Tema 5 1/2 (2016)

Resumen Español
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Criminología - 2º curso
Asignatura Tipologías penales
Año del apunte 2016
Páginas 6
Fecha de subida 15/04/2016
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TEMA 5 Delitos contra la integridad moral I. TEORÍA GENERAL.
La integridad moral ha sido identificada con la idea de dignidad e inviolabilidad de la persona y, según reiterada jurisprudencia constitucional, abarca su preservación no sólo contra ataques dirigidos a lesionar su cuerpo o espíritu, sino también contra toda clase de intervención en esos bienes que carezca del consentimiento de su titular.
Existe un concepto penal autónomo de integridad moral que no debe confundirse con el derecho fundamental a la misma. En la doctrina tal concepto se identifica con la dignidad e inviolabilidad de la persona, que en ningún caso puede ser instrumentalizada. A esta definición la jurisprudencia añade que los atentados contra la integridad moral se caracterizan por contener un componente de humillación y envilecimiento II. DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD MORAL Arts. 173.1; 175-177 CP Tipo básico El TS define el trato degradante como aquél que es capaz de “crear en las víctimas sentimientos de temor, de angustia y de inferioridad, susceptibles de humillarles, de envilecerles y de quebrantar en su caso su resistencia física y moral”. Puede realizar el tipo toda conducta idónea ex ante para menoscabar gravemente la integridad moral, sin necesidad de medios comisivos determinados. Estamos ante un tipo penal abierto. La única restricción que impone el tipo es que el menoscabo sea grave. Doc. y jur. may. lo califican como delito de resultado que requiere que la acción típica constituya un trato degradante. Se trata de un delito permanente, lo que tiene importancia a efectos de prescripción.
Opera como tipo de recogida de aquellos atentados contra la integridad moral que no llegan a constituir delitos más graves e independientes.
Acoso laboral y acoso inmobiliario (mobbing) Se define el acoso laboral como “el hostigamiento psicológico u hostil en el marco de cualquier actividad laboral o funcionarial que humille al que lo sufre, imponiendo situaciones de grave ofensa a la dignidad”.
Se trata de un delito permanente, por lo que la prescripción sólo puede iniciarse desde el momento en que los acusados han cesado en su actitud de acoso.
La conducta típica consiste en la reiteración de actos hostiles o humillantes que, sin llegar a constituir trato degradante, supongan grave acoso contra la víctima.
La reiteración de la conducta es la que con- cede relevancia penal a cada uno de los actos de acoso que, aisladamente considerados, no pueden constituir trato degradante. No obstante, no cabe descartar la reiteración de actos cuando la situación degradante o humillante proviene de una única decisión que se mantiene en el tiempo.
En cuanto a los sujetos, el tipo exige prevalimiento de una posición de superioridad jerárquica en el ámbito laboral o funcionarial. Por tanto únicamente recoge la modalidad de acoso vertical, dejando fuera las situaciones de acoso horizontal y de acoso inverso. Se parte de la presunción legal según la cual la dependencia respecto al superior jerárquico coloca a la víctima en una situación de especial vulnerabilidad.
Con la tipificación expresa de esta nueva figura “se pretende tutelar el derecho al disfrute de la vivienda por parte de propietarios o inquilinos frente a los ataques dirigidos a obligar a unos o a otros a abandonarla para así alcanzar, en la mayoría de los casos, objetivos especuladores”. La jurisprudencia venía resolviendo las situaciones más graves de acoso en el ámbito de la vivienda básicamente acudiendo al delito de coacciones y, en ocasiones, a través del tipo básico de trato degradante. En todo caso, la existencia de una regulación civil sobre incumplimientos contractuales en materia arrendaticia debería no aplicar el tipo penal fuera de los supuestos más graves (principio de intervención mínima).
