Gestión de ocupación pública (2017)

Resumen Español
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Relaciones laborales - 3º curso
Asignatura Gestión de Ocupación Pública
Año del apunte 2017
Páginas 20
Fecha de subida 09/06/2017
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Tema 1 Retribuciones Retribuciones básicas Sueldo Se trata de una cantidad homogénea correspondiente a cada grupo o subgrupo de clasificación profesional de los que establece el artículo 76 EBEP. La cuantía del sueldo asignado a los funcionarios de cada grupo o subgrupo viene fijada por la LPGE.
Trienios Ésta es una cantidad, igual en su cuantía para cada grupo o subgrupo de clasificación profesional, pero no muy elevada, que incrementa la nómina del trabajador cada 3 años de servicio. Dicha cuantía viene se fija también por la LPGE.
Los trienios se van acumulados hasta el final de la relación de servicio. Si el funcionario ha prestado servicios sucesivamente en cuerpos, escala o categorías de diferente grupo o subgrupo de titulación, recibe los trienios que ha devengado en los grupos o subgrupos anteriores.
Si cambia de grupo o subgrupo antes de completar un trienio, la fracción de tiempo transcurrido antes del cambio se considera como tiempo de servicios prestados en el nuevo grupo o subgrupo, a efectos de determinar la cuantía de ese trienio.
Las pagas extras Dos al año, que se devengan en junio y diciembre. Su importe debe equivale según EBEP (22.4) al importe de una mensualidad de las retribuciones básicas y complementarias del funcionario, excepto las que se vinculan a la productividad y las gratificaciones por servicios extraordinarios.
Retribuciones complementarias Vinculado a la carrera El primer concepto o factor para fijar las retribuciones complementarias es la: progresión alcanzada por el funcionario dentro del sistema de carrera administrativa. Este último complemento retribuye al nivel del puesto de trabajo que se desempeñe.
Vinculado a las características del puesto de trabajo Este concepto está destinado, según el EBEP (art 24.b) a retribuir la especial dificultad técnica, responsabilidad, dedicación, incompatibilidad exigible para el desempeño de determinados puestos de trabajo o las condiciones (peligrosidad, penosidad, etc.) Vinculado al desempeño Se trata, según el EBEP (art.24 c.) del que atiende al grado de interés, iniciativa o esfuerzo con que el funcionario desempeña su trabajo y el rendimiento o resultado obtenidos. Es un complemento subjetivo o individual, puesta está destinado a retribuir el especial rendimiento, la actividad extraordinaria y el interés o iniciativa con que el funcionario desempeñe su trabajo.
Complementos por servicios extraordinarios Se retribuyen con ellos, los servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada normal de trabajo (art. 24 d EBEP) 1 Indemnizaciones por razón del servicio Las indemnizaciones retribuyen, en principio, gastos y disminuciones patrimoniales que el funcionario sufre o abona por razón de algún servicio.
Comisiones de servicios Se trata de comisiones de servicio circunstanciales en término municipal distinto del de residencia oficial del funcionario, salvo que se trate de servicios retribuidos por importe igual o superior al dela indemnizaciones correspondiente o tengan lugar la indemnización.
Las indemnizaciones se dividen en dietas, por gastos diarios de manutención y alojamiento, indemnización de residencia eventual, cuando la comisión se prolonga por tiempo superior y gastos de viaje.
Desplazamiento dentro del término municipal por razón del servicio Se resarce el coste de desplazamiento, preferentemente en medios de transporte público colectivo, cuando el funcionario esté obligado a practicar diligencias, notificaciones, citaciones y emplazamientos fuera de su centro de trabajo pero dentro del mismo término municipal Traslados de residencia Se trata del traslado forzoso del funcionario y, en su caso, su familia, cambio de destino, tanto en España como en el extranjero, siempre que no obedezca a sanción. Por este concepto el funcionario tiene derecho al abono de los gastos de viaje, incluidos los de la familia, dietas durante los días de traslado, incluso para la familia y los gastos de transporte de mobiliario y enseres. Si es al extranjero, también tiene derecho, en ciertas circunstancias a una cantidad por gastos de instalación, a gastos de viaje por matrimonio y vacaciones en España y por fallecimiento (traslado del cadáver y desplazamiento de la familia) Asistencias Este concepto remunera en primer lugar la concurrencia del funcionario a ciertos órganos colegiados de la Administración y a los consejos de administración de empresas públicas.
En segundo lugar, remunera la participación en tribunales de oposición y concurso con una cantidad fija por día, aunque a veces ampliable.
Tiempo de trabajo Situaciones administrativas Servicio activo El funcionario se halla en situación de servicio activo cuando, conforme a la legislación aplicable, presta servicio en su condición de tal en una Administración Pública u organismo o entidad en que se encuentre destinado y no le corresponda quedar en otra situación (86.1 EBEP).
Podemos añadir aquí que el funcionario está en servicio activo cunado se adscribe a un organismo o entidad instrumenta que depende de su Administración de origen, incluidas las Universidades y las llamadas Administraciones independientes, y también cuando se encuentra en comisión de servicios.
Así mismo el funcionario permanece en servicio activo cuando desempeña un cargo electivo en las Cortes o Asambleas Legislativas de las CCAA o en una Corporación Local pero, en el primer caso, sin retribución periódica (no excluye dietas, indemnizaciones y asistencias) y el segundo, sin dedicación exclusiva al cargo electivo o si es funcionario de la propia Corporación Local. También puede permanecer en servicio activo, si lo desea, cuando es designado para 2 desempeñar funciones de confianza o asesoramiento político en puestos propios de personal eventual. También los funcionarios que haya sido removidos por alguna causa legal y estén a disposición de la autoridad competente y los que han cesado en un puesto de trabajo por haber obtenido otro, durante el plazo posesorio, así como los que se hallan en el supuesto de cesación progresiva de actividades, supuesto que se refiere a la reducción de jornada y de retribuciones prevista.
Los funcionarios de carrera en situación de servicio activo gozan de todos los derechos inherentes a su condición y quedan sujetos a los deberes y responsabilidades de la misma (86.2 EBEP) Servicios especiales Es ésta una situación contemplada para facilitar el desempeño temporal por el funcionario de cargos de especial responsabilidad, ya sean de elección o de confianza política y personal o de otra naturaleza.
La ventaja esencial que comporta es la reserva de su puesto de trabajo u otro similar y en la misma localidad al funcionario que acceda a dicha situación, de manera que, al cesar en ella, recupera las funciones, condiciones de trabajo y derechos que tenía en servicio activo (87.3 EBEP).
Además, el tiempo que permanezca en servicios especiales se le computa a efectos de ascensos, trienios, promoción interna y derechos pasivos o de Seguridad Social (87.2 EBEP), salvo que hayan ingresado al servicio de las instituciones de la UE y hayan ejercitado el derecho de transferencia a la función pública comunitaria.
Y, si se trata de quienes han desempeñado altos cargos o han sido miembros de órganos constitucionales o estatutarios, incluido el PJ, Alcaldes o Presidentes de Diputaciones, Cabildos o Consejos Insulares o parlamentarios estatales o autonómicos, tiene derecho a su regreso a la consolidación del grado y “como mínimo”, a los complementos establecidos para los Directores Generales o asimilados de la correspondiente Administración Pública (87.3 EBEP) A) Por servicios internacionales   Funcionarios que sean autorizados a realizar una misión por período determinado superior a 6 meses en organismo internaciones, gobiernos o entidades públicas extranjeras o en programas de cooperación internacional.
