Tema 5. La defensa (2015)

Apunte Español
Universidad Universidad Pompeu Fabra (UPF)
Grado Derecho - 1º curso
Asignatura Dret Processal
Año del apunte 2015
Páginas 8
Fecha de subida 16/02/2015
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DERECHO PROCESAL TEMA 5. LA DEFENSA 5.1. LOS ABOGADOS:  ¿Por qué se necesita un abogado? La renuncia a la autodefensa como forma de tutela conduce a la profesionalización de la defensa. La complejidad y el tecnicismo de las leyes requieren que sea necesaria la existencia de profesionales que asuman los aspectos técnicos de la defensa jurídica en todas sus manifestaciones. Estos profesionales son los abogados.
o El abogado ejerce profesionalmente la dirección y defensa de las partes, y también el asesoramiento y consejo jurídico.
o La defensa sirve para el beneficio de la parte que la contrata, para facilitarle el camino en la justicia y también para auxiliar a los tribunales. Tiene rango de garantía constitucional. Como regla general, la defensa profesional se ofrece como obligación y en todos como un derecho, como una defensa profesional en su propia garantía.
o En algunos casos el ciudadano puede defenderse a sí mismo: o Ámbito penal: se concede al acusado la última palabra.
o Ámbito contencioso-administrativo: es restringida la comparecencia de funcionarios públicos por si mismos en el juicio contencioso.
o Ámbito laboral: la defensa técnica es facultativa para la parte en la instancia.
o Ámbito civil: se concede al ciudadano la oportunidad de defenderse a sí mismo o En el resto de los supuestos la defensa la asume el abogado.
o La abogacía tiene la exclusiva de la defensa jurídica, pero la gestión procesal de los litigios la comparte con otros profesionales y funcionarios.
o Existe libertad de elección de abogado (art. 545,1 LOPJ), se mediatiza este derecho en el sistema de asistencia pública gratuita.
o En la gran mayoría de los litigios, la intermediación del abogado se impone como obligatoria, como salvaguarda de los derechos de los ciudadanos. En juicios penales el acusado está acompañado del abogado, como mínimo, desde el momento de su detención y ya no le abandona en el resto del juicio. Si es preciso, se le nombra un defensor de oficio. Aun en los casos en los que la defensa por medio de abogado no se exige como obligatoria, es siempre admisible por simple opción del ciudadano. En los en los que es necesaria y el interesado no dispone de recursos para sufragar su coste, se le provee un defensor por medio del sistema público de asistencia gratuita.
 ¿Cómo se organiza corporativamente la abogacía? Los abogados están organizados corporativamente en Colegios de Abogados, es un requisito necesario para ejercer la abogacía el estar incorporado a uno de estos colegios (art. 544,1 LOPJ). Los colegios se rigen por el decano, la junta de gobierno y la junta general. La coordinación entre todos los colegios de abogados se lleva a cabo a través del consejo general de la abogacía española. Existen también consejos generales de colegios de las comunidades autónomas.
Además, existen multitud de asociaciones profesionales a nivel internacional, que aglutinan parte de la profesión, un ejemplo es la Unión Internacional de Abogados (UIA).
 ¿Quién puede ser abogado? o Requisitos generales:  Ser de nacionalidad española o de un estado miembro de la Unión Europea.
 Ser mayor de edad y no estar incurso en causa de discapacidad.
 Estar en posesión del título de licenciado en derecho, grado que lo sustituya o título extranjero homologable.
 Obtener el título profesional de abogado mediante un curso de postgrado impartido en una Universidad o en una Escuela de Práctica Jurídica acreditada.
   Inscribirse a un colegio de abogados.
Carecer de antecedentes penales y no estar incursos en ninguna incompatibilidad o prohibición.
 Prestar juramento o promesa de acatar la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico.
 Formalizar el ingreso en alguno de los sistemas de previsión (Ej. Seguridad Social).
 Darse de alta en el impuesto de actividades económicas.
 Contratar un seguro de responsabilidad civil.
o Incapacidades: son circunstancias que no te permiten ejercer como abogado.
 Impedimentos que no permiten el cumplimento de la defensa de los intereses ajenos que es encomendada a los abogados.
