Apuntes de Derecho civil de la persona (2014)

Apunte Español
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Derecho - 1º curso
Asignatura Derecho Civil de la persona - Civil 1
Profesor A.M.
Año del apunte 2014
Páginas 94
Fecha de subida 03/04/2015
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Profesor: Antonio Montserrat DERECHO CIVIL DE LA PERSONA.
Concepto de derecho civil: El derecho civil, es el derecho privado en general, ya que regula las relaciones más generales y comunes a la existencia humana en las que puede intervenir una persona humana por el mero hecho de ser, por eso también se dice que el derecho civil es el derecho de la persona en cuanto tal. En cambio, las otras ramas del derecho privado se aplican no a la persona en cuanto tal, sino a la persona que es un profesional.
Es aplicable a todas las personas.
Plan del derecho civil Sistemática del derecho civil, hay dos sistematizaciones del derecho civil:  Plan romano-francés: los juristas romanos de la última etapa del derecho clásico sistematizaron el derecho civil en tres partes: 1. Personas 2. Cosas 3. Acciones Inspiro el código civil francés (tiene tres libros y un título preliminar sobre normas jurídicas en general): 1. Libro primero de las personas y la familia 2. Libro segundo de los bienes y las diferentes modificaciones de la propiedad 3. Libro tercero de los diferentes modos de adquirir la propiedad: regula las sucesiones, la donación y los contratos. Para el código francés, cuando se celebra un contrato de compraventa por la mera celebración de la compra venta aunque el vendedor no se lo haya entregado, el comprador ya adquiere la propiedad. Dentro de los contratos, el legislador francés regula dos instituciones como son la usucapión y prescripción.
El código civil español: se inspira en el código civil francés, se compone por: 1. un libro primero de las personas (persona y familia) 2. un libro segundo de los bienes, la propiedad y sus modificaciones.
3. un libro tercero de los diferentes modos de como adquirir la propiedad (regula como el legislador francés las sucesiones, la donación pero no regula los contratos, porque el legislador español no considera que el comprador adquiere la propiedad por la mera celebración del contrato, sino que establece que hasta que el vendedor no da la cosa, el comprador no adquiere la propiedad) se añade además 4. un libro cuarto sobre obligaciones y contratos (regula en este libro la usucapión y la prescripción).
5. También tiene título preliminar Plan alemán: Código civil alemán (BGB) 1. Primer libro que es la parte general, en esta parte el legislador alemán regula la persona, la prescripción y el negocio jurídico en general (el francés y el español no regula el negocio en general, sino en casos concretos).
2. Libro segundo de obligaciones y contratos 3. Libro tercero derecho de cosas 4. Libro cuarto derecho familia 5. Libro quinto derecho de sucesiones.
El código civil catalán se inspira en el código civil alemán.
1.
  2.
3.
4.
5.
6.
Libro I disposiciones generales, con dos partes: unas disposiciones preliminares.
una prescripción y caducidad.
Libro II persona física y familia.
Libro III persona jurídica.
Libro IV sucesiones.
Libro V reales (o sobre cosas).
Libro VI obligaciones o contratos (este no está publicado).
Lección 2: La codificación El movimiento codificador surge en Europa a finales del siglo XVIII, motivado confusión por la normativa existente. Una materia estaba regulada por distintas normas que a lo largo de los años la habían ordenado parcialmente. Esto representaba la dificultad de buscar las leyes aplicables a una materia, para solventar esta dificultad se habían recopilado las leyes en un mismo cuerpo ordenándolas sistemáticamente, pero redactadas en tiempos distintos por legisladores distintos, les faltaba la necesaria coordinación entre ellas.
Por eso, nacen los códigos que son leyes nuevas que con pretensión de generalidad y plenitud regulan una materia con un mismo criterio y principio inspirador.
El primer código civil europeo, aunque no lleva el nombre de código civil, es el derecho general territorial de los estados prusianos (1794) y el código civil francés (1804).
Codificación en España.
Los primeros intentos serios de codificación en España tienen lugar bajo la dominación napoleónica, el Estatuto de Bayona y las Cortes de Cádiz ya preveían que hubiera un solo código de leyes civiles y criminales.
La codificación fructifico el primer Código Penal de 1822 y el primer Código Mercantil de 1829.
En cambio, el código civil no se aprobó hasta 1889, entonces la codificación civil se retrasó tanto llamado a la cuestión foral, la codificación permitía que todo el territorio de España se rigiera por las mismas leyes civiles y esto chocaba con la realidad de los distintos ordenamientos civiles vigentes en los distintos territorios fuertemente arraigados.
Entre los proyectos del código civil que se elaboraron, cabe destacar el de 1836 y el de 1851(este tuvo una intervención importante del jurista francisco García golleta) este proyecto fue importante para interpretar el código civil español puesto que se basaba en gran medida en este proyecto de 1851.
Pero este proyecto suprimía los derechos forales y por lo tanto se dilataba su discusión parlamentaria, entonces siendo ministro de gracia y justicia, Álvarez Bugallal, decidió incluir en la comisión general de codificación a representantes de las regiones forales por real decreto de 1880 que deberían estudiar las instituciones forales que fuera posibles extender a todo el territorio y las que por su vital importancia convenía conservar.
Por otro lado, para facilitar la aprobación del código, Alonso Martínez, ministro del nuevo gobierno que se constituyo poco después del real decreto de 1880, ideo el sistema de la ley de bases, las cortes ya no tenían que aprobar el texto de un código, sino lo que tenían que aprobar eran unas bases según las cuales el gobierno había de redactar el código. Una vez redactado solo tenían las cortes que discutir si se ajustaba o no a la ley de bases.
Alonso Martínez en 1881 elabora un primer proyecto de la ley de bases que no es aprobado por las cortes, su sucesor Silvela elabora otro proyecto de ley de bases en 1885 que tampoco es aprobado y finalmente, siendo de nuevo ministro Alonso Martínez presenta otro proyecto de ley de bases que ya es aprobado finalmente por las cortes el 11 de mayo 1888.
El Art.5 de la ley de bases resuelve el problema de los derechos forales aplazándolo, según este artículo los derechos forales continuarían vigentes en toda su integridad. El 6 de octubre de 1888, se ordena la publicación del código civil y se empieza a publicar cuando todavía no está acabado, se publica finalmente al 8 diciembre 1888.
El gobierno dio cuenta a las cortes de su publicación (el gobierno podía publicarlo sin ser revisado en las cortes) entro en vigor el código civil el 8 de mayo 1889. En las cortes se suscito la polémica de si el texto elaborado se ajustaba a l ley de bases.
El 26 1889 se ordenó realizar una segunda edición que entro en vigor el 27 de julio de 1889.
El código civil español se basa en el proyecto de 1851, que atendía a la tradición del derecho de Castilla, fue elaborado por prácticos, fue objeto de duras criticas pero después se ha exaltado sus valores positivos (lenguaje concreto, claro y realista). Es fruto de su tiempo el liberalismo conservador (de la defensa de la libertad social.
El Código civil ha sido modificado en materia de personas y sucesión, otros como patrimonio aun siguen vigentes.
Las leyes especiales regulan material del derecho civil pero no se retraso, se vio en la obligación de regular determinadas materias antes de hacerlo.
Ley del registro civil, matrimonio civil, ley hipotecaria (1877), ley de propiedad intelectual, eral leyes aplicables a todo el territorio español y derogaban los artículos de derecho foral existentes. Cuando se incorporo al derecho civil no se incorporaron.
Derechos forales o territoriales: Los derechos forales: Tienen una razón histórica a raíz de la reconquista surgieron diferentes reinos. Con los reyes católicos no hubo unificación de reinos pero hubo una unificación de todas las coronas de los mismos reyes (con sus propias normas jurídicas en cada reino). Se siguió así hasta Felipe V accedió al trono través de una guerra (entre territorios partidarios de Borbón o de Carlos de ajour), entonces la llamada guerra de sucesión española.
Acabada la guerra de sucesión, Felipe promulga los decretos de nueva planta en territorios partidarios de Carlos (Cataluña, Aragón, islas baleares, valencia), se suprimen los órganos legislativos y solo deja vigente el derecho privado en valencia.
En el siglo XIX pasa algo similar. Los derechos forales se conservaran por ahora en toda su integridad art.12 de la ley de bases.
El art. 6 de la ley de bases preveía la elaboración de unos apéndices al código civil que contuvieran las instituciones que conviniera conservar, se considera el derecho foral como una excepción y aunque recogido en un código distinto se calificaba como un apéndice anexo al código civil. En cambio, en la consideración de los derechos forales se debió a un congreso de derecho civil de 1946 que se celebro en Zaragoza.
Consecuencia de este congreso fue el decreto de 23 de mayo de 1947 que determino que se compilasen todas las instituciones forales y se ordeno no solo compilar los textos antiguos sino que también ponerlos al día.
El derecho foral paso de considerarse excepcional a hablar de derecho especial, sin embargo, aun se preveía la elaboración a largo plazo de un futuro código general de derecho civil.
En las compilaciones se pueden distinguir dos etapas:   Primera etapa: incluye las compilaciones de Vizcaya y Álava (1959), Catalunya (1969) baleares (1961) y Galicia (1963). Se dispone que se deroga todo el derecho foral vigente hasta entonces y que queda substituido por el derecho foral compilado, con estas compilaciones ya no hay costumbres sino esta en el derecho foral compilado no son vigentes.
Segunda etapa: incluye la de Aragón de 1967 y navarra 1973, y en estas dos el derecho foral no se limita al texto compilado, en Aragón se dice que en primer lugar rige la compilación y en segundo lugar la costumbre y en tercer los principios generales jurídicos tradicionales del derecho aragonés y en cuarto lugar el derecho del código civil español. Y en la compilación navarra primero Costumbre. En segundo lugar las Leyes compiladas, en tercer lugar los Principios generales jurídicos tradicionales y en cuarto el código civil español.
También había y hay unos lugares de la provincia de Badajoz, en concreto Alburquerque y Jerez de los caballeros que tienen un derecho civil propio pero limitado a una materia muy concreta que es el llamado fuero del Baylio, que consiste en una práctica consuetudinaria en virtud de la cual se establece un régimen económico matrimonial de comunidad universal de bienes, otro pequeño hito en la situación de los derechos forales se da cuando se promulga el nuevo título preliminar del código civil de 1974.
En relación con los derechos forales tiene su importancia porque en el título preliminar originario del código civil el art. 12 originario eludía a la provisionalidad de los derechos forales y el articulo que lo sustituye (art.13) establece el pleno respeto a los derechos especiales y forales. El originario contenía los párrafos, en el primero establecían las materias que se regulaban en todo el reino con lo dispuesto en el Código Civil y en el segundo decía que los que tenían derechos forales lo conservaban por ahora.
Sin embargo, la exposición de motivos de la ley de bases para la elaboración del nuevo título preliminar aun alude al objetivo de un código general para España, para cuya consecución constituye una primera etapa la promulgación de todas las compilaciones.
La constitución en su disposición adicional primera, dice que la CE ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales, no los considera ni provisionales ni destinados a desaparecer en un futuro.
Los considera como el derecho civil propio del territorio donde rigen por eso la calificación de derecho especial que hace el art.13 del título preliminar del código civil hay que entenderla en el sentido de que son derechos particulares por razón del territorio, pues solo se aplican a una parte del territorio del estado, pero el territorio donde se aplican es el derecho propio.
Además, la CE con la creación del estado de las autonomías permite que de nuevo los territorios forales tengan unos órganos legislativos propios. Felipe V, después de la guerra de sucesión, dejó vigente los derechos civiles forales en los territorios que apoyaban a su contrincante pero suprimió los órganos legislativos propios.
La CE prevé en las CCAA, la creación de tribunales superiores de justicia, lo que posibilita que el último recurso judicial sobre cuestiones de derecho foral (recurso de casación) no se plantea ante el TS sino ante el tribunal superior de justicia de la CCAA correspondiente, tal y como establece el art.73.1 A de la ley orgánica del poder judicial y el art.478 de la ley de enjuiciamiento civil.
Entonces, en los territorios forales tras la promulgación de la CE, los parlamentos autonómicos integraron las respectivas compilaciones en el ordenamiento jurídico autonómico, las modificaron para adecuarlas a los principios constitucionales e introdujeron normas sobre prelación de fuentes en los territorios donde no existían.
En algunos territorios forales se ha eliminado la palabra compilación (ej: ley del derecho civil foral del país vasco 1992, ya no se habla de la compilación gallega sino de la ley del derecho civil de Galicia 1995,codigo del derecho foral de Aragón 2011, código civil catalán, continua hablándose de compilación en Navarra 1973 y en Baleares 1990).
Competencia legislativa en materia civil La coexistencia de un órgano legislativo del estado central con los órganos legislativos de las CCAA hace necesario que la CE distribuya la competencia entre el primero y los segundos. En relación con el derecho civil efectúa tal distribución el artículo 149.1.8 CE, este artículo nos dice que el estado tiene competencia exclusiva sobre la legislación civil sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las CCAA de los derechos civiles forales o especiales allí donde existan.
Con el termino conservar se puede entender integrar la compilación en el ordenamiento autonómico y también formalizar legislativamente costumbres civiles existentes en el ámbito territorial autonómico.
El termino desarrollar se puede entender en tres sentidos, en el sentido más estricto y restrictivo desarrollar seria dictar normas que completasen la regulación ya existente en la compilación sobre una materia, pero según este sentido más restrictivo los parlamentos autonómicos no podrían regular materias no compiladas. En el sentido más amplio posible desarrollar significaría regular cualquier materia civil excepto las material civiles reservadas exclusivamente al estado central.
El TC ha rechazado estas dos interpretaciones y apuesta por una postura intermedia, adoptó esta postura en la sentencia TC 88/1993 de 12 de marzo, donde dice que el desarrollo de los derechos civiles forales no debe vincularse rígidamente al contenido actual de la compilación pero no significa una competencia legislativa civil ilimitada de las CCAA.
Esta sentencia lo que admite es que las CCAA regulen instituciones conexas con las ya reguladas en la compilación.
En la práctica, lo que se está siguiendo es la tesis amplia concretamente en Cataluña ha regulado las materias civiles y el estado central, ha presentado un recurso de anticonstitucionalidad por entender que no tenía competencia para regular la materia civil y esto ha acabado con la desestimación del recurso.
Pero la CE prevé que dentro de derecho civil hay unas materias legislativas exclusivas del estado, son las siguientes:       Reglas relativas a la aplicación y eficacia de las normas jurídicas.
Relaciones jurídico-civiles relativas a las formas del matrimonio.
(Consentimiento, forma, nulidad, separación y divorcio).
Ordenación de los registros e instrumentos públicos.
Las bases de las obligaciones contractuales.
Normas para resolver conflictos de leyes (tanto leyes internacionales como normas de tratamiento interregionales, extranjería).
Determinación de las fuentes del derecho, pero añade con respeto a las normas del derecho foral o especial.
Ordenamiento jurídico catalán: compilación del derecho civil de Cataluña al Código Civil de Cataluña.
El legislador catalán por ley de 20 de marzo de 1984 modificó la compilación de 1960 con fin de adecuarla a los principios constitucionales, también la adopto e integró en el ordenamiento jurídico catalán y autorizó a la Generalitat la traducción al catalán de la compilación.
Por decreto legislativo de 19 de julio de 1984 se aprobó el texto refundido de la compilación y después de 1984, el legislador catalán opto por el sistema de leyes específicas fuera del texto de la compilación para regular las distintas materias civiles, es decir, cuando había que modificar alguna materia regulada por la compilación o regular una materia no compilada promulgaba una ley fuera del texto compilado.
Más tarde reunió, en relación con algunas materias, las leyes que regulaban una misma materia civil en códigos sectoriales, en concreto en el código de sucesiones 1991 y código de familia 1998.
Finalmente, por ley de 30 de diciembre de 2002, el legislador catalán promulgó la primera ley del código civil de Cataluña, que establece la estructura y sistemática del código civil y aprueba el libro primero del código civil catalán(disposiciones generales)contiene unas disposiciones preliminares y la regulación de la prescripción y la caducidad.
Posteriormente, por ley de 10 de mayo de 2006, se aprueba el libro 5 del código civil de Catalunya que regula los derechos reales, después por ley de 24 de 2008 se aprueba el libro tercero sobre persona jurídica, por ley de 10 de julio de 2008 se aprueba el libro cuarto sobre sucesiones y por ley de 29 de julio de 2010 se aprueba el libro segundo sobre persona física y familia.
Por tanto, el único libro que no se ha aprobado es el libro sexto de obligaciones y contratos. Todavía quedan vigente unos pocos artículos de la compilación civil catalana, estos artículos regulan obligaciones y contratos todavía vigentes por no estar publicado el código civil catalán sobre esto (regulan venta carta de gracia y la rescisión por lesión), también hay otras leyes que regulan la materia de obligaciones y contratos (ley de pensiones periódicas 2000, ley de cesión de finca a cambio de construcción futura 2001, ley que regula el pacto de acogida familiar de personas mayores 2001, ley de contratos de cultivo 2008 y contratos de integración 2005).
Primer número formado por 3 guarismos (primero libro, el segundo título, la tercera el capítulo).
Artículo 111-3 del Código Civil Catalán, nos dice que el derecho civil de Cataluña tiene eficacia territorial, hay materias que se rige el estatuto personal, la sucesión se rige por la vecindad civil de la persona.
Lección 4 Ordenamiento jurídico civil Fuentes materiales del derecho civil: instancias o fuerzas sociales que crean las normas jurídicas. (Sociedad, gobierno).en los principios generales es mas difícil determinarlo.
Fuentes formales del derecho civil: normas jurídicas, en concreto para el derecho civil catalán se disponen tres fuentes del derecho, leyes, costumbres y principios generales del derecho propio. La costumbre solo rige si no hay ley aplicable.