Cuando adquieran la condición de funcionarios de organizaciones internacionales B) Cargos de elección de designación política     Cuando sean nombrados miembros del Gobierno o de los órganos de gobierno de las CCAA y Ciudades de Ceuta y Melilla, miembros de las Instituciones de la UE o de las Organizaciones Internacionales o altos cargos de las citadas Administraciones o Instituciones.
Cuando sean nombrados para desempeñar puestos o cargos en organismos públicos o entidades dependientes o vinculados a la Administraciones Públicas que están asimilados en su rango administrativo a los altos cargos.
Cuando desempeñen cargos electivos retribuidos y de dedicación exclusiva en las Asambleas de las ciudades de Ceuta y Melilla y en las entidades locales, así como cunado desempeñen responsabilidades de órganos superiores y directivos municipales o sean miembros de los órganos locales para el conocimiento y resolución de las reclamaciones económicas-administrativas, Cuando sean designados para formar parte del CGPJ o si los hubiera, de los CJCCA.
3  Cuando sean elegidos o designados para formar parte de órganos constitucionales o de órganos estatutarios de las CCAA u otros cuya elección corresponda al Congreso de los Diputados, al Senado o a las Asambleas Legislativas de las CCAA C) Personal de apoyo de órganos constitucionales y cargos políticos     Funcionarios adscritos al Tribunal Constitucional, Defensor de Pueblo y Tribunal de Cuentas.
Cuando sean designados como personal eventual para ocupar puestos de trabajo con funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento político y no opten por permanecer en servicio activo, persona éste que , sea o no funcionario de origen, comprende ya varios miles de efectivos en el conjunto de las Administraciones Públicas Cuando sean designados asesores de los grupos parlamentarios de las Cortes General o de las Asambleas Legislativas de las CCAA.
Funcionarios que presten servicios en los órganos técnicos superiores del CGPJ.
D) Otros supuestos  Cuando sea activados como reservistas para prestar servicios en las Fuerzas Armadas.
Los funcionarios en servicios especiales reciben la remuneración del puesto o cargo que desempeñen y no la que les corresponden en sus puestos de origen, sin perjuicio del derecho a los trienios que tengan reconocidos (87.2 EBEP) Finalizada la situación de servicios especiales, el reingreso en el servicio activo debe solicitarse en el plazo de un mes desde que se cesa en lo servicios especiales, pues de lo contrario el funcionario queda en situación de excedencia voluntaria por interés particular.
Servicios en otras administraciones a) Los funcionarios objeto de transferencia forzosa a las CCAA se hallan en servicio activo en la respectiva función pública autonómica y deben ser integrados plenamente en su organización, en igualdad con los demás funcionarios propios de la CCAA b) Los funcionarios de carrera de cualquier Administración que pasen a prestar servicio en otra por cualquier procedimiento de provisión de puesto de trabajo, de carácter voluntario (concursos o libre designación) o forzosos (comisión de servicios o incluso adscripción de efectivos, previo convenio, supuesto este último que será difícil de contemplar en la práctica, quedan también en la misma situación administrativa en su Administración de origen (88.3 EBEP).
En cualquier cao los funcionarios en situación de servicio en otras Administraciones Pública se pueden reingresar en la de origen (art 88.4 EBEP), se entiende que por cualquier sistema de provisión de puestos, ya que no tienen derecho a la reserva del puesto de trabajo originario.
En el momento de reingreso obtienen el reconcomiendo de los progresos alcanzados en su carrera y sus efectos retributivos bien conformo a los convenios de Conferencia Sectorial que pudieran regular en el futuro la movilidad interadministrativa, bien mientras no existan, por la propia administración en que se produzcan el reingreso.
Excedencia En la situación de excedencia, el funcionario deja de prestar servicio en la Administración (propia o distinta) durante un período más o menos largo de su vida profesional que en la práctica puede ser definitivo en alguna modalidad de esta situación.
4 Pero no pierde la condición de funcionario, lo que le permite el reingreso en el servicio activo, con condiciones diferentes en cada caso.
A) Excedencia voluntaria por interés particular Este tipo de excedencia voluntaria, el más característico.
La excedencia se ha de declarar a petición del funcionario (de carrera, no interino) sin necesidad de aducir justificación alguna, o bien de oficio cuando finalizada la causa que determinó el pase a una situación distinta de la servicio activo.
Para solicitar la excedencia, el funcionario debe haber prestado servicios efectivos, como funcionario o contratado, durante los cinco años inmediatamente anteriores en cualquiera de las Administraciones Públicas.
El plazo máximo es de dos años continuados. Quienes se encuentran en esta situación no devengan retribuciones como funcionarios ni el tiempo que permanezcan en ellas les es computable a efectos de ascensos, trienios, derechos pasivos o de SS. Tampoco tiene derecho a la reserva de un puesto de trabajo, de manera que el reingreso sólo se produce con ocasión de vacante.
B) Excedencia voluntaria por agrupación familiar La causa que justifica esta excedencia es que el cónyuge del funcionario que la solicita resida en otra localidad por haber obtenido y estar desempeñando un puesto de trabajo de carácter definitivo como funcionario de carrera o como laboral fijo en cualquier Administración Pública, organismo público o entidad de derecho público, órganos constitucionales o del PJ y similares de las CCAA o instituciones de la UE u organizaciones internacionales.
La diferencia con la modalidad anterior es que en este caso no se precisa de haber desempeñado un período anterior de servicios efectivos para solicitar la excedencia.
Su duración mínima es de 2 años, máxima 15 años. Si no se solicita el reingreso al servicio activo en este plazo, procede a declarar de oficio la situación de excedencia voluntaria por interés particular.
C) Excedencia por cuidado de familiares Los funcionarios de carrera tiene derecho a un período de excedencia, no superior a 3 años, para atender al cuidado de cada hijo, tanto si es por naturaleza como por adopción o acogimiento permanente o pre adoptivo, a contar desde la fecha del nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial o admirativa.
El período de excedencia es único por cada sujeto causante. Cuando un nuevo sujeto causante diera origen a una nueva excedencia, el inicio de ésta pone fin a la que se viniera disfrutando.
Si dos funcionarios genera le derecho a excedencia por el mismo causante, la Administración puede limitar su ejercicio simultaneo por razón justificada relacionada con el funcionamiento de los servicios.
Durante su disfrute el funcionario no tiene derecho a percibir ninguna retribución como tal.
Pero sí tiene derecho a la reserva de su puesto de trabajo durante dos años, al menos, y a reingresar en un puesto en la misma localidad y con igual retribución durante el período restante, periodo que se extiende en 15 o 18 meses para los funcionarios con familia numerosa de categoría general o especial.
Además, el período de permanencia en dicha situación es computable a efectos de trienios, carrera y de derechos pasivos o de Seguridad Social. Si antes de finalizar dicho período no se solicita el reingreso, el funcionario ha de ser declarado de oficio en excedencia voluntaria por interés particular.
5 D) Excedencia por razón de violencia de género Las funcionarias víctimas de violencia de género tienen derecho a solicitar la situación de excedencia para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral, sin tener que haber prestado un tiempo mínimo de servicios y sin que sea exigible plazo de permanencia en la misma.
