Principios generales del Derecho Urbanístico (0)

Apunte Español
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Derecho - 3º curso
Asignatura Bienes Públicos y Urbanismo
Año del apunte 0
Páginas 9
Fecha de subida 05/06/2014
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TEMA 2. PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO URBANÍSTICO I.
ALCANCE Y CONTENIDO DE LOS PRINCIPIOS GENERALES DE DERECHO URBANÍSTICO Los principios generales del derecho son aquellas reglas básicas de un OJ que exceden de la aplicación e interpretación de una concreta norma o precepto para informar la globalidad del OJ. Algunas de las características son las siguientes: - Son de directa aplicación - Son informadores del OJ territorial y medioambiental. Inspiran y presiden ordenación normativa, planeamiento, gestión, uso del suelo, edificación y la disciplina urbanística - Son de aplicación imperativa para AP y administrados, es decir, son de obligado cumplimiento para ambos - Son exigibles ante la jurisdicción - Constituyen un límite a la actividad discrecional de la AP Algunos son específicos del urbanismo, y otros importados del DA. Constituyen un límite al legislador urbanístico para redactas las leyes y los planes, como también lo son para la AP urbanística que aplica las normas. Más que constituir una obligación para el administrado, es la AP quien los debe respetar. Es más un mandato al legislador y a la AP urbanística que al particular.
Hay algunos de estos principios que están positivizados, es decir, que están incluidos en normas -CE o EAC > mayor rango- o -Ley estatal y/o Ley catalana-. Por el contrario, hay otros principios que no están positivizados, es decir, que no se encuentran en ninguna norma urbanística pero que también son de obligado cumplimiento y los aplican los Tribunales. Por ejemplo, el principio de racionalidad y coherencia.
II.
EL URBANISMO COMO FUNCIÓN PÚBLICA El urbanismo es una función pública mediante la cual las AP competentes configuran el modelo urbanístico de la ciudad y lo desarrollan, con la participación de los propietarios y el resto de operadores públicos y privados. Es una función que se atribuye a las A competentes para desarrollar la ciudad y ordenar el territorio.
La actividad urbanística comprende: - La asignación de competencias - La definición de políticas de suelo y vivienda y los instrumentos para ponerlas en práctica - El régimen urbanístico del suelo. Esto implica dividir el suelo en 3 tipos: urbano, urbanizable y no urbanizable - El planeamiento urbanístico - La gestión y la ejecución urbanística - El fomento e intervención en uso suelo y edificaciones - La protección y restauración de la legalidad urbanística - Formación y gestión del patrimonio público del sueño Por un lado, toda la función pública está orientada a la satisfacción del interés general – no hay actuación en materia de urbanismos que no deba estar presidida por el interés general-, con independencia de que la iniciativa de la actividad se lleve a cabo por la AP o por los particulares, o conjuntamente. El art. 3 del TRLS estatal establece que la potestad de ordenación no es susceptible de transacción ni puede vincular un planeamiento futuro. De igual manera, el art. 11 y siguientes del TRLU de Cataluña prohíbe las dispensaciones singulares (prohíbe que en el planeamiento se establezca que si es propiedad de una persona tendrá una clasificación o calificación distinta. Lo que pone en el plan se aplica a todos, con independencia de quien sea el propietario).
Por otro lado, el urbanismo -como función pública - persigue la aplicación de reglas de Derecho Administrativo que sirven para controlar la actuación de las AP y para reducir la discrecionalidad del poder. Es decir, la concurrencia de este interés general como función pública, se debe motivar/justificar, sujeto a los controles de los Tribunales, todo ello para reducir la discrecionalidad de la AP, para que las disposiciones del planeamiento no sean arbitrarias.
III.
LA REMISIÓN AL PLAN: EL PLANEAMIENTO COMO DEFINIDOR DEL DERECHO DE PROPIEDAD Y COMO INSTRUMENTO DE ORDENACIÓN DE LA CIUDAD Y USO DEL TERRITORIO Los suelos se clasifican – en suelo urbano, suelo urbanizable y suelo no urbanizable (rústico) – y se califican, que son los distintos usos que decide el Ayuntamiento. Las clasificaciones en el plano tienen un mínimo asignado. Estos números son los que definen realmente el derecho de propiedad del suelo, son los que están diciendo qué puede hacer el propietario con el suelo.
