Tema 10 - Delitos contra el patrimonio (I) (2015)

Apunte Español
Universidad Universidad Pompeu Fabra (UPF)
Grado Criminología y Políticas Públicas de Prevención - 3º curso
Asignatura Derecho penal (Clasificación de delitos)
Profesor A.E.
Año del apunte 2015
Páginas 6
Fecha de subida 02/11/2015
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Tema 10: Delitos contra el patrimonio (I) I. CONSIDERACIONES GENERALES Y DISPOSICIONES COMUNES Tradicionalmente se ha estudiado el concepto patrimonio en relación con el delito de estafa, por lo que allí hay que remitirse. La forma básica de protección jurídico-penal del derecho de propiedad es el castigo de los actos de apropiación (apropiación indebida hurto, robo, estafa, insolvencias punibles, extorsión, usurpación). Además, también se protege frente a los actos exclusivamente expropiatorios (daños) y en ocasiones frente al simple uso ilegítimo (hurto y robo de vehículos). La apropiación implica la ampliación de forma no autorizada del espacio de libertad sujeto a costa del legitimado.
En los delitos de apoderamiento se sanciona concretamente la primera manifestación de la voluntad apropiatoria: el apoderamiento de la cosa. Quien desea disponer de una cosa a su libre arbitrio tiene que configurar una situación fáctica en la que ello sea posible. Tal cosa se consigue con el desplazamiento posesorio sobre cosas ajenas que generan situaciones fácticas a partir de las cuales el sujeto puede ejercer un determinado dominio sobre ellas, como si fuera su propietario. La distinción entre hurto y apropiación indebida consiste pues, en que el primero la propiedad se lesiona específicamente a través de la desposesión o apoderamiento.
Según el art. 268 CP, una serie de personas están exentas de responsabilidad criminal y sujetas únicamente a la civil por los delitos patrimoniales que se causaren entre sí, siempre que no concurra violencia o intimidación o abuso de la vulnerabilidad de la víctima, ya sea por razón de edad o por tratarse de una persona con discapacidad. Se trata de una excusa absolutoria que deja intacto el contenido antijuricidad del hecho, razón por la cual el apartado segundo del artículo expresamente excluye a los extraños que participen en el delito.
Los sujetos a los que afecta la excusa absolutoria de parentesco son: - Los cónyuges que no estuvieran separados legalmente o de hecho o en proceso judicial de separación, divorcio o nulidad de su matrimonio.
- Los ascendientes, descendientes y hermanos por naturaleza o por adopción, así como los afines en primer grado si vivieren juntos.
Debe subrayarse que la excusa absolutoria no afecta a todos los delitos patrimoniales, sino sólo a los regulados en los Capítulos I a IX del Título XIII que tengan única y exclusivamente carácter patrimonial.
II. EL HURTO (art. 234 y 235 CP) 1. Bien jurídico y elementos del tipo básico El delito de hurto constituye la figura básica de los delitos de apoderamiento. Lo encontramos en el 234-235 CP.
El bien jurídico protegido por este precepto es la propiedad. Sin embargo, un sector doctrinal considera que lo directamente protegido es la posesión. El problema radica en que la posesión implica una relación fáctica con el sujeto sobre la cosa y la propiedad comporta una relación meramente ideal o normativa. Por consiguiente, es “dueño” en el sentido del art. 234 CP el ladrón con respecto de los bienes hurtados frente a terceros (que cometerían hurto si los tomaran), pero no frente al propietario (que no cometería hurto si los recuperara, sino, a lo sumo, una realización arbitraria del propio derecho del art. 455 CP si se empleara violencia o intimidación o fuerza en las cosas).
La conducta típica consiste en tomar una cosa mueble ajena sin la voluntad de su dueño. La acción típica (tomar) requiere el desplazamiento físico de la cosa por parte del sujeto activo, trasladándola desde la esfera del dominio del dueño de la suya propia. El resultado del delito se produce cuando se incorpora la cosa a la propia esfera de dominio. Ello significa que la consumación, como en todos los delitos de apoderamiento, sólo se alcanzará cuando haya existido disponibilidad sobre la cosa sustraída.
