Tema 6 Derecho Constitucional I (2014)

Apunte Español
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Derecho - 1º curso
Asignatura Derecho Constitucional I
Año del apunte 2014
Páginas 6
Fecha de subida 09/01/2015
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TEMA 6. El reglamento 1. Concepto, clases y régimen jurídico Un reglamento se define como un acto normativo dictado por el poder ejecutivo subordinado a la ley y que se dicta haciendo uso de la potestad reglamentaria. La característica esencial de un reglamento es que esta jerárquicamente situado por debajo de la ley. Es decir nunca puede oponerse a ella. No puede tener rango, fuerza ni valor de ley, ya que siempre lo tendrá inferior a la ley.
La potestad reglamentaria, se plantean en abstracto 3 teorías: 1. La capacidad para dictar este tipo de actos normativos es consustancial a la propia atribución de funciones de gestión a los entes públicos. Por lo tanto serian una consecuencia de la propia autonomía de los entes públicos ya que la capacidad para dictar normas, estaría incluida en la propia capacidad para gestionar sus competencias.
2. Dice que un reglamento es la consecuencia de la potestad discrecional que tiene la administración que le permitiría entrar a regular de manera libre y autónoma todo aquello que la ley no regula, por tanto vendría a ser un acto normativo del gobierno con una capacidad de actuación únicamente limitada por el ámbito material que la ley haya asumido en la practica.
3. La potestad reglamentaria no es una potestad natural sino que es consecuencia siempre de la atribución expresa al respecto que haga bien la constitución, bien las leyes, aquellas normas de rango superior. Por tanto la administración no sería libre de dictar reglamentos, únicamente lo podría hacer cuando bien la constitución, o bien las leyes atribuyeran expresamente al gobierno esta capacidad.
La tesis que parece consagrarse en el ordenamiento es esta. Es la constitución la que dice en el art. 97 que el poder ejecutivo puede establecer reglamentos y es la misma constitución la que determina la posición del reglamento en el sistema de fuentes cuando dicen que el reglamento está subordinado de manera absoluta de la ley y de todo acto normativo con fuerza de ley. Esto significa que respecto de los actos normativos con fuerza de ley va a darse una relación de jerarquía en términos absolutos de modo que todo reglamento que se oponga a lo que dice una ley será nulo. Del mismo modo si una ley posterior es incompatible con un reglamento anterior, lo que cede es el reglamento al no valer privara de vigencia al reglamento.
La ley se impondrá siempre al reglamento.
Además la jurisdicción mientras que si establece una reserva de ley que dice que algunas materias tienen que estar reguladas por ley, no establece de manera paralela una reserva de reglamento, en la constitución no hay una lista de materias que tengan que estar forzosamente reguladas mediante reglamento. Por tanto se puede decir que el ámbito material del reglamento va a estar siempre condicionado por lo que previamente haya acotado la ley.
Respecto de la titularidad reglamentaria, se reconoce al poder ejecutivo. A todo órgano que tenga poder ejecutivo dentro de sus respectivas competencias materiales y territoriales. Así tienen capacidad para dictar reglamentos el gobierno, los gobiernos autonómicos y los plenos de las diputaciones, los ayuntamientos y demás entes locales. Por tanto puede haber reglamentos de ejecutivo central de ámbito autonómico y con alcance únicamente local. La capacidad de esos se limita, comprende únicamente los actos de tipo reglamentario. En todo caso la capacidad para desarrollar mediante reglamento las disposiciones de una ley, corresponde únicamente al gobierno, no a los entes locales.
Ahora bien, la potestad reglamentaria es de poder ejecutivo, pero no todo lo que dicta el poder ejecutivo, gobierno o ayuntamiento, administración es un reglamento.
También pueden generar actos normativos sin tener carácter reglamentario que son actos de aplicación de normas.
Para distinguir a nivel local lo que es un acto normativo y uno de aplicación de normas se puede decir que si la disposición tiene alcance general y contenido abstracto seguramente sea un reglamento sin embargo tiene un destinatario especifico y hace referencia a una norma concreta lo más probable es que se trate de un acto aplicativo para una situación de hecho puntual. Pero no siempre es así, por tanto también hay que fijarse en la capacidad innovadora que la actuación en cuestión tenga sobre el ordenamiento jurídico. Si se trata de un acto que se integra en el ordenamiento seguramente se trate de un reglamento, por el contrario si se agota su efecto y no se integra de manera permanente en el ordenamiento se tratara de un acto aplicativo de normas.