La costumbre se define como conducta generalizada repetida y uniforme observada por el grupo social con la idea de estar ajustándose a la norma jurídica, lo característico más que el hecho de que no es escrita es que se origina por la repetición de actos.
Se distinguen dos elementos: o Externo: conducta generalizada, repetida i uniforme.
o Interno: es que se observa con la idea de estar ajustándose a una norma jurídica, es decir, se observan porque se entiende que hay obligación jurídica de observarla. Este elemento interno es lo que se denomina Opinio iuris seu necessitatis.
La costumbre puede tratarse de un grupo social circunscrito a un territorio o que tienen características especiales (grupos profesionales).
En cuanto a lo de conducta repetida (sería un concepto jurídico indeterminado), no puede determinarse un número de actos mínimos para que nazca la costumbre o un tiempo mínimo en el que se ha de observar la conducta para que nazca la costumbre.
La conducta ha de ser uniforme, sin variaciones, si hay variaciones no nace la costumbre.
En cuanto al elemento interno, se ha discutido si es necesario para la existencia de la costumbre, en el código civil español después de la reforma del título preliminar no se exige el elemento interno de la costumbre, porque el art.1.3 Código civil español equipara la costumbre a los usos jurídicos (se definen como elemento externo).
En cambio, en relación con el derecho civil catalán la doctrina más autorizada, exige el elemento interno porque en la tradición jurídica catalana siempre se ha exigido el elemento interno para que haya costumbre. Hay que tener en cuenta que la ley de enjuiciamiento civil exige que las partes prueben la costumbre en contra de la regla de Iura novit curia (los tribunales conocen el derecho). Exigen que la prueben a no ser que las partes estuvieran de acuerdo a su existencia y contenido, y no afectase al orden público.
En cuanto a las clases de la costumbre en relación con la ley se distingue entre costumbre contra legem, secundum legem y praeter legem.
Contra legem: Costumbre contraria a la ley.
Secundum legem: costumbre según ley, significa que cuando la ley puede dar lugar a diversas interpretaciones la costumbre consagra una de ellas.
Praeter legem: costumbre en defecto de ley.
La costumbre solo rige si no hay ley aplicable (libro 1, 111-1.2 CCC), esto significa que no cabe la costumbre contra legem ni la costumbre secundum legem solo cabe la praeter legem y los principios generales del derecho.
Principios generales del derecho: Es una constante histórica, pero ya desde los romanos en los recursos a una tercera instancia más allá de la costumbre debido a que estas no resuelven todos los conflictos que se plantean en los tribunales. En la época de la codificación (S.XIX) se acude con bastante generalidad a la idea de unos principios jurídicos generales del derecho a los que acudir cuando no haya ley ni costumbre aplicable (tanto en el Código Civil Catalán como en el español).
En la doctrina se distinguen dos clases de principios generales del derecho:   Principios extrapositivos, más allá de los derechos positivos que son comúnmente admitidos por todos los pueblos.
Principios que se desprenden de los ordenamientos jurídicos positivos y por tanto no han de coincidir los de los distintos ordenamientos jurídicos y pueden cambiar por el tiempo.
No hay ninguna ley que diga que los principios generales tienen que estar probados pero sin embargo el TS cuando se ha planteado la aplicación de los principios generales exige que se demuestre que el principio que se alega viene acogido por el ordenamiento jurídico, bien citando las normas que lo fundamentan, o bien aportando sentencias que lo reconocen.
Comparando el código civil español con el catalán hay dos diferencias:   El español se limita a hablar de principios generales del derecho, en cambio el catalán habla de principios generales del derecho propio, puede tratarse de los principios que se desprenden de las otras leyes civiles catalanas.
El CC español dice que los principios rigen en defecto de ley o costumbre el código civil catalán no dice cuando rigen los principios generales. Cuando aplicas ley y costumbre puedes estar aplicando los principios.
Lección 5.
La jurisprudencia, no es fuente del derecho, los tribunales no pueden inventarse una norma, los tribunales deben aplicar una norma o en su defecto la costumbre o principios generales. Art.111-2.2 CCC dice que se ha de tener en cuenta la jurisprudencia del tribunal de casación de Cataluña y el tribunal superior de justicia de Cataluña, una y otra pueden ser invocadas como doctrina jurisprudencial a los efectos de recurso de casación.
La jurisprudencia en un sentido amplio con la palabra jurisprudencia nos podemos referir a el conjunto de los tribunales de justicia, en un sentido más estricto es el modo habitual en que los tribunales interpretan y aplican una norma jurídica determinada o el modo habitual de resolver un mismo caso. La jurisprudencia es muy importante porque puede ser invocada a los efectos de los recursos de casación.
En materia civil un conflicto jurídico puede pasar por tres niveles: 1. Juzgados de Primera Instancia.
2. Apelación ante la Audiencia Provincial y la sentencia de la Audiencia puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.
3. Uno de los casos en que las sentencias de las Audiencias pueden ser recurridas en casación es cuando la resolución del recurso presenta interés casacional. Se considera que un recurso presenta interés casacional entre otros casos cuando la sentencia recurrida se oponga a la doctrina jurisprudencial del TS. En Cataluña, cuando se oponga al Tribunal de Casación de Justicia o TSJC.
Requisitos que deben darse para que haya una doctrina jurisprudencial del máximo tribunal:      En materia civil solo puede dar lugar al recurso de casación la jurisprudencia de la sala de lo civil.
En segundo lugar es necesario que la jurisprudencia sea reiterada, no basta una sola sentencia, no lo dice la ley pero lo ha establecido el TS en sus sentencias.
En tercer lugar, el recurso de casación lo único que debe juzgar es si el tribunal anterior a aplicado correctamente o no las normas jurídicas.
Si el máximo tribunal cree que se han aplicado incorrectamente casa o anula la sentencia recurrida. Se entiende que solo servirá para formar la doctrina jurisprudencial la parte de la sentencia que resuelve si se anula o no la sentencia del tribunal inferior, pero no la parte de la sentencia que resuelve el fondo del asunto.
Por último, solo se da jurisprudencia la que sirva para fundamentar el fallo, es decir, la interpretación o aplicación de la ley que hace el máximo tribunal que constituya el fundamento del fallo (Ratio decidendi) frente a Obiter dicta (los obiter dicta son las afirmaciones que hace el tribunal sin venir al caso) estos obiter dicta, no servirán como doctrina jurisprudencial.
Las resoluciones de la dirección general de los registros y del notariado y la llamada jurisprudencia registral.
Cuando un registrador, bien sea de la propiedad y mercantil, deniega la inscripción que se le solicita, su resolución es recurrible ante la dirección general de los registros y del notariado. Es un órgano administrativo no es un órgano judicial, por lo tanto su doctrina no es la jurisprudencia. Sucede que goza de gran autoridad de las resoluciones, que las resoluciones de la dirección general de los registros y notariados son dictados por funcionarios altamente especializados.
Los civilistas hablan de la doctrina científica, antiguamente esta había tenido valor normativa de fuente del derecho.
Las resoluciones generales no suelen citar la doctrina científica, sobretodo se cita jurisprudencia.
La equidad: Es la justicia en el caso concreto, es la solución de un problema jurídico, es equitativa cuando consigue un equilibro entre los intereses en pugna. Art.111-9 ccc. No se puede decir si una norma jurídica es equitativa o no. Si bien los tribunales solo pueden fundamentar sus resoluciones en la equidad cuando la ley lo solicita expresamente.
LECCIÓN 6: LA INTERPRETACIÓN DE LA LEY Lo primero que hay que decir es que para aplicar una ley es preciso interpretarla, es decir, averiguar su sentido.
Los sujetos de la interpretación pueden ser:    El legislador (que en otra ley posterior aclara el sentido de la ley anterior), esta interpretación se denomina interpretación auténtica.
Los tribunales, quienes practican la interpretación judicial, es especialmente relevante la interpretación del Tribunal Supremo a efectos de los recursos de casación.
Los autores, la denominada interpretación doctrinal, que desde hace tiempo no tiene ningún valor normativo.
El objeto de la interpretación es la ley y los medios cuales quiera datos que ayuden al intérprete a averiguar el sentido de la ley. Se habla de medios o de elementos de la interpretación.
Es común la cita de Savigny que elaboró una doctrina sobre la interpretación de la ley y enumeró los elementos de interpretación de la ley: 1. Elemento gramatical: que significa atribuir a las palabras de la ley el sentido que tiene en el diccionario.
2. Elemento lógico: que consiste en interpretar una parte de la ley que es objeto de la interpretación en función de las otras partes de la ley.
3. Elemento sistemático: que es una ampliación del elemento lógico que consiste en interpretar la ley teniendo en cuenta otras leyes y la totalidad del ordenamiento jurídico.
4. Elemento histórico: que consiste en interpretar la ley en función de la tradición jurídica y de los antecedentes legislativos. Revisar el procedimiento de elaboración de la ley.
El Código Civil español en el artículo 3.1 enumera unos medios de interpretación, el catalán en las disposiciones preliminares no alude para nada a los métodos de interpretación de la ley y no habría inconveniente en considerar aplicable el artículo del Código Civil español como derecho supletorio. Dicho artículo dice que las normas se interpretaran: según el sentido propio de sus palabras (elemento gramatical), en relación con el contexto (elemento lógico y sistemático), los antecedentes históricos y legislativos (elemento histórico), y aquí el legislador español añade un nuevo elemento de interpretación que la doctrina llama el elemento sociológico y que lo describe: con la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas.
El mismo artículo también nos dice atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de la normas. Esto permitiría que cuando hay duda de que el propósito del legislador es la que deriva del sentido propio de las palabras (elemento gramatical), los tribunales podrían interpretar la ley en contra del sentido de las palabras.
El Código Civil catalán no enumera los medios de interpretación. En cuanto la interpretación el legislador catalán se limita a decir en el artículo 111-2.1 que el derecho civil de Cataluña se ha de interpretar de acuerdo con los principios generales que lo informan, teniendo en cuenta la tradición jurídica catalana. La alusión a los principios generales que lo informan la podemos conectar de alguna forma con el elemento sistemático, y teniendo en cuenta la tradición jurídica catalana la podemos vincular con el elemento histórico.
En la doctrina se ha discutido (y en la jurisprudencia) si las normas sobre interpretación de la ley tienen valor meramente orientativo para los tribunales o tiene un valor obligatorio. Esto tiene su importancia a los efectos del recurso de casación porqué estos tienen por objeto solo analizar si los tribunales inferiores han aplicado o no correctamente las normas jurídicas, solo sobre cuestiones jurídicas, nunca cuestiones de hecho. Se puede alegar en el recurso de casación que la sentencia ha infringido las normas sobre interpretación.
CLASES DE INTERPRETACIÓN Por los resultados de la interpretación se distingue entre:   Interpretación declarativa: cuando coincide con las palabras de la ley.
Interpretación modificativa: cuando se separa de las palabras de la ley. Se distingue entre: o interpretación restrictiva: no aplica la ley a todos los supuestos comprendidos dentro de la letra de la ley.
o Interpretación extensiva: extiende la aplicación de la ley a supuestos no comprendidos en su letra pero sí en su espíritu.
INTEGRACIÓN DE LA LEY Con el término integración en derecho se refiere a llenar un vacío legal. Es un hecho la existencia de lagunas en la ley. El legislador no puede prever todo lo que puede suceder en la realidad y por lo tanto es un hecho los vacíos legales. Sin embargo, actualmente se admite pero que no hay lagunas para el Ordenamiento Jurídico, es decir, que tiene capacidad para dar solución a los casos no previstos en la ley.
Antiguamente un Ordenamiento Jurídico se integraba acudiendo a otro Ordenamiento Jurídico más desarrollado, un derecho supletorio, es lo que se denomina heterointegración. Actualmente, no se acude a este hecho, sino que se acude a la autointegración. El procedimiento de autointegración es el analógico. Dentro de la analogía se distingue entre:   Analogía legis: consiste en aplicar una norma a un supuesto de hecho no previsto en ella pero semejante o análogo al previsto.
Analogía iuris: consiste en extraer de varias normas un principio general aplicable al supuesto concreto no regulado por la ley. Son los principios generales del derecho.
El Código Civil catalán a diferencia del español no se refiere explícitamente a la analogía legis, pero no hay duda que dentro del derecho civil catalán cabe esta analogía. Se aplica también la analogía iuris, puesto que el derecho civil catalán también tiene como fuente los principios generales del derecho.
Pero el derecho civil catalán no solamente procede a la autointegración sino que también admite la heterointegración, aplicación de un derecho supletorio. Se refiere a este derecho sin decir cuál es el derecho supletorio para advertir que solo rige en la medida que no se oponga a las disposiciones del derecho civil catalán o a los principios generales del derecho, solo regirá en aquellos casos en que el legislador catalán no haya regulado una materia.
LECCIÓN 7: LA EFICACIA DE LA NORMA JURÍDICO-CIVIL EFICACIA OBLIGATORIA DE LA LEY CIVIL La eficacia obligatoria de la ley civil significa que las leyes obligan a todos y por tanto la ignorancia de las leyes no escusa de su cumplimiento. Esto es una máxima jurídica que recoge el legislador español.
Al hablar de que la ignorancia de las leyes no escusa de su cumplimiento, en la doctrina surgió un problema: de la misma manera que la ignorancia de las leyes no exime de su cumplimiento, tampoco exime de su cumplimiento el conocimiento erróneo de ellas.
Cuando una persona emite una declaración de voluntad por error el derecho considera que, si se cumplen unos requisitos, el error es relevante para invalidar tal declaración de voluntad emitida erróneamente.
El error puede tener por objeto una cuestión fáctica o una cuestión jurídica. Entonces, en el derecho común por una interpretación discutible de la regla de que la ignorancia de las leyes no exime de su cumplimiento hubo una doctrina que sostenía la irrelevancia del error del derecho para invalidar las declaraciones de voluntad.
Doctrina que inspiró el Código Civil según el cual los contratos solo se podían impugnar por error de hecho pero no de derecho. Pero la acción definitiva del Código Civil español se separó de esta doctrina, cambió de criterio y admite la anulación de los contratos por error sin especificar que se tenga que tratar de error de hecho o de derecho.
EFICACIA SANCIONADORA O REPRESIVA DE LA LEY Ante la infracción de una ley civil, el Ordenamiento Jurídico reacciona imponiendo sanciones. Fundamentalmente la sanción que impone el Ordenamiento Jurídico cuando se vulnera la ley es la nulidad de los actos contra-ley (artículo 6.3 del Código Civil español). Como precisa este artículo serán nulos los actos contrarios a las normas imperativas (obligan necesariamente a los particulares, estos no pueden acordar en contra de estas normas) o prohibitivas pero no a las normas dispositivas (sí que pueden ser dejadas de aplicar cuando los particulares lo acuerdan).
Las leyes civiles en gran medida son dispositivas. Se habla de nulidad de pleno derecho en el caso de vulnerar estas normas. Esto significa que el acto es nulo desde el inicio, nunca ha llegado a producir efectos jurídicos.
No hace falta una sentencia del juez que anule el acto para que no produzca efectos jurídicos, porqué el acto en sí mismo no los produce. Lo que pasa es que, en la práctica, muchas veces hay que acudir al juez para que conste de forma segura la nulidad del acto frente a terceros, pero el juez en la sentencia no dirá “este acto que producía efectos ahora dejará de producirlos por ser contrario a la ley” sino que dirá “declaro que este acto es nulo y que nunca ha producido efectos”. La sentencia es declarativa de la nulidad, no constitutiva.
La doctrina advierte que puede haber actos que no sean frontalmente contrarios a las leyes, y entonces no tendrían por qué ser nulos de pleno derecho. Se cita una sentencia del Tribunal Supremo, entre otras, la de 17 de octubre de 1988 que estima que no es nula la transmisión de una farmacia en contravención con las normas administrativas que disciplinan la titularidad de las farmacias.
Junto a los actos contrarios a la ley también se habla de actos en fraude de ley. A veces se realizan actos que, bajo la apariencia de legales, son contrarios a las leyes.
Como dice el artículo 6.4 del Código Civil español: los actos realizados al amparo del texto de una norma que persigan un resultado prohibido por el Ordenamiento Jurídico se consideraran ejecutados en fraude de ley. (EJEMPLO: retracto de colindantes, un propietario de una finca rústica la vende a una persona, entonces, si se dan ciertos requisitos, el colindante (el vecino, que también tiene una finca rústica) tiene derecho de retracto, es decir, de subrogarse en el lugar del comprador pagándole el precio que desembolsó.
Entonces este derecho de retracto se da cuando el propietario de la finca la vende, pero no cuando la permuta. La venta es que el vendedor da una cosa y el comprador le entrega dinero, la permuta es que el vendedor da una cosa y el comprador da otra cosa). Los autos de fraude de ley, según en el Código Civil español, después de definirlo dice “y no impedirán la debida aplicación de la norma que se hubiera tratado aludir”.
El Código Civil catalán no dice nada sobre estos temas.
LA RENUNCIA DE LA LEY El Código Civil catalán nos habla de este tema en el artículo 111-6. Lógicamente es posible la renuncia a la ley siempre que no sea imperativa, y también la renuncia a la ley no es oponible a terceros si pueden resultar perjudicados.
Limites espaciales y temporales de la ley: Limites espaciales En cuanto a los límites, a la eficacia de la ley de carácter espacial, las leyes solo son eficaces dentro del territorio del estado que las promulga. En España hay una pluralidad de ordenamientos civiles con un territorio de aplicación propio, o sea que como consecuencia de esto hay ordenamientos civiles que no son aplicables a todo el territorio del estado, sino que en el territorio propio. Pero también hay leyes civiles que son aplicables a todo el territorio del estado.
