tema 4 (2015)

Apunte Español
Universidad Universidad de Málaga
Grado Derecho - 1º curso
Asignatura Derecho Constitucional I
Año del apunte 2015
Páginas 5
Fecha de subida 04/05/2016
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Apuntes elaborados personalmente combinando apuntes de clase con manuales. Muy claros y bien organizados.

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TEMA 4: LA CORONA La regulación de la Corona se contiene en dos partes de la Constitución:   Art. 1.3 dentro del Título Preliminar.
Título II “DE LA CORONA”, que abarca los artículos 56 a 65.
Lo primero que llama la atención es que la reforma de cualquiera de estos dos artículos equivaldría a una reforma total del texto constitucional, ya que la reforma ha de hacerse mediante un procedimiento especial.
Se trata del procedimiento agravado de reforma, que hace de la Constitución una Constitución súper rígida. Se lleva a cabo para el título preliminar, para los derechos fundamentales y libertades públicas, y para el título segundo.
1.
CÓMO SE REGULA LA CORONA EN NUESTRA CONSTITUCIÓN Art. 1.3: la forma política del Estado Español es la monarquía parlamentaria.
En este artículo pueden distinguirse dos partes:   La parte más importante es la parte final: no se acoge una monarquía a secas, sino monarquía parlamentaria.
Esa monarquía parlamentaria es la forma política del Estado Español.
La mayoría de la doctrina ha criticado estos términos utilizados en este artículo, ya que afirman que implican una confusión de lo que supone formas de Estado y formas de gobierno.
A. Formas de Estado: es la forma de relacionarse entre sí los elementos que integran un Estado, que son un territorio, un poder y un pueblo. Según como se relacionen entre sí estos elementos tenemos diferentes formas de Estado:  Formas jurídicas de Estado: Según relacionemos el territorio y el poder, podemos encontrar Estados más o menos centralizados. Ej. Estado federal (máxima descentralización), Estado de las Autonomías (alta descentralización pero sin llegar a ser totalmente descentralizado) y Estado centralista (mínima descentralización).
 Formas políticas de Estado: Según relacionemos el poder y el pueblo, encontramos Estados democráticos (rige el principio de soberanía popular) y el Estado autoritario.
En cuanto a la forma que adopta nuestro Estado es el Estado de las Autonomías (forma jurídica) y el Estado democrático (forma política). Ello queda recogido en el artículo 1.1 de la Constitución: el Estado Español se configura como un Estado social y democrático de Derecho.
Por tanto, de acuerdo con este esquema, la forma política del Estado Español no sería la monarquía parlamentaria.
B. Formas de gobierno: aquí cabe distinguir entre:  Formas de gobierno como tales: es la forma que puede adoptar un órgano constitucional que se denomina Jefatura de Estado. Existen dos formas posibles:  La República  La Monarquía  Sistemas de gobierno: nos referimos a la relación que se establece entre el gobierno y el parlamento. Se distinguen 2 tipos:  Parlamentarismo: el presidente, y en consecuencia el resto, no es elegido por el ciudadano, sino que nace a partir de la composición del Parlamento. Esto significa que el gobierno necesita contar con la confianza del Parlamento en todo momento para subsistir, porque si cambia la correlación de fuerzas no puede existir como tal.
 Presidencialismo: el Presidente goza de una legitimidad directa: es elegido directamente por los ciudadanos. Esto explica que puede suceder que la correlación de fuerzas entre el Parlamento y el gobierno no sea la misma, porque no dependen una de otra, sino que ambas nacen de la voluntad del pueblo.
Según esta clasificación, la monarquía es una forma de gobierno.
¿Por qué se utilizan entonces esos términos? Ello se suele explicar por la importancia que se le quería dar.
