Derecho Penal I TEMA 6 (2014)

Apunte Español
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Derecho + Droit - 1º curso
Asignatura Derecho Penal I
Año del apunte 2014
Páginas 3
Fecha de subida 27/10/2014
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Tema 6 El principio de legalidad en el Derecho español 1. El carácter constitucional de las garantías contenidas en el principio de legalidad El principio de legalidad es el principal límite impuesto por las exigencias del Estado de Derecho al ejercicio de la potestad punitiva e incluye una serie de garantías para los ciudadanos que genéricamente pueden reconducirse a la imposibilidad de que el Estado intervenga penalmente más allá de lo que le permite la ley.
Principio de legalidad: No puede sancionarse ninguna conducta ni imponerse pena alguna que no se encuentre establecida en la leu “nullum crimen, nullum poena, sine lege” El principio de legalidad y el sometimiento al imperio de la ley, se encuentra proclamado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948.
La mera existencia de una ley no garantiza el cumplimiento del principio de legalidad en la aplicación de una pena. La ley debe reunir una serie de requisitos que generalmente se resumen en la necesidad de que sea escrita y previa a la realización de los hechos que se pretenden sancionar y estricta, que establezca las características del hecho punible (taxativamente) Principio de legalidad contiene: Garantía criminal y garantía penal.
El Estado ha de actuar con total sometimiento al imperio de la ley y dentro de sus límites, pero también de que los ciudadanos conozcan en todo momento cuáles serán las consecuencias de su conducta y el modo en que dichas consecuencias les van a ser aplicadas. Seguridad jurídica Sometimiento a la ley. ART 9 CE 1. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.
2. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.
3. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.
Principio de legalidad recogida también en el artículo 25,1 CE Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento.
El Tribunal Constitucional ha ampliado las garantías contenidas en el principio de legalidad a las medidas de seguridad pese a que no vienen expresamente mencionadas en el art. 25,1 2. Principio de legalidad de los delitos y las penas A) La reserva de ley (Exigencia de Ley Orgánica) La ley penal debe ser escrita, es decir, es exclusivamente Derecho positivo, lo que excluye la posibilidad de que mediante la costumbre o principio generales no escritos se establezcan delitos y penas.
Se pretende reservar al poder legislativo la potestad para definir los delitos y las penas. Solo el legislativo como representante de la voluntad popular se encuentra legitimado para decidir qué conductas debe perseguir el Estado mediante el instrumento más grave de que dispone, sanción penal.
Polémica: si todas las leyes penales, por afectar a derechos fundamentales, deben ser aprobadas como leyes orgánicas.
La ley penal expresa los intereses que la sociedad considera más importantes para la convivencia, destinando a su protección el instrumento más grave de que dispone.
B) El principio de taxatividad y la seguridad jurídica (Ley escrita) La garantía por la que la definición de delitos y penas se reserva al legislador, no es una exigencia meramente formalista aunque el Tribunal Constitucional la denomine “garantía formal”.
El p. de legalidad exige que sea el legislador únicamente el que se encargue de delimitar claramente lo que se castiga mediante la norma penal, sencillamente porque la representación popular sobre la que se asienta es la que le legitima para ello.
Determinación clara de las conductas: Principio taxatividad.
C) La prohibición de retroactividad (La exigencia de ley “previa”) Ley previa. Debe haber sido promulgada con anterioridad a la comisión de tales hechos.
D) La prohibición de analogía. La analogía in bonam partem.
Juez como intérprete de la ley, no puede desbordar los límites de los términos de la ley y aplicarla a supuestos no previstos en la misma, porque con ello violaría claramente el principio de legalidad.
E) El principio “ Non bis in idem” Prohibición de que un mismo hecho resulte sancionado más de una vez.
3. Garantía jurisdiccional Las penas se impondrán por el órgano competente y tras el proceso legalmente establecido.
ART. 3,1 Sentencia firme dictada persona competente.
4. Principio de legalidad de la ejecución El principio de legalidad impone que la ejecución o el cumplimiento de las penas se lleve a cabo con total sumisión a lo establecido en las leyes.
5. Técnicas legislativas y ptincipio de legalidad: las leyes penales en blanco Cuando una ley no contiene una ley propiamente dicha sino que te remite a una norma distinta.
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