Tema 7 - Teoría de las Obligaciones. (2015)

Resumen Español
Universidad ESADE (URL)
Grado Derecho - 2º curso
Asignatura Derecho Civil II - Obligaciones y Contratos
Año del apunte 2015
Páginas 12
Fecha de subida 24/03/2015 (Actualizado: 24/04/2015)
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Apuntes tomados de clase+ampliaciones de manual. Alguno elaborado por mi. Muy completos.

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Sergio Gomollón Derecho Civil II 2014-2015 Parte II. Teoría de las obligaciones.
Lección VII. La obligación: concepto y estructura.
Tras haber estudiado en profundidad la teoría general del contrato, procedemos a hacerlo con la de las obligaciones. Estudiamos al principio del curso (supra lección 1) que de los contratos nacen obligaciones, que conocemos como prestaciones (arts. 1.089, 1.091, 1.254 CC), cuyos requisitos ya fueron objeto de nuestro análisis en la Lección II (supra).
La obligación civil. El principio de responsabilidad patrimonial universal. La obligación natural.
Dice el artículo 1.088 del Código Civil que “Toda obligación consiste en un dar, hacer o no hacer alguna cosa.”, no obstante, no nos da una definición del concepto de obligación, mas sí su contenido. Como bien señala LACRUZ, se resume, el contenido del art. 1.088 del Código Civil en que la obligación consiste en un hacer u omitir, no obstante, no toda acción u omisión constituye una obligación. Es preciso insistir en que, al hablar de obligaciones, nos referimos a deberes jurídicos, no a las obligaciones morales, sociales, o de otra clase.
Asimismo, los deberes jurídicos pueden ser de Derecho Público o de Derecho Privado, pero no entraremos mucho más en esta distinción.
Las obligaciones, pues, amén del art. 1.088 CC consisten en un dar, hacer o no hacer, y los requisitos de éstas (supra Lección II) osn la licitud, determinidad o determinabilidad y la existencia. En toda relación jurídica obligacional deben reconocerse dos partes: el acreedor y el deudor. Esta distinción es clave, pues el acreedor ocupará el lugar activo en la relación obligacional y el deudor el pasivo; ahora bien, no deben confundirse las partes en una relación jurídica con las partes en un contrato. Verbi gratia, en un contrato de compraventa (infra Lección XIV) hay dos obligaciones principales, la del venditor de entregar la cosa comprada y la del emptor, de pagar el precio.
Las posiciones acreedoras y deudoras tienen las siguientes notas: a) Con respecto a la posición acreedora, ésta se caracteriza por la exigibilidad del derecho, que es una facultad, en ningún caso constituye un deber, pues no hablaríamos de un derecho. El acreedor tiene la pretensión de exigir del deudor el cumplimiento de la obligación; y no constituye abuso de derecho ejercer esta facultad aún haciéndolo de forma muy rigurosa e insistente, salvo que fuera de forma contraria al art. 7.2 CC. El acreedor puede, por lo tanto, exigir o no la deuda, y hacerlo cuando quiera, siempre que ésta pueda sea exigible (ver infra Lección VIII).
— 63 — Sergio Gomollón Derecho Civil II 2014-2015 b) En cuanto al deudor, su posición tiene dos notas fundamentales. En primer lugar, observamos el deber, pues el deudor es titular de la deuda y ello le obliga a realizar la prestación, respondiendo, además, de sus deudas, con todo su patrimonio presente y futuro (art. 1.911 CC), lo que se conoce como responsabilidad patrimonial universal del deudor, respondiendo del cumplimiento de las obligaciones que tiene con todos sus bienes, presentes y futuros. Debe tenerse en cuenta que: a) La responsabilidad es de carácter patrimonial y no personal, en nuestro ordenamiento no se admite ya la prisión por deudas, sin perjuicio de que las insolvencias en algunos casos puedan ser punibles como en delitos como el alzamiento de bienes; b) La responsabilidad es ilimitada: se responde con todos los bienes presentes y futuros.
