tema 4 (2015)

Apunte Español
Universidad Universidad de Málaga
Grado Derecho - 2º curso
Asignatura Derecho Penal I
Año del apunte 2015
Páginas 11
Fecha de subida 04/05/2016
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Apuntes elaborados personalmente combinando las explicaciones de clase con los manuales. Muy claros y bien organizados.

Los temas marcados con una (i) son los más importantes de cara a examen.

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TEMA 4: LA LEY PENAL EN EL ESPACIO 1. REFERENCIAS LEGALES En lo referente a la eficacia de la ley penal en el espacio, no viene regulada en el CP, donde no hay ningún precepto relativo a este tema, ni en las leyes penales especiales.
Se regula en el artículo 8.1 del Código Civil, y en la LOPJ de 1 de julio de 1985, donde al determinar la competencia de los Tribunales españoles se establece indirectamente la eficacia espacial de la ley.
2. PRINCIPIO DE TERRITORIALIDAD DE LA LEY PENAL  CONCEPTO: Es el principio básico para determinar la eficacia espacial que tiene la ley penal española. Se formula de la siguiente manera: las leyes penales se aplican a todos los delitos y faltas cometidos en el territorio español, independientemente de si son cometidos por españoles o extranjeros.
 REGULACIÓN: Viene recogido en el artículo 8.1 del Código Civil: las leyes penales obligan a todos los que se hallen en territorio español.
Por otro lado nos encontramos que la LOPJ, en el artículo 21, establece que los juzgados y tribunales españoles conocerán de los juicios que se celebren en el territorio español, ya sea entre españoles, entre extranjeros o entre ambos.
La regla general del principio de territorialidad se consagra en el artículo 23: corresponde a la jurisdicción española conocer de los delitos y faltas cometidas en territorio español y a bordo de los buques y aeronaves españolas.
 El principal FUNDAMENTO TEÓRICO de este principio se basa en que el “ius puniendi” es una manifestación de la soberanía que tiene el Estado, de manera que se extiende hasta donde se extiende la soberanía del Estado (territorio nacional).
 Por otra parte, encontramos un FUNDAMENTO PRÁCTICO, de carácter procesal, en el sentido de que el lugar donde se haya cometido el delito es el más adecuado para recoger pruebas y para realizar el proceso.
 EVOLUCIÓN: Se trata de un principio liberal, que apareció con la Revolución Francesa y se extendió posteriormente a todas las legislaciones.
 OTRO FUNDAMENTO: Por otro lado, si atendemos a los fines que deben cumplir las penas, observamos que estos se satisfacen mejor si se aplica el principio de territorialidad.
- - Sería lógico que la reafirmación del ordenamiento jurídico que se pretende conseguir con la pena se produzca allí donde se haya cometido el delito.
Igualmente, el fin de la prevención general, en el sentido de intimidar para que no se cometan delitos en el territorio nacional, lo coherente es que la pena se imponga en el mismo lugar donde se ha cometido el delito.
En cuanto al fin de la pena de prevención especial, de cara a la resocialización del delincuente, lo normal es que cumpla la pena en el lugar donde reside. Por tanto, aunque a un extranjero se le juzgue y se le imponga la pena en España, puede cumplirla en su país.
1  En torno a este principio hay que resolver dos CUESTIONES: A. La determinación del concepto de “territorio”: en principio, por territorio entendemos todos los lugares a los que se extiende la soberanía del Estado. En él incluimos:  El espacio geográfico, es decir, dentro de las fronteras del Estado. En nuestro caso sería la Península Ibérica dentro de las fronteras nacionales, Islas Canarias, Baleares y otras islas menores, todas las plazas del Norte de África que están bajo nuestra soberanía, etc.
 Una primera aclaración que debemos hacer es la de los edificios diplomáticos y de la Embajada de otros países que se encuentran en España, que en principio también pertenecen al Estado donde se encuentran, y por tanto se le aplica la ley española. Actualmente, lo único que se le reconoce son: - Una serie de privilegios procesales: para la entrada de un juez en uno de estos edificios necesita la autorización del país. Sólo si éste lo deniega lo puede pedir al Ministerio de Justicia.
- Privilegios de carácter personal. Son establecidos en convenios y tratados internacionales. Están recogidos en el artículo 21 de la LOPJ, exceptuándose los casos de inmunidad de ejecución y jurisdicción en estos casos.