 Inhabilitación o suspensión expresa para el ejercicio de la abogacía, en virtud de resolución judicial o corporativa firme.
 Las sanciones disciplinarias que llevan consigo la suspensión del ejercicio profesional o la expulsión de cualquier Colegio de Abogados.
o Prohibiciones:  Se prohíbe ejercer la abogacía estando incurso en causa de incompatibilidad.
 Prestar su firma a quienes no pueden ejercer como abogados.
 Compartir locales o servicios profesionales incompatibles, si ello afectara a la salvaguarda del secreto profesional.
 Mantener vínculos asociativos de carácter profesional que impidan el correcto ejercicio de la abogacía.
o Incompatibilidades:  La abogacía es incompatible con cualquier actividad que pueda suponer menosprecio de la libertad, la independencia o la dignidad.
 Es incompatible con cargos, funciones o empleos públicos del Estado y en cualquiera de las Administraciones públicas o empleos públicos, cuando su propia normativa así lo especifique.
 Con el ejercicio de la profesión de procurador, graduado social, agente de negocios y gestor administrativo.
 Con el mantenimiento de vínculos profesionales con cargos o profesiones incompatibles con la abogacía.
 Con la intervención cerca de aquellos organismos jurisdiccionales en que figuren como miembros el cónyuge, conviviente, o los parientes del abogado dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad.
Deberes de los abogados: o Los abogados están subordinados a la misión de defensa jurídica.
o El deber fundamental del abogado, como colaborador en la función pública de la administración de justicia, es cooperar a ella defendiendo en derecho los intereses que le sean confiados. La tutela de estos intereses nunca puede justificar la desviación del fin supremo de justicia a la que la abogacía se halla vinculada. La defensa profesional es una obligación jurídica para los abogados, que comprende obligaciones con el colegio y demás colegiados, con los tribunales y con las partes.
o El abogado debe de estar al corriente en el pago de las cuotas y debe contribuir al levantamiento de las demás cargas corporativas y el denunciar tanto el intrusismo en la profesión como cualquier atentado a la libertad, independencia y dignidad de la profesión.
o El abogado debe abstenerse de implicar al abogado contrario en el litigio, tratándolo con corrección.
Debe mantener como materia reservada las conversaciones y correspondencia habidas con el abogado contrario, con prohibición de revelarlas o presentarlas en el juicio sin su previo consentimiento.
o Son obligaciones de los abogados para con los tribunales, la probidad, lealtad y veracidad.
o   Son obligaciones del abogado para con la parte por él defendida, la del cumplimiento con el máximo celo y diligencia y guardando el secreto profesional de la misión de defensa encomendada. En el cumplimiento de estas funciones el abogado debe atenerse a las exigencias técnicas, deontológicas y éticas, adecuadas a la tutela jurídica de cada asunto y a las instrucciones que con respecto a la misma recibe del cliente.
o Son obligaciones del abogado con la parte contraria, la abstención de cualquier acto u omisión que determine una lesión injusta, y el trato considerado y cortés.
o El abogado tiene la obligación de tener una ubicación física en el lugar donde habitualmente ejerce su profesión. La fijación de una sede física hay que entenderla en el contexto de la obligatoriedad de colegiación.
o El abogado se halla sujeto al deber de diligencia, realizando personalmente todas las gestiones que le imponga la defensa del asunto confiado o bien delegándolas a sus colaboradores o a otros compañeros de profesión, siempre que el cliente no se lo prohíba.
o Tiene que asesorar y defender de oficio a los que lo soliciten mediante la justicia gratuita.
o Tiene que guardar secreto profesional de todos los hechos y noticias que conozca por razón de su actuación profesional. Además, no pueden ser obligados a declarar por los hechos o noticias que conozcan por su intervención profesional.
Derechos de los abogados: o Libre ejercicio de la profesión, en su actuación ante los tribunales, los abogados son libres e independientes, se han de sujetar al principio de buena fe. Gozan de derechos inherentes a la dignidad de su función y son amparados por aquéllos en su libertad de expresión y defensa (art.
