Tema 12 2/2 (2016)

Resumen Español
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Criminología - 2º curso
Asignatura Tipologias penales
Año del apunte 2016
Páginas 8
Fecha de subida 30/04/2016
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II. FALSIFICACIÓN DE MONEDA Y EFECTOS TIMBRADOS, CERTIFICADOS Y TARJETAS DE CRÉDITO Arts. 386–389; 397–399 bis CP Falsificación de moneda Arts. 386–388 CP Bien jurídico En este grupo de delitos se protegen diversos bienes jurídicos: el buen funcionamiento del sistema de pagos, la prerrogativa estatal en la creación de moneda y medios de pago, la función de garantía atribuida a la moneda y, de forma refleja, el patrimonio individual de los potenciales adquirentes de medios de pago falsos. La antijuricidad material de la conducta exige que el resultado de la falsificación sea objetivamente adecuado para inducir a error sobre su autenticidad, así como para poner en peligro los intereses subyacentes al correspondiente documento.
Son atípicas, por ello, las falsedades burdas, así como las que no están destinadas a su puesta en circulación.
Concepto legal de moneda Art. 387 CP “A los efectos del artículo anterior se entiende por moneda la metálica y papel moneda de curso legal. A los mismos efectos, se considerarán moneda las tarjetas de crédito, las de débito y las demás tarjetas que puedan utilizarse como medio de pago, así como los cheques de viaje. Igualmente, se equiparará a la moneda nacional, las de otros países de la Unión Europea y las extranjeras”. El precepto recoge el concepto legal de moneda.
Es “moneda (…) metálica y papel moneda de curso legal” toda aquélla que tenga poder liberatorio como medio de pago por ser emitida por un organismo nacional o extranjero que tenga facultad para ello. El concepto “moneda de curso legal” no es equivalente al de “moneda de curso forzoso”. Este último hace referencia al medio de pago inexcusable, irrecusable, esto es, que debe ser necesariamente admitido. La moneda de curso legal sólo es moneda de curso forzoso en el territorio sobre el que ejerce soberanía el Estado que la emitió. En el sistema monetario nacional español, la única moneda de curso legal es el Euro.
No es constitutiva de un delito de falsificación de moneda, por ello, la falsificación de una moneda que ya no es de curso legal en España.
Evolución de la equiparación a moneda de tarjetas de pago y cheques de viaje La LO 5/10 dejó el tenor literal del art. 387 como sigue: “[a] los efectos del artículo anterior, se entiende por moneda la metálica y el papel moneda de curso legal. Se equipararán a la moneda nacional las de otros países de la Unión Europea y las extranjeras”. Como puede comprobarse, la reforma apuesta por un regreso al concepto estricto de moneda, renunciando, de este modo, a la cláusula de asimilación a la moneda en sentido estricto de las “las tarjetas de crédito, las de débito y las demás tarjetas que puedan utilizarse como medio de pago, así como los cheques de viaje”. La consecuencia directa de ello es que, las tarjetas de crédito, las de débito y los cheques de viaje pasan a tener una protección autónoma. Concretamente, por el art. 399 bis, y que sólo se refiere a la “falsificación de tarjetas de crédito y débito y cheques de viaje”.
Desde una perspectiva político-criminal, el regreso a un concepto estricto de moneda es merecedor de una valoración positiva. La razón última consistía en la convicción de que la moneda en sentido estricto constituye un medio de pago de mayor relevancia en el tráfico económico que otros medios de pago equiparables, por lo que es merecedor de un mayor grado de protección penal.
Varios son, a su vez, los argumentos en los que se apoya esta conclusión. Por una parte, la eficacia como medio de pago de la moneda es ampliamente superior a la de las tarjetas de crédito y débito y los cheques de pago. También difiere considerablemente la naturaleza jurídica de unos y otros medios, al ser la moneda el bien fungible por naturaleza, mientras que las tarjetas y los cheques de viaje son nominativos. Como consecuencia de ello, la forma de circulación de unos y otros medios de pago es radicalmente distinta.
Conductas típicas Art. 386 CP Se incluyó en el tipo la conducta de alteración de moneda. Esta conducta se debe equiparar sistemáticamente a la alteración de la falsedad documental.
La fabricación no debe recaer sobre moneda legítima, ya que, en ese caso, se produciría una alteración de moneda.
El resultado de la fabricación debe consistir en un producto que tenga la apariencia de la moneda legítima desde la perspectiva del hombre medio.
