Tema 6 mercantil (2017)

Apunte Español
Universidad Universidad Autónoma de Madrid (UAM)
Grado Derecho - 3º curso
Asignatura Derecho Mercantil
Año del apunte 2017
Páginas 4
Fecha de subida 21/06/2017
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Tema 6: La responsabilidad del empresario.
El empresario responde conforme al principio de responsabilidad patrimonial universal consagrado en el art. 1911 CC. Cuando se trata de un empresario individual, responde con los bienes que tenía cuando adquirió la obligación y con los que vaya a tener en el futuro. No hay patrimonio mercantil y otro civil, sino que responde con todo de las obligaciones que contraiga en el ámbito de su profesión o actividad empresarial. En el caso de las sociedades, responde conforme al principio de responsabilidad patrimonial universal respondiendo con sus bienes presentes y futuros, lo que a veces se añade la responsabilidad del patrimonio de los socios, aparte del de la sociedad, en los supuestos de sociedades personalísimas como las sociedades comanditarias.
Hay técnicas que hacen que se limite la responsabilidad patrimonio del empresario: 1. Empresario casado en régimen de gananciales: si no se hace nada, responden los benes comunes que obtiene el cónyuge no empresario y los bienes privados y comunes del cónyuge empresario. El cónyuge no empresario puede oponerse a que el cónyuge empresario al ejercicio de la actividad empresarial, otorgar esa oposición en escritura pública, inscribirla en el Registro Mercantil y publicarse en el BORME. En caso de realizar esto, la responsabilidad del empresario casado en gananciales queda limitada a los bienes privativos de ese empresario y los bienes comunes que obtiene en el ejercicio de esa actividad.
2. Constitución de una sociedad anónima o de una sociedad de responsabilidad limitada unipersonal: se puede constituir por un único socio. Se pueden constituir todas las que se estimen convenientes. Podemos tener la unipersonalidad por dos vías: 2.1. De forma originaria: la sociedad se constituye en inicio por el capital aportado únicamente por un socio.
2.2. De forma sobrevenida: cualquier persona puede adquirir todas las acciones o participaciones de una sociedad constituida por varios socios.
El socio único responde con su patrimonio personal de sus deudas personales. La sociedad anónima o sociedad limitada unipersonal responde con el patrimonio de la sociedad de las deudas sociales. La excepción tiene lugar es los casos de unipersonalidad sobrevenida el socio responde ilimitadamente con su propio patrimonio de las deudas de la sociedad si no hace constar en el Registro Mercantil el hecho de la unipersonalidad en el plazo de 6 meses.
3. Constituirse como emprendedor persona física de responsabilidad limitada: figura nueva en Derecho español introducida por la Ley de Emprendedores en el año 2013. Se trata de una medida que aprobó el Gobierno con el fin de favorecer el emprendimiento y dar nuevas salidas a la crisis económica. Se pueden constituir tanto los empresarios como los profesionales. Por ejemplo, arquitecto, artesano, economista… La limitación de responsabilidad en emprendedor persona física consiste en limitar la responsabilidad en relación con las deudas en el ejercicio de la actividad empresarial o profesional, no puede limitar la responsabilidad en las deudas personales como para pagar la vivienda, el vestido... El único bien excluido de la responsabilidad por esas deudas es la vivienda habitual (cuyo valor no supere los 300.000 euros, con un coeficiente corrector de un 1’5% en el caso de las grandes ciudades). Los requisitos para que el emprendedor persona física pueda limitar su responsabilidad: 3.1. Inscripción del emprendedor en el Registro Mercantil e identificación en el Registro Mercantil de la vivienda no sujeta a responsabilidad por las deudas derivadas de la actividad empresarial o profesional.
3.2. Constancia en el Registro de la Propiedad de la no responsabilidad de la vivienda por las deudas derivadas de la actividad empresarial o profesional.
A cambio del beneficio de la limitación de la responsabilidad, el empresario tiene unos deberes: 1.1. Formular las cuentas anules correspondientes a su actividad y, en su caso, auditarlas.
1.2. Depositarlas en el Registro Mercantil.
Si se incumplen estos deberes, se pierde el beneficio de la limitación de la responsabilidad.
Hay una importante brecha o excepción al principio de responsabilidad patrimonial universal que es lo que se llama la exoneración o descarga de las deudas pendientes o pasivo pendiente.