524,2 LOPJ) o Pueden rechazar o aceptar la dirección del asunto o renunciar a ella en cualquier fase del procedimiento, siempre que no se produzca indefensión del cliente.
o Tiene derecho a una compensación económica por sus servicios, honorarios profesionales que reciben el nombre de minuta.
o Pueden hacer publicidad de sus servicios, siempre que sea en forma digna, leal y veraz, con respeto a la dignidad de las personas, a la legislación sobre publicidad, sobre defensa de la competencia y competencia desleal y de acuerdo con las normas deontológicas.
o Se le deben las consideraciones honoríficas propias de su profesión: uso de traje, asiento en estrados, tratamiento, precedencia y demás honores y condecoraciones.
El mercado de los servicios jurídicos: La configuración y el perfil de la abogacía están sometidos a revisión continua para adaptarse a las necesidades que exigen la defensa y el asesoramiento de sus clientes. La evolución de las necesidades sociales y la sensibilidad para nuevos problemas que exigen atención jurídica determinan que el abogado se haya convertido en una pieza muy importante de la sociedad. La independencia de criterio y la libertad de ejercicio caracterizan esta profesión.
El crecimiento de las necesidades jurídicas ha cambiado el perfil tradicional del abogado, cuya intervención viene dada cada vez más demandada con carácter preventivo y no después de hechos consumados.
Las intervenciones en los litigios cada vez son más estresantes, los juicios rápidos son instrumentos en continua promoción en todos los sectores de ordenamiento jurídico.
El tamaño y dimensión de las empresas que intervienen en el mercado ha determinado una organización similar en la prestación de los servicios jurídicos. Frente a la abogacía tradicional, han eclosionado todas las variantes más complejas de organización empresarial.
Además, con el tiempo se ha desregulado el precio de los servicios y ha aparecido la competencia libre.
5.2. OTROS PROFESIONALES  Los procuradores: o  Se trata de una profesión liberal, para la que se requiere el título de licenciado en derecho y la obtención del título profesional de procurador de los tribunales. Los requisitos de capacidad, incompatibilidades y prohibiciones son similares a las que rigen para los abogados. Esta función es incompatible con la abogacía. Estos profesionales se integran en el Colegio de Procuradores y, a su vez, en el Consejo General de Colegios de Procuradores de los Tribunales de España. Existen también consejos en las comunidades autónomas.
o Función de los procuradores:  La función principal de un procurador es representar a las partes en todo tipo de juicios e intervenir en las comunicaciones (art. 543 LOPJ), intermediando en las actuaciones procesales. El procurador no puede abogar, solamente se interpone entre el ciudadano y el tribunal.
 En los juicios civiles y penales el procurador siempre debe acudir como representante de la parte, en cambio, en los juicios administrativos la representación puede asumirla directamente el abogado.
 Una vez asumida la representación, que se documenta mediante un poder para pleitos, el procurador asiste a los pleitos en nombre del ciudadano, como si él estuviese presente, salvo en ocasiones en que sí sea necesario.
 Otra función del procurador es la de comunicar la parte con su oponente y el tribunal.
 El ejercicio de la procuraduría es de ámbito nacional, basta estar incorporado a un colegio.
 La retribución de los servicios del procurador se efectúa mediante un arancel fijo. Las tarifas están establecidas por disposiciones reglamentarias, que toman en consideración la cuantía del litigio, aplicando diversos porcentajes fijos o variables. La liberalización de los precios en materia de colegios profesionales hace muy dudosa la pervivencia de este sistema de retribución.
Para atender el pago de los gastos de justicia y del arancel es costumbre solicitar al cliente una provisión de fondos. De ella debe rendir cuenta el profesional, especificando los pagos realizados por cuenta del cliente y los diversos conceptos de su factura.
El servicio jurídico del estado: El estado y otras entidades públicas también tienen necesidades propias en materia de defensa jurídica.
Pueden demandar y ser llevados a juicio, pero también necesitan asesoramiento jurídico altamente especializado.
Las necesidades de asesoramiento, representación y defensa se canalizan a través del Servicio Jurídico del Estado y se presta a través de los abogados del estado, que están integrados en este organismo. Estos abogados son funcionarios públicos, seleccionados mediante concurso-oposición entre licenciados en derecho.
Los abogados del estado representan y defienden al estado, a los organismos autónomos, a los órganos constitucionales y, en general, a los diversos niveles de la administración pública ante los tribunales de justicia.