Los equipamientos son dotaciones públicas (ejemplo, templos religiosos, universidades, entre otros). Es el planeamiento el que define el derecho de propiedad y ordena la ciudad y el uso del territorio.
El planeamiento (plan general o conjunto de planes urbanísticos) define el derecho de propiedad y ordena la ciudad y el uso del territorio. Como la ley no puede regular estas cosas, remite al plan. El contenido del derecho de propiedad de una persona depende de lo que dice el plan. El art. 5 del DL 1/2010 - relativo al ejercicio del derecho de propiedad- establece que en el marco de la legislación aplicable en materia de suelo, el ejercicio de las facultades urbanísticas del derecho de propiedad se debe sujetar al principio de la función social de este derecho, dentro de los límites impuestos por la legislación y el planeamiento urbanístico, y cumpliendo los deberes fijados por estos.
Por esta función social del derecho de propiedad, la ley urbanística fija unos estándares mínimos: el planeamiento es el que lo acaba de concretar, estando vinculados a lo que dice la norma.
El art. 3 del TR de la Ley del Suelo estatal establece que la ordenación territorial y urbanística organiza y define el uso del territorio y del suelo de acuerdo con el interés general.
La legislación estatal nos habla de interés general, y la legislación catalana nos habla de función social: es lo mismo, el derecho de propiedad está orientado a estas cosas. En consecuencia, todos los suelos se clasifican en suelo urbano, suelo urbanizable y suelo no urbanizable, y se califican atendiendo al uso y destino que el planeamiento considera necesarios para satisfacer el interés general.
La función social incluye un derecho a edificar. El derecho a edificar no forma parte del derecho de propiedad. Es decir, no por el hecho de ser propietario y tener un terreno calificado de una determinada manera se podrá edificar. Sino que se adquiere como última fase del proceso urbanístico.
IV.
LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EN LAS PLUSVALÍAS GENERADAS POR LA ACTUACIÓN URBANÍSTICA La función social del derecho de propiedad impone que la sociedad participe también del beneficio que, en teoría, obtiene el particular del proceso urbanizador (transformación del suelo). La transformación de un suelo urbanizable (que no tenía servicio urbanístico) en un suelo urbano (con todos los servicios urbanísticos) es lo que implica el proceso urbanizador.
Como consecuencia de haber completado el proceso de urbanización se adquiere el derecho a edificar, por ello, no forma parte del derecho de propiedad, sino que es la culminación de hacer realizado todas las tareas del proceso de urbanización.
Todo ello se recoge en el art. 4 DL que establece que la participación de la comunidad en las plusvalías generadas por la actuación urbanística de los entes públicos y de los particulares se produce en los términos que la ley y la legislación aplicable en materia de suelo establezca. Es decir, este art. lo legitima.
La Comunidad participa en la plusvalía. Es decir, como el terreno adquiere mayor valor como consecuencia de que el planificador – AP – permite que se urbanicen los terrenos, el propietario deberá pagar.
Hay varios mecanismos de participación: 1. IMPUESTOS. A través de los impuestos (IRPF, IS, ITP se encargan, a través de distintas figuras impositivas, de extraer parte de los beneficios que se obtienen en todas las transacciones que se realicen).
2. CESIONES GRATUITAS DEL SUELO. El propietario del suelo que se transforma debe ceder gratuitamente al Ayuntamiento los viales, zonas verdes y terrenos para equipamientos.
Es una forma de participación en la plusvalía.
3. CESIONES DE APROVECHAMIENTO MEDIO. se deberá ceder a la AP un % - del 10 al 20 dependiendo de la CCAA- del aprovechamiento. Es decir, al Ayuntamiento, además, se debe dar las parcelas que correspondan, donde éste tendrá el mismo aprovechamiento urbanístico que el particular.
