1. Proceso penal (2015)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Girona (UdG)
Grado Criminología - 2º curso
Asignatura Procesal penal
Año del apunte 2015
Páginas 5
Fecha de subida 14/04/2016
Descargas 3
Subido por

Vista previa del texto

TEMA 1: EL PROCESO PENAL El proceso penal es un instrumento esencial en la jurisdicción que ofrece la singularidad de construir un elemento imprescindible para la efectiva realización del Derecho penal.
Requiere un proceso en el que jueces y tribunales ejerzan la jurisdicción. La garantía jurisdiccional constituye así el principio de legalidad penal, que comprende cuatro facetas: la Criminal, la penal, la jurisdiccional y la ejecución.
El fin fundamental del proceso penal es la actuación del iuspuniendi estatal. Significa que obedece o proviene esencialmente de la atribución exclusiva de la facultad de imponer penas:  el Estado tiene el deber de castigar las conductas delictivas de las que tenga conocimiento.
 Tal facultad-deber que solo pueden ejercitar los Jueces y Tribunales a través del proceso penal.
 Tiene la función de garantía para el imputado  La función de protección a la víctima del delito  la rehabilitación o reinserción social del delincuente Sistemas: El proceso penal es el único instrumento admisible para ejercer el Iuspuniendi tal y como hemos dicho que determinan el sistema de enjuiciamiento penal por el que ha de optar el legislador y los principios que informan dicho sistema procesal penal. Los principios que afectan al procedimiento que perfila el proceso penal son: 1. Sistema acusatorio:  Exige una configuración tripartita del proceso (acusador, acusado y tribunal imparcial que juzga).
o El juez antes de abrir el proceso, necesita una acusación para actuar.
o El acusador investiga, determina el hecho y el sujeto, aporta el material sobre el que se enjuiciara y marca los límites de enjuiciamiento del juzgador.
o Imperan la instancia única y la justicia popular.
 Hace falta una acusación para empezar el proceso. Tal acusación investigara i determinara el objeto del proceso.
 También hay cierta igualdad, dualidad de posiciones y contradicción.
 Su prueba ha de ser de libre valoración y tiende a buscar la verdad formal.
 Nos encontramos con un principio formal por las dos partes.
Tal sistema puso en manifestó importantes defectos, pero sobretodo una quiebra fundamental, cuando el derecho penal se distancio del civil el sistema acusatorio aboco irremediablemente a la falta de realización de un derecho que fue siendo asumido por el estado.
2. Sistema inquisitivo:  El estado abre el proceso de oficio a la hora de abrir el proceso penal, sin necesidad de que deba solicitarlo un particular.
 Quien asume la acusación es quien la juzga por tanto el juez es quien delimita la acusación por esoes el objeto del proceso i desaparece la figura ciudadano-acusador.
o El juez decide, investiga, delimita el ámbito de lo que ha de ser enjuiciado y marca los limites de su propia congruencia.
 El proceso no es dual, ni contradictorio lo que debilita las posibilidades de defensa, cuando las elimina.
 La prueba tiene a determinar la verdad material y su valoración se establece por Ley, de forma reglada.
 Se instauran los tribunales de segunda instancia y desaparecen los tribunales populares y se especializa la función de juzgar.
La quiebra fundamental en este sistema es la ausencia de contradicción, lo que de hecho le priva de un elemento consustancial a su configuración como autentico proceso.
3. Sistema mixto o sistema acusatorio formal: Persigue aunar las ventajas de los dos sistemas anteriores, desechando sus defectos. Es el modelo de España. Pretende ser compatible con la constitución. (LECrim 1882)  Por un lado, se asume la idea de que la investigación y la persecución de los delitos representa una función pública no abandonada a la iniciativa de los particulares.
 Por otro lado, la función de acusar no puede ser un cometido atribuido al Juez, ya que éste no puede tener facultades legislativas.
Para coordinar ambas exigencias resulta esencial la incorporación al proceso penal de la figura del Ministerio Fiscal.
 Este acusador público ejercita formalmente la acción penal, cuya titularidad sigue ostentando el Estado. Permite el ejercicio de la acción penal de cualquiera de las tres formas: 1. Forma exclusiva: sistema continental francés 2. Forma compartida: ya sea solo con las víctimas únicamente (acusadores particulares) 3. Forma 3: con cualquier otro ciudadano (acusador popular).
LECrim 1882: Las sucesivas reformas que han ido incorporando el procedimiento abreviado, el procedimiento ante el Tribunal del Jurado, el procedimiento para el enjuiciamiento rápido o el procedimiento de menores  ofrecen un panorama difícil de unificar.
Así pues a causa de las posibles lagunas o las contradicciones hay que acudir a principios como proposiciones jurídicas de carácter general y abstracto que dan sentido o inspiran las normas concretas y pueden resolver los conflictos interpretativos.