Esta obligación analizada desde ambas perspectivas es la obligación civil. No obstante, en Derecho existe también la obligación natural, que teniendo los mismos rasgos que la civil, se diferencia de ésta por su no exigibilidad, al carecer el acreedor de la facultad de exigir el cumplimiento obligacional, dependiendo éste de la buena voluntad del deudor. No son casos frecuentes aquellos en que haya obligaciones naturales, pero sí existen ejemplos, como el del artículo 1.798 CC, en la que las deudas contraidas en juego ilícito son naturales y por lo tanto no exigibles. Otro ejemplo será el pago no pactado de intereses en el contrato de préstamo a que se refiere el artículo 1.756 CC.
Las obligaciones naturales sí que están reconocidas por el ordenamiento a pesar de no ser exigibles, pues su cumplimiento es acorde a Derecho. Distinto es el caso de las obligaciones no reconocidas por el Derecho, que no serán ni naturales ni desde luego civiles.
Distinción de otras relaciones jurídicas.
La relación obligacional se distingue: a) De los derechos de la personalidad, en que aquellos son absolutos, es decir, erga omnes, mientras la relación obligacional solo vincula a las partes (art. 1.091 CC).
b) De las relaciones jurídicas de familia, en que el cumplimiento de éstas (deberes del padre, cónyuge o pariente) no agota el derecho; mientras que en las relaciones obligacionales el cumplimiento de la prestación extingue la obligación.
c) De los derechos reales, que la relación jurídico-real no es relativa, sino absoluta; y que el deber del sujeto pasivo en la relación real no es de prestación sino de un deber jurídico general neminem laedere, además de no poder reclamar el acreedor en relaciones reales la satisfacción de su interés y si en las relaciones obligacionales; y finalmente que el cumplimiento de un derecho real no lo extingue, a diferencia del personal.
— 64 — Sergio Gomollón Derecho Civil II 2014-2015 Elementos de la relación obligacional.
La relación obligacional tiene 4 elementos (LACRUZ): 1) Sujetos: el acreedor y el deudor, que ya se han analizado.
2) Objeto: la prestación o conducta que el acreedor puede exigir del deudor.
3) Vínculo: la relación de poder y deber correlativos que media entre ambos sujetos.
4) Causa: que es la razón objetiva e inmediata de la obligación ponderada por el Derecho y que la convierte en obligación jurídica.
Las fuentes de las obligaciones.
Denominamos fuente de las obligaciones a aquellos hechos jurídicos de los que éstas se originan o nacen (LACRUZ).
Para analizar las fuentes de las obligaciones debemos acudir al artículo 1.089 del CC, que literalmente dispone que “Las obligaciones nacen de la ley, de los contratos, y cuasi contratos, y de los actos y omisiones ilícitos en que intervenga cualquier género de culpa o negligencia”. En el Derecho romano estudiábamos las fuentes de las obligaciones que nos había dejado el Derecho justinianeo como el contrato, cuasicontrato, delito y cuasidelito, mas el Código, desde el Código napoleónico y el italiano, nos habla además de la ley. Lo cierto es que la principal fuente de las obligaciones es el contrato (las más comunes son las obligaciones ex contractu), pero también pueden nacer de la ley (ex lege) como en el caso del art. 1.902 CC (el que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado), si bien es en realidad un ilícito civil (delito o cuasidelito).
En cuanto a los delitos (y faltas), el artículo 1.092 nos remite al Código Penal, y respecto a los cuasicontratos, éstos son situaciones en los que se generan deudas sin llegar a ser propiamente contratos mas sí análogos.
Los contratos siendo éstos lex privata son la fuente de las obligaciones que más nos interesará en este curso, y no en vano el Código les da una especial fuerza y trascendencia, imponiendo el principio pacta sunt servanda, (v. gr. art. 1.091 “Las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes, y deben cumplirse al tenor de los mismos.”).
