Procesal penal (0)

Apunte Español
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Derecho - 3º curso
Asignatura Derecho procesal penal
Año del apunte 0
Páginas 27
Fecha de subida 05/06/2014
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I.
FASES DEL PROCESO PENAL La gran diferencia entre ambos procesos (civil y penal) es que antes de entrar en aquello que se puede equiparar a un proceso civil (fase de plenario), hay una fase extensa y larga (normalmente) que recibe el nombre de INSTRUCCIÓN. Ésta es una etapa característica del proceso penal, que no se encuentra generalmente en el proceso civil, es poco frecuente. Esta fase de instrucción es análoga, homóloga y similar a las Diligencias Preliminares del proceso civil.
INSTRUCCIÓN = (Denuncia – atestado policial - + Querella + De oficio) + MC (pieza separada personal) + Diligencias de instrucción + MC (pieza separada de carácter patrimonial – responsabilidad civil) La instrucción se realiza para recoger información. El proceso penal ya es una pena en sí mismo. El proceso civil comienza con la demanda, pero hay actuaciones previas a ésta, como, por ejemplo, las diligencias preliminares, diligencias de comprobación, que sirven para ver si hay base o no para entablar una demanda. Aun así, es poco frecuente.
En el proceso civil, las partes conocen lo que ha pasado, otra cosa es que puedan acreditarlo.
En la demanda ya se explica, y posteriormente ya se practicará la prueba. Únicamente excepcionalmente cabe investigar porque no se sabe lo que ha pasado. Las relaciones civiles, normalmente, son entre dos partes. Mientras que el proceso penal, el presunto delincuente, se preocupa de mantener la clandestinidad. La sociedad está en una situación de desventaja.
En el proceso penal, lo habitual es que no se sepa lo que ha pasado, y por ello sea necesario investigar y recopilar información.
El art. 299 LECrim contempla el sumario (=instrucción – aunque es una forma de instrucción).
Este art. regula el trámite de instrucción en el proceso ordinario, y constituyen el sumario el conjunto de actuaciones encaminadas a averiguar y dejar constancia de los hechos sucedidos y asegurar las personas y las responsabilidades.
Artículo 299 Constituyen el sumario las actuaciones encaminadas a preparar el juicio y practicadas para averiguar y hacer constar la perpetración de los delitos con todas las circunstancias que puedan influir en su calificación y la culpabilidad de los delincuentes, asegurando sus personas y las responsabilidades pecuniarias de los mismos.
La fase de instrucción es relevante en el proceso penal, mientras que en el proceso civil es excepcional.
El que posteriormente viene a la instrucción (juicio oral - plenario) se trata de un procedimiento reglado, hay unos días determinados para realizar las actuaciones. Por el contrario, la instrucción no tiene unas reglas marcadas. Esto determina que en la práctica las instrucciones sean tan largas. La instrucción puede alargarse varios años, y en los casos conocidos aun hay más presión en los casos notorios por la presión mediática. En la instrucción se intenta averiguar y dejar constancia de lo que ha pasado, y por ello se practican diligencias de instrucción.
Actualmente, la realiza el Juez de instrucción que va a acordando diligencias secundum eventum litis (según convenga al caso concreto). Ejemplo: autopsia, valoración de los bienes, entre otros. En función de los hechos, de los tipos delictivos, se practicarán unas diligencias o unas otras.
Hay algunas que son homólogas a las pruebas civiles, aunque aquí no son prueba, si no diligencia de investigación (no son prueba porque investigan, no prueban nada). Por ejemplo, interrogar al imputado, escuchar testimonios, dictámenes periciales, documentales, entre otros.
En el proceso penal, por los intereses que hay en juego, permite que se practiquen diligencias de instrucción, desconocidas en el procedimiento civil, que tienen la particularidad que colisionan con derechos fundamentales. Por ejemplo, intervención de teléfono (la CE garantiza el secreto en las comunicaciones), entrada y registro en lugar cerrado, inspecciones corporales. Debe haber una serie de requisitos que permitan que el Juez de instrucción acuerde diligencias que desde una óptica del proceso civil sería impensable.
El Juez las acuerda sin procedimiento, es quien dirige la instrucción y acuerda lo que cree conveniente. Normalmente lo hace a petición de parte, y de la mano de fiscal (es lo habitual aunque puede no ocurrir).
Por practicarse las diligencias de instrucción con base al principio secundum eventum litis, se establece que la fase de instrucción no es reglada.
También dependiendo de la entidad del delito la instrucción será de una manera u otra.
Ejemplo: no es lo mismo un asesinato con testimonios que un delito económico.
Se practicarán diligencias, entre ellas, obligatoria siempre, la declaración del imputado.
Cuando el Juez crea conveniente terminar la instrucción puede darse dos casos: si los hechos no quedan acreditados, o no tienen tipicidad, archivará los hechos, dictará un acto de sobreseimiento. Por el contrario, si considera que sí hay indicios, lo enviará al Juez correspondiente.
RESUMEN INSTRUCCIÓN: la etapa de instrucción, característica del proceso penal (nota definitoria principal de este procedimiento) tiene por objeto investigar y dejar constancia de aquello que ha sucedido. Esto se hace a través de diligencias de instrucción, que el Juez las va acordando por diversos motivos, cuando lo considere conveniente. Finalmente, si no hay indicios, se archiva, por el contrario, si cree que sí, se eleva a quien corresponda.
En función del tipo de delito, puede haber alguna diligencia concreta que sea obligatoria.
Ejemplo: en caso de muerte violenta, la autopsia / en caso de drogas, el análisis de la substancia.
Puede haber causa penal, instrucción en marcha, sin imputado. Pero no se podrá pasar a la parte de plenario si no ha habido imputado identificado al cual no se le ha tomado declaración.
En este caso, la instrucción acabaría en un sobreseimiento provisional.
El proceso penal, en la instrucción, es obligatorio tomar declaración al imputado, cosa que significa que en el proceso penal siempre debe darse la existencia de un imputado, que es condición necesaria, no para la existencia del proceso, pero sí para que prospere.
Hay tres formas de inicio de la causa penal, tres mecanismos de forma de inicio:  DENUNCIA  es la simple comunicación de la notitia criminis. Poner en conocimiento unos determinados hechos. Únicamente será técnicamente denuncia la realizada delante del Juez. La mayoría se realizan delante de la policía. El atestado se envía al Juzgado y tiene valor de denuncia. Es la modalidad más frecuente de denuncia, pues la mayoría de perjudicados por el delito denuncian delante de la policía, que documenta las actuaciones en un atestado enviado al Juzgado con valor de denuncia.