Durante los 6 primeros meses de excedencia tiene derecho a la reserva del puesto de trabajo que desempeñaran y ese mismo período se les computa a efectos de antigüedad (trienios), carrera y derechos de SS o pasivo.
Ese período puede prorrogarse por otros de 3 meses hasta un máximo de 18, con idénticos efectos, cuando las actuaciones judiciales lo exigieran, a fin de garantizar la protección de la víctima.
Incluso durante los dos primeros meses de excedencia, la funcionaria tiene derecho a percibir sus retribuciones íntegras, incluidas, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo.
Suspensión de funciones La suspensión comporta en cualquier caso que el funcionario queda privado temporalmente del ejercicio de sus funciones y de los derechos y prerrogativas anejos a su condición de funcionario. La declaración de la situación le impide prestar servicios en cualquier Administración Pública y organismos, agencias o entidades de derecho público dependientes de ella durante el tiempo que se prolongue. (Art. 90.3 EBEP) A) Suspensión provisional Esta situación puede acordarse preventivamente durante la tramitación de un procedimiento judicial o disciplinario por la autoridad u órgano competente para acordar la incoación del expediente (art. 90.4 EBEP). Plazo máximo de 6 meses.
La suspensión provisional es una medida discrecional, para cuya aplicación deben tenerse en cuenta, entre otros, los principios de interdicción de la arbitrariedad (o razonabilidad) y de proporcionalidad, ya que una medida cautelar desproporcionada, ya que una medida cautelar desproporcionada o irrazonable tendría un carácter punitivo en cuanto al exceso.
El suspenso provisional tiene derecho a percibir las retribuciones básicas, así como, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo (98.3 EBEP), salvo que el expediente se encuentre paralizado por causa imputable al mismo o no comparezca en el procedimiento disciplinario o proceso penal.
Si, por el contrario, la suspensión no se declara firme convirtiéndose en sanción definitiva, la Administración debe restituir al funcionario la diferencia entre los haberes que percibió durante la suspensión provisional y los que hubiera percibido en plenitud de derechos.
Además, el tiempo de duración de la misma se computa como a su puesto de trabajo, si no estuviera ya reincorporado, con reconocimiento de todos los derechos económicos y demás que procedan desde la fecha de la suspensión (art 98.4 EBBEP) B) Suspensión firme Este tipo de situación es consecuencia de una sentencia penal condenatoria o de una sanción disciplinaria, igualmente firmes.
La situación administrativa de suspensión se extiende por el período de la pena o sanción. El suspenso en firme pierde su puesto de trabajo, salvo que la suspensión no exceda de 6 meses.
Mientras dura la sanción no puede producirse otro cambio de situación administrativa.
6 Si ha perdido su puesto de trabajo, debe solicitar el reingreso al servicio activo con un mes de antelación a la finalización del período de suspensión. Si no se solicita el reingreso en el momento indicado, se declarará de oficio el pase a la situación de excedencia voluntaria por interés particular desde la misma fecha.
Si solicitado el reingreso no se concede en el plazo de 6 meses, el funcionario queda en situación de excedencia forzosa, con efectos desde la fecha en que se extingue la responsabilidad civil o disciplinaria.
Otras situaciones A) Excedencia voluntaria por prestación de servicio en el sector público Es lo que alguna legislación autonómica denomina excedencia por incompatibilidades. Esta situación se declara, de oficio o a instancia de parte, por relación a su cuerpo o escala de origen, para los funcionarios que se encuentran prestando servicio activo en otro cuerpo o escala de cualquier Administración Pública, salvo que hubieran obtenido la oportuna compatibilidad, y a los que pasen a prestar servicios como personal laboral fijo en organismos o entidades de sector público y nos les corresponda quedar en situaciones de servicio activo o servicios especiales.
Si cesan en dicha relación deben solicitar el reingreso al servicio activo en su cuerpo o escala de origen en el plazo de 1 mes, declarándose la situación de excedencia voluntaria por interés particular en caso contrario. Si la empresa pública se privatizase, también son declarados en excedencia voluntaria por interés particular.
B) Excedencia voluntaria incentivada Esta situación dura 5 años e impide desempañar otros puestos de trabajo en el sector público bajo ningún tipo de relación funcionarial o contractual, sea ésta de naturaleza administrativa o laboral. Si no se solicitase el reingreso en ese plazo, se pasa a la situación de excedencia voluntaria por interés particular.
Quienes pasen a esa situación tiene derecho a una mensualidad de todas sus retribuciones de carácter periódico, con la sola exclusión de las pagas extraordinarias y los complementos de productividad, devengadas en el último puesto de trabajo desempeñado, por cada año completo de servicios efectivos y con un máximo de 12 mensualidades.
Durante esta situación no le es computable a efectos de promoción, trienios y derechos pasivos, ni tampoco reserva del puesto de trabajo.
El reingreso al servicio activo, una vez solicitado, se efectúa mediante la participación en las convocatorias para la provisión de puestos de trabajo para concurso o por libre designación y la correspondiente asignación de un nuevo puesto, o bien por adscripción provisional a un puesto de trabajo.
C) Expectativa de destino Tradicionalmente por expectativa de destino se ha entendido un estado transitorio de la relación de servicio del funcionario, en el que no tiene asignado un puesto determinado, sino que está a la espera de la asignación y a disposición de la autoridad competente.
La situación administrativa de expectativa de destino queda en dicha situación los afectados por un proceso de reasignación que no hayan obtenido un nuevo puesto de trabajo en las dos primeras fases del proceso. Iniciada la tercera fase, dichos funcionarios quedan adscritos al Ministerio competente en materia de Administraciones Públicas a través de relaciones específicas de puestos de trabajo en reasignación.
7 La situación de expectativa de destino dura desde ese momento mientras obtienen un puesto de trabajo y como máximo un año, transcurrido el cual el funcionario pasa a la situación de excedencia forzosa.
El funcionario en dicha situación está obligado a aceptar los destinos similares al puesto que desempeña que se le ofrezcan en la misma provincia del desino anterior, a participar en los concursos para puestos adecuados a su cuerpo escala o a que se le convoque.
D) Excedencia forzosa Esta situación administrativa, de larga tradición en nuestro derecho, se ha considerado aplicable a supuestos en que el funcionario queda sin puesto de trabajo o no puede reingresar en ninguno de ellos por causas objetivas, independientes de su voluntad. Lógicamente se trata de una situación provisional, en la que los perjuicios para el funcionario deben minimizarse, ya que no es responsable de la situación.
Los excedentes forzosos tienen derecho a percibir las retribuciones básicas y las prestaciones familiares por hijo a cargo. El tiempo que dure esta situación se les computa a efectos de derechos pasivos y trienios. También pueden ejercer otra actividad profesional en el sector privado, pero si acceden a cualquier tipo de puesto de trabajo en el sector público, ya sea de naturaleza funcionarial o contractual, pasan a la situación de excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público.
PÉRDIDA DE LA CONDICIÓN DE FUNCIONARIO Las situaciones administrativas distintas del servicio activo interrumpen, como se ha dicho, el itinerario normal de la vida profesional del funcionario, pero no extinguen de la relación de servicio con la Administración. La regulación de ese precepto se refiere a los funcionarios de carrera, pues en el caso de los funcionarios interinos la relación se extingue también (o mejor dicho, debe extinguirse) cuando desaparece la causa de su nombramiento (art. 10 EBEP) y la de los empleados públicos con contrato laboral en los supuestos previsto por el ET o por el despido disciplinario contemplado en el artículo 96.1.b) EBEP.