 También se incluyen dentro del territorio las bases militares de utilización conjunta de España y EEUU.
 Mar territorial. Es la zona de mar adyacente a lo que son las costas españolas. Antes tenía una extensión de 6 millas. Actualmente se ha extendido hasta 12 millas, criterio en el que existe consenso internacional. Esto significa que abarca la columna de agua, el lecho, el subsuelo y todos los recursos de esa zona.
Independientemente del criterio de las 12 millas, en la Convención del Derecho del mar se permite la creación de la zona de explotación económica exclusiva, establecida hasta las 200 millas.
 Buques: rige la ley del pabellón, es decir, que corresponde a la jurisdicción española el conocimiento de los delitos y faltas cometidos en los buques y aeronaves españoles, salvo que los tratados internacionales dispongan otra cosa. Hay que establecer una diferencia entre los buques de guerra y los buques estatales no comerciales.
 Si son buques mercantes o estatales comerciales hay que distinguir: si se encuentra en alta mar se aplica la legislación española.
- si está en el puerto extranjero se aplica la ley de dicho país en los siguientes casos: o si el delito ha tenido consecuencias para ese Estado.
o si el capitán solicita la intervención de las autoridades locales (ej. Motín) o o bien siempre que sea necesario para la retención del tráfico ilícito de drogas.
o En los otros casos se recomienda que el Estado ribereño no intervenga, aunque no se le priva de su jurisdicción.
 Espacio aéreo: sería aquel espacio situado sobre el territorio en sentido geográfico y sobre el mar territorial. La Ley de Navegación Aérea de 1960 establece que se someten a nuestra legislación los delitos cometidos en el espacio aéreo español.
 Aeronaves españolas: rige la ley del pabellón salvo si se dispone otra cosa. En los Tratados Internacionales se distinguen:  Aeronaves del Estado o militares: se consideran de territorio español independientemente de donde se encuentren.
 Aeronaves comerciales o privadas: se rigen por la ley del Pabellón, salvo que se opongan a las leyes de policía y seguridad del país donde se encuentren.
 Aeronaves extranjeras en territorio nacional. Se le aplica la ley española.
 En el caso de la piratería aérea existe ********  Espacio ultraterrestre y naves espaciales. Hay varios tratados que establecen que los cuerpos celestes y espacio extraterrestre no pueden estar sometidos a la jurisdicción de ningún Estado. El problema está en determinar el límite entre el espacio aéreo y el ultraterrestre: cualquier nave espacial u objeto lanzado al espacio es responsabilidad del Estado donde se registra dicha máquina.
B. La determinación de dónde se ha cometido un delito a distancia: si en el lugar de la acción o en el del resultado.
2 3. PRINCIPIOS COMPLEMENTARIOS: permiten aplicar la ley española a delitos cometidos en el extranjero.
a) Principio de personalidad  CONCEPTO: Según este principio se aplica la ley penal del Estado al que pertenece el delincuente, aunque el delito se haya cometido en el extranjero. Es decir, la ley penal rige para todos los nacionales de un Estado, independientemente de donde se cometa el delito (ej. Español que comete un delito en el extranjero).
 EVOLUCIÓN: Este principio se aplicaba inicialmente como principio básico en Europa hasta la Revolución Francesa, al igual que el principio de territorialidad. Posteriormente, sólo se ha aplicado en este sentido en los regímenes totalitaristas. Actualmente rige como principio complementario en la mayor parte de los países. El motivo es una razón de soberanía del Estado: el Estado se niega a entregar a sus nacionales a otro Estado para que los juzguen. Sin embargo, se comprometen a juzgarlos y enjuiciarlos por esos hechos cometidos en el extranjero, garantizando que no van a quedar impunes.
Hay una excepción, que son los países anglosajones y EEUU, que no tienen ningún problema en entregar a sus nacionales para que sean juzgados por otros Estados, pero siempre con la condición de reciprocidad. Sin embargo, como los otros países no acceden, tampoco ellos lo hacen.
 REGULACIÓN: Este principio de personalidad se regula en el artículo 23.2 de la LOPJ. La ley penal española se puede aplicar cuando se cumplan las siguientes condiciones:  El autor sea un español o bien extranjero que adquiere la nacionalidad española después de la comisión del delito pero antes de la celebración del juicio. La LOPJ no distingue si la víctima tiene que ser española o extranjera, como se hacía antiguamente.
