tema 4 (2016)

Apunte Español
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Derecho - 3º curso
Asignatura Derecho Financiero y Tributario II
Año del apunte 2016
Páginas 6
Fecha de subida 06/04/2016
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TEMA 4 APLICACIÓN DE LOS TRIBUTOS A. CONCEPTO Y ACTIVIDADES Aplicación de los tributos aparece definido en el art. 83 LGT: conjunto de actividades administrativas que tienen dos grandes finalidades:  Información y asistencia  Adquisición de la prestación tributaria: gestión o liquidación, recaudación o inspección.
Si queremos cobrar, hay que determinar, para determinar se ha de liquidar.
Para determinar la deuda, tenemos que liquidar, habrá un procedimiento de liquidación previo (asociado a la gestión tributaria). Para que la administración liquide correctamente el contribuyente tiene un deber de informar y colaborar.
El segundo procedimiento es la recaudación: el cobro. Si no tengo la liquidación no puedo recaudar  están vinculadas.
Por último está la inspección (que no necesariamente ha de ser el último), es un procedimiento al margen Finalidad: investigación/descubrir nuevos hechos. Normalmente se hace antes de la liquidación, pero se puede hacer en cualquier momento.
Dos grandes actividades de la Administración: 1) Actividades de aplicación: a. Información y asistencia b. Liquidación: que tiene por objeto la determinación de la deuda c. Recaudación: exigencia del pago d. Inspección: investigar la actividad auxiliar de las anteriores actividades. Será otra administración 2) Actividades de revisión: a. Resolver reclamaciones en vía administrativa b. Órganos administrativos diversos: no son independientes. Es la misma administración que se revisa a ella misma. En algunos supuestos son muy eficaces, son menos costosos que la vía jurisdiccional.
Régimen jurídico: LGT título III. Reglamentos: de 2005 y 2007. A través del reglamento se puede regular la materia tributaria, puesto que es un procedimiento de aplicación de tributos en específico, y no está sujeto al principio de legalidad que tiene la materia tributaria.
Deberes de información y asistencia respecto del obligado: - Deber de la administración de informar al obligado. Y el obligado tiene el derecho de estar informado.
Las concretas actuaciones en las que se centra este deber de información y asistencia: o En efectuar publicaciones (normas, consultas, sentencias,  permite conocer el parecer de la administración, que aunque no sea ley, nos dice cómo va a actuar).
o A través de comunicaciones y consultas (mirar apuntes financiero I, para saber cuándo es una consulta vinculante y cuando no, y saber que no es un acto administrativo, por lo que tiene efectos pero no se puede impugnar) (importantes!) o A través de actuaciones administrativas previas de valoración: hay un trámite específico para que la administración haga un procedimiento para saber el valor de alguna cosa. El obligado podrá pedir este trámite a la administración. Se tratará de una información previa a las adquisiciones de bienes inmuebles. Se trata de una “peritación” administrativa, vinculante durante 3 meses.
 No hay silencio ni negativo ni positivo.
Deber de colaboración de los obligados (que abarca al de información) respecto a la Administración Público.
Hay obligaciones tributarias formales (art. 29) y obligaciones de información. La ley distingue en las obligaciones de información: a) particulares y funcionarios: Han de facilitar todo tipo de información a través de cualquier soporte sobre su situación tributaria.
“todo tipo de información” ha de tener trascendencia tributaria, es decir, que le sea útil a la Administración.
También se está obligado a informar datos ajenos, además de mis datos. Desde la perspectiva tributaria, se puede conocer casi todo. Los datos ajenos deducidos de sus relaciones económicas que tengamos nosotros, y no de relaciones personales. Si es un dato personal, que tiene relevancia tributaria, se tendrá que informar.
Fundamento: deber de contribuir.
Ámbito: subjetivo y objetivo de facilitar estos datos: han de ser datos con trascendencia tributaria (no tiene una definición específica, pero la jurisprudencia de la audiencia nacional y lo ha definido como: que sean datos necesarios para aplicar el tributo).