Para entender cualquier delito de apoderamiento como consumado, no es necesario que el sujeto haya efectuado un acto concreto de la disposición sobre la cosa, pero tampoco es suficiente con que se tome físicamente. Por ejemplo, el ladrón que es perseguido de modo inmediato y resulta detenido, sin haber podido disponer de su botín, no ha consumado el delito. Sí que hay disponibilidad cuando la persecución se interrumpe y la detención se efectúa tras un lapso de tiempo, o cuando se ha llegado a repartir el botín o cuando se entrega la cosa.
Fundamental es la determinación del ámbito de dominio sobre la cosa, que en las relaciones sociales suele venir delimitado a través de los indicadores posesorios (por ej, la línea de caja de un súper). Si la cosa no se desplaza fuera de ése ámbito a lo sumo puede haber tentativa de hurto si el objeto se ha ocultado. (por ej, en un bolsillo).
Sólo habrá consumación cuando el sujeto logre extraer la cosa del ámbito de dominio original evitando así que el legítimo poseedor pueda ejercer su voluntad sobre la misma.
El objeto material del delito de hurto son las cosas muebles ajenas. “Cosa” es todo aquel objeto que tenga valor económico y que sea susceptible de apoderamiento. Es precisamente el valor de la cosa lo que determina que estemos ante un delito menos grave (art. 234.1) o el delito leve (art. 234.2), siempre que no concurra algunas de las circunstancias del art. 235 CP, en función de si es superior o bien igual o inferior a 400€. A tal efecto lo decisivo es el valor de mercado de la cosa en el momento de la sustracción (no el valor original o el afectivo, que en todo caso, podrá ser tenido en cuenta a los efectos de determinar la responsabilidad civil).
Por lo que respecta a los títulos de valores hay que distinguir entre aquellos que precisan una actuación posterior para obtener el valor de lo representado (cheques, letras de cambio…) y aquellos otros en los que el valor de lo que representan que va unido a su tenencia (billetes de transporte, entradas de cine…). En cuanto a los primeros, el valor del documento es insignificante en sí mismo de modo que tan sólo cuando se efectúe la actuación posterior podrá incurrirse en responsabilidad penal. Para la segunda clase de títulos-valores, en cambio, rige el criterio de valor que representan.
Respecto al delito leve de hurto, téngase en cuenta que el art. 963.1 CP LECrim establece que se: 1.ª Acordará el sobreseimiento del procedimiento y el archivo de las diligencias cuando lo solicite el Ministerio Fiscal a la vista de las siguientes circunstancias: a) El delito leve denunciado resulte de muy escasa gravedad a la vista de la naturaleza del hecho, sus circunstancias, y las personales del autor, y b) no exista un interés público relevante en la persecución del hecho. En los delitos leves patrimoniales, se entenderá que no existe interés público relevante en su persecución cuando se hubiere procedido a la reparación del daño y no exista denuncia del perjudicado.
Las cosas robadas o ilícitamente poseídas y las que están fuera de comercio pueden ser igualmente objeto material del delito de hurto (por ej, la sangre humana, un cadáver, droga…). Respecto a las primeras cabe decir que no decae la protección penal para la relación actual entre “dueño” y “cosa”, sin que ello sea contradictorio con el hecho de castigarle penalmente por el apoderamiento pasado de la cosa. Las cosas deben ser muebles, es decir, susceptibles de desplazamiento (incluyendo a los animales). Debe tratarse de cosas ajenas. Si se trata de una cosa porpia no existirá delito de hurto sino un furtum possessionis del art. 236 CP. La ajenidad de la cosa viene caracterizada por el hecho de que no sea propia del sujeto activo del delito y que no sea susceptible de adquisición por ocupación (así, las cosas abandonadas no dan lugar al delito de hurto). En cuanto al tipo subjetivo del delito de hurto, el dolo exige que el sujeto activo conozca el carácter ajeno de la cosa y la ausencia de voluntad de su dueño. Más allá del dolo, el tipo exige que el apoderamiento se haga con ánimo de lucro. Este sólo únicamente implica que se persiga la obtención de una ventaja patrimonial. En los delitos de apoderamiento debe exigirse, ya sea junto al ánimo de lucro, ya sea como precisión del mismo, el ánimo de apropiación. Éste se define como la voluntad de que la obtención de la ventaja patrimonial tenga lugar a través de la incorporación de la cosa al propio patrimonio.