Puede estar hecha por particular, puede venir de la policía (que es lo más frecuente), o a la policía le puede haber llegado por denuncia gubernativa de particular, o por la propia policía, entre otros. Esto comporta la falta de requisitos de forma, la denuncia es informal.
 QUERELLA  es la comunicación de la notitia criminis (elemento en común con la denuncia) pero, por contraste, es una denuncia con voluntad de ser parte. Es un acto formal, con contenido reglado, procurador y abogado, con contenido previsto en el art. 277 LECrim. Además, el querellante, quiere ser parte acusadora. Es una denuncia formal con voluntad y vocación de ser parte acusadora.
 DE OFICIO  el proceso de inicia por el Juez (no la fiscalía), es decir, es el propio Juez quien abre una nueva causa. Del fruto de la investigación, encuentra indicios de un delito distinto. Ejemplo: dentro de un delito patrimonial un delito de desobediencia.
Hay indicios de unos hechos que ya no son conexos. Hay delitos que precisan la denuncia previa del perjudicado, y, por consiguiente, no podrán iniciarse de oficio con el Juez.
La instrucción tiene una durada indeterminada y un contenido indeterminado, pues depende de muchos factores, de las circunstancias del caso concreto.
¡! ASEGURANDO LAS PERSONAS (PSP) Y LAS RESPONSABILIDADES ECONÓMICAS (PRC). La causa, para prosperar, deberá dirigirse contra alguien. Muchas veces, puede resultar conveniente adoptar medidas cautelares contra alguien, es decir, asegurar las personas.
Pueden ir desde la prisión provisional hasta toda una modalidad decreciente de medidas.
Ejemplo: obligación de presentarse periódicamente, retirada del pasaporte, entre otros. Estas medidas se tramitarán en una pieza separada. Puede ser en el momento inicial o en un momento posterior.
Cualquier MC contra el imputado que se tramita a través de una pieza de situación personal para cada imputado (pieza separada) – expediente donde se tramita-. En él se puede acordar la prisión, exigencia de fianza, entre otros.
Puede haber distintas piezas de situación personal, en función del número de imputados para los que se decrete.
Además, puede haber piezas de responsabilidad civil. Hay medidas cautelares de carácter patrimonial (a diferencia de las de carácter personal – evitar reiteración delictiva, eliminación de pruebas, entre otras-). Cualquier causa de la que presumiblemente se deba generar una responsabilidad civil, puede dar lugar a que en cualquier momento se dé una pieza de responsabilidad civil.
Si la policía detiene a alguien, tiene un término máximo de 72 horas para ponerlo a disposición judicial.
El perjudicado puede renunciar a la acción civil, o haber hecho reserva de acciones (civiles) para un posterior proceso civil. Fuera de estos dos casos, el Tribunal se pronunciará, con independencia de que el perjudicado sea parte del proceso o no.
II.
PARTES EN EL PROCESO PENAL Por un lado, está la parte pasiva necesaria del proceso, es decir, el imputado. Puede ir recibiendo denominaciones distintas a lo largo del proceso (procesado, acusado, condenado, querellado, denunciado, reo – condenado por ST firme- , detenido, entre otros). Responde penal y civilmente.
Además, el responsable civil y el partícipe a título lucrativo. Estos dos sujetos responderán únicamente civilmente.
Por otro lado, está la parte activa del proceso penal. Los diferentes tipos son los siguientes:  Acusación pública: representada por el MF (Ministerio Público).
 Acusación particular: el perjudicado por el delito. Puede personarse en la causa en condición de acusación particular  Acusación privada: en caso de delitos privados. Se trata de una categoría extraña, similar a la acusación particular, en el sentido de que se trata del perjudicado, pero con unas connotaciones especiales, únicamente opera en supuestos de delitos privados, que constituyen una categoría excepcional  Acusación popular: cualquier ciudadano. Normalmente son Asociaciones, Partidos Políticos Además, en la parte activa, podemos encontrar una figura poco utilizada, conocida como el actor civil. Es aquel que se persona en la causa únicamente para perseguir la acción civil, pero no quiere ejercitar la causa penal.
· PARTE PASIVA DEL PROCESO PENAL  IMPUTADO = ENCAUSADO Es la parte pasiva y necesaria del proceso penal. Desde la última reforma del CP, también pueden ser imputadas PJ (anteriormente únicamente PF). Es necesaria, no para que el proceso penal nazca (pues puede nacer sin imputado), si no para que prospere.
A medida que avanza el proceso va ganando nuevas DENOMINACIONES (sin perder la denominación de imputado), pues el proceso penal avanza por filtros. La adquisición de un nuevo grado no hace que se pierdan los anteriores. Las distintas situaciones procesales son las siguientes: Un denunciado no es necesariamente un imputado. Hasta que el Juez no admita la denuncia y, consecuentemente lo cite, no está imputado. Además, un denunciado puede no ser imputado porque la mayoría de denuncias son policiales, y únicamente puede convertir en imputado a alguien el Juez. El querellado será imputado si el Juez admite a trámite la querella.
Entre estos filtros, el procedimiento ordinario, se encuentra el auto de procesamiento (art.
389 LECrim). Una vez se ha dictado este auto de procesamiento, recibe el nombre de procesado – únicamente ocurre en el procedimiento ordinario, para más de 9 años de prisión-.
Por lo tanto, la mayoría de delitos se juzgarán por el procedimiento abreviado.
En cualquier procedimiento (no únicamente en el ordinario), debe haber una acusación. En el escrito de acusación se establecerán hechos, la pena que se solicita, entre otros. A partir del momento del escrito de acusación o escrito de acusación de la calificación, el imputado será a la vez acusado.
A partir de la ST condenatoria, será condenado. Si la sentencia condenatoria, a la vez, deviene ST firme, entonces será reo (condenado firme, en cualquier tipo de pena).
Junto a esta situación procesal, encontramos una situación personal. Es decir, una persona puede estar detenida (lo que no significa necesariamente estar imputado, pues la mayoría de detenciones son policiales). En el momento que la policía ponga al detenido a disposición judicial será imputado si el Juez lo imputa.
También hay detenciones judiciales, es decir, la policía detiene por orden del Juez. Si la detención es por orden de un Juez que ya conoce de una causa, la detención ya es de un imputado. ¡! Detenido no necesariamente significa imputado, en el caso de detención policial, no, en el caso de detención judicial, sí.
