaseoducto instalado) y hasta se puede decir usufructuando (pues está recibiendo unos frutos, ya que por el gaseoducto en el futuro pasara gas que habrán pagado los administrados), mientras que si la empresa no es propietaria del subsuelo, la Administración ocuparía un derecho que no es de nadie, bueno si es de la administración (pues en nuestro estado todos los bienes carentes de dueño son de la Administración). Cabe decir además que nos encontramos ante un caso de uso, pues la administración obtendrá temporalmente el derecho a usar la cosa. (Citadas enseñanzas del Doctor. Jose-Domingo Valls Lloret).
Dret Administratiu II, Grup T2 Act 2// ¿Sería recurrible en vía jurisdiccional el importe fijado para la ocupación de dominio? Si. En primer lugar, en virtud del art.35.2 de la LEF porque ésta resolución pone fin a la vía administrativa, entiendo que pone fin porque ya que es un órgano especializado e independiente de la Administración Activa, no hay superior jerárquico, pues es el órgano creado por la LEF y por la respectiva legislación de las CCAA para la función e determinar el justo precio.
En segundo lugar, cabe decir que en la práctica, la jurisprudencia ha reconocido una presunción iuris tantum de veracidad y acierto de las decisiones de estos Jurados de Expropiación a causa de su independencia y especialización, sin embargo su resolución puede ser desvirtuada por prueba en contra, ya porque ha existido falta de motivación, por motivación genérica o estereotipada, o porque dichas motivaciones no sean claras. Los Tribunales tienen pues plena jurisdicción para revisar la resolución y enjuiciar en cuanto al fondo del asunto, ponderando las pruebas practicadas en el proceso (STS 1 febrero de 2003, 1 febrero de 2003, 10 de octubre de 2006 y 16 marzo de 2010). Y puede, el Tribunal Jurisdiccional, anular la resolución de Jurado si considera, en base a la ley a su juicio y ponderación jurisdiccional, porque se considere es errónea, no equilibrada insuficiente o incorrecta, y después de dicha anulación debe sustituirla por la valoración judicial.
Por último añadir, el artículo 25 de la Ley 29/1998 de lo Contencioso-Administrativo, donde queda regulado que los actos expresos, entre otros, que pongan fin a la vía administrativa, son susceptibles de recurso contencioso-administrativo.
Act.3// En las expropiaciones para la constitución de servidumbre de paso, ¿Cuál debe ser la valoración de las mismas, en función del valor suelo, a tenor del criterio del Tribunal Supremo? En este tipo de expropiaciones (servidumbre de paso de gaseoducto en este caso), la valoración del terreno afectado de modo permanente por la servidumbre ha de ser determinada en función del gravamen y limitaciones que conlleva, la instalación de la conducción para el propietario, atendida la naturaleza del suelo y su destino, de tal manera que la valoración puede oscilar desde el 100% del valor del suelo, como en el caso en que se produzca una total privación de las facultades del dueño, hasta en un 20 % en supuestos como en el que el terreno afectado es por ejemplo suelo rústico destinado a pastos y por tanto la labor a que la finca es destinada puede continuar con la misma intensidad. En este sentido, el importe del justiprecio debe, por ello, fijarse en una cantidad porcentual del valor total del terreno, en función de la intensidad de aquel gravamen. (STS 29 de abril de 1986 2327/1996, 2F). (F2 STS 22 de Noviembre 1996) (STS 10 julio 1993 RJ. 1993/5501) Dret Administratiu II, Grup T2 Act. 4// ¿Incidiría en la fijación de los valores indemnizatorios la calificación urbanística de la finca? ¿Y si la servidumbre incide en la edificabilidad o el aprovechamiento permitido por el planeamiento, ello debe tenerse en consideración? Si, y puede incidir de tal manera que se niegue indemnización por ello, pues es cierto que debe contemplarse en el valor, la calificación urbanística, que se determinaría en función del aprovechamiento que corresponda a los terrenos y lo permitido en el plan, pero siempre que la servidumbre (en nuestro caso) interfiera limitando los derechos del propietario porque sea un suelo por ejemplo urbanizable (STS 27/12/1994 F2).