Se discute si el Ap. 1. 1º debe ser aplicado con independencia del número de unidades de monedas alteradas o fabricadas, o del valor aparente de las mismas. En sentido afirmativo se pronuncia jur. Para doc., en cambio, es necesario que el valor de las monedas alteradas o fabricadas sea económicamente considerable: dado lo elevado de la pena prevista, el principio de proporcionalidad obliga a una interpretación restrictiva del tipo. Para la consumación del delito de alteración de moneda o fabricación de moneda falsa no es necesario que la moneda sea puesta en circulación, ni la causación de perjuicio económico para un tercero.
También se incorporó al tipo, junto a la introducción de moneda falsa, la de moneda alterada y la exportación de moneda falsa o alterada. Por “país” debe entenderse territorio del Estado español. Si la moneda es intervenida en la Aduana sólo podrá castigarse por tentativa. La introducción de moneda falsa no requiere su puesta en circulación, ni que se haya causado un perjuicio económico a tercero. El tipo se refiere a la importación o exportación por parte de persona distinta al autor o partícipes de la falsificación. Si la persona coincide, entonces la importación o exportación es un acto autoencubrimiento o acto posterior copenado impune. Todas estas conductas se equiparan, a efectos punitivos, con la fabricación.
Se deduce lógicamente que no podrá ser sujeto activo de la misma el falsificador o el alterador de la moneda, ya que el tipo exige que se actúe “con conocimiento de su falsedad”, elemento que, obviamente, concurre en el falsificador o el alterador. Para que haya “expendición” es necesario que el destinatario de la moneda falsa la haya aceptado. En caso de que la rechace sólo podrá castigarse por tentativa. Por “distribución” debe entenderse entregar la moneda a personas que procederán seguidamente a introducirla en el mercado. Junto a estas dos conductas, se incluyó el transporte, entendido como traslado de la moneda de un lugar a otro separados por una cierta distancia. Todas estas conductas se equiparan, a efectos punitivos, con la fabricación. Cuando un mismo sujeto realice más de uno de los actos previsto en el art. 386, Ap. 1, el principio de proporcionalidad de las penas obliga a apreciar un único delito si la pluralidad de actos cometidos responde a un propósito inicial unitario. Tras la LO 1/2015, si la moneda falsa fuera puesta en circulación se impondrá la pena en su mitad superior.
Por “tenencia de moneda falsa” debe entenderse aquella situación en la que el sujeto tiene la disponibilidad de la moneda falsa, esto es, la posibilidad de utilizarla como medio de pago. Con la reforma de 2015, junto a la tenencia se castiga también la “recepción u obtención”. Es necesario que la tenencia de la moneda falsa esté preordenada a su “expendición, distribución” o, tras la LO 1/2015, “puesta en circulación”.
En cualquier caso, también en este supuesto es preciso que el sujeto activo tenga conocimiento de la falsedad de la moneda desde el momento de su adquisición, con base en los siguientes argumentos. Desde un punto de vista histórico, en relación con la tenencia de moneda falsa, ACP distinguía entre la tenencia originaria de buena fe y su posterior expendición por valor determinado, tras saber que la moneda era falsa, y la tenencia de moneda falsa con intención de expenderla, comportamiento sancionado con pena mucho más elevada, exigiendo la jurisprudencia en este tipo de conocimiento de la falsedad desde el origen de la adquisición.
De acuerdo con un argumento sistemático, si la tenencia de moneda falsa, sabiendo que lo es, aunque se hubiese adquirido ignorando tal falsedad, se castiga con pena de 3 a 6 meses o multa, si se hubiese expedido la moneda falsa en cantidad superior a 400 euros, la simple tenencia de la misma moneda con voluntad de expenderla, pero sin haberla distribuido todavía.
Desde una perspectiva probática, en caso de que no quede acreditado el conocimiento de la falsedad de la moneda o existan dudas al respecto procede la absolución. En caso contrario, esto es, de conductas inequívocamente concluyentes del conocimiento de la falsedad, debe condenarse.
En los casos de expendición o distribución de moneda falsa por quien la haya recibido de buena fe después de constarle su falsedad (Ap. 3), la “buena fe” requiere que el sujeto, al recibir la moneda, haya creído que la misma era legítima. Si el valor aparente de la moneda no excediera de 400 €, su expendición, a sabiendas de su falsedad, por quien la ha recibido de buena fe, será castigada con la pena de prisión de tres a seis meses o multa de seis a veinticuatro meses.