Respecto de los tipos de reglamentos que pueden dictarse la clasificación más sencilla es la que los distinguen en función del órgano que los dicta: Reales decretos. Son los que dicta el consejo de ministros. Son los reglamentos que o bien sirven para desarrollar una ley o bien desarrollan materias que no están recogidas en las leyes pero que abarcan el ámbito de más de un ministerio. Por tanto dentro de la escala de reglamentos son los más importantes dentro del ordenamiento y suelen dedicarse al desarrollo directo de las leyes.
Pero en teoría el presidente del gobierno y el vicepresidente también podrían dictar reglamentos a título personal que se llamarían también reales decretos, pero seria de presidencia o vicepresidencia. Lo que pasa es que en la práctica eso no se hace, la posibilidad está abierta, pero siempre vienen firmados en consejo de ministros.
Órdenes ministeriales. Es un reglamento que dicta un ministro, a titulo de ministro de cualquier departamento que afecta a materias de su exclusiva competencia. También pasan por el consejo de ministros pero su firma corresponde únicamente al ministro competente.
Los acuerdos de las comisiones delegadas de gobierno van a articularse bajo la orden de acuerdo ministerial o ministro competente si solo afecta a una materia o como orden ministerial del ministro presidente si aceptan más ministerios.
Las demás autoridades administrativas con capacidad de dictar reglamentos, dictaran resoluciones si son reglamentos que afectan o tienen eficacia hacia los ciudadanos o circulares si son actos normativos destinados a su aplicación interna dentro del departamento en cuestión.
En el ámbito autonómico se reproduce más o menos el mismo esquema, lo que pasa es que simplemente cambian los nombres de los actos. El consejo del gobierno de la comunidad autónoma dictara Decretos, las consejerías dictaran órdenes de la consejería… Finalmente los entes locales, depende de la competencia o materia dictara ordenanzas, y también tienen capacidad para dictar su propio reglamento orgánico de funcionamiento.
Actos normativos del poder ejecutivo, cosas distintas a los reglamentos del congreso y senado. Estos no son reglamentos en este sentido, son las normas de funcionamiento interno de las cámaras que no son estrictamente administrativas, sino actos normativos equiparados a la ley.
2. Las relaciones entre ley y reglamento La relación entre ley y reglamento se articula mediante el principio de jerarquía, la ley siempre va a ser superior al reglamento, por tanto ningún reglamento del nivel que sea puede contradecirla ni modificarla. Sea anterior o posterior, es irrelevante.
Pero además la relación entre ley y reglamento, está sometida a un segundo principio: Reserva de ley. Hay ciertas materias expresamente encomendadas a la ley sobre las que el reglamento no puede entrar o al menos de manera directa. Y como no existe una reserva del parlamento frente al ámbito material ilimitado y general de una ley, el ámbito material del reglamento va a ser siempre residual y va a estar limitado por lo que previamente hayan regulado las leyes. Precisamente porque el ámbito material de la ley es general e ilimitado, regulan lo que dice la constitución, entonces cuando una materia no estaba sujeta a una materia expresa se produce una congelación de rango. El momento en que la ley regula algo, ese algo sufre una congelación de la ley, por lo tanto el reglamento no podrá entrar libremente. Sin embargo también puede producirse la descongelación que se llama deslegalización de una materia, cuando una determinada ley es sustituida por una ley posterior que no regula la materia sino que simplemente dice que a partir de ese momento esa cuestión se regulara mediante reglamento, en ese momento se produce la deslegalización de la materia y el reglamento puede volver a entrar de manera plena en la regulación.
La reserva de ley supone la posibilidad de que la ley sea la que se encargue de la regulación de una cuestión, lo que pasa es que en función del tipo de reserva de ley que se trate es posible que también pueda intervenir de manera complementaria el reglamento como fuente. En caso de que se trate de reserva de ley absoluta, la materia al completo tendrá que ser regulada de principio a fin por una ley, ya que el legislador tiene la obligación de regular la totalidad de una materia. Por tanto el reglamento no tendrá ninguna posibilidad de complementar lo que diga la ley. Frente a esto lo normal es que las reservas de ley sean relativas, es decir, que se faculte a la ley para abordar una materia, de manera que la propia ley será la que escoja si lo quiere regular en su totalidad o si quiere regular en todo o en parte la cuestión o si se quiere centrar en los aspectos generales, remitiendo al reglamento a complementar esa regulación bajando a las cuestiones más concretas de aplicación a esa ley.
Una reserva por tanto va a permitir que los reglamentos complementen a la ley siempre en mediada de lo que diga la propia ley. Esta que se llama reforzada, son aquellas en las que la ley tiene delimitado que aspectos de una materia tiene que regular.