Estructura de la obligación (I): Los sujetos de la obligación: Capacidad, Organización de la pluralidad de partes: parciariedad y mancomunidad; solidaridad pasiva, activa y mixta.
— 65 — Sergio Gomollón Derecho Civil II 2014-2015 Partiremos del análisis subjetivo de la relación jurídica obligacional. En toda relación obligacional hay dos partes, y sólo dos partes, sin perjuicio de que más de una persona pueda formar una parte. Estas partes son, reiteramos una vez más, el acreedor y el deudor.
Para analizar a los sujetos de la relación obligacional nos centraremos en tres ejes: la capacidad, y la organización de la pluralidad de partes cuando ésta se de.
A. Capacidad. Para estudiar la capacidad deberemos recordar la distinción (v. Derecho Civil I) entre capacidad jurídica y capacidad de obrar. Definíamos aquella como la aptitud o idoneidad para ser titular de derechos y obligaciones, por lo que bastará con tener capacidad jurídica para ser titular de derechos, pero también de obligaciones. No obstante, para poder ejercer tales derechos, será preciso tener además capacidad de obrar, que es la aptitud o idoneidad para ejercer derechos u obligaciones u otros actos jurídicos.
B. Pluralidad de sujetos: parciariedad y mancomunidad. Cuando en una misma relación jurídica hay varios sujetos en la parte acreedora o deudora existen principalmente dos formas de organizar la pluralidad de partes: la solidaridad y la mancomunidad. La mancomunidad 26 ,a su vez, puede ser stricto sensu o indivisible o bien parciariedad, también denominada mancomunidad divisible.
La diferencia entre la mancomunidad y la solidaridad radica (art. 1.137 CC) en que la mancomunidad se rige por el principio de actuación conjunta, es decir, que todos los deudores han de cumplir con su deber para ver satisfecho el acreedor su interés. Será necesario que todos y cada uno de los deudores cumpla con la obliagción para que el acreedor vea satisfecho su derecho de crédito. Existen dos clases de obligaciones mancomunadas: las indivisibles y las parciarias.
a) Si hay, por ejemplo, 3 deudores obligados a entregar un inmueble a un acreedor, los 3 deben concurrir a entregar la cosa, en tal caso se tratará de una obligación mancomunada stricto sensu o indivisible.
b) Si se trata, en cambio, por ejemplo, de un préstamo y varias personas como parte deudora deben cada una la mitad, el acreedor para exigir el pago demandará a todos los deudores, respondiendo cada uno de ellos exclusivamente de la parte que le corresponde, lo cuál será una obligación parciaria o divisible.
En cambio, en las obligaciones solidarias la actuación será de carácter individual. Cada acreedor y deudor actúa como representante de todos los demás, y lo que uno hace es equivalente a lo que hicieran todos. Si un deudor solidario pagara en el caso anterior su parte de deuda, el acreedor podría seguir exigiéndole el pago de la que corresponde a los 26 El término mancomunidad viene de mano común.
— 66 — Sergio Gomollón Derecho Civil II 2014-2015 demás deudores, sin perjuicio de que éste deudor pueda exigir a los demás lo que le corresponde.
Partiendo de la mancomunidad como el régimen en el que la actuación de varios deudores debe ser conjunta, en la mancomunidad pasiva; debemos destacar 3 ideas del CC: a) La activación conjunta no impide la actuación individual íntegra: un acreedor de varios deudores mancomunados puede demandarles a todos ellos para exigir el cumplimiento de su obligación, pero también puede demandar a uno solo para exigirle su parte, además cada uno de ellos puede pagar el cumplimiento íntegro de su deuda, aunque solo se le puede exigir una parte; si un deudor mancomunado realiza una prestación que no le corresponde se considerará como un pago hecho por tercero (ver infra Lección VIII).
b) El litisconsorcio pasivo es necesario a efectos procesales, tal y como exige la LEC en el art. 12.2.
c) En caso de incumplimiento de la obligación, se aplicarán los arts. 1.139 (“[…] si alguno de éstos [los deudores mancomunados] resultare insolvente, no estarán los demás obligados a suplir su falta”) y 1.150 CC (“La obligación indivisible mancomunada se resuelve en indemnizar daños y perjuicios desde que cualquiera de los deudores falta a su compromiso. Los deudores que hubiesen estado dispuestos a cumplir los suyos, no contribuirán a la indemnización con más cantidad que la porción correspondiente del precio de la cosa o del servicio en que consistiere la obligación.”).