Según el nuevo Ap. 5, cuando, de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis, una persona jurídica sea responsable de los anteriores delitos, se le impondrá la pena de multa del triple al décuplo del valor aparente de la moneda.
Reincidencia internacional Art. 388 CP La condena de un Tribunal extranjero, impuesta por delito de la misma naturaleza de los comprendidos en este Capítulo, será equiparada a las sentencias de los jueces o tribunales españoles a los efectos de reincidencia, salvo que el antecedente penal haya sido cancelado o pudiese serlo con arreglo al Derecho español. La “condena” debe serlo por Sentencia firme.
Competencia objetiva Art. 65.1ºb LOPJ Se atribuye la competencia para conocer del delito de falsificación de moneda a la Audiencia Nacional. Tal atribución responde a evidentes razones de eficacia en relación con un delito cuya comisión suele producirse simultáneamente en diferentes lugares, de forma más o menos masiva y con intervención de grupos organizados, en ocasiones, internacionalmente, siendo la actividad fraudulenta de falsificación de tarjetas, en muchas ocasiones, vehículo de blanqueo de capitales y de financiación de actividades terroristas, cuya competencia también viene atribuida a la Audiencia Nacional.
Falsificación de sellos o efectos timbrados Art. 389 CP Objeto material Los “efectos timbrados” constituyen uno de los dos medios de pago aludidos por el art. 23.1 RD 1864/1990, de 20-12, de Recaudación de Tributos.
Según doc.may., el principio de proporcionalidad de las penas obliga a entender que para que la conducta sea típica es necesario que los sellos de Correos o efectos timbrados sobre los que recaigan ostenten un cierto valor económico. Es necesario, además, que se encuentren en uso o circulación, siendo atípica la falsificación que tenga por objeto sellos retirados.
Conductas típicas La falsificación debe tener por objeto el sello de Correos o el efecto timbrado. En este último caso, es atípica la falsificación que no incide di- rectamente sobre el efecto, sino únicamente sobre lo que haya escrito otra persona en los espacios en blanco del correspondiente efecto timbrado. Tampoco es típica la falsificación realizada sobre los cuños o moldes que no hayan sido aplicados al papel para la elaboración del efecto. En cuanto a la expendición, en los casos en los que el destinatario del sello o del efecto lo rechace deberá entenderse que el delito no se ha consumado, pudiendo castigarse únicamente por tentativa. La introducción se produce cuando se da entrada a los sellos o efectos en el espacio físico del territorio del Estado español.
Por “distribuir” debe entenderse “expender”, esto es, poner en circulación en el tráfico. Formalmente, la conducta de quien, habiendo adquirido a conciencia de su falsedad, aunque sin connivencia con el falsificador, sellos de Correos o efectos timbrados, procede a su distribución en cantidad superior a 400 €, no resulta subsumible en ninguno de los dos incisos del art. 389. También se castiga al adquirente de sellos de Correos o efectos timbrados que, conociendo su falsedad, los utilizara en cantidad superior a 400 €.
Si el hecho, no obstante, “por el valor aparente de los sellos de correos o efectos timbrados, no excediera de 400 euros, se impondrá la pena de multa de uno a tres meses”.
III. USURPACIÓN DE ESTADO CIVIL, MATRIMONIOS ILEGALES Arts. 217–219; 401 CP Usurpación de estado civil Art. 401 CP Bien jurídico El tipo protege el estado civil, la personalidad y la identidad, y los derechos y acciones civiles individuales que le son inherentes.
Concepto de estado civil “En el Registro Civil se inscribirán los hechos concernientes al estado civil de las personas y aquellos otros que determina la Ley. Constituyen, por tanto, su objeto: 1. El nacimiento. 2. La filiación. 3. El nombre y apellidos. 4. La emancipación y habilitación de edad. 5. Las modificaciones judiciales de la capacidad de las personas o que éstas han sido declaradas en concurso, quiebra o suspensión de pagos. 6. Las declaraciones de ausencia o fallecimiento. 7. La nacionalidad y vecindad. 8. La patria potestad, tutela y demás representaciones que señala la Ley. 9. El matrimonio. 10. La defunción”. Jur. interpreta la expresión “estado civil” en tres sentidos distintos: a) Estado civil como todas las características o datos que integran la personalidad o la identidad de la persona suplantada (no sólo su nombre). Según esta línea jurisprudencial, para que la usurpación del estado civil sea típicamente relevante es necesario que se suplante todas las facetas de la personalidad o identidad del individuo suplantado. Debe tratarse de una suplantación a todos los efectos.
