Tema 5. Normas con valor de Ley (2014)

Apunte Español
Universidad Universidad de Málaga
Grado Trabajo Social - 1º curso
Asignatura Derecho Administrativo
Año del apunte 2014
Páginas 7
Fecha de subida 03/01/2015
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TEMA 5 NORMAS DEL PODER EJECUTIVO CON VALOR DE LEY Por razones técnicas o excepcionales y sometido a especiales medidas de control por parte del Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo tiene la facultad de aprobar normas con valor de Ley.
Nuestro Ordenamiento Jurídico prevé dos tipos de normas del Poder Ejecutivo con valor de Ley: Los Decretos-Ley y los Decretos-Legislativos.
Ambas son normas que pueden aprobar tanto el Poder Ejecutivo de la Nación, es decir, el Gobierno de España, como los Consejos de Gobierno de las CCAA, como por ejemplo, el Consejo de Gobierno de la CA de Andalucía. Sin embargo, hay que señalar que mientras todas las CCAA han podido aprobar Decretos Legislativos desde el inicio de su existencia como tales, la aprobación de Decretos-ley es una competencia adquirida muy recientemente, en concreto, las CCAA pueden aprobar Decretos-Ley desde la última reforma de EEAA producida durante los años 2006, 2007 y 2008 además hay que señalar que no todas las CCAA tienen esta competencia, ya que varias CCAA no han modificado su EA. Entre las CCAA que sí tiene esta competencia está la CA de Andalucía, que ha modificado su EA mediante Ley Orgánica 2/2007.
1. DECRETOS-LEY En primer lugar vamos a estudiar la regulación de los Decretos-Ley aprobados por el Gobierno de la Nación y luego pasaremos a ver las especialidades de los Decreto-ley aprobados por el Consejo de Gobierno de la CA de Andalucía.
1.1 Decreto-Ley aprobados por el Gobierno A) Concepto Los Decretos-Ley son disposiciones legislativas provisionales que el Gobierno puede aprobar en caso de extraordinaria y urgente necesidad (art. 86.1 CE´78).
1 Su verdadero nombre es Real Decreto-ley, ya que son sancionados y promulgados por el Rey, como Jefe del Estado.
El valor de los Decretos-Ley es, como hemos dicho, el de ley y, por lo tanto, pueden modificar o derogar leyes y otras normas con valor de ley. En razón de este valor y para evitar que el Poder Legislativo sea suplantado por el Poder Ejecutivo en su misión de legislar, la CE´78 los regula imponiendo toda clase de cautelas y controles (art. 86 CE´78).
B) Condiciones o Requisitos de los Reales Decretos-Ley La CE´78 establece los siguientes requisitos para aprobar Decretos-Ley: 1) El presupuesto de hecho para que el Gobierno pueda aprobar Decretos-Ley es que se produzca un caso de extraordinaria y urgente necesidad que requiera ser regulado por Ley. Es decir, que el caso que tenga que ser regulado por Ley sea tan urgente y extraordinario que no pueda regularse por las CCGG ni aún por el procedimiento de urgencia.
2) Límite material: la aprobación de los Decretos-Leyes tiene también un límite material, pues como establece el propio art. 86 CE´78, el Gobierno no puede aprobar Decretos-Leyes que afecten: - Al Ordenamiento de las Instituciones básicas del Estado.
- A los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I CE´78, precisando el TC (SSTC 11/1983, 95/1985, 127/1994) que la prohibición se extiende a todos los derechos, deberes y libertades regulados en el Título I, y no sólo a los enumerados en la Sección 1ª del Capítulo II de dicho Título.
- Al régimen de las CCAA - Al derecho electoral general C) Controles Además los Decretos-Ley están sometidos a unos controles dirigidos a controlar la actividad del Gobierno: 2 1) Revisión parlamentaria: Una vez aprobado el Decreto-Ley por el Gobierno debe ser revisado por el Congreso de los Diputados (NO por el Senado) en el plazo de 30 días desde su promulgación. Si las Cortes Generales estuvieran disueltas, el Decreto-Ley será revisado por la Diputación Permanente del Congreso. El Congreso debe someter el texto del Decreto-Ley a debate y votación de totalidad, debiendo adoptar dentro de los 30 días siguientes a su promulgación uno de las siguientes decisiones: convalidación, derogación o tramitarlo como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia (art. 86.2 y 3 CE´78): a) Convalidaciones: es decir, el Congreso le da el visto bueno, pues considera que el Decreto-Ley hay sido aprobado por el Gobierno cumpliendo todos los requisitos: se trata de un caso de extraordinaria y urgente necesidad y no afecta a ninguna de las materias prohibidas por CE´78. La convalidación se publica en el BOE, a partir de este momento, el Decreto-Ley deja de ser una norma provisional y se convierte en definitiva, manteniendo su vigencia.
