tema 11 efectos del concurso (2015)

Apunte Español
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Derecho - 3º curso
Asignatura Derecho Mercantil II
Profesor L.P.
Año del apunte 2015
Páginas 12
Fecha de subida 01/12/2015 (Actualizado: 01/03/2016)
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TEMA 11: EFECTOS DEL CONCURSO 1. EFECTOS SOBRE EL DEUDOR/CONCURSADO Puede ser persona física o jurídica. De manera general limita el ejercicio de las facultades patrimoniales del concursado, interviniéndolas o suspendiéndolas.
Se le impone específicos deberes patrimoniales de colaboración con los órganos concursales que pueden desembocar en una limitación de alguno de sus derechos fundamentales. Constituye prohibición de contratar con la administración pública.
Además de las generales, para la persona física: La declaración de concurso de la persona natural origina un especial derecho de alimentos con cargo a la masa activa, a favor tanto del concursado como de las personas sobre las que el propio concursado tuviere, en su caso, el deber legal de prestarlos.
La facultad del cónyuge de solicitar la disolución de la sociedad legal de gananciales Con la aprobación judicial del convenio, la limitación de las facultades patrimoniales derivada de la declaración de concurso será sustituida por las limitaciones o prohibiciones que, en su caso, se establezcan en el propio convenio, y lo mismo sucederá con los efectos específicos sobre la persona natural y la jurídica, aunque se mantendrán, en todo caso, los deberes de colaboración.
La resolución judicial de apertura de la fase de liquidación traerá consigo necesariamente, si no se hubiera producido con anterioridad, la suspensión de las facultades patrimoniales del concursado, la extinción del derecho de alimentos el concursado persona natural y la disolución de la persona jurídica concursada.
Por último, cuando se forma la sección de calificación, la sentencia firme de concurso culpable determinará la inhabilitación del concurso o de sus administradores o liquidadores, producirá efectos patrimoniales sobre las personas afectadas por la clasificación y los cómplices y podrá determinar la responsabilidad de los administradores y liquidadores de las personas jurídicas por el déficit que resultara en caso de liquidación.
LA LIMITACION DE LAS FACULTADES PATRIMONIALES La declaración de concurso origina una limitación de las facultades de administración y disposición del concursado sobre los bienes de la masa activa, que se concreta en la intervención o en la suspensión de su ejercicio y que se corresponde con la institución tradicional del desapoderamiento del deudor insolvente, y que se concreta sobre sus órganos cuando el concursado sea una persona jurídica.
La ley ha optado por una configuración flexible de la materia, de modo que la declaración de concurso no producirá siempre los mismos efectos patrimoniales:  En unos casos el concursado quedará solo sometido a intervención, el ejercicio de las facultades de administración y disposiciones sobre los bienes de la masa activa quedará sometido a la autorización o conformidad de la administración concursal.
 En otros se producirá la suspensión del ejercicio de las facultades de administración y de disposición de los bienes integrantes de la masa activa, el deudor será sustituido por la administración concursal, a quien corresponderá el ejercicio de las facultades de administrar y de disponer de los bienes de la masa activa.
La decisión de intervenir o de suspender se hace depender, en principio, de la solicitud de declaración de concurso: 43  Concurso voluntario, el deudor quedará sometido a intervención  Concurso necesario, quedará suspendido en el ejercicio de las facultades de administración y de disposición de la masa activa.
Excepción: el juez podrá alterar la regola legal y acordar la suspensión en el caso de concurso voluntario y la mera intervención en el supuesto de concurso necesario, sea en el propio auto de declaración de concurso, recogiendo en la motivación los riesgos que se pretendan evitar y las ventajas que se quieran obtener, sea con posterioridad, a solicitud de la administración concursal y oído el concursado. En caso de intervención, con el fin de facilitar la continuación de la actividad, la administración concursal podrá conceder al concursado una autorización general, para realizar aquellos actos y operaciones propios del giro y tráfico de la actividad que se determinen.
Deberes que subsisten a pesar de estas situaciones:  Formulación de las cuentas anuales  Sometimiento a auditoria de esas cuentas en los casos legalmente previstos.
El deber de formulación se mantendrá inalterado de modo que las cuentas continuarán formulándose con la periodicidad y en su caso, dentro de los plazos previstos y con el mismo contenido, finalidad y normas de redacción de los diversos documentos que las integran. En cambio la auditoria de las primeras cuentas que se formen tras la declaración de concurso será sustituida por el informe de la administración concursal en los concursos de sociedades que no coticen en bolsa ni estén sometidas a supervisión pública.
LOS ACTOS ANULABLES Los actos realizados por el deudor en contravención de la imitación patrimonial serán anulables, de modo que podrán quedar sin efecto o ser conformados si resultaran favorables.