4. OBLIGACIÓN DE URBANIZAR DEL PROPIETARIO. El propietario está obligado a urbanizar, a pagar todos los costes de urbanización. A la AP ya se entregan, por ejemplo, las calles hechas y el césped plantado. La justificación radica en el beneficio que obtiene el propietario y del cual la comunidad participa. Al final, la realidad es que no todos los propietarios tienen capacidad y conocimiento para llevar a cabo esto, y serán los profesionales – las promotoras- quienes lo realizarán.
Este tipo de contribución a la comunidad – el tipo de plusvalía que se genera- varía si nos hallamos ante un suelo urbano consolidado, un suelo urbano no consolidado o un suelo urbanizable. En el suelo urbano consolidado, en principio, no hay participación de la comunidad en las plusvalías. En los únicos suelos que hay esta participación es en el suelo urbano no consolidado y en el suelo urbanizable. Este principio alcanza su máxima expresión en los suelos urbanizables – en los que hay un proceso, una transformación-.
V.
EL REPARTO EQUITATIVO ENTRE BENEFICIOS Y CARGAS La lotería del planeamiento atribuye usos distintos a cada terreno, y en fase de gestión urbanística se corrige esta lotería de planeamiento con la aplicación del principio de reparto equitativo entre beneficios y cargas. Viene recogido en el art. 7 del DL que establece que se reconoce y se garantiza, en el seno de cada uno de los ámbitos de actuación urbanística, el principio del reparto equitativo entre todas las personas propietarias afectadas, en proporción a sus aportaciones, de los beneficios y las cargas derivados del planeamiento urbanístico.
Una vez se establece que el suelo es urbanizable, se tramita un plan parcial que fija como va a quedar finalmente. En el caso de que aparezca más de un propietario del terreno urbanizable, el principio de justo reparto de beneficios y cargas exige que las desigualdades se corrijan mediante la agrupación de todo, entre todos se hace como si fueran un propietario único. Lo que sobre, se reparte proporcionalmente, de tal manera que un propietario no deberá soportar solo la cesión, sino que la soportan todos los propietarios proporcionalmente.
Por lo tanto, en virtud de este principio, cada propietario, proporcionalmente, contribuye a las cesiones urbanísticas gratuitas, a la cesión del aprovechamiento medio y a los costes de urbanización. Así, proporcionalmente, obtiene el beneficio que le corresponde. Todos, al final, recibirán el beneficio que corresponda a los que inicialmente han aportado.
VI.
EL PRINCIPIO DE PARTICIPACIÓN Viene recogido en el art. 4.e) del TRLS estatal, que establece que todos los ciudadanos tienen derecho a participar efectivamente en procedimientos de elaboración y aprobación de cualquier plan, formular alegaciones, observaciones y propuestas y obtener respuesta motivada de ello. El art. 8 del DL 1/2010 catalán establece que se garantiza y se deben fomentar los derechos de iniciativa y formación y participación de la ciudadanía en los procesos urbanísticos de planeamiento y gestión.
Este principio tiene su razón de ser en que la ciudad es de los vecinos, y tienen derecho a opinar. Como ciudadanos hay un derecho a la exposición de opiniones. Este derecho de participación se manifiesta en la formación y elaboración de los planes, a través de referendos locales, asociaciones de vecinos y la acción pública en materia de urbanismo (se puede impugnar cualquier cuestión que tenga relación con el urbanismo).
El principio de participación se introduce por primera vez en la Ley de 1976, y alcanza su plenitud en los últimos tiempos en la legislación catalana y en la estatal más recientes.
El objetivo de este principio es de dotar el plan de un “plus” de legitimidad democrática. Por ello, se instauran los trámites de información al público, para que se formulen sugerencias y alegaciones. ¡! Entre el avance de planeamiento y la aprobación inicial se produce un trámite de información pública. Además, entre la aprobación inicial y la aprobación provisional se produce otro trámite de información al público, pero únicamente si desde la aprobación inicial se han producido modificaciones sustanciales del planeamiento.
AVANCE PLANEAMIENTO APROBACIÓN INICIAL APROBACIÓN PROVISIONAL APROBACIÓN DEFINITIVA VII.