Por ejemplo, en un caso donde se constituye una servidumbre de paso permanente, el Tribunal Supremo entiende que al tratarse de una finca rústica (calificada como suelo no urbanizable) la servidumbre no interfiere en el aprovechamiento correspondiente a la naturaleza de ésta finca, y a razón de esto el Tribunal deja sin efecto una indemnización. (STS 23/05/1994, F2).
Si la servidumbre incide en la edificabilidad o el aprovechamiento permitido por el planeamiento, ello debe tenerse en consideración, a efectos de las limitaciones que se causen al propietario, como he indicado anteriormente. El TS sostiene en su jurisprudencia que se debe tener en consideración a la hora de valorar la indemnización. Y en varias de las sentencias mencionadas anteriormente así lo establece. A sí mismo el art. 35 b de la Ley de Suelo también establece que debe tomarse en consideración.
Act.5// ¿Se podría tomar en consideración para la fijación del justiprecio que los perjuicios derivados de la servidumbre para una futura e hipotética ampliación de las instalaciones?.¿Tendría alguna incidencia que tal ampliación no estuviese actualmente permitida por el planteamiento vigente? Si pues, si la empresa quisiera ampliar sus instalaciones esto debería tenerse en cuenta en tanto que la servidumbre limita gravemente según el tribunal superior de justicia (TS de 16 mayo de 1985, ST 27 setiembre de 2004). Pues es un perjuicio para la empresa y este debe tenerse en cuenta.
Respecto a si tendría alguna incidencia que tal ampliación no estuviese actualmente permitida, no tendría incidencia, pues según el artículo 35 del Texto Refundido de la Ley de Suelo, las situaciones de fuera de ordenación producidas por los cambios en la ordenación territorial o urbanística no serán indemnizables, sin perjuicio de que pueda serlo la imposibilidad de usar y disfrutar lícitamente de la construcción o edificación incursa en dicha situación durante su vida útil.
Act.6// Como se valoran los perjuicios derivados de la ocupación temporal, y cuáles son los criterios jurisprudenciales para su determinación.
Para determinar el menoscabo ocasionado por la ocupación temporal, en base al art. 115 de la LEC, se debe atender a los rendimientos vencidos dejados de obtener por el propietario por dicha ocupación, así como a los gastos y daños que se deriven de devolver la propiedad a su estado originario, una vez hayan finalizado las obras de la Administración correspondiente.
Cabe añadir que después de terminadas las obras, en los casos de instalación de gaseoductos Dret Administratiu II, Grup T2 suelen darse nuevas situaciones de ocupación temporal para vigilar la infraestructura, y es oportuno que esto se tenga en cuenta.
Nuestro Tribunal supremo dicta que el criterio para determinar dichos perjuicios, cuando se trate de suelo urbano o urbanizable debe consistir en aplicar un 10% del valor del suelo, y añade que, además, deben tenerse en cuenta los perjuicios en indisponibilidad del terreno o superficie. (ST 26 abril de 1993).
Act.7// La resolución del jurado ¿Quién la podría recurrir? ¿ante quien? Citar recurso/s que se podría interponer, plazo, ect..
En primer lugar, podrá recurrir la resolución la empresa, que ostenta un interés legitimo (art.19 Ley 29/1998 Jurisdicción Contenciosa-Administrativa), y a su vez pero tb cualquier interesado, que ostente un interés legítimo, que no contra en precio.
Respecto a lo de ante quien recurrir, dependerá de que Administración es y hasta donde extiende sus competencias. Pues los Tribunales Superiores de Justicia, (donde en la anterior practica de revocación tuve muchas dudas con respecto a si lo era la Audiencia Nacional) conocen sobre actos de expropiación por lo que respecta al artículo 10.1 i), este contempla que los actos y resoluciones dictados por órganos de la Administración General del Estado cuya competencia se extienda a todo territorio nacional y cuyo nivel organizo sea inferior al de Ministro en materias de personal, propiedades especiales y expropiación forzosa.
Plazo: según el articulo 46 Ley contenciosa-administrativa el plazo para interponer el recuso será de dos meses contados desde el día siguiente a la notificación o publicación del acto.
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