Tema 4- Extensión y limites de la jurisdicción penal española (2016)

Apunte Español
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Criminología - 3º curso
Asignatura Enjuiciamiento criminal
Año del apunte 2016
Páginas 4
Fecha de subida 20/03/2016
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Enjuiciamiento criminal 14/03/2016 asanchezmarti TEMA 4: EXTENSIÓN Y LÍMITES DE LA JURISDICCIÓN ESPAÑOLA EN EL ORDEN PENAL 4.1. Criterios de atribución Art. 23 LOPJ determina cuando conocerán del asunto los tribunales españoles. Existen tres criterios básicos: universalidad, exclusividad y generalidad. La universalidad, señala que siempre podrán conocer los tribunales españoles de cualquier delito que se cometa en el mundo. El de exclusividad, y establece que España conocerá de los delitos que se hayan cometido en territorio español salvo que un tratado internacional disponga de lo contrario. El criterio de la generalidad se aplicaría siempre que no se apliquen los dos anteriores Art. 23.1 LOPJ Los límites territoriales determinan qué corresponde a la jurisdicción española enjuiciar los delitos cometidos en territorio español o buques o aeronaves españolas.
Art 23.2 LOPRJ También conocerá la jurisdicción española de los delitos que hayan sido cometidos fuera del territorio nacional, siempre que los criminalmente responsables fueren españoles o extranjeros que hubieran adquirido la nacionalidad española con posterioridad a la comisión del hecho.
Art. 23.3 LOPJ Conocerá la jurisdicción española de los hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional cuando sean delitos contra el interés nacional.
Delitos contra la moneda, contra la corona, etc. (Parecidos al art. 65 LOPJ).
Art. 23.4 LOPJ Será competente la jurisdicción española para conocer de los hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional cuando se hayan cometido delitos que no pueden quedar impunes como por ejemplo, genocidio, tortura, etc.
Art. 23.5 LOPJ Los delitos a los que se refiere el apartado anterior no serán perseguibles en España cuando ya los conoce un tribunal internacional.
Art. 23.6 LOPJ Los delitos a los que se refieren los apartados 3 y 4 solamente serán perseguibles en España previa interposición de querella por el agraviado o por el Ministerio Fiscal.
4.2. Tratamiento procesal De oficio, el órgano jurisdiccional en España de oficio tiene que analizar la jurisdicción, es decir, que el proceso tenga jurisdicción para poder conocer de un determinado hecho. Se permite que a instancia de parte se ponga de manifiesto a través de la declinatoria que no hay jurisdicción. Todas aquellas actuaciones que se llevan a cabo ante un órgano sin jurisdicción serán nulos.
1 Enjuiciamiento criminal 4.3. La competencia penal Los órganos que tienen competencia penal (art. 84 y ss. de la LOPJ) son: − Juez de paz (art. 100 de la LOPJ): conocerá sobre maltrato de animales, abandono de jeringuillas, ensuciar bienes de la vía pública, perturbación leve del orden público, es decir, artículos 620, 630, etc. arts. del tema 1.
− Juez de instrucción (art. 87 de la LOPJ): tiene competencia objetiva para conocer y enjuiciar de las faltas, así como competencia funcional (es decir, conocer de los recursos) sobre las decisiones y resoluciones del juez de paz.
También tiene competencia para la instrucción de los delitos.
− Tribunal del jurado: hay una Ley orgánica del tribunal del jurado (LOTJ) que conoce del enjuiciamiento de aquellos delitos enumerados en los arts.1 y 2 de esta ley. En principio, se incardina dentro de la Audiencia provincial, pero − Juez de violencia contra la mujer (art. 87ter de la LOPJ): se encarga de la instrucción por aquellos procesos penales por los delitos especificados en este artículo, es decir, cuando la víctima sea mujer y se haya producido un acto de violencia de género. También conoce y falla sobre las faltas de violencia de género.
− Juzgados centrales de instrucción (art. 88 de la LOPJ): conoce sobre la instrucción de delitos que tratará la Audiencia nacional = art. 65 LOPJ.
− Juzgados de lo penal (art. 89bis de la LOPJ): tiene competencia objetiva para conocer en primera instancia de delitos con una pena de menos de cinco años de privación de libertad y menos de diez años de otra pena no privativa de libertad.
− Juzgados centrales de lo penal: conoce de lo mismo que el anterior, pero cuando se trate de aquellos delitos previstos en el art. 65 de la LOPJ, es decir, aquellos que tratará la Audiencia nacional.
− Juzgado de menores (art. 97 de la LOPJ): se encarga de todos aquellos hechos cometidos por personas mayores de 14 y menores de 18 años.
− Juzgado central de menores: conoce de lo mismo que el anterior, pero cuando se trate de aquellos delitos previstos en el art. 65 de la LOPL, es decir, aquellos que tratará la Audiencia nacional.
− Audiencia Provincial: conoce de aquellos delitos más graves, si es mayor de 5 años para penas privativas de libertad o más de 10 años de cualquier otra pena de distinta naturaleza, siempre que no se trate de los delitos establecidos en el art. 65 de la LOPJ. Competencia funcional de las decisiones del juez de lo penal, contra la mujer, juzgado de menores.
