Teoría del Derecho (2015)

Apunte Español
Universidad Universidad de las Palmas de Gran Canaria
Grado Derecho - 1º curso
Asignatura Teoria del Derecho
Año del apunte 2015
Páginas 5
Fecha de subida 28/03/2016
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TEMA 11: LA VIGENCIA DE LAS NORMAS JURÍDICAS EN EL ESPACIO Y EL TIEMPO 1. La Determinación del ámbito de vigencia de las normas jurídicas La propia representación de la idea de ordenamiento jurídico como un conjunto de nomas destinadas d regir la vida del hombre en sociedad llevo consigo la de la existencia de un cúmulo de hechos y de relaciones que se hace, precisamente, objeto de regulación jurídico. Diríamos que las normas que integran el ordenamiento jurídico extienden su ámbito de vigencia a la totalidad de los diferentes hechos y relaciones que se producen dentro de las coordenadas espacio-temporales que el propio ordenamiento fija como consustanciales, en función de la presencia de ciertos elementos. Estos elementos pueden ser muy variados, y como es evidente, su diversidad dificulta la indagación de una solución unitaria al problema de la vigencia de las normas jurídicas, en la medida en que se comprueba la aplicación alternativa de cada uno de ellos puede conducir a la obtención de soluciones contradictorias al respecto.
2. La vigencia de las normas jurídicas en el espacio El planteamiento del problema de la vigencia de las normas jurídicas en el espacio ofrece a primera vista la disyuntiva entre dos opciones perfectamente delimitadas. De un lado el llamado principio de personalidad supondría la aplicación de las acciones que realiza y a las relaciones que establece el individuo de su derecho personal, que normalmente coincide con la ley de su nacionalidad. De otro, el principio de territorialidad que comportaría la aplicación inmediata, cualquiera que fuese la nacionalidad de la ley del lugar en el que se producen los acontecimientos que someten a la valoración jurídica, quedando encomendada al propio juez en vez del lugar la competencia para dirimir la cuestión.
La preferencia por uno u otro criterio plantea un problema decisional que no tendría mayor relieve si no fuera porque la solución suele diferir en los distintos ordenamientos jurídicos.
Se hace precisa la acuñación de principios estables que permitan resolver satisfactoriamente los problemas que concurrencia legislativa y jurisdiccional.
Hablamos de concurrencia legislativa cuando se da una determinada situación que se estima merecedora de regulación jurídica sobre la que gravita la posibilidad de aplicación de varias legislaciones pertenecientes a ordenamientos jurídicos distintos. La concurrencia jurisdiccional se produce cuando la competencia a dilucidar la solución a los problemas que plantean las situaciones con relevancia jurídica puede resultar atribuida a jurisdicciones diferentes. La forma más sencilla de manifestación de la concurrencia tiene lugar como conflicto entre dos legislaciones discrepantes pertenecientes a ordenamientos jurídicos distintos. Pero la complejidad de la vida jurídica en nuestros días ofrece múltiples ejemplos de conflictos entre muchas legislaciones y jurisdicciones diferentes cuya solución dista bastante de poderse considerar una solución fácil.
De la resolución de este tipo de problemas se ocupan las normas de derecho internacional privado cuando se genera el conflicto entre leyes de distintos países soberanos e independientes, y las de derecho interterritorial cuando tiene lugar entre leyes de territorios sometidos a la soberanía del mismo Estado.
Se aviva en nuestros días la discusión entre quienes asocian al orden jurídico internacional y quienes vinculan las normas al derecho interno. Hay una posición ecléctica que entiende al derecho internacional privado como parte integrante del derecho interno en el sentido de que es éste último el que delimita la competencia en cada caso del derecho nacional o del derecho extranjero, admitiendo, el carácter internacional de un buen número de sus normas, fundamentalmente de las que provienen del derecho consuetudinario común de las naciones o las que resultan de los acuerdos internacionales sobre determinadas materias.
Nuestro ordenamiento jurídico establece en los artículos 8 a 11 del título preliminar del CC una compleja combinación de criterios de competencia que se condensaría en la preferencia por el principio de territorialidad de las leyes penales, de política y de seguridad pública, que obligarán, a todos los que se encuentren en territorio español; por el principio de personalidad para la regulación del estado civil, de la capacidad, de los derechos y deberes familiares y de la sucesión por causa de muerte de las personas. El artículo 12 establece una regulación general en la que proscribe la aplicación de la ley extranjera cuando resulte contraria al orden público y la utilización de una norma de conflicto con 1 el fin de eludir una ley imperativa española, indicando además que la calificación para determinar la norma de conflicto aplicable se hará siempre con arreglo a la ley española.