Al hablar de la distribución de competencias legislativas sobre materia civil entre el estado central y los estados autonómicos que la constitución indicaba una serie de materias civiles que solo podían ser reguladas por el estado central, entonces las leyes que regulaban estas materias son de aplicación a todo el territorio del estado, podríamos hablar de una aplicación directa.
El art.13.1 Código Civil, establece que las leyes que regulan dos de las materias que la constitución considera reservadas al estado central, que son la aplicación y la eficacia de las normas jurídicas y el negocio jurídico matrimonial, son de aplicación general y directa en toda España.
También habrá leyes estatales que se aplicaran en los territorios con derecho civil propio pero de forma subsidiaria, cuando el derecho civil propio no regule estas materias. Al existir en el estado español una pluralidad de ordenamientos civiles se plantea el problema de la ley aplicable a relaciones jurídicas en que intervienen elementos de distintos territorios con derecho civil propio. Para resolver esta cuestión el art. 16 del código civil se remite a la aplicación de las normas del código civil que regulan los conflictos de leyes internacionales.
Límites de carácter temporal En cuanto a los límites a la eficacia de las leyes de carácter temporal, hay que ver dos cuestiones cuando entran en vigor las leyes y cuando dejan de estar en vigor. Según el art.2.1 Código Civil español las leyes entran en vigor a los 20 días de su completa publicación en el BOE si en ellas no se dispone otra cosa. El periodo de tiempo entre su publicación y entrada en vigor se denomina Vacatio Legis.
Los estatutos de autonomía de las distintas comunidades autónomas prevén que las leyes autonómicas se publiquen en el boletín oficial de la comunidad autónoma y en BOE pero la entrada en vigor se cuenta a partir de la publicación en el boletín autonómico.
El art.65 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, dispone que se publicaran el Diario Oficial de Cataluña y el BOE, y añade que en efecto de su entrada en vigor regirá la fecha de su publicación en el DOC. No hay ninguna disposición catalana de que la Vacatio Legis es de 20 días pero se entiende que es la misma.
En cuanto a cuando dejan de estar en vigor las leyes el artículo 2.2 del código civil español dice que las leyes solo se derogan cuando hay leyes posteriores y esto también es aplicable en las leyes catalanas.
La ley que derogan ha de ser de igual rango o superior a la derogada. La derogación puede ser expresa (la ley posterior dice que se deroga la anterior) o tacita cuando la ley posterior es incompatible con la anterior.
EL DERECHO TRANSITORIO Los cambios legislativos presentan un problema: al amparo de una ley se crea una relación jurídica que puede continuar produciendo efectos jurídicos en el tiempo, cuando se deroga la ley bajo cuya vigencia se creó dicha relación jurídica y se sustituye por otra. Se plantea si estos efectos jurídicos se han de regir por la ley antigua o la ley nueva.
Las normas jurídicas que tratan de dar solución a este problema reciben en nombre de derecho transitorio. Las soluciones a este problema son básicamente dos: 1. La irretroactividad de las leyes: las leyes solo se aplican a las relaciones jurídicas que se creen después de su entrada en vigor.
2. La retroactividad de las leyes: las leyes también se aplican a las relaciones jurídicas ya creadas antes de su entrada en vigor. Dentro de la retroactividad, se distingue entre:  Retroactividad en grado mínimo: significa que la nueva ley, solo se aplica a los efectos que nazcan después de su entrada en vigor.
 Retroactividad en grado medio: la nueva ley se aplica también a los efectos nacidos bajo la ley anterior pero que no hayan sido aún consumados, sino que se consumen bajo la vigencia de la nueva ley.
 Retroactividad en grado máximo: la nueva ley afecta a todos los efectos nacidos bajo la antigua ley aunque ya se hubieran consumado.
EJEMPLO: en 2013 se promulgó una ley que limitaba los ingresos moratorios de la cuantía de los intereses de los préstamos hipotecarios concedidos para la vivienda habitual. Cuando se pactó esta ley se habían pactado ya que los prestamos superiores a los que permitía la nueva ley. Supongamos que los intereses moratorios se pagaban cada tres meses, y después en el próximo periodo entra en vigor la nueva ley. La retroactividad en grado mínimo diría que la nueva ley afectaría a los intereses a partir de la creación de la ley. La retroactividad en grado medio significaría que la nueva ley también afectaría a los que afectan hasta esa fecha. La retroactividad de grado máximo seria a la afectaría a los intereses que ya se han pagado y el prestamista tendría que devolver lo que ha cobrado de más según la ley.
En la doctrina se ha dado diversas opiniones sobre si las leyes deben ser retroactivas o irretroactivas. Hay dos teorías fundamentales (ninguna es absoluta): 1. Teoría de los derechos adquiridos: parte de la eficacia retroactiva de las leyes pero con el respeto de los derechos adquiridos bajo la ley anterior.
2. Teoría de los derechos consumados: parte de la irretroactividad de la ley, todo hecho jurídico esta regulado en todos sus efectos pasados presentes y futuros, por la ley vigente bajo su realización. Salvo que la nueva ley, establezca en alguna medida su retroactividad.
De castro señaló que este problema no puede resolverse con criterios apriorísticos y que desde el punto de vista práctico cada ley debe ir acompañada de unas disposiciones transitorias claras que digan en qué medida la nueva ley afecta a las relaciones jurídicas creadas bajo la nueva ley.
En el código civil catalán no se dice nada sobre la retroactividad o irretroactividad de las leyes, sí que dice algo el código civil español y la CE, así que también es aplicable en Cataluña. El art.3.2 Código Civil dice que las leyes no tendrán efecto retroactivo si no se dispusieren lo contrario. El art.9.3 de la CE dice que el legislador no podrá disponer de la retroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales.
Lección 8 CONCEPTO JURIDICO DE PERSONA Para el derecho persona es el sujeto de derechos y obligaciones o sujeto de relaciones jurídicas. Por lo tanto, tiene personalidad jurídica o personalidad civil quien puede ser sujeto de derechos y obligaciones. Dentro del concepto jurídico de persona se distingue entre personas físicas y personas jurídicas.
Las personas humanas por el mero hecho de serlo, tienen derecho a que se les reconozca su personalidad jurídica tal como prevé el art. 6 de la declaración universal de los derechos humanos de 1948. En este sentido el artículo 211-1.1 del código civil catalán nos dice que la personalidad civil es inherente a la persona física.
Las personas jurídicas son organizaciones a las que las leyes les atribuyen personalidad jurídica. No todas las organizaciones gozan de personalidad jurídica, sino solo las organizaciones a las que las leyes atribuyen personalidad jurídica.
LA PERSONA FISICA.
¿Las personas físicas cuando adquieren la personalidad jurídica? El único requisito que exige el código civil catalán para que una persona física adquiera personalidad jurídica es el nacimiento (211-1.1 Código Civil Catalán).
Los códigos del siglo XIX solían exigir un requisito adicional al nacimiento para que la persona física adquiriera personalidad jurídica.
Así el código civil francés, para conceder personalidad jurídica al nacido exige que nazca en condiciones tales que medicamente sea viable. El código civil español hasta hace poco en su artículo 30 tampoco bastaba con el nacimiento para que la persona humana adquiriera la personalidad jurídica, sino que exigía que viviera 24 horas separado del seno materno. Ha sido modificado en el 2011 y se adquiere la personalidad jurídica en el momento del nacimiento.
La razón que tenían estos códigos para exigir un requisito adicional al nacimiento en orden a que la persona humana adquiriera personalidad jurídica, era evitar variaciones caprichosas de los derechos hereditarios.
Ej.: supongamos que un hombre casado otorga testamento en que instituye heredero a sus hijos y prevé que en el caso de que sus hijos no lleguen a heredar será heredero un sobrino suyo. Este señor casado que ha otorgado testamento fallece dejando a su mujer embarazada del primogénito. La mujer da a luz y el hijo fallece a las 10 horas de dar a luz, si estimamos que ha adquirido personalidad jurídica habrá llegado a ser heredero de su padre y al fallecer como no habrá otorgado testamento, la sucesión del hijo será regida por las normas de sucesión intestada, y según estas, su heredera será la madre. Según la ley no hubiera adquirido personalidad jurídica, no hubiera sido heredero y habría entrado en vigor la cláusula testamentaria del padre, en la cual cedía la herencia a su sobrino. Por eso algunos códigos para evitar estas situaciones exigían requisitos adicionales para la adquisición de la personalidad jurídica.
Ahora esto ha desaparecido en el código civil español y catalán, sin embargo, el catalán ha introducido un artículo que aunque quizás no sea lo perseguido por el legislador, sí que de alguna forma consigue la finalidad de evitar estas variaciones caprichosas de derechos hereditarios (art.211-2 Código Civil Catalán). Según esta norma el llamamiento a una sucesión o la transmisión de derechos en favor de una persona que dependen del hecho de que haya sobrevivido otra.
Solo tiene lugar si aquella ha vivido, por lo menos, 72 horas más de las personas a quien tenían que sobrevivir.
EL NASCITURUS Y EL NONDUM CONCEPTUS Nasciturus Nos referimos a nasciturus al concebido que todavía no ha nacido, pero que ha de nacer. Aunque como hemos dicho la personalidad jurídica viene determinada por el nacimiento, la existencia del concebido todavía no nacido es relevante para el derecho (art 211-1.2, establece que el concebido tiene consideración de persona a los efectos que le sean favorables siempre que llegue a nacer). Esta norma nació en Roma con la finalidad de que los hijos póstumos pudieran tener derechos hereditarios.
La capacidad de suceder del heredero se califica en el momento de la muerte del causante, y como al fallecer el padre, el hijo aun no había nacido y por tanto no había adquirido personalidad jurídica no podía ser el heredero. Para evitarlo se inventó esta norma. También para las donaciones el concebido se le considera persona se le tiene por nacido, así el art.531-21.3 del código civil catalán dice que las donaciones hechas a los concebidos y no nacidos podrán ser aceptadas por las personas que legitimamente les representarían si se hubiera verificado el nacimiento.
Esta norma de que el concebido se tiene por nacido está pensada para estos supuestos, pero la formulación de la norma es genérica por lo tanto también podemos pensar en otros efectos en los que al concebido se le puede considerar como persona.
En la doctrina se dice que otro efecto favorable, que una vez nacido podría reclamar los daños que un tercero le haya causado durante el periodo de gestación.
NONDUM CONCEPTUS El no concebido el derecho nunca lo considera como persona pero contiene técnicas jurídicas para reservar derechos en favor de un no concebido. Las sustituciones fideicomisarias supone el nombramiento de un heredero sucesivo. Hay un primer heredero que se llama heredero fiduciario que es el que hereda en primer lugar. Para cuando muera el heredero fiduciario, se ha nombrado un segundo heredero, el heredero fideicomisario. No es necesario que el heredero fideicomisario este concebido al morir el testador. Mediante esta, se reservan derechos a favor de un no concebido. Articulo ccc en derecho de sucesiones 427-2 que admite la validez del legado a favor de un no concebido.
La extinción de la personalidad La causa de la extinción de una persona física es la muerte de la persona física art.2111.3.
No extingue la personalidad jurídica de las personas física la llamada declaración de fallecimiento, solo que en determinados supuestos tipificados en la ley en la que desaparece una persona en una situación en que es probable que esta persona haya muerto, pero no se encuentra el cadáver, el cc permite que puede que el juez declare esa persona fallecida. Pero si esta persona resulta viva seguirá teniendo personalidad jurídica y podrá realizar actos.
Conceptos de capacidad de obrar, capacidad jurídica. La legitimación.
Conceptualmente, la doctrina civilista distingue entre capacidad jurídica y capacidad de obrar.
CAPACIDAD JURIDICA La capacidad jurídica es la actitud para ser sujeto de derechos y obligaciones que casi o sin casi se identifica con el elemento de personalidad jurídica. Aptitud para ser sujeto de derechos y obligaciones.
CAPACIDAD DE OBRAR La capacidad de obrar es la actitud para ejercer y asumir con eficacia derechos y obligaciones o es la actitud para realizar con eficacia actos jurídicos. La capacidad de obrar no es la misma en todos los seres humanos, sino que depende de la actitud de la persona para gobernarse por sí misma. Como dice el artículo 211-3.1 del código civil catalán la capacidad de obrar se fundamenta en la capacidad natural, la plena capacidad de obrar se alcanza con la mayoría de edad y tendrán capacidad de obrar limitada los menores de edad y también, los incapacitados judicialmente.
La falta de capacidad de estas personas que tienen limitada la capacitad de obrar tiene que ser suplida por unos representantes legales que actúen en lugar de él o bien completada.
Completar la capacidad significa que el que realiza el acto jurídico tiene limitada la capacidad de obrar pero necesita la asistencia de otra persona. En cambio, cuando se suple la capacidad de obrar por el representante legal es el representante legal quien actúa en nombre de la persona que tiene limitada su capacidad de obrar.
Concepto de legitimación Para realizar un acto jurídico con eficacia, no basta con tener capacidad de obrar hace falta que se pueda realizar el acto singular y concreto frente al que se está. A esta posibilidad algunos le llaman legitimación.
Ejemplos: Se puede tener capacidad de obrar para casarse pero no estar legitimado para casarse con una determinada persona por haber un vínculo de parentesco.
Se puede tener capacitad de obrar para comprar bienes pero el tutor no está legitimado para comprar bienes del legitimado.
En otros casos en vez de hablar de que falta legitimación para realizar el acto jurídico se habla de prohibiciones para realizar el acto jurídico, que les leyes imponen por razón de política legislativa, no por pensar que no hay capacidad de obrar para realizar estos actos jurídicos.
LOS DERECHOS DE LA PERSONALIDAD.
Concepto, caracteres y enumeración de los derechos de la personalidad.
Concepto Son derechos de la persona humana sobre sus atributos físicos o morales sin los cuales no puede llevar una existencia acorde con su dignidad.
Caracteres Son inherentes a la persona humana y por tanto, son extrapatrimoniales. Son intransmisibles nadie puede transmitir la titularidad de su derecho al honor, son irrenunciables, nadie puede renunciar a un derecho a la personalidad.
Ahora bien, que el derecho sea irrenunciable es correcto porque sería una renuncia invalida, el titular del derecho a la personalidad puede prestar su consentimiento para que un tercero realice una conducta que invada la esfera del derecho de la personalidad y que sin ese consentimiento supondría una lesión perseguible del derecho de la personalidad. Son prescriptibles, un derecho a la personalidad no prescribe aunque no se actué cuando sea lesionado. Ahora bien, lo que sí está sometido a plazo es el ejercicio de las acciones protectoras ante las concretas lesiones de un derecho.
Enumeración de los derechos de la personalidad En cuanto a la enumeración de los derechos de la personalidad, se distingue entre: Derechos relativos de la esfera física de la persona:      el derecho a la vida derecho a la integridad física derecho sobre órganos y partes separables del cuerpo derecho sobre el cadáver derecho a la información concerniente a la salud y la autonomía del paciente.
Derechos relativos a la esfera moral de la persona:         derecho a la libertad derecho al honor derecho a la intimidad personal y familiar derecho a la propia imagen derecho de rectificación derecho al nombre derechos morales de autor derecho al cambio de sexo.
Medios de protección de estos derechos de la personalidad El derecho comenzó protegiendo los derechos de la personalidad mediante obras de derecho público, las constituciones, en los códigos penales y por las leyes administrativas.
En el ámbito civil, el código civil no contiene ninguna alusión a ninguno de los derechos a la personalidad y en ámbito civil la protección comenzó por vía judicial, al conceder el TS una indemnización económica por el daño moral que producía la lesión de estos derechos, al amparo del artículo 1902 Código civil, establece lo que se llama la responsabilidad civil o extracontractual que obliga a reparar el daño a causado a otro.
En un primer momento el TS solo considero indemnizables los daños materiales pero luego cambio de criterio y opinión que también se podía indemnizar los daños morales. Con ello comenzó la protección civil de los derechos de la personalidad vía judicial sin la existencia de una ley civil específica. La sentencia con la que el TS cambia el criterio y de considerar que solo son indemnizables los daños materiales a los morales es una sentencia de 6 de diciembre de 1912.
Actualmente, la CE regula una parte de estos derechos dentro del título I de la CE, de los derechos y deberes fundamentales, capitulo II derechos y libertades, sección primera de los derechos fundamentales y de las libertades públicas.
La ubicación de estos derechos tiene su transcendencia porque según el articulo 81.1 los derechos fundamentales se han de desarrollar por ley orgánica, por lo tanto todas las leyes, en concreto la ley de protección de los derechos al honor, protección familiar y personal se desarrolla por LO.
El artículo 53.2 prevé que una ley desarrolle un procedimiento judicial especial basado en los principios de preferencia y sumariedad para recabar la protección ante los tribunales.
La CE no emplea sumariedad en el sentido técnico procesal, lo emplea en un sentido vulgar como rapidez.
Cuando se promulgo en el año 2000, la ley del enjuiciamiento se estableció que el conocimiento de las demandas, que tuvieran por objeto los derechos de la personalidad se haría a través de los trámites del juicio ordinario. Entonces, es dudoso que el legislador haya cumplido requisitos constitucionales.
En relación con la CE, también prevé para la protección de estos derechos el recurso de amparo constitucional. Es un recurso ante el TC en defensa de derechos y libertades de la CE cuando sean vulnerados por los poderes públicos y sus funcionarios.
Este recurso solo tendrá lugar cuando se hayan agotado los recursos ordinarios legales.
Si el TS no ha acogido la pretensión del lesionado en un derecho de la personalidad, se entiende que el órgano jurisdiccional ha lesionado el derecho y por lo tanto, ya estamos delante de una lesión producida por un poder público. En este caso el judicial y por lo tanto la sentencia del TS es recurrible en sentencia de amparo ante el TC. En estos casos el TC, si es el caso, anula la sentencia del TS pero no resuelve el caso. Sino que devuelve los autos al TS para que este vuelva a dictar sentencia conforme a los pronunciamientos del TC.