1 Sin embargo, lo importante de todo esto es que no se habla solo de monarquía, sino de monarquía parlamentaria, que se entiende que es el resultado de la evolución histórica experimentada desde el momento que surge hasta nuestros días y supone la evolución de esta institución al principio de soberanía popular (el poder reside en el pueblo), que en principio le resulta totalmente ajeno, ya que originariamente ha estado vinculada a su propio principio, que es el principio monárquico o de la legitimidad del poder (el poder reside en el monarca).
A lo largo de este proceso evolutivo, la doctrina distingue varios tipos de monarquía:  Monarquía absoluta: el rey es titular de todos los poderes del Estado, y aunque puede conocerse una delegación de poderes en otros órganos, éstos están jerárquicamente subordinados al monarca, quien no conoce ningún límite jurídico a su poder. A partir de aquí, la monarquía va a ir evolucionando y va a perder poder político. La primera gran transformación se produce a raíz del triunfo de la Revolución Francesa y la lucha por la implantación del Estado constitucional y la vigencia del principio democrático. Por tanto, durante el siglo XIX asistimos a un conflicto continuo entre el monarca y el Parlamento.
 En la monarquía limitada, que es el primer estadio de esta evolución, el rey es titular de todos aquellos poderes que no hayan sido expresamente atribuidos a otro órgano, que es el Parlamento.
 La monarquía constitucional supone un paso más en esa evolución: el monarca solo va a ser titular de los poderes que le hayan sido expresamente atribuidos.
 Monarquía parlamentaria: el monarca ya no es titular de ninguno de los poderes del Estado, sino que las funciones que posee, que son aquellas atribuidas expresamente por el texto constitucional, no suponen el ejercicio de ningún poder político en el sentido estricto del término, sino más bien el ejercicio de una función constitucional cuya naturaleza jurídica es la de “acto debido”, que significa que el rey no puede negarse a realizar una acción a la que está obligado, y en la que no existe discrecionalidad alguna en la voluntad del monarca (su voluntad no es decisiva). El rey se limita a formalizar la decisión de otro órgano. Por tanto, no está tomando decisiones políticas.
Estas funciones que la Constitución atribuye al monarca son: - Artículo 56.1 CE: el rey es el jefe del Estado. Se le atribuye una función simbólica, moderadora y arbitral.
Artículo 62 Artículo 63 Aunque la redacción del 56.1 da a entender que el rey tiene una función simbólica, moderadora y arbitral, además de las que le atribuye la Constitución, la realidad es que la única interpretación válida es que el rey sólo puede cumplir estas funciones a través de las otras funciones que la Constitución le ha atribuido expresamente. Por ejemplo, en el año 1994 y 1999 se dio un conflicto institucional y se recurrió al rey para mediar. Sin embargo, no pudo hacerlo, porque no hay ninguna función concreta que le atribuya al rey la función de intervenir como árbitro.
Dos de las funciones que el rey tiene atribuidas en torno a las leyes estatales (no para las autonómicas) son:   Sanción: acto de naturaleza legislativa que perfecciona la ley. Esta función surge en un momento muy concreto: en la monarquía limitada. Supone que el rey ha perdido parte del poder legislativo (pero no todo), que ahora se atribuye al Parlamento. Ese poder legislativo que aún le queda se manifiesta en la sanción regia, que es una especie de “visto bueno” o de veto, que se da en el caso de que el rey se niegue a sancionarla. Sin embargo, hoy en día tan solo se conserva el término, pero no el mismo sentido, ya que en la actualidad el rey tiene la obligación de sancionar las normas, aún en el caso de que vayan en contra de sus principios éticos o sean inconstitucionales.
Promulgación: acto de naturaleza ejecutiva. Consiste en ordenar su publicación en el BOE para que comience a tener efecto.
En cuanto a las normas autonómicas, hay que tener en cuenta lo que establecen los estatutos de autonomía, que recoge que las leyes se promulgan por el presidente de la CA en nombre del rey.
Las funciones se pueden clasificar atendiendo al criterio de la función simbólica, arbitral y moderadora, o según con el poder del Estado con el que está relacionada.