3. La vigencia de las normas jurídicas en el tiempo Dejando al margen la consideración de otros requisitos formales que los ordenamientos jurídicos suelen hacer exigibles como eslabones del iter procedimental de determinadas normas jurídicas, en el derecho moderno la entrada en vigor de las normas, en el derecho moderno la entrada en vigor de las normas toma como punto de referencia inexcusable a su publicación. Y ello por un doble motivo: porque n hay un norma jurídica vigente que no haya sido previamente publicada y porque es la norma jurídica la que va a fijar los requisitos adicionales a la propia publicación ara su entrada en vigor.
Con ello se proporciona satisfacción al principio general de publicación de las normas jurídicas que proclama en nuestro derecho el artículo 9.3 de la Constitución. La publicación de las normas garantiza si publicidad formas sin que ello se pueda deducir la seguridad de su conocimiento automático por parte de sus destinatarios: lo único que hace es facilitarlo de la mejor manera posible.
Distinguimos así la publicidad formal de las normas, que garantiza la posibilitación de su conocimiento por parte de sus destinatarios a través de la publicación, de la publicidad material que supone la realización del objetivo que representa el conocimiento generalizado del derecho. En sociedades de carácter muy reducido la publicidad material podría realizarse a través de la comunicación personalizada o comunicaciones orales. Ello no es posible en sociedades complejas y pobladas, por lo que se concibe la publicidad formal que proporciona la publicación de las normas jurídicas como un considerable adelanto en relación al precedente sistema de publicidad.
La publicación de las normas no constituye un requisito necesariamente suficiente para su entrada en vigor. Existen sistemas de aplazamiento de la vigencia normativa hasta un momento posterior a su publicación. El artículo 2.1 del CC dispone al respecto que las leyes entrarán en vigor a partir de los 20 días de su completa publicación en el BOE si en ellas no se dispone otra cosa.
Pero es también muy habitual que adelanten la fecha de su entrada en vigor, o que la condicionen a su ulterior determinación por un órgano especialmente habilitado para ello por la propia norma jurídica.
Esta versatilidad de los ordenamientos jurídicos a la hora de delimitar el momento de la entrada en vigor de sus normas no responde a ninguna inconsistencia del sistema. Una disposición jurídica cuyo contenido normativo suponga la absoluta ruptura con una regulación firmemente asentada en la conciencia popular determine prudentemente el retraso de su entrada en vigor a una fecha en que el ciudadano haya podido asimilar conveniente para el cambio de situación, o que suceda lo mismo cuando la complejidad del contenido normativo haga aconsejable aplazar su entrada en vigor. Cabe también la posibilidad de que por razones de urgencia hagan aconsejable adelantar su entrada en vigor.
En general, la determinación del inicio de la vigencia de las normas suele responder a dos factores: la posibilitación real de su conocimiento y el acomode de los individuos a la nueva regulación y a la urgencia de su puesta en funcionamiento.
El tiempo que media entre la publicación y la entrada en vigor se reconoce con la denominación de vacatio legis, constituye un requisito eventual y aleatorio de la vigencia temporal de las normas.
3.2 La pérdida de vigencia de las normas jurídicas 3.2.1 El transcurso del tiempo fijado para la vigencia de las normas jurídicas La cada vez mayor profusión de casos de autorregulación del tiempo de vigencia de las normas jurídicas ha hecho que se puedan adoptar diferentes formas. Hay ocasiones en las que la norma jurídica delimita expresa y terminantemente el momento en el que se producirá su pérdida de vigencia. En otros aparece un plazo de duración de la vigencia, señalando por ejemplo que la norma regirá durante un período de 5 años, lo que obliga a sus destinatarios a tener en cuenta el momento de la entrada en vigor de la misma. No faltan tampoco normas jurídicas que toman por objeto la 2 regulación de situaciones transitorias especificando que si vigencia terminará cuando concluya la situación que contempla la norma, este tipo de normas plantea el problema adicional de la delimitación del momento en que cesa la situación que justifica la vigencia de la norma jurídica. Distinguimos así los supuestos de vigencia condicionada determinada en los que el acontecimiento que define la pérdida de vigencia es perfectamente constatable, empíricamente verificable, de los de vigencia condicionada indeterminada, en los que la consideración del advenimiento de la condición exige algún tipo de valoración subjetiva.