PRINCIPIO DE PUBLICIDAD Ni hay participación sin publicidad. El art. 8 del DL hace referencia a la publicidad y participación. Se responde al principio general del derecho de transparencia en la actuación administrativa. Este principio tiene su manifestación: - En la publicación en el BO de la Provincia (BOP) y en el DOC (Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña) de los trámites de avance y aprobación inicial del planeamiento.
- La publicación de la aprobación definitiva con el texto íntegro con todas las normas (o redireccionado al enlace al Registro de planeamiento de la Generalitat).
- La publicación de los Convenios urbanísticos.
- La garantía del acceso telemático al contenido íntegro - El derecho a consultar los proyectos urbanísticos y su evaluación ambiental y a obtener copias.
El urbanismo, como función pública, no es posible sin una auténtica y eficaz publicidad. No se puede participar si no se tiene una información previa.
¡! El Registro General de planeamiento es el principal exponente del principio de publicidad.
Artículo 8 del DL catalán 1/2010 Los procesos urbanísticos de planeamiento y gestión, y el contenido de las figuras de planeamiento y de los instrumentos de gestión, incluidos los Convenios, están sometidos al principio de publicidad. TODO el mundo tiene derecho a obtener de los organismos de la AP competente los datos certificados que les permitan asumir obligaciones y ejercicio de la actividad urbanística. La ciudadanía tiene derecho a consultar y ser informada sobre el contenido de los instrumentos de planeamiento y gestión urbanístico: - En la información pública de los instrumentos de planeamiento urbanístico y es preciso que, juntamente con el plan, se exponga un documento comprensivo de una serie de extremos.
- Se debe garantizar el acceso telemática al contenido íntegro de los instrumentos de planeamiento urbanístico vigente.
- Se debe dar publicidad por medios telemáticos de la convocatoria de información pública en los procedimientos de planeamiento y gestión urbanísticos y de los acuerdos de aprobación que se adopten en la tramitación.
- El desarrollo por Reglamentos de las formas de consulta y divulgación de los instrumentos urbanísticos y los medios de acceso a la ciudadanía a estos instrumentos.
VIII.
EL DESARROLLO URBANÍSTICO SOSTENIBLE Este principio de desarrollo sostenible viene contemplado en el art. 3 del DL 1/2010. Está íntimamente vinculado con la protección del MA. Las normas urbanísticas deben garantizar la protección del MA y el crecimiento sostenible. Precisa una utilización racional del territorio y el MA. Conjuga las necesidades de crecimiento con la preservación de recursos naturales y valores paisajísticos, arqueológicos, históricos y culturales.
Tiene como objetivo garantizar la calidad de vida de generaciones presentes y futuras.
DESARROLLO URBANÍSTICO SOSTENIBLE = CRECIMIENTO No se debe confundir la protección al MA con el inmovilismo. Exige adaptar modelos de ocupación de suelo que eviten dispersión del territorio, favorezcan cohesión social, consideren la rehabilitación y renovación del suelo urbano, preservación y mejora del sistema de vida tradicional en áreas rurales y consolidación del modelo de territorio globalmente eficiente.
El concepto de urbanismo sostenible no es un concepto jurídico indeterminado, sino que tiene un contenido jurídico en la Ley, tiene un contenido reglado. Se manifiesta este principio mediante: 1- La Ley indica qué actividades pueden realizarse en suelo no urbanizable 2- Ideas relativas a movilidad sostenible. Es decir, el urbanismo debe tener en cuenta para incidir en el MA los desplazamientos, las conexiones, los transportes, entre otros.
es decir, detrás de cada plan debe haber un estudio de movilidad.
3- Prohibición de edificar en terrenos inundables 4- Exigencia de documentación, que sirve para justificar las necesidades de crecimiento y expansión urbanística 5- Medidas de cohesión Este principio, con carácter reglado, es también un límite para las potestades de la AP, pues ésta debe solicitar informes sectoriales, antes de adoptar cualquier decisión de crecimiento o expansión.
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