 El hecho debe ser considerado delito por la ley española. Aquí se incluyen los delitos graves y menos graves, pero no las faltas.
 El hecho debe ser punible en el lugar de comisión del delito, salvo que algún tratado internacional o un acto normativo de una organización internacional a la que pertenezca España haya dispuesto otra cosa. Aquí sí se incluyen también las faltas.
 Aunque la ley no lo exige, es evidente que otro requisito es que el nacional debe encontrarse en España.
 Que se haya interpuesto la demanda por parte del agraviado o por parte del Ministerio Fiscal ante los tribunales españoles.
 Que el autor no haya sido absuelto o indultado en el extranjero o condenado y no haya cumplido la totalidad de la pena. Si ha cumplido una parte, la pena se le rebajará proporcionalmente.
b) Principio real o de protección de intereses estatales  CONCEPTO: El Estado castiga el delito cometido en el extranjero, por extranjeros o nacionales, si ese delito lesiona determinados intereses.
 El FUNDAMENTO de que se aplique como complementario es que pretende castigar delitos cometidos en el extranjero siempre que lesione intereses considerados como esenciales para el Estado.
 REGULACIÓN: Viene regulado en el artículo 23.3 de la LOPJ: es competencia de los jueces españoles el conocer los hechos cometidos fuera del territorio nacional siempre que puedan ser tipificados de acuerdo con nuestra legislación penal como alguno de los siguientes supuestos:  Delito de traición o contra la independencia del Estado.
 Delitos contra el titular de la Corona, su consorte, su sucesor o su regente.
 Delitos contra el orden público.
 Amplio catálogo de falsedades reales y documentales: ej. falsificación de la firma o del sello de la Corona.
3  Atentados contra la autoridad o funcionarios públicos españoles.
 Delitos contra la Administración pública realizados por funcionarios.
 Que el autor no haya sido absuelto o indultado en el extranjero o condenado y no haya cumplido la totalidad de la pena. Si ha cumplido una parte, la pena se le rebajará proporcionalmente.
Hay países donde la aplicación de la ley penal requiere que la víctima sea un nacional. A este principio se le llama principio de personalidad pasiva. Sin embargo, a pesar de su nombre, estos supuestos no guardan relación con el principio de personalidad, sino que es una manifestación extrema del principio de protección de intereses, ya que viene a manifestar un interés esencial del Estado, que sería la seguridad de sus nacionales. Ha sido criticado porque implica desconfianza en la administración de justicia de otros países.
c) Principio de jurisdicción universal  CONCEPTO: Según este principio se aplica la ley penal del Estado que tenga en su poder al delincuente independientemente de su nacionalidad, de la de la víctima y del lugar de la comisión del delito.
 Se requieren dos CONDICIONES:  Que se trate de un delito contra los intereses especialmente protegidos por la comunidad internacional.
 Que la legislación nacional tenga previsiones punitivas sobre esos delitos. El Estado solo podrá ser competente si recogía en su legislación ese delito.
 EVOLUCIÓN: Este principio surge en las represiones iusnaturalistas de la Edad Moderna, pero pronto fue evidente que no podía aplicarse como un principio general, no solo por las dificultades de enjuiciamiento de delitos en el extranjero, sino también por las reticencias de los distintos Estados a que juzguen otros Estados un hecho cometido en su propio territorio. La imposibilidad aumenta cuando los hechos hayan sido tolerados o incluso promovidos en el Estado en el que se han cometido (ej. Alemania no querría que se juzgara el delito de genocidio).
Es un principio actualmente en expansión por dos motivos:  la progresiva cristalización de un catálogo de delitos que son claramente atentatorios contra los intereses de la comunidad internacional.
 las dificultades de persecución de estos delitos en un territorio determinado.
Esta expansión llega hasta el punto que las legislaciones nacionales incluyen más supuestos para la protección de este principio que los establecidos en los distintos convenios internacionales.
 REGULACIÓN: En España este principio está regulado en el artículo 23.4 LOPJ: competencia de la justicia española para conocer de los hechos delictivos cometidos en el extranjero, por nacionales o por extranjeros, siempre que se den los siguientes supuestos:  Delito de genocidio (no incluyen motivos políticos) y lesa humanidad (ataque generalizado contra una población civil o una parte de ella. Incluye los motivos políticos).