Renuncia La primera causa legal es la renuncia del funcionario a su condición, regulada en el artículo 64 EBEP. La renuncia es un acto voluntario del funcionario, pero que debe manifestarse por escrito y ser aceptado formalmente por la Administración.
Hasta que la aceptación no se formaliza, el interesado puede dejar sin efecto su renuncia. Por otra parte, la aceptación de la renuncia es un acto reglado, que sólo debe denegarse cuando el funcionar esté sujeto a un expediente disciplinario o haya sido dictado en su contra auto de procesamiento o de apertura de juicio oral por la comisión de algún delito (art. 64.2 EBEP), con lo que se trata de evitar que pueda eludir sus responsabilidades como funcionario público mediante el acto de renuncia.
La renuncia a la condición de funcionario no inhabilita para un nuevo ingreso en la función pública, pero el reingreso debe hacerse a través del procedimiento de selección que corresponda (art. 64.3 EBEP), no mediante un expediente de rehabilitación.
Pérdida de la nacionalidad Esta causa se refiere hoy a la pérdida de la nacionalidad española o la de cualquier otro Estado miembro de la UE o de otros Estados a los que sea de aplicación libre la circulación de trabajadores, que se hubiera tenido en cuenta como requisito necesario para el acceso a la función pública, salvo que simultáneamente se adquiera otra nacionalidad de alguno de esos mismos Estados (art. 65 EBEP).
8 Según el artículo 68.1 EBEP, el funcionario que haya visto extinguida su relación de servicios por cambio de nacionalidad puede solicitar la rehabilitación cuando recupere la nacionalidad necesaria o ese requisito haya dejado de exigirse, solicitud que le debe ser concedida.
Sanción disciplinaria de separación del servicio Ésta es la más elevada de las sanciones disciplinarias, que sólo puede imponerse por la comisión de una falta muy grave [art. 96.1 a) EBEP].
La peculiaridad de esta causa de extinción de la relación funcionarial radica en que tiene carácter definitivo. Es decir, inhabilita a perpetuidad a quien la soporta para reingresar el cualquier cuerpo o escala de la función pública española, en cualquiera de las Administraciones en que se distribuye [art. 56.1 d) EBEP].
Pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para cargo público En este caso la pérdida de la condición de funcionario se produce a consecuencia de una sentencia penal firme y desde que tenga firmeza.
A diferencia de la separación del servicio, la extinción de la relación de servicio a consecuencia de una pena de inhabilitación no impide la pena volver a pertenecer a la función pública.
Además de que, una vez transcurrido el período de inhabilitación, puede volver a participar en procesos selectivos, el artículo 68.2 EBEP permite la rehabilitación, con carácter excepcional y a petición del interesado, mediante decisión discrecional de los órganos de gobierno de las Administraciones competentes, atendiendo a las circunstancias y entidad del delito cometido.
Jubilación Ésta es la causa más habitual de extinción de la relación de servicio de los funcionarios de carrera y, en el supuesto más normal, se produce por razones de edad, aunque también puede producirse por IP del funcionario o causas similares.
A) Jubilación forzosa por edad Es el supuesto más característico, la ley dispone con carácter general que la jubilación se declarará de oficio por la administración al cumplir el funcionario los 65 años. [67.3 EBEP] B) Jubilación forzosa por incapacidad permanente Procede declarar la jubilación del funcionario que padezca incapacitación permanente para el ejercicio de las funciones propias de su cuerpo o escala o a consecuencia del reconocimiento de una pensión de incapacidad permanente absoluta (para todo trabajo) o total (para su profesión habitual).
Se entiende por incapacidad permanente que el interesado está afectado por una lesión o proceso patológico, somático o psíquico que éste estabilizado y sea irreversible o de remota e incierta reversibilidad y que le imposibiliten totalmente para el desempeño de toda la actividad laboral o de las funciones propias de su cuerpo, escala, plaza o carrera.
La jubilación se declara entonces mediante instrucción de expediente iniciado de oficio o a instancia del propio interesado.
C) Jubilación voluntaria El funcionario puede obtener la jubilación anticipada a petición propia y siempre que reúna los requisitos y condiciones establecidos en el régimen de SS que le sea aplicable.
D) Jubilación voluntaria incentivada Este tipo de jubilación pueden solicitarla los funcionarios que se encuentren en la tercera fase de un proceso de reasignación de efectivos (en expectativa de destino o excedencia forzosa) como consecuencia de un plan de empleo y que hayan cumplido 60 años, tengan 30 años 9 servicio y reúnan los requisitos exigidos por el régimen de SS en que estén encuadrados para causar pensión.
El incentivo consiste en una indemnización a tanto alzado de cuantía que fije el Gobierno según la edad y retribuciones íntegras del funcionario correspondientes a su última mensualidad, con exclusión del complemento específico y de la productividad y referencia a 12 mensualidades.
Deberes e Incompatibilidades Los deberes de los empleados públicos y la ética del servicio público 1. El deber de respeto a la Constitución y de sujeción al ordenamiento jurídico Los empleados públicos deben actuar con sujeción y observancia de la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico y el artículo 53.1 reitera que “respetará la Constitución y el resto de las normas que integran el ordenamiento jurídico”.
Estos deberes tienen una doble matriz. La primera de ellas se encuentran en el antiguo debe d fidelidad a la Constitución, que procede de la dogmática alemana (Verfassungstreue). En esta segunda perspectiva, el deber de respeto a la Constitución se anuda al de la legalidad y observancia del ordenamiento en su conjunto y así es como figura en el EBEP.
Ahora bien, queda claro que, puesto que la propia Constitución asume entre sus valores superiores la libertad y el pluralismo político (art.1.1) y puesto que ampara el derecho de todos a no declarar sobre su ideología (art.16.2), el deber de respeto no impone al funcionario un compromiso político o personal en defensa del texto de la Constitución o de los Estatutos de Autonomía.
De alguna manera puede entenderse también como manifestación de este deber cualificado de respeto a la Constitución la obligación de los empleados públicos de respetar los derechos fundamentales y libertades públicas, evitado toda actuación que pueda producir discriminación alguna (art. 53.4 EBEP), ya que los derechos fundamentales son el fundamento del orden político y la paz social.
2. Deber de imparcialidad, neutralidad y objetividad La primera y más importante manifestación de este deber es la obligación de neutralidad política del empleado público, esto es, lo que en su día se denominaba el principio de eficiencia indiferente. Cualquiera que sea su ideología personal e incluso si pertenece a un partido político o a un sindicato, el funcionario y demás empleados públicos están obligados a ejercer sus funciones observando la más estricta neutralidad, sin acepción de personas o grupos.
3. El deber de obediencia Según el artículo 54.3 EBEP, los empleados públicos “obedecerán las instrucciones y órdenes profesionales de los superiores, salvo que constituyan una infracción manifiesta del ordenamiento jurídico, en cuyo caso las pondrán inmediatamente en conocimiento de los órganos de inspección procedentes”.
Éste es un deber vinculado directamente al principio de jerarquía administrativa proclamado por el artículo 103.1 CE, aunque también indirectamente a otros, como lo de lealtad con la Administración y eficacia.