Principios del proceso penal: El principio de legalidad: El principio de legalidad atiende a la ideología del Estado de Derecho, en cuanto pretende el sometimiento de los poderes públicos a la ley. Los destinatarios en el proceso penal son el Juez y el ministerio fiscal.
Constituye una exigencia que permite:  La posibilidad de conocimiento previo de los delitos y de las penas  La garantía política de que el ciudadano no podrá verse sometido por parte del Estado ni de los jueces a penas que no admita el pueblo.
El MF y el Juez deberán perseguir el hecho aparentemente delictivo, ante la percepción de indicios racionales de criminalidad, continuando hasta la resolución que se contempla en la LECrim.
Al principio de legalidad se opone el principio de oportunidad:  Siempre en el ámbito que nos ocupa, el iuspuniendi no debe ser satisfecho en todos los casos en que concurriesen los presupuestos al efecto, sino que se conceden márgenes más o menos amplios de discrecionalidad a los sujetos públicos, para desarrollar sus funciones  Resulta extendida la opinión favorable a incorporar el principio de oportunidad a nuestro proceso penal en aras de la aceleración del enjuiciamiento penal.
El principio de oficialidad: El proceso, su objeto, los actos procesales y la sentencia no están subordinados al poder de disposición de los sujetos en relación con la tutela de sus propios derechos e intereses legítimos. Por lo que el principio empezara sin la necesidad que lo empiecen las partes.
Este principio solo se exceptúa para los delitos perseguibles únicamente a instancia de parte y se atempera respecto de los que precisan de la previa denuncia de la persona ofendida.
Hay dos fases en las cuales la vigencia del principio no tiene el mismo alcance:  Instructora: la vigencia del principio de oficialidad es prácticamente total. El interés público obliga a Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado a investigar los extremos señalados y en cuanto surja la probable existencia de un hecho aparentemente delictivo, la Policía y Fiscalía tienen el deber de ponerlo en conocimiento del Juez.
 Enjuiciamiento: también llamada de juicio oral, la vigencia de la oficialidad se diluye notablemente debido al principio acusatorio, ya que frente a la especial naturaleza del iuspuniendi y a que la búsqueda de la verdad material es uno de los fines del proceso penal, se entiende que cualquier actividad del órgano judicial le hace perder su posición de tercero imparcial.
La obligación de ejercitar la acción penal se extiende al MF y ofrece su paralelo en el derecho de acceso del ciudadano que presenta una querella. Integra el contenido de este último derecho a una resolución motivada sobre la calificación jurídica de los hechos. El derecho constituye un ius ut procedatur, quien ejercita la acción en forma de querella no ostenta un derecho incondicionado a la apertura y plena sustanciación del proceso penal.
El principio de oportunidad El principio de oportunidad atiende a razones de interés social o utilidad pública. Contribuye decisivamente a la consecución de la justicia material por encima de la formal y favorece el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas. Es el único instrumento que permite tratar de forma diferenciada los hechos punibles que deben ser perseguidos en todo caso, y aquellos otros que debe conducir a su no persecución.
La implantación del principio de oportunidad podría lesionar el principio de igualdad, dado que la respuesta al delito no sería prevista en la Ley para todos los imputados, sino que ello dependería del criterio del Fiscal en cada caso concreto. Se puede rechazar el principio de oportunidad bajo la acusación de poner en peligro los logros que conlleva la estricta sujeción al principio de legalidad.
El principio de oportunidad reglada El sujeto que está obligado a ejercer la acción penal (ministerio fiscal) puede decidir no ejercerla y no perseguir el delito. Se permite que no lo persiga cuando el delito sea de escasa relevancia y cuando no haya interés público en los delitos leves.
El principio de consenso Son soluciones consensuadas, acuerdos entre las partes antes de celebrar el juicio. Están pensados para acelerar el proceso. Se actuaran antes para evitar el juicio oral. Se hace justo antes de entrar en el juicio. La conformidad influye en algunos principios constitucionales.
El principio de aportación de parte y su contrario, el de investigación de oficio, son principios cuya aplicación corre paralela a la de los principios dispositivo y de oficialidad, respectivamente.
 Dispositivo-aportación: las partes inician y delimitan el objeto del proceso, pero además a ellas corresponde introducir los hechos, corren con la carga de probarlos y pueden/deben solicitar la práctica de aquellos medios probatorios que estimen necesarios a tales efectos.
 Principio oficialidad y a la investigación de oficio: es el Juez quien introduce los hechos, delimita el objeto del proceso y determina los medios probatorios y su práctica.
Principios inherentes a un sistema acusatorio Recordemos que el acusatorio es un sistema democrático, donde las partes están en igualdad de condiciones y el juez es imparcial.
