tema 7. proceso formulario (2014)

Apunte Español
Universidad Universidad de Lleida (UdL)
Grado Derecho - 1º curso
Asignatura Derecho romano
Año del apunte 2014
Páginas 5
Fecha de subida 18/11/2014
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TEMA VII- El procedimiento formulario INTRODUCCIÓN La acción es el medio que el Estado pone a disposición de los particulares para la defensa de sus derechos.
Un derecho sólo es útil cuando se puede hacer valer ante los Tribunales. Por esta razón, la acción es un medio que necesariamente debe acompañar a los derechos y los derechos deben tener una acción para protegerlos. El término acción tiene dos acepciones: a) Acción formal: facultad que tiene el particular de suscitar la actividad jurisdiccional del Estado en un caso concreto, con independencia de que este particular tenga derecho o no.
b) Acción material: es el contenido de la reclamación, la pretensión.
ETAPES HISTÒRICAS.
Podemos señalar tres épocas en la historia del proceso civil romano (753 a C - 565 dC) a) Legis actionis. Acciones de ley: es el proceso típico de la época arcaica, algunas de las acciones de ley ya existían antes de la Ley de las XII Tablas, otras se crean precisamente con esta ley (451 aC). En el año17 aC dos leges Iuliae de Augusto derogan les acciones de ley.
b) Proceso formulari. Año 242 aC el praetor peregrinus crea el proceso formulario para los litigios entre ciudadanos romanos y extranjeros o entre extranjeros. Año 130 aC la Lex Aebutia otorga a los ciudadanos la posibilidad de utilizar el proceso formulario para sus litigios.
c) Cognitio extraordinem. En época de Augusto se crea un proceso especial para casos concretos (por ejemplo fideicomisos) hasta entonces no contemplados: la cognitio extraordinem. El año 342 dC una constitución imperial de Constantino deroga el proceso formulario e impone la cognitio extraordinem como único proceso.
CLASSES DE PROCEDIMENT Estos procedimientos los podemos agrupar de la siguiente manera: a) Ordo iudiciorum privatorum: - Legis actionis.
- Proceso formulario.
b) Cognitio extraordinem PROCESO FORMULARIO El procesos formulario surge y se desarrolla en el ámbito del D pretorio Consta de dos fases: 1) Fase in iure: delante del pretor o magistrado 2) Fase apud iudicem: delante del juez.
El proceso formulario se caracteriza por la escritura (fórmula). Las partes exponen libremente sus pretensiones delante del magistrado y después, de común acuerdo, se redacta un documento (formula) en el que quedan fijados los términos de la controversia, y servirá posteriormente al juez de pauta para su actuación.
1 Fases FASE IN IURE: PRETOR 1) CITACIÓ DAVANT EL PRETOR O LA IN IUS VOCATIO.
El demandante comunicará extraprocesalmente de forma oral al futuro demandado la intención de llevarlo a juicio.
El actor debe procurar la comparecencia del demandado ante el pretor, ya que la presencia del demandado es indispensable. El demandante cita al demandado de manera formal y pública ante el pretor Normalmente el demandado debe contestar a la citación con una promesa de comparecer (vadimonium), que, eventualmente (es decir, cuando haya de asegurar la solvencia del demandado), se garantizará presentando fiadores.
Para forzar al demandado a dar vadimonium, el pretor le amenaza con una multa en caso de no comparecer y concede una actio in factum penal al actor para reclamarla.
Si a pesar de todo, el demandado se empeña en no comparecer, las consecuencias pueden ser muy graves: embargo de la cosa objeto del litigio a las acciones reales (misio in rem) o de todo el patrimonio del deudor a las acciones personales (missio in bona) con los trámites que luego veremos.
2) ANUNCIO DE LA ACCIÓ.
Presenta las partes ante el magistrado, el actor anuncia la acción que ejercitará (editio actionis) y la pide al magistrado (postulatio actionis). El magistrado se encuentra, pues, ante la alternativa de conceder (dare actionem) o de denegar la acción solicitada (denegare actionem).
3) PRESSUPUESTOS PROCESALES Así, lo primero que ha de hacer el pretor es examinar si concurren los llamados presupuestos procesales: 1) con relación a su propia jurisdicción y competencia, habrá que ver si se trata de un asunto que tenga que tramitar por el procedimiento formulario o pertenece a la cognitio extraordinem; si es competente por razón del lugar, de la materia, de las personas, etc.
2) con relación a las partes, deberá examinarse su capacidad jurídica procesal, su capacidad de obrar procesal (ser parte en cualquier proceso), su capacidad de postulación (la de demandar judicialmente) y su legitimación, es decir, si pueden ser parte no sólo en un proceso cualquiera, sino en este proceso concreto. Para ello puede ser interesante recurrir a las llamadas Interrogationes in iure (preguntas ante el pretor).