Los actos solo podrán ser anulados a instancia de la administración concursal. Los acreedores y la contraparte del concursado tan solo podrán requerir de la administración concursal que se pronuncie acerca del ejercicio de la correspondiente acción o de la convalidación o confirmación del acto.
La acción de anulación caducará por el transcurso de un mes desde la fecha del requerimiento hecho a la administración concursal, sin que ésta hubiera contestado y, en cualquier caso, con la conclusión del concurso.
DEBERES DE COLABORACIÓN Y LIMITACIÓN DE DERECHOS Y LIBERTADES FUNDAMENTALES Los efectos de la declaración de concurso se completan con l imposición al concursado, a sus administradores en caso de persona jurídica, y a sus apoderados de deberes generales de comparecencia, de colaboración y de información con el juez del concurso y con la administración concursal.
El incumplimiento de esos deberes se sanciona, en caso de formación de la sección de calificación, con la presunción de dolo o culpa grave en la causación o agravación de la insolvencia, lo que determinará, salvo prueba en contrario, la clasificación del concurso como culpable.
Además, la incomparecencia podrá ser motivo para que el juez decrete arresto domiciliario, previa audiencia del ministerio fiscal. Al lado de esos deberes generales, e concursado tiene el deber específico de poner a disposición de la administración concursal, los libros de contabilidad y los libros corporativos (libros de actas, libro registro de acciones nominativas o de socios) así como los documentos de relevancia patrimonial relativos a su profesión o empresa.
MEDIDAS QUE PUEDEN DECRETARSE 44 La primera de las medidas es la intervención de las comunicaciones que constituye una limitación del derecho fundamental al secreto de las comunicaciones. El respeto del derecho fundamental exige la garantía del secreto de los contenidos que sean ajenos al interés del concurso y que la medida no se adopte con una finalidad puramente especulativa.
La segunda limitación posible es el establecimiento de un deber de residencia, que puede desembocar incluso en el arresto domiciliario, art. 1.1.2 medidas que pretenden garantizar la disponibilidad de las personas a favor de la administración concursal y del juez del concurso. Se trata de medidas limitativas de naturaleza esencialmente cautelar, que no serán necesarias en buena parte de los casos, porque con el actual desarrollo de los medios de comunicación puede conseguirse el mismo resultado, sin necesidad de obligar al concursado a permanecer en una determinada población.
Finalmente, podrá el juez autorizar la entrada y registro domiciliario, cuando los sujetos afectados nieguen su consentimiento, art. 1.3 LORC, restricción que habrá de basarse n indicios racionales de la existencia de documentos de interés para el concurso que no hayan sido aportados.
EFECTOS SOBRE LA PERSONA JURÍDICA La declaración de concurso de una persona jurídica no produce su extinción y ni tan siquiera obliga a su disolución. En consecuencia, la persona jurídica concursada mantendrá la misma estructura orgánica que tuviese antes de la declaración de concurso, sin perjuicio de los efectos que sobre su funcionamiento produzca la intervención o la suspensión del ejercicio de las facultades de administración y disposición: en cado se intervención, la actuación de los órganos queda sometida a la autorización o conformidad de la administración concursal, y en caso de suspensión, las facultades patrimoniales pasarán a la administración concursal, correspondiendo a os órganos de la persona jurídica la competencia para llevar a cabo aquellos que la ley permite realizar al concursado, así como el cumplimiento de los deberes, legalmente impuestos al mismo. En todo caso, los administradores concursales tendrán derecho de asistencia y de voz en las sesiones de los órganos colegiados.
ACCIÓN DE RESPONSABILIDAD Es una acción de los administradores frente a los socios y frente a los acreedores. Responden los administradores y los auditores (si los informes no se correspondieran con la situación real de la empresa) y los liquidadores. La acción de responsabilidad social está legitimada hacia la administración concursal, es decir, el juez puede decretar el embargo de bienes y derechos de los administradores y liquidadores, sean de hecho o de derecho de la sociedad concursada. El embargo constituye una medida cautelar más. Se van contra los bienes de los administradores, cuando la masa activa no alcance para hacer efectivos todos los créditos de la masa pasiva.
Se puede ir contra todos o algunos adminsitradores de hecho o de derecho, que lo sean en el momento de la declaración de concurso o que lo hubieran sido dentro de los dos años anteriores. Corresponderá también al juez del concurso decidir la cuantía del embargo, siempre que lo considere bastante para la cobertura del eventual déficit de la liquidación.
La declaración de concurso de la persona jurídica tampoco modificará los derechos y las obligaciones de los socios. Cuando estuviese pendiente la obligación de aportar, la competencia para la reclamación se atribuye en exclusiva a la administración concursal, que podrá realizarla con independencia de que se acuerde la suspensión o la intervención de las facultades patrimoniales de la sociedad concursada, cualquiera que fuera el plazo fijado en la escritura o en los estatutos y en el momento y la cuantía que estime conveniente.