El art. 1.137 CC (“La concurrencia de dos o más acreedores o de dos o más deudores en una sola obligación no implica que cada uno de aquéllos tenga derecho a pedir, ni cada uno de éstos deba prestar íntegramente, las cosas objeto de la misma. Sólo habrá lugar a esto cuando la obligación expresamente lo determine, constituyéndose con el carácter de solidaria.”) nos dice que en caso de pluralidad de deudores o acreedores, salvo pacto en contrario, será bajo el régimen de mancomunidad. De todas formas, el TS ha matizado el principio de presunción de no solidaridad afirmando que si se deduce del contrato que las partes querían la solidaridad, así se aplicará tal régimen y no la mancomunidad, extrayéndolo del art. 1.281 y 1.282 CC.
C. Las obligaciones solidarias: solidaridad activa, pasiva y mixta. Éste régimen se caracteriza, en contraposición con la actuación conjunta de las obligaciones parciarias o mancomunadas, por su actuación individual; pues un sólo deudor (o acreedor) debe cumplir con la prestación, pudiéndosele reclamar a éste el cumplimiento íntegro de la prestación, teniendo el pleno deber de pagar. El régimen de solidaridad es naturalmente algo más complicado.
De la obligación solidaria debemos distinguir dos planos: la relación externa y, en su caso, una fase interna, en la que se equilibrará la relación entre los distintos deudores.
Resulta que si un codeudor solidario hubiere pagado toda la deuda al acreedor, éste ya — 67 — Sergio Gomollón Derecho Civil II 2014-2015 vería satisfecho su derecho, pero habría lugar a abrir una segunda fase en la que el codeudor podría exigir de los otros el pago de la parte que les corresponde. Debemos apuntar 3 circunstancias: 1) El deber de cumplir del deudor es íntegro e indistinto. El acreedor puede dirigirse contra cualquiera de los deudores, contra todos ellos, contra el más solvente o contra el que tenga por conveniente, lo que conocemos como ivs electionis o derecho de elección; y no sólo eso; además, tiene derecho a variar tal elección (ivs variandi) dirigiendo la acción contra otro de los codeudores solidarios (art. 1.144 CC). Todo ello, naturalmente, siempre y cuando la conducta del acreedor no constituya abuso de derecho: el acreedor no puede negarse a cobrar la deuda por parte de un codeudor solidario si éste de buena fe y por motu propio cumple con la obligación por los demás antes de que les sea exigida o exigible.
2) La propagación de efectos, que se recoge en los arts: 1) 1.141 (“Cada uno de los acreedores solidarios puede hacer lo que sea útil a los demás, pero no lo que les sea perjudicial. Las acciones ejercitadas contra cualquiera de los deudores solidarios perjudicarán a todos éstos.”) 2) 1.143 (“La novación, compensación, confusión o remisión de la deuda, hechas por cualquiera de los acreedores solidarios o con cualquiera de los deudores de la misma clase, extinguen la obligación, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 1.146. El acreedor que haya ejecutado cualquiera de estos actos, así como el que cobre la deuda, responderá a los demás de la parte que le corresponda en la obligación.”) 3) 1.147 (“Si la cosa hubiere perecido o la prestación se hubiese hecho imposible sin culpa de los deudores solidarios, la obligación quedará extinguida. Si hubiese mediado culpa de parte de cualquiera de ellos, todos serán responsables, para con el acreedor, del precio y de la indemnización de daños y abono de intereses, sin perjuicio de su acción contra el culpable o negligente.”) 4) y 1.974 (“La interrupción de la prescripción de acciones en las obligaciones solidarias aprovecha o perjudica por igual a todos los acreedores y deudores. […]”) del CC: la interrupción de la prescripción, por ejemplo, hecha por un coacreedor o codeudor solidario afecta a todos.