Desde el punto de vista persona, una persona puede estar presa. Un preso puede ser provisional, y por lo tanto es un imputado; o puede ser un reo, y por lo tanto no es imputado.
La mayoría de presos están condenados ya por ST firme, es decir, son reos. Pero hay un % importante de presos provisionales.
· La condición de imputado se adquiere en el momento que el Juez declara formalmente imputado a alguien. Esto lo puede hacer mediante una resolución (admisión a trámite de querella, denuncia, dentro de una causa puede él mismo imputar a alguien más), pero muchas veces es mediante la citación en calidad de inculpado (igual que imputado o encausado). Debe haber un acto formal de imputación, que será una resolución judicial que admite a trámite, por un lado, o que cita a declarar en condición de imputado, por el otro. La condición de imputado se adquiere desde que hay una resolución formal inculpatoria, es decir, un acto formal de imputación.
· La condición de imputado se pierde (dos supuestos de terminación del proceso): - Cuando hay ST firme, si es condenatoria, se cambia la condición de imputado por la de reo, o cuando sea absolutoria - Por el archivo de causa o sobreseimiento. Es decir, si la causa deja de existir, deja de existir el imputado Puede darse que en una causa haya una pluralidad de imputados. El acto de desimputación puede ser individual.
En el procedimiento ordinario debe haber un momento en que la Audiencia Provincial, una vez examinado el sumario, dicta un auto de apertura de juicio oral (AJO), esta apertura debe determinar ya contra qué personas se abre juicio oral. Es posible que alguien imputado después no se abra juicio oral a ese sujeto. La condición de imputado también se pierde en este momento.
En el procedimiento abreviado, cuando el Juez considera que la instrucción está concluida, dicta el auto de conversión de procedimiento. La particularidad de este auto es que debe concretar ya personas contra las que se seguirá el procedimiento y los delitos. En el caso que no aparezca el sujeto en este auto, se ha desimputado.
- TC  cualquier denuncia / querella debe ser investigada, es decir, debe comportar la apertura de una causa penal (tutela judicial efectiva) - Derecho a guardar silencio, (puede mentir) - Derecho a estar asistido por abogado  RESPONSABLE CIVIL Es frecuente que, junto al imputado, haya otros sujetos que sean llamadas al proceso penal, no para responder penalmente, sino civilmente. Contra estas personas no se dirige la acción penal, pero sí la acción civil. Esto se encuentra regulado en el CP, y algunas referencias en la LECrim.
Los art. 109 y siguientes del CP son los que regulan la responsabilidad civil derivada del delito.
¡! El art. 109 CP establece que la ejecución de un hecho descrito en la ley como delito o falta, obliga a reparar en los términos previstos en las leyes, los daños y perjuicios causados. El perjudicado podrá optar, en todo caso, por exigir la responsabilidad civil ante la jurisdicción civil. No habla del autor de un delito o falta, sino la ejecución de un hecho descrito como delito o falta, esto es así porque la responsabilidad civil se predica, no solo de autores de delitos o faltas, sino en casos de exención de la responsabilidad penal.
El art. 110 CP establece que la responsabilidad civil ex delicto comprende la restitución, reparación del daño e indemnización de perjuicios materiales y morales.
El art. 114 CP establece la compensación de culpas, si la víctima hubiera contribuido con su conducta a la producción del daño, los Jueces o Tribunales podrán moderar el importe de la indemnización. Se aplica mucho en materia de accidentes de circulación.
A partir del art. 116 CP aparecen las personas que deben responder civilmente. Éste establece la regla general toda persona criminalmente responsable de un delito o falta, lo es también civilmente. Si son dos o más los responsables, el Tribunal señalará la cuota en que deba responder cada uno (no hay solidaridad a no ser que el Tribunal la fije específicamente).
El art. 117 CP regula la responsabilidad de la compañía aseguradora.
- Seguro obligatorio: responsabilidad civil directa, es decir, el asegurador debe pagar siempre, con interpretación restrictiva, y su intervención vendrá limitada a los aspectos de la responsabilidad civil.
- Seguro voluntario: responsable civil subsidiario, hay un seguro de responsabilidad civil, y la aseguradora debe reparar. Está integrada no únicamente por la aseguradora, sino por todos esos sujetos a los que hace referencia el art. 120/121 CP. El 121 regula la responsabilidad civil del Estado y demás AP por los daños causados, por los penalmente responsables, cuando sean autoridad, agentes o funcionarios.
El art. 118 y 119 CP regula la responsabilidad civil en casos de exención de la responsabilidad criminal. El art. 118 CP establece la excepción de que, en determinados supuestos de exención de la responsabilidad penal, se podrá decretar en la ST absolutoria (no condena penal) que sí que hay responsabilidad civil (caso excepcional pues siempre debe haber una premisa de responsabilidad penal).
 PARTÍCIPE A TÍTULO LUCRATIVO Ha sido una categoría poco utilizada. El art. 122 CP regula la responsabilidad civil del partícipe a título lucrativo. Esta regulación se limita a mencionar que el que por título lucrativo hubiera participado de los defectos del delito o falta, está obligado a la restitución de la cosa o resarcimiento del daño.
ESCRITO DE CALIFICACIÓN El art. 650 LECrim establece la estructura que debe tener el escrito mediante el cual se formula la acusación. El equiparable a la demanda civil será esté escrito de calificación de la acusación.
Este escrito tiene cinco extremos o conclusiones relativos a la responsabilidad penal 1. Descripción de los hechos 2. Quién ha participado 3. Grado de participación 4. Circunstancias modificativas de la responsabilidad 5. Pena Además, tiene dos apartados de responsabilidad civil, que siguen el orden establecido en el CP.
Este orden consiste, en primer lugar, determinar en qué consiste la responsabilidad civil que se pide (restitución de la cosa, reparación del daño, indemnización de daños y perjuicios – tanto materiales como morales-).
1. El primer apartado consistirá en concretar y cuantificar dicha responsabilidad 2. El segundo apartado establecerá quién debe responder Del escrito de calificación de la acusación se dará trámite a la defensa, que hará un escrito exactamente con el mismo contenido (5 apartados de responsabilidad penal y 2 de responsabilidad civil). Se dará traslado a los imputados y a todas aquellas personas (PF/PJ) que se hayan establecido como responsables civiles o partícipes a título lucrativo.