 Delito de terrorismo.
 Delito de piratería y apoderamiento ilícito de aeronaves.
 Prostitución y corrupción de menores.
 Tráfico internacional de drogas.
 Mutilación genital femenina, siempre que los responsables criminalmente se encuentren en España.
 Tráfico ilegal de personas.
 Cualquier otro delito que según los Tratados Internacionales deban perseguirse en España.
 Encontramos de nuevo la misma excepción de los principios anteriores: solo puede aplicarse la ley penal española siempre que el autor no haya sido absuelto o indultado en el extranjero o condenado y no haya cumplido la totalidad de la pena. Si ha cumplido una parte, la pena se le rebajará proporcionalmente.
4 Basta con que el Estado tenga en su poder al delincuente, sin que sea preciso que el delincuente se encuentre en el territorio nacional.
 Hay una serie de EXIGENCIAS ADICIONALES que no estaban previstas pero han sido añadidas posteriormente por los tribunales:  STC de 25 de febrero de 2003: solo seremos competentes si existen vínculos de conexión entre el supuesto y la jurisdicción española: - Que los responsables se encuentren en España y se le haya denegado la extradición.
- Que haya víctimas españolas.
- Que exista un interés español directo.
 STC 237/2005: vino a declarar inconstitucional lo establecido en la anterior STC porque vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva (artículo 24.1 CE).
-  La Ley Orgánica 1/2009 soluciona la cuestión estableciendo una reforma del artículo 23.3 y 23.4 de la LOPJ.
Para que sea efectiva la aplicación de la legislación española se exige: Que los responsables de los delitos se encuentren en España.
Que existan víctimas de nacionalidad española.
Que se constate algún vínculo de conexión con España.
Que en otro país competente o en el seno de un tribunal internacional no se hayan iniciado procedimientos que supongan persecución de tales hechos.
Los casos de piratería marítima internacional están presentando problemas. El Convenio de las Naciones sobre el Derecho del Mar reconoce a cada Estado facultad para apresar y juzgar a los piratas que encuentren.
4. COOPERACIÓN JUDICIAL PENAL INTERNACIONAL Existen una serie de normas de derecho interno, fundamentalmente de carácter procesal, que vienen a determinar diversas formas de cooperación internacional para la persecución de delitos.
 EXTRADICIÓN: es la forma de cooperar más importante.
 CONCEPTO: Consiste en la entrega de un delincuente por parte del Estado en cuyo territorio se ha refugiado a otro Estado que es competente para juzgarlo o para aplicar la pena o medida de seguridad que se le ha impuesto.
 Hay distintas FORMAS de extradición, que se clasifican atendiendo a varios criterios:     a. SEGÚN SU CONFIGURACIÓN Extradición activa: cuando el Estado solicita la entrega de un delincuente a otro Estado distinto.
Extradición pasiva: cuando el Estado entrega al delincuente.
Extradición en tránsito: el Estado autoriza que el delincuente pase por su territorio.
Reextradición: un Estado que ha obtenido la extradición realiza la entrega a un tercer Estado que se la ha solicitado (Ej. Francia lo entrega a España, y España a Italia).
b. SEGÚN LOS ÓRGANOS COMPETENTES PARA OTORGARLA  Extradición gubernativa: cuando la decisión la toma un órgano administrativo.
 Extradición judicial: tomada por un órgano judicial.
 Extradición Mixta: intervienen los dos tipos de órganos.
5  NATURALEZA JURÍDICA: La extradición aparece como un tratado de derecho internacional en el que el Estado que realiza la entrega renuncia a su derecho a juzgar un delito (renuncia a su ius puniendi) mientras que el que lo recibe adquiere la obligación de juzgarlo y castigarlo. Se trata de un contrato entre ambos Estados.
Si la extradición se concede en virtud de un tratado, entonces se trata de un deber de entregar. En cambio, si se determina por una Ley interna de extradición, se trata de una facultad.
 ORIGEN: La extradición se generaliza a finales de la Edad Moderna y se consolida en todos los Estados nacionales europeos.
 DESARROLLO: evoluciona en tres sentidos diferentes:  Mediante la firma de tratados bilaterales entre los Estados.
 Mediante la aprobación de las leyes internas que establecen los requisitos para solicitar y conceder la extradición.
