Tema 17 - Hecho, acto y negocio jurídico. La autonomía privada de la voluntad. (2014)

Apunte Español
Universidad ESADE (URL)
Grado Derecho - 1º curso
Asignatura Derecho Civil I
Año del apunte 2014
Páginas 3
Fecha de subida 24/03/2015 (Actualizado: 24/04/2015)
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C u a r t a Pa r t e . E l n e g o c i o j u r í d i c o y l a representación.
Lección XVII. Hecho, acto y negocio jurídico. La autonomía de la voluntad.
El Hecho jurídico: concepto y clasificación: hecho, acto y negocio jurídico.
A. Hecho jurídico: concepto y clasificación. El concepto de hecho jurídico puede tener dos acepciones, una primera, de hecho jurídico lato sensu, se refiere a cualquier hecho que produzca efectos jurídicos, al margen de la naturaleza del mismo. Sin embargo, al hablar de hecho jurídico stricto sensu, nos referimos a aquellos hechos que producen efectos jurídicos sin emanar de la voluntad de ninguna persona, por ejemplo, un fallecimiento o un nacimiento; hechos meteorológicos que dieran lugar a derechos de cobrar indemnizaciones de seguros, etc.
! A tenor de lo dicho, pueden clasificarse los hechos jurídicos en función de si son voluntarios o involuntarios (hechos jurídicos en sentido estricto).
B. Acto jurídico y negocio jurídico. Los actos jurídicos son aquellos hechos jurídicos (lato sensu) fruto de la voluntad humana. Son aquellos hechos voluntarios, que producen efectos jurídicos.
Acto jurídico en sentido amplio, hace referencia a cualquiera de ellos, de los hechos voluntarios, y acto jurídico stricto sensu, es sólo aquél cuyos efectos no son voluntarios sino ex lege. Cuando los efectos producidos por un acto jurídico en sentido amplio son ex voluntate, hablamos entonces de un negocio jurídico. Los actos jurídicos pueden ser lícitos o ilícitos.
! Son así negocios jurídicos los actos jurídicos lícitos y voluntarios cuyos efectos pueden configurarse según sea la voluntad de las partes o del sujeto, si se trata de un negocio jurídico unilateral (como el testamento o el apoderamiento).
El negocio jurídico: concepto, estructura: voluntad negocial y declaración de voluntad.
A. Concepto. Un negocio jurídico es, según SANTORO-PASSARELLI el “acto de la voluntad autorizada por el ordenamiento para perseguir un fin propio”, y es por tanto la expresión por excelencia de la actividad humana en el ámbito jurídico, es el instrumento esencial de la autonomía privada de la voluntad. Sirve, por lo tanto, para que la persona pueda gobernar sus necesidades e intereses creando relaciones jurídicas de forma libre. Otros lo ven como un mecanismo para permitir a los particulares crear normas jurídicas (que evidentemente solo son eficaces inter partes.
! B. Estructura: voluntad negocial y declaración de voluntad. Los elementos del negocio jurídico son la voluntad negocial y la declaración de voluntad. La esencia del negocio jurídico es la voluntad de aquél que lo ha creado, pero no puede limitarse a una voluntad interna, debe ser una ! voluntad manifestada y que actúe. En ocasiones, no basta con la voluntad del sujeto para que el negocio produzca efectos, sino que se requiere que acaezca un hecho jurídico, por ejemplo, para que produzca efectos el testamento debe fallecer el sujeto que haya otorgado testamento, o declarársele fallecido. La declaración de voluntad es fundamental para dar a conocer lo querido, pues la mera voluntad interna de aquél que celebre un negocio jurídico no basta para que produzca efectos, debe manifestarse y exteriorizarse, además, una vez hecha la declaración de voluntad, esta vincula al que la hizo, aunque cambie su voluntad interna.
Clasificación de los negocios jurídicos.
A. Según el número de partes. Según el número de partes los negocios jurídicos pueden ser unilaterales (una sola, como el apoderamiento o el testamento); bilaterales, si son entre dos partes, como por ejemplo el contrato; y multilaterales, si hay más de dos partes y voluntades que configuran el negocio, como la constitución de una asociación, o un convenio colectivo.
! B. Según el instante a partir del cual producen efectos. Pueden ser inter vivos si producen efectos entre personas vivas o mortis causa, si producen efectos tras la muerte del sujeto.