2. La agravación relativa a los dispositivos de alarma o seguridad El apartado 3 del art. 234 CP obliga a impones las penas anteriores en su mitad superior. Para ello es necesario que el dispositivo se halle instalado en la cosa, no bastando simplemente con que de algún modo pretenda protegerla. La agravación abarca una gran cantidad de supuestos propios de la delincuencia patrimonial leve de las grandes ciudades y que no encajan en la descripción legal del robo con fuerza en las cosas.
3. Los hurtos agravados Si concurre alguna de las modalidades descritas en el art. 235 estaremos ante subtipos agravados de hurto, castigados con una pena de prisión de 1-3 años. Estas circunstancias cualificantes deben ser abarcadas por el dolo del autor.
Respecto a la primera modalidad debe advertirse su difícil determinación, aunque lo decisivo no es el perjuicio patrimonial objetivo, sino la situación económica en la que se coloca a la víctima tras la sustracción de la cosa, que en sí incluso puede tener un valor económico reducido. La segunda modalidad es un abuso de superioridad.
La tercera no se requiere el desamparo de la víctima, sino que basta con aprovechar la producción de un accidente. La cuarta se piensa en situaciones de catástrofe o calamidad pública que delimitan a la víctima o facilitan la impunidad del delincuente.
Se prevé una agravación cuando al delinquir el culpable hubiera sido condenado ejecutoriamente al menos por 3 delitos comprendidos en el mismo Título que el hurto, siempre que sean de la misma naturaleza.
La octava agravación lo es para los supuestos en los que se utilice a menores de 16 años para la comisión de un delito. La utilización no debe entenderse en el sentido de la autoría mediata, sino más ampliamente, abarcando todos los supuestos en los que se haga intervenir a un menor de 16 años en el delito.
También hay hurto agravado cuando el culpable participe en los hechos como miembros de una organización o grupo criminal que se dedique a la comisión de delitos comprendidos en este Título, siempre que sean de la misma naturaleza.
En el segundo apartado del art. 235 CP se ha previsto una hiperagravación por la concurrencia de 2 o más de las anteriores circunstancias (prisión de 2 años y 1 día a 3 años , que en principio imposibilita el acceso a la suspensión de la pena).
III. EL FORTUM POSSESSIONIS (art. 236 CP) El art. 236.1 castiga a quien siendo dueño de una cosa mueble o actuando con el consentimiento de su dueño, la sustraiga a quien la tenga legítimamente en su poder, causando a éste o a un tercero un perjuicio patrimonial y siempre que el valor de la cosa exceda de 400€. En caso de que el valor de la cosa sea inferior, la pena de multa se reduce (art. 236.2). En este delito, el bien jurídico protegido es la posesión legítima de la cosa frente a su dueño, pues el sujeto activo del mismo es el propietario o quien actúa con su consentimiento y el sujeto pasivo aquél que tiene la posesión legítima de la cosa.
IV. EL ROBO CON FUERZA EN LAS COSAS Los delitos de robo también son delitos de apoderamiento en los que incurre un plus de gravedad respecto al hurto. Existen 2 clases (art. 237 CP): El robo con fuerza en las cosas (art. 238-241 CP) y el robo con violencia o intimidación en las personas (art. 242 CP). Dado que ambos poseen la misma naturaleza podrá apreciarse la circunstancia agravante de reincidencia entre ellos.