3.2.2 La anulación de las normas jurídicas La nulidad de una disposición jurídica comporta su expulsión del ordenamiento jurídico y la pérdida de su vigencia normativa. Nos encontramos pues ante una agresión externa a la propia norma, que produce su expulsión del orden jurídico vigente. LA anulación de una norma jurídica no responde a ningún mecanismo automático sino que requiere la decisión que al respecto haya de tomar el órgano competente.
La condición de una disposición como norma jurídica nula, excluida del ordenamiento jurídico, lleva en principio como lógica consecuencia la retroacción de sus efectos al instante que se presenta el vicio que determina su invalidez.
Decimos que la nulidad de las normas jurídicas produce efectos ex tunc.
3.2.3 La derogación normativa En su acepción original la derogación comportaba la eliminación de una parte de un texto legal, era una eliminación parcial, a diferencia de una abrogación que suponía una eliminación total.
En la actualidad el término derogación es usado indistintamente en los dos sentidos, significando la eliminación parcial o total de una disposición normativa. La derogación opera hacia el futuro, manteniendo la norma derogada aun después de su derogación, la capacidad regulativa de las situaciones producidas con anterioridad a su eliminación del ordenamiento jurídico. Encuentra esta idea su reflejo en la consideración de que la derogación produce efectos ex nunc.
Con independencia del carácter plausible o reprobable que puedan tener tales objetivos, el titular de la potestad normativa necesita que se habiliten procedimientos de eliminación de las normas con el fin de hacer factible su consecución acomodando el derecho a las situaciones siempre cambiantes de la realidad.
En este afán puede el titular de la potestad normativa actuar de dos modos: dictando una disposición que incluya la indicación de su efecto derogante o dictando una disposición cuyo contenido resulte incompatible con el de otras disposiciones hasta entonces vigentes. En el primer caso estamos en presencia de la denominada derogación expresa y en el segundo de la derogación tácita. En ambos se requiere que la disposición derogante sea posterior en el tiempo y tenga un rango jerárquico igual o superior al de la disposición derogada.
La derogación expresa admite dos modalidades según proceda la norma derogante a delimitar cual o cuales son normas que quedan derogadas. Lo más normal es que la norma derogante utilice fórmulas que reflejen la incompatibilidad de su contenido con el de la fórmula derogada, pero nada impide, que una norma jurídica que contenga una derogación expresa puede dejar sin determinar singularmente las normas que deroga vinculando su efecto derogante a una condición que no guarde relación con la incompatibilidad de contenidos entre la norma derogante y derogada. La derogación expresa se presenta como una derogación entre enunciados normativos, con excepción de la derogación expresa que se remite a la incompatibilidad normativa. Se requiere que el intérprete delimite cual es el contenido normativo de cada disposición con vistas a determinar hasta que punto son incompatibles los contenidos normativos de las disposiciones hipotéticamente derogadas con el de la disposición derogante. Puede decirse que la derogación expresa no responde a ninguna necesidad de coherencia del sistema jurídico, sino a una razón estrictamente voluntarista: la voluntad de eliminar las normas del ordenamiento jurídico.
La derogación tácita consiste en la eliminación de normas que produce una determinada disposición jurídica que resulta incompatible con las normas eliminadas. La derogación tácita no presenta ningún problema de justificación cuando el ordenamiento jurídico previene la posibilidad de la incompatibilidad entre normas. El principio de 3 derogación tácita de las normas incompatibles se encuentra absolutamente asentado en la cultura jurídica contemporánea haciendo en alguna medida superflua a la regla general que lo pueda justificar.
Se reconoce comúnmente como abolición a la derogación de todo un conjunto de normas que, en su mutua implicación, configuran una institución jurídica.
3.3 La transición de las normas jurídicas Usamos la expresión transición de las normas jurídicas para referirnos al problema de aplicabilidad de las normas a situaciones producidas con anterioridad a su entrada en vigor. Las normas jurídicas se caracterizan por la determinabilidad del momento y por la indefinición del momento en que pierden su vigencia. Esta indefinición del momento de la pérdida de la vigencia hace que los destinatarios operen en la vida jurídica en la consideración de que sus actuaciones personales y las relaciones que entablan van a ser dispuestas con arreglo a lo dispuesto en la normativa vigente en el instante en que se producen, lo que les permite, saber a qué atenerse, actuar al amparo del principio de seguridad jurídica.