   El derecho al honor Derecho a la intimidad personal Derecho a la imagen Están regulados por LO de 5 de mayo de 1982, ley de protección civil de derechos al honor, intimidad personal y propia imagen.
No solo se protegen los derechos de las personas vivas, sino que también, de las personas fallecidas, aunque la muerte extingue los derechos de la personalidad la memoria del difunto constituye una prolongación de esta, que debe ser tutelada.
En el artículo 2.1 de esta ley se dice que la protección civil de estos derechos quedara delimitada por las leyes y los usos sociales. Por sus propios actos mantenga cada persona reservado por si misma o su familia.
El art.2.2 excluye la legitimidad de la intromisión cuando estuviera autorizada por la ley o cuando el titular del derecho la hubiera consentido expresamente. Tampoco habrá intromisión ilegitima cuando sea una intromisión de acuerdo con la ley y autorizada ni cuando predomine un interés histórico, científico o cultural. Y tampoco supone intromisión ilegitima la utilización de caricaturas de personas publicas según los usos sociales.
Derecho al Honor Constituye una lesión del derecho al honor, la divulgación de hechos o expresiones concernientes a una persona cuando la difamen o la hagan desmerecer en la condición ajena.
No se exige que los hechos divulgados sean falsos, en principio los medios de comunicación no podrían difundir noticias deshonrosas para sus protagonistas aunque fueran verdaderas.
Entonces para resolver este problema, se resuelve entendiendo que entran en conflicto el derecho al honor y la libertad de expresión art.20.4 de la CE, aunque se considera el derecho al honor como un límite de la libertad de expresión. El tribunal constitucional ha dicho que no ha de prevalecer siempre el derecho al honor sobre la libertad de expresión, sino que se impone una casuística ponderación entre uno y otro.
En concreto, el Tribunal Constitucional ha sentado los criterios para decidir cuando no hay lesión del derecho al honor en su confrontación con la libertad de expresión, y ha dicho que para que no haya lesión del derecho al honor:    La información ha de ser de relevancia social y publica.
La información ha de ser veraz. Entendida la veracidad, en el sentido de que no se exigen que los hechos o expresiones sean rigurosamente ciertos, sino basta que se haya comprobado razonablemente su veracidad.
Que no se utilicen expresiones vejatorias innecesarias.
Campus virtual (sentencia TS). La forma de actuar del cobrador del frac lesiona el honor.
Derecho a la intimidad Lesiona este derecho tanto la intromisión ilegitima en la vida privada de una persona, como la divulgación de la intimidad.
La intromisión puede hacerse por cualquier medio, en concreto, la ley enumera el emplazamiento de aparatos aptos para grabar o reproducir la vida íntima y con solo el emplazamiento de estos medios, aunque no llegaran a utilizarse, habrá violación de la intimidad.
En cuanto a la divulgación de los hechos relativos a la vida privada, hay que observar que la ley añade, que no solamente supone la intromisión de la intimidad la divulgación de los hechos relativos de la vida privada, sino que añade que afecte a la reputación y al buen nombre. Lo cual supone una reducción del derecho a la intimidad.
Lo cual tendría justificación para prevenir el peligro de una cadena de reclamaciones por parte de personas hipersensibles que consideran que la divulgación de cualquier hecho afecta a su intimidad.
La jurisprudencia ha entendido que el derecho a la intimidad comprende el derecho del disfrute del domicilio en unas condiciones normales.
La sentencia del Tribunal Constitucional 119/2001 de 24 de mayo considera que una exposición prolongada a unos determinados niveles de ruido ha de merecer la protección dispensada al derecho fundamental a la intimidad personal y familiar en el ámbito domiciliario.
DERECHO A LA IMAGEN.
Se prohíbe la captación o reproducción de la imagen de una persona en su vida privada o fuera de ella, salvo que se trate de personas públicas y la imagen se capte en lugar público, o se trate de personas privadas cuya imagen aparezca accesoriamente en la información grafica de un acontecimiento público.
Quienes están legitimados para ejercer las acciones de protección de estos derechos? Está legitimado, lógicamente, el ofendido y esto no plantea ningún problema. Si el ofendido hubiera fallecido sin poder entablar la acción o una vez entablada, la podrán entablar o continuar: En primer lugar, la persona designada en el testamento, que puede ser persona jurídica, a falta de persona designada en el testamento, cónyuge, descendientes, ascendientes, y hermanos vivos al tiempo de fallecer al ofendido. En el caso de varios legitimados lo puede entablar cualquiera. A falta de los anteriores el ministerio fiscal.
Si las ofensas se producen contra un fallecido, los legitimados son los enumerados anteriormente, pero si el legitimado es el ministerio fiscal o una persona jurídica designada en el testamento solo podrán actuar dentro de los 80 años siguientes a la muerte.
Plazo para ejercitar estas acciones Las acciones tienen un plazo de ejercicio de caducidad de cuatro años desde que el interesado pudo ejercitarlas. La jurisprudencia estima que el inicio del cómputo del plazo de cuatro años es desde el momento en que llego al conocimiento el perjudicado del hecho lesivo.
Las medidas que puede adoptar la sentencia Por un lado, el juez dictara las medidas necesarias para poner fin a la intromisión ilegitima así como para prevenir otras posteriores.
Una medida que puede adoptar es el secuestro de publicaciones cuando la lesión se produce a través de los medios de comunicación.
También cuando se produce a través de los medios de comunicación, otra medida es la publicación de la sentencia en el mismo ámbito en que se difundió el hecho lesivo.
Otra medida, solo utilizable cuando se lesiona el derecho al honor, es el derecho de réplica, es decir, que en los medios de comunicación aparezca una réplica de lo que se dice.
Además, la sentencia condenara a una indemnización de daños y perjuicios, para cuya valoración tendrá en cuenta, entre otras consideraciones, la difusión del medio a través del que se haya producido y el beneficio obtenido por el causante.
Si se trata de entablar la acción que el lesionado no pudo ejercer de vida o de continuar la que entablo, los destinatarios de la indemnización son los herederos. Si se trata de reparar la memoria del fallecido, los destinatarios de la indemnización son el cónyuge, ascendientes y descendientes y hermanos, en la proporción que estime la sentencia.
Se habla del derecho a la no rectificación Existe la ley orgánica de 26 de marzo de 1984, que concede a las personas el derecho de rectificar la información difundida por cualquier medio de comunicación de hechos relativos a ellas que consideren inexactos cuya difusión les puede causar perjuicios. En 20 días naturales, puede enviar un escrito de rectificación y el director de la publicación tiene que difundirla íntegramente, si no se publica la rectificación se puede acudir al juez.
DERECHO AL NOMBRE Dentro de los derechos de la personalidad, se habla del derecho al nombre, desde el punto de vista práctico lo que interesa es la regulación jurídica del nombre, regulada en la ley del registro civil, la nueva ley del registro civil es de 21 de julio de 2011.
Esta ley todavía no está en vigor porque tenía una vacatio legis especial, esta ley preveía que no entrar en vigor hasta 3 años de su publicación en el BOE, es decir, entrara en vigor en julio del 2014.
La ley nos dice que las personas se identifican por su nombre y apellidos. En cuanto al nombre, no pueden consignarse más de dos nombre simples o uno compuesto. El nombre solamente está sometido a las siguientes restricciones:    No puede ser contrario a la dignidad de la persona. Por eso hasta ahora se están rechazando nombres como Caín o Judas.
No puede hacer confusa su identificación No puede ponerse el mismo nombre que el de un hermano, a no ser que hubiera fallecido.
Esto ha desaparecido en la nueva ley, entonces ponerle a un hombre un nombre de mujer o viceversa tampoco hace confusa su identificación.
Como curiosidad en la nueva ley del registro civil ha desaparecido como restricción del nombre la imposición que existía en la ley, todavía vigente de 1957, en la que se prohíbe poner diminutivos o variantes familiares o coloquiales que no quieran adquirido significación propia. Es lo llamado hipocorísticos.
Apellidos En cuanto a los apellidos, tienen que ser dos, uno el de la madre y otro el del padre. El orden de los apellidos actualmente lo pueden decidir los progenitores. El problema es cuando los progenitores no se ponen de acuerdo con el orden de los apellidos, con la legislación actual todavía vigente era primera la del padre. Esto cambia con la ley de Registro civil de 2011, que dice que en estos casos donde no están de acuerdo, decidirá el encargado del registro civil, teniendo en cuenta el interés superior del menor. En el ante proyecto, la primera solución que se adopto fue por orden alfabético.
El orden de los apellidos inscritos para el mayor de los hijos regirá en las inscripciones de nacimiento de los posteriores hermanos.
Al llegar a los 16 años el interesado puede pedir la inversión de los apellidos.
EL ESTADO CIVIL DE LA PERSONA Concepto de estado civil: Cualidad estable de las personas que determina su capacidad de obrar o una peculiar posición jurídica dentro de la comunidad fuente de derechos y obligaciones.
Los estados civiles están contenidos en la enumeración de actos inscribibles en el registro civil que contiene el artículo 4 de la ley del registro civil de 2011, pero no todos los actos inscribibles del artículo 4 constituyen un estado civil. Pues el artículo 4 admite la inscripción a parte de los hechos referentes al estado civil, los referentes a la identidad y demás circunstancias de la persona.
Los estados civiles son los siguientes:       nacionalidad.
vecindad civil.
estado de matrimonio (estado de soltero no es estado civil).
estado de filiación.
estado de incapacitación.
en relación con la edad, el de mayor de edad, menor emancipado y menor de edad.
Estos estados, los de incapacitación y los referentes de la edad, afectan a la capacidad de obrar de las personas. Y los otros, señalan una situación en la comunidad en virtud de la cual, se le aplica un estatus jurídico determinado, es una fuente de derechos y obligaciones.
El matrimonio es un estado civil porque es una fuente de derechos y obligaciones, entonces las parejas de hecho, se parte de que han querido excluir que la convivencia produzca efectos jurídicos y por eso no se casan.
Caracteres del estado civil.
Se enumeran:   la personalidad es un bien de orden público.
La personalidad significa que es un bien extrapatrimonial, fuera del comercio, y por tanto indisponible e irrenunciable.
Un bien de orden público significa que las normas reguladoras son imperativas y que las cuestiones, los litigios sobre el estado civil, no pueden dirimirse mediante transacción ni arbitraje. En los pleitos sobre el estado civil es preceptiva la intervención del ministerio fiscal.
Distinción entre títulos de adquisición del estado civil y títulos de legitimación.
Los títulos de adquisición del estado civil son los hechos que originan la adquisición de los estados civil.
Los títulos de legitimación son los títulos que acreditan o prueban el estado civil en el tráfico jurídico.
El titulo normal de legitimación son las inscripciones en el registro civil que prueban que se ha dado el hecho constitutivo del estado civil.
La ley del registro civil solo permite otros medios de prueba en los casos de falta de inscripción o de que no fuera posible certificar el asiento. Ejemplo: destrucción de los libros del Registro.
Pero para admitir estos otros medios de prueba es necesario que previa o simultáneamente se inste la inscripción omitida o la reconstrucción del asiento.
Lección 10 Estados civiles en relación con la edad La minoría de edad El menor de edad tiene la capacidad de obrar limitada porque como dice el código civil catalán en el artículo 211-3.1 la capacidad de obrar de la persona se fundamenta en su capacidad natural. Entonces no se puede decir que no hay menor de edad que no tenga capacidad natural de entender o querer.
Al tener la capacidad limitada el menor, es necesario que haya unas instituciones de protección que suplan su falta de capacidad de obrar.
Las instituciones de protección de los menores de edad son:  La potestad parental: el legislador catalán ha cambiado el término tradicional de patria potestad por potestad parental (en el español sigue siendo el mismo).
 La tutela: cuando no haya potestad parental. Estarán sometidos a tutela los menores cuyos padres hayan fallecido o que ambos se les haya privado de potestad parental o los menores de filiación desconocida.
La Capacidad de obrar que tiene el menor de edad En el sentido de que actos jurídicos puede realizar válidamente un menor de edad por sí solo. Según el 211-5 del código civil catalán, el menor puede hacer por sí mismo siempre que tenga capacidad natural suficiente los siguientes actos:    Los relativos a los derechos de la personalidad.
los relativos a bienes o servicios propios de su edad, de acuerdo con los usos sociales.
los otros que la ley les permita.
En cuanto a los relativos a los derechos de la personalidad, el menor con capacidad natural suficiente, podría prestar su consentimiento para excluir la ilegitimidad de una conducta en la esfera de los derechos al honor, imagen e intimidad. En este sentido, se pronuncia el artículo 3.1 de LO de protección civil de estos derechos, ley de 5 de mayo de 1982.
En cuanto a los actos relativos a bienes o servicios de su propia edad, de acuerdo con los usos sociales, la norma legal soluciona un problema al que hasta hora la legislación no le había dado respuesta, si se había dado respuesta en la práctica. El problema es que según el artículo 1263.1 del código civil español que regula el consentimiento contractual, dice que pueden prestar consentimiento para celebrar un contrato los menores emancipados, por lo tanto un menor no emancipado no puede celebrar contratos. Pero en la práctica, todos los menores han realizado contratos (comprar un libro, ir al cine, etc.). El fundamento teórico de porque no se pueden impugnar estos contratos es que se presume de que el representante legal a renunciado a interponer la acción de impugnación. Este problema lo resuelve el legislador catalán en el artículo 211-5 al decir que el menor puede hacer por sí mismo los actos relativos a bienes y servicios propios en su edad, de acuerdo con los usos sociales.
En la letra c del 211-5 el menor puede hacer otros actos que la ley les permita, como otorgar testamento, tiene que ser testamento notarial y tiene que tener 14 años mínimo. Un menor de edad también puede aceptar donaciones si tiene suficiente validez que no estén sometidas a gravamen. También un menor de edad con suficiente madurez puede adquirir la posesión de las cosas, con las consecuencias jurídicas que comporta la posesión. A partir de los 16 años puede llevar la administración ordinaria de los bienes adquiridos con su industria y trabajo.
También a partir de los 14 años puede válidamente casarse pero ha de tener dispensa judicial, no permiso parental sino del juez, lo que digan los padres no es vinculante (esto se quiere reformar y subirse a los 16 años).
Actos que el menor puede realizar pero necesita el consentimiento de los padres o del tutor.
Nos podemos limitar a dos: - - El menor mayor de 16 años puede enajenar y realizar actos de administración extraordinaria sobre los bienes que ha adquirido con su trabajo o industria, con la asistencia de los progenitores.
El menor mayor de 16 años puede contratar su trabajo o industria si vive de forma independiente con el consentimiento de los padres o tutores (no para contratar sino para vivir de forma independiente).
En algunos casos se exige o bien la voluntad o bien la opinión del menor para el gobierno de su persona.
En primer lugar hay actos que requieren el consentimiento del menor: para ser emancipado por sus padres o por el tutor, para ser adoptado si es mayor de 12 años, para que sus representantes legales celebren contratos que le obligan a realizar prestaciones personales si tiene 12 años o más o si tiene menos de 12 años si tiene suficiente conocimiento.
Los representantes legales de los menores pueden enajenar bienes de los menores con autorización judicial. Pues si el menor de edad tiene más de 12 años se requiere que la solicitud de la autorización judicial vaya firmada por el menor.
Existe el principio general, recogido en las leyes, de que el menor debe ser oído en las decisiones que le afecten. Siempre si tiene 12 años o más, si es menor, dependiendo de su capacidad natural de entender. Este criterio está en el 211-6.2 del código civil catalán y también en el artículo 7 de la ley catalana 14/2010 de 27 de mayo de derechos y oportunidades en la infancia y la adolescencia.
Hay una curiosidad en uno de los derechos forales especiales de Aragón, donde existe la posibilidad de que el menor de edad mayor de 14 años ya puede realizar los actos por si solo con el asentamiento de los padres o el tutor.
Estado civil de menor emancipado Antes de llegar a la mayoría de edad, el menor a podido alcanzar madurez suficiente para regir su persona y bienes. El derecho permite que se le conceda una situación jurídica próxima a la del mayor de edad, en la que carece de representante legal, deja de estar en una institución de protección y se le capacita para actuar jurídicamente como un mayor de edad excepto para determinar actos señalados en la ley. Para realizar estos actos señalados en la ley que no puede hacer por sí mismo el menor emancipado necesita la asistencia de otras personas.
Estas otras personas serán:    Si el menor emancipado está casado con un mayor de edad será su conyugue.
Si no está casado serán sus padres.
Si no tiene padres y conyugue será un curador.
Formas de emancipación El código civil catalán en el artículo 211-8 establece las siguientes formas de emancipación: 1. Por matrimonio: cuando se casa un menor de edad, con el matrimonio se emancipa.
2. Por consentimiento del que ejerce la potestad parental o tutela: requiere que el menor tenga al menos 16 años, si es consentimiento del tutor, se requiere la autorización judicial con informe del ministerio fiscal. Esta emancipación por consentimiento de los que ejercen potestad parental o tutela es un acto jurídico forma en el sentido de que ha de observar una forma determinada, es decir, se ha de realizar en escritura pública o ante el encargado del registro civil.
3. La emancipación por resolución judicial: en este caso a diferencia del anterior quien lleva la iniciativa es el menor, el menor puede solicitar a la autoridad judicial que le conceda la emancipación, si la convivencia con los progenitores o tutor es imposible o queda gravemente dificultado el ejercicio de la potestad parental o tutela. En este caso el menor ha de tener al menos 16 años.
La emancipación es irrevocable.
Mientras no se inscriba en el registro civil no produce efectos ante terceros.
El 211-8 del código civil catalán, establece las formas de emancipación que hemos enumerado y luego en 211-11 nos dice que el menor de más de 16 años se considera emancipado si vive de manera económicamente independiente de los progenitores o el tutor con el consentimiento de estos.