 Aprobando instrumentos multilaterales de extradición en un ámbito nacional. Es una práctica extendida en los países sudamericanos y Europa.
 REGULACIÓN ESPAÑOLA:  Extradición activa: el Estado Español solicita la extradición de un delincuente. Está regulada en los artículos 824 a 833 de la LECR, donde se establecen los supuestos en los que el Estado va a requerir la extradición de un delincuente a otro país. El art. 827 establece los casos en que procede la petición de extradición:  Aquellos casos que se determinen en los Tratados vigentes con el Estado donde se encuentre el delincuente.
 Si no hay tratado vigente, España solicita la extradición atendiendo a la regulación del otro Estado.
 En defecto de los dos casos anteriores, se solicitará cuando proceda según el principio de reciprocidad.
En cuanto a las personas que pueden ser objeto de extradición activa (artículo 826): - Españoles que habiendo delinquido en España se refugien en el extranjero.
Españoles que habiendo atentado contra la seguridad interior del Estado español se refugien en país distinto al que delinquieron.
Extranjeros que debiendo ser juzgados en España, se refugien en país del que no son nacionales.
 Extradición pasiva: viene regulada por la ley 4/1985. Esta ley ha respetado los tratados vigentes antes de su entrada en vigor. Por tanto, sus preceptos tienen carácter supletorio.
En cuanto a las personas que pueden ser objeto de extradición pasiva: - - Extranjeros que no puedan ser enjuiciados en España. Por tanto, no se va a extraditar a extranjeros si para su enjuiciamiento son competentes los tribunales españoles. Además, no pueden ser menores de 18 años con residencia en España.
Los españoles no son susceptibles de extradición pasiva, pero sí tienen que ser juzgados en nuestro país si así lo solicita el país donde cometió el delito.
6  REGLAS PROCEDIMENTALES Todo lo que es el proceso de extradición tiene carácter mixto, porque intervienen tanto órganos gubernativos como judiciales.
 El juez o tribunal que conozca la causa será el competente para solicitar la extradición activa. El gobierno se va a limitar a tramitar el suplicatorio que le ha dirigido el juez o tribunal.
 La Audiencia Nacional es la competente, sin embargo, para conocer todos los casos de extradición pasiva. En este caso, una decisión desestimatoria por parte de la Audiencia Nacional es vinculante para el gobierno. En cambio, si la Audiencia Nacional estima la petición, el gobierno puede desatenderla (puede concederla o no, ya no es vinculante).
 PRINCIPIOS FUNDAMENTALES LIMITADORES DE LA EXTRADICIÓN Se han desarrollado durante finales del siglo XIX y principios del XX. Suelen limitar los casos en los que se concede una extradición. Estos principios están en función del delincuente, del delito de que se trate, de las penas o del respeto de los derechos fundamentales.
 Limitaciones que atienden a la persona del delincuente: o Los Estados no conceden la extradición de aquella persona a la que tiene derecho a juzgar conforme a sus leyes.
o Cuando el delincuente requerido es un nacional del Estado. Los Estados no entregan a sus nacionales. La vigencia de este principio está generalizada, excepto en los países anglosajones con la condición del principio de reciprocidad.
 Limitaciones que atienden a la índole del delito cometido: o Principio de legalidad o de reciprocidad: se ha entendido que solo debe concederse la extradición por los delitos enumerados en los tratados o leyes internas de extradición. Sin embargo, en la práctica también se concede la extradición por otros delitos que no están previstos en esos tratados, pero sólo si se garantiza la reciprocidad por parte del otro Estado.
o Principio de doble incriminación o de identidad: el hecho que se quiere enjuiciar debe ser delito con arreglo a los dos Estados. Este principio ha sido matizado, y a veces es suficiente con una identidad.
o Principio “ne bis in idem”: un delito no puede ser enjuiciado dos veces. Por tanto, no se concede la extradición si el delito ya ha sido objeto de enjuiciamiento por parte del Estado al que ha sido requerido.
o Principio de especialidad: el Estado que solicita la extradición solo puede juzgar el delito por el que el sujeto haya sido objeto de extradición. Si no fuera así, se vulneran todos los principios limitadores.
o Principio de gravedad del delito: se excluyen de la extradición los delitos de poca gravedad, en especial las faltas. Para conceder la extradición se suele requerir que el delito esté castigado con una pena mínima.