En el robo con fuerza en las cosas el plus de gravedad que justifica su mayor penalidad (prisión de 1-3 años) respecto el hurto debe verse en que el sujeto activo lleva a cabo el apoderamiento mediante el quebrantamiento de una barrera de protección específica dispuesta por el propietario que exterioriza su voluntad contraria a la sustracción. No cualquier apoderamiento superando una barrera de protección específicamente dispuesta por el propietario para excluir a terceros o asegurar que la cosa no salga de su esfera de dominio da lugar a un robo con fuerza en las cosas. Para que ello suceda, el apoderamiento deberá cumplir con los requisitos que convierten en típico el uso de dicha fuerza.
1. El concepto de la fuerza de las cosas Jurídico-penalmente la fuerza en las cosas del delito de robo se caracteriza por: la fuerza típica ha de ser para acceder o abandonar el lugar donde se encuentran las cosas (art. 237). No toda fuerza ejercida para acceder o abandonar los lugares donde se encuentran cosas ajenas es constitutiva de fuerza típica, sino tan sólo aquellas modalidades recogidas en los art. 238 y 239 CP.
La cláusula para acceder al lugar donde se encuentran las cosas del art. 237 encierra problemas interpretativos.
Tradicionalmente, se ha entendido que tal acceso sea físico, pero esto también puede ser confuso. Por ello se propone una interpretación normativa del acceso: se trata de un acceso en el sentido de llegar a la cosa, sin que sea necesario un acceso personal.
2. Modalidades de fuerza en las cosas a) Escalamiento: Se entiende que existirá robo con fuerza en las cosas cuando la “altura” pueda entenderse como barrera de protección específica de la cosa dispuesta por el propietario.
b) Rompimiento de pared, techo o suelo, o fractura de la puerta o ventana: Estos supuestos se denominan como fractura exterior. Ésta consiste en la aplicación de la fuerza física que tenga como resultado el rompimiento de la pared, techo o suelo, o fractura de la puerta o ventana. Esto también se aplica en el caso de vehículos de motor.
En todo caso, la fractura o rompimiento deberá ser para acceder o abandonar el lugar donde se encuentra la cosa, de modo que no hay robo, sino hurto, si el sujeto se lleva la propia puerta o el objeto en sí mismo.
c) Fractura de armarios, arcas u otra clase de muebles u objetos cerrados o sellados, o forzamiento de sus cerraduras o descubrimiento de sus claves para sustraer su contenido, sea en lugar del robo o fuera del mismo: En esta modalidad se incluyen dos tipos de supuestos: - Fractura de armarios, arcas u otra clase de muebles u objetos cerrados o sellados, o forzamiento de sus cerraduras: En esta conducta la fractura debe realizarse por un proceso que implique fuerza física.
- Descubrimiento de sus claves para sustraer su contenido, sea en lugar del robo o fuera del mismo: Este descubrimiento debe estar referido a objetos muebles. El descubrimiento debe ser ilícito, si no lo es estaremos ante hurto con abuso de confianza.
A ambas modalidades les resulta aplicable el último inciso del precepto, que exige que la fractura se produzca en el lugar del robo o fuera del mismo.
d) Uso de llaves falsas: El art. 239 aclara que por llaves debe entenderse también las tarjetas, magnéticas o perforadas, y los mandos o instrumentos de apertura a distancia y cualquier otro instrumento tecnológico de eficacia similar. En relación con la falsedad, el mismo precepto establece que llaves falsas de entenderán: - Las gazúas u otros instrumentos análogos - Las que no siendo llaves falsas en sentido estricto, estén perdidas por su propietario o bien se hayan obtenido por un medio que constituya infracción penal.
- Cualesquiera otras llaves que no sean las destinadas por el propietario para abrir la cerradura. En este caso, las llaves que se usan no son las legítimas.
e) Inutilización de sistemas específicos de alarma o guarda: Estos sistemas deben tener por función el alertar de una entrada o abandono del lugar donde las cosas se encuentran o la protección del patrimonio. La inutilización comporta la desactivación, rompimiento o manipulación del sistema de que se trate.
3. Agravaciones comunes al hurto El art. 240.2 prevé la imposición de una pena de 2 a 5 años cuando concurran algunas de las circunstancias previstas en el art. 235 CP.