El consentimiento de los padres, para que el menor lleve vida independiente, se puede revocar, entonces la doctrina ha venido hablando de la emancipación por vía independiente.
Sin embargo, el legislador al enumerarlas en el artículo 211-8, no enumera la forma de emancipación que la doctrina ha declarado, sino que lo enumera en un artículo a parte porque esta no se registra y la otra diferencia es que las formas de emancipación son irrevocables, en cambio aquí son revocables (el consentimiento de los padres o tutor).
Según el artículo 223-5 del código civil catalán, el curador solo se constituye a instancia del menor emancipado cuando sea necesaria su intervención. No es un cargo estable que tiene que tener todo menor emancipado.
Los actos para los que el menor necesita el complemento de capacidad están en el 211-12.1 del código civil catalán. Este artículo nos dice que necesitan complemento de capacidad para aceptar el cargo de administrador de una sociedad y para realizar los actos a los que se refiere el artículo 236-27.1 del mismo código. Son los actos que los padres que tienen la potestad parental, actos sobre los bienes de los hijos, no se pueden realizar sin autorización judicial.
En la tradición histórica, el menor emancipado no podía realizar por si solo actos de enajenación y gravamen de bienes inmuebles ni tomar dinero a préstamo. Los actos de enajenación y gravamen, en principio, solo se consideraban que eran los más valiosos.
El legislador, después, se dio cuenta de que había bienes muebles también muy valiosos.
El legislador catalán hace una enumeración bastante exhaustiva de actos que el menor emancipado no puede realizar solo, esto es bueno para el tráfico jurídico porque despeja dudas.
Según el código civil catalán, en cuanto a arrendamientos sobre bienes inmuebles, el menor emancipado necesita complemento de capacidad si el plazo es superior a quince años. En cambio, según el código civil español, no los podrá realizar por si solos si el plazo del arrendamiento es superior a seis años.
El código civil catalán dice que no se puede otorgar una autorización genérica por parte de los que han de dar el complemento de capacidad para realizar estos actos que no se pueden realizar por si solos. Sin embargo, suaviza esta regla porque admite que se puede otorgar el complemento de capacidad para diversos actos de la misma naturaleza o referidos a la misma actividad economía.
Que sucede si el menor emancipado realiza uno de estos actos sin complemento de capacidad (cuando la necesita)?   el código civil catalán nos dice en este caso que estos actos son anulables, se inclina por la anulabilidad.
Nulidad absoluta o de pleno derecho: Cuando el acto es nulo se entiende que no ha producido efectos nunca.
Nulidad relativa o anulabilidad: el acto produce, en principio, efectos jurídicos y los seguirá produciendo hasta que no se anule.
Otra diferencia es que la acción de nulidad absoluta la puede ejercitar cualquier interesado. En cambio, la relativa puede pedir la anulación del acto solamente la puede ejercitar la parte que se pretende proteger con la anulabilidad.
Los actos realizados por el menor emancipado sin el complemento de capacidad son anulables. La anulabilidad no la podrá pedir la parte con la que el menor ha realizado el acto jurídico, porque esta nulidad protege al menor emancipado. Entonces, la anulabilidad la podrá pedir, según el artículo 211-12.3 del código civil catalán, la persona que había de prestar el complemento de capacidad en el plazo de cuatro años, desde la realización del acto, y le puede pedir el menor emancipado una vez llegada la mayoría de edad (a partir de aquí en un plazo también de cuatro años).
LA MAYORIA DE EDAD La mayoría de edad, nos dice el 211-4.1 del código civil catalán que se adquiere a los 18 años.
El legislador catalán podría haber establecido una mayoría distinta de edad? - No, porque los 18 años los establece la Constitución y esta obliga a todos los españoles. No puede modificarla ni ley orgánica ni ordinaria se debería reformar la constitución.
El 211-4.2 establece que el día del nacimiento se considera entero para el cómputo de la edad. Entonces, se entiende que a las 00.00 horas del día que cumpla 18 años será mayor de edad.
Con la mayoría de edad se adquiere la plena capacidad de obrar, como nos dice el 2113.2. Aunque la plena capacidad de obrar se adquiere con la mayoría de edad se suele observar que hay algunos actos jurídicos que sin embargo no se pueden realizar por el mero hecho de ser mayor de edad porque la ley requiere una capacidad especial. En materia civil, solo hay un acto jurídico que aunque tengas 18 años no puedes realizar y es el adoptar, tanto para el civil catalán como para el español, se requieren 25 años.
Como curiosidad, en Aragón, la mayoría de edad, se adquiere por el matrimonio cuando una persona menor se casa por dispensa judicial. Todo esto es contrario a lo que dice la constitución, por eso su disposición adicional segunda salva esta norma.
LA INCAPACITACIÓN El código civil catalán no regula esta materia, por tanto, tendremos que ir al código civil español. Pero no solo al código civil español sino también a la ley de enjuiciamiento civil. Hasta la promulgación de la ley de enjuiciamiento civil del 2000, la incapacitación estaba regulada exclusivamente en el código civil español. Esta ley, derogo artículos del código civil reguladores de incapacitación, por considerar que se ocupaban de cuestiones procesales y lo sustituyo por normas de la ley de enjuiciamiento civil dentro de los procedimientos especiales, en concreto, que estarían en los artículos 748-755 y 756-773.
Del código civil, referentes a la incapacitación, solo quedan vigentes los artículos 199, 200 y 201. Los que derogo la ley de enjuiciamiento civil fueron los del 202 a 214.
Concepto de incapacitación: Basándonos en el artículo 199 del codigo civil español, podemos definir la incapacitación como el estado civil constituido por sentencia judicial en virtud de las causas establecidas por la ley que tiene como consecuencia la restricción de la capacidad de obrar.
Si tienen restringida su capacidad de obrar se les ha de proveer de una institución que sustituya o complemente su capacidad.
Qué diferencia hay entre sustituir o complementar la capacidad? Instituciones que sustituyen la capacidad:   Potestad parental prorrogada o rehabilitada: significa que cuando se incapacita el menor de edad y ya se prorroga la potestad parental y cuando es mayor de edad. Y se rehabilita cuando se incapacita a un mayor de edad, que se rehabilitar la potestad parental.
Tutela.
La potestad parental es preferible a la tutela.
La institución para complementar es la curatela, hay complemento de capacidad.
El legislador catalán ha introducido una novedad, en concreto, en el artículo 222-2, dice que no es necesario poner en tutela a los mayores de edad incapacitados si estos en previsión de una futura incapacitación, han nombrado en escritura pública, un apoderado para que vele por sus intereses. Se refiere a las instituciones de protección del incapacitado.
Según el artículo 200 del código civil español, son causas de incapacitación las enfermedades o deficiencias físicas o psíquicas de carácter permanente que impidan a la persona gobernase por sí mismo. Esto se establece a partir de la reforma de 1983, pero quiso reducir las causas de incapacitación a estas, antes de 1983 había otras causas de incapacitación a personas privadas de libertad, la prodigalidad (quien derrocha bienes), con la legislación vigente el legislador ha querido limitar las causas de incapacitación a estas.
Aquí se ha planteado, por ejemplo, si el alcoholismo o la toxicomanía son causas de incapacitación.
En la reforma de los trabajos preparatorios de la redacción actual del artículo lo que se desprende es que lo importante es que la persona no pueda gobernarse por sí misma sin entrar en si la causa es propiamente una enfermedad o no. Desde el punto de vista práctico, la sentencia de la audiencia provincial de Cantabria de 4 de septiembre de 1997 afirma que el alcoholismo, cuando el grado de dependencia llegue a condicionar a la persona hasta dejar desprotegidos sus intereses personales y patrimoniales es causa de incapacitación.
Procedimiento judicial para incapacitar una persona La incapacitación la produce una sentencia judicial, por lo tanto, se sigue un procedimiento.
Están legitimados para pedir la incapacitación: 1. El presunto incapaz (757 de la ley de enjuiciamiento).
2. Cónyuge o quien se encuentre en situación de hecho asimilable.
3. Descendientes, ascendientes o hermanos.
Si los anteriores no existen o no promueven la incapacitación, deberá hacerlo el ministerio fiscal, a quien cualquier persona, puede poner en conocimiento los hechos determinantes.
La incapacitación de los menores de edad solo podrá ser solicitada por quien ejerza la patria potestad o la tutela. Artículo 201 del código civil español, permite la incapacitación del menor aunque ya esté sometido a una institución de guarda. Esto es así para evitar que haya un espacio entra la mayoría de edad y la incapacitación en que quede sin institución de protección.
El presunto incapaz puede comparecer en el proceso con su propia defensa y representación. Si no lo hace será defendido por el ministerio fiscal a no ser que este haya promovido el proceso, que entonces actuaria por las dos partes, como demandante y defensor. En este caso, se le nombra un defensor judicial que solamente actuara en el proceso.
Aunque comparezca el presunto incapaz, el ministerio fiscal siempre será parte del proceso de incapacitación porque es una cuestión que afecta al estado civil, y estas afectan al orden público, así que en estos procesos siempre intervienen el ministerio fiscal en representación del estado.
La ley de enjuiciamiento civil establece unas pruebas que el tribunal ha de adoptar necesariamente. Ha de oír a los parientes más próximos ha de examinar el presunto incapaz por sí mismo, y ha de oír el dictamen de un facultativo.
Por otro lado, el tribunal, en cualquier estado del procedimiento, incluso antes de iniciarse, puede adoptar las medidas que estime necesarias para la protección de la persona o del patrimonio del presunto incapaz y el procedimiento se seguirá por los tramites del juicio verbal.
La sentencia de incapacitación se inscribe en el registro civil, y cuando corresponda, en el de la propiedad y en el mercantil.
Los efectos de la incapacitación: Los efectos de la incapacitación, los produce la sentencia de la incapacitación y se producen a partir de dicha sentencia, es decir, la sentencia no tiene efectos retroactivos.
Como primer efecto estará la restricción de la capacidad de obrar: la sentencia declarara la extensión y límites de la incapacitación, es decir, se admite una gradación en la restricción de la capacidad de obrar.
Como segundo efecto estaría el sometimiento a una institución que complemente o supla su capacidad: estas posibles instituciones serán nombradas por la administración. La sentencia no solo dirá a qué tipo de institución queda sometido sino también la persona que haya de ocupar la institución a la que quede sometido.
Los actos realizados por el incapacitado en contra de lo dispuesto en la sentencia de incapacitación son anulables. Si se demuestra que en el momento de realizarlos, el incapacitado no tenía suficiente madurez de juicio, serán nulos de pleno derecho.
Hay actos personalísimos, en los que no cabe la actuación del representante legal en nombre del incapacitado, como el matrimonio o el testamento o reconocer hijos extramatrimoniales. Para su realización por el incapacitado la ley prevé que en cada caso se determinen si el incapacitado tiene suficiente juicio para realizarlos o no. El artículo 56 del código civil español para el matrimonio, el 421-9.2 del civil catalán para el testamento y 235-11.2 para reconocer hijos extramatrimoniales.
Fin o modificación de la incapacitación Si el incapacitado recupera total o parcialmente sus facultades, el mismo incapacitado, sus representantes legales o los legitimados para promover la incapacitación pueden instar una declaración judicial dejando sin efecto o modificando la sentencia de incapacitación.
Internamiento en establecimiento psiquiátrico: Esta cuestión está regulada en la ley de enjuiciamiento civil en el artículo 763 y también en el código civil catalán en los artículos 212-4 y 212-5. Según esta regulación, para internar a una persona en un establecimiento psiquiátrico es necesaria la autorización previa. Sin autorización judicial previa, se puede internar a una persona en un establecimiento psiquiátrico por razones de urgencia, pero el director del centro a de informar en un plazo de 24 horas a la autoridad judicial y está en un plazo máximo de 72 horas decidirá sobre la procedencia o no del internamiento.
También prevé que, una vez internada una persona, el juez señalara que periódicamente le han de informar los facultativos sobre la necesidad de mantener o no el internamiento.
La STC 132/2010 de 2 de diciembre, declaro inconstitucionales los incisos del artículo 763 de la ley de enjuiciamiento civil que establecen que el internamiento precisa la autorización judicial previa. Los declaro inconstitucionales por entender que el internamiento es un supuesto de privación de libertad, por lo tanto, afecta al derecho de libertad y por tanto ha de estar regulado por ley orgánica tal y como establece el artículo 81.1 CE. No declaro la nulidad de estos artículos para no crear un vacío legal, puesto que no se cuestionaba el contenido material de dichos artículos sino que se cuestionaba que procedía una ley orgánica no una ley ordinaria como la del enjuiciamiento y recomendaba que se promulgara una ley orgánica para esta cuestión.
Disminución no incapacitante de las facultades de una persona mayor de edad Novedad introducida por el código civil catalán, el artículo 226-1 considera la situación de mayores de edad que a causa de la disminución no incapacitante de sus facultades físicas o psíquicas necesita una persona para cuidar de ella misma o de sus bienes. Este artículo prevé que puede pedir al juez el nombramiento de un asistente. En la resolución judicial de nombramiento del asistente el juez determinara el ámbito de la asistencia, en el ámbito patrimonial el asistente a de intervenir conjuntamente con la persona asistida y los actos jurídicos que la persona asistida haga sin intervención del asistente, cuando esta intervención es necesaria, son anulables a instancia del asistente o de la persona asistida.
Protección patrimonial de la persona discapacitada o dependiente.
Esto está regulado en el artículo 227-1 del código civil catalán, establece que personas con una determinada discapacidad física o psíquica o con un determinado grado de dependencia pueden ser beneficiarias de patrimonios protegidos. El patrimonio protegido comporta la afectación de bienes aportados a título gratuito por el constituyente y de su rendimiento y subrogados a la satisfacción de las necesidades vitales del beneficiario. El constituyente del patrimonio protegido puede ser tanto el beneficiario como terceros.
Desde el punto de vista civil lo más relevante es que el patrimonio protegido no responde de las obligaciones del beneficiario. La constitución del patrimonio protegido se hace por escritura pública y en esta escritura pública se ha de designar la persona que lo ha de administrar y esta persona administradora no puede ser el beneficiario. El patrimonio protegido tiene unas causas de extinción, la muerte y la perdida de la condición de persona discapacitada o dependiente y otras causas como renuncia de los beneficiarios, expiración del plazo para el que se constituyó, cumplimiento de la condición resolutoria establecida en la escritura de constitución.
Una vez extinguido el patrimonio se plantea cual es el destino de ese patrimonio las ley prevé que será el que se haya previsto en la escritura de constitución, si la escritura no establece el destino el remanente ha de revertir en el constituyente con sus herederos.
Declaración de prodigalidad No regulada en el código civil catalán.
En la legislación estatal, la declaración estaba regulada en el código civil español hasta que se declaró la ley de enjuiciamiento civil de 2000 que derogo los artículos del código civil español e incorporo su contenido a la misma ley y solamente dejo vigente el artículo 297 del código civil español.
Para que se pueda declarar a una persona prodiga: 1. Esta persona ha de observar una conducta prodiga con sus bienes, es prodigo quien desperdicia su hacienda en gastos inútiles sin medida, para declarar judicialmente una persona prodiga no basta solo con observar la conducta.
2. Ha de tener un cónyuge o descendientes o ascendientes que tengan derecho actual a recibir alimentos del presunto prodigo.
El artículo 757.5 de la ley de enjuiciamiento civil, dice que la declaración de prodigalidad solo podrá ser instada por el cónyuge, los descendientes o ascendientes que perciben alimentos del presunto prodigo o estén en situación de reclamárselos.
No tiene por objeto proteger al presunto prodigo sino proteger a las personas que tienen derecho a recibir alimentos del mismo. Esta redacción se produjo en el código civil por la ley de 1983, cuando se estudió la declaración de prodigalidad.
En esta época, la doctrina decía que el cónyuge siempre podía reclamar la declaración de prodigalidad aunque tuviera patrimonio propio y no necesitara del prodigo por subsistir. Los descendientes o ascendientes solo podían pedirla si percibían alimentos del presunto prodigo.
El TS ha rechazado esta declaración mayoritaria de la doctrina, y ha dicho que para que le cónyuge pueda recibir la declaración de prodigalidad pueda reclamárselo. La idea es proteger el derecho de alimentos. Por eso, aunque una persona sea prodiga y este obligada a dar alimentos, si tiene un patrimonio tal que su conducta prodiga no ponen en peligro el derecho de alimentos no puede ser declarada prodigo.
El procedimiento judicial de prodigalidad es un juicio verbal Los efectos de la declaración de prodigalidad los podemos sintetizar en: 1. El prodigo no podrá realizar por sí mismo actos que determine la sentencia (solo puede prohibir actos patrimoniales).
2. Sujeción del prodigo a curatela, que tendrá que dar su consentimiento en actos que, según la sentencia, el prodigo no pueda realizar por sí mismo.
Los actos realizados por el prodigo sin la intervención del curador serán anulables. A instancias del curador, mientras dure la prodigalidad, o del prodigo al salir de la curatela.
El fin de la prodigalidad, si se debe al arreglo de la conducta se necesita una nueva sentencia que declare el fin de la prodigalidad, también se puede dar la extinción de la prodigalidad porque han fallecido las personas que promovieron la prodigalidad y que tenían derecho a recibir alimentos del presunto prodigo o que han desaparecido su derecho a alimento por haber mejorado su situación económica.
En estos casos, cuando el fin de la prodigalidad es porque han desaparecido estas personas, o su conducción de acreedores de alimentos, la doctrina entiende que los actos realizados por el prodigo después de haberse dado estos hechos ya no pueden ser anulados, aunque no haya habido una sentida que declare el fin de la prodigalidad.
