LECCIÓN TERCERA. LA INDEPENDENCIA Y LA IMPARCIALIDAD COMO EJES DEL RÉGIMEN LEGAL DE LA JURISDICCIÓN (2014)

Apunte Español
Universidad Universidad de Girona (UdG)
Grado Criminología - 1º curso
Asignatura dret processal
Año del apunte 2014
Páginas 5
Fecha de subida 04/09/2014
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LECCIÓN TERCERA. LA INDEPENDENCIA Y LA IMPARCIALIDAD COMO EJES DEL RÉGIMEN LEGAL DE LA JURISDICCIÓN 1. La independencia Es la nota más característica de la potestad jurídica. Es el atributo que permite distinguir con más claridad el ius dicere de la Administración del que es propio de los órganos judiciales.
Art. 117.1 CE y art.1 LOPJ: “la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del Poder Judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos sólo al imperio de la ley” Independencia: “no sujeción” o “no sumisión”. La independencia propia de los órganos judiciales no es absoluta, sino que encuentra su límite en la Ley. La independencia significa sumisión exclusivamente al Derecho.
Más en concreto, independencia significa: a) Sumisión exclusiva al Derecho. Sumisión al ordenamiento jurídico significa sumisión a su producto propio: la Ley. El deber de sumisión a la Ley se circunscribe a aquella que no contradiga la Constitución sino se puede acudir a la cuestión de inconstitucionalidad (art. 163 CE).
Con respecto a los reglamentos, los tribunales sólo quedan vinculados a ellos si se trata de reglamentos que no contradigan la Ley.
b) No sumisión a otros Tribunales. No existen tribunales superiores (en sentido de una jerarquía órganos). Dirigir órdenes o presiones de cualquier clase a otro órgano judicial está tipificado como falta grave. La potestad de cada órgano judicial para resolver como estime ajustado a Derecho queda siempre garantizada.
c) La ausencia de jerarquía se refiera al ejercicio de la función jurisdiccional.
d) No sumisión a ninguna entidad. Nadie, ninguna entidad o persona, puede inmiscuirse en la tarea de los órganos judiciales.
2. La imparcialidad de los órganos judiciales y su estrecha relación con la independencia Imparcialidad significa que deben dictar sus resoluciones y ejercer la potestad jurisdiccional atendiendo únicamente a la legalidad, sin favorecer ni perjudicar a ninguno de los sujetos procesales por razones ajenas a la propia legalidad.
Independencia significa no vinculación, es decir, no sumisión o subordinación a nada ni a nadie que no sea el ordenamiento jurídico.
Imparcialidad hace referencia al distanciamiento o ausencia de implicación del juzgador respecto del asunto.
Independencia e imparcialidad son nociones que aparecen implicadas e imprescindiblemente interrelacionadas.
La independencia es una garantía, y es la más importante de la imparcialidad. La imparcialidad es el objetivo final que el legislador pretende alcanzar dotando a los tribunales de una potestad que se ejerce con absoluta desvinculación respecto de cualquier autoridad pública o privada.
En el caso de la jurisdicción, la independencia debe ser absoluta, con el fin de asegurar al máximo la imparcialidad.
3. Garantías constitucionales de la independencia e imparcialidad de los tribunales.
La principal preocupación es garantizar la independencia y la imparcialidad de los Tribunales. Este objetivo trata de conseguirse mediante las siguientes garantías: I.
LA INAMOVILIDAD Inamovilidad de los Jueces y Magistrados significa no remoción del lugar que ocupan a no ser que concurran causas legalmente tasadas. La inamovilidad tiene grados diferentes, dependiendo de que se trate o no de juzgadores que pertenezcan a la carrera judicial.
II.
LA PREDETERMINACIÓN LEGAL DE LOS JUZGADORES (art. 24.2 CE) Al tratarse de un derecho fundamental. Su vulneración puede dar lugar al recurso de amparo ante el TC una vez agotada la vía judicial sin éxito. La predeterminación legal del Juez es también una garantía dirigida a proteger la independencia y la imparcialidad de los Tribunales y un principio o máxima que ha de informar el régimen de la jurisdicción.
La predeterminación legal del juez incluye los siguientes aspectos: a) Predeterminación del órgano judicial. Prohibición de Tribunales de excepción.
Necesidad de que el órgano judicial que deba conocer del caso haya sido creado por ley con anterioridad a la producción de los hechos que motivan el proceso. La creación de órganos judiciales sólo puede tener lugar mediante ley (LOPJ). Establecimiento de tipos o clases de órgano judiciales.
Prohibición de Tribunales de excepción Tribunales creados ex post y ad hoc, la creación de Tribunales para conocer de los hechos una vez acontecidos estos.
b) Predeterminación legal de la demarcación y planta de los órganos judiciales. (PÁG. 48 MANUAL) c) Predeterminación de la composición personal del órgano judicial.
d) Predeterminación de la competencia y de los criterios de reparto.
III.
INCOMPATIBLIDADES El establecimiento de un sistema de incompatibilidades es una garantía que trata de proteger la imparcialidad de los Jueces y Magistrados. Se trata de impedir ciertas concurrencias o simultaneidades que pueden perjudicar la necesaria neutralidad de los jurisdicentes.
IV.
APOLITICIDAD Deben tener como finalidades la defensa de los intereses profesionales de sus miembros en todos los aspectos y la realización de actividades dirigidas al servicio de la Justicia en general. No pueden estará filiados a ningún partido político.
V.
GARANTÍAS RELACIONADAS CON EL ACCESO A LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL, LA PROVISIÓN DE PLAZAS Y LA PROGRESIÓN DENTRO DE LA CARRERA JUDICIAL El régimen de acceso a la jurisdicción procura seguir ciertos objetivos (oposición pública o concurso-oposición) y que se lleve a cabo por tribunales o comisiones no dependientes del Poder Ejecutivo. Lo mismo sucede con provisión de plazas y a la progresión dentro de la carrera judicial.
VI.
GOBIERNO AUTÓNOMO DE LOS ÓRGANOS JUDICIALES Conferir el Gobierno de los Tribunales a órganos situados fuera del Poder Ejecutivo. Se refiere a los aspectos administrativos o gubernativos del funcionamiento de los Tribunales, nunca al ejercicio de la función jurisdiccional, donde la autonomía y la independencia de los Tribunales es absoluta.
VII.
GARANTÍA FORMAL DE LA INDEPENDENCIA Consiste en la reserva de ley, precisamente de ley orgánica, para regular las principales cuestiones relativas a los Tribunales.
VIII.
ABSTENCIÓN Y RECUSACIÓN Son instituciones que persiguen alejar de la causa a un juzgador inmerso en ciertas circunstancias, referentes a su relación con las partes o con la materia objeto del proceso, que hacen temer de manera fundada un deterioro de su imparcialidad. Las causas de recusación están legalmente tasadas.
La abstención es el mismo juzgador quien se aparta de la causa. Respecto la recusación son las partes las que instan la remoción, sobre la que resolverá el órgano judicial previsto por la Ley en cada caso.
IX.
INMUNIDAD Proteger a los Jueces y Magistrados frente a detenciones arbitrarias dirigidas a perturbar el ejercicio de su función, así como de evitarles haber de comparecer ante autoridades administrativas o militares.
X.
INDEPENDENCIA ECONÓMICA El Estado garantizará la independencia económica de los Jueces y Magistrados mediante una retribución adecuada a la dignidad de la función jurisdiccional.
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