3) Las excepciones oponibles se hallan en el artículo 1.148 CC (“El deudor solidario podrá utilizar, contra las reclamaciones del acreedor, todas las excepciones que se deriven de la naturaleza de la obligación, y las que le sean personales. De las que personalmente correspondan a los demás sólo podrá servirse en la parte de deudaa de que éstos fueron responsables.”).
Otra cuestión que merece especial atención y estudio con detenimiento, es la relación interna en las obligaciones solidarias, que se abre, en su caso, una vez resuelta la externa de todos los deudores o acreedores solidarios con sus respectivos acreedor o deudor.
— 68 — Sergio Gomollón Derecho Civil II 2014-2015 Planteemos un caso en el que varios deudores solidarios tienen una deuda frente a un acreedor. Si uno de ellos paga la totalidad de la deuda, tiene ahora derecho a reclamar a los otros su parte. Cabe concebir dos posibilidades: a) Que se extinga la relación obligacional previa y nazca para el codeudor solidario que haya pagado la deuda un derecho o acción de regreso o reembolso, según la cual se constituiría un nueva relación jurídica ex novo.
b) Que el deudor que pague la deuda se subrogue, teniendo derecho o acción de subrogación; perspectiva desde la que nos mantendríamos con la misma obligación, cambiando tan solo el acreedor y conservando los derechos y privilegios de la antigua.
Lo cierto es que el legislador no da una respuesta clara, pues ha mezclado ambas teorías (v. arts. 1.145.2 y 1.210.3 CC), y el TS ha matizado estos preceptos dando validez a ambos hablando de la subrogación impropia, que es de que trata el precepto citado. Lo que sucederá será que el nuevo deudor se convertirá en acreedor de los deudores, pero: a) Mancomunadamente, si entendemos que hay un reembolso o regreso (art. 1.145-2 a prorrata de cada uno) b) Solidariamente, si aplicamos el art. 1.210, produciéndose la subrogación y continuadndo por lo tanto la solidaridad. En cualquier caso, en la fase interna no hay solidaridad, pues se aplica una subrogación impropia.
Por último cabe destacar que, si bien nos hemos detenido en analizar la solidaridad pasiva, mutatis mutandi, se aplican las mismas reglas con la solidaridad activa.
Estructura de la obligación (II): El objeto de la obligación: la Prestación, la obligación genérica y específica, la obligación alternativa y facultativa; la prestación pecuniaria: la deuda de intereses.
Una vez estudiados los sujetos de la relación obligacional pasamos a estudiar la obligación en sí, como objeto de tal relación jurídica. Partiendo de que la obligación es la que debe asumir cada parte contratante como parte del contrato celebrado, y que puede consistir en un dar, hacer o no hacer (arts. 1.088, 1.254 CC), recordamos también que la prestación, amén del art. 1.271 a 1.273 debe ser posible, lícita y determinada (o determinable). La estructura objetiva de la relación obligacional se fija en la naturaleza y el contenido de la prestación; y analizaremos asimismo las distintas categorías que puede tener. Distinguiremos entre: a) Obligaciones genéricas y específicas.
b) Obligaciones alternativas y facultativas.
— 69 — Sergio Gomollón Derecho Civil II 2014-2015 c) Obligaciones pecuniarias, como una categoría dentro de las genéricas.
A. Obligación genérica y específica. La primera distinción que debe hacerse es entre las obligaciones genéricas y específicas. Sólo las prestaciones de dar pueden ser genéricas o específicas; pues las de hacer o no hacer son personalísimas o no personalísimas, pero por su propia naturaleza no pueden ser genéricas. Definimos una obligación genérica como aquella en que la prestación se determina por su pertenencia a un género, entendiendo por género la agrupación homogénea de cosas de la misma especie y calidad.