Esa resolución se extiende a los créditos de la sociedad por prestaciones accesorias de los socios que estuviese pendientes de cumplimiento en el momento de la declaración de concurso.
45 2. EFECTOS DEL CONCURSO SOBRE LOS ACREEDORES Los efectos sobre las acciones individuales:  Se centran en el principio de igualdad de la par conditio creditorum  La formación de la masa de acreedores o masa pasiva  Los acreedores podrán ejercitar acciones individuales con trascendencia patrimonial frente al concursado.
 Los jueces del orden civil ante quienes se interponga demanda de la que deba conocer el juez del concurso tienen el deber legal de abstención.
 Deberán ejercitarse ante el juez del concurso las acciones colectivas de extinción, modificación y suspensión de los contratos de trabajo, así como las acciones individuales sobre suspensión o extinción de contratos de alta dirección.
 Excepción del punto anterior: las demás acciones de carácter social continuarán siendo competentes los jueces del orden jurisdiccional social.
 Efecto de la declaración del concurso, quedará interrumpida la prescripción de las acciones contra el deudor y también, algo que no tienen una clara razón de ser contra socios, administradores, liquidadores y auditores de la persona jurídica deudora.
 Sin embargo, podrán continuar las ejecuciones administrativas y laborales iniciadas antes de la declaración de concurso, siempre que los bienes afectados no resultasen necesarios para la continuación de la actividad.
 Tratamiento especial los acreedores con garantía real, cuando ésta recaiga sobre bienes no afectos al ejercicio de la actividad profesional o empresarial.
 Transcurrido el periodo de paralización o de suspensión, el acreedor podrá iniciar o continuar la ejecución ante el juez del concurso, al menos que se hubiera abierto la fase de liquidación, en este caso, estaríamos a lo que se quede acordado en la ejecución colectiva.
 La especialidad es aún mayor en relación con los titular4es de créditos privilegiados sobre los buques y aeronaves, quinees podrán separar esos bienes de la masa activa del concurso mediante el ejercicio, por el procedimiento correspondiente, extra concursal, de las acciones que tengan reconocidas en su legislación específica  Si de la ejecución extra concursal resultare remanente a favor del concursado, se integrara a la masa activa.
Los efectos sobre los créditos en particular: Produce también efectos específicos sobre los créditos contra el concursado, en un triple sentido: deja de operar la compensación, dejan de devengarse intereses y se hace preciso establecer reglas de tratamiento de determinados créditos.
a) La ley española se integra en el sistema latino y dispone que declarado el concurso, no procederá la compensación de los créditos y deudas del concursado, pero producirá sus efectos la compensación cuyos requisitos hubieran existido con anterioridad a la declaración, sin perjuicio de lo que resulte en los concursos internacionales, de acuerdo con la norma que rija el crédito recíproco del concursado.
La prohibición de compensación en el concurso, que se basa en la necesidad de mantener el principio de indisponibilidad de los bienes de la masa activa en el respecto al principio de igualdad de trato y en la propia regulación general de la compensación.
46 b) Es igualmente clásico el problema de la suspensión del devengo de los intereses de los créditos durante el concurso. La regla general es que, desde la declaración de concurso, quedará suspendido el devengo de los intereses, legales o convencionales. Existen dos excepciones: a. La suspensión no afecta a los créditos con garantía real (ejemplo: hipoteca), que seguirán devengando intereses aunque solo hasta donde alcance la respectiva garantía.
b. Tampoco a los créditos salariales que devengaran intereses conforme al interés legal del dinero, si bien esos intereses tendrá la consideración de réditos subordinados.
La suspensión del devengo de intereses de los restantes créditos concursales no tienen carácter definitivo, porque deudor y acreedor podrán pactar su pago total o parcial en un convenio que no implique quita de los créditos, y porque en caso de liquidación, si resultare remanente (lo que sobra) después del pago de la totalidad de los créditos concursales, habrán de satisfacerse los intereses suspendidos.
c) Por última, la declaración de concurso obliga a fijar algunas reglas de tratamiento de los créditos en diferentes supuestos: a. En primer lugar, en el concurso de acreedores todos los créditos se computarán en dinero y se expresarán en moneda de curso legal. Se trata únicamente de una cuantificación del pasivo.
La convención de los créditos solo se llevará efecto en los casos en los que se abra el convenio de liquidación. Todos los créditos los llevaremos a evaluarnos en la fecha de declaración de concurso, no en fechas posteriores.
b. Los créditos de prestaciones no dinerarias se valorarán a precio de mercado y a fecha de presentación de concurso.
3. EFECTOS SOBRE LOS CONTRATOS Cuando el deudor hubiera concluido contratos con anterioridad a la declaración de concurso, es preciso conciliar los intereses del concurso con los del contratante in bonis. El problema solo surge en relación con aquellos contratos bilaterales que en el momento de la declaración de concurso se encuentren pendientes de cumplimiento, total o parcialmente, por las dos partes contratantes.