! C. Según la clase de relaciones jurídicas reguladas. Pueden ser negocios familiares (como el matrimonio) o patrimoniales (todos aquellos que inciden en el patrimonio). Los patrimoniales pueden ser negocios de administración (no ponen en riesgo el patrimonio, tienen por objeto la gestión y conservación del patrimonio) o de disposición (suponen una modificación sustancial del patrimonio, como una hipoteca, compraventa, etc., incluso arrendamiento de más de 6 años. Requieren plena capacidad de obrar para llevarse a cabo).
! D. Según la causa. Son, los negocios patrimoniales, onerosos (si hay contraprestaciones), gratuitos (si no las hay). Pueden ser neutros (por ejemplo un préstamo de dinero, puede ser gratuito u oneroso en función de si se exige o no un interés). Los onerosos pueden ser conmutativos (si las prestaciones están determinadas desde el principio por los negociantes) o aleatorios (si la prestación de uno o ambos depende de un hecho jurídico que no depende de ellas).
! E. Según la solemnidad. Son negocios solemnes o formales aquellos en los que la ley establece unas condiciones de forma para la validez de los mismos (como la donación a título gratuito de un bien inmueble) y son aformales o no solemnes aquellos en los que rige la libertad de forma.
La autonomía privada de la voluntad.
A. Concepto. Dice DÍEZ-PICAZO que la autonomía privada es “el poder conferido por el ordenamiento jurídico a la persona para que gobierne sus propios intereses o atienda a la satisfacción de sus necesidades”.
Constituye la posibilidad de dictarse a uno mismo normas para gobernar la esfera jurídica propia, para que cada individuo persiga sus fines y proteja sus intereses lícitos. El ordenamiento dota de libertad a las personas mediante la autonomía privada de la voluntad, para configurar sus relaciones jurídicas, y los cauces de exteriorización de la misma son el patrimonio (totalidad de poderes jurídicos del individuo), el derecho subjetivo (supra Lección XII) y el negocio jurídico.
Además, la autonomía privada de la voluntad es un principio general del Derecho privado, su anulación dice DÍEZ-PICAZO llevaría a la anulación de la persona y su conversión en un mero instrumento de la comunidad. En definitiva, el principio permite que las personas creen relaciones jurídicas a su arbitrio y según su voluntad, y establecer el régimen de dichas relaciones, con los límites que se verán en el apartado siguiente.
! La autonomía privada, implica, en resumen, libertad de decisión, libertad de regulación, y libertad de creación negocial.
B. Límites a la autonomía privada de la voluntad: el artículo 1.255 del Código civil. Tres son los límites de la autonomía privada de la voluntad, amén del artículo 1.255 del Código Civil: la ley, la moral y el orden público. Evidentemente, el ámbito de la autonomía privada de la voluntad es la ley dispositiva, pues las normas de carácter imperativo no podrán ser inaplicadas. Si bien en un principio se consagró el principio de la autonomía privada de la voluntad con el Estado liberal, en el que los poderes públicos actuaban de meros árbitros, el creciente intervencionismo actual ha ido limitando las posibilidades de actuación de la misma. En cualquier caso, dejando los juicios de valor al margen, conviene entender que la ley imperativa constituye el principal límite a la autonomía privada de la voluntad.
Los otros dos (la moral y el orden público), al no estar positivizados, dejan al arbitrio y juicio del Juez la idoneidad o no de los negocios jurídicos; son por lo tanto límites para completar la delimitación de la autonomía privada de la voluntad. La moral, evidentemente, no puede entenderse de acuerdo con una moral religiosa, puesto que no puede concebirse en términos absolutos, pero tampoco puede basarse en la moral subjetiva únicamente del sujeto en cuestión, por lo tanto, se entenderá la moral como la moral social imperante en el momento en el que hubiera que resolver el litigio. DE CASTRO dice que se trata de la moral exigible y exigida a las personas honestas.
El orden público, es otro concepto al que se alude en reiteradas ocasiones a lo largo del Código, discutido por la Doctrina. No obstante, el Tribunal Supremo lo define como el conjunto de principios jurídicos, públicos y privados, políticos, morales y económicos que son absolutamente obligatorios para la conservación del orden social de un pueblo en una época determinada.
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