4. El robo cometido en casa habitada o en edificio, local o establecimiento abiertos al público Si el robo se comete en casa habitada, edificio o local abiertos al público o en cualquiera de sus dependencias la pena se eleva hasta los 2 a 5 años de prisión. Si, en cambio, el robo lo es en un establecimiento abierto al público o en cualquiera de sus dependencias, pero fuera de las horas de apertura, la pena es más leve, pasando de ser de 1 a 5 años de prisión.
Por lo que respecta a la agravación por casa habitada, en el fundamento de la mayor penalidad es doble y radica en la lesión de la intimidad y peligrosidad para las personas. Se considera casa habitada todo albergue que constituya morada de una o más personas, aunque accidentalmente se encuentren ausentes de ella cuando el robo tenga lugar.
En cuanto a edificio o local abierto al público, se entiende cualquier establecimiento cuya función implique el acceso del público al mismo. La agravación sólo opera cuando el robo se comete en un local durante las horas de apertura al público. Si el robo tiene lugar fuera de las horas de apertura, la pena mínima a imponer coincide con la del tipo básico, aunque la máxima permite llegar a los 5 años de prisión.
Si el robo cometido en casa habitada, edificio, local o establecimiento abierto al público, fuera o no de las horas de apertura, reviste especial gravedad atendiendo a la forma de comisión del delito o a los perjuicios ocasionados, entonces procede imponer una pena especialmente agravada. La misma pena debe imponerse si este tipo de robos, aunque no sean de especial gravedad, van acompañados de alguna de las circunstancias que agravan los hurtos.
V. EL ROBO CON VIOLENCIA O INTIMIDACIÓN (art. 242) Entre los delitos de apoderamiento, el robo con violencia o intimidación constituye la modalidad más grave, de modo que también le corresponde la pena más elevada, de 2 a 5 años para el tipo básico y de 3’5 años a 5 si se cometiera en casa habitada, edificio o local abiertos al público, Si se hiciere uso de armas, corresponde imponer las penas en su mitad superior.
El robo violento o intimidatorio privilegiado puede llegar a recibir una pena más benévola que un robo con fuerza o un hurto agravado. La pena del robo con violencia o intimidación prevista en el mismo lo será “sin perjuicio de la que pudiera corresponder a los actos de violencia física que realizase” el culpable. La doctrina oscila entre entender sólo absorbidos los malos tratos de obra del art. 147.3 o también las lesiones leves del art. 147.2.
El bien jurídico protegido es la posesión de la integridad física o salud y libertad.
1. Tipo básico A. CONDUCTA TÍPICA La conducta típica se articula sobre la base de 2 elementos: el apoderamiento de cosas muebles ajenas y la utilización de violencia o intimidación en las personas.
Apoderamiento implica no sólo la ausencia de consentimiento por parte del titular de la cosa, sino la manifestación de una voluntad opuesta a la sustracción.
B. VIOLENCIA Violencia es todo acometimiento físico de carácter agresivo que constituya ejercicio de fuerza física sobre las personas. En este sentido, constituye ejercicio de la violencia a los efectos del delito de robo lesionar o golpear a la víctima, sujetarla, inmovilizarla… En los casos del tirón si lo que caracteriza la dinámica comisiva del supuesto concreto es la habilidad o sorpresa habrá que calificar el apoderamiento como hurto. En cambio, en aquellos casos en los que la víctima ejerce oposición frente a la sustracción, agarrando o sujetando el objeto y el autor debe vencerla empleando fuerza física, estaremos ante un delito de robo.
C. INTIMIDACIÓN La intimidación en el robo se entiende como el anuncio o conminación de un mal inmediato, grave, personal y posible que despierte o inspire en la víctima un sentimiento de miedo, angustia o desasosiego ante la contingencia de una daño real o imaginado. Los elementos relevantes en la intimidación son: la amenaza del mal y los efectos psicológicos que cause sobre la víctima.