En otro caso, en efecto, serán de aplicación las normas generales: si el concursado ya hubiere cumplido íntegramente su prestación, existirá tan solo un crédito integrado en la masa activa que deberá ser cobrado como cualquier otro y si, al contrario, fuera la contraparte la que hubiera cumplido íntegramente su prestación, existirá únicamente un crédito concursal, que deberá ser reconocido y satisfecho dentro del concurso sea en la fase de convenio que sea en la fase de liquidación. Esa misma solución debe predicarse respecto de los contratos unilaterales.
Existen algunos contratos bilaterales que cuentan con una regulación específica en la legislación especial: seguro, agencia, contratos celebrados con las administraciones públicas, los contratos de garantía financiera.
Los efectos sobre los contratos de trabajo se regulan de manera especial en la ley concursal.
Fuera de esos supuestos especiales, la regla fundamental es que la declaración de concurso no afectara por si sola a la vigencia de los contratos con obligaciones reciprocas en los que ninguna de las partes hubiese cumplido íntegramente su prestación, hasta e punto de que se tendrán por no puestas las cláusulas de los contratos que establezcan la facultad de resolución o la extinción del contrato por las ola causa de la declaración de concurso del contratante a menos que una ley lo permita.
En consecuencia, los contratos continuarán a pesar del concurso y las prestaciones a que estuviera obligado el concurso se realizarán con cargo a la masa, si bien se sancionarán con calificación como créditos 47 subordinados cuando el contratante obstaculizara de forma reiterada el cumplimiento o del contrato en perjuicio del concursado.
El concursado podrá pedir, en el caso de que se encuentre en suspensión el propio concursado, la resolución de los contratos imputándose siempre a la masa la indemnización correspondiente. Lo tendrá que hacer de manera motivada.
La acción resolutoria la ejercitará el juez del concurso, y como un incidente concursal. La declaración del concurso puede producir efectos en los contratos que ya se encontrasen en vía de extinción, que la administración concursal podrá solicitar su rehabilitación en interés del concurso, asumiendo la masa todos los pagos que correspondan al concursado, si bien se sancionarán con la calificación como créditos subordinados cuando el contratante obstaculizara de forma reiterada el cumplimiento del contrato en perjuicio del concurso.
Los préstamos, contratos de créditos, podrán restituirse cuando se hubiere producido el vencimiento anticipado por impago de cuotas o de intereses dentro de los tres meses ant4eriores a la declaración de concurso, y no se hubiesen iniciado ya acciones en relación de pago contra el deudor o contra algún garante, así como los contratos de adquisición de bienes con precio aplazado que se hubieran resuelto dentro de los tres meses ant4eriores a la declaración del concurso, a menos que el transmitente hubiese iniciado ya acciones de resoluciones o de restitución del bien transmitido o hubiese recuperado la posesión material del bien o hubiese realizado actos dispositivos sobre el mismo en favor de tercero.
Finalmente podrá enervarse de la acción de desahucio ejercitada antes de la declaración de concurso y rehabilitar el correspondiente contrato de arrendamiento hasta el momento mismo de practicarse el efectivo lanzamiento.
4. EFECTOS SOBRE LOS ACTOS PERJUDICIALES POR LA MASA ACTIVA Composición sobre los actos perjudiciales para la masa activa Como consecuencia de la declaración del concurso, los bienes del deudor pasan a formar parte de un conjunto unitario denominado masa activa, destinado a satisfacer a los acreedores, masa pasiva.
La masa activa del concurso quedará constituida, de acuerdo con el principio de responsabilidad patrimonial universal, con todos los bienes y derechos integrados en el patrimonio del deudor en el momento de la declaración de concurso y por todos los bienes que se reintegren a dicho patrimonio como consecuencia del ejercicio de acciones rescisorias o de impugnación, así como por todos aquellos bienes que adquiera el deudor hasta la conclusión del concurso.
En particular, se integraran en la masa activa los saldos acreedores de las cuentas en las que el concursado figure como titular indistinto, a menos que se pruebe que no es su titular. Solo quedan fuera de la masa aquellos bienes y derechos del concursado que no tengan carácter patrimonial y los que sean legalmente inembargables.
Cuando el concursado sea una persona casada, la composición de la masa activa será diferente en función del régimen económico matrimonial aplicable. Así en caso de sociedad de gananciales o cualquier otra comunidad de bienes integrarán también la masa los bienes gananciales.
La administración concursal con el posible asesoramiento de expertos independientes, deberá elaborar un inventario, que contendrá la relación de todos los bienes, con expresión de su naturaleza, características, lugar en que se encuentren y en su caso, datos de identificación registral y gravámenes, así como una valoración de los mismos realizada con arreglo a su valor de mercado.