b) Derogación: el Congreso considera que el Gobierno se ha excedido: bien en el presupuesto de hecho o bien en el límite material y, por lo tanto, no le da el visto bueno. La derogación se publica en el BOE, a partir de este momento el Decreto-Ley pierde su vigencia y ya no se puede aplicar.
c) En caso de que en los 30 días el Decreto-Ley no sea convalidado, derogado o tramitado como ley: caduca, es decir, pierde sus efectos.
2) Control del Tribunal Constitucional (TC): al ser los Decretos-Ley normas con valor de ley, pueden ser objeto de un recurso de inconstitucionalidad. Es decir, podrá presentarse un recurso de inconstitucionalidad alegando que el Decreto-Ley se excede de los límites previstos: no hay extraordinaria y urgente necesidad o regula algunas de las materias prohibidas por el art. 86 CE´78. El TC tendrá que declarar mediante una Sentencia si el Decreto-Ley es o no constitucional. Este último control no es obligatorio, es potestativo.
1.2 Decretos-Ley aprobados por la Comunidad Autónoma de Andalucía 3 A) Concepto Como ya hemos dicho, hasta la reciente reforma de los Estatutos de Autonomía que ha tenido lugar en los años 2006, 2007 y 2008, las Comunidades Autónomas no podían aprobar Decretos-Ley, pero tras la reforma varias CCAA sí pueden aprobar dichas normas, entre ellas se encuentra la C.A. de Andalucía, pues según lo establece el art. 110 del Estatuto de Autonomía de Andalucía (EAA´07) “En caso de extraordinaria y urgente necesidad el Consejo de Gobierno podrá dictar medidas legislativas provisionales en forma de decretos-leyes, que no podrán afectar a derechos establecidos en este Estatuto, al régimen electoral general, ni a las instituciones de la Junta de Andalucía. No podrán aprobarse por decreto-ley los presupuestos de Andalucía”.
Se denomina Decreto-Ley porque no son sancionados ni promulgados por el Rey.
B) Condiciones o Requisitos de los Decretos-Ley de la CA Andalucía Siguiendo el modelo de la CE´78, EL EEA´07 establece una serie de condiciones o requisitos para aprobar Decreto-ley con la finalidad de evitar que el Ejecutivo suplante al Parlamento en su poder de legislar: 1) El presupuesto imprescindible para que se puedan aprobar Decreto-ley, es que exista un supuesto de extraordinaria y urgente necesidad que tenga que ser regulada por ley. Como vemos el supuesto es idéntico al regulado en la CE´78 para los Decretos-ley aprobados por el Gobierno.
2) Límite material: La aprobación de los Decreto-ley tienen también un límite material, pues como establece el art. 110 EEA´07 hay una serie de materias sobre las que en ningún caso se puede aprobar Decretos-ley: - Los derechos establecidos en el Estatuto.
- El régimen electoral - Las Instituciones de la Junta de Andalucía - La aprobación de los Presupuestos de la Comunidad 4 C) Controles del Decreto-Ley aprobado por el Consejo de Gobierno de la C.A. de Andalucía El procedimiento de control es exactamente el mismo que el de los Reales DecretosLey aprobado en el Gobierno de la Nación: 1) Revisión: El Parlamento Andaluz debe de someter el Decreto Ley a debate y votación en el plazo de 30 días y adoptar una de las siguientes decisiones: Convalidar, derogar o tramitar como proyectos de ley urgente.
2) Recurso de Inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional: que como sabemos es un control voluntario.
2. DECRETOS-LEGISLATIVOS: CONCEPTO, CLASES, LÍMITES, EFECTOS, CONTROL DE LOS DECRETOS-LEGISLATIVOS.
2.1 Concepto Los Decretos-Legislativos son también normas del Poder Ejecutivo con valor de ley, pero lejos de producirse en supuestos excepcionales, son fruto de la colaboración entre el Parlamento y el Gobierno. Se elaboran siempre sobre la base de una previa ley de delegación del Parlamento en el Gobierno y suelen aprobarse en materias que exigen una legislación compleja (por ejemplo, la Seguridad Social) que exige unos medios técnicos y de estudio que el Gobierno dispone y de los que carece el Parlamento.