Es una institución aplicable a cualquier persona física que ha llegado a una situación de insolvencia y va a un concurso de acreedores donde no tiene bienes para pagar a todos sus acreedores. Por ejemplo, a un empresario o a un consumidor. Se queda exonerado, se libra de pagar, de todas las deudas que no ha podido pagar a lo largo del procedimiento. Es una institución procedente de los Derechos anglosajones y hoy en día se encuentra recogido en todos los países miembro de la UE. Se introdujo en el Derecho español en el año 2013 y fue modificada de forma importante en el año 2015 a través del Real Decreto-Ley y a través de la Ley de Segunda Oportunidad. En breve será modificado nuevamente porque existe una Propuesta de Directiva de noviembre de 2016 sobre reestructuraciones y nueva oportunidad.
La filosofía de esta exoneración es dar una nueva oportunidad al deudor insolvente que ha llegado a tal situación por infortunios. Por lo que de alguna manera supone equiparar a quien ejerce una actividad a través de una sociedad y quien lo hace individualmente. Puede tener lugar tras un procedimiento de concurso de acreedores donde no se ha podido pagar a todos los acreedores. Los requisitos son los siguientes: 1. Deudor de buena fe: necesariamente. Existe: 1.1. No puede haber llegado a la situación de insolvencia por culpa o dolo. Tiene que haber llegado a esa situación por perdida del trabajo, por enfermedad, etc.
1.2. No puede haber cometido determinados delitos: contra el patrimonio, el orden socioeconómico, etc.
1.3. Haber pagado al menos los créditos privilegiados.
2. El beneficio de la exoneración del pasivo puede ser revocado: por ejemplo, cuando el deudor viene a mejor fortuna por herencia o del juego.
Se encuentra muy mal regulado ya que es muy caótico porque esto no es un incentivo.
Hay varias clases de responsabilidad: 1. Precontractual: aquella en la que se incurre en el momento anterior a la celebración del contrato. Es una responsabilidad por culpa in contrahendo, no se actúa de acuerdo a los deberes de la buena fe en la negociación del contrato. Cuando no se actúa de buena fe en la fase de negociación del contrato. Por ejemplo, hay esta responsabilidad cuando hay una falta de información dolosa.
2. Contractual: art. 1101 CC. El empresario incurre en responsabilidad y queda obligado a indemnizar los daños y perjuicios causados cuando en el cumplimiento de sus obligaciones incurra en dolo, negligencia, culpa, morosidad o contraviniera el tenor de aquellas, es decir, responde de incumplimiento doloso, culposo o en los casos de mora.
La mora es el retraso en el incumplimiento. Hay especialidades en materia de mora: 2.1. En contratos mercantiles que tengan un plazo: los efectos de la mora comienzan desde el día siguiente al cumplimiento del plazo, sin necesidad de reclamar al deudor, diferencia con el Derecho civil. La regla del Derecho civil es que los efectos de la mora comienza cuando se reclaman al deudor.
2.2. En las operaciones comerciales entre empresarios: el pago debe realizarse en el plazo máximo de 60 días y en caso de retraso debe pagarse el interés de demora pactado y, en su defecto, un interés reforzado (y no el interés legal). Esto fue establecido en el año 2004 con la Ley de Lucha contra la Morosidad.
2.3. Si la mora en el pago es debida a la culpa del deudor: el acreedor puede exigir también los costes en los que haya incurrido para cobrar el crédito para que se los indemnice.
Durante el incumplimiento se puede pedir la resolución del contrato (art. 1124 CC).
3. Extracontractual: rigen las reglas generales civiles del art. 1902 CC. El que por acción u omisión causa daño a otro interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado. Se trata de una responsabilidad por culpa, pero la jurisprudencia española tiene a la objetivación de la responsabilidad, concretamente a la responsabilidad sin culpa. Para llegar a ello, la jurisprudencia ha seguido dos vías: 3.1. La inversión de la carga de la prueba de la culpa.
3.2. Mediante la aplicación de la teoría del riesgo: quien realiza una actividad arriesgada y genera un riesgo y se lucra con ello, debe indemnizar los daños que cause.
En ocasiones es la ley la que establece la responsabilidad objetiva del empresario, en casos de explotador de centrales nucleares y de fabricantes de productos.
