Práctica Obligaciones Extracontractuales (2014)

Apunte Español
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Derecho - 4º curso
Asignatura Derecho Internacional Privado
Año del apunte 2014
Páginas 7
Fecha de subida 09/11/2014
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DICTAMEN JURÍDICO Que emite xxxxxxxxx, estudiante de la Universidad de Barcelona, a instancia de la mercantil POIS DU GARONNE, S.L, en adelante la mercantil, con domicilio en la calle x, nº x, de Fos (Francia).
OBJETO DEL DICTAMEN El presente dictamen versa sobre el estudio del Derecho Internacional Privado español, a fin de determinar la competencia judicial internacional, la ley aplicable y la práctica de la prueba respecto al interrogatorio del trabajador, de acuerdo con las características de la situación planteada..
CONSIDERACIONES Primero.- Nos encontramos ante una situación privada internacional que presenta elementos extranjeros que trascienden al ordenamiento jurídico español, en la medida que existe ‘intersección’ de más de un ordenamiento estatal.
Segundo.-Respecto a la competencia judicial internacional, cabe examinar detenidamente: 1º Reglamento(CE) nº 44/2001 del Consejo de 22 de diciembre de 2001, relativo a la competencia judicial internacional, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, denominado “Bruselas I”; 2º Art. 22 Ley Orgánica del Poder Judicial.
Centrándome por el momento en Bruselas I puesto que se debe analizar antes el derecho institucional y, en caso de no dar repuesta proceder al examen de la LOPJ, y examinando los distintos ámbitos del Reglamento, afirmo que, en primer lugar, el caso planteado queda sumergido bajo el ámbito de su aplicación espacial, ya que España es un Estado Miembro de la UE y todos los tribunales y autoridades de dicho territorio están obligados a aplicar el reglamento.
En segundo lugar, en referencia al ámbito de aplicación temporal, el Reg. Bruselas I entró vigor el 1 de marzo de 2002, por lo que nos encontramos ante una temporalidad incluida.
Por otro lado respecto al ámbito de aplicación material, al encontrarnos ante un litigio internacional cuyo objeto principal es una materia cubierta por el Reglamento, en tanto que este va destinado a las materias civiles y mercantiles, y al no hallarnos ante ningún supuesto de las exclusiones explicitas que dispone el art.1 R44/2001, afirmo que el caso de materia extracontractual queda sumergido también bajo este ámbito material.
Cabe añadir que el concepto de <materia civil y mercantil> no está definido 1 materialmente en el propio reglamento. Sin embargo el TJCE, aunque nunca ha proporcionado una definición general, si a establecido nos hallamos ante un concepto autónomo del Reglamento (STJCE 15 febrero 2007, Lechouritou).
En cuarto lugar, y antes de proceder hablar del ámbito personal, cabe añadir que respecto al domicilio de las sociedades en disputa debemos acudir al artículo 60 de Bruselas I a fin de determinar que se entiende por lugar de domicilio. Se presume que la sociedad demandante tiene su domicilio en Fos (Francia), que MB lo tiene en Barcelona, que Verdures Noves, S.L está domiciliada en en Bossòst (Val d’Aran) y que KT fabrico el abono en Texas.
Y, de vuelta al ámbito de aplicación personal, el R.44/2001 se aplica a todo litigio relativo a una relación jurídica que presenta una conexión con el mercado interior. Sin embargo, mientras que existe una aplicación integral y excluyente del Reglamento en los litigios intracomunitarios, es decir, aquellos en los que el demandado tiene su domicilio en un E.M (caso de Verdures Noves S.L o MB), para los litigios que son semicomunitarios la aplicación de Bruselas I es parcial y no excluyente (caso de la sociedad KT). Esta última aplicación se refiere a litigios donde en demandado no está domiciliado en un E.M pero existe otro tipo de conexión con la UE.