Si el magistrado comprueba que no se dan todos los presupuestos procesales o que, a pesar de darse, la pretensión del actor no es digna de protección jurídica, entonces deniega la acción sol licitada (denegatio Actionis). Esta denegatio actionis no consume la acción y el actor hará bien en esperar a que el magistrado termine el año de su cargo, si es que quiere probar fortuna de nuevo volviendo a reclamar.
Si concurren los presupuestos procesales y el pretor estima digna de protección la pretensión del actor, entonces le concederá la acción pedida (ya sea una acción prevista en el derecho civil -actio in ius- o una acción a medida del supuesto planteado (actio in factum) 4) LAS POSIBLES ACTITUDES PROCESALES DEL DEMANDANTE: CONCLUSIÓN ANTICIPADA DEL PROCESO.
Diversos eventos se pueden dar en ese momento para que concluya el proceso: • Confessio in iure: si el demandado reconoce los hechos que el alega el actor y aviene ala su pretensión, entonces ya no es necesario el proceso, porque a quien confiesa le tiene por juzgado (confessus pro iudicato habetur).
2 • Iusiurandum necessarium: en casos muy especiales, el actor recorrerá el trámite del juramento (cuando se reclama una cantidad concreta o una cosa cierta, concreta). Este juramento ante el pretor es necesario en el sentido de que no se puede resistir y es decisorio en el sentido que desemboca en la finalización del proceso.
Cuando el actor pide, con la autorización del pretor, al demandado que jure si debe una determinada cantidad, éste puede adoptar dos actitudes: o Jurar simplemente que no debe nada y en este caso saldrá absuelto.
o Volver el juramento, en caso de que, si el actor jura que le debe tal cantidad, el demandado es condenado. No es posible que el demandante se resista a jurar que el pretor la amenaza con la missio in bona.
·· Indefensio: el demandado puede adoptar una actitud de pasividad, sin afirmar ni negar nada, limitándose a no defenderse. En este caso, falta el acuerdo necesario para constituir un proceso y el pretor interviene coactivamente, amenazando con un embargo, que, si se trata de una acción real, lleva a poner al actor en posesión del objeto litigioso (actio ad exhibendum –muebles–, interdictum quem fundum –inmuebles. Si la acción es real embarga todo el patrimonio.
5) ACUERDO SOBRE EL JUEZ.
Si hay acuerdo de litigar y acuerdo sobre la fórmula con sus correspondientes cláusulas entonces se debe llegar a un acuerdo sobre el juez o jueces (recuperatores) que deben dirimir el litigio.
Si las partes coinciden en el nombramiento de una persona idónea como juez, el magistrado la nombra.
Si las partes no coinciden en el nombramiento, se procede al sorteo del juez o jueces, entre las personas que figuran en una lista que tiene carácter oficial.
El magistrado emitirá, además, un decreto en virtud del cual concede un iudicium ante el juez privado (iudicium dare).
6) LA LITIS CONTESTATIO La etimología de la expresión litis contestatio resulta clara: litem contestario es fijar los términos del litigio ante testigos, es el acto solemne por el que actor y demandado solicitan los presentes que sean testigos. El actor y demandado se comprometen a acatar la sentencia ante testigos.
• El efecto principal de la litis contestatio es el de la consumición de la acción (efecto preclusivo), que se expresa así: trabada la litis contestatio, no se puede volver a iniciar otro proceso sobre el mismo asunto, y entre las mismas personas. Esta consumición de la acción opera de dos formas diferentes: A) La consumición de la acción opera ipso iure, esto es, automáticamente, cuando se trata de: a) Iudica legitima (categoría introducida por las leges Iuliae del 17 aC que dan eficacia civil al procedimiento formulario, para los juicios entre ciudadanos romanos, que se hacen en el recinto de la ciudad de Roma o una milla extramuros y ante un juez único, b) de acciones personales; yc) de fórmulas con intentio in ius (basadas en el derecho civil) B) La consumición de la acción opera por la vía de la excepción (ope exceptionis) y el pretor concede al demandado la exceptio rey in iudicium deductae (excepción de la cosa deducida a juicio), cuando se trata de: a) Iudica imperio continentia (categoría opuesta a la de Iudica legitima); o b) de acciones reales; oc) de fórmulas con intentio in factum (basadas en el derecho pretoriano).
• El segundo efecto es el efecto novatorio de la litis contestatio: antes de la sentencia se debía en virtud de una "promesa", ahora se debe en virtud de una condena.
3 7) LA FÓRMULA.
El magistrado daba una instrucción al juez para que dictara sentencia de acuerdo a un documento (la fórmula) que se había redactado.
La estructura general de la fórmula es, pues, la de una orden imperativaque el magistrado dirige al juez para que éste condene, si se prueba el supuesto previsto en la intentio y porque absuelva, en caso contrario.
El nombre del juez encabeza la fórmula, sigue la pretensión del actor, llamada intentio y, al final, la cláusula que permite al juez de condenar o absolver (condemnatio).
FASE APUD IUDICEM : JUEZ 1) COMPARECENCIA Hecha la litis contestatio, y redactada la fórmula, las partes se ponen de acuerdo para comparecer ante el juez privado.