 
 Son, por lo tanto un género los objetos fabricados en serie. El género puede acotarse y hacerse más o menos concreto (100 botellas de vino tinto; 100 botellas de vino tinto con denominación de origen priorato; 100 botellas de vino tinto de tal denominación de origen y de la reserva del año 2004; etc.), pero no deja de ser un género siempre que agrupe cosas de la misma especie y calidad.
 
 Pues bien, existen obligaciones genéricas y específcas 27 , siendo éstas últimas aquellas que no pertenecen a ningún género; pues no existen dos iguales (entregar un cuadro concreto, el manuscrito de un libro original, etc.). Las cosas de segunda mano, por ejemplo, serán en todo caso específicas, pues llevarán un uso incorporado que se le ha dado o no dado, que las hace exclusivas y diferentes a cualquier otra, porque no puede haber dos usos iguales de la misma cosa.
 
 Cabe destacar que toda prestación que nace genérica tiene que especificarse en algún momento del tiempo, como tarde en el momento del cumplimiento obligacional. El acto por el que se concreta la prestación y se separa del género es la especificación (infra); y si entregáramos una totalidad de un género, naturalmente la obligación ya sería específica. No obstante, existe un principio que denominamos genus nunquam perit (el género nunca se extingue).
 
 Finalmente recordar que los bienes inmuebles en ningún caso podrán ser genéricos.
27 La importancia de esta distinción no es un mero capricho dogmático de clasificar las obligaciones, pues tiene relevancia esta distinción en el momento en que se plantean los riesgos. Concibamos, por ejemplo, una obligación que nace ex contractu en fecha A, por la que el deudor se obliga a entregar algo genérico; y en el momento B se especifican las cosas que van a entregarse, separándose del género. En ese momento la obligación pasa a ser específica, y a partir de entonces los riesgos los correrá el acreedor, no el deudor, que solo los correrá mientras la obligación sea genérica.
Supongamos, por ejemplo, que hay un caso fortuito, con tan mala fortuna que se pierden 200 unidades de las 1.000 que debían ser entregadas. El deudor (el que debe entregar las cosas) deberá entregarle a su acreedor lo que deba entregarle, cumpliendo con la obligación. No obstante, una vez especificadas, el riesgo lo corre el acreedor. Esto importa, a efectos de que hoy en día los riesgos son asegurables, pero es preciso determinar quién tiene que correr el riesgo.
— 70 — Sergio Gomollón Derecho Civil II 2014-2015 B. La especificación. La especificación es un acto por el cual se aparta del género una cosa para destinarla al cumplimiento futuro de una presetación. A partir del momento en que se especifica la prestación, ésta estará destinada al futuro cumplimiento obligacional. Como es lógico, el deudor estará interesado en especificar cuanto antes, pero el acreedor no: querrá retrasarlo todo lo contrario, pues desde que se ha especificado la obligación, correrá los riesgos el acreedor. Nos planteamos 3 cuestiones:
 
 1) ¿Quién está legitimado para especificar?, en defecto de pacto, lo hará el deudor.
 2) ¿Cuándo se podrá especificar? En defecto de pacto se hará: a) En el momento de cumplir la obligación.
b) Antes, siempre y cuando lo autorice el acreedor, aunque esto es estrictamente hablando un pacto a posteriori. A falta de ley dispositiva, deberán regir los usos y la buena fe (art. 1.258); aunque raramente atenderemos a los usos, por lo que todo se hará de conformidad con la buena fe (art. 7 y 1.258 CC). La mera especificación para evitar riesgos se hace con mala fe y es oponible al acreedor; mas si hay un motivo justificado para hacerlo, no habrá mala fe.
3) Si bien la especificación es un acto jurídico unilateral, es además recepticio, no existe si no se comunica al acreedor .