10 La falta de obediencia a los superiores y autoridades constituye una falta grave y si se trata de “desobediencia abierta” a las órdenes o instrucciones, una falta muy grave [art. 95.2 i) EBEP].
Ahora bien, el deber de obediencia tiene sus límites, pues puede entrar en contradicción con otros deberes del funcionario o empleado público y, muy en concreto, con el de observar la legalidad en el ejercicio de sus funciones. Ésta es una vieja cuestión que siempre plantea problemas prácticos de comportamiento al funcionario que recibe una orden ilegal.
Pero además el artículo 54.3 EBEP abre la posibilidad de aclarar estas dudas de principio, al indicar que el empleado público que reciba una orden o instrucción manifiestamente ilegal (supuestamente), ha de ponerlo en conocimiento de los órganos de inspección procedentes.
Serán entonces éstos los que señalen si dicha legalidad que exime del deber de obediencia existe o no.
4. El deber de integridad Comprende este deber la exigencia de evitar todas aquellas conductas activas o pasivas que puedan suponer un beneficio ilícito para el empleado público o sus allegados, en detrimento del servicio, de los intereses generales y de los recursos y bienes de la Administración. El EBEP desgrana algunas de las consecuencias de este deber, que menciona expresamente, junto con el más abstracto de honradez, en el artículo 52.
Una primera manifestación de este deber es la obligación de abstención en todo asunto en que el funcionario o empleado público tenga un interés personal y en actividades privadas, operaciones económicas o financieras o negocios jurídicos que puedan plantear un conflicto de intereses con el desempeño de su cargo público [art. 53.5 y 6 EBEP] Además, el artículo 54.5 les prohíbe utilizar los recursos y bienes públicos en provecho propio o de personas allegadas, y el artículo 54.6 les obliga a rechazar cualquier regalo, a favor o servicio en condiciones ventajosas, que vaya más allá de los usos habituales, sociales y de cortesía, sin perjuicio de lo establecido por el Código Penal.
5. Deberes funcionales Como cualquier trabajador, es deber de todo empleado público cumplir de manera exacta y puntual las funciones de su cargo.
El cumplimiento exacto de estos deberes implica una determinada actitud ante el servicio, que no todos observan, y que la Administración debe vigilar y fomentar. Su vulneración, en los casos de cierta gravedad, se traduce en la tipificación como infracciones disciplinarias de una serie de conductas, como el abandono del servicio [art. 95.2 c) EBEP], el notorio incumplimiento de las funciones esenciales del puesto de trabajo o funciones encomendadas [art. 95.2 g) EBEP], el incumplimiento de los servicios esenciales en caso de huelga [art. 95.2 m) EBEP], la tolerancia de los superiores con la comisión de faltas muy graves y graves de sus subordinados, la falta de rendimiento que afecte al normal funcionamiento de los servicios, la grave perturbación del servicio, el descuido o negligencia en el ejercicio de sus funciones y, en general, el incumplimiento de los deberes y obligaciones del funcionario.
6. En particular, la jornada y horario de trabajo Por tanto, para todo el personal, funcionario o laboral, de las entidades del sector público estatal, autonómico y local, que la jornada semanal no puede ser inferior a 37.5 horas de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual.
La propia Ley suspendió la eficacia de los acuerdos, pactos y convenios en contrario. Con respeto a este límite básico, cada Administración ha de determinar, previa negociación colectiva, su propio régimen de jornada y horario de trabajo.
11 Según dichas Instrucciones, el calendario laboral, que debe aprobarse en cada ámbito anualmente, previa negociación con las organizaciones sindicales, es el instrumento técnico a través del cual se realiza la distribución de la jornada y la fijación de los horarios de trabajo.
La elaboración del calendario laboral ha de respetar la duración legal mínima de la jornada semanal, el horario fijo presencial de 9 a 14.30 horas, las fiestas laborables, el horario de apertura y cierre de los edificios públicos y las necesidades del servicio y funciones del centro de trabajo.
Sobre la base de estos criterios, la Resolución regula una jornada general, una jornada en régimen de especial dedicación, una jornada reducida por interés particular, jornadas y horarios especiales y jornadas de verano.
     La jornada general es de 37.5 horas semanales de promedio en cómputo anual La jornada en régimen de especial dedicación es de 40 horas semanales, sin perjuicio de aumento ocasiona que sea preciso por necesidades del servicio.
La jornada reducida por interés particular puede ser solicitada por funcionarios con nivel inferior al 28 si es compatibles con la naturaleza del puesto (nunca cuando se trata de un puesto de especial dedicación) y con las funciones del centro de trabajo. Se trata de una jornada de 9 a 14h, de lunes a viernes, percibiendo el 75% de las retribuciones.
Las jornadas y horarios especiales se autorizan previa negociación con las organizaciones sindicales. En todo caso, en las oficinas de información y atención al público como en los registros que se determinan, el horario de atención es ininterrumpido de 9 a 17,30 horas de lunes a viernes y de 9 a 14 horas los sábados, por lo que el personal que preste servicios en estas oficinas debe cumplir el de la jornada continuada con las necesarias adaptaciones para cubrir servicio los viernes por la tarde y los sábados.
La jornada de verano, entre el 16 de junio y 15 de septiembre, puede ser intensiva y reducida, normalmente de 6.5 horas continuadas, a desarrollar entre las 8 y las 15h.
El incumplimiento injustificado de la jornada de trabajo que acumulado suponga un mínimo de 10 horas al mes, la tercera falta injustificada de asistencia en un período de 3 meses, cuando las dos anteriores hubieran sido objeto de sanción por falta leve, y las acciones u omisiones dirigidas a evadir los sistemas de control de horario o a impedir que sean detectados los incumplimientos injustificados de la jornada de trabajo se consideran faltas graves por la legislación general del Estado.
En cualquier caso, las ausencias o faltas de puntualidad o de permanencia no justificadas dan lugar a deducción proporcional de haberes.
7. Deberes de lealtad y buena fe en las relaciones con la Administración Pública y los ciudadanos Obliga a los empleados públicos a facilitar a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones, el artículo 54.10 dispone que pondrán en conocimiento de sus superiores o de los órganos competentes las propuestas que consideren adecuadas para mejorar el servicio y el artículo 54.11 exige que garanticen la atención al ciudadano en la lengua oficial que solicite.
8. Deberes de secreto y de discreción y deber de información a los ciudadanos En parte porque son garantía de la eficacia de ciertas políticas públicas (de defensa, de seguridad, en las relaciones exteriores, en la política monetaria, en la preparación de algunos planes o medidas administrativas que sólo deben darse a conocer en momentos de determinados para no provocar reacciones prematuras o alarmas injustificadas en la sociedad o en los mercados).
12 En segundo lugar, para evitar situaciones de ventaja de ciertos detentadores de información privilegiada, que podrían utilizar en beneficio propio y en perjuicio de la comunidad y de terceros. Por último, en garantía de la intimidad e inclusive de la libertad y de la seguridad personal, pues hoy en día las Administraciones Públicas almacenan ingentes cantidades de información nominativa sobre los ciudadanos, que no pueden quedar al alcance de cualquiera, al menos sin que medien razones poderosas o suficientes.