Posteriormente, en el juicio, se practicarán las pruebas, se harán las conclusiones definitivas y, finalmente, los informes finales de los abogados de las acusaciones y las defensas, informarán de todos los aspectos penales y civiles.
Finalmente, la ST se pronunciará de todos los aspectos penales, hará una declaración de hechos probados, y se pronunciará sobre la responsabilidad civil, y establecerá si los condenados deben responder mancomunada, solidariamente y la cuota de cada uno.
A partir del momento de estos escritos, se solicitará una responsabilidad civil concreta. Desde un punto de vista conceptual, la responsabilidad civil se discute (escrito acusación, escrito defensa, prueba, la ST se pronuncia y se podrá recurrir). Pero en la práctica cuando al responsabilidad civil se discute dentro del proceso penal, en la mayoría de ocasiones queda minimizada.
· PARTE ACTIVA DEL PROCESO  ACUSACIÓN PÚBLICA Se trata de un cuerpo jerarquizado. Es parte nata en cualquier delito público o semipúblico (siempre que se haya cumplido el requisito previo). No es necesario que se persona, sino cualquier causa de las anteriores ya se le comunica al MF, e interviene en las Diligencias.
Ejercita tanto la acción penal como la acción civil. Ésta última siempre que el perjudicado no haya renunciado o haya hecho reserva de acciones.
 ACUSACIÓN PARTICULAR Es la persona, física o jurídica, que por haber sido ofendido o agraviado por los hechos delictivos, se constituye en parte activa en el proceso penal instando el castigo del responsable criminal. Su especial relación el delicto, su afectación directa como consecuencia del mismo, marcha el hecho diferencial con el acusador popular.
Únicamente la víctima / perjudicado por el delito. Esta acusación particular es la que puede realizar el perjudicado por el delito (se le permite hacerlo pero no tiene por qué hacerlo). Si se persona se convertirá en acusación particular y podrá ejecutar la acción penal y civil (si no la reserva o renuncia a ella). Para convertirse en parte, el perjudicado puede: por un lado, querellarse, y por otro lado, hacer un escrito de personación, en el que se establece que en condición de perjudicado se persona en la causa en condición de acusación particular. Se puede personar antes del ofrecimiento de acciones. Se debe personar con abogado + procurador.
 ACUSACIÓN PRIVADA El acusador privado es la parte acusadora necesaria en los procesos penales por hechos delictivos perseguibles solo mediante querella del ofendido, es decir, los delitos de calumnia e injuria contra particulares en los que, además, queda excluida la intervención del MF. Dichos procesos penales se deberán iniciar, en todo caso, mediante querella, acto procesal que manca el punto de partida de las actuaciones y mediante la cual el acusador privado se constituye como parte procesal.
Cuando se trata entre particulares, injurias y calumnias (delito privado) el proceso penal solo se pondrá en marcha si el perjudicado formula querella (no sirve denuncia). La querella será denuncia + personación en condición de acusación privado. Es un requisito para interponer dicha querella haber intentado previamente la conciliación con el ofensor (dicho acto se realiza por la vía civil), en el ámbito civil tiene poca virtualidad.
Otra característica es que no interviene el MF, cuando hay acusador privado, la única parte acusadora será ésta. No puede entrar nadie más. Por lo tanto, no puede intervenir la acusación pública (MF), no puede haber acusador popular, si no que se ventila el asunto entre el acusador privado y el ofensor o imputado. ¡! Lugar donde se haya cometido el delito.
El perdón del perjudicado extingue la acción penal, por el mismo hecho de tratarse de una acción privada.
 ACUSACIÓN POPULAR En los procesos por delitos o faltas perseguibles de oficio (llamados “delitos públicos” cualquier ciudadano puede mostrarse parte activa junto al MF hasta el momento de la calificación, ejercitando la acción penal e interviniendo durante todo el procedimiento, desde la fase de investigación hasta el juicio oral, pudiendo, además, impugnar las resoluciones desfavorables a lo postulado por él.
La CE establece que cualquier ciudadano puede participar en la justicia, ejercicio la acción particular, y también lo establece la LECrim. Esto se interpretó ampliamente y, de este modo, PJ pueden intervenir como acusación popular (asociaciones, sindicatos, entre otros). Tiene un sentido legítimo desde el punto de vista de política legislativa, para la persecución de intereses difusos y colectivos.
Un fundamento teórico entiende que puede ser una acusación subsidiaria de la acusación particular. Para personarse en una causa como acusador particular se debe ser perjudicado, y esto en muchos casos no queda claro. El que se considera perjudicado, puede intentar personarse como acusador particular, pero el Juez puede considerar que no es perjudicado respecto esos hechos. Es posible que el Juez, por este motivo, deniegue la posibilidad de personarse en una causa en condición de acusador particular. En este caso, éste sujeto podría personarse como acusador popular.
Será al Tribunal quien corresponderá admitir o no la acusación popular.
Sus requisitos de actuación son los siguientes: - Personación mediante querella - Prestación de fianza/caución, que tiene como objeto asegurar la seriedad de la acusación popular así como los daños y perjuicios que puedan producirse. La Dentro de un proceso penal, la fianza puede ser por tres motivos diferentes: 1. La fianza dentro de la pieza de situación personal (la más habitual), para evitar el ingreso en prisión de un imputado 2. En la pieza de responsabilidad civil, se puede pedir al imputado o a los responsables civiles para que aseguren tal responsabilidad, en la cuantía que se determine 3. Para poderse personar como acusación popular  ACTOR CIVIL Desde el punto de vista de la parte activa, también puede aparecer una figura que se persona en las actuaciones únicamente en persecución de la acción civil, pero no de la acción penal. Es la figura del actor civil.
Es aquella parte perjudicada por el delito pero que pretende perseguir únicamente responsabilidades civiles, y no las penales. Es una figura extraña y no frecuente. La condena civil requiere, como requisito o premisa, la condena penal. Por ello, ésta figura es tan extraña.
El hecho de personarse como actor civil, aunque la ley lo contemple, es una figura muy infrecuente.
III.
 CLASIFICACIÓN DE DELITOS A EFECTOS PROCESALES DELITO PÚBLICO (regla general) Es perseguible de oficio, no es necesario ningún requisito. El MF es parte nata en la acusación, sin necesidad de personarse, es parte automática.