b) Estado civil como “derechos civiles o acciones inherentes al estado civil (p. ej., el derecho de filiación, paternidad, o derechos conyugales). En este delito no se lesionan los derechos civiles dimanantes de la filiación, sino que sólo se altera ésta (el hijo pasa a ser hijo adoptivo de otra persona).
c) Estado civil como “cualesquiera derechos civiles o acciones de la persona suplantada”, con independencia de si son, o no, inherentes a su estado civil. Algunos de estos derechos civiles pueden ser, p. ej., los que confiere una tarjeta de residencia y de trabajo, el derecho de declarar en juicio reconociendo hechos objeto de acusación, el de beneficiarse de las ventajas penitenciarias derivadas de una buena conducta o la falta de antecedentes penales.
La principal consecuencia de esta acepción consiste en que cuando la persona suplantada sigue conservando el derecho, no se le priva del mismo, no se usurpa su estado civil, sino que la conducta sólo es constitutiva de utilización de nombre supuesto, conducta actualmente atípica.
Conducta típica “Usurpar” significa arrebatar a alguien lo que es suyo de forma permanente. En el delito de usurpación del estado civil no basta con un solo acto esporádico de suplantación, es necesario que haya cierta permanencia y continuidad en la sustitución.
Sujeto pasivo Debe usurparse el estado civil “de otro”. Esto significa que el sujeto pasivo del delito debe existir realmente. En caso de que ello ocurriera sin que el autor conozca que la persona suplantada no existe realmente o está muerta nos encontraríamos ante una tentativa inidónea punible. Cuando el suplantador y la persona suplantada están de acuerdo en la suplantación, la conducta es impune.
Tipo subjetivo La jurisprudencia exige la concurrencia de un elemento subjetivo del tipo: que la usurpación del estado civil se haga “para usar sus derechos o acciones”. Es atípica, por ello, la usurpación realizada con cualquier otra finalidad, p. ej.
la de enmascarar u ocultar su propia personalidad a fin de eludir la acción de la justicia.
Matrimonios ilegales Arts. 217–219 CP Bien jurídico Se defienden tres posturas: 1º) estado civil matrimonial; 2º) matrimonio como institución básica de la estructura familiar; y 3º) carácter monogámico del matrimonio y presupuestos legales para la celebración válida de los matrimonios.
Naturaleza jurídica Se trata de un delito de estado. El delito se consuma con la celebración del matrimonio, momento a partir del cual se computa el plazo de prescripción. Por “matrimonio anterior” se entiende cualquier situación constitutiva de matrimonio que denote apariencia de legalidad. Es necesario que el vínculo matrimonial subsista, esto es, que el matrimonio no haya sido declarado legalmente disuelto o nulo. La conducta es atípica cuando el primer matrimonio no fue inscrito en el Registro Civil.
Conductas típicas Según el art. 217, “el que contrajere segundo o ulterior matrimonio, a sabiendas de que subsiste legalmente el anterior, será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año”.
Es necesario que el contrayente conozca que subsiste legalmente su primer matrimonio, esto es, que actúe con dolo. Son atípicos los casos en los que el sujeto yerra con respecto a la existencia de un vínculo matrimonio previo. El precepto se encuentra en una relación de concurso de leyes con el art. 266 (abandono de familia), a resolver en favor del delito de bigamia, por aplicación del principio de consunción.
Por su parte, el art. 218 establece lo siguiente: “1. El que, para perjudicar al otro contrayente, celebrare matrimonio inválido será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años. 2. El responsable quedará exento de pena si el matrimonio fuese posteriormente convalidado” .
Por fin, el art. 219 dispone: “1. El que autorizare matrimonio en el que concurra alguna causa de nulidad conocida o denunciada en el expediente, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años e inhabilitación especial para empleo o cargo público de dos a seis años. 2. Si la causa de nulidad fuere dispensable, la pena será de suspensión de empleo o cargo público de seis meses a dos años” . Se trata de un delito especial: Sólo puede ser autor un sujeto con capacidad legal de autorizar matrimonios. El sujeto activo debe tener conocimiento de que concurre una causa de nulidad. Según una parte de jur., no basta con un conocimiento eventual. Según la doc., el precepto se halla en una relación de concurso de leyes con el art. 446.3 (prevaricación judicial), que debe ser resuelta en favor del primero La dispensa del impedimento es una causa de atenuación de la pena.