El delito de acoso inmobiliario, recogido entre los delitos contra la integridad moral, plantea un problema de delimitación respecto al delito específico agravado de coacciones. Para delimitar ambos preceptos hay tener en cuenta el distinto bien jurídico protegido y las diferencias penológicas establecidas entre ellos. El delito previsto en el art. 173.1.III constituye un tipo privilegiado respecto al establecido en el art. 172.1.III. Es por ello que debería reservarse su aplicación para los casos en que la conducta de acoso responde a la consideración conjunta de una serie de actos encaminados a privar al morador del legítimo disfrute de la vivienda. Al igual que ocurre con el acaso laboral, la reiteración de la conducta es la que concede relevancia penal a cada uno de los actos de acoso que, aisladamente considerados, no pueden constituir trato degradante. Sin embargo, no cabe descartar un concurso de delitos entre el art. 173.1.III y el art. 172.1.III, cuando algunos de los actos directamente encaminados a privar al morador de su derecho sea lo suficientemente grave para constituir un delito de coacciones.
Sujeto pasivo del delito puede ser cualquier persona que legítimamente ocupa una vivienda. Con frecuencia, la conducta de acoso se produce por parte del propietario del inmueble en el seno de una relación arrendaticia, normalmente respecto a viviendas de renta antigua, pero puede darse también en el marco de un conflicto entre propietarios para conseguir que alguno o algunos de ellos vendan su vivienda; o, incluso, pueden llegar a ser los arrendatarios quienes practiquen acoso frente a los propietarios). Al exigir el tipo que el uso de la vivienda sea legítimo, se excluye como sujetos pasivos del delito a los “okupas” que, de facto, disfrutan de la vivienda.
Otros atentados contra la dignidad moral cometidos por funcionario público Art. 175 CP Se configura como un delito especial, que constituye un tipo atenuado en relación al art. 174 pero agravado respecto al art. 173.1. Los atentados contra la integridad moral cometidos por funcionario o autoridad que no constituyan delito de torturas, por faltar la finalidad específica que exige el tipo, se sancionarán conforme a lo establecido en el art. 175, apreciándose un concurso de leyes por aplicación del principio de subsidiariedad, según jur.may. , y por aplicación del principio de especialidad, para jur.min. . El precepto ni exige un resultado de menoscabo grave de la integridad moral, ni dice expresamente que la conducta típica deba consistir en un trato degradante. Admitiendo la notable amplitud de la descripción típica, la jur.may. establece la necesidad de que concurran: a) un acto de claro e inequívoco contenido vejatorio para el sujeto pasivo del delito; b) un padecimiento físico o psíquico de dicho sujeto; c) un comportamiento que sea degradante o humillante e incida en el concepto de dignidad de la persona afecta- da por el delito. No cabe aplicar el precepto cuando el sujeto pasivo es funcionario público, puesto que la agravación prevista en el art. 175 sólo opera cuando el trato degradante se dirige contra ciudadanos ajenos al ámbito funcionarial del sujeto activo.
El precepto distingue dos modalidades típicas: a) atentado grave, sancionado con pena de 2 a 4 años de prisión; b) atentado menos grave, castigado con pena de 6 meses a 2 años de prisión.
La comisión omisiva Art. 176 CP El art. 176 prevé un delito especial que recoge, según doc.may., un supuesto de comisión por omisión (omisión impropia) expresamente establecida por el CP. Se sanciona con las mismas penas previstas en los arts. 174 y 175 a las autoridades o funcionario públicos que, faltando a los deberes de su cargo, permitan que otras personas ejecuten los hechos descritos en dichos preceptos.
La jur. TS ha venido interpretando el precepto restringiendo su aplicación a los supuestos en que existe una “relación de superioridad” entre quienes permiten los atentados contra la integridad moral y quienes los llevan a cabo.
Otro sector niega, en cambio, la posibilidad de hacer responder por omisión al funcionario que permanece pasivo frente a la actuación de su superior jerárquico, empleando argumentos de exculpación.
Régimen concursal Art. 177 CP Se establece una regla concursal común a todos los delitos previstos en este título. Su previsión específica se explica porque los atentados contra la integridad moral con frecuencia vienen acompañados de ataques a otros bienes jurídicos personales. Doc. y jur.may. consideran que cuando, además del atentado contra la integridad moral, se produce “lesión o daño a la vida, integridad física, salud, libertad sexual o bienes de la víctima o de un tercero”, estamos ante un concurso real de delitos.