Siguiendo este principio, se excluían de la extradición los delitos fiscales, aunque actualmente también están incluidos.
o Principio de no entrega por delitos políticos: se entendía que eran de menor gravedad que los delitos comunes. No se considera delincuente, sino persona vencida políticamente. Por tanto, se suele negar la extradición, y al sujeto se le concede asilo pero se le inhabilita para llevar a cabo funciones políticas.
o Principio de no entrega por delitos militares: no se aplica la extradición al delito de deserción ni a los delitos puramente militares, porque solamente afectan a los intereses defensivos del Estado al que pertenece.
 Atendiendo a la pena del delito: o Si la pena es de muerte se excluye la extradición si el Estado no se compromete a indultarlo o, al menos, a no ejecutarla.
o Si la pena es corporal, se excluye la extradición, salvo que el Estado se comprometa a no aplicarla.
7  Atendiendo al respeto de los Derechos humanos: o Se excluye la extradición cuando suponga tratos degradantes, tanto en el proceso de enjuiciamiento, como en el contenido de la pena o la forma de ejecutarla.
o Se exige que el delincuente no vaya a ser juzgado por un tribunal excepcional, sino por la jurisdicción ordinaria.
o Se exige el respeto a los derechos humanos en el procedimiento de extradición y en el proceso.
 ORDEN EUROPEA DE DETENCIÓN Y ENTREGA Viene a sustituir a la extradición en aquellos países de la UE que hayan transpuesto la Decisión marco 2002/584/JAI del Consejo de Ministros de la Unión de 13 de junio de 2002. España la ha transpuesto en la Ley 2/2003 y la Ley 3/2003.
 CONCEPTO: La orden europea es una resolución judicial que viene a dictar un Estado miembro de la UE con vistas a la detención y entrega por parte de otro Estado miembro, de una persona a la que reclama para ser juzgada o para que se ejecute la pena que previamente se le había impuesto.
 AMBITO MATERIAL:  Cuando la extradición es para juzgar a una persona, el objeto material serán los hechos a los cuales según la ley del Estado de emisión de la orden le corresponden penas o medidas de seguridad privativas de libertad máxima o superior a 1 año.
 Cuando es para ejecutar una pena, solo serán objeto los hechos a los que corresponde una pena o medida de seguridad privativa de libertad superior a 4 meses.
 CONFIGURACIÓN:  Principio de doble incriminación o de identidad: este principio no rige si se trata de delitos castigados en el Estado que emite la orden con penas con límite máximo de 3 o más años, o si se trata de delitos graves enumerados en el 9.1 de esta orden. Sí puede exigirse en el resto de supuestos, aunque no es obligatoria la doble incriminación. Por tanto, el Estado está autorizado para denegar la extradición si en su país no es considerado delito.
 Principio de especialidad: también rige pero de manera muy limitada. No rige si: o La persona afectada renuncia expresamente antes de la entrega a ir, o después de la entrega expresa o tácitamente.
o La pena o medida de seguridad a imponer no es privativa de libertad.
o Si el Estado ejecutor comunica al Consejo de la UE que solo deberá respetarse cuando aquél lo diga expresamente en una resolución de entrega.
o En el resto de los casos no rige si el Estado emisor de la orden obtiene autorización del Estado ejecutor. Si el Estado que ha dictado la orden de detención y entrega es autorizado a juzgar por otros delitos, tampoco rige.
 CONDICIONAMIENTO DE ENTREGA:  Si la pena o medida de seguridad suponen privación de libertad perpetua, se entregará sólo si están previstas revisiones de la pena o medidas de clemencia.
 Si la persona entregada es española se puede condicionar la entrega a que sea devuelta a España para cumplir la sanción.
 CAUSAS DE DENEGACIÓN IMPERATIVAS:  Si ya ha sido juzgado y ha cumplido la condena o la está cumpliendo en Estado de la UE distinto del emisor.
 Si no es responsable por minoría de edad, según la legislación española.
 Si ha sido indultado en España.
8  CAUSAS DE DENEGACIÓN FACULTATIVAS: Cuando no se da la doble incriminación en los supuestos del 9.1 Cuando haya sido indultado o haya prescrito el delito.
Cuando esté sometido a procedimiento en España por los mismos hechos, o los delitos hayan sido cometidos en todo o en parte en territorio español.