Principio de igualdad La igualdad entre las partes es esencial a la configuración triangular del sistema acusatorio, en el que dos partes iguales contienen frente a un Juez imparcial. Sostiene que debe conectarse con el derecho a la tutela efectiva, el derecho de defensa e incluso con el derecho a un proceso con todas las garantías.
Actualmente hay una creciente incorporación al derecho de defensa y de la contradicción en esta fase va diluyendo esta idea primitiva, acrecentando la igualdad entre las partes acusadoras y la acusada, a partir del momento en que esta última adquiere la condición de parte. La ley regula:  Obligatoriedad de la defensa técnica a partir del momento en que se impute el delito a una persona.
 El derecho del detenido y del preso provisional a comunicarse con su abogado.
 La posibilidad de instar diligencias de investigación en su descargo.
 Asistencia a la práctica de determinados actos de investigación.
A despecho de la tendencia equiparadora entre las partes procesales en la fase instructora, esta línea no se mantiene respecto de las partes acusadoras entre sí. En la fase de juicio oral, la igualdad debe respetarse escrupulosamente, tanto entre parte acusadora y acusada, cuanto entre las diferentes partes acusadoras.
Principio de audiencia o contradicción Nadie puede ser condenado sin ser oído y vencido en juicio. También ha pasado de tener una vigencia claramente diferenciada en las dos citadas fases del proceso penal (investigación y enjuiciamiento).
 Instrucción: deber para el órgano jurisdiccional de informar sobre la adquisición de la condición de imputado (mejor mirar libro página 41).
 Enjuiciamiento: el principio de audiencia rige en toda su plenitud en esta fase. No podrá iniciarse sin la existencia de un acusado, que además esté a disposición del órgano enjuiciador.
En caso de declaración de rebeldía, el juicio debe suspenderse. La enfermedad del imputado es causa de suspensión e incluso de interrupción del juicio.
Solo hay dos excepciones que impide dictar sentencia en ausencia del acusado: 1. Si la pena solicitada no puede exceder de dos años de privación de libertad, cabe celebrar el juicio en ausencia del acusado.
2. Posibilidad de enjuiciamiento en rebeldía al juicio de faltas para los supuestos del art. 962 LECrim, es decir, para aquellas faltas que permiten el juicio inmediato en el propio juzgado de guardia. Lo mismo sucede en los casos en que también se produce un enjuiciamiento inmediato en la guardia.
En los juicios de faltas, la necesidad de presencia del denunciado se elimina cuando éste reside fuera de la demarcación del Juzgado. Fuera de estas excepciones, la necesidad de presencia del acusado determina la búsqueda por requisitoria del acusado que no se encuentre a disposición del juzgado, y si al término del plazo fijado en la misma no es habido o no comparece, ha de ser declarado en rebeldía y el proceso se suspende.
Principio acusatorio No hay proceso sin acusación y el que acusa no puede juzgar. Por lo que no habría imparcialidad, por eso está la función del Juez. El ámbito de la imparcialidad del Juez, sin que ello permita entender que el derecho al Juez imparcial obtiene tutela constitucional a través de la alegación de vulneración del principio acusatorio. El juego del principio acusatorio abarca a tres extremos: A) Necesidad de la existencia de una acusación La acusación es presupuesta del juicio y de la condena. Exige el previo conocimiento de la acusación formulada, también abarca un doble ámbito:  Contenido: en cuanto la acusación es el objeto del proceso y de ahí que sus límites marcan la existencia y amplitud de la misma.
 Correlación entre acusación y sentencia: la acusación deberá ser comunicada al sujeto pasivo en los términos que marca cada proceso.
La acusación debe existir ineludiblemente para poder abrir la fase enjuiciadora y ha de ser sostenida a lo largo de ésta por un órgano distinto del enjuiciador. Ha de haber una correlación entre acusación y sentencia.
B) Correlación entre acusación y sentencia (la congruencia en el proceso penal) La sentencia no puede condenar por hecho punible distinto del que fue objeto de la acusación, ni a sujeto diferente de aquel a quien se imputó y posteriormente se acusó, según la delimitación formal de la acusación en los escritos de calificación o acusación.
A reservar de todas las precisiones y ampliaciones que se efectuarán en las lecciones dictadas al objeto del proceso, cabe señalar únicamente que los dos aspectos cuestionados en torno a este extremo son: 1. La incidencia que la calificación jurídica de los hechos tenga en el objeto de proceso, integrándolo o no.
2. La necesidad de que toda modificación de la calificación jurídica debe, en todo caso, someterse a la contradicción de las partes.
C) La prohibición de reformatio in peius Todo el mundo tiene derecho a que su caso sea revisado por una instancia superior. La reformatio in peius lo que hace es trasladar esto al recurso. No te pueden imponer una pena superior por lo menos que alguien lo pida. Si el acusado pide 20 y el juez le da 10 presenta un recurso que si pidiera 10 no podría subirla. En cambio al pedir 20 si podría subirla.
...