El empresario responde no solo por los daños que causa por sí mismo, sino también por los daños que causan sus dependientes o empleados. El fundamento de esta responsabilidad se encentra en la culpa in eligendo o in vigilando del empresario, es decir, porque se presume que el empresario los ha elegido o vigilado mal. Al presumirse tal culpa se invierte la carga de la prueba de forma que será el empresario el tenga que demostrar que los ha vigilad y elegido bien. La responsabilidad del empresario es directa de forma que la persona que sufre el daño ha de dirigirse directamente al empleador, no al dependiente que causó el daño. Cosa distinta es que si hay dolo o culpa, el empresario le obligue al dependiente a pagarle lo que le ha costado.
La responsabilidad del fabricante o industrial es un supuesto de responsabilidad por riesgo. Por ejemplo, fabricante de lácteos, fabricante de coches. Es una responsabilidad objetiva. Puede incurrir en responsabilidad por dos vías: 1. Por el propio proceso industrial: el productor o industrial responde conforme a las reglas generales civiles. Los supuestos más graves están tipificados como delito en el CP.
2. Por producir productos defectuosos: el principio general se encuentra regulado en la LGDCU. Los productores serán responsables de los daños causados por los defectos de productos que, respectivamente, fabriquen o importen (art. 135 LGDCU). Un producto es cualquier bien mueble, aun cuando este unido o incorporado a otro bien mueble o inmueble, así como el gas y la electricidad. Es un producto defectuoso cuando no ofrece seguridad que cabe legítimamente esperar, la que ofrecen los demás ejemplares de su misma especie. Por ejemplo, una botella que explota sola, reacción alérgica a las protecciones mamarias, mandos de PlayStation que producían quemaduras, el Samsung que explotaba o un coche al que se le rompe el eje.
La responsabilidad es objetiva, pero limitada: 1. Solo responde objetivamente por la muerte y las lesiones personales: por ejemplo, en el caso de que se rompe el eje del automóvil y causa muertes, el fabricante responde sin culpa de las lesiones y la muerte, pero respecto del señor al que se le rompe el eje se le aplica las normas generales del Derecho civil.
2. En cuanto a la cuantía: si el daño es inferior a 500 euros no lo paga el fabricante y si es superior a 63 millones de euros.
El fabricante solo puede exonerarse alegando alguna de las causas de exoneración previstas en la ley: 1. Que no había puesto en circulación el producto: por ejemplo, el lo tenía en investigación.
2. Que, dadas las circunstancias del caso, es posible presumir que el defecto no existía en el momento en que se puso en circulación el producto, etc. Las causas se encuentran en el art. 140 LGDCU.
El fabricante, el importador del producto en la UE, a estos efectos es fabricante el que lo ha importado a la UE. También es fabricante todo aquel que pone su marca en un producto. E caso de no conocerse ni el fabricante ni el importador, será fabricante el distribuidor que vende el bien al consumidor o usuario.
La responsabilidad del empresario en caso de insolvencia se encuentra regulado en la Ley Concursal del 2003: 1. Procedimiento concursal: concurso de acreedores. Lo que se trata es que no cobre solo el acreedor que llegue primero a cobrar, sino que los acreedores cobren por el orden de graduación que establece la ley y si se encuentran en situación de igualdad, que cobren o pierdan en situación de igualdad. También se pretende sustituir los numerosos procedimientos de ejecución individual que debería iniciar cada acreedor por un único procedimiento colectivo de manera que se ahorre los gastos procesales. Afecta a todos los acreedores y a todos los bienes del deudor.
2. Procedimiento preconcursal: acuerdo de refinanciación y acuerdos extrajudiciales de pagos. Si existen, preceden al concurso de acreedores. La finalidad de estos procedimientos es conceder financiación a las empresas que son viables para que puedan salvarse y no tengan que ser liquidadas. La ley solo los regla teniendo en cuenta si fracasa el procedimiento concursal.
En caso de insuficiencia patrimonial las normas generales son insuficientes pues solo cobrarían los acreedores más rápidos e informados y los pocos bienes que quedasen se consumirán en gastos procesales. Por eso, en estos casos de insuficiencia patrimonial, las normas generales se cambian por estos procedimientos anteriores.
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