Una regla a añadir para el cumplimiento de obligaciones genéricas será la del art. 1.167: si no hay igual calidad dentro del género y no se ha pactado la calidad que deberá tener, no se podrá exigir ni la mejor calidad ni se deberá entregar la de inferior, entregándose la de calidad media.
C. La obligación alternativa. La obligación alternativa está regulada por los arts. 1.131 y siguientes del Código Civil. Es aquella obligación en la que se prevén distintas prestaciones y en la que el deudor deberá cumplir con tan sólo una de ellas. Se tratará de prestaciones alternativamente dispuestas, en las que el deudor deberá cumplir con sólo una de ellas (1.131 CC). Las obligaciones deben estar colocadas disyuntivamente (A o B o C etc; cfr. con la obligación facultativa infra).
 
 El acto de elección en las obligaciones alternativas, que se denomina concentración, corresponde al deudor (1.132) pero puede pactarse lo contrario. Una vez se realiza la concentración, la obligación pasa a ser simple, de una sola prestación, por lo que, una vez hecha la concentración, si por caso fortuito se hace imposible entregar la cosa se extinguiría el contrato. La concentración es un acto recepticio (1.133), y sólo pueden elegirse las prestaciones posibles (art. 1.134), teniendo derecho el acreedor a una indemnización por daños y perjuicios cuando por culpa del deudor desaparezcan todas las cosas que fueron objeto de la obligación (1.135). (Ver también art. 1.136).
— 71 — Sergio Gomollón Derecho Civil II 2014-2015 D. La obligación facultativa. La obligación facultativa es parecida a la alternativa, pero diferente.
Se trata de una obligación en la que al vencer deberá el deudor cumplir con una prestación, pero que podrá librarse de ésta realizando otra distinta prevista (facultad que se conoce como facultas solutioni). Tal facultad se ejerce en el momento del cumplimiento obligacional, y no antes.
 
 Es muy importante destacar que el objeto de la obligación no es la obligación facultativa, sino la principal; por lo que en caso de que si por caso fortuito o fuerza mayor se hace imposible cumplir la obligación principal, queda extinguida la obligación, y el acreedor no puede exigir el cumplimiento de la obligación facultativa.
E. La prestación pecuniaria y la deuda de intereses. A pesar de haber estudiado ya las obligaciones genéricas, nos detenemos especialmente en las prestaciones pecuniarias, por ser estas las más habituales y tener unos ciertos rasgos. La prestación pecuniaria es una obligación de dar, y lo que se entrega es una suma de dinero, de curso legal. Los caracteres de la prestación pecuniaria son: 1. El ser una obligación de dar.
2. El ser una prestación de carácter genérico, pues no hay nada más genérico que el dinero y de hecho es el único bien genérico que sirve para intercambiar cualquier prestación, para valorar las cosas.
3. El ser una prestación nominalista. El nominalismo se contrapone al valorismo en tanto que se tiene en cuenta la prestación por su importe, por su cantidad, y no por su valor.
Por ejemplo, si decimos 100€€, serán 100€€, no el valor real de esos 100€€ en un momento del tiempo. Si alguien es deudor de una cantidad de dinero, por el principio nominalista lo que debe ser entregado es esa misma cantidad de dinero, al margen de los cambios de valor que pueda haber sufrido (v. arts. 1.170, 1.755 y 1.756 CC). Es por ello que es habitual que las partes pacten una corrección del valor, por lo que se pactan intereses de los que nacen la deuda de intereses.
 La deuda de intereses, desde el punto de vista económico, tiene una doble finalidad: a) La Justicia, que permite corregir el nominalismo, pues gracias a ellos se protege al acreedor frente a los cambios de valor que tenga el dinero.
b) La mera intención de obtener beneficios, por parte del acreedor, de modo que los intereses se conciben como el precio del dinero. Por ello es la contraprestación, que obliga al deudor a abonar los intereses.
Los préstamos con intereses son onerosos, mas si no los tienen serán gratuitos, y en todo caso deberán ser pactados (1.755 CC “No se deberán intereses sino cuando expresamente se hubieran pactado.”).