48 El inventario de la masa activa se unirá al informe de la administración concursal y cualquier interesado podrá impugnarlo, solicitando la inclusión o la exclusión de bienes o derechos o el aumento o disminución de valoración de los incluidos.
La administración y disposición de los bienes de la masa activa atenderá a su conservación del modo más conveniente para los intereses del concurso, de modo que hasta la aprobación judicial del convenio o hasta la apertura de la fase de liquidación, no se podrán enajenar ni gravar los bienes y derechos que la integran sin la autorización del juez.
Ahora bien, esa regla puede ser modificada en función de la decisión que se adopte respecto a la actividad profesional o empresarial del concursado, de manera que, cuando continúa la actividad, podrán realizarse todos aquellos actos de disposición que sean inherentes a la misma.
Para La delimitación final de la masa activa, podrán realizarse durante el concurso operaciones de signo inverso. Unas tendentes a llevar a la masa los bienes que salieron indebidamente del patrimonio del concursado con anterioridad a la declaración del concurso, que se denominan acciones de reintegración de la masa, y otras, dirigidas a excluir de la masa aquellos bienes que no sean de titularidad del concursado, que, por lo tanto, no pueden servir para la satisfacción de los acreedores, de manera que su verdadero titular disfruta de un derecho de separación de bienes de la masa.
La reintegración de la masa activa La reintegración de la masa tiene su razón de ser en la norma falta de coincidencia entre el momento en que comienza la crisis de un deudor y aquel otro en que se produce la declaración judicial del concurso, a fin de suprimir los efectos derivados de una actuación del deudor en perjuicio de sus acreedores realizada en ese periodo.
Durante el concurso podrán ejercitarse cualesquiera acciones de impugnación de actos del deudor que procedan conforme a derecho pero, además se articula una técnica especial de reintegración: la acción rescisoria concursal.
Serán rescindibles los actos perjudiciales para la masa activa realizados por el deudor dentro de los dos años anteriores a la fecha de la declaración, aunque no hubiere existido intención fraudulenta, de modo que el funcionamiento rescisorio se encuentra en el elemento temporal de realización del acto: dentro de los dos años anteriores a la declaración del concurso. Es indiferente para que proceda la rescisión la intención del deudor y su contraparte al realizar el acto.
Pregunta de examen: existencia de fraude.
Para que el actos sea rescindible, si es necesario que concurra el elemento objetivo propio de la acción rescisoria, es decir, el perjuicio que la ley española parece considerar en sentido estricto como una reducción del patrimonio del deudor más tarde declarado en concurso.
Ahora bien, en determinados casos la existencia de perjuicio patrimonial es inherente al acto, de modo que se presume su existencia sin posibilidad de prueba en contrario: así sucede con los actos de disposición a título gratito y con los pagos anticipados.
Además, para facilitar la reintegración de la masa, se presume el perjuicio patrimonial, pero con posibilidad de prueba en contrario, en todos los actos de disposición a título oneroso realizados a factor de alguna de las personas especialmente relacionados con el concursado y en los actos de constitución de garantías reales a favor de obligaciones preexistentes.
Fuera de esos casos, el perjuicio deberá ser probado por quien ejercite la acción rescisoria.
49 Sin embargo en ningún caso podrán ser objeto de rescisión varias categorías de actos: 1) Las operaciones ordinarias del tráfico a que se dedicara el deudor realizadas en condiciones normales 2) Los actos comprendidos en el ámbito de leyes especiales reguladoras de los sistemas de pagos y compensación y liquidación de valores de instrumentos derivados 3) Las garantías constituidas a favor de los réditos de derecho público y a favor del OFGASA en los acuerdos o convenios de recuperación previstos en su normativa específica.
Quedan también fuera de la acción rescisoria concursal los denominados “acuerdos de financiación” definidos como aquellos “alcanzados por el deudor en virtud de los cuales se proceda al menos a la ampliación significativa del crédito disponible o a la modificación de sus obligaciones, bien mediante la prórroga de su plazo de vencimiento, bien mediante el establecimiento de otras contraídas en sustitución de aquellas” y “que se enmarquen en un plan de viabilidad que permita la continuidad de la actividad del deudor a corto y medio plazo”.
Todas las acciones de rescisión concursal como las demás acciones de impugnación deberán ejercitarse ante el juez del concurso y se sustanciarán por el caucel del incidente concursal. La legitimación activa para el ejercicio de unas y otras acciones se atribuye no solo a la administración concursal solicitando el ejercicio de alguna acción. La legitimación pasiva corresponde al deudor y a quienes hayan sido parte en el acto impugnado y podrá extenderse a terceros adquirentes del bien.