Tercero.- Por lo que respecta a si la mercantil puede presentar demanda contra Verdures Noves, S.L en España o en Francia se deben examinar los foros regulados en Bruselas I. Así, partiendo de que se carece de sumisión expresa (art.23 R.44/2001) y que la materia extracontractual que tratamos no queda afectada por los foros exclusivos del art.22 R.44/2001, se puede acudir al auxilio del foro general recogido en el art.2 R.44/2001, por el que son competentes los tribunales del E.M en el que se hallare domiciliado el demandado. A tenor de esto último se observa como resultarían competentes los tribunales españoles, en tanto que este foro contiene una regla de competencia judicial internacional que no de competencia territorial, en palabras de Javier Carrascosa González.
Asimismo, como vía alternativa a la anterior podemos acudir para fundamentar la competencia, al foro especial por razón de la materia recogido en el art. 5.3 R.44/2001, por el cual son competentes los tribunales del lugar donde <se hubiere producido o pudiere producirse el hecho dañoso>, foro que otorga una competencia territorial.
Cabe añadir el art.5.3 recoge un foro especial en materia delictual o cuasidelictual y que el TJCE ha señalado que es lo que esto implica: No se debe acudir a las definiciones del concepto de <materia delictual o cuasidelictual> de los E.M sino que el Alto Tribunal señala de manera amplia su definición (STJCE 19 setiembre 1995), en la cual encontramos que la responsabilidad extracontractual generada por un daño causado a un tercero, queda dentro del cuerpo del concepto.
En el mismo sentido, nos encontramos ante un caso de ilícitos a distancia, pues mientras que el hecho generador se produce en España, el daño se verifica en Francia. Y, 2 atendiendo a la jurisprudencia del TJCE, en los casos de ilícitos a distancia, el <lugar donde se hubiere producido el hecho dañoso> es tanto el lugar del E.M donde ha ocurrido el hecho causal, como el lugar del E.M en cuyo territorio se verifica el daño (STJCE 30 noviembre 1976, Mines de Potasse d’Alsace; STJCE 10 junio 2004, Kronhofer). En virtud de ello la mercantil demandante podría presentar su demanda tanto en España, ante los Juzgados de Vielha, como ante los tribunales franceses, encontrándose ante una optio fori. Ahora bien, es cierto que este análisis del foro de competencia presenta un alcance dispar, pues si se decide presentar la demanda con arreglo al foro del lugar del <hecho causal>, el tribunal competente puede conocer de la responsabilidad por los daños producidos en todo el mundo (STJCE 7 marzo 1995, Shevill), pero si por el contrario se demanda con arreglo al foro del lugar del <daño> el tribunal competente del litigio relativo a los daños producidos, lo es exclusivamente en dicho país.
Por último, decir que los tribunales españoles o los franceses podrían fundamentar su competencia bajo la figura de sumisión tácita cubierta en el art. 24 del Reglamento si compareciere el demandado Verduras Noves, S.L ante el tribunal en el que se presentare la demanda, siempre que tal comparecencia no tuviera por objeto impugnar dicha competencia.
Cuarto.-Para analizar si la mercantil puede demandar a MB y a KT en los foros que puede demandar a Verdures Noves, se deben examinar distintas situaciones.
En primer lugar, respecto a MB, y teniendo en cuenta que no existe sumisión expresa, se deben tener en cuenta los foros de vinculación procesal establecidos en el art. 6 R.44/2001, que permiten demandar a las personas domiciliadas en un E.M por razón de <conexidad>. Para el caso en cuestión me centro en el primer apartado de dicho artículo, donde queda sumergida la figura de litisconsorcio pasivo. Según el art. 6.1 cuando existen varios demandados se permite al demandante (la mercantil francesa) presentar demanda contra todos ellos en un mismo proceso y ante los tribunales del Estado miembro donde tenga su domicilio cualquiera de ellos (STJCE octubre 2007, Freeport). Dicho E.M podrá conocer de una acción en material delictual o cuasidelictual a pesar de que el daño no se haya verificado en el E.M al que pertenece el tribunal.