Las comunidades autónomas suelen organizar sus propios servicios jurídicos. Además, del servicio jurídico del estado existen letrados de la administración de la seguridad social, que representan y defienden los intereses de las entidades gestoras de la Tesorería General de la Seguridad Social.
También existen los letrados de las cortes generales, que las representan y defienden.
5.3. RESPONSABILIDAD DE LOS PROFESIONALES JURÍDICOS: El ejercicio de cualquier profesión jurídica está sujeto a responsabilidad, esta puede ser de tres tipos (art. 546,2 LOPJ):  Disciplinaria: la responsabilidad disciplinaria se manifiesta en dos aspectos: o Aspecto profesional: en el ámbito de las organizaciones profesionales se controla el cumplimiento de los deberes profesionales y deontológicos, de acuerdo con los estatutos de dichas organizaciones.
  Estos estatutos tipifican las infracciones y establecen un procedimiento sancionador, con respecto estricto del derecho a defensa.
o Actuación ante los tribunales: la inobservancia de las reglas de comportamiento ante los tribunales puede dar lugar a una infracción, que a su vez puede acarrear una corrección disciplinaria.
Responsabilidad civil: el profesional jurídico es responsable por los daños que puedan surgir de su actuación, según las reglas de responsabilidad civil. En las actuaciones judiciales, al ser regladas, pueden detectarse más fácilmente defectos de la actuación profesional, por inobservancia o desatención de las reglas de procedimiento.
Responsabilidad penal: también son posibles los supuestos de responsabilidad penal, por actuaciones delictivas con ocasión del ejercicio de la profesión.
5.3.1. SANCIONES IMPUESTAS POR LOS TRIBUNALES A LOS PROFESIONALES: La LOPJ atribuye potestad disciplinaria a los tribunales en relación con el comportamiento de los profesionales jurídicos que intervienen en los pleitos, cuando incumplen las obligaciones que les imponen las leyes.
 Casos que pueden generar responsabilidad: o Cuando en su actuación forense falten oralmente, por escrito o por obra, al respeto debido de los tribunales, al personal de la oficina judicial o a cualquier persona que intervenga o se relacione con el pleito.
o Cuando, llamados al orden en las alegaciones orales, no obedecen reiteradamente al que presida el acto.
o Cuando no comparecen ante el tribunal, sin causa justificada, una vez citados en forma.
o Cuando renuncian injustificadamente a la defensa o representación que ejercen en un juicio, dentro de los siete días anteriores a la celebración del juicio o vistas señaladas.
 Tipo de correcciones previstas: o Apercibimiento: comunicación hecha por una persona citada, emplazada o requerida por un juez o tribunal, de las consecuencias que se seguirán de sus actos u omisiones.
o Multa cuya máxima cuantía es la prevista en el Código Penal como pena correspondiente a las faltas.
 Respeto de las reglas del procedimiento sancionador: o La corrección se impone por la autoridad ante la que se siguen las actuaciones. Puede imponerse en los propios autos o en un procedimiento aparte. El secretario, en todo caso, hace constar el hecho que motiva la actuación correctora, las alegaciones del implicado y el acuerdo que se adopte por el tribunal.
o Contra el acuerdo de imposición de la corrección puede interponerse, en el plazo de cinco días, recurso de audiencia en justicia ante el tribunal que lo resuelve al siguiente día. Contra este acuerdo o contra el de imposición de sanción, en el caso que no se hubiese utilizado el recurso de audiencia en justicia, cabe recurso de alzada, en el plazo de cinco días ante la Sala de Gobierno, que lo resuelve.
5.4. LA ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA: El sistema procesal exige al ciudadano renunciar a la autotutela, pero promete a cambio una protección eficaz.
Cuando se trata de valores tutelados penalmente, el sistema ni siquiera tienen en cuenta la carestía económica del acusado, le pone a su servicio profesionales gratuitamente y punto. Se trata, por lo tanto, de defender la libertad de una persona que goza de presunción de inocencia y allí acude el sistema procesal. La asistencia se presta gratuitamente desde la detención y no se abandona al imputado hasta que concluye el juicio penal.