Habrá intimidación cuando se exhibe un arma pero también cuando ésta es simulada. En cuanto a la distinción entre amenaza condicional y robo con intimidación, la doctrinamayoritaria y la jurisprudencia estiman que existe robo si se exige la entrega inmediata de la cosa, mientras que si lo que se exige es la entrega diferida, habrá que apreciar las amenazas.
D. LA RELACIÓN ENTRE VIOLENCIA E INTIMIDACIÓN CON EL APODERAMIENTO Tanto la violencia como la intimidación deben estar presentes durante la fase ejecutiva del apoderamiento.
Además, entre violencia e intimidación y apoderamiento debe existir una relación tal que pueda afirmarse que ellas son los medios comisivos que hacen posible, facilitan o aseguran el apoderamiento siempre que aparezcan antes de la consumación del delito, antes de la disponibilidad abstracta de la cosa.
2. Agravación por la comisión en casa habitada, edificio o local abiertos al público o en cualquiera de sus dependencias Como sucede con el robo con fuerza, el art. 242.2 contempla una agravación específica para el caso en que el robo con violencia o intimidación se cometa en casa habitada, edificio o local abiertos al público o en cualquiera de sus dependencias.
3. Subtipo agravado por uso de armas o medios peligrosos El art. 242.3 establece que se impondrán las penas en su mitad superior cuando el delincuente hiciere uso de armas u otros medios igualmente peligrosos, sea al cometer el delito o para proteger la huida, y cuando atacare a los que acudiesen en auxilio de la víctima o a los que le persiguieren.
Para su apreciación no es necesario que el autor llegue a lesionar a la víctima con el arma, sino que basta con la mera exhibición de ésta. Sí que será necesario que el arma sea idónea para producir el resultado lesivo. No es necesario que el arma sea llevada por el autor sino que puede ser cogida en el momento del robo. No obstante, no procederá la agravación cuando el resultado lesivo para la vida o integridad sea la materialización del peligro que representaba el arma (en cuyo caso existirá un concurso entre el tipo básico de robo con violencia o intimidación y el correspondiente delito contra la vida o integridad).
4. Subtipo privilegiado La pena de esta modalidad de robo podrá atenuarse “En atención a la menor entidad de la violencia o intimidación ejercidas y valorando además las restantes circunstancias del hecho, podrá imponerse la pena inferior en grado a la prevista en los apartados anteriores”. La apreciación de esta circunstancia comporta la imposición de la pena inferior en un grado a la de los apartados anteriores. El tenor del art. 242.4 declara expresamente que el tipo privilegiado es compatible con la agravación por el uso de armas u otros instrumentos peligrosos, así como con la agravación por la comisión en casa habitada.
VI. ROBO Y HURTO DE USO DE VEHÍCULOS (art. 244 CP) Contempla en los siguientes términos el tipo básico del delito de robo y hurto de uso de vehículo de motor: 1. El que sustrajere o utilizare sin la debida autorización un vehículo a motor o ciclomotor ajenos, sin ánimo de apropiárselo, será castigado con la pena de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días o multa de dos a doce meses, si lo restituyera, directa o indirectamente, en un plazo no superior a cuarenta y ocho horas, sin que, en ningún caso, la pena impuesta pueda ser igual o superior a la que correspondería si se apropiare definitivamente del vehículo.
Por lo que respeta a esta conducta, su concurrencia requiere la presencia de: a) La sustracción o utilización sin la debida autorización de un vehículo a motor o ciclomotor ajeno.
b) Que no concurra ánimo de apropiación.
c) Que se restituya, directa o indirectamente, en un plazo no superior a 48h.
No sólo comete el delito quien sustrae el vehículo, sino también quien lo use sin la autorización del propietario.
Un tipo cualificado se da cuando concurre fuerza en las cosas (art. 244.2). Si la sustracción no le sigue la restitución dentro de las 48h, el art. 244.3 establece que se castigue el hecho como hurto o como robo, en sus respectivos casos.
Desde el momento en que aparece la violencia o intimidación en la sustracción del vehículo estaremos siempre en presencia de un delito de robo con violencia o intimidación, pese a que sólo concurra el ánimo de uso y se pretenda restituir el vehículo antes de las 48h.
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