El principio de irretroactividad de las normas jurídicas que determina su inaplicabilidad a supuestos de hecho producidos con anterioridad a su entrada en vigor haya sido representado como una exigencia lógica del sistema. En ocasiones la retroacción de los efectos regulativos de la nueva norma a las situaciones producidas antes de su entrada en vigor puede resultar conveniente por incorporar un elemento adicional de justicia relevante o de adecuación de las soluciones jurídicas. SE explica así que a veces pueda atribuirse a determinadas normas efecto retroactivo que supondría la extensión del alcance regulativo de la nueva norma a situaciones que han tenido lugar antes de su entrada en vigor y también pueda considerarse una exigencia del sistema.
Los ordenamientos jurídicos contemporáneos suelen conjugar la acción de ambos principios en un afán de que la consecución del mayor grado posible de justicia no suponga un quebranto del principio de seguridad jurídica. Y el principio de seguridad jurídica garantiza en el artículo 9.3 la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de los derechos individuales.
También regula nuestro derecho en el ámbito administrativo, en el artículo 25.1 que nadie puede ser condenado o sancionado por acciones que en el momento de producirse no constituían objeto de delito, falta o infracción administrativa según la legislación vigente en aquel momento; pero extiende manifiestamente el ámbito del principio de irretroactividad al englobar las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas del derecho. Una interpretación literal llevaría en la práctica a declarar la inconstitucionalidad de casi la totalidad de las normas que se reconozcan a sí mismas efectos retroactivos.
El extendido sentimiento de la improcedencia o irracionalidad de esta solución ha llevado a un sector doctrinal a forzar el alcance de la expresión disposiciones restrictivas de los derechos individuales limitándolos exclusivamente a las que restringen los derechos reconocidos por la Constitución como derechos fundamentales. Esta es la línea que, por lo demás, ha seguido nuestro tribunal constitucional. Si procede, sin embargo, nuestro tribunal constitucional a acentuar el significado garantista de la regulación del problema de la transición de las normas jurídicas.
La retroactividad de las normas jurídicas puede ser expresa o tácita en función de que venga reconocida por la propia norma o se deduzca el carácter retroactivo de la norma en cuestión de su propia estructura o naturaleza.
Procedería que en el derecho español solo resultara admisible la retroactividad expresa, limitándole además a operar dentro de los estrechos márgenes que delimita el texto constitucional.
No parece razonable sostener en nuestro ordenamiento jurídico la interdicción de la retroactividad tácita cuando tal interdicción se deduzca directamente de una exigencia constitucional. Una solución semejante supone en última instancia dejar en manos del intérprete y aplicador la efectividad del principio de irretroactividad. Existe la necesidad de examinar punto por punto las peculiaridades de cada situación singular y las exigencias que al respecto pudiera comportar la operatividad de los principios constitucionales. Se presenta en este sentido la retroactividad tácita de las normas jurídicas como una posibilidad abierta en nuestro ordenamiento que solo debe ser admitida tras un minucioso estudio de su procedencia.
4 La retroacción de la aplicación de la nueva norma jurídica a supuestos producidos con anterioridad a su entrada en vigor ofrece en principio tres opciones diferentes.
En primer lugar que la norma se aplique a los efectos de la situación objeto de regulación jurídica que se produzcan con posterioridad a su entrada en vigor; en segundo lugar, que se aplique a los efectos de la situación regulada que se encuentran pendientes de ejecución respetando los efectos consolidados con la aplicación de la regulación anterior; y en tercer lugar, que retrotraiga su acción eliminando los efectos que se hayan podido producir con la aplicación de la regulación anterior y sustituyéndolos por los que directamente derivan de la aplicación de la nueva normativa. En el primer caso la retroactividad es de grado mínimo, en el segundo de grado medio y en el tercero de grado máximo.
Obvio es decir que resulta deseable desde la perspectiva de la realización del principio de seguridad jurídica que el hipotético carácter retroactivo de una determinada norma jurídica venga reconocido expresamente por la propia norma jurídica delimitando este su alcance. De no ser así, la determinación del alcance del efecto retroactivo deberá realizarse sobre la base de la consideración del sentido de la incardinación de la nueva norma en el ordenamiento jurídico, en el respeto siempre de los principios constitucionales propios del mismo.
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