La nacionalidad (NO EXAMEN) Nacionalidad originaria en el momento de nacimiento, y la adquisición derivativa es la adquisición después del nacimiento que supone un cambio de nacionalidad.
La adquisición de la nacionalidad originaria, hay dos criterios de adquisición de la nacionalidad:   Ius soli: derecho del suelo, se le atribuye la nacionalidad del estado en cuyo territorio se nace.
Ius sanguinis: derecho de la sangre, se le atribuye la nacionalidad de los progenitores.
El código civil español sigue el ius sanguinis, así el artículo 17.1 dice que son españoles los nacidos de padre o madre españoles. Pero subsidiariamente, en determinados supuestos, se acoge al ius soli. Estos supuestos son: - - Nacidos en España de padres extranjeros, si al menos uno de ellos hubiera nacido en España. Para que no se perpetúen estirpes de extranjeros que han venido a España y se afincan indefinidamente.
Nacidos en España de padres extranjeros, si ambos carecieren de nacionalidad o si la legislación de ninguno de ellos atribuye una nacionalidad.
Los nacidos en España cuya afiliación no resulta determinada LA VECINDAD CIVIL Podemos definir la vecindad civil como cualidad personal de los españoles que determina el ordenamiento jurídico privado que les es aplicable de los varios que existen en el estado español.
Está regulada en los artículos 14 y 15 del código civil español.
La adquisición de la vecindad civil: 1. La vecindad civil adquirida al nacer: Los nacidos españoles adquieren la vecindad civil de los progenitores. Los problemas que plantea son: a. Que los padres no sean españoles.
b. Que los padres tengan distinta vecindad civil. En este caso la ley dice que los progenitores podrán, dentro de los seis meses siguientes al nacimiento, elegir de común acuerdo una de las dos. Si no se ponen de acuerdo, la ley dice que se les asignara la del lugar de nacimiento y en último término la vecindad de derecho común.
El lugar de nacimiento lo recoge el código civil como criterio subsidiario primario. Se aplica cuando los padres no se ponen de acuerdo pero también se aplicaran a los nacidos de padres extranjeros cuando el nacimiento en España se determine la nacionalidad española. La vecindad común es el criterio subsidiario secundario, se aplicara cuando el hijo nace en el extranjero de padres de distinta vecindad civil y estos no se ponen de acuerdo sobre que vecindad civil asignar al hijo.
Supuestos de cambios automáticos de vecindad civil sin intervención de la voluntad del interesado: - El adoptado menor de edad adquiere la vecindad civil del adoptante.
- Otro supuesto es la adquisición de la vecindad civil del territorio donde se reside continuamente durante 10 años. Ahora bien, antes de transcurrir los 10 años el interesado puede declarar ante el encargado del registro civil su voluntad de conservar la vecindad civil que tenía. Esta declaración de voluntad no necesita ser repetida.
El cambio de vecindad civil de los padres no afecta a los hijos sometidos a su potestad.
Un menor de edad conserva la vecindad civil aunque su padre cambie de vecindad civil.
Supuestos de cambio de vecindad civil interviniendo la voluntad del interesado.
Desde los catorce años con asistencia del representante legal y hasta que trascurra un año desde la emancipación se puede optar por la vecindad del lugar del nacimiento o por la ultima vecindad civil de cualquier de los padres. El cónyuge no separado puede optar por la vecindad civil del otro y quien lleve dos años residiendo en un territorio puede adquirir la vecindad civil de este manifestando su voluntad en este sentido delante del encargado del registro civil.
EL DOMICILIO DE LAS PERSONAS FISICAS Al derecho le interesa en ocasiones señalar un domicilio a la persona física, por ejemplo se ha de hacer una notificación a una persona, si la notificación hubiera de hacerse personalmente podría ser dificultosa, porque podría ser difícil encontrar a la persona sobre todo si la notificación es perjudicial. Esto se puede evitar señalando un domicilio para las personas físicas de tal manera que si la notificación se hace en el domicilio resulta eficaz aunque no se haga personalmente al destinatario de la notificación.
El artículo 40 del código civil español dice que el domicilio de las personas físicas es el de su residencia habitual. Luego el domicilio legal y real coincide.
La residencia Es el lugar de permanencia transitoria de una persona. El 50.1 de la ley de enjuiciamiento civil se refiere a la residencia al decir que si el demandado no tuviere domicilio será pues competente el de su residencia. El paradero es el lugar donde se halla ocasionalmente una persona, el 50.2 dice que los que no tienen domicilio ni residencia en España pueden ser demandados en el lugar en el que se hallen.
LA AUSENCIA Tres situaciones diferentes: No está regulado en el código civil catalán, si en el código civil español y también los procedimientos judiciales para declarar estas situaciones está regulado en el libro 3 de la ley de enjuiciamiento civil de 1881, que este libro regula los procedimiento de jurisdicción voluntaria y la ley de enjuiciamiento civil del año 2000 lo dejo vigente a este libro en espera de que se promulgase una ley de jurisdicción voluntaria cosa que hasta la fecha no se ha hecho pero hay un anteproyecto de ley.
Ley de enjuiciamiento civil 2031 y siguientes. Código civil 181 y siguientes.
La defensa del desaparecido Para que se dé la situación jurídica de desaparecido es necesario la mera desaparición de una persona sin necesidad de que transcurra un plazo de tiempo determinado.
También es necesario que haya asuntos urgentes que atender o que el desaparecido haya de comparecer en juicio, también es necesario que no esté representado legalmente o voluntariamente mediante un apoderado general de todos sus bienes.
La consecuencia de la situación jurídica del desaparecido es el nombramiento judicial de un defensor que atiende a los asuntos urgentes.
El nombramiento puede pedirlo la parte interesada o el ministerio fiscal.
El juez nombrara defensor al cónyuge no separado legalmente o de hecho en su defecto el pariente más próximo hasta el cuarto grado mayor de edad. Y a falta de las anteriores personas solventes de buenos antecedentes.
También prevé el código civil que el juez podrá adoptar las providencias necesarias a la conservación del patrimonio si el defensor no es el cónyuge ni descendiente ni ascendiente, necesita autorización judicial previa para cualquier acto del cual debe darle cuenta después de realizado.
El cónyuge ascendiente o descendente no necesita autorización judicial y solamente tendrá que rendir cuentas al extinguirse su cargo. El defensor antes de ejercer el cargo, ha de inventariar los bienes muebles y describir los inmuebles. El nombramiento del defensor se inscribe en el registro civil y la situación de desaparecido cesara cuando aparece o cuando se compruebe su fallecimiento o cuando se le declare ausente o se le declare fallecido.
La declaración de ausencia Esta situación se da por el transcurso de un plazo sin tener noticias del ausente, este plazo es de un año si no hubiera dejado apoderado con facultad de administrar todos los bienes, y tres años si lo hubiera dejado. En estos supuestos cabe una declaración judicial de ausencia con la finalidad de nombrar un representante del ausente para sus asuntos de forma estable y además el representante está obligado a realizar pesquisas (indagaciones, averiguaciones) sobre su persona.
Legitimados para pedir la declaración de ausencia legal: el cónyuge del ausente no separado legalmente o de hecho, parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, ministerio fiscal, cualquier persona que estime tener sobre los bienes del ausente algún derecho ejercitable en vida del mismo o dependiente de su muerte.
Se ha de dar publicidad a la incoación del procedimiento mediante la publicación en el BOE, anuncios en radio nacional, periódicos de gran difusión.
El auto declarando la ausencia se inscribe en el registro civil. El cargo de representante del ausente recae en primer lugar en el cónyuge no separado legalmente o de hecho, en su defecto, hijo que sea mayor de edad, en caso de varios, se prefieren al d que convive con el ausente y dentro de este al de mayor edad. En defecto de los anteriores, ascendientes más próximo de menos edad. En defecto de los anteriores, hermanos que hubieran convivido con el ausente con preferencia del de más edad. En defecto de los anteriores, persona solvente que designe el juez.
Los parientes se denominan representantes legítimos. Dentro de estos se distingue, por un lado, cónyuge, hijos ascendientes, son representantes legítimos privilegiados.
Hermanos son representantes legítimos no privilegiados. La persona solvente...
Facultades y obligaciones del representante, en cuanto a los actos de administración de los bienes del ausente los legitimas tienen las más amplias facultades sin necesidad de licencia judicial previa ni de dar cuenta después de realizar cada acto o periódicamente.
Para los dativos, el juez fijara la cuantía de los que pueden realizar sin licencia judicial y deben dar cuentas semestrales de su gestión. Los actos de disposición solo podrán realizarlos los legítimos con autorización judicial que solo se concederán en caso de necesidad o utilidad evidente. Además el juez determinando el empleo de la cantidad obtenida. Los representantes han de inventariar los bienes muebles y describir los inmuebles y prestar fianza a los legítimos privilegiados (hijos y ascendientes). Los legítimos entran en posición temporal de os bienes del ausente y los legítimos también pueden hacer suyos los productos de los bienes en la cuantía que el juez le señale para atender a las obligaciones del ausente. Los legítimos no privilegiados con el límite de dos tercios de los productos.
Todos los representantes tienen derecho a una remuneración.
El ausente, si vive, continua teniendo capacidad de obrar, es decir, puede realizar actos jurídicos sobre sus bienes. Así el 188.2 del código civil prevé que si se presenta un tercero acreditando haber adquirido bienes del ausente, cesara la representación respecto de dichos bienes.
No se pueden reclamar derechos sucesorios a favor del ausente. Entonces, abierta una sucesión a la que estuviera llamado el ausente la parte del ausente ira a las personas que corresponda según las normas de derecho sucesorio como si el ausente ya hubiera fallecido, ahora bien continua el código civil diciendo que estas personas, deben hacer inventario de los bienes y tendrán obligación de reservar hasta que desaparezca la situación de incertidumbre.
La declaración de ausencia legal cesa cuando el ausente aparece o se tienen noticias de él. En este caso ha de seguirse un nuevo procedimiento judicial que deje sin efecto la declaración de ausencia, también cesara cuando se compruebe que ha muerto o cuando tenga lugar la declaración de fallecimiento.
Al finalizar esta situación de ausencia legal los representantes tendrán que rendir cuentas de su gestión a quien corresponda, excepto los legítimos privilegiados si el juez les ha concedido que hagan suya la totalidad de los productos del ausente.
La declaración de fallecimiento: Tiene lugar en supuestos tasados legalmente en que hay indicios en que una persona ha muerto pero como no se encuentra su cadáver no se puede certificar su muerte.
La declaración de fallecimiento tiene lugar:   por la desaparición de una persona sin noticias durante un largo plazo de tiempo.
por la desaparición de una persona en situación de riesgo de muerte, en este último caso, también se exige que pase un periodo de tiempo pero más breve sin tener noticias (supuestos código civil 193 y 194).
En cuanto al primer motivo, procede la declaración de fallecimiento trascurridos 10 años desde las últimas noticias del ausente. Este plazo se reduce a los 5 años cuando al aspirar los 5 años el ausente hubiera cumplido 75 años.
Puede solicitar la declaración de fallecimiento cualquier interesado o el ministerio fiscal, en este caso también se da publicidad al procedimiento. El auto de declaración de fallecimiento expresara la fecha en la que se entiende sucedida la muerte con arreglo a lo expresado en los artículos precedentes.
Efectos de la declaración del fallecimiento Se asimilan a los de la muerte. Se abre la sucesión del declarado fallecido y se disuelve el matrimonio pero aunque se abra la sucesión del declarado fallecido se adoptan unas cautelas por si este aparece, los herederos no podrán disponer a título gratuito hasta pasados 5 años de la declaración de fallecimiento y durante este plazo no serán entregados los legados.
Los herederos habrán de inventariar los bienes muebles y describir los inmuebles. En este caso cuando se pruebe su existencia, el juez dictara otro auto dejando sin efecto la declaración de fallecimiento y entonces si el declarado fallecido aparece recuperara los bienes en el estado en el que se encuentren tendrá derecho al precio de los que se hubieran vendido o a los bienes que con este precio se hubieren adquirido pero no tendrá derecho a los frutos ni a los rendimientos de los bienes, sino desde el día de su presencia o de la declaración de no haber muerte. Solo podrá reclamar los frutos si los sucesores eran de mala fe.
EL REGISTRO CIVIL Por razones de seguridad del tráfico jurídico, se ve conveniente la existencia de un registro donde se deje constancia de determinadas circunstancias de la persona física.
Los primeros registros que se establecieron fueron los eclesiásticos y sus asientos servían de prueba en la vida civil.
El Registro Civil se crea en España por ley de 1870, que fue derogada por ley de 1957 y posteriormente se ha promulgado la ley de Registro Civil de 21 de julio de 2011, con una vacatio legis de tres años, a partir de la fecha de su publicación en el BOE. Entrará en vigor el 22 de julio de 2014, aunque actualmente ya se está trabajando en su reforma dentro de un marco general de reforma de todos los registros públicos.
Organización del Registro Civil Depende del Ministerio de Justicia, a través de la dirección general de los registros y del notariado.
Una novedad de la ley de 2011 es la creación de un único registro informatizado para todo el Estado. Esto se dice en el Preámbulo, donde afirma que el Registro Civil se configura como una base de datos única. Lo que sí que hay es pluralidad de oficinas, en las que los ciudadanos pueden realizar las gestiones.
Con la ley de 2011, en cada Comunidad Autónoma habrá, al menos, una oficina general, y además estarán las oficinas consulares y la oficina central.
En la reforma de todos los registros, en los trabajos preparatorios, se prevé la sucesión de la oficina central y da un ámbito provincial a las oficinas generales. No una por Comunidad Autónoma, al menos, sino una por provincia.
Con la ley de 2011, se crea un registro individual para cada persona al que se asigna un código personal en el que se inscriben todos los hechos relativos a esa persona.
Actualmente, los Registros Civiles son llevados por jueces. La ley de 2011 establece que lo lleven funcionarios pero, que no formaran parte del Poder Judicial. En los trabajos de la reforma se prevé que lo lleven los registradores de la propiedad y mercantiles.
Esto ha causado cierta alarma porque se tendría que pagar.
Eficacia del Registro Civil Las inscripciones en el Registro Civil son, en general, meramente declarativas, no son, por tanto, constitutivas del acto que se inscribe. EJEMPLO: matrimonio, este lo constituye el negocio jurídico matrimonial sin necesidad de que se inscriban en el Registro Civil. Excepcionalmente hay alguna inscripción que es constitutiva. EJEMPLO: adquisición de la nacionalidad española por residencia.
Tiene un valor probatorio privilegiado. Las inscripciones del Registro Civil son el medio normal de prueba en el tráfico jurídico de los hechos inscribibles en el registro. Solo en los casos de falta de inscripción o de imposibilidad de certificar el asiento se admitirán otros medios de prueba.
En algunos casos la ley establece que lo no escrito en el Registro Civil no perjudicará a terceros de buena fe. Uno de estos supuestos es el caso de emancipación.
La publicidad formal Cuando al hablar de los registros se habla de publicidad formal nos estamos refiriendo a quién puede consultar en el Registro. La ley de 2011 establece que los ciudadanos tienen libre acceso a los datos que figuren en su registro individual. También puede una persona solicitar información registral de otra siempre que conste la identidad del solicitante y exista un interés legítimo. También los funcionarios pueden acceder a los datos del Registro Civil para el desempeño de sus funciones.
Hay datos más íntimos que están sometidos a un sistema de acceso restringido, son los datos enumerados en el artículo 83 de la ley de 2011 (EJEMPLO: filiación adoptiva, rectificación de sexo). Solo el inscrito o sus representantes legales podrán acceder o autorizar a terceros la publicidad de estos asientos.
La publicidad se realiza mediante certificación de los asientos.
LA PERSONA JURÍDICA La podemos definir como organización estable que persigue un fin digno de protección que constituye una entidad independiente de sus miembros y de quien la creó y que tiene la condición de sujeto de derechos y obligaciones.
Clases de personas jurídicas Hay varios criterios de clasificación. Según un primer criterio, se puede distinguir entre:  Personas jurídicas de derecho público: las crea la ley. Estarían: o Las administraciones territoriales: la administración del Estado, Comunidades Autónomas, municipios.
o Las administraciones institucionales: solamente son instituciones con determinados fines públicos.
o Las corporaciones: se incluyen los colegios profesionales y las cámaras.
 Personas jurídicas de derecho privado: las crea la voluntad de los particulares.
Podemos distinguir: o Las que persiguen un fin no-lucrativo: asociaciones en sentido estricto y fundaciones.
o Las que persiguen un fin lucrativo: son las sociedades, que pueden ser:  Civiles.
 Mercantiles.
o Por la estructura de la persona jurídica: están las que tienen una base humana, se emplea el término de asociaciones en sentido amplio. Estas se dividen en:  Asociaciones strictu sensu: que persiguen un fin no-lucrativo.
 Sociedades: que persiguen un fin lucrativo.
o Fundaciones: consisten en la adquisición de un patrimonio a la finalidad determinada por el fundador. No hay una base societaria.
Atribución de la personalidad a la persona jurídica Hay dos sistemas de adquisición de la personalidad jurídica por los entes supraindividuales: 1. Por la mera constitución del ente según los requisitos previstos en la ley: se llama sistema de reconocimiento o atribución genéricos hechos por el derecho.
2. Reconocimiento en cada caso concreto de la personalidad jurídica por parte del poder político por considerar al grupo digno de autonomía: se llama sistema de reconocimiento específico, de concesión o de atribución singular.
En los países democráticos se sigue el primer sistema, consagrado en el artículo 311-2 del Código Civil catalán.