Modalidades: a. suministro: a determinados sujetos se establece por norma el hecho de facilitar periódicamente información (retenedores, que no necesitan un acto concreto para dar la información).
b. Captación: cuando se requiere con un acto administrativo específico, una información concreta y precisa. Por ejemplo, 93.3 nos habla de la idea del requerimiento individualizado.
Límites: (el secreto bancario no existe en el ámbito tributario, por lo tanto, todo el mundo ha de colaborar).
a- Funcionarios y profesionales oficiales: no pueden facilitar cuando afecte al contenido de la correspondencia (secreto de las comunicaciones), se necesita una autorización judicial. Hay otro secreto que han de preservar: el secreto de los datos que se haya suministrado a la administración para una finalidad estadística. Otro secreto: el secreto del protocolo notarial (protocolo es el archivo del notario): reconocimiento de hijos, y cuestiones relativas al régimen económico matrimonial (que no tienen un contenido económico directo) (son supuestos de carácter personal, donde los datos no tienen trascendencia) (el notario no es privado! Porque comparte todo con la administración tributaria, aunque tiene excepciones).
b- Profesionales: diferenciamos entre oficiales y otros. Los otros profesionales no oficiales son abogados, fiscales, etc. tienen derecho a preservar la información estos datos: datos personales no patrimoniales que puedan afectar al honor e intimidad de sus clientes (porque si son de carácter patrimonial los tiene que declarar). No han de facilitar los datos que tengan carácter confidencial, ni que sean sabidos por la prestación de los servicios de asesoramiento o defensa  secreto profesional (que solo lo tienen los abogados y no del asesoramiento genérico).
b) autoridades Tiene la obligación de información y participación en la aplicación de los tributos. Es decir, que sean una extensión de la Administración Tributaria. Fundamento: colaboración inter- administrativa.
Los datos que obtenga la administración tributaria tienen carácter reservado, y solo puede facilitarse en la aplicación de los tributos. Esta obligación genérica conlleva una obligación de las demás administraciones con la administración tributaria.
La Administración Tributaria (AT en adelante) ha de facilitar información a los órganos jurisdiccionales o al ministerio fiscal cuando los delitos sean perseguibles de oficio. Cuando los órganos jurisdiccionales persigan derechos y protejan derechos de menores o incapacitados también la AT tendrá la obligación de facilitar información. En la ejecución de resoluciones judiciales, el órgano judicial puede ir a la AT para pedir, motivando, información y tiene que justificar que se han agotado los otros medios de conocimiento. Es decir la AT tiene una cierta supremacía ante el órgano jurisdiccional, puesto que ella no tiene que motivar cuando pide información, y el órgano jurisdiccional tiene la obligación de dar la información, mientras que el órgano jurisdiccional sí que tiene que motivar, y no siempre le concederán la información.
c) DEBERES DE INFORMACION En setiembre de 2015 se ha introducido una modificación importante: publicidad de los listados, que consiste en que la administración realiza un listado nominal de personas que deben una determinada deuda y sanción (identificación e importe). Se publica el primer semestre de cada año y es vía electrónica  identifican a aquellos sujetos que vienen.
Requisitos para que aparezcan en estos listados:  Se deba un importe superior a 1.000.000€ en deudas y sanciones (moroso o que haya hecho ocultación).
 Deudas o sanciones: solo las que no estén en periodo voluntario (las que no han sido pagadas en periodo voluntario) y no aplazadas o suspendidas (que me hayan concedido el aplazamiento).
Procedimiento.
- Me comunican que estoy dentro de este listado y si tienes alegaciones. Solo se puede alegar si ha habido errores en cuanto a si te han concedido el aplazamiento o si tienes deudas en periodo voluntario.
Función de los listados: preventiva  para evitar determinadas conductas lesivas. Y lo que intenta evitar esta publicidad es el incumplimiento de la deuda y sanción  ponen en el mismo saco las personas que deben y aquellas que fueron sancionadas y eso genera un gran problema.