Concursos: a) con abandono de familia, de leyes a resolver a favor del delito de bigamia, en atención al principio de consunción; b) con matrimonios forzados: atendiendo que se configura como un delito contra la libertad y requiere violencia o intimidación, podría calificarse como concurso de delitos.
IV. USURPACIÓN DE FUNCIONES PÚBLICAS. INTRUSISMO PROFESIONAL Arts. 402–403; 637 CP Usurpación de funciones públicas Art. 402 CP Bien jurídico Es la potestad del Estado consistente en garantizar que la función pública sólo pueda ser realizada por quien se encuentre legalmente autorizado para ello. Esta potestad se corresponde con la confianza de la colectividad en que la función pública se preste de acuerdo con los principios de veracidad y autenticidad.
Conducta típica El sujeto activo debe realizar “actos propios” de una autoridad o funcionario público, esto es, actos cuya ejecución sea atribuida por el ordenamiento jurídico a la Autoridad o funcionario público por el que el sujeto activo se hace pasar. En los casos de simulación de miembro de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, es necesaria la realización de algún acto de conminación, detención; o investigación. Jur.may. entiende que el simple requerimiento de identificación basta para entender que concurre este elemento. En ocasiones, el TS ha exigido que los actos propios consistan en actos de autoridad.
La usurpación de la función pública debe tener lugar “ilegítimamente”, esto es, sin título habilitador para la actuación ni causa de justificación. Para doc.may. no puede ser sujeto activo del delito la Autoridad o funcionario público que se excede en el ejercicio de sus competencias. Según jur.may., hay que distinguir entre dos grupos de casos: a) aquéllos en los que el exceso competencial tiene lugar sin la aquiescencia activa o simplemente permisiva de los responsables directos del funcionamiento de un determinado servicio administrativo, en los que se realizaría el tipo; b) aquéllos en los que dicha aquiescencia tendría lugar, en los que procedería absolver.
Según la jurisprudencia, la exigencia de que el sujeto activo usurpe la función pública “atribuyéndose carácter oficial” consiste en un elemento subjetivo del tipo. Sin embargo, es preferible entender que dicho elemento se refiere a la necesidad de que la usurpación sea objetivamente adecuada para hacer inducir a error al hombre medio, haciéndole creer que está en presencia de una autoridad o funcionario público.
Cuando la simulación de función pública se produce mediante la utilización pública indebida de uniforme, traje, insignia o condecoración oficiales sin realización de actos propios de autoridad o funcionario público, la conducta será constituva del delito leve previsto en el nuevo art. 402 bis. La pena se transforma de localización permanente de dos a 10 días o multa de 10 a 30 días a multa de uno a tres meses. El nuevo delito añade la exigencia de que la conducta se realice “sin estar autorizado”, implícita pero formalmente no presente en el anterior art. 637.
Concursos: a) Con coacciones: puesto que éstas no acompañan indefectiblemente a la usurpación de función pública, cuando concurra se apreciará un concurso de delitos; b) Con detenciones ilegales con simulación de funciones públicas: doc. y jur.may. opinan que debe apreciarse un concurso de leyes entre este delito y el de usurpación de funciones públicas, a resolver a favor del primero en aplicación del principio de consunción; c) Con falsedad documental: cuando para la comisión del delito se utilice documentos falsos (car- nets, placas de policía, etc.), se apreciará un concurso ideal (medial) de delitos.
Intrusismo profesional Art. 403 CP Bien jurídico Es la potestad del Estado de expedir títulos que capaciten para el ejercicio de ciertas profesiones. Esta potestad se corresponde con el interés de la colectividad en que determinadas profesiones cualificadas o superiores, en concreto las que puedan afectar a bienes jurídicos relevantes, como la vida, la integridad física, etc., sean desempeñadas exclusivamente por quienes posean la formación y aptitud necesarias para ello, acreditada mediante la tenencia del correspondiente título habilitante. En caso de que como consecuencia de la falta de pericia del intruso se produzca la lesión de algún bien jurídico individual, deberá apreciarse un concurso de delitos entre el intrusismo y el correspondiente delito de lesión de bien jurídico individual.