 DELITO SEMIPÚBLICO (excepción) Se diferencia del delito público en el hecho que la Ley prevé un requisito de procedibilidad (para proceder), es decir, la previa denuncia del perjudicado. Si el perjudicado no denuncia/querella, no se puede abrir la causa. Una vez se ha cumplido dicho requisito de la previa denuncia, el delito se convierte del delito público (MF parte nata,, aunque le imputado no se persone el delito sigue adelante, entre otros).
 DELITO PRIVADO (excepción) Funcionan como si de una cuestión civil se tratara. Se deja totalmente en manos del perjudicado. Son únicamente delitos de injurias y calumnias contra particulares (delitos contra el honor). Si afectan al interés público ya no se tratará de un delito privado. Únicamente se pone en marcha la causa por delito privado mediante querella del perjudicado (no denuncia).
En ésta, el perjudicado se convertirá en acusador privado. No se admitirá ningún otro sujeto, el fiscal no puede intervenir, no es parte. No se admitirá, por consiguiente, acusación popular. El perdón de la víctima extingue la acusación privada.
¡! Es posible que en una misma causa, el Estado intervenga de formas distintas. Por ejemplo, en el caso Neymar, el Estado interviene como Juez, acusación pública y acusación particular.
Puede tener cuatro condiciones, porque en algunos delitos, puede ser responsable civil (por ejemplo, lesiones a cargo de la policía). Las formas activas de intervención de la Administración: - Acusación particular, delito tributario, actuará a través del Abogado del Estado. Las partes públicas en un proceso, cuando intervienen a través del Abogado del Estado, no precisan de procurador. Fuera de esta particularidad, actúa en el proceso como un perjudicado particular.
- Doble figura del Estado como Juez + Acusador. Ésta figura se da en todos los delitos públicos, es decir, excepto en delitos privados, en todos los demás aparece esta figura.
Uno está organizado a través del Poder Judicial y otro, un funcionario público dependiente de la fiscalía (perteneciente al Poder Ejecutivo). Se trata de dos funcionarios que actúan en nombre del Estado pero con funciones distintas.
Conceptualmente su actuación es muy clara, mientras que uno resuelve, otro acusa.
Ambos quedan sometidos al principio de legalidad. El fiscal, si considera que hay delito, tiene la obligación de acusar. La interpretación de la ley no siempre es uniforme, por ello pueden tener criterios distintos.
La presunción de inocencia es la diferencia conceptual entre la actuación del Tribunal y el MF. Como ambos se rigen por el principio de legalidad, cuando hay indicio o probabilidad de delito, ambos deben, desde su posición, hacer lo que consideren para que la causa continúe.
La diferencia radica en el momento de sentenciar. En el momento del juicio, si es fiscal tiene dudas, el principio de legalidad le obliga a ejercer el ius puniendi del Estado, y por lo tanto, debe acusar. Pero, en el momento de sentenciar, el Tribunal debe aplicar el principio de in dubio pro reo.
IV.
ESQUEMAS PROCEDIMIENTO ORDINARIO Y PROCEDIMIENTO ABREVIADO  PROCEDIMIENTO ORDINARIO (PO) Se utiliza para delitos que tengan prevista una pena de + 9 años de prisión. Lo que determina que sea PO o PA es la pena eventual del delito que se está investigando. Con excepción de aquellos que van por Jurado, que son los homicidios dolosos consumados. Si se elimina este, quedan las violaciones y las detenciones ilegales.
- Fase de instrucción (al tratarse de un PO, recibe el nombre de ¡! sumario – art 299 LECrim-): se inicia mediante denuncia (modalidad más frecuente, atestado policial) + querella + de oficio. El Tribunal es el Juzgado de Instrucción.
En el sumario, aparecen un conjunto de actuaciones, que reciben el nombre de Diligencias de instrucción y, a parte, podemos encontrar piezas de situación personal y piezas de responsabilidad civil. Además de la existencia eventual de estas piezas, en el sumario/instrucción se van practicando Diligencias de instrucción, que consisten en declaraciones de testimonios, del imputado, dictamen de peritos, documentos e inspección ocular). El proceso penal regula unas excepcionales porque colisionan con derechos fundamentales:  Entradas y registros  Intervención en las comunicaciones En función de las circunstancias se practicarán unas u otras. ¡! Siempre debe practicarse la declaración del imputado. En función del delito perseguido, la Ley, algunas veces, impone obligaciones. Por ejemplo, siempre que hay muerte violenta, levantamiento de cadáver y autopsia.
Después de la declaración del imputado, aparece una figura específica del PO, que es el auto de procesamiento. Cuando el Juez de instrucción considera que se ha instruido suficiente, auto de conclusión del sumario (art. 622 LECrim), es el que pone fin a la instrucción. A partir de este momento, se elevan las actuaciones la Audiencia Provincial.
- Fase intermedia: la Audiencia Provincial, fundamentalmente, hace dos cosas. Por un lado, ratificar o revocar el auto de conclusión del sumario después de examinarlo. Si ratifica el auto de conclusión, se seguirá adelante; si se revoca, se devuelve el sumario al Juez de instrucción para que practique las Diligencias de instrucción que cree que se deben practicar. La causa volverá al Juzgado de instrucción, se practicarán las Diligencias y se volverá a dictar auto de conclusión. Por otro lado, apertura del Juicio oral o sobreseimiento (puede ser ambas cosas a la vez). Sobre cada imputación, cada persona y cada delito, se debe pronunciar la AP, los que van a juicio y los que quedan sobreseídos. S - Fase plenario o de Juicio oral: sobre aquello que se dicta AJO, se dará traslado a la acusación para que haga el escrito de calificación de la acusación. Después de este escrito (5 apartados de responsabilidad penal y 2 apartados de responsabilidad civil), aparece el escrito de calificación de la defensa y conclusiones. Después, el acto del juicio oral.
- Sentencia: contra ella se podrá interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
 PROCEDIMIENTO ABREVIADO (PA) - Fase de instrucción, “Diligencias Previas”: se inicia por denuncia (atestado policial) + querella + de oficio. Seguidamente, se practican una serie de Diligencias Previas, que son Diligencias de instrucción (las que el Juez crea necesarias, secundum eventum litis).
¡! Es precisa siempre la declaración del imputado como Diligencia obligada. En función de la materia, es posible que resulte alguna diligencia obligatoria.