 El artículo 62 B establece que corresponde al rey “convocar y disolver las Cortes Generales”. Esta convocatoria no es la ordinaria, sino la que tiene lugar tras la celebración de las elecciones generales.
2 Se trata de un acto debido en el que el rey no puede decidir si las convoca o no, ni siquiera la fecha, ya que todo este procedimiento está regulado por decreto para evitar un golpe de Estado institucional, ya que el órgano que disuelve las Cortes es el gobierno, y hay que impedir que utilice este instrumento libremente. Por tanto, al mismo tiempo que puede disolverlas, también está obligado a convocar las nuevas elecciones en la fecha fijada.
Dentro de las formas de disolución de las Cortes Generales, distinguimos dos modos: - Disolución automática: cuando se da alguno de los supuestos previstos en la Constitución.
Disolución cuya decisión corresponde al presidente del gobierno.
 Otra de las funciones es la propuesta de candidato a presidente del gobierno, su nombramiento y su cese.
a. Propuesta: Únicamente en la primera de ellas cabe la discrecionalidad del monarca. Este artículo hay que relacionarlo con el artículo 99 CE, que explica el procedimiento para elegir al presidente del gobierno. Éste es elegido por el Congreso de los Diputados. Sin embargo, para que la persona pueda ser elegida, es necesario que previamente se haya presentado para ser elegido. Aquí la presentación no se hace por voluntad del candidato, sino que es propuesto por el rey, quien lo hace mediante la fase de consulta regia, en la que el rey consulta con los representantes designados por los diferentes grupos políticos.
El grado de decisión del monarca dependerá de los resultados electorales previos. Si en el Congreso de los Diputados existe mayoría absoluta, el grado de discrecionalidad del monarca es nulo. En cambio, su margen aumenta en el caso de que no haya una mayoría parlamentaria clara ni exista mayoría absoluta.
b. En cuanto a su nombramiento, el monarca no cuenta con ningún grado de discrecionalidad, ya que su decisión viene predeterminada por el Congreso de los Diputados por mayoría absoluta, o en su defecto por mayoría simple.
c.
Respecto al cese, también están establecidas las pautas, de manera que tampoco tiene cabida la discrecionalidad del monarca.
 Otra función del monarca es la de nombrar y separar los miembros del gobierno a propuesta de su presidente (artículo 101).
A pesar de la terminología utilizada, debemos tener en cuenta que se trata de un acto debido, en el que tampoco cabe la discrecionalidad del monarca.
Por tanto, aunque se utiliza el término “propuesta”, la decisión del monarca no es vinculante, ya que finalmente corresponde al presidente del gobierno.
 Nombramiento del presidente de la CA correspondiente (artículo 152). En realidad, la decisión tiene lugar por la asamblea autonómica.
2.
EL REFRENDO  CONCEPTO: Institución en virtud de la cual se formaliza el acto de un tercero y se asumen las responsabilidades que pudieran derivarse de dicho acto.
 Sus CONSECUENCIAS fundamentales son dos: 1. La asunción de responsabilidad: el sujeto que refrenda asume las responsabilidades que pudieran derivarse del acto refrendado.
2. Se le otorga validez jurídica al acto sobre el que recae el refrendo, de tal manera que si un acto que necesita refrendo no va refrendado, es jurídicamente nulo, inexistente, inválido.
Se trata de una institución propia de la monarquía parlamentaria, hasta el punto de que el artículo 56.3 dispone que la persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Por tanto, el rey es irresponsable. Además, sus actos estarán siempre refrendados según lo dispuesto en el artículo 54, ya que de lo contrario no serán válidos.
Por tanto, irresponsabilidad y refrendo van de la mano, ya que el refrendo lo que trata de cubrir es una anomalía del Estado social, que es la irresponsabilidad del rey, ya que no es lógico que en un Estado de Derecho, uno de los órganos (jefe del Estado) no tenga responsabilidad.