Tipo básico Art. 403.1 CP - Actos básicos de una profesión Los son aquéllos cuya realización es atribuida por el ordenamiento jurídico positivo única y exclusivamente a los individuos de determinadas profesiones. El tipo exige la realización de una pluralidad de actos de intrusismo.
Para doc. y jur.min. basta con la realización de un único acto.
- Título académico / título oficial Por “título académico” debe entenderse aquel título que suponga la superación de un ciclo de estudios de naturaleza universitaria o equi- parable a ésta. La pena del delito previsto es de multa de doce a veinticuatro meses. “Título oficial” es el expedido por un organismo público para el ejercicio de una profesión, que no constituya título académico. La pena del delito previsto es de multa de seis a doce meses. El elemento negativo consistente en “no estar en posesión del título” correspondiente debe ser interpretado en un sentido material, no formal.
- Tipo agravado Para la aplicación del tipo agravado previsto no basta con la mera atribución de la profesión, sino que ésta debe ser pública. Debe hacerse ante una pluralidad indiscriminada de personas mediante prensa, radio, televisión, rótulos, placas, hojas impresas u octavillas, tarjetas de visita, facturas u otros medios parecidos Es suficiente para la aplicación del tipo que la difusión en el ámbito social en que el intruso desarrolla su actividad hasta la consecución de una cierta notoriedad. La LO 1/2015 incorpora un segundo tipo agravado, consistente en que el culpable ejerza los actos a los que se refiere el apartado anterior en un local o establecimiento abierto al público en el que se anunciare la prestación de servicios propios de aquella profesión.
Grupos de casos - Medicina Se consideran actos propios de un médico los “actos médicos” correspondientes a la medicina “oficial”. Los actos de medicina “popular” no son “actos médicos” en sentido estricto, porque no requieren para su práctica del título de licenciado en medicina. Su realización sin dicho título no es, por tanto, constitutiva de intrusismo profesional.
Tampoco lo es la realización sin el título de referencia de actos de medicina “alternativa o libre”, salvo cuando impliquen la prescripción de medicamentos.
Atendiendo al elevado nivel de los estudios de formación que requiere un licenciado en Medicina y Cirugía para convertirse en especialista, el título de especialista debe ser considerado “título académico”.
Cualquier licenciado en Medicina puede realizar cualquier acto médico sin cometer intrusismo profesional.
- Enfermería Son actos propios de los titulados en enfermería, entre otros muchos, la toma de muestras sanguíneas en laboratorios clínicos u hospitales. No lo son, en cambio, de los Auxiliares de Clínica o los Ayudantes de laboratorio, que deben limitarse a colaborar en la extracción.
- Abogacía En el ámbito de la abogacía, se dispone que “son abogados quienes, incorporados a un Colegio español de Abogados en calidad de ejercientes y cumplidos los requisitos necesarios para ello, se dedican de forma profesional al asesoramiento, concordia y defensa de los intereses jurídicos ajenos, públicos o privados”.
Son actos propios de un abogado tanto los judiciales como los extrajudiciales. Para doc. y jur.may., es necesario que se trate de un no licenciado en Derecho.
- Agentes de la Propiedad Industrial (API) Los actos de administración de fincas y mediación en compraventas de bienes inmuebles no son competencia exclusiva de los API. Pueden ser desarrollados por otros profesionales. Por tanto, la realización de actividades propias de API sin serlo constituye, a lo sumo, una mera infracción administrativa.
Concursos a) Con homicidio/lesiones: Concurso de delitos.
b) Con falsedad documental: Dos posturas: 1º) concurso real o medial de delitos; 2º) concurso de leyes, a resolver en favor del delito de intrusismo por aplicación del principio de consunción.
c) Con estafa: Dos posturas: 1º) Hay que distinguir dos casos: aquéllos en los que los honorarios reclamados al cliente por el intruso exceden de los que habitualmente percibe el correspondiente profesional titulado, o son desproporcionados en relación al servicio prestado, y aquéllos en los que ello no ocurre. En el primer caso se daría un concurso de delitos, en el segundo uno de leyes, a resolver en favor del delito de intrusismo por aplicación del principio de consunción; 2º) En todo caso concurso de delitos, ya que se atenta contra bienes jurídicos distintos. En el delito de intrusismo, contra el interés general consistente en que determinadas profesiones sean ejercidas por aquellas personas que poseen la formación y aptitud necesaria para ello. En la estafa, contra el patrimonio individual.
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