En los Ordenamientos Jurídicos actuales observa una tendencia a supeditar la adquisición de la personalidad jurídica a la inscripción del ente en el Registro Público correspondiente, así las sociedades mercantiles para que adquieran personalidad jurídica tienen que estar inscritas en el Registro Mercantil, las fundaciones en el Registro de Fundaciones. En cambio, no es necesaria para la adquisición de la personalidad jurídica la inscripción de sociedades civiles ni de asociaciones, excepto para algunas asociaciones con leyes especiales, en concreto partido políticos o sindicatos.
Asociación Es una agrupación de personas que persiguen un fin no-lucrativo. El artículo 321-1.1 del Código Civil catalán dice que este fin no-lucrativo puede ser de:  Interés general: el que tiene un contenido social o público. EJEMPLO: asociaciones culturales.
 Interés particular: el que no lo tiene. EJEMPLO: asociación de moteros de Harley Davidson.
Normativa aplicable a las asociaciones La asociación es un derecho recogido en la Constitución, en concreto en el artículo 22.
Además es uno de los derechos que para su desarrollo requiere ley orgánica.
En las asociaciones catalanas se les aplica lo dispuesto en el Libro III del Código Civil catalán. Este se aplicará a las asociaciones que ejercen sus funciones mayoritariamente en Cataluña, tal como establece el artículo 311-1.1.a del Código Civil catalán. Pero también a las asociaciones catalanas se les aplicaran algunos artículos de la ley estatal de asociaciones (ley orgánica de 22 de marzo de 2002). Se aplicaran en cuanto tienen el rango de ley orgánica. Otros artículos se aplicaran porque son de aplicación directa a todo el Estado ya que regulan las condiciones básicas que garantizan la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos constitucionales. También otros artículos se aplicaran a todo el Estado por regular materia procesal, donde este tiene competencia exclusiva.
Habrá asociaciones que tengan su régimen propio.
¿Cómo se constituye una asociación? El artículo 321-1.1 del Código Civil catalán exige que el número de socios constituyentes sea al menos tres y permite que puedan constituirlas personas jurídicas. Según este artículo, se ha de constituir en documento escrito, no hace falta que sea escritura pública en el que se manifieste la voluntad de constituir la asociación y, además, el documento ha de contener el lugar y la fecha del acta fundacional, la denominación, el domicilio y la nacionalidad de los fundadores, los estatutos de la fundación, las aportaciones al patrimonio inicial, si las hay, y, por último, la designación de las personas que han de integrar el órgano de gobierno inicial.
Régimen jurídico de la asociación El Tribunal Constitucional considera como elemento esencial del derecho de asociación la libertad de autorganizarse.
La ley estatal, en el artículo 2.5, que tiene carácter de norma orgánica y por tanto aplicable a todo el territorio del Estado, dice que la organización y funcionamiento de la asociación ha de ser democrático.
Según el artículo 322-1.1 del Código Civil catalán, las asociaciones han de tener dos órganos: 1. La asamblea general: constituida por todos los socios. Es el órgano soberano.
2. La junta directiva: es el órgano de gobierno. Administra y representa la asociación.
El legislador catalán entiende que el voto ponderado no es contrario necesariamente al régimen democrático. El artículo 322-7.2 permite que los estatutos de asociaciones de interés particular y de aquellas en que las personas jurídicas tengan la condición de socios establezcan voto ponderado, aunque la ponderación se ha de basar en criterios objetivos.
La asamblea se ha de reunir con carácter ordinario como mínimo una vez al año para aprobar la gestión del órgano de gobierno y el presupuesto y cuentas anuales. Se ha de reunir con carácter extraordinario a solicitud del órgano de gobierno o de un 10% de los socios.
Los acuerdos se adoptan por mayoría simple de los asistentes, salvo que los estatutos exijan mayorías cualificadas para ciertas cuestiones.
El órgano de gobierno ha de estar compuesto, al menos, por tres miembros, uno ha de ser el presidente, otro el secretario, los miembros han de ser socios y el cargo es gratuito. Se eligen por la asamblea general o, si así lo establecen los estatutos, por procedimiento electoral por votación de todos los socios.
Los miembros del órgano de gobierno responden de los daños causados a la asociación. El ejercicio de la acción de responsabilidad ha de ser acordado por mayoría simple por la asamblea. La acción prescribe a los tres años desde la fecha en que los responsables cesan en el cargo.
En cuanto a la impugnación de los acuerdos de los órganos de la asociación, si se trata de acuerdos contrarios a la ley, la acción caduca a los seis meses de la fecha del acuerdo en principio, y de los contrarios a los estatutos o lesivos al interés de la asociación caducan a los cuarenta días desde la fecha del acuerdo, en principio.
Derechos y deberes de los asociados En cuanto a los derechos y deberes de los asociados, en el artículo 323-6 del Código Civil catalán establece que los socios tienen el deber de pagar las cuotas y derramas y otras aportaciones económicas que establezcan los estatutos.
El artículo 323-2 del Código Civil catalán prevé que los estatutos pueden establecer que los socios hagan aportaciones extraordinarias cuando ingresen o si hay necesidad de financiamiento en un momento posterior, y, si así se establece, las aportaciones pueden retornar a los socios cuando se produzca la baja del asociado o se disuelva la asociación.
En cuanto al régimen disciplinario, el artículo 323-7 del Código Civil catalán establece que los estatutos o el reglamento interno han de tipificar las infracciones y las sanciones que han de respetar el principio de proporcionalidad. Las sanciones han de ser impuestas por el órgano competente, de acuerdo con el procedimiento establecido por los estatutos. Se ha de informar al socio de las causas que justifiquen la sanción, pero, además, antes de imponerle la sanción se le ha de dar oportunidad de defenderse.
La extinción de la asociación Las causas están en el artículo 324-4 del Código Civil catalán:    Por acuerdo de la asamblea.
Por expiración del plazo señalado en los estatutos.
Por realización del fin para el que se constituyó o imposibilidad de conseguirlo.
 Por baja de los asociados de forma que queden reducidos a menos de tres.
 Por resolución judicial que declare la ilicitud de las actividades o finalidades de la asociación.
 Por abertura de la fase de liquidación en el concurso de acreedores (se da cuando una persona es insolvente).
Los bienes sobrantes se han de adjudicar a las entidades o a las finalidades establecidas en los estatutos, pero no pueden ser entidades con ánimo de lucro y tampoco puede adjudicar a los socios, excepto en los casos que hemos visto del artículo 322-2.
Si los estatutos no han dispuesto nada sobre el destino del patrimonio sobrante o lo dispuesto en los estatutos no se puede cumplir, el patrimonio remanente se adjudica a entidades sin ánimo de lucro de finalidades análogas.
La fundación Es un patrimonio adscrito a una finalidad de interés general establecida por el fundador según las normas establecidas por este y, en su defecto, por la ley.
Las fundaciones están sometidas al control de la administración, función que recibe el nombre de protectorado. En este concepto es esencial la existencia del patrimonio.
Este patrimonio inicial recibe el nombre de dotación. La dotación inicial no puede ser inferior a 60.000 euros, según artículo 331-5.1 del Código Civil catalán.
Por otro lado, ha de perseguir un interés general de contenido social o público, no como en las asociaciones que puede ser también particular. La fundación no puede beneficiar a personas determinadas, según el artículo 331-1.3 del Código Civil catalán.
En cuanto la normativa aplicable se aplica el artículo 34 de la Constitución española y algunos artículos de la ley estatal de Fundaciones, unos porque regulan las condiciones básicas que garantizan la igualdad de todos en el ejercicio de los derechos constitucionales y otros artículos porque regulan cuestiones procesales. Sobre estas tienen competencia exclusiva el Estado. Se aplicaran las leyes sobre fundaciones del Libro III del Código Civil catalán.
Las fundaciones catalanas son las que ejercen sus funciones mayoritariamente en Cataluña.
Constitución de la fundación Los fundadores pueden ser personas físicas o jurídicas. Al no tener base societaria, no tiene sentido requerir un mínimo de fundadores. Una persona sola puede fundar una fundación.
Se puede constituir:   Por actos entre vivos: se realiza por el otorgamiento de los fundadores de la carta fundacional.
Por actos mortis causa: requiere manifestar la voluntad fundacional en testamento o codicilo (negocio jurídico mortis causa que exige las formas del testamento pero con la condición de que no se puede inscribir nada de la donación al heredero). Requiere también designar las personas que han de ejecutar la voluntad fundacional. Estas han de otorgar la carta fundacional, si es preciso completar la voluntad fundacional expresada. Si en el testamento está expresado todo han de solicitar el registro. Si no hay personas designadas por el causante, el cumplimiento de estos actos corresponde al protectorado.
Para que la fundación adquiera personalidad jurídica se ha de inscribir en el Registro de Fundaciones.
La carta fundacional se ha de formalizar en escritura pública ante notario. El otorgamiento de la carta fundacional es irrevocable. Ha de contener:      La denominación de la fundación.
El domicilio y la nacionalidad de los fundadores.
Voluntad de constituir la fundación.
Los estatutos.
La dotación inicial.
 La designación de las personas que han de constituir el patronato (órgano de gobierno) inicial.
En cuanto al funcionamiento económico de la fundación, el Código Civil catalán establece unas limitaciones: 1. Se pueden realizar actos de disposición de los bienes de la fundación a título oneroso: el importe se ha de reinvertir en la adquisición de otros bienes que sustituyan a los enajenados o en la mejora de bienes de la fundación y, con posterioridad, el patronato ha de comunicar al protectorado los actos de disposición realizados.
El patronato requiere autorización previa del protectorado para los actos de disposición. Los bienes que enajenan se han adquirido con subvenciones públicas, han sido donados a la fundación y el donante lo ha exigido expresamente, si lo establecen los estatutos, y si el importe obtenido no se reinvierte totalmente en el patrimonio de la fundación.
2. A la realización de la finalidad fundacional se ha de destinar al menos el 70% de las rentas e ingresos netos anuales que obtenga la fundación: la ley obliga a la fundación a que realice actividad. Los gastos derivados del funcionamiento del patronato y de sus órganos delegados no pueden ser superiores al 15% de los ingresos netos obtenidos durante el ejercicio.
Gobierno de la fundación El órgano gobierno de la fundación se denomina patronato. La carta fundacional ha de designar el patronato inicial y la designación sucesiva se hará con lo que prevean los estatutos.
Los fundadores, en la carta fundacional, pueden reservarse el derecho a separar y renovar los patronos. El número mínimo de patronos ha de ser tres, uno ha de ser presidente y otro secretario. El cargo de patrono es gratuito.
En las fundaciones, a partir de un determinado volumen, ha de haber una o más personas que ejerzan las funciones de dirección de la gestión ordinaria, según el artículo 332-2.1 del Código Civil catalán.
Si la fundación tiene un determinado volumen se ha de someter a una autoría externa.
Está controlada por la administración. El Código Civil catalán enumera funciones concretas del protectorado. Este puede solicitar del juez la intervención temporal de la fundación ante irregularidades en la gestión o una desviación de los fines fundacionales y el protectorado, en estos casos, asumirá las funciones del patronato.
El protectorado es un órgano de la administración pública.
Causas de extinción Según el artículo 335-4 del Código Civil catalán se produce cuando:      Acaba el plazo establecido en los estatutos.
Se cumple la finalidad para la que se ha constituido.
Resulta imposible cumplirla salvo en los casos que el que proceda a modificar la finalidad y el patronato así lo acuerdo.
Ilicitud de las finalidades declaradas en sentencia firme.
Apertura de la fase de liquidación en el concurso de acreedores. Cuando se abre la fase de liquidación se extingue la fundación.
No se prevé y no puede ser que el patronato acuerde la extinción de la fundación.
En el artículo 335-6 del Código Civil catalán está el destino del patrimonio fundacional en los casos de la extinción de la fundación.
HASTA AQUÍ EXAMEN SE FINI LERELELE PRESCRIPCIÓN Y CADUCIDAD Instituciones muy importantes en la práctica jurídica.
El cómputo del tiempo El Código Civil catalán no contiene ninguna norma general sobre cómo ha de computarse un plazo de tiempo a efectos civiles. Sí contiene normas sobre cómo ha de computarse un plazo de tiempo en relación con la prescripción (artículo 121-3 números 2 y 3 del Código Civil catalán). La doctrina entiende que estas normas son de aplicación general.
Según el artículo 121-3.2 del Código Civil catalán en el cómputo no se excluyen los días inhábiles ni los festivos. El cómputo se hace por días enteros. El día inicial se excluye y el día final se ha de cumplir totalmente. EJEMPLO: a partir de un acontecimiento que sucede el 1 de enero a las 12 horas, se ha de computar un plazo de diez días, el último día sería el 11 a las 24 horas.
Según el artículo 121-3.3 del Código Civil catalán dice que el cómputo de meses o años se hace de fecha a fecha. Si en el mes de vencimiento no existe día correspondiente al inicial, se considera que el plazo acaba el último día del mes.
La prescripción Es la extinción de las pretensiones por el silencio de la relación jurídica durante el plazo de tiempo señalado por la ley.
1. Extingue las pretensiones: como dice el legislador catalán en el artículo 121-1 del Código Civil catalán. Distinguimos dos elementos: a. Derecho.
b. Facultad de exigir el derecho: es lo que el Código Civil catalán llama pretensión y que define como el derecho de reclamar de otro una acción o una omisión. Esto, por tanto, es lo que se extingue, no se extingue el derecho que subsiste aunque haya operado la prescripción.
Por eso, el artículo 121-9 del Código Civil catalán establece la irrepetibilidad del pago efectuado en cumplimiento de una pretensión prescrita, aunque se haya hecho con desconocimiento de la prescripción porque si el deudor paga, aunque haya operado la prescripción, está pagando un derecho existente, algo que debe. Si paga lo que debe no puede recuperarlo.
La extinción de la pretensión la produce el silencio de la relación jurídica y no la falta del ejercicio del derecho porque, como el plazo de prescripción se interrumpe por reconocimiento del derecho por parte del sujeto pasivo, aunque el titular del derecho no lo ejerza, no operará la prescripción si el sujeto pasivo le reconoce el derecho.
Siempre se ha dicho que la prescripción debe interpretarse restrictivamente.
Cuando hay dudas siempre en favor del no juego de la prescripción.
En cuanto al ámbito de la prescripción, el artículo 121-1 del Código Civil catalán dice que prescriben las pretensiones relativas a derechos disponibles. Normalmente estos son los patrimoniales.
El artículo 121-2 del Código Civil catalán precisa que no prescriben las pretensiones que se ejercitan mediante acciones meramente declarativas, como la acción de declaración de la cualidad de heredero, la acción de división de la cosa en común, la acción de partición de herencia o la acción de delimitación de fincas contiguas o la acción de elevación a escritura pública de un documento privado. Tampoco son prescriptibles las pretensiones cuya prescripción viene expresamente excluida por la ley (acción reivindicatoria, artículo 124-3 del Código Civil catalán), es decir, se ve privado de su posesión, tiene posibilidad de reclamarla sin límite de tiempo, pero sin prejuicio de que quien posea la cosa pueda llegar a adquirir la propiedad por usucapión.
Modo de operar la prescripción La prescripción no puede ser tenida en cuenta de oficio por los tribunales, sino que ha de ser alegada.
Los sujetos de la prescripción  Sujeto activo: 121-5 es lógicamente el sujeto pasivo de la pretensión pero también pueden oponer la prescripción terceros perjudicados en sus intereses   por la falta de oposición por parte del sujeto pasivo. Excepto si ha recaído sentencia firme sobre la misma.
Terceros interesados pueden ser otros acreedores del sujeto pasivo de la pretensión.
Sujeto pasivo: frente a quien se hace valer la prescripción, titular de la pretensión que se extinguirá con la pretensión puede ser cualquier persona como dice el 121-6. Y la persona titular de la pretensión prescrita tiene acción para reclamar daños y perjuicios a los responsables. Lo que nos dice es que la prescripción también opera frente a menores e incapacitados aunque sus representantes legales no la opongan. Los menores e incapacitados podrán reclamar daños a sus representantes legales.
Plazos de prescripción: El código civil catalán establece un plazo genérico de 10 años sin distinguir entre pretensiones reales y personales. En el código civil español, en cambio, el plazo genérico de prescripción es distinto según se trate de pretensiones reales o personales. El de personales es de 15 años y el de reales distingue bienes muebles 6 años e inmuebles 30 años.
El código civil catalán establece un plazo de 3 años para pretensiones relativas a pagos periódicos que se hayan de hacer por años o en términos más breves.
Ejemplos: pagos de suministros, arrendamientos, intereses remuneratorios que genera un préstamo o crédito, pensiones alimenticias.
También prescriben a los tres años, pretensiones relativas a remuneración de prestaciones de servicios y de ejecuciones de obras. Además de las pretensiones de cobro de precio en las ventas al consumo.
En el código civil español también hay un plazo especial de prescripción en estos supuestos de 5 años.
También prescriben en tres años las pretensiones derivadas de la responsabilidad extracontractual, en el código civil español el plazo es de un año.
Ha habido sentencias que del TSJC que han zanjado una cuestión en que había diferencias de opinión en audiencias provinciales. Ha dicho que siempre se aplican los plazos de prescripción del código civil catalán aunque se refieran a instituciones todavía no reguladas por el legislador catalán como es el caso del arrendamiento de servicios todavía no regulado por el legislador catalán.
Por fin, establece el código civil catalán, un año para las pretensiones protectoras de la posesión, este plazo coincide con el del código civil español.
En cuanto, al inicio del cómputo del plazo de prescripción, el 121-23 se aparta del criterio objetivo del código civil español y sigue un criterio subjetivo. El plazo de prescripción, se inicia cuando nacida y ejercitable la pretensión la persona titular de esta, conoce o puede conocer razonablemente las circunstancias que la fundamentan y la persona contra quien puede ejercitarla.
En cambio, el código civil español, dice que el plazo se inicia el día en que las acciones pudieron ejercitarse pero objetivamente, es la llamada teoría del actio nata. Entonces, la forma del cómputo de esta en el 121-23.2 y 3.