9. Otros deberes El propio EBEP hace una breve alusión a otros, como la promoción del entorno cultural y medioambiental, el respeto a la igualdad entre mujeres y hombres, el deber de custodiar los documentos o garantizar su “constancia y permanencia” para su transmisión y entrega a sus posteriores responsabilidades, mantener actualizad a la formación y cualificación y observar las normas sobre seguridad y salud laboral.
El régimen de incompatibilidades 1. Consideraciones generales Quienes realizan su actividad profesional al servicio de la Administración, tanto los funcionarios como el personal contratado, no sólo tienen el deber de cumplir fiel y puntualmente sus funciones, respetando la jornada y horario establecido.
Además no pueden ejercer otras actividades profesionales o lucrativas, ya sea en el sector público o en el sector privado, más de que en los casos y con las condiciones previstas por la ley. Estas limitaciones, tradicionales en el régimen de la función pública, se conocen con el nombre de incompatibilidades.
2. Legislación vigente y ámbito de aplicación         El personal civil y militar al servicio de la Administración del Estado y de sus organismos públicos.
El personal al servicio de las CCAA y de los organismos de ellas dependientes, así como las Asambleas Legislativas y órganos institucionales.
El personal al servicio de las Corporaciones Locales y de los organismos dependientes de ellas.
El personal que desempeñe funciones públicas y perciba sus retribuciones por arancel.
El personal al servicio de la SS, de sus Entidades Gestoras y de cualquier otra entidad u organismo de la misma.
El personal al servicio de entidades, corporaciones de derecho público, fundaciones y consorcios cuyos presupuestos se dote ordinariamente en más de un 50% con subvenciones u otros ingresos procedentes de las Administraciones Públicas.
El personal que preste servicios en empresas en que la participación del capital, directa o indirectamente, de las Administraciones Públicas sea superior al 50%.
El restante personal al que resulte de aplicación el régimen estatuario de los funcionarios públicos.
3. Principios y reglas generales El personal comprendido en su ámbito de aplicación no puede compatibilizar sus actividades profesionales con el desempeño de un segundo puesto de trabajo, cargo o actividad en el sector público, por si o mediante sustitución, salvo excepción contemplada en la propia Ley.
A tal efecto se consideran actividades en el sector público las desarrolladas por los miembros electivos de las Asambleas Legislativas de las CCAA y los miembros de Corporaciones Locales y las desempeñadas por los altos cargos y el resto del personal de los órganos constitucionales y de todas las Administraciones públicas, incluida la Administración de Justicia y los entes, 13 organismos y empresas de ellas dependientes, entre las que se entiende comprendidas las entidades colaboradoras y concertadas de la SS en la prestación sanitaria.
Es decir, la Ley se basa en un principio de dedicación a un solo puesto de trabajo en el sector público, sin más excepciones que las que demande el propio servicio, como señalada su Exposición de Motivos.
También se establece dentro del sector público una incompatibilidad económica que prohíbe percibir, salvo las excepciones contempladas en la propia Ley, más de una remuneración económica de los presupuestos del sector público, incluyendo los de todas las Administraciones, entes, organismos y empresas públicas y órganos constitucionales y también las retribuciones que resulten de la aplicación de arancel.
La ley también protege la imparcialidad e independencia del empleado público y la efectividad de sus obligaciones, disponiendo que son incompatibles con el desempeño de un puesto de trabajo en el sector público el ejercicio de cargos, profesiones o actividades, públicas o privadas que puedan “impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes o comprometer su imparcialidad o independencia.
La compatibilidad, cuando sea posible, con una actividad pública o privada distinta del puesto principal requiere una resolución del órgano competente. Esta resolución se denomina autorización cuando e trata de la compatibilidad con otras actividades públicas y reconocimiento cuando se trata de actividades privadas, en concreto de actividades profesionales, laborales, mercantiles o industriales de esta naturaleza.
Sin embargo determinadas actividades están excluidas del régimen de incompatibilidad y pueden realizarse libremente, sin necesidad de autorización o reconocimiento, son las siguientes:        Las derivadas de la administración del patrimonio personal y familiar, siempre que con guarde relación directa con las tareas encomendadas al empleado público.
La dirección de seminarios o el dictado de cursos y conferencias para formación de funcionarios o profesorado, hasta un máximo de 75 horas al año, así como la preparación para el acceso al a función pública.
La participación en los tribunales de las pruebas de acceso a la función pública La participación personal docente en exámenes, pruebas o evaluaciones distintas de las que habitualmente les corresponda.
La producción y creación literaria, artística, científica y técnica y las publicaciones derivados, siempre que no se originen como consecuencia de una relación de empleo o prestación de servicios.
La participación ocasional en coloquios y programas en los medios de comunicación.
La colaboración y asistencia ocasional a congresos, seminarios, conferencias y cursos de carácter profesional.
Los órganos de dirección, inspección o jefatura de la Administración competente tiene la responsabilidad de prevenir y corregir las incompatibilidades, en el ámbito de la Administración del Estado bajo la coordinación de la Inspección General de Servicios.
El incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades puede constituir una falta muy grave, o una falta grave si afecta a los plazos u otras disposiciones de procedimiento y no supone el mantenimiento de una situación (sustantiva) de incompatibilidad).
4. Actividades públicas La regla general a este respecto es la dedicación a un solo puesto de trabajo. Pero esta regla tiene algunas excepciones, sobre todo en el ámbito docente y sanitario, que son las siguientes: 14        Los profesores de los cuerpos docentes universitarios pueden compatibilizar un segundo puesto en el sector sanitario público o en centros público de investigación, dentro del área de especialidad de su departamento universitario y siempre que se trate de puestos reglamentariamente autorizados como de prestación a tiempo parcial.
Los profesores de música de los Conservatorios puede ser autorizados para desempeñar un segundo puesto de trabajo en el sector público cultura.
Los profesores universitarios, cualquiera que sea su dedicación, pueden contratar con entidades públicas o privadas la realización de trabajos de carácter científico, técnico o artístico y el desarrollo de enseñanzas de especialización o actividades específicas de formación, previa autorización otorgada en los términos previstos por los Estatutos de las Universidades.
Sin perjuicio de lo anterior, también puede autorizarse al personal incluido en el ámbito de la Ley la compatibilidad para el ejercicio de actividades de investigación de carácter no permanente o de asesoramiento en puestos concretos, que no correspondan a las funciones del personal adscrito a las respectiva Administraciones Públicas.
También se puede compatibilizar un puesto de trabajo en el sector público con ciertos cargos políticos electivos o Miembro Asamblea Legislativa de una CCAA.
o Miembro de una Corporación Local También es posible compatibilizar el puesto de trabajo principal con la pertenencia a uno o dos consejos de administración u órganos de gobierno de entidades o empresas públicas o privadas, percibiendo las dietas o indemnizaciones que correspondan por su asistencia a los mismos.
Incluye una cláusula abierta, que permite al Gobierno u órgano de gobierno de la CCAA, en el ámbito de sus respectivas competencias, acordar por razones de interés público otros supuestos de compatibilidad, pero siempre que la actividad compatible con la principal se preste en régimen laboral, a tiempo parcial y con duración determinada, en las condiciones establecidas por la legislación laboral.
5. Actividades privadas Se prohíbe al personal comprendido en su ámbito de aplicación ejercer, por sí o por medio de sustitución, actividades privadas, incluidas las de carácter profesional, que se relacionen directamente con las que desarrolle el Departamento, organismos o entidad donde estuviera destinado, aunque no sean las tareas que corresponden espaciadamente al interesado.