A tenor de todo lo anterior, Pois du garone, S.L podria demandar tanto ante los Juzgados de Barcelona (MB) como ante los Juzgados de Vielha (Verdures Noves, S.L).
Bien es cierto que para poder aplicar este foro se deben cumplir una serie de requisitos: que ambos demandados estén domiciliados en un E.M; que las demandas planteadas estén vinculadas entre sí por una relación tan estrecha que sería oportuno tramitarlas y juzgarlas al mismo tiempo a fin de evitar resoluciones que podrían ser inconciliables si los asuntos fueren juzgados separadamente; que los demandados deben presentar alguna vinculación jurídica entre sí (STJCE 27 setiembre 1988, Kalfelis); y debe existir litisconsorcio pasivo necesario o voluntario respecto al derecho procesal español. En el caso a tratar los futuros demandados cumplen con la exigencia del domicilio, además de presentar las demandas una fuerte vinculación, así como que existe una vinculación 3 jurídica entre los demandados en tanto que suscriben un supuesto contrato de compraventa y según el art. 12 i ss LEC presumo que se da la existencia de litisconsorcio pasivo.
Por último, respecto a este foro especial, decir que si la demandante decide presentar demanda ante los Juzgados de Vielha o de Barcelona, estos podrán basar su competencia en base al art. 6.1 R.44/2001, pero si de lo contrario la Pois du Garonne, S.L utiliza el art. 5.3 R.44/2001 que se ha defendido en el tercer apartado de este informe y decide demandar en Francia (no en el caso de los tribunales de Vielha), el tribunal francés no podrá aplicar el art. 6.1 R. 44/2001 para declararse competente también en relación a la sociedad MB (Bcn).
Por otro lado, se debe abarcar el tema sobre la posibilidad de demandar también a la vez como co-demanda a la empresa KT (Texas). Volviendo a mencionar nuevamente el art.
6.1 R.44/2001 se advierte que la sociedad KT (Texas) no está domiciliada en un E.M por lo que no cumple la exigencia para la aplicación del art.6.1, debiéndose descartar la aplicación del mismo, y no pudiendo accionar la figura del litisconsorcio pasivo contenida en el Reglamento. Además, ni el mismo Reglamento es aplicable para determinar la competencia judicial internacional respecto a KT, pues no se cumple la condición de aplicabilidad personal de R.44/2001 y, al no existir convenio internacional, para determinar si los tribunales españoles son o no competentes para conocer de la demanda en materia extracontractual, se debe acudir a las normas de competencia judicial internacional contenidas en la LOPJ (art.4 R.44/2001).
Nos encontramos ante una situación donde la sociedad KT con presunto domicilio en Texas (EE.UU), un estado no miembro de la UE ni parte del Convenio de Lugano ni de otro convenio bilateral aplicable, quedaría regulada respecto a la demanda por el derecho autónomo.
El artículo 22.3 de la LOPJ, regula que en materia de obligaciones extracontractuales los tribunales españoles serán competentes cuando: el hecho del que derivan haya ocurrido en territorio español o el autor del daño y la victima tengan su residencia habitual común en España. Cabe decir que a diferencia de lo que ocurre en el ámbito del R.44/20001 de calificación autónoma del concepto de obligación extracontractual, la aplicación del fuero de la LOPJ queda condicionado a que el litigio pueda calificarse como una extracontractual a la luz del Derecho material español, concretamente art.1089 CC. Se debe atender a la primera opción que da el artículo art.22.3, la cual nos lleva a que serán competentes los tribunales españoles ya que el hecho causal se produce en territorio español, siendo la LEC a que asigne el tribunal competente territorialmente.
Volviendo a situarnos en la cuestión de la posibilidad de un litisconsorcio pasivo donde también se incluya a KT, la LOPJ carece de un artículo análogo al art. 6.1 R.44/2001.
Aunque el autor García Martin entiende que hay argumentos de desarrollo judicial de un foro de conexidad semejante al previsto en dicho precepto (vid. APP de Barcelona, 15 abril de 2006), que de no admitirse el CIJ incurriría ante graves contradicciones.