No hay auto de procesamiento, éste es exclusivo del procedimiento ordinario. ¡! En el procedimiento abreviado, la instrucción finaliza con el auto de conversión – es recurrible- (regulado en el art. 779.1.4 LECrim). La ley prevé que la instrucción sea rápida. Si el hecho fuera una falta, se reconvertiría en Juicio de falta, y se enviaría a un Juzgado de instrucción distinto. Pero si se consideran que los hechos tienen relevancia penal y entran dentro del ámbito cognoscitivo del procedimiento abreviado (viene contemplado en el art. 757 LECrim; delitos castigados con pena no privativa, o delitos castigados con pena privativa de libertad no superior a 9 años), se le dará al procedimiento la tramitación que prevé el capítulo siguiente la LECrim.
Este auto, por lo tanto, supone el fin de la instrucción, es equivalente al auto de conclusión del sumario del procedimiento ordinario.
Aun estando en el Juzgado de Instrucción, éste tramita que todas las Diligencias previas, la instrucción se pasan a las acusaciones, para que hagan el escrito de acusación. Éste tiene el mismo contenido que el escrito de calificación del procedimiento ordinario (5 apartados de responsabilidad penal + 2 apartados de responsabilidad civil + solicitando y proponiendo prueba para el Juicio); de hecho, hay una remisión al art. 650 LECrim. Además, este escrito, solicita la apertura del Juicio oral, delante del Juzgado Penal o de la Audiencia Provincial, depende cual corresponda (si es pena -9 años o pena no privativa de libertad).
Será el propio Juzgado de Instrucción quien dictará auto apertura del juicio oral (AJO) o sobreseimiento. En el auto de conversión ya se establece que se seguirá en juicio oral contra unas personas determinadas, por ello, lo más común es la apertura del juicio oral.
Se pasará a la defensa para que realice el escrito de defensa (5 extremos penales + 2 extremos civiles + proposición de prueba para el Juicio). En este escrito se hace remisión al art. 652 LECrim.
A partir d este momento, el Juez de instrucción enviará la causa a quien corresponda, al órgano competente, que podrá ser el Juzgado Penal o la Audiencia Provincial - Juicio: se celebrará por el Juzgado Penal o la Audiencia Provincial. El juicio tiene una particularidad respecto al procedimiento ordinario, que son las cuestiones previas.
V.
COMPETENCIA OBJETIVA JUDICIAL INSTRUCCIÓN Procedimiento ordinario -PO-(+9) PLENARIO/JO RECURSO Juzgado de Audiencia Provincial Tribunal Supremo instrucción (sumario) (Secciones de lo (Sala 2ª). Recurso de Penal) casación Procedimiento Juzgado de 5 a 9/ no privativa Tribunal abreviado –PA- instrucción +10 (Audiencia (Sala (Diligencias previas) Provincial) casación No + 5/ no privativa Audiencia Provincial.
- 10 (Juzgado Penal – Recurso de apelación (-9/penas no 2ª) Supremo Recurso privativas de libertad) unipersonal-) Juzgado de Juzgado Penal* Audiencia Provincial.
Juicio rápido* Instrucción con Recurso de apelación funciones de guardia (Diligencias urgentes) Jurado* Juzgado de Tribunal del Jurado Homicidios dolosos Instrucción (1 magistrado consumados (art. 1, 2 LO T del Jurado) Doble recurso: - TSJ CCAA presidente de la AP + (Sala Civil 9 –titulares- + 2- Penal) reservas- civiles) - Tribunal Supremo Juicio de faltas* No tienen Juzgado de Magistrado de la instrucción, muchas Instrucción Audiencia Provincial.
veces sí hay Recurso de apelación preparación del Juzgado de Paz Juzgado de Juicio (faltas de poca Instrucción. Recurso entidad) de apelación *Juzgado Penal, demarcación (Ley de demarcación y planta, distribuye en demarcaciones judiciales, y en cada una habrán un conjunto de Juzgados). Puede abarca 1 o varios partidos judiciales. La unidad territorial básica de la justicia es el Partido judicial, y en ellos hay Juzgados de 1ª instancia e instrucción. Es la ley quien determina el ámbito territorial de un Juzgado penal, que puede coincidir con un partido judicial o con varios.
*Juicio rápido. Es una modalidad del Procedimiento abreviado. Como requisito, debe haber habido un atestado policial (intervención policial) y se prevé una instrucción sencilla. Ejemplo más característico, alcoholemias y top manta. Además, debe ser competencia del Juicio penal.
El abreviado se caracteriza porque se realiza toda la instrucción en una comparecencia en el Juzgado de Guardia. Tiene 3 requisitos: A. Que la competencia sea del Juzgado penal, es decir que tenga prevista una pena de hasta 5 años de prisión, o una pena privativa no superior a 10 años B. Debe haber policial C.
Debe tratarse y se prevé una instrucción sencilla *Jurado. Cuando estemos ante delitos del art. 1 y 2 de la LO del Tribunal del Jurado, el más relevante de ellos es el homicidio doloso consumado. El Tribunal del Jurado está compuesto por un Magistrado Presidente de la Audiencia Provincial y 11 civiles (9 titulares y 2 reservas).
*Juicio de faltas. No hay instrucción. Muchas veces lo que hay es la preparación del Juicio, que no es propiamente una instrucción. Si la preparación del Juicio hubiera ido más allá y se convierte en cierta instrucción, ¡! el Juez que ha instruido no puede juzgar, pues ha perdido la imparcialidad objetiva. Cuando ha habido instrucción, debe pasar a otro.
Para faltas de poca entidad, se permiten los Juzgados de Paz, que tienen como objeto fundamentalmente el auxilio judicial. Conocen de determinadas faltas menores. La regla general es que se trate del Juzgado de instrucción, por lo tanto estos Juzgados de Paz tienen un carácter más excepcional.
¡! HAY DOS EXCEPCIONES, por razón de la materia y por razón de las personas:  POR RAZÓN DE MATERIA El art. 65 LOPJ regula las competencias en materia penal de la Audiencia Nacional. Cuando estemos ante delitos encajen con el art. 65, se aplicarán las reglas que prevé esta LO.
En la instrucción, allí donde había Juzgado de Instrucción (PO y PA) = ahora será el Juzgado Central de Instrucción.
En el Juicio, donde había Juzgado Penal = ahora será Juzgado Central Penal; y donde era la Audiencia Provincial ahora es la Audiencia Provincial (Sala Penal).
 Juzgado de instrucción Juzgado Central de Instrucción Juzgado Penal Juzgado Central Penal Audiencia Provincial Audiencia Nacional (Sala Penal) POR RAZÓN DE LAS PERSONAS ¡! Aforados. El art. 57 y 73 LOPJ.