Los Decretos-Legislativos pueden ser aprobados tanto por el Gobierno de la Nación como por los Consejos de Gobierno de las CCAA (arts. 82 y 83 CE´78 y art. 109 EEA´07). En el primer caso se llaman Reales Decretos-Legislativos pues los sanciona y promulga el Rey; en el segundo se llaman Decretos-Legislativos.
2.2 Clases: Existen dos modalidades de Decretos-Legislativos que se expresan en dos binomios: LEY DE DELEGACIÓN DEL PARLAMENTO → DECRETO- LEGISLATIVO 1) LEY DE BASES -----------------------------------------------→ TEXTO ARTICULADO 5 2) LEY DE CLAUSULAS GENERALES REFUNDICIÓN → TEXTO REFUNDIDO A) Primer binomio: Ley de Bases→Texto Articulado: En este caso el Parlamento fija los principios generales de la regulación de una materia (Ley de Bases), que han de ser desarrolladas por el Ejecutivo en un Texto Articulado. La Ley de Bases carece de fuerza para obligar a los ciudadanos pues su destinatario es el Gobierno y no contiene artículos sino bases (base primera, base segunda, etc.) que han de ser desarrolladas en el Texto Articulado.
B) Segundo binomio: Ley de Cláusulas Generales de Refundición→Texto Refundido: Este tipo de Decreto-Legislativo se produce cuando una materia ha sido objeto de reformas parciales por parte de varias leyes, llegando el momento en que resulta dificultoso su aplicación por parte de los ciudadanos y operadores jurídicos. En este caso el Parlamento mediante una Ley de Cláusulas Generales de Refundición autoriza al ejecutivo para aclarar, armonizar y refundir la legislación vigente en un solo texto homogéneo y técnicamente correcto: el Texto Refundido. Este Texto Refundido una vez aprobado y publicado derogará a todas las normas que refunde.
2.3 Límites de la Delegación: En cuanto a los requisitos de la delegación, los arts.
82 y 83 CE´78 y art. 109 EEA´07) establecen los siguientes: 1) La delegación del Parlamento la recibirá el Gobierno (o en su caso Consejo de Gobierno de CCAA), no admitiéndose la subdelegación.
2) La delegación debe ser expresa y para una materia concreta y específica.
No son admisibles delegaciones en blanco.
3) Debe tramitarse en un plazo determinado, de forma que, si no se cumple, la delegación caduca.
4) El Gobierno para la elaboración y aprobación del Decreto-Legislativo debe seguir el procedimiento establecido para la aprobación de los Decretos.
5) Límites materiales: La delegación puede comprender cualquier materia que el Parlamento determine salvo:  Reales Decretos-legislativos aprobados por el Gobierno de la Nación: las que deben ser objeto de regulación mediante ley 6 orgánica, es decir, los Reales Decretos legislativos nunca podrán regular materias reservadas a Ley Orgánica.
 Decretos-legislativos aprobados por el Consejo de Gobierno de la C.A. de Andalucía: las leyes de reforma del Estatuto de Autonomía, las leyes de presupuesto de la C.A., las leyes que requieran cualquier mayoría cualificada, las leyes relativas al desarrollo de los derechos y deberes regulados en el E.A. y otras leyes que así disponga este Estatuto.
2.4 Efectos de la Delegación: Nuestro Ordenamiento establece cuatro técnicas distintas destinadas a evitar excesos en la elaboración de los Decretos legislativos: 1) Dictamen previo del Consejo de Estado, como requisito previo para que sea aprobado el Decreto Legislativo por el Gobierno, en el caso de que el Decreto Legislativo lo apruebe una Comunidad Autónoma, el Dictamen lo emitirá su Consejo Consultivo.
2) Ratificación parlamentaria, prevista en el art. 82.6 CE´78, aunque habitualmente no se usa.
3) Fiscalización por el Tribunal contencioso-administrativo (art. 82.6 CE´78), si el Tribunal considera que el Decreto-Legislativo excede la autorización parlamentaria, es decir, la ley de delegación, el Decreto-Legislativo deja de tener valor de ley y se convierte en una mera norma reglamentaria.
4) Dado que los Decretos-Legislativos son normas con valor de Ley pueden ser objeto de fiscalización por el Tribunal Constitucional: que entrará a comprobar la constitucionalidad o no del Decreto Legislativo.
El primer control es obligatorio, los otros 3 potestativos.
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