3 El refrendo existe para cubrir esa falta de responsabilidad. Sin embargo, no puede hacerlo totalmente. Para ello hay que distinguir dos tipos de responsabilidad: - Responsabilidad jurídica: cuando el acto va en contra del ordenamiento jurídico. Todos podemos incurrir en ella. A su vez se subdivide en:  Responsabilidad penal: cuando la actuación constituye una infracción penal: delito o falta. La sanción que se le aplica es la propia de las leyes penales. Ej. Multa.
 Responsabilidad administrativa: cuando hablamos de conductas de personas que tienen una relación con el Estado.
 Responsabilidad civil: está regulada en el artículo 1902 Código Civil, y se genera cuando se causa un daño a otro por acción u omisión. Se sanciona con una indemnización económica.
- Responsabilidad política: se genera cuando un órgano, sin quebrantar necesariamente el ordenamiento jurídico, realiza una conducta que resulta ser perjudicial desde un punto de vista político: no responde a los criterios adecuados. Sólo los órganos políticos pueden incurrir en ella.
La institución del refrendo solo puede cubrir las responsabilidades políticas del monarca.
 - - Existen dos TIPOS de refrendo: El refrendo expreso es cuando se produce expresamente, de manera que es claramente visible para todos.
 El supuesto típico es la contrafirma (firma que acompaña) del órgano refrendante junto a la firma del rey en el caso de las leyes.
 El segundo supuesto típico ocurre cuando en los viajes de carácter internacional por parte del monarca hay otra persona del gobierno que acompaña al rey, bien sea el presidente o alguno de los ministros. Por tanto, en este caso el refrendo se concreta en la presencia física de la persona refrendante junto al rey en el acto de que se trate.
El refrendo tácito. Algunos autores lo denominan refrendo presunto o implícito. Se da cuando la persona obligada a refrendar el acto del rey no lo hace explícitamente, pero permanece en su puesto, no dimite, con lo cual se entiende que implícitamente está asumiendo las consecuencias políticas que pudieran derivarse de la actuación del rey (la está aceptando). Este refrendo parte de una presunción general de que los actos del rey están adecuadamente refrendados.
Como toda presunción general, es destruible mediante prueba en contrario, pero en ese caso la prueba cae sobre el órgano refrendante, que lo hace presentando su dimisión por no querer asumir esas responsabilidades con las que no está de acuerdo.
 SUJETOS REFRENDANTES: son los sujetos legitimados para refrendar. Están establecidos en el artículo 64 CE. Estos son el presidente del gobierno (como norma general), los ministros (en casos especiales, dentro del ámbito de sus competencias) y el presidente del Congreso de los Diputados, que refrenda en 3 supuestos taxativos: el caso de propuesta de candidato a presidente del gobierno, en su nombramiento y en el caso de la disolución de las Cortes Generales prevista en el artículo 99.5 CE, que tiene lugar cuando transcurre el plazo de dos meses a partir de la primera votación de investidura y ningún candidato hubiere obtenido la confianza del Congreso, es decir, la mayoría absoluta para ser elegido presidente del Gobierno. Entonces se disuelven las Cortes Generales y se convocan nuevas elecciones con el refrendo del Presidente del Congreso. La explicación de que en estos casos corresponda al Presidente del Congreso se basa en que no hay un presidente del gobierno en plenitud de funciones.
 ACTOS QUE NO NECESITAN REFRENDO: el artículo 56.3 establece como norma general que todos los actos del rey estarán siempre refrendados, y él mismo remite para sus excepciones al artículo 65.2. En este artículo encontramos los dos casos de actos del rey eximidos de refrendo: - El Rey recibe de los Presupuestos del Estado una cantidad global para el sostenimiento de su Familia y Casa, y distribuye libremente la misma.
El Rey nombra y releva libremente a los miembros civiles y militares de su Casa.