En esta fase ya no es imprescindible la comparecencia de ambos litigantes, porque el acuerdo de litigar ya ha quedado establecido. Si sólo comparece una de las partes, el juez dictará sentencia a su favor, (la no comparecencia llama contumància).
Lo normal será, sin embargo, que comparezcan ambas partes y que el aleguen oralmente ante el juez lo que estimen conveniente. La oralidad del procedimiento implica la publicidad, pero también la inmediatez (el juez puede formar su convicción por el contacto directo con las partes y los materiales del proceso).
2) LA PRUEBA La división del trabajo que conlleva la bipartición del proceso hace que el jurista se ocupe fundamentalmente de la fase in iure, que se concentre en el estudio de la cuestión de D y que relegue al abogado (normalmente un orador) la materia de la prueba de los hechos.
Con la prueba, cada una de las partes trata de llevar al ánimo del juez el convencimiento sobre la existencia o inexistencia de los hechos relevantes.
La valoración de la prueba, se sitúa entre dos principios antitéticos: a) el principio de la libre apreciación de la prueba, que parte de conceder al juez la facultad de decidir en el caso concreto el valor que debe darse a cada medio de prueba según su experiencia. Este es el principio que impera en el proceso formulario.
b) el principio de la prueba legal, tasada o formal, en el que el ordenamiento jurídico establece como un baremo que fija el valor que el juez ha de dar a cada uno de los medios de prueba aportados (da, por ejemplo, preferencia al documento escrito ante la declaración de los testigos).
La carga de la prueba: en la parte que afirma un hecho lo incumbe su prueba. Así, el actor debe probar los hechos contenidos en la intentio, en tanto que el demandado debe probar el hecho en que se basa la exceptio.
En el procedimiento formulario las partes son las que deben aportar las pruebas no el juez, rige por lo tanto el llamado principio dispositivo de la prueba. En cambio en la cognitio extraordinem rige el principio antagónico el principio inquisitivo donde se permite al juez la libre investigación de la prueba.
Los medios de prueba están constituidos, fundamentalmente: Testigos, documentos y juramento, pericial e inspección ocular. Según hemos visto, el juez privado valora libremente pruebas aportadas, pero quizás convendrá advertir que en el D romano clásico, dominado todo por la oralidad, el documento no tiene una importancia primordial que sí tiene en el derecho postclásico.
4 3) LA SENTENCIA Una vez que el juez ha formado libremente su opinión, llega el momento de pronunciar la sentencia.
En el proceso romano clásico el juez no tiene el deber inexcusable de dictar sentencia y puede excusarse de hacerlo, al alegando que el asunto no le resulta claro.
Sin embargo, lo normal será que se haya formado su opinión (sententia) sobre el asunto y que dicte sentencia condenando o absolviendo al demandado, según la alternativa (condemna-absolve) y dentro de los límites marcados en la condemnatio de la fórmula.
EFECTOS La sentencia tiene fuerza ejecutiva, por lo que surge la obligación de cumplirla o someterse a la actio iudicata.
La sentencia tiene autoridad de cosa juzgada, por lo que no es posible volver a plantear otra vez el mismo asunto ante los tribunales. Es decir, que el efecto excluyente (preclusión) de la litis contestatio ahora se comunica a la sentencia dictada (exceptio rei iudicatae).
Cuando el vencido en un juicio se empeña en no cumplir la sentencia, resulta todavía necesario que el vencedor entable un procedimiento de ejecución (actio iudicati).
La sentencia, una vez pronunciada, resulta inmodificable e inatacable. Por tanto, el juez que la ha dictado no la puede alterar; tampoco es apelable ante el magistrado. El único remedio de carácter excepcional (extraordinarium auxilium) contra la sentencia injusta es la restitutio in integrum, que no tiene carácter de apelacion . El juez que dicta una sentencia injusta "haciendo suya la causa" (iudex, qui litem suam fecit), esto es, actuando de manera parcial, incurre en responsabilidad.
En la época clásica, normalmente la ejecución ya no recae sobre la persona del deudor, sino sobre sus bienes. Ahora bien, no se concreta en un bien concreto, sino sobre todo su patrimonio.
El procedimiento es el siguiente: el pretor concedía a los acreedores la posesión de los bienes del deudor (missio in bona), primero para su simple conservación y administración. Si esta medida coactiva no tenía efecto, entonces el pretor, por una segunda orden, autorizaba a los acreedores a nombrar un magister bonorum, que preparaba ya las cláusulas de la venta, y ofrecía, después, los bienes en subasta pública: El oferente que se comprometiera a pagar una mayor proporción de créditos era preferido como comprador del patrimonio (bonorum emptor) y se subrogaba en la posición del antiguo dueño, mediante una acción con transposición de personas (formula Rutiliana) o mediante una ficción (formula Serviana).
Como remedio para combatir las enajenaciones fraudulentas del deudor, que se ha empobrecido dolosamente, fue el interdictum fraudatorium y, en época más avanzada, la acción Pauliana.
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