Hay acuerdo en cuanto a que la excepción establecida para los supuestos en que el atentado contra la integridad moral ya esté especialmente previsto y sancionado en otro delito se debe interpretar en favor de aplicar un concurso de leyes.
En relación con los delitos de coacciones, amenazas y detenciones ilegales, se discute en la doctrina sobre la aplicación de las reglas del concurso ideal o del concurso de leyes. Respecto al delito de detención ilegal, por regla general considera el TS que la detención ilegal absorbe el atentado contra la integridad moral. En cuanto a los delitos contra el honor, en contra de la tesis favorable a apreciar un concurso de leyes, algunos autores entienden que los delitos de injurias y calumnias no implican por sí solos un trato humillante o vejatorio, decantándose por el concurso de delitos cuando junto al ataque al honor se produzca un atentado a la integridad moral.
Los delitos contra la integridad moral resultan incompatibles con la agravante de ensañamiento.
III. TORTURA Art. 174 CP Se entiende por tortura “todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia.
Estamos frente a un delito especial cuyo autor sólo puede ser una autoridad o funcionario público. Para cometer el delito es necesario que el sujeto activo actúe abusando de su cargo, por tanto, en el ejercicio de sus funciones y aprovechándose de las prerrogativas propias del cargo. Según doc. may., el delito de tortura se concibe como delito pluriofensivo puesto que no sólo recoge los atenta- dos contra la integridad moral, sino también los ataques a la confianza del ciudadano en el buen funcionamiento de la administración de Justicia y Penitenciaria.
La conducta típica consiste en someter a la víctima a condiciones o procedimientos que le ocasionen sufrimientos físicos o mentales, la supresión o disminución de sus facultades de conocimiento o que, de cualquier otro modo, atenten contra su integridad moral. En relación a la necesidad de una mínima prolongación en el tiempo de la conducta típica, parte de la jurisprudencia exige una actuación de cierta contumacia y persistencia en la acción delictiva.
El precepto distingue dos modalidades típicas: a) tortura grave, sancionada con pena de prisión de 2 a 6 años; b) tortura menos grave, castigada con prisión de 1 a 3 años. La distinción se debe establecer en función de la intensidad del atenta- do a la integridad moral, sin atender únicamente a los resultados lesivos causados.
El precepto exige una determinada finalidad para realizar el tipo de tortura (elemento subjetivo del tipo). El autor debe perseguir alguna de las tres siguientes posibles finalidades: a) obtener una determinada confesión o información: tortura indagatoria; b) castigar a otro por un hecho que haya cometido o se sospeche haya podido cometer: tortura vindicativa; y c) por razones discriminatorias.
Existe en la actualidad una importante polémica doctrinal en torno a la posible justificación de la tortura cuando se practica para salvar la vida de terceras personas.
El Ap. 2. del art. 174 prevé una modalidad específica de tortura: la cometida por autoridad o funcionario público de instituciones penitenciarias o de centros de protección o corrección de menores.
Cuando los hechos cometidos por un funcionario penitenciario o de centro de protección de menores no lleguen a constituir un atentado contra la integridad moral, pero puedan ser considerados como imposición de una sanción indebida o utilización de un rigor innecesario, cabe la posibilidad de aplicar el art. 533.
IV. TRATA DE SERES HUMANOS Art. 177 bis CP Con este delito se distingue entre: la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes tal como se recogía en instrumentos internacionales suscritos por España.
Este Título se ubica, significativamente, a continuación de los delitos de tortura y contra la integridad moral, remarcando así que se trata de una figura que protege, preferentemente, bienes jurídico-penales individuales constituidos por la libertad y la dignidad del ser humano en el contexto de la desigualdad económica, social o interpersonal, con la finalidad de evitar su cosificación y/o mercantilización.