Cuando se trata de otras cuestiones, en las que la defensa no es obligatoria, tampoco se desampara al ciudadano, si aduce a la insuficiencia de recursos económicos para hacer frente a ella. Este principio está garantizado por el artículo 119 de la CE: La justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley y, en todo caso, respecto a quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar.
La previsión se reitera en los artículos 20 y 545,2 LOPJ, que en definitiva, se remiten a las leyes procesales. Cada una de éstas regulaba con carácter específico para cada orden jurisdiccional el llamado beneficio de justicia gratuita. La de la ley 1/1996, 10 de enero, de asistencia gratuita unificó el tratamiento legislativo y desjudicializó su concesión.
El nuevo sistema de asistencia jurídica aconseja que es razonable, antes de litigar, que se considere si es viable la pretensión o si hay posibilidades de solución que no sean las judiciales. Esta nueva ley también ha desjudicializado el reconocimiento de la asistencia gratuita y su infraestructura procedimental y administrativa. Además, también han proliferado disposiciones administrativas complementarias. A parte de la legislación estatal, las comunidades autónomas también han añadido su grano de arena y los colegios profesionales se han visto obligados a elaborar también reglamentos ad hoc.
Una de las reservas de esta nueva ley es que no se ha atrevido a liberalizar el servicio, permitiendo la libre elección de profesionales por el ciudadano, sin restricciones.
 ¿En qué casos se concede? Cuando la asistencia jurídica gratuita no se refiere a un imputado criminalmente, en cualquiera de sus estadios, su concesión se somete a los siguientes presupuestos: o ¿Qué personas tienen derecho? La asistencia gratuita se presta a personas físicas, nacionales o extranjeras, y en menor extensión, a personas jurídicas.
o ¿Cómo se gradúa la insuficiencia de recursos económicos? El solicitante o la unidad familiar, que carezcan de patrimonio suficiente, no deben tener en el momento de efectuar la solicitud unos ingresos económicos brutos anuales que superen los siguientes umbrales:  Personas no integradas en ninguna unidad familiar: dos veces el indicador público de renta de efectos múltiples vigente.
 Personas integradas en una unidad familiar con menos de cuatro miembros: dos veces y media el indicador público de renta de efectos múltiples vigente.
 Personas integradas en una unidad familiar con más de cuatro miembros: el triple del indicador público de renta de efectos múltiples vigente.
 Casos excepcionales: en algunos casos, por razón de las circunstancias personales o familiares del solicitante, se puede extender motivadamente el derecho, siempre que el módulo económico no supere quíntuplo del indicador de renta de efectos múltiples.
o La pretensión ha de ser sostenible: la pretensión del solicitante ha de ser sostenible, a juicio del letrado designado y de la comisión, previo informe del colegio de abogados.
o El reconocimiento del derecho por la comisión: el derecho exige resolución expresa de la comisión, aunque es posible una designación provisional de abogado y procurador anticipadamente.
 ¿Qué incluye la cobertura?  ¿Cómo está organizada la cobertura? La asistencia jurídica gratuita exige diversos niveles de infraestructura y de organización a nivel administrativo: o Existe un órgano administrativo competente para el reconocimiento del derecho, que son Las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita. Compuestas por: representantes de los Colegios de Abogados y Procuradores, un miembro del ministerio fiscal, de la abogacía del estado o del ministerio de justicia.
En su funcionamiento las comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita se rigen por la ley de procedimiento administrativo común (LPA).
Las decisiones de las comisiones son controladas en vía de recurso ante los tribunales. De él conoce el Tribunal que entienda del pleito o que resulte competente, sin ulterior recurso.
o Este derecho exige la organización de los servicios de asistencia letrada, defensa y representación gratuitas, por parte de los colegios de abogados y procuradores. Estos organizan el servicio con autonomía profesional y disciplina colegial.
Los distintos servicios se distribuyen por turnos, alguno de los cuales exigen guardia permanente.
Los colegios de abogados cuentan asimismo obligatoriamente con un Servicio de Orientación Jurídica.
o La asistencia jurídica gratuita es subvencionada con fondos públicos con cargo a los presupuestos generales del Estado. Los colegios profesionales se encargan de la gestión y administración de dicha subvención.
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