La orden se emita para la ejecución de una pena o medida de seguridad y la persona sea española.
     PROCEDIMIENTO: A. De ejecución de la orden de entrega  La autoridad competente es: - Juzgados Centrales de Instrucción para la tramitación inicial del procedimiento y para adoptar la decisión si la persona reclamada consiente.
Sala de lo penal de la Audiencia nacional si la persona reclamada no consiente o el ministerio fiscal admite causa de denegación o condicionamiento de entrega.
 Plazos: - Si el reclamado consiente, la entrega se ha de producir en un plazo de 26 días tras la detención.
Si no consiente, se hará en 70 días tras la detención.
B. De emisión de la orden de entrega  Es competente el juez o tribunal que conozca la causa, de oficio o a instancia de parte.
  OTRAS FORMAS DE COOPERACIÓN JUDICIAL INTERNACIONAL:  Ejecuciones de sentencias penales extranjeras en el país de origen o de residencia del autor del delito. Esto está justificado porque hay razones de prevención especial de carácter resocializador, lo que va a exigir que el delincuente pueda residir en el país donde reside habitualmente, siempre que ello no quebrante la prevención general del país donde se ha cometido el delito.
 Remisión de actuaciones judiciales: se justifica si el Estado de residencia del delincuente puede asegurar mejor la comparecencia en juicio y la ejecución de las sanciones que se pudieran imponer. Se suele dar en delitos de poca gravedad y normalmente contra la seguridad del tráfico.
 Asistencia judicial internacional de carácter general: a tenor de un convenio firmado en 1959.
ASILO:  CONCEPTO: El asilo es una protección dispensada por un Estado a una persona que está siendo perseguida o que ha sido condenada y que le permite que se sustraiga de la ejecución o persecución penal. Podemos decir que es el mayor obstáculo que se encuentra la cooperación entre los Estados.
 EVOLUCIÓN: Históricamente, el asilo ha tenido una larga tradición.
 Inicialmente se trataba de un asilo eclesiástico: alguien que se refugiaba en un templo u otro tipo de establecimiento religioso no podía ser perseguido por la justicia. Este tipo de asilo ha desaparecido.
 También ha existido un asilo diplomático, para los que se refugiaban en las sedes diplomáticas (embajadas y consulados). Este asilo persiste sólo muy limitadamente en Iberoamérica, pero solo para delitos políticos.
 Asilo territorial: garantiza a quien se refugia en el territorio de otro Estado que no va a ser entregado al otro país para ser enjuiciado. Éste es el único que persiste a nivel nacional. En los últimos tiempos abarca también situaciones de discriminación social e incluso económica.
9  El FUNDAMENTO del asilo es que se intenta reparar una situación de desventaja derivada de las condiciones en que se encuentra el solicitante de asilo en su país de origen o residencia, lo que implica un pronunciamiento del Estado receptor sobre tal situación. La concesión del asilo proporciona residencia y una situación jurídica estable.
 En cuanto a la REGULACIÓN ESPAÑOLA, viene recogido como tal derecho en el artículo 13.4 CE y en la Ley 9/94 de derecho de asilo y condición de refugiado, cuyo reglamento fue aprobado por el Real Decreto 303/95 de 10 de febrero. Sin embargo, actualmente se está tramitando un proyecto de ley reguladora del derecho de asilo y protección subsidiaria.
Según nuestra legislación vigente, el asilo está condicionado a la previa condición de refugiado. Por lo tanto, el concepto de asilo queda sin contenido propio.
 REQUISITOS: Pueden solicitar la condición de refugiado:  Quienes tengan fundados temores de ser perseguidos por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social o por opiniones políticas, siempre que se encuentren fuera del país de su nacionalidad, o carezcan de nacionalidad y se encuentren fuera del país de su residencia habitual.
 Quienes no pueden o no quieren acogerse a la protección de su país por los temores antes mencionados.
En el proyecto de ley, en el concepto de “perseguidos por pertenecer a un grupo social”, se incluyen expresamente los casos de persecución por una determinada orientación sexual o de género.
 Quedan EXCLUIDOS de esta condición:  Quienes hayan cometido crímenes contra la paz, de guerra, contra la humanidad o contra los fines y principios de las Naciones Unidas.