La separación de bienes de la masa Con el nombre de derecho de separación se designa la facultad de los titulares de los bienes o derechos que se encuentran en poder del deudor y sobre los cuales no exista un derecho de retención, de uso o de garantía que justifique esa posesión de impedir que puedan servir a la satisfacción de los acreedores bienes que no son propiedad del deudor y que por lo tanto, no integran su patrimonio y de tutelar a aquellas personas cuyos bienes hubieran sido incluidos indebidamente en el concurso.
La separación tiene una estrecha relación con la acción reivindicatoria. Por eso, será necesario que el separante identifique los bienes o derechos que pretende separar, será necesario igualmente que esos bienes t derechos se encuentren “en poder del concursado” y se exigirá que el separante sea propietario o tenga mayor derecho que concursado sobre los bienes o derechos objeto de la reclamación. En cuanto al procedimiento de separación, el titular deberá dirigir una solicitud a la administración concursal, que procederá a la entrega del bien o derecho o al menos, al reconocimiento del mejor derecho. Si la administración concursal rechazara la solicitud, podrá plantearse incidente concursal.
Los créditos contra la masa Con el término de créditos contra la masa, deudas de la masa en la terminología tradicional, se designa la compleja gama de gastos y obligaciones que genera el concurso de acreedores, que han de satisfacerse, con cargo a la masa, de modo inmediato o a su vencimiento y, en su caso de liquidación, con preferencia, en prededucción, sobre los créditos concursales (Art. 84 y 154 de la ley concursal.).
En principio, tienen esa consideración solo los créditos nacidos durante el concurso, pero esa calificación se ha extendido, con la clara intención de dotarlos de la mayor preferencia posible a los créditos por salarios por los últimos 30 días de trabajo anteriores a la declara ion de concurso y en cuantía que no supone el doble del salario mínimo interprofesional.
La delimitación legal de los créditos contra la masa, detallada en el art. 84.2, parte de la tradiciona distinción entre gastos de la masa y oblgiaciones de la masa. Entre los gastos de la masa se incluyen tanto los gastos de justicia como los d administración. Se consideran gastos de justicia imputables no solo los indispensables para 50 el desarrollo del procedimiento, gastos de solicitud, de la declaración, de publicidad , de reconocimiento de créditos, de celebración de la junta de los acreedores, etc., sino también los derivados de incidentes e incluso los de costas y gastos ocasionados por la asistencia y representación del deudor, de la administración concursal o de los acreedores en los juicios que, en interés de la masa, inicien o continúen de acuerdo con la propia ley concursal. Entro los gastos de administración destaca la retribución de los administradores concursales, art.
34.
Las obligaciones de la masa es el mismo régimen que las obligaciones en general y lo constituye los contratos, la ley y la responsabilidad civil. Como obligación legal destaca la prestación de alimentos al concursado o a las personas que debiera prestar el concursado.
En régimen jurídico de los créditos contra la masa se basa en su carácter extraconcursal. Así, los créditos contra la masa no han de ser comunicados, no sufren los efectos previstos para los singulares créditos del concursado y deberán ser satisfechos de forma inmediata o a su vencimiento. Art. 154.2.
En caso de convenio, los créditos contra la masa no se someten a sus quitas y esperas, si bien los créditos que se concedan al concursado para financiar su plan de viabilidad se satisfarán en los términos fijados en el propio convenio, art. 100.5. II.
Y en caso de liquidación, antes de proceder a la distribución entre los acreedores concursales han de separarse las cantidades necesarias para satisfacer los créditos contra la masa que aún se encontrasen pendientes de pago, lo que constituye la denominada prededucción, art. 154.1.
IV. LA MASA PASIVA El reconocimeinto de créditos La masa pasiva del concurso se íntegra por los créditos contra el concursado existentes en la fecha de la declaración del concurso. Esos créditos reciben el nombre de créditos concursales que se convertirán en concurrentes cuando sean reconocidos.
La comunicación de créditos es la solicitud de los acreedores del reconocimiento de sus derechos, que deberá realizarse, dentro del plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación en el BOE del auto de declaración de concurso, con la formalidades legalmente establecidas, art. 85.
Corresponderá a la administración concursal elaborar la lista de acreedores, de acuerdo no solo con las comunicaciones expresamente realizadas, sino también de los que resultare de los libros y documentos del deudor o de los que, por cualquier otra razón, constare en el concurso.
En este sentido, se incluirán forzosamente en la lista de acreedores los créditos que hayan sido reconocidos por laudo o por sentencia, los que consten en documento con fuerza ejecutiva, los reconocidos por certificación administrativa, los que disfruten de garantía real inscrita y los créditos de los trabajadores cuya existencia y cuantía resulten del concurso.
Los créditos provistos de una garantía personal se reconocerán por su importe, sin perjuicio de la sustitución del acreedor por el garante que realizara el pago y teniendo en cuenta que, en caso de pago por el fiador, el crédito se calificará de la forma que resulte menos gravosa para el concurso entre las que correspondan al acreedor y al fiador.