4 En este caso nos encontramos que la mercantil demandante puede demandar a MB y Verdures Noves, S.L, ante los mismos tribunales si se acoge al foro del art.6.1 R.44/2001, pero al no estar domiciliada KT en un E.M no puede utilizarse dicho artículo para hacer competente a un solo tribunal también frente este co-demandado. (STJCE 27 octubre 1998, Européenne). Para ello según Javier Carrasco González, debemos acudir a las normas de producción interna del país cuyos tribunales conocen del asunto. En nuestro caso, si conocieren los tribunales españoles del asunto se observa que ni la LOPJ ni a LEC dicen nada acerca de la conexidad internacional.
Por todo ello, la mercantil demandante, podrá accionar un litisconsorcio pasivo del cual parece que KT quedara a un lado, sin perjuicio de una posible demanda frente a KT ante órganos españoles en virtud de la LOPJ.
Quinto.-Por lo que respecta a la ley aplicable al fondo de la controversia dos son los cuerpos legales que regulan esta cuestión: 1º Reglamento (CE) nº 864/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 julio de 2007, relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales (Roma II); 2º artículo 10.9 del Código Civil.
Examinando antes el derecho institucional, en virtud del principio de primacía, Roma II de aplicación a todos los E.M de la UE, excepto Dinamarca (art.1.4 Reg.Roma II), por lo que debe ser aplicado por España, sin dejar a un lado su carácter erga ommes (art.3).
El Reglamento se aplica íntegramente a partir del 11 enero 2009 por lo que estamos ante una temporalidad incluida.
Asimismo, respecto al ámbito de aplicación material, Roma II es aplicable a todo tipo de obligaciones extracontractuales en materia civil y mercantil. Éste concepto es autónomo del Reglamento Roma II. Cabe añadir el artículo 2 del mismo reglamento define como daño las consecuencias resultantes de un hecho dañoso.
En referencia al ambiento personal, hacer notar que Roma II tiene carácter erga ommes, por lo que se aplicara con total independencia de, en nuestro caso, el domicilio de las partes y con independencia de cuál sea la Ley reguladora de las obligaciones.
Para entrar ya a determinar la ley aplicable, y en defecto de Ley elegida por las partes (art.14 Reg.Roma II) y residencia común de las mismas (art. 4.2 Reg. Roma II) se debe acudir a la norma de conflicto contenida en el art. 4.1 Roma II según el cual las obligaciones extracontractuales se regirán por la Ley del país donde se produce el daño, independientemente del país donde se haya producido el hecho de generación del daño.
Así el punto de conexión Lex Loci Delicti Commissi operara en nuestro caso de ilícito a distancia, y será aplicable la Ley francesa en tanto que es el territorio donde se ha producido el daño.
Ahora bien, sin perjuicio de lo anterior, la victima mercantil francesa dispone de otra opción respecto a la ley aplicable. Pues, el art. 7 Reg. Roma II establece que en referencia a los daños colaterales al daño ambiental que sufren personas o bienes, la persona que reclama el resarcimiento de dichos daños puede elegir basar sus pretensiones en la ley del país en el cual se produjo el hecho generador del daño, que en 5 la controversia a tratar sería la Ley española. Si desea la mercantil demandante optar por esta acción deberá elegir dicha ley en la demanda en la que haga valer su pretensión ante los tribunales competentes, ya que si nada se alega es de aplicación el punto de conexión del art. 4.1 Roma II.
Sexto.- Finalmente, abarcar el tema de cómo debe proceder el tribunal español para practicar la prueba que en su caso, le solicite tribunal francés para interrogar al trabajador de Verdures Noves,S.L, es decir, se nos cuestiona la manera de actuar a partir de la recepción solicitud, por lo en este dictamen se partirá desde la recepción de la solicitud.
Para dar respuesta me dirijo al Reglamento 1206/2001 de Consejo, de 28 de mayo 2001, relativo a la cooperación entre los órganos jurisdiccionales de los E.M en el ámbito de la obtención de pruebas en material civil o mercantil. Y advierto que el caso queda bajo su ámbito de aplicación.