Sólo se exceptúan de esta regla general las actividades particulares que, en ejercicio de un derecho reconocido, realicen para sí, no para terceros, los directamente interesados (por ejemplo, defenderse en juicio frente a la Administración).
6. Incompatibilidad con pensiones públicas El desempeño de un puesto de trabajo en el sector público es incompatible con la percepción de pensión de jubilación o retiro por derechos pasivo o por cualquier régimen de SS público y obligatorio.
Régimen disciplinario y de responsabilidad El régimen disciplinario: Fundamento y regulación vigente El incumplimiento de los deberes del funcionario genera normalmente una responsabilidad que puede tener carácter patrimonial, pena o disciplinario.
15 El primer tipo de responsabilidad se genera cuando el empleado público causa daño económicamente evaluable con su actuación a terceros ajenos a la Administración Pública en la que sirve o a la propia.
La responsabilidad penal presupone la comisión de uno de los delitos tipificados en el Código Penal, que contempla las infracciones que el legislador ha estimado más graves. La mayoría de las infracciones, sin embargo, tienen naturaleza administrativa según la legislación vigente.
El fundamento de la existencia de un régimen disciplinario residen en la necesidad que la Administración tiene, como organización prestadora de servicios, mantener la disciplina interna y de asegurar que sus agentes cumplan las obligaciones de su cargo.
Principios sustantivos del régimen disciplinario 1. El principio de legalidad El artículo 25.1 CE dispone que nadie pueda ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan un delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento.
2. El principio de tipicidad Aspecto parcial del principio de legalidad es el de tipicidad de las infracciones que obliga al legislador y al titular de la potestad reglamentaria, en los términos que hemos indicado, a regular dichas infracciones, así como las sanciones y la correlación entre unas y otras, de tal modo que el “conjunto de las normas aplicables permita predecir, con suficiente grado de certeza, el tipo y el grado de sanción susceptibles de ser impuesto, sin que sea posible definir las conductas ilícitas en términos que por su amplitud o vaguedad en las mismas en la más absoluta indefinición.
3. Irretroactividad de las normas sancionadoras no favorables Significa, como es bien sabido, que las normas sancionadoras no pueden ser aplicadas, en la medida en que sean desfavorables al inculpado, a hechos o conductas anteriores a su entrada en vigor.
4. Prohibición de la analogía in peius Como complemento del principio de tipicidad, ha sido cuestión pacífica en el Derecho penal la exclusión de la aplicación analógica de las normas sancionadoras para imponer una condena.
5. Non bis in ídem Significa que no pueden imponer dos (o más) sanciones por un mismo hecho, siempre que, se aprecie identidad de sujeto, de hecho y de fundamento.
Para que se pueda producir esa aplicación es preciso que un mismo hecho sea constitutivo de dos o más infracciones, ya sean penales o administrativas, de acuerdo con las normas que las regulan, y, por tanto, susceptibles de dos sanciones distintas a la misma persona.
6. Principio de proporcionalidad Es éste principio general de nuestro ordenamiento jurídico aplicado desde hace tiempo en el ámbito del Derecho sancionador y, en particular, del Derecho Disciplinario, que hoy recoge el artículo 94.2 c) EBEP.
El principio de proporcionalidad constituye, pues, un límite a la libertad del legislador y a la discrecionalidad de los titulares de la potestad reglamentaria, en la medida en que éstos pueden regular las infracciones y sanciones.
16 Por otra parte, el principio de proporcionalidad también debe ser tenido en cuenta en la aplicación de la sanción correspondiente, ya sea para tipificar una conducta entre varias posibles, ya sea para decir la sanción aplicable entre el mínimo y el máximo permitido.
7. Principio de culpabilidad y personas responsables La exigencia de culpabilidad en la conducta sancionable.
La intencionalidad, es decir, el deseo de conseguir un resultado dañoso no es una condición sine qua non de la responsabilidad disciplinaria, sino una circunstancia o elemento agravante para la graduación de la sanción. Es decir, el funcionario que comete una falta disciplinaria puede ser responsable aun a título de simple inobservancia, como dispone para el Derecho administrativo sancionador en general.
Por otra parte, la responsabilidad disciplinaria sólo puede exigirse de quienes sean empleados públicos, tanto si se encuentra en activo como si no. En este último caso, los funcionarios sólo pueden ser responsables, por faltas que puedan cometer dentro de sus peculiares situaciones administrativas. Si la situación en que se encuentren impide el cumplimiento de la sanción en el momento en que se dicte la resolución, la sanción se hace efectiva en cuanto lo permita el cambio de situación, salvo que haya transcurrido el plazo de prescripción.
8. Presunción de inocencia Significa este principio que no se puede susceptible de destruir aquella presunción. También puede ser suficiente la prueba indiciaria, basada en hechos ciertos de los que se deduzca la culpabilidad con arreglo a una valoración lógica del instructor y de la autoridad competente, conveniente razonada.
9. Extinción de la responsabilidad y prescripción La responsabilidad disciplinaria se extingue con el cumplimiento de la sanción, muerte, prescripción de la falta o de la sanción, indulto y amnistía. También se extingue, como ya se dijo, para quien deja de ser funcionario o empleado público, por la razón que sea (renuncia, pérdida de la nacionalidad necesaria, jubilación).
   La prescripción de las faltas muy graves se produce a los 3 años.
La prescripción de las faltas graves se produce a los 2años.
La prescripción de las faltas leves se produce a los 6 meses.
El plazo de prescripción empieza a computarse desde que la falta se hubiera cometido y, si se trata de una infracción continuada, desde el día en que deja de cometerse y no el de su iniciación. (art.97 EBEP) Las faltas La tipificación de las faltas tiene lugar hoy en el EBEP sólo parcialmente, en lo que se refiere a las faltas muy graves (art. 95.2), que constituye el denominador común, como norma básica. El resto de las faltas deben regularse por ley del Estado o de las CCAA o, en el caso del personal laboral, por convenio colectivo, como ya se dijo.
1. Faltas muy graves   El incumplimiento del deber de respeto a la Constitución y a los respectivos Estatutos de Autonomía de las CCAA y Ciudades de Ceuta y Melilla, en el ejercicio de la función pública.
Toda actuación que suponga discriminación por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones disparidad, edad u orientación sexual, sexo, lengua opinión, lugar de nacimiento o vecindad, o cualquiera otra condición o circunstancia personal o 17               social, así como el acoso por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, disparidad, edad u orientación sexual y el acoso moral, sexual y por razón de sexo.
El abandono del servicio, así como no hacerse cargo voluntariamente de las tareas o funciones que tienen encomendadas.
La adopción de acuerdos manifiestamente ilegales que causen perjuicio grave a la Administración o a los ciudadanos.
La publicación o utilización indebida de la documentación o información a que tengan o haya tenido acceso por razón de su cargo o función.
La negligencia en la custodia de secretos oficiales, declarados así por ley o clasificados como tales, que sea causa de publicación o que provoquen su difusión o conocimiento indebido.
El notorio incumplimiento de las funciones esenciales inherentes al puesto de trabajo o funciones encomendadas.
La violación de la imparcialidad, utilizando las facultades atribuidas para influir en procesos electorales de cualquier naturaleza y ámbito.
La desobediencia abierta a las órdenes e instrucciones de un superior, salvo que constituyan infracción manifiesta del ordenamiento jurídico.