Cuando el garante hubiese realizado un pago parcial, el acreedor tendrá derecho a que se incluya en la lista de acreedores tanto la parte del crédito garantizado que todavía no haya sido satisfecha como el crédito de reembolso del garante.
Clasificación de los créditos 51 Los créditos incluidos en la lista de acreedores habrán de clasificarse en alguna de estas tres categorías: privilegiados, ordinarios y subordinados (art. 89.1). Para salvaguardar al máximo el principio de la par conditio creditorum y aumentar el grado de satisfacción de los acreedores comunes, solo tendrán la consideración de créditos privilegiados los previstos en la Ley concursal, art. 89.2 y determinados créditos tienen por imperativo legal la condición de subordinados o postergados. Todos aquellos créditos que no merezcan la calificación de privilegiados o de subordinado serán créditos ordinarios.
La clasificación de los créditos determinará su satisfacción en el concurso. Cuando la solución del concurso sea convenio, los titulares de créditos privilegiados solo quedarán vinculados a su contenido si lo hubieran aceptado expresamente con su voto o adhesión, mientras que los titulares de créditos subordinados, que carecen de derecho de voto y de adhesión, quedarán afectados por las mismas quitas que se pacten para los créditos ordinarios y sufrirán una espera mayor.
En caso de liquidación, serán satisfechos en primer lugar, los créditos privilegiados, por el orden legalmente establecido, después los ordinarios a prorrata y finalmente, en su caso, los subordinados por el orden legalmente establecido. Art. 155 y ss.
LOS CRÉDITOS PRIVILEGIADOS Se dividen en dos categorías:  CRÉDITOS DE PRIVILEGIO ESPECIAL: casi todos aquellos créditos que estén dotados de una garantía real, serían créditos privilegiados especiales.
Suelen afectar a determinados bienes y derechos, por lo que con su pago se realizará en todo caso con cargo a los bienes y derechos afectos. Pero la administración concursal dependiendo del valor del bien que está afecto a la garantía y dependiendo del crédito, la administración concursal rescata el bien hacia la masa activa y pagar la garantía. Los créditos de privilegio especial, en caso de convenio solo quedarán afectos a este si hubieran votado y adherido a favor de la propuesta que resultara afectada. En caso de liquidación, lo que se hace es ejecutar colectivamente el bien para el pago de los acreedores, es decir, quien tiene ese privilegio especial, perdería esa condición para ejecutar el concurso.
Art. 90: los créditos privilegiados especiales son aquellos que están gravados sobre un derecho real. Por ello tenemos los siguientes créditos especiales: - Los créditos garantizados con hipoteca voluntaria o legal, inmobiliaria o mobiliaria, o con prenda sin desplazamiento, sobre los bienes o derechos hipotecados o pignorados.
Los créditos garantizados con anticresis, sobre los frutos del inmueble gravado.
- Los créditos refaccionarios, sobre los bienes refaccionados, incluidos los de los trabajadores sobre los objetos por ellos elaborados mientras sean propiedad o estén en posesión del concursado.
- Los créditos por contratos de arrendamiento financiero o de compraventa con precio aplazado de bienes muebles o inmuebles, a favor de los arrendadores o vendedores y, en su caso, de los financiadores, sobre los bienes arrendados o vendidos con reserva de dominio, con prohibición de disponer o con condición resolutoria en caso de falta de pago.
- Los créditos con garantía de valores representados mediante anotaciones en cuenta, sobre los valores gravados.
- Los créditos garantizados con prenda constituida en documento público, sobre los bienes o derechos pignorados que estén en posesión del acreedor o de un tercero. Si se tratare de prenda de créditos, bastará con que conste en documento con fecha fehaciente para gozar de privilegio sobre los créditos pignorados.
52 Para que todos esos créditos puedan ser clasificados con privilegio especial, la garantía deberá estar consituida con los requisitos y formalidades previstos en su legislación específica para su oponibilidad a terceros, salvo en el caso de la hipoteca legal tácita y del privilegio refaccionario de los trabajadores.
Finalmente tienen la consideración de créditos con privilegio especial los garantizados con prenda cuyo privilegio recaerá sobre los bienes o derechos pignorados que estén en posesión del acreedor o de un tercero.
La preda deberña constar en documento público , salvo que se tratare de una prenda de créditos en cuyo caso bastará con que conste en docuemtno con fecha fehaciente.
 Los créditos con privilegio general recaen sobre todo el patrimonio del deudor.