El art. 57 regula las atribuciones en materia penal de la Sala Penal 2ª del TS. Establece que la Sala Penal (2ª) del TS tiene competencia para conocer de las causas sobre aforados estatales, y tal artículo establece una lista de autoridades que tienen tal consideración (por ejemplo, miembros del Gobierno, diputados y senadores, el Defensor del pueblo, magistrados del TC, jueces y magistrados del TS, entre otros).
El art. 73 regula las competencias penales del Sala Civil Penal del TSJ. Establece que las Salas penales del TSJ serán competentes respecto de aquellos aforados que prevea el respectivo Estatuto de Autonomía. El EA de Cataluña prevé Presidente de la Generalitat, Consejeros, Jueces y Magistrados que establecen una demarcación, Diputados del Parlamento de Cataluña, entre otros.
Cuando se trate de aforados, el aforamiento se corresponde con la fase de Juicio. Cuando se trata de un aforado, tanto estatal como autonómico, se designa un Magistrado del TS o del TSJ, según el caso, que designa instructor para ese caso concreto. Éste no podrá formar parte de la Sala que juzga.
No existe recurso para aquellos casos de aforados que se llevan por el Tribunal Supremo. La LO prevé la creación de una Sala de recursos dentro del propio TS, pero esto no ha entrado en funcionamiento. Vulnera el Pacto de derechos civiles y políticos, que establece que “toda persona condenada tiene derecho a que la ST sea revisada por un Tribunal superior”.
INSTRUCCIÓN ¡! JUICIO Magistrado del TS designado Sala Penal 2ª del TS RECURSO No hay recurso como instructor Magistrado del TSJ designado Sala Civil - Penal del TSJ Tribunal Supremo (Sala 2ª) como instructor VI.
DERECHOS DEL IMPUTADO Se encuentra sustancialmente regulada en el art. 505 LECrim. Cabe hacer referencia a la situación frecuente de que en el proceso penal existan una pluralidad de imputados. Es frecuente que en una causa se de éste supuesto. En este caso no se dan situaciones litisconsorciales, y cada imputado tiene una vida independiente. Cada imputado tiene una actuación en el proceso absolutamente independiente respecto del resto.
Puede haber pluralidad sucesiva de imputados, pues ésta condición se adquiere y pierde en cualquier momento del proceso. Se adquiere cuando hay un acto formal de imputación, que puede ocurrir en cualquier momento de la instrucción. Es posible que haya una pluralidad simultánea de imputados.
La absoluta independencia de imputados tiene alguna excepción: - La conformidad, que es una institución que permítela terminación anticipada del proceso. Si el imputado único se conforma con los hechos que se le imputan y la pena que se solicita, ya no se continúa, es innecesario realizar el juicio. La actuación de un imputado afecta al resto de imputados.
- El efecto beneficioso de los recursos. Si hay dos imputados –condenados-, uno no recurre y el otro sí, y a raíz de esto se establece que el no ha habido delito, entre otros, la parte que ha sido común beneficia a otros imputados.
Respecto a los DERECHOS DEL IMPUTADO, son los siguientes: - Derecho a ser informado de los hechos que se le imputan. Implica que al imputado se le deban imputar unos hechos concretos, no se puede hacer una inquisitio generalis.
Se debe concretar la imputación. Además, éste debe ser informado de forma clara, es decir, en un idioma que conozca y en terminología que comprenda. Muchas veces, es una información meramente formal, es decir, éste derecho consiste en firmar un formulario (con esto se cumple formalmente con este derecho); pero no desde el punto de vista material.
- Derecho a guardar silencio y Derecho a no declarar contra sí mismo y no confesarse culpable. El derecho a guardar silencio hace referencia a que cualquier imputado puede optar por declarar, no hacerlo, únicamente contestar las preguntas de su abogado, del fiscal, por ejemplo. El hecho de no declarar no debe tenerse en cuenta como indicio incriminatorio, aunque en la práctica lo es.
Ligado con éste, está el derecho a no declarar contra uno mismo y no confesarse culpable. El art. 24 CE establece esto. El TC ha contemplado este derecho hasta el punto de entender que el imputado, incluso, tiene derecho a mentir. Lo que es delito es el falso testimonio (testigo), pero la parte puede mentir, eso no es delito, mientras en ordenamientos anglosajones sí lo es.
- Derecho a la asistencia letrada. En el proceso penal hay obligación de comparecer con letrado, mientras que el proceso civil no. Respecto a dicha obligación, siempre debe estar asistido por letrado, con 2 únicas excepciones:  Juicio de faltas. En éste no es preceptiva la defensa letrada, por delito sí.
 La asistencia de abogado es renunciable al momento de declarar en los delitos contra la seguridad en el tráfico.
Como la defensa es preceptiva, siempre deberá estar asistido. O se designa privadamente, o, en defecto, se designará de oficio. ¡! Designación de oficio no es sinónimo de justicia gratuita. Se produce una defensa de oficio porque es obligatorio tener abogado. El abogado designado interviene en todo tipo de diligencias, tanto policiales como judiciales. Hay 4 excepciones a dicha asistencia en que el imputado tiene mayor importancia:  Derecho a declarar tantas veces como quiera  Derecho a designar abogado él mismo, que se le designe de oficio o cambiarlo  Derecho a conformarse con la pena más grave. Esto se le pregunta directamente al acusado, si está conforme con hecho y pena  Derecho a la última palabra. Al haber escuchado los testimonios, a peritos, entre otros, y es como una especie de derecho de réplica a esto. Pero al realizarse al final, tiene poca eficacia.
Mientras se realiza la declaración el abogado no debe pronunciase. Una vez finalizada, puede formular una serie de preguntas y esto se hará constar en acta. Una vez se finalizado las preguntas, ha derecho a hacer constar todas las incidencias durante la declaración.
- Derecho de poner en conocimiento de alguien (familiar o quien se quiera) el hecho de la detención y lugar de la custodia. Este derecho queda restringido en casos de terrorismo / banda armada. La policía dilata, pues, la ejecución de este derecho.
- Derecho a ser asistido gratuitamente por un intérprete. El hecho de conocer con claridad los hechos que se imputan, es lógico que se asigne tal derecho. La Ley establece que se debe consignar la pregunta que se hace, la traducción de la pregunta al idioma en concreto, la respuesta original en el idioma del imputado y la traducción.
- Derecho a ser reconocido por médico forense. Esto tiene por objeto evitar maltrato físico. Hubo en una época en que esto tuvo especial importancia.
VII.