Tipo básico Art. 177 bis. 1 CP Sujeto activo de este delito puede serlo cualquiera. Sujeto pasivo puede serlo cualquier persona (nacional o extranjera). Para la comisión de este delito bastará que resulte afectada una sola persona, pero, al tratarse de un tipo de bien jurídico-penal individual, habrá tantos delitos de trata como personas afectadas por la misma.
Las conductas típicas son amplias, pretendiéndose con ello abarcar los comportamientos habituales en la trata de seres humanos en cada una de sus fases. Por captar se entiende cualquier conducta realizada por medios materiales o intelectuales que oriente a la víctima hacia los fines típicos perseguidos por el sujeto activo. Tanto transportar como trasladar suponen llevar o conducir a una persona de un sitio a otro. Acoger se define en este contexto como servir de refugio o albergue a alguien. Por recibir, tratándose de personas, habrá que entender, por exclusión de los anteriores: salir al encuentro de una persona. La conducta de intercambiar o transferir el control sobre las personas objeto de la trata utilizando a estas como mercancías como si se tratara de una actividad económica más. Ante el silencio de la ley, estas conductas pueden hacerse con, lo habitual, o sin ánimo de lucro. El intercambio suele suponer cambiar unas personas por otras, pero puede realizarse por otros bienes o contraprestaciones en especie o servicios. Por el contrario, el transferir implicaría una cesión mediante precio o no de la persona.
La jur. califica este tipo como de mera actividad, al considerar que se consuman cuando se cumple la acción típica, con independencia de que se haya o no producido las diversas situaciones de explotación.
Si se atiende estrictamente a las conductas típicas, algunas conducirían a calificar el tipo como de resultado (transportar, trasladar, captar sobre todo en supuestos en los que se utilizan anuncios en medios de comunicación), y otras de mera actividad (acoger, recibir), que harían de muy difícil apreciación la tentativa.
El Ap. 8 castiga las resoluciones manifestadas, también denominadas formas de participación intentadas o actos preparatorios (conspiración, proposición y provocación), para cometer el delito de trata de seres humanos.
Cuando los sujetos pasivos son mayores de edad, este delito se configura como un tipo de medios determinados, ya que las acciones típicas enumeradas han de realizarse: a) Empleando violencia, lo que supone la existencia de un acometimiento material sobre el sujeto pasivo.
b) Empleando intimidación: amenazas de males futuros y ciertos sobre el sujeto pasivo o sobre personas vinculadas estrechamente a aquél.
c) Empleando engaño, esto es, induciendo a error sobre, por lo general, la auténtica finalidad perseguida por el sujeto activo.
d) Abusando de una situación de superioridad: entendiendo por tal la superioridad física o del varios contra uno, siendo inherente a esta modalidad la circunstancia agravante del 22.2º (art. 65).
e) Mediante la entrega o recepción de pagos o beneficios para lograr el consentimiento de la persona que poseyera el control sobre la víctima. La peculiaridad de esta modalidad se halla en que el medio comisivo no recae directamente sobre la víctima de la trata, sino sobre los que tienen el control sobre la misma, mediante la entrega de contraprestaciones económicas; y siendo inherente a esta modalidad comisiva la agravante de precio.
f) Abusando de una situación de necesidad o vulnerabilidad de la víctima. La LO 1/2015 introduce una interpretación auténtica y conjunta de ambas situaciones, equiparando necesidad y vulnerabilidad, y entendiendo que existen cuando la persona en cuestión no tiene otra alternativa, real o aceptable, que someterse al abuso.
Cuando la trata de seres humanos tenga como sujetos pasivos a menores de 18 años, este delito se transforma en resultativo. No es necesaria la concurrencia de los medios determinados en el apdo. 1 cuando los sujetos pasivos sean menores de edad, siempre que las conductas se realicen con fines de explotación, esto es, cualquiera de las finalidades recogidas en el apdo. 1.
Ámbito territorial. Este delito no exige para su comisión traspaso de fronteras, por lo que puede cometerse tanto en el ámbito del territorio nacional, como desde, en tránsito o con destino a España.