En caso de convenio, reciben el mismo tratamiento que los créditos con privilegio especial, pero en caso de liquidación, se satisfarán con cargo a los bienes no afectos a privilegio especial, por el orden legalmente establecido y en su caso, a prorrata de cada número. Son créditos concursales con privilegio general los siguientes: art. 91:  Los créditos por salarios que no tengan reconocido privilegio especial, en la cuantía que resulte de multiplicar el triple del salario mínimo interprofesional por el número de días de salario pendientes de pago, las indemnizaciones derivadas de la extinción de los contratos, en la cuantía correspondiente al mínimo legal calculada sobre una base que no supere el triple del salario mínimo interprofesional, las indemnizaciones derivadas de accidente de trabajo y enfermedad profesional, devengados con anterioridad a la declaración de concurso. Igual privilegio ostentarán los capitales coste de Seguridad Social de los que sea legalmente responsable el concursado, y los recargos sobre las prestaciones por incumplimiento de las obligaciones en materia de salud laboral, siempre que sean devengadas con anterioridad a la declaración de concurso.
 Las cantidades correspondientes a retenciones tributarias y de Seguridad Social debidas por el concursado en cumplimiento de una obligación legal.
 Los créditos de personas naturales derivados del trabajo personal no dependiente y los que correspondan al propio autor por la cesión de los derechos de explotación de la obra objeto de propiedad intelectual, devengados durante los seis meses anteriores a la declaración del concurso.
 Los créditos tributarios y demás de Derecho público, así como los créditos de la Seguridad Social que no gocen de privilegio especial conforme al apartado 1 del artículo 90, ni del privilegio general del número 2.º de este artículo. Este privilegio podrá ejercerse para el conjunto de los créditos de la Hacienda Pública y para el conjunto de los créditos de la Seguridad Social, respectivamente, hasta el cincuenta por ciento de su importe.
 Los créditos por responsabilidad civil extracontractual. No obstante, los daños personales no asegurados se tramitarán en concurrencia con los créditos recogidos en el número 4.º de este artículo.
 Los créditos en concepto de responsabilidad civil derivada de delito contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social.
 Los créditos que supongan nuevos ingresos de tesorería concedidos en el marco de un acuerdo de refinanciación que reúna las condiciones previstas en el artículo 71.6 y en la cuantía no reconocida como crédito contra la masa.
 Los créditos de que fuera titular el acreedor a instancia del cual se hubiere declarado el concurso y que no tuvieren el carácter de subordinados, hasta el 50% de su importe.
 Los créditos subordinados A fin de aumentar el grado de satisfacción de los acreedores oridnarios, algunso créditos se consideran legalemtne subordiandos o postergados, disfrutando de peor condición que los restantes créditos concursales.
Los créditos subordinados son créditos antiprivilegiados.
En caso de convenio carecen de derecho de adhesión y de voto, se someten a las mismas quitas que los irdinarios y sufren una espera mayor.
53 En caso de liquidación, el pago de los créditos subordinados no se realizará hasta que no hayan sido íntegramente satisfechos los créditos ordinarios, y se llevará a abo por el oorden legalmetne establecido y a prorrata dentr de cada número.
Son créditos subordinados art. 92: - Los créditos que, habiendo sido comunicados tardíamente, sean incluidos por la administración concursal en la lista de acreedores, así como los que, no habiendo sido comunicados, o habiéndolo sido de forma tardía, sean incluidos en dicha lista por comunicaciones posteriores o por el juez al resolver sobre la impugnación de ésta. No quedarán subordinados por esta causa, y serán clasificados según corresponda, los créditos del artículo 86.3, los créditos cuya existencia resultare de la documentación del deudor, los que consten en documento con fuerza ejecutiva, los créditos asegurados con garantía real inscrita en registro público, los que constaren de otro modo en el concurso o en otro procedimiento judicial, y aquellos otros para cuya determinación sea precisa la actuación de comprobación de las Administraciones públicas.
- Los créditos que por pacto contractual tengan el carácter de subordinados respecto de todos los demás créditos contra el deudor. Los créditos por recargos e intereses de cualquier clase, incluidos los moratorios, salvo los correspondientes a créditos con garantía real hasta donde alcance la respectiva garantía. Los créditos por multas y demás sanciones pecuniarias.
- Los créditos de que fuera titular alguna de las personas especialmente relacionadas con el deudor a las que se refiere el artículo siguiente, excepto los comprendidos en el artículo 91.1.º cuando el deudor sea persona natural y los créditos diferentes de los préstamos o actos con análoga finalidad de los que sean titulares los socios a los que se refiere el artículo 93.2.1.º y 3.º que reúnan las condiciones de participación en el capital que allí se indican. Se exceptúan de esta regla los créditos por alimentos nacidos y vencidos antes de la declaración de concurso que tendrán la consideración de crédito ordinario.
- Los créditos que como consecuencia de rescisión concursal resulten a favor de quien en la sentencia haya sido declarado parte de mala fe en el acto impugnado.
- Los créditos derivados de los contratos con obligaciones recíprocas a que se refieren los artículos 61, 62, 68 y 69, cuando el juez constate, previo informe de la administración concursal, que el acreedor obstaculiza de forma reiterada el cumplimiento del contrato en perjuicio del interés del concurso.
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