Es una publicidad temporal: dura 3 meses.
d) NORMAS COMUNES DE PROCEDIMIENTO tributario El procedimiento se rige supletoriamente por las normas administrativas.
Inicio: a instancia de parte o de oficio.
Instancia de parte (art. 98 LGT): a) Autoliquidación: supone comunicar hechos, calificar jurídicamente y cuantificar. Si lo hacemos erróneamente será nuestra culpa. Por lo tanto la autoliquidación comporta gran carga tributaria.
b) Declaración: supone comunicar hechos.
c) Comunicación d) Denuncia: ¿Puedo a través de una denuncia iniciar un procedimiento tributario? NO. Si un caso se iniciaría el procedimiento de oficio, si la Administración considera que tiene material suficiente. Art 114.
Desarrollo: cabe destacar los derechos y obligaciones que se recogen, la prueba nos permite aproximarnos a la realidad tributaria, y documentos administrativos.
Administración: Documentación que puede utilizar la Administración son: comunicaciones (para poner en conocimiento al Obligado Tributario algún hecho que le afecte), diligencias (documentos públicos que los funcionarios utilizan para hacer constar la existencia de hechos, dan fe del contenido) y los informes (tienen finalidad consultiva y de aplicación de los tributos).
Obligado tributario: no existe un periodo específico de apertura de prueba, se puede solicitar. Y el art. 99.2 habla de un derecho del obligado tributario respecto que el OT pueda reusar pruebas que no le fueren exigidas por la ley y de aquellos que ya han sido presentados por ellos (si ya he presentado un documento, no me pueden obligar a presentarlo otra vez) (solo se podrá en todo caso para justificar determinados datos). Trámite de audiencia previa a la propuesta de resolución: no es necesaria esta audiencia en las actas con acuerdo (la administración y el obligado han llegado a un acuerdo) o cuando existe un trámite de alegaciones posterior.
Prueba: carga de la prueba art. 105. Principios probatorios: no existe una limitación de medios de prueba (cualquier medio admisible puede constituir prueba), no hay pruebas tasadas (para constatar realidades no acotan determinados mecanismos de prueba) y rige la libre valoración de prueba (la administración valora de una forma libre el contenido de la prueba). Excepción a la prueba tasada: para disfrutar de determinadas reducciones es necesaria una facturación específica (que están tasadas). Presunciones legales y libre valoración de la prueba: la ley ya predetermina las consecuencias de determinados hechos.
Valor probatorio de determinados documentos y manifestaciones: a) Diligencias (para constatar un hecho)/actas (documento administrativo que la finalidad es resumir todo lo que se ha actuado a lo largo del procedimiento). Son hechos que motivan la formulación.
b) Manifestaciones del obligado: se consideran ciertos para ellos aquellos que no le favorecen, y en aquellas manifestaciones que le favorecen al obligado, la Administración puede verificarlos.
c) Presunciones: legales (las que establecen una norma de rango de ley y que determina la constatación de un hecho sobre la base de constatar otro de relación con la que existe una base legal): registros públicos y fiscales (quien aparezca en el registro como propietario de un Bien inmueble, por ejemplo, pues esa persona pagará el impuesto); y presunciones que se pueden apreciar en base a juicios racionales.
Terminación - - Si el procedimiento se ha iniciado a instancia de parte, y terminará por desistimiento (puedo volver a iniciar el procedimiento, se desiste del procedimiento) o renuncia (se renuncia al derecho, y no puedo volver a iniciar el procedimiento).
Imposibilidad material: Resolución: Forma de resolución habitual. Está vinculado a la notificación. Dentro de esta resolución hay una forma de resolver más específica: la liquidación.
Está obligada a resolver la Administración todas las cuestiones que se le planteen (obligación general de resolver). Excepción: solo existe la obligación de motivar los actos de liquidación, los de comprobaciones de valores y los que impongan una obligación. La motivación no es la regla general.