2 Enjuiciamiento criminal − Audiencia Nacional: conoce de los delitos del art. 65 de la LOPJ siempre que la pena sea de más de 5 años de privación de libertad o más de 10 años de cualquier otra pena de distinta naturaleza.
− Tribunal Superior de Justicia: conoce sobre la competencia objetiva en los casos de sujetos de la administración, miembros del gobierno, consejeros. Además, conoce de la doble instancia penal aunque no esté en funcionamiento.
− Tribunal Supremo: tiene competencia objetiva al conocer en primera instancia de determinados sujetos (diputados, autoridades, aforados, etc.) siempre que sea delito flagrante en el ejercicio de sus funciones. Respecto de la competencia funcional, el Tribunal supremo conoce del recurso de revisión, del de casación y otros recursos que la ley establezca.
También hay tribunal del jurado en el Tribunal superior de justicia y en el Tribunal supremo para los aforados.
4.4 Criterios de atribución: objetivo, funcional, territorial Art. 9.3 LOPJ Determina que los juzgados y los tribunales conocen del enjuiciamiento de los delitos, con la excepción de los que correspondan a la jurisdicción militar.
Para determina qué orden jurisdiccional va a conocer un determinado delito se siguen tres normas: - Normas de competencia objetiva: atribuyen un asunto a un determinado órgano jurisdiccional para que conozca en primera instancia. Son objetivas porque nos determinan quién va a conocer la instrucción y quien enjuiciará un determinado asunto según las características de este (Delitos con PPL + 5 años, violencia mujer, etc.).
- Normas de competencia funcional: Determinan que órgano jurisdiccional va a conocer de los recursos y los incidentes que se pueden dar dentro del proceso.
(Ej. El tribunal supremo conoce del recurso de casación) - Normas de competencia territorial: que órgano jurisdiccional de un territorio concreto va a conocer del asunto. El criterio principal es que conozca el órgano judicial del lugar donde se han cometido los hechos.
4.5. Tratamiento procesal En primer lugar, atendemos a las normas de competencia territorial, como regla general por territorio le tocara conocer al juez del lugar donde se han cometido los hechos (fórum comisi delicti = el lugar de comisión del delito). Salvo los órganos que tienen competencia en todo el territorio nacional como el Tribunal Superior de justicia o la Audiencia nacional, da igual donde se haya cometido el delito. Se establece en el artículo 14 de la LECrim la norma de competencia territorial.
Si no sabemos dónde se ha cometido el delito, aparecen los fueros subsidiarios y provisionales (artículo 15 LECrim): 3 Enjuiciamiento criminal A. En primer lugar, el del término municipal partido o circunscripción donde se encuentren pruebas materiales del delito.
B. En segundo lugar, el del término municipal o circunscripción donde el presunto reo haya sido detenido.
C. En tercer lugar, el del fuero donde resida el presunto culpable.
D. En cuarto lugar, el de cualquier lugar donde se tengan noticias del delito.
En el momento en el que se conozca o conste el lugar de comisión del delito, el juez tiene que inhibir la instrucción y remitir todas las actuaciones y al detenido al juez competente. En virtud de la ley de violencia de género se introdujo otro fuero que es el del lugar del domicilio de la víctima.
El tratamiento procesal de la competencia territorial cuando se da de oficio el órgano jurisdiccional debe analizar su propia competencia y por tanto, no cabe la sumisión. La competencia territorial es indisponible. Las partes también tienen la declinatoria para poner de manifiesto la falta de competencia territorial. El acusador particular y el popular para poner de manifiesto la falta de competencia tienen que hacerlo cuando se presenten por primera vez. El imputado tiene que realizarlo en los tres días siguientes a aquel que se le comunica la causa para la calificación 4.6. La conexión penal Según el artículo 300 LECrim, por cada delito que conozca la autoridad judicial se abrirá un proceso con excepción a los delitos conexos. Los delitos conexos según el artículo 17 LECrim son aquellos que: − En primer lugar, están cometidos simultáneamente por dos o más personas reunidas siempre que estas personas vengan sujetas a distintos órganos jurisdiccionales por su cargo o bien por la naturaleza del delito corresponda a otro órgano jurisdiccional.
− En segundo lugar, están cometidos por dos o más personas en distintos lugares o tiempo siempre que haya precedido de un acuerdo.
− En tercer lugar, están cometido como medio para perpetrar otro delito o para facilitar su ejecución.
− En cuarto lugar, aquellos cometidos para procurar la impunidad de otros delitos, es decir, para borrar huellas.
− Finalmente, los diversos delitos que se imputan a una persona cuando se inicia contra la misma la causa siempre que tengan analogía entre sí.
Los fueros competentes de las causas de los delitos conexos según el artículo 18.1 LECrim serán, en primer lugar el del territorio en el que se haya cometido el delito con pena mayor. En segundo lugar, el juzgado o tribunal que primero comience la causa con delitos de igual pena. En tercer lugar, cuando no se sepa quien ha cometido el delito, la audiencia provincial o tribunal supremo decidirá que órgano deberá de conocer.
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