SITUACIONES DE DETENCIÓN Y PRISIÓN PROVISIONAL Cualquier persona puede detener (no es necesario ser policía), es decir, un particular puede detener en caso de delito flagrante. La policía está obligada a hacerlo con base a su legislación.
Pero quien detiene (la policía, porque si es el particular está obligado a comunicarlo a la policía, porque si no podría cometer detención ilegal), está obligado a poner al detenido a disposición judicial a la mayor brevedad posible.
Aquí hay una discordancia legal entre el art. 17 CE y 520 LECrim establecen que el detenido debe estar puesto a disposición judicial en el término máximo de 72 horas. Hay otro precepto en la LECrim, el art. 496, que establece que la detención debe durar un plazo máximo de 24 horas. A la vista de la coexistencia de ambas normas, la lectura se debe hacer de forma garantista, y la detención no debería durar nunca más de 24 horas. Pero la postura preponderante es que el límite máximo son 72 horas. Es decir, debe durar lo mínimo posible y con el límite de las 72 horas.
Puede ser que la detención sea acordada por el Juez. Aunque físicamente la practique de igual forma la policía, una sería detención judicial, mientras que la que realiza la policía sería la detención policial.
 PRISIÓN PROVISIONAL Es una medida cautelar acordada en el marco del proceso penal, y por ello tiene una entidad superior a la regulada para la detención. Se regula en el art. 502 a 507 LECrim.
El art. 502 establece que la prisión provisional es una medida excepcional y, como tal, se debe administrar con excepcionalidad. La regulación material se encuentra, fundamentalmente, en el art. 503 y 504. Es una medida cautelar; en el proceso penal hay medidas cautelares de carácter patrimonial /real (asegurar responsabilidades civiles) y de carácter personal (prisión provisional). Ésta es la más drástica, pero no la única, hay otras modalidades menos gravosas, como son la prisión en fianza (libertad en fianza), la obligación de presentarse periódicamente delante de un Tribunal.
Los requisitos de las MC en el proceso penal son: - Fumus bonis iuris (apariencia de bien derecho). Por un lado, que conste la perpetración de delito con pena + 2 años, o inferior si el imputado tuviera antecedentes penales.
Por otro lado, que aparezcan en la causa motivos bastantes, es decir, indicios suficientes de criminalidad.
- Periculum in mora. El art. 503 LECrim lo contempla bajo la rúbrica de “fines de la prisión provisional”.
 El primero, y principal, es el riesgo de fuga, es decir, asegurar la presencia del imputado en el proceso.
 El segundo, riesgo de destrucción, alteración, manipulación, de fuentes de prueba.
 La tercera, evitar que el imputado pueda atentar contra bienes jurídicos de la víctima. Esto tiene relevancia en casos de violencia de género, pero no únicamente en estos.
 El cuarto, el riesgo de reiteración delictiva.
El art. 505 LECrim regula el procedimiento. Establece que si el Juez debe decretar la libertad, no es necesario nada más, pero, si debe adoptar alguna medida, debe convocar una vista/comparecencia para decretar la prisión provisional. La prisión provisional siempre está sujeta al principio acusatorio, es decir, no la puede acordar el Juez de oficio (únicamente lo podrá hacer de forma excepcional). Debe ser acordada a petición de parte acusadora (el Fiscal o la acusación).
1. Cuando el detenido fuere puesto a disposición del juez de instrucción o tribunal que deba conocer de la causa, éste, salvo que decretare su libertad provisional sin fianza, convocará a una audiencia en la que el MF o las partes acusadoras podrán interesar que se decrete la prisión provisional del imputado o su libertad provisional con fianza.
2. La audiencia deberá celebrarse en el plazo más breve posible dentro de las 72 horas siguientes a la puesta del detenido a disposición judicial y a ella se citará al imputado, que deberá estar asistido de letrado por él elegido o designado de oficio, al MF y a las demás partes personadas. La audiencia habrá de celebrarse también para solicitar y decretar, en su caso, la prisión provisional del imputado no detenido o su libertad provisional con fianza.
3. En dicha audiencia, si el MF o alguna parte acusadora solicitare que se decrete la prisión provisional del imputado o su libertad provisional con fianza, podrán quienes concurrieren realizar alegaciones y proponer los medios de prueba que puedan practicarse en el acto o dentro de las 72 horas.
4. El juez o tribunal decidirá sobre la procedencia o no de la prisión o de la imposición de la fianza. Si ninguna de las partes las instare, acordará necesariamente la inmediata puesta en libertad del imputado que estuviere detenido.
5. Si por cualquier razón la audiencia no pudiere celebrarse, el juez o tribunal podrá acordar la prisión provisional, si concurrieren los presupuestos del artículo 503, o la libertad provisional con fianza. No obstante, dentro de las siguientes 72 horas, el juez o tribunal convocará una nueva audiencia, adoptando las medidas a que hubiere lugar por la falta de celebración de la primera audiencia.
6. Cuando el detenido fuere puesto a disposición de juez distinto del juez o tribunal que conociere o hubiere de conocer de la causa, y el detenido no pudiere ser puesto a disposición de este último en el plazo de 72 horas, procederá el primero de acuerdo con lo previsto en los apartados anteriores. No obstante, una vez que el juez o tribunal de la causa reciba las diligencias, oirá al imputado, asistido de su abogado, tan pronto como le fuera posible y dictará la resolución que proceda.
La duración máxima de la prisión provisional, como MC restrictiva de uno de los derechos fundamentales –como es el derecho a la libertad- lógicamente debe estar sometida a unos límites. La ley distingue, como regla general: - Si el delito es + 3 años, la prisión puede durar desde 2 años, y se puede prorrogar 2 años más (es preciso que la prórroga sea expresa) - Si el delito es - a 3 años, la prisión puede durar 1 año, y se puede prorrogar 6 meses.
Como excepción a esta regla general, cuando la PP se haya establecido por la causa de manipulación, ocultación u ocultación de fuente prueba, habrá un máximo de 6 meses. En el resto de causas para acordar tal prisión, se aplicará la regla general.
Una vez hay condena, el máximo es la mitad de la condena. Es decir, si hay ST condenatoria que es objeto de apelación, la prisión provisional no puede ir más allá de la mitad de la pena efectivamente impuesta. Y, por lo tanto, en principio, la prisión provisional no podría ir nunca más allá de la mitad de la pena prevista para el delito.
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Comentario de oghalan en 2016-05-27 18:57:21
Solo es la primera parte no?