Lo normal es que todas las leyes que se dictan tengan reglamentos de desarrollo, que terminan de cerrar las disposiciones de la ley. Por lo tanto ley como reglamento es habitual que vayan juntos. En todo caso a remisión al reglamento por parte de una ley debe ser expresa, es la que va a contener en su articulado o al final la habilitación para contener reglamentos de cuestiones más específicas o más generales. En la medida de lo posible tiene que ser sobre materia concreta y siempre tiene que ir dirigida a aspectos colaterales, de desarrollo de segundo nivel de importancia dentro de la materia, nunca aspectos principales. En suma en la medida en que el legislador puede meter lo que quiera en materia de una ley puede decidir si quiere regularlo todo en una materia o no.
El art 23 de la ley del gobierno es una de las pocas normas que hablan de la potestad reglamentaria, dice que un reglamento no podrá establecer delitos ni faltas ni infracciones administrativas ni establecer penas o sanciones ni imponer tributos, tasas o cualquier otra prestación equiparable de carácter personal o patrimonial sin perjuicio de su actuación al respecto como desarrollo de una ley, es decir, el gobierno no puede inventarse un impuesto.
Dice también que todos los actos administrativos tienen que ser conforme, sin contradecir, lo que digan los reglamentos, ello con independencia de que el acto sea dictado por un órgano administrativo inferior igual o superior del que dicto el reglamento en el que se basa. Busca establecer una jerarquía clara entre actos aplicativos o normativos.
Los reglamentos suelen clasificarse en 3 tipos: Reglamentos secundum legem. Reglamentos conforme a una ley. Son los que se dictan para complementar una ley. Tiene que respetar el contenido de toda ley.
Reglamentos contra legem. Contienen clausulas que se oponen a lo que dice una ley y que por lo tanto no son validos.
Reglamentos praeter legem o independientes. Son aquellos que se dictan sin ser el desarrollo de una ley sino para regular desde 0 una determinada cuestión. Estos son viables en el ordenamiento siempre y cuando respeten el primer lugar de las materias de ley. También siempre que estos respeten en general el conjunto de todas las leyes.
3. Control jurisdiccional de los reglamentos Ni el recurso ni cuestión de inconstitucionalidad son aplicables a los reglamentos porque son acciones cuyo objeto puede ser únicamente una norma con rango de ley, por tanto un reglamento nunca es recurrible en el recurso ni mediante cuestión de inconstitucionalidad.
La capacidad para controlar los reglamentos la tienen los tribunales ordinarios, en concreto los de la jurisdicción de lo contencioso- administrativo, encargados de verificar la legalidad y la constitucionalidad.
En el caso de los reales decretos, el juez competente para conocer la validez del reglamento es el tribunal supremo. Cuando se trata de órdenes ministeriales es la sala de lo contencioso de la audiencia nacional y para todos los demás reglamentos los de la misma sala. Para comprobar la legalidad de los reglamentos existen 2 acciones: Acción directa (art 25). Es la posibilidad de reclamar del tribunal competente la nulidad de cualquier disposición que dicte una administración publica, pero no se trata de una acción específica destinada a la impugnación de reglamentos, sino que es simplemente una aplicación del recurso contencioso- administrativo general. Cualquier persona puede acudir para reclamar.
Cuando el tribunal competente pronuncia su resolución determinara si el reglamento es válido o no, y si lo declara inválido declarara la nulidad y la expulsión del ordenamiento por ser contrario a la ley y a la constitución.
Acción indirecta (art. 27) Cualquier juez puede inaplicar un reglamento. Si lo inaplica el juez tiene que plantear la cuestión de legalidad ante el tribunal competente. También es posible que el propio juez que es competente para regular el reglamento sea el que está conociendo el caso. En la misma sentencia que resuelve el litigio se pronunciara sobre la validez del reglamento.
El tribunal constitucional puede pronunciarse sobre la validez de los reglamentos en dos casos: Podrá entrar a valorar la validez de un reglamento si se trata de uno estatal o autonómico cuyo contenido vulnera las normas sobre reparto competencial.
Vía del recurso de amparo. Acción directa que protege los derechos fundamentales que puede ser impuesta ante actos normativos que vengan de la administración. Se podrá recurrir si este vulnera los derechos fundamentales.
Este recurso de amparo no es un mecanismo que sirva para introducir un enjuiciamiento judicial. Además si un reglamento no tiene que ver con lesiones de derechos fundamentales no tienen cabida en esta vía.
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