- La justificación de esta no necesidad de refrendo se basa en su carácter personalísimo, que no tienen incidencia pública. No obstante, ello no impide que puedan ir refrendados. De hecho, es habitual que los nombramientos de los miembros civiles y militares de su Casa vayan refrendados por el Presidente del Gobierno.
4 PARTE NO EXPLICADA: - Sucesión regia: posible contradicción entre el artículo 14 (todos somos iguales) y el artículo 57 (da preferencia al varón sobre a la mujer).
Regencia: artículo 59.1. Se trata de una inhabilitación civil del rey (por enfermedades, es decir, motivos médicos o por el impedimento de su edad), no política.
EPÍGRAFE 3. SUCESIÓN REGIA La Monarquía es hereditaria, expresada como símbolo de permanencia de la Corona. El artículo 57 CE establece que la sucesión de la Corona es hereditaria en los sucesores de S.M.D Juan Carlos I de Borbón, que es legítimo heredero de la Corona.
Los criterios de sucesión establecidos en el artículo 57.1 CE son:    El de primogenitura, con preferencia de la línea anterior a las posteriores Del grado más próximo al más remoto En el mismo grado el varón a la mujer, y el de mayor edad al de menor.
Esta situación posibilita al Príncipe Felipe ser el heredero de la Corona, con preferencia sobre sus dos hermanas por la combinación de estos dos criterios, lo que ha sido tratado por la doctrina como una posible contradicción con artículo 14 CE, en la medida en que la preferencia del varón sobre la mujer constituye una discriminación sexual carente de justificación desde el punto de vista de la igualdad de derechos entre los hombres y las mujeres.
Esta dificultad se puso ya de manifiesto ya en la fase constituyente, en la que se produjeron importantes enmiendas en este título por parte de socialistas y comunistas.
La iniciativa de reforma de la Constitución, que el Gobierno ha llevado al Consejo de Estado, por Acuerdo del Consejo de Ministros de 4 de marzo de 2005, tiene como primera consulta la supresión de la preferencia del varón en la sucesión al trono.
En la consulta del Gobierno se justifica esta reforma por la necesidad de adaptar las normas constitucionales al principio de no discriminación de la mujer, que con carácter general consagra la CE.
En la consulta del Gobierno se solicita Dictamen sobre una redacción que salvaguarde expresamente los derechos del actual Príncipe de Asturias, lo que se justifica en aras de la estabilidad y los derechos adquiridos, proponiéndose: “ ... La sucesión en el trono corresponde a su hijo, el Príncipe heredero Don Felipe de Borbón, y después a los sucesores de éste según el orden de lugar de primogenitura y representación, siendo preferida siempre la línea anterior a las posteriores; en la mimas línea, el grado más próximo al más remoto; y en el mismo grado, la persona de más edad a la de menos”. Se ha suprimido en la propuesta “en el mismo grado, el varón a la mujer”.
Con ello la situación se ha adaptado al artículo 14 CE y a la reciente ley 33/2006, de 30 de octubre, sobre igualdad del hombre y de la mujer en el orden de sucesión de los títulos nobiliarios.
EPÍGRAFE 4. LA REGENCIA Son dos las situaciones que pueden dar lugar a una regencia: la de la minoría de edad y la de la inhabilitación del Rey.
 El artículo 59.1 CE ha previsto la situación de la minoría de edad del Rey con una Regencia, que habrá de ser desempeñada por el padre o la madre del Rey, o, en su defecto, por el pariente mayor de edad llamado a suceder a la Corona.
 En cuanto a la inhabilitación del Rey, regulado en el artículo 59.2 CE, exige un reconocimiento de esta incapacidad por las Cortes Generales, y el nombramiento asimismo de una Regencia que recaerá en el Príncipe heredero si fuera mayor de edad o en caso de minoría de edad se procedería al nombramiento de la Regencia conforme a las previsiones sucesorias del artículo 57.
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