 Quienes hayan cometido un delito grave fuera de nuestro país o sean un peligro para nuestra seguridad, o habiendo sido condenado en nuestro país por un delito especialmente grave, sea una amenaza para nuestra sociedad. Esto permite conceder la condición de refugiado a alguien que ha cometido un delito común, siempre que no sea grave. En el proyecto se consideran delitos graves aquellos que estén castigados con una pena que en su límite máximo sea igual o superior a 12 años.
 La PROTECCIÓN SUBSIDIARIA: derecho dispensado a las personas de otros países que no reúnen los requisitos para obtener la condición de asilado, pero se dan motivos fundados para creer que si regresan a su país de origen o residencia habitual se enfrentarán al riesgo de sufrir alguno de los daños graves contemplados en el 9.3: que va a ser condenado a muerte, condenado a tratos inhumanos o amenazas de muerte.
 DERECHO INTERNACIONAL PENAL:  CONCEPTO: Alude a la legislación emanada por los organismos internacionales, con independencia de su nacionalidad, que protege derechos fundamentales de la humanidad y del orden internacional y que es aplicada por tribunales internacionales. Se trataría, por tanto, de una parte del derecho internacional.
 EVOLUCIÓN: este derecho se desarrolló modernamente, en el tratado de Versalles, después de la I GM. En cambio, el gran impulso tuvo lugar tras la II GM, cuando los países deciden crear un tribunal internacional. Con estos objetivos se aprobó el Estatuto de Londres de 1945, por que el que se sentaron las bases del Tribunal de Núremberg, y el Reglamento del Tribunal….
10  VALORACIÓN CRÍTICA DEL FUNCIONAMIENTO DE ESTOS TRIBUNALES:  Se le ha criticado que no eran órganos de la comunidad internacional, sino de las potencias vencedoras.
 Infringió el principio de irretroactividad. Tanto el Estatuto de Londres como el Reglamento… juzgan hechos anteriores a su entrada en vigor.
 Crearon las siguientes figuras delictivas: o Crímenes contra la paz: ********** o Crímenes de guerra. Infracciones de las leyes o de los usos que establecen las reglas que se establecían sobre la guerra.
o Contra la humanidad: persecución por motivos raciales, religiosos, etc.
o Pertenencia a un grupo u organizaciones declaradas criminales: SS  Ante la dificultad que había para juzgar a algunas personas porque alegaban la obediencia debida, el tribunal establece que ésta nunca pueda alegarse como eximente, sino solo como atenuante y con carácter retroactivo.
Sin embargo, hay una serie de iniciativas para crear un código y un tribunal. Estos avances se frenaron con la Guerra Fría, y se retomaron al final de la misma.
A pesar de las dificultades se han conseguido algunos logros:  1948: convención para la prevención y sanción del delito de genocidio.
 1993 y 1994: el consejo de seguridad de naciones Unidas crea dos tribunales internacionales ad hoc: o Para el enjuiciamiento de los delitos de genocidio, lesa humanidad y guerra cometidos en la antigua Yugoslavia desde 1991.
o En Ruanda y estados vecinos desde 1994.
Se retoma recientemente esa idea de crear un tribunal internacional. El resultado fue que en 1998, la Conferencia diplomática de plenipotenciarios de las Naciones Unidas, reunida en Roma, aprobó el Estatuto de la Corte penal internacional. Acudieron 160 países, de los cuales EEUU y China votaron en contra. Entró en vigor el 1 de julio de 2002, tras ser ratificado por 60 países.
Según este Estatuto, las COMPETENCIAS de esta Corte se rigen por el principio de complementariedad, es decir, se limita a aquellos casos en los que el Estado con jurisdicción no puede o no quiere llevar a cabo el enjuiciamiento.
Solo conocerá de los delitos de genocidio, crímenes de guerra, de agresión y contra la Administración de Justicia de la Corte penal internacional.
Tienen que ser delitos cometidos en el territorio o por un nacional de alguno de los estados miembros del Estatuto, o en su caso de un Estado que sin pertenecer al Estatuto acepte la intervención de la Corte. Excepcionalmente se admite la intervención por iniciativa del Consejo de Seguridad, sin que se afecten esas condiciones.
Se prevé una responsabilidad universal igual para todos y se establecen dos tipos de pena:  de prisión, de 1 a 30 años.
 de reclusión perpetua, que tendrá que ser revisada obligatoriamente a los 25 años.
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