— 72 — Sergio Gomollón Derecho Civil II 2014-2015 Distinguimos entre dos clases de intereses: las partes pueden pactar, y así es frecuente, ambos a la vez: a) El interés remuneratorio o retributivo, que es el que constituye el precio del dinero. Es frecuente referenciarlos con arreglo a un tipo de interés, siendo éste un porcentaje que se aplica sobre el principal. El porcentaje puede ser determinado o determinable (art. 1.273 CC). Este interés tiene dos caracteres básicos: a) Su accesoriedad, pues la deuda de intereses es accesoria, lo que supone que existen porque hay un importe principal.
b) El ser frutos civiles, pues son rendimientos económicos normales que da una cosa.
Para que los intereses remuneratorios generen más intereses, lo que denominamos anatocismo, así deberán expresamente haberlo previsto las partes, se considere como una capitalización de intereses o manteniéndose éstos como intereses.
b) El interés moratorio o interés de demora. Se trata de un interés que tan sólo deberá pagarse si no cumple con su obligación el prestatario. La finalidad de éstos intereses así como su naturaleza es evidentemente muy diferente: pues éste es de carácter indemnizatorio o puede también considerarse como una sanción por un incumplimiento contractual. Sus caracteres son pues: a) La eventualidad: pues es incierto si se van a devengar o no.
b) El ser una cláusula penal (ver infra Lección X); por lo que suelen tener un tipo más elevado que el interés remuneratorio.
c) La accesoriedad, pues se calcula sobre un principal, y en este caso también en todo caso sobre los intereses retributivos que no se hayan pagado.
d) No son frutos civiles, pues no son rendimientos normales de las cosas, destaca su carácter extraordinario frente al interés remuneratorio.
A falta de pacto, los intereses de demora serán los intereses legales (art. 1.108) por lo que pueden tener un origen ex lege (en este caso) o ex contractu (si se han pactado expresamente en el contrato de préstamo).
F. Límites a los intereses retributivos. Los intereses retributivos, al ser el precio del dinero, es aquél que de sus libres y espontáneas voluntades acuerdan las partes, por lo que puede determinarse libremente. No obstante, la ley de usura vigente de 23 de Julio de 1908 (conocida como Ley de Azcárate, del Ministro Gumersindo de Azcárate de aquél entonces), protege a los prestatarios, o eso pretende, frente a los prestamistas que pretendan tener créditos usurarios.
Se prohíben pues: — 73 — Sergio Gomollón Derecho Civil II 2014-2015 a) Los préstamos usureros, que son aquellos en los que el interés remuneratorio es superior al normal, que no al legal, del dinero. El juez es libre para decidir si el préstamo es usurario el contrato será nulo y deberá devolverse toda la deuda (art. 1.303 CC).
b) Los préstamos leoninos, que son aquellos aceptados por el prestatario en circunstancias angustiosas.
c) Los préstamos falsificados, que es la exigencia, a través de cualquier medio o procedimiento, de intereses no pactados contra el art. 1.755 CC.
G. Límites a los intereses de demora. El único límite que existe a los intereses de demora se activa si se lleva por el expediente de una Cláusula abusiva (según la ley de consumidores y usuarios refundida en 2007), en tal caso, sólo puede solicitarla un consumidor en un contrato de adhesión.
No deben aplicarse los límites de los intereses retributivos a los de demora, ni viceversa.
Además, a efectos de prescripción, las prestaciones de intereses no necesariamente tienen el mismo plazo de prescripción que el principal: a) La deuda prescribe a los 10 años en Cataluña y a los 15 según el derecho común.
b) El interés remuneratorio prescribe a los 5 años en derecho común y a los 3 en catalán.
c) Los intereses moratorios se discute cuál es su plazo de prescripción, pues al ser una cláusula penal, hay sentencias que los equiparen a los remuneratorios y otras que no, por lo que podrían ser 5 o 15 años.
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