Tema 3 Derecho Administrativo (2016)

Apunte Español
Universidad Universidad Autónoma de Madrid (UAM)
Grado Derecho - 3º curso
Asignatura Regimen juridico de la actuacion administrativa
Año del apunte 2016
Páginas 3
Fecha de subida 23/06/2017
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Tema 3: Concepto y clases de acto administrativo. La estructura: contenido y clausulas accesorias. La declaración responsable y la comunicación previa.
Hay una cantidad de clasificaciones de los actos que es inabarcable, pero hay algunas que interesan por la importancia práctica y el régimen jurídico.
1. Actos administrativos favorables y desfavorables.
Un acto declarativo de derechos o favorable es el que permite a un particular incorporar a su patrimonio determinados derechos que antes no tenía. Por ejemplo, otorgar la licencia de obras, reconocer un trienio, reconocer un derecho de indemnización porque se ha caído en una vía municipal que no estaba anunciado y no estaba bien iluminado con la consecuencia de que me he roto la pierna… El acto desfavorable o de gravamen es aquel susceptible de producir daños económicos en mi patrimonio jurídico económico. Por ejemplo, la expropiación, una multa, dejar sin sueldo por no ir al trabajo… El régimen jurídico de uno u otro tipo de acto es muy diferente. Hoy, el art. 35.1 a) LRJPAC dice que los actos desfavorables tienen que estar motivados en la causa de este acuerdo pues afecta con un detrimento. Si no lo explica incurre en un vicio de ilegalidad que es anulable.
Aquí encontramos la primera diferencia ya que si el acto es favorable y se omite la motivación no ocurre nada, pero si es un acto desfavorable el que lo hace hay una anulación ante un posible recurso del acto administrativo.
La segunda diferencia hace referencia a la posibilidad de eliminar esos actos administrativos a través de recurso, pero también puede la administración eliminar actos administrativos por cambio de gobierno o porque se da cuenta de que lo ha hecho mal, la administración puede realizar una revisión de oficio sin acudir al juez como, por ejemplo, suele pasar con los cambios de gobierno territoriales. No es lo mismo revisar un acto favorable que desfavorable. En el caso del primero requiere un procedimiento mucho más garantista que aquel acto desfavorable. El principio de seguridad jurídica del art. 9.3 CE hace que no sea fácil eliminar los actos administrativos desfavorables como por ejemplo quitar una licencia pues se quiebra la protección de la confianza legítima. Solo por motivos de legalidad y en determinados supuestos se puede revisar un acto favorable. La administración solo puede de oficio revisar y anular estos actos por motivos de legalidad. Imaginemos que la licencia se ha dictado para realizar un edificio de 10 plantas cuando la ordenanza dice que no se puede construir edificios de más de 4 plantas, viene otro y se encuentra con esto es evidente que es contrario al ordenamiento jurídico y no beneficia a la colectividad, se aplica el mecanismo de los arts. 106 y 107. Si se quiere quitar un acto declarativo de derechos por revisión hay que indemnizar por el principio de irrevocabilidad de los actos administrativos. Los actos desfavorables se pueden revocar y de hecho está regulado y recogido en el art. 109 Ley 39/2015.
2. Actos definitivos y actos de trámite.
El único acto definitivo es el final, la resolución, la multa, la licencia. Antes hay una serie de trámites, el informe por ejemplo, estos son los actos de trámite (frente al definitivo).
El único acto que no se puede recurrir es el de trámite ya que forman el proceso.
El art. 88.1 señala que la resolución que pone fin al procedimiento (acto definitivo).
El acto administrativo es inmediatamente ejecutivo ya que produce efectos jurídicos de forma inmediata (art. 38 Ley 39/2015). El art. 98 Ley 39/2015 señala que los actos definitivos de las AAPP serán inmediatamente ejecutivos, si no se cumple voluntariamente, la ley dispone a la administración de unos medios de ejecución forzosa (arts. 99 y 100 Ley 39/2015).
En cuanto a los actos de trámite son actuaciones jurídicas que encadenan un procedimiento y que no ponen fin a este. Aparece regulado en los arts. 80 y 81. Dentro del procedimiento hay informes o dictámenes que se emiten dentro del procedimiento son actos de trámite que en principio no son susceptibles de impugnación. Estos actos de tramite o tramites no son susceptibles de impugnación salvo en algunos supuestos. El art. 112.1 LPAC prevé la posibilidad de que los actos de trámite aunque no pongan fin ni resuelvan el procedimiento pueden ser susceptibles de impugnación cuando resuelven directa o indirectamente el fondo del asunto o produce indefensión en ese supuesto (incluido el contencioso-administrativo, art.
25 LJCA).
3. Actos que agotan la vía administrativa y actos firmes.
Los actos que agotan la vía administrativa es igual a decir actos que ponen fin a la vía administrativa. Estos actos son aquellos actos dictados por órganos que no tienen superior jerárquico. Para poder ir al contencioso-administrativo hay que agotar la vía administrativo, si no el recurso será inadmisible. Si agota la vía y no tiene superior jerárquico podemos poner un recurso potestativo de reposición o ir directamente al recurso contencioso-administrativo.
Los actos que no ponen fin a la vía administrativa, es decir, que tienen superior jerárquico, hay que interponer un recurso de alzada.
Según la LPAC agotan la vía los actos de los supuestos del art. 114: 1. Los órganos municipales existentes legalmente: Alcalde, Pleno del Ayuntamiento y Junta de Gobierno Local agotan la vía, no tienen superior jerárquico. Los alcaldes se recurren ante los Juzgados de lo contencioso-administrativo.
2. En el ámbito de la Administración del Estado, los actos que agotan la vía administrativa están recogidos en el art. 114.2 como los actos de los ministros, los del Consejo de Ministros, los secretarios de estado en las competencias que tienen atribuidas, en materia de personal los que dicta el secretario general. El ministro se recurre en la Audiencia Nacional y el Consejo de Ministros ante el Tribunal Supremo.
3. En la CCAA agotan la vía los consejeros. El consejero se recurre en el TSJ.
El recurso potestativo de reposición (art. 123 LPAC) se resuelve por el mismo órgano que dictó la resolución en un plazo de un mes desde la notificación de la resolución. No se recomienda salvo que se quiere aprovechar de la ineficiencia de la administración. Si no responde en esos 30 días se suspende automáticamente los efectos del acto impugnado, sino no tiene mucha lógica seguir esperando. En cambio, contra los actos que no agotan la vía es necesario poner recurso de alzada porque si no se puede acudir al contencioso (art. 121).
El acto firme es el que no es recurrible porque ya se ha agotado toda la vía judicial incluida o porque simplemente se ha consentido (se han dejado pasar los plazos de recursos) según el art. 122.1.
4. Actos reglados y actos discrecionales.
Un ejemplo de acto reglado es una licencia de obra, mientras que un ejemplo de acto discrecional es la resolución de un concurso.
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