En la parte subjetiva del tipo habrá de concurrir no sólo el dolo, sino también cualquiera de las finalidades siguientes: a) Finalidad de explotación laboral, consistente en la imposición de trabajo o servicios forzados, la esclavitud o prácticas similares a la esclavitud o a la servidumbre o a la mendicidad.
b) Finalidad de explotación sexual, incluida la pornografía. En esta finalidad se incluyen la realización de cualquier delito contra la libertad o indemnidad sexual realizada sin o con consentimiento viciado de la víctima.
c) La explotación para realizar actividades delictivas. Por actividades delictivas habría que entender la realización de cualquier delito, aunque los más frecuentes sean los patrimoniales y de tráfico de droga. Esta modalidad no incluye la agravación de organización.
d) Finalidad de extracción de órganos corporales. En España está prohibido que se obtenga compensación económica alguna por la extracción y trasplante de órganos. Existen dos clases de extracciones de órganos: las realizadas en personas fallecidas, que quedan fuera del ámbito de aplicación de este delito por el bien jurídico penal que protege, y las realizadas de una donante vivo, que son las incluidas en este tipo cuando concurran los demás elementos del mismo. No están incluidos en esta finalidad: la sangre o los gametos u óvulos; si lo estarían los tejidos en cuanto que podrían ser considerados parte de los órganos.
e) Finalidad de celebrar matrimonios forzados. Por matrimonio forzado habrá que entender: “todo aquel que se celebra sin el consentimiento pleno y libre de al menos uno de los contrayentes y/o cuando uno de ellos o ambos carezcan de la capacidad de separarse o de poner fin a la unión, entre otros motivos, debido a coacciones o a una intensa presión social o familiar”. Dado que el tipo se refiere a celebración, no se incluirán en este delito los supuestos en los que la persona, habiendo contraído matrimonio voluntariamente, permanece forzadamente en su estado de casado-a, sin perjuicio de aplicar las amenazas o coacciones genéricas.
Tipo negativo. Pudieran darse casos de estado de necesidad. Por otra parte, el apdo. 11 recoge una causa de exención de la pena por las infracciones penales que comentan las víctimas de trata de seres humanos, con indiferencia que los sean del tipo básico o de los tipos agravados, siempre que concurran dos requisitos: a) Que su participación en las infracciones penales haya sido consecuencia directa de la situación de violencia, intimidación, engaño o abuso a que haya sido sometida, excluyéndose situaciones de venganza extemporáneas, esto es, delitos o faltas cometidos una vez finalizada la trata.
b) Que exista una adecuada proporcionalidad entre dicha situación y el hecho criminal realizado. Este requisito exigirá que sólo se amparen por esta cláusula de exención de pena las infracciones penales que vengan castigadas con pena igual o inferior a la trata sufrida.
c) En cuanto a la determinación de la naturaleza de esta exención de pena cabría sostener dos soluciones: 1.
Considerar que es una excusa absolutoria que solo afectaría a aquéllos en quienes concurra, ya que las demás personas tendrían la opción de denunciar los hechos, salvo que se tratara de otra víctima; 2. Sostener que es una causa de justificación, tesis abonada por la exigencia de la ponderación de bienes, la referencia a la situación de inmediatez entre la situación de explotación y la defensa, así como por la injusticia que supondría castigar al que ayuda a defenderse a la víctima.
Penalidad. Las conductas más gravemente penadas pasan a ser las referidas en la trata de personas del presente art. 177 bis, cuyo tipo básico contiene un marco penal de cinco a ocho años, mientras que el tráfico de migrantes del artículo 318 bis, queda ahora en un segundo nivel punitivo, ya que su tipo básico contempla la pena alternativa de prisión de 3 mes a 1 año o multa.
El apdo. 10 recoge la reincidencia internacional, por virtud de la cual se equiparan las sentencias condenatorias firmes dictadas por estos delitos en países extranjeros a las dictadas por los tribunales españoles a efectos de la agravante 8ª del art. 22. Si bien, por exigencias de los principios de reinserción social y de cosa juzgada, no se tendrán en cuenta las mismas si el antecedente penal haya sido cancelado o pueda serlo con arreglo al Derecho español.
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