En primer lugar, advertir de la existencia de dos formas de practicar la prueba, pues mientras que una la practica el órgano jurisdiccional requerido (España), la otra modalidad es la obtención directa de la prueba por parte el órgano requirente (Francia).
Por lo que respecta a la práctica “indirecta” de la prueba se deberá expedir al órgano jurisdiccional francés, en un plazo de 7 días, un acuse de recibo por medio de un formulario anexo al Reglamento, conforme se ha recibido la solicitud.
Asimismo, el órgano jurisdiccional español deberá ejecutar la solicitud con la mayor brevedad posible con un plazo máximo de 90 días después de la recepción de la solicitud. El órgano jurisdiccional español deberá practicar la prueba mediante la aplicación de su Derecho interno (360-381 LEC), lex fori regit processum, siempre que los órganos franceses no le solicitaren que se practique de acuerdo con alguno de los procedimientos especiales previstos en su derecho, en virtud art. 10.3 del Reglamento.
Cabe añadir que si el derecho francés lo permite, las partes del litigio pueden estar presentes cuando el órgano requerido realice las diligencias de obtención de pruebas.
Respecto a esta modalidad añadir que el órgano jurisdiccional español puede recurrir para la ejecución, a medidas coercitivas que considere adecuadas cuando los sujetos muestren conducta obstruccionista, en base al art.13 Reg.
Por el contrario a lo anterior, mediante la práctica indirecta (art.17 Reglamento) se contempla la posibilidad de que, en nuestro caso Francia, pueda solicitar realizar directamente tales diligencias. Sin embargo, deberán tener presente los órganos requirentes de advertir a quien preste declaración de la voluntariedad de prestar declaración, sin que se le pudiere obligar coercitivamente (TJUEel 30 de junio de 2011, C-332/11 DOUE C-269/31, de 10 de septiembre de 2011).
6 Cabe añadir que si a autoridad competente designada, informara en un plazo de 30 días a los órganos jurisdiccionales francés aceptando solicitud, deberá también introducir las condiciones en las que conforme a su derecho, deben practicarse las diligencias. No obstante, a salvo de estas condiciones, como regla general el órgano requirente ejecutara la solicitud de conformidad con el Derecho de su estado.
CONCLUSIONES Defiendo la competencia tanto de los tribunales españoles como de los franceses para conocer del asunto respecto a Verdures Noves, S.L y MB en tanto que se le aplicarían las mismas reglas del reglamento, sin perjuicio de que la demandante opte por el litisconsorcio pasivo, que en ese caso serán competentes los tribunales españoles, y advierto la carencia frente al Reglamento R.44/2001 de optar por litisconsorcio frente a la sociedad KT. A su vez, manifiesto que el derecho aplicable, conforme a las normas de conflicto, es el derecho francés sin perjuicio de la posibilidad de que también lo sea el derecho español. A ello añado que se deberá practicar la prueba de manera directa o indirecta, según se solicite.
Este es el parecer jurídico de una estudiante, que se somete a cualquier otro mejor fundado en derecho.
BIBLIOGRAFÍA -CARRASCOSA GONZÁLEZ, Javier y CALVO CARVACA, Alfonso-Luis, Derecho Internacional Privado Volumen II, Editorial Comares, S.L. Granada 2013 -Reglamento (CE) nº 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil.
-Reglamento (UE) nº 864/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 Julio de 2007, relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales.
-Reglamento (CE) nº 1206/2001, del Consejo, de 28 mayo de 2001, relativo a la cooperación entre los órganos jurisdiccionales de los E.M en el ámbito de obtención de pruebas en material civil o mercantil.
-Ley Orgánica 6/1985, de 1 de Julio, del Poder Judicial.
-Ley de Enjuiciamiento Civil, de 3 de febrero de 1881 -Código Civil Español, de 25 Julio de 1889 7 ...