El plazo general de resolución son 6 meses para resolver y si no resuelve: Si es a instancia de parte: se tratará de un silencio negativo, salvo que la ley disponga lo contrario Si es de oficio: si supone un reconocimiento de derechos se entiende el silencio negativo; y si son efectos desfavorables no se produce un silencio negativo, sino se produce la caducidad (importante saber diferencia cuando opera la caducidad y el silencio negativo).
El procedimiento de inspección no caduca nunca (importante!).
El procedimiento sancionador sí caduca (y prescribe el derecho a sancionar). Y ya no pueden volver a sancionar.
El procedimiento de apremio sí caduca a los 4 años (y no de 6 meses) con lo cual se solapa con el plazo de prescripción (el plazo de prescripción es de 4 años).
Notificación (art. 110 al 112) (no muy importante). Con la nueva ley de procedimiento administrativo, hace énfasis hacia las notificaciones electrónicas.
Caducidad: forma de terminación del procedimiento. Se extingue por caducidad cuando transcurre el plazo que se tenía para resolver, no se resuelve y el procedimiento caduca como regla general. Todo procedimiento que caduque comporta su archivo, quiere decir que las actuaciones se archivan y pero no se pierden. Y si se vuelve a reabrir un caso relacionado (donde puedan servir esos documentos) estos documentos volverán a tener validez y eficacia. El archivo no implica la prescripción, pero sí comporta que no interrumpe la preinscripción.
e) LA LIQUIDACIÓN Es una forma específica de resolver un procedimiento. Se trata de un acto administrativo que pone fin al procedimiento, que determina la existencia de una deuda, identifica al obligado y su cuantía. No confundir con autoliquidación (que no es un acto administrativo, porque lo hace el obligado).
La autoliquidación es una declaración porque comunica hechos, califica jurídicamente, cuantifica la deuda. La autoliquidación se parece a la liquidación, por la calificación y la cuantificación (que en la liquidación lo hace la administración).
La autoliquidación comporta que el obligado asuma una serie de cargas, no tan solo de pago (puesto que no es necesario el ingreso en la autoliquidación). La gesion de la deuda se traspasa a los particulares, es decir, lo que antes hacía la Administración ahora lo deben hacer los particulares. La gran mayoría de tributos siguen el modelo de la autoliquidación.
La liquidación de la administración no está necesariamente vinculada a la declaración de hechos previamente realizada por el obligado.
Clases de liquidaciones:  Definitivas: la administración ha investigado en profundidad todos los hechos que son objeto de gravamen, para lo que ha abierto un procedimiento de inspecciones. Cuando la inspección ha sido plena, esto lleva a un conocimiento completo de la realidad del obligado, es decir, existe una liquidación completa.
 Provisionales: cuando no exista la inspección completa será provisional. Es decir, ha sido una inspección parcial. También puede ser consecuencia de un procedimiento de gestión.
Ambas liquidaciones son susceptibles de recurso.
Diferencias: Una liquidación provisional puede ser rectificada en cualquier momento por la administración, abriendo un procedimiento de inspección y modificando de oficio la liquidación que había dictado previamente, sin necesidad de anularla. El fundamento es el hecho de que no había investigado lo suficiente, por lo que puede necesitar una visión más completa de los actos. Por lo tanto, se pueden realizar dos liquidaciones sobre los mismos hechos.
Las liquidaciones definitivas, en cambio, no pueden ser modificadas por la administración como regla general, a excepción de casos de nulidad o anulabilidad, donde se permite su modificación (art. 216).
Efectos de la liquidación:  es el único acto que como regla general resulta impugnable, porque los actos de trámite no lo son, como regla general.
 Hasta que existe liquidación, la deuda no resulta exigible.
 Tiene presunción de legalidad, lo que no sucede con la autoliquidación.
 Cuando se comunica la liquidación, se abre el plazo para ingresar. (importante saber).
 Interrumpe el periodo de prescripción.
 Es un acto impugnable por el obligado.
Singularidad con respecto a la notificación art. 102.
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