La prevalencia de la condición de empleado público para obtener un beneficio indebido para sí o para otro.
La obstaculización al ejercicio de las libertades públicas y derechos sindicales.
La realización de actos encaminados a coartar el libre ejercicio del derecho de huelga.
El incumplimiento de la obligación de atender los servicios esenciales en caso de huelga.
El incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades cuando ello dé lugar a una situación de incompatibilidad La incomparecencia injustificada en la Comisiones de investigación de las Cortes Generales y de las Asambleas Legislativas de las CCAA.
El acoso laboral.
2. Faltas graves             La falta de obediencia a los superiores y autoridades.
El abuso de autoridad en el ejercicio del cargo.
Las conductas constitutivas de delito doloso relacionadas con el servicio o que causen daño a la Administración o a los administradores.
La tolerancia de los superiores respecto de la comisión de faltas muy graves o graves de sus subordinados.
La grave desconsideración con los superiores, compañeros o subordinados.
Causar daños graves en los locales, material o documentos de los servicios Intervenir en un procedimiento administrativo cuando se dé alguna de las causas de abstención legamente señaladas.
La emisión de informes y la adopción de acuerdos manifiestamente ilegales cuando causen perjuicio a la Administración o a los ciudadanos y no constituya falta muy grave.
La falta de rendimiento que afecte al normal funcionamiento de los servicios y no constituya falta muy grave.
No guardar el debido sigilo respecto de los asuntos que se conozcan por razón del cargo, cuando causen perjuicio a la Administración o se utilice en provecho propio.
El incumplimiento de los plazos u otras disposiciones de procedimiento en materia de incompatibilidades, cuando no suponga mantenimiento de una situación de incompatibilidad.
El incumplimiento injustificado de la jornada de trabajo que acumulado suponga un mínimo de 10 horas al mes.
18     La tercera falta injustificada de asistencia en un período de 3 meses cuando las dos anteriores hubiera sido objeto de sanción por falta leve.
La grave perturbación del servicio La falta de consideración con los administrados. [Ciudadanos] Las acciones u omisiones dirigidas a evadir los sistemas de control de horarios o a impedir que sean detectados los incumplimientos injustificados de la jornada de trabajo.
3. Faltas leves      El incumplimiento injustificado del horario de trabajo, cuando no suponga falta grave.
La falta de asistencia injustificada de un día.
La incorreción con el público, superiores, compañeros o subordinados.
El descuido o negligencia en el ejercicio de sus funciones.
El incumplimiento de los deberes y obligaciones del funcionario, siempre que no deban ser calificados como falta muy grave o grave.
La sanciones [art. 96 EBEP]       La sanción de separación del servicio de los funcionarios que comporta, como ya sabemos, no sólo la pérdida de la condición de funcionario de carrera desde que tenga carácter firme, sino también la imposibilidad de volver a ser admitido en las pruebas selectiva para ingresar de nuevo en la Administración.
El despido disciplinario del personal laboral, que equivale a la separación del servicio de los funcionarios y tan sólo puede aplicarse igualmente por faltas muy graves.
La sanción de suspensión firme de funciones, implica, como ya sabemos, la privación temporal del ejercicio de las funciones públicas y de los derechos y prerrogativas anejos a la condición de empleado público durante el tiempo de la sanción, incluyendo, claro está, la privación de derechos económicos.
La sanción de traslado forzoso, con o sin cambio de localidad de residencia, impone al empleado público la obligación desempeñar un puesto de trabajo en localidad distinta o en la misma.
Demérito, que consiste, en la penalización a efectos de carrera, promoción o movilidad voluntaria.
La única sanción que hoy en día puede imponerse por faltas leves, es la de apercibimiento, es decir, la amonestación por la falta cometida, con advertencia de evitarla en el futuro.
El procedimiento disciplinario Como sanciones administrativas que son, las disciplinarias no pueden imponerse de plano, sino en virtud de un procedimiento ad hoc. La exigencia de procedimiento, siquiera sea mínimo, es una garantía tanto del acierto en la decisión como de los derechos de defensa y presunción de inocencia del inculpado, que son derechos constitucionales de aplicación general a los procedimientos sancionadores públicos, inclusive los disciplinarios.
1. Iniciación del expediente El procedimiento se inicia siempre de oficio, por acuerdo del órgano competente. Se derivan dos consecuencias:   Procedimiento disciplinario es siempre un procedimiento de oficio.
Hasta que el órgano competente no decide la incoación del expediente no se entiende iniciado el procedimiento.
2. Medidas provisionales 19 Una vez incoado el procedimiento y cuando así se prevea en las normas que lo regulen en casa caso, se podrán adoptar mediante resolución motivada.
En esta situación, el suspenso provisional tiene derecho a percibir las retribuciones básicas, y en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo, aunque debe devolver lo percibido si la suspensión se eleva a definitiva [98.4 EBEP] 3. Desarrollo de la instrucción Iniciado el expediente, el instructor debe ordenador la práctica de todas las diligencias y pruebas que sean adecuadas para comprobar y esclarecer los hechos y las responsabilidades, empezando por tomar declaración al inculpado y evacuar las diligencias que se deduzcan de la denuncia o comunicación que originó la apertura del expediente.
4. Resolución La resolución debe adoptarse en el plazo de 10 días (desde que se hayan formulado alegaciones a la propuesta del instructor o haya transcurrido el plazo para evacuarlas, se entiende), salvo en el caso de separación del servicio.
En la resolución se deben resolver “todas las cuestiones planteadas en el expediente”. En concreto, se debe determinar con toda precisión la falta de que se entienda cometida, señalando los preceptos en que aparezca recogida, el funcionario responsable y la sanción que se le impone.
5. Caducidad del procedimiento No está prevista en la regulación del procedimiento disciplinario ninguna otra forma de terminación que no sea la resolución del órgano competente.
La caducidad, es sin embargo obligada, por razones de seguridad jurídica y como garantía frente a las dilaciones indebidas, por lo que también conecta con lo dispuesto en el artículo 24.3 CE. Plazo máximo en que la resolución que pone fin al expediente debe ser dictada y notificada de 12 meses.
6. Ejecutividad de la sanciones Las sanciones disciplinarias se ejecutarán según los términos de la resolución en que se impongan, y en el plazo de máximo de 1 mes, salvo que, cuando por causas justificadas, se establezca otro distinto a dicho resolución.
El plazo de 1 mes a que se refiere el precepto se computa, obviamente, desde que se dicta y notifica la resolución sancionadora. Es decir, las resoluciones sancionadoras, como el resto de los actos administrativos, son ejecutivas desde que se adoptan y notifican y pueden ejecutarse desde entonces.
Responsabilidad patrimonial del funcionario El funcionario está sujeto a responsabilidad patrimonial por los daños y perjuicios que pueda ocasionar en el ejercicio de sus funciones, serán daños que el perjudicado no tenga el deber de soportar además de efectivos, evaluables económicamente e individualizados por relación a una persona o grupo de personas. Y siempre que hayan sido causados por dolo, culpa o negligencia del funcionario.
La responsabilidad penal de los funcionarios Nos referimos ahora específicamente a la tipificación como delito por el Código Penal y otras leyes especiales de determinadas conductas que realizan en el ejercicio de su cargo o en relación con él o prevaliéndose ilícitamente de su condición de funcionarios públicos.
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