Interrupción de la prescripción.
La interrupción significa que cuando se produce la causa de interrupción el plazo de prescripción comienza a correr de nuevo y completamente.
El código civil catalán establece 4 causas de interrupción: 1. Ejercicio de la pretensión delante de los tribunales aunque sea desestimada por defecto procesal. La interrupción no solo lo produce la interposición de la demanda y sino también, otros actos que pueden producirse previamente a la interposición de la demanda, por ejemplo: - Solicitud de acto de conciliación. Antes de ejercer la demanda las dos partes pueden quedar para ver si se ponen de acuerdo.
- Solicitud de diligencias preliminares: ejemplo exhibición de cosa mueble.
- Solicitud de justicia gratuita.
2. Inicio del procedimiento arbitral.
3. La reclamación extrajudicial de la pretensión. La reclamación tiene que ser dirigida al sujeto pasivo de la pretensión y lógicamente a su domicilio pero presupuesto esto la prescripción se interrumpe cuando se emite la declaración de voluntad de reclamación, no cuando la recibe el interesado. Sentencia del tribunal supremo de 24 de diciembre de 1994.
4. El reconocimiento del derecho o la renuncia al plazo de prescripción transcurrido.
El código civil catalán, también contempla la suspensión de la prescripción lo que no hace el código civil español, la suspensión significa que cuando se da la causa de suspensión se finaliza pero cuando finaliza al volver no de nueve sino que sigue igual.
Las causas de suspensión son: - Imposibilidad de ejercitar la pretensión porque hay una fuerza mayor, para que actué esta causa no basta con que haya una fuerza mayor sino que es necesario - que nos hallemos en los seis meses anteriores a la finalización del plazo de prescripción.
Ausencia de representante legal en las pretensiones de las que sean titulares menores o incapaces.
Otras causas, cuyo fundamento es la existencia entre los sujetos de la prescripción de una relación que aconseja que mientras dure la relación no por la prescripción porque no es adecuado que se ejerciten las pretensiones. Así se suspende la prescripción en las pretensiones entre cónyuges y convivientes, entre padres e hijos sometidos a potestad, entre las personas que detentan un cargo de protección y los menores e incapacitados.
La preclusión No la contiene el código civil español.
El hecho de que en código civil catalán se haya regulado la suspensión y que el computo de que el plazo de prescripción no se inicie hasta que el titular de la pretensión conozca las circunstancias que la fundamentan y contra quien se puede ejercer ha aconsejado al legislador introducir un término de preclusión por el transcurso ininterrumpido de 30 años a contar desde el nacimiento de la pretensión que provoca su extinción aunque hayan concurrido causas de suspensión o aunque el titular de la pretensión no conozca las circunstancias que fundamentan la pretensión o contra quien se puede ejercer. Artículo 121-24 Renuncia a la prescripción Se permite la renuncia a la prescripción ganada y la renuncia a la prescripción en curso, pero la renuncia anticipada a la prescripción es nula.
Carácter de las normas de la prescripción Son de naturaleza imperativa o de ius cogens, pero se permite a las partes pactar un acortamiento o un alargamiento de los plazos de prescripción no superiores a la mitad o al doble de los establecidos legalmente.
La caducidad Está regulada en el código civil catalán pero no en el español porque cuando se promulgo este en 1889 no estaba aún perfilada como diferente a la prescripción.
Según el 122-1.1 es la extinción de acciones y poderes de configuración jurídica por el vencimiento de los plazos correspondientes.
Hay acciones y poderes de configuración jurídica concedidos por la ley a los que esta le señala un plazo de vida (de caducidad) y si no se ejercer durante este plazo se extinguen. No cabe la interrupción en la caducidad.
Poderes de configuración jurídica son poderes por los que se puede modificar unilateralmente la realidad jurídica. Ejemplo: derechos de adquisición: derecho de opción de compra, esta si quiere puede exigirle que le venda la cosa.
El código civil catalán habla de que caducan acciones y poderes configuración jurídica.
Con las acciones podemos entender que se refiere a aquellos casos en que el poder de configurar la realidad jurídica solo se puede hacer valer por ejercitar una acción ante los tribunales solamente.
Tanto como la jurisprudencia como la doctrina, ha considerado que la caducidad es apreciable de oficio por los tribunales. El legislador catalán, lo que hace es distinguir entre caducidad en relaciones jurídicas disponibles y caducidad en relaciones jurídicas indisponibles.
En las indisponibles puede ser apreciada de oficio y en las disponibles ha de ser alegada. Además, en las disponibles la caducidad puede suspenderse por las mismas causas que en la prescripción. En cambio, en las indisponibles no puede suspenderse.
El No uso Lo que significa es la extinción del derecho por el no ejercicio de ninguna de las facultades que se concede a su titular, es decir, por no aprovecharlo y seria causa de extinción de los derechos reales en cosa ajena que implican la posesión de la cosa así el código civil catalán establece que la servidumbre se extingue por falta de uso durante 10 años.
Límites al ejercicio del derecho.
Código civil español articulo 7 no se puede ejercer el derecho si se contraviene la buena fe y no se puede ejercer el derecho de forma abusiva.
Una de las manifestaciones en la doctrina de que el ejercicio del derecho no puede ser contrario a la buena fe es que nadie puede ir contra los actos propios.
El legislador catalán si recoge la doctrina de los actos propios en el artículo 111-8.
Significa que si el titular de un derecho a observado una determinada conducta luego no puede ejercer el derecho si este ejercicio supone ir contra la conducta observada anteriormente.
Ejemplo: sentencia del tribunal supremo de 17 de febrero de 2014, terreno de una promotora se pacta que a los 18 meses de la celebración del contrato no se ha aprobado el plano urbanístico la promotora puede disolver el contrato. Pasan los 18 meses y la compradora no disuelve a los 27 meses se aprueba el plan y la vendedora requiere a la compradora para que le pague el resto del precio, la compradora no atiende al requerimiento y trascurridos más de 7 años tras la celebración del contrato, la vendedora requiere a la compradora la restricción del contrato extrajudicialmente. Y es cuando la compradora interpone una demanda pidiendo la disolución del contrato, el tribunal desestima la demanda porque ahora después de 7 años que la compradora diga que lo suspende porque lo hizo a los 18 meses entonces iría contra sus actos propios.
Ejemplo: TS noviembre 2011: el propietario de un piso practica unos orificios en su fachada con el interés de instalar unos servicios, para modificar los elementos comunes necesita la aprobación de la junta de propietarios esta no dio la aprobación y el TS dijo que la negativa a la obra constituía un abuso de derecho teniendo en cuenta que la práctica de eso no afectaba al edificio.
Clasificación de los bienes: FALTA EL NEGOCIO JURÍDICO Hechos jurídicamente relevantes Se llama hechos jurídicos a cualquier acontecimiento al que el derecho positivo liga un efecto jurídico.
Dentro de los hechos jurídicos se distinguen:   Hechos naturales: no interviene la voluntad humana. EJEMPLO: muerte de una persona. El ordenamiento le atribuye el efecto jurídico de abrir la sucesión de la persona que ha fallecido.
Hechos voluntarios o actos jurídicos en sentido amplio: son actos voluntarios del hombre. Dentro de estos se distingue entre: o Acto jurídico en sentido estricto: es un acto voluntario del hombre al que el ordenamiento liga un efecto jurídico, aunque el que realiza el acto no persiga ese efecto jurídico. Por eso se dice que el efecto jurídico se produce ex lege, deriva de la ley. EJEMPLO: la reclamación del acreedor al deudor: es un acto voluntario y que produce un efecto jurídico que es el de constituir al deudor en mora, en el sentido del retraso en el cumplimiento de la obligación.
o Negocio jurídico: es una declaración de voluntad tendente a conseguir determinados efectos jurídicos. En este caso los efectos jurídicos se producen ex voluntate.
En el Código Civil catalán se regula el negocio jurídico concreto (contratos, testamentos, matrimonio, etc.), sin embargo, la doctrina mayoritaria elabora una teoría general del negocio jurídico basándose en que todo son declaraciones de voluntad. Sin embargo, cada negocio jurídico tiene su regulación concreta y es imposible una regulación unitaria de todo el negocio jurídico. Lo que se puede hacer es que lo que se regule en el Código Civil español en relación con los contratos se puede aplicar analógicamente a otros negocios jurídicos.
Autonomía privada Significa que los particulares tienen el poder de configurar su propia esfera jurídicoprivada. La autonomía privada tiene dos aspectos: 1. Poder constituir o no relaciones jurídicas: es decir, a los particulares no se le pueden imponer relaciones jurídicas. Hay alguna excepción: seguro de responsabilidad civil frente a terceros del vehículo.
2. Las partes pueden configurar como quieran el contenido de la relación jurídica que contraen: esto está recogido en el artículo 1255 del Código Civil español. Hay unos límites: a. Que no sean contrarios a las leyes imperativas.
b. Que no sea contrarios a la moral.
c. Que no sean contrarios al orden público.
Esto tiene algunas excepciones en la esfera privada: el matrimonio, tienen que atenerse a la regulación del Código Civil español; en algunos casos, cada vez en menos extensión, en las leyes arrendaticias especiales.
CLASES DE DECLARACIONES DE VOLUNTAD Hay varios criterios de clasificación: 1.
a. Declaraciones recepticias: las dirigidas a una o más personas determinadas. EJEMPLO: la aceptación de un contrato, se dirige al oferente.
b. Declaraciones no recepticias: no se dirigen a nadie en particular. Se realiza la declaración para que sean conocidas por quien, en su momento, convenga que las conozca. EJEMPLO: aceptación de la herencia.
2.
a. Declaración expresa: se realiza por medios destinados a exteriorizar la voluntad. Normalmente son dos: la palabra o el escrito.
b. Declaración tácita: es la que se manifiesta a través de un comportamiento del que se deduce una voluntad. EJEMPLO: el abandono de la cosa por el propietarioencierra la voluntad del propietario de renunciar a su derecho de propiedad.
c. Declaración de voluntad presunta: la inferida por la ley de un determinado comportamiento. La ley presume que el comportamiento del sujeto manifiesta una determinada voluntad porque normalmente la conducta observada encierra tal voluntad. EJEMPLO: artículo 56919.3 del Código Civil catalán.
Percepción de la declaración de voluntad Significa el nacimiento de la misma a la vida del derecho. Es para cuando el derecho existe una declaración de voluntad. Cuando la declaración de voluntad se perfecciona producirá los efectos que le son propios según el caso concreto.
Las declaraciones de voluntad no recepticias se perfecciona cuando se emiten pero siendo preciso que la emisión salga del círculo de su autor, momento que se llama expedición. EJEMPLO: una declaración de voluntad escrita se emitirá cuando el que escribe la firma. Lo que pasa es que si se guarda la carta en un cajón para el derecho no tiene ningún sentido, por eso se dice que sea preciso que salga del círculo de su autor.
En cuanto a las declaraciones de voluntad recepticias la doctrina, en el momento que se perfeccionan, habla de cuatro teorías: 1. Teoría de la emisión: es inaceptable si nos quedamos en la emisión en sentido estricto. No se puede perfeccionar por el mero hecho de firmar la carta.
2. Teoría de la expedición: se perfeccionaría cuando se expide la declaración de voluntad hacia el que tiene que conocerla.
3. Teoría de la recepción: la declaración de voluntad recepticia se perfeccionaría cuando es recibida por el destinatario, antes de tomar conocimiento de su contenido.
4. Teoría del conocimiento: se perfecciona cuando el destinatario la conozca.
El Código Civil español resuelve este problema, en el artículo 1262 párrafo segundo.
Nos dice que en el supuesto de contratos celebrados entre ausentes cuando se habrá producido el consentimiento contractual. Como este no se producirá hasta que la aceptación se perfeccione, el momento en que se produzca el consentimiento contractual será el de la percepción de la aceptación, momento aplicable no solo a la aceptación contractual, sino, como principio general, a todas las declaraciones de voluntad recepticias. Según esta norma hay consentimiento desde que el oferente conoce la aceptación. Esto significa que de las cuatro teorías que dice la doctrina del momento en que se perfecciona, esta norma ha aceptado la teoría del conocimiento, pero introduce una salvedad: o desde que, habiéndosela remitido el aceptante, no puede ignorarla sin faltar a la buena fe.
El artículo 1262 párrafo tercero del Código Civil considera el caso de los contratos celebrados mediante dispositivos automáticos. EJEMPLO: internet. En estos casos hay consentimiento desde que se manifiesta la aceptación. O sea que la teoría que se sigue es la de la emisión.
La sustantividad de la declaración de voluntad En las declaraciones de voluntad recepticias que se perfeccionan cuando llegan a conocimiento del destinatario se plantea si una vez emitidas y antes de llegar a su percepción adquieren sustantividad, es decir, se independizan de su autor, de manera que aunque este muera o pierda su capacidad la declaración de voluntad subsistirá y se perfeccionarán cuando el destinatario la conozca, aunque este momento sea posterior a la muerte o pérdida de capacidad del declarante.
Esto tiene sus consecuencias prácticas: si admitimos que la declaración de voluntad recepticia, una vez emitida, adquiere sustantividad propia, resulta que la aceptación del contrato emitida por el aceptante se perfeccionará cuando llegue al conocimiento del oferente aunque el aceptante haya muerto antes de ese momento. El contrato nacerá entre los herederos del aceptante y el oferente.
En nuestra doctrina, la opinión mayoritaria es que en nuestro derecho las declaraciones de voluntad no tienen sustantividad propia. La muerte o incapacidad sobrevenida del declarante extingue automáticamente la declaración de voluntad y ésta ya no podrá producir sus efectos.
DIVERGENCIA ENTRE LA VOLUNTAD NEGOCIAL Y SU DECLARACIÓN La voluntad interna no coincide con la voluntad declarada. En estos supuestos, en principio, cuando se realiza una declaración de voluntad negocial que no coincide con la voluntad interna, el negocio en principio es nulo de pleno derecho.
Supuestos en que la divergencia entre la voluntad interna y la voluntad declarada es consciente Una persona conscientemente declara una voluntad que realmente no tiene.
1. Declaración no hecha en serie: el declarante emite una declaración en broma o con un fin didáctico o por cortesía sin querer realmente lo que manifiesta. No tiene intención de que la declaración sea tomada en serio. El negocio celebrado mediante una declaración hecha así es nulo de pleno derecho.
2. Reserva mental: el declarante, voluntariamente, emite una declaración que no refleja lo querido. Cuando se celebra un contrato y una de las partes ha emitido su declaración de voluntad bajo reserva, la doctrina considera irrelevante la reserva mental, y, por tanto, el contrato será válido. Se argumenta que la culpa de la divergencia entre la voluntad interna y la voluntad declarada es del declarante bajo reserva. También se argumenta que la otra parte confía justificadamente en la exactitud de la declaración. No se puede defraudar esta confianza permitiendo al reservante después pedir la nulidad del contrato.
También se argumenta que se diese relevancia a la reserva mental, al declarante bajo reserva le bastaría pre-constituir una prueba antes de la celebración de un contrato de que lo va a realizar bajo reserva mental para invalidar cualquier contrato que, después de celebrado, no le interese cumplir.
En definitiva, si se admitiese la relevancia de la reserva mental en los contratos, la seguridad el tráfico jurídico sufriría enormemente, pero se añade: si la reserva es conocida por la otra parte el supuesto es distinto, y se admite que en estos casos el contrato sería nulo.
En cuanto a la reserva mental en el matrimonio, a diferencia de lo que sucede en los contratos, algún sector de la doctrina da relevancia a la reserva mental porque no es lo mismo imponer al reservante un contrato no querido que un matrimonio no querido.
En la jurisprudencia hay casos en que se concede la nulidad del matrimonio celebrado bajo reserva cuando la solicita el cónyuge de buena fe. En la práctica sí que hay matrimonios que se celebran por reserva mental. Lo que no se han encontrado casos en los que los tribunales anulen en matrimonio cuando el que pide la nulidad es el reservante.
3. Simulación: las partes emiten declaraciones negociales realmente no queridas, simulando así la celebración de un negocio con el fin de engañar a terceros y mediando un acuerdo previo que deja sin efecto la declaración exteriorizada llamado contra declaración. Se distingue entre: a. Simulación absoluta: las partes no han querido realizar ningún negocio.
b. Simulación relativa: las partes no han querido realizar el negocio declarado, simulado, sino otro disimulado en el primero. Será nulo el negocio simulado, pero el negocio disimulado, si contiene los requisitos exigidos por la ley será válido. Con frecuencia, los tribunales se han planteado la validez de la donación disimulada en una compra-venta de un bien inmueble. Hay que tener en cuenta que la donación de un bien inmueble para que sea válida se ha de hacer en escritura pública.
Entonces, si la compra-venta se otorga en escritura pública, hay sentencias que admiten la validez de la donación disimulada.
En cambio, otras sentencias niegan la validez de la donación, pues entienden que en la escritura pública ha de constar la voluntad de realizar una donación.
El negocio simulado es nulo de pleno derecho. Cualquiera de las partes puede pedir la nulidad frente a la otra y frente a terceros de mala fe. También cualquier interesado puede oponer la nulidad del negocio frente a los simulantes y a terceros de mala fe.
EL ERROR OBSTATIVO En los supuestos que hemos estudiado, la divergencia entre la voluntad interna y la voluntad declarada era consciente. En el supuesto de error obstativo, la divergencia entre la voluntad interna y la voluntad declarada es inconsciente.
En el supuesto de error obstativo se emite una declaración de voluntad negocial que, por error, no coincide con la voluntad interna. Esta falta de coincidencia se puede deber a una equivocación material EJEMPLO: compro mil kilos cuando se quería decir compro cien kilos. O se puede deber a que las palabras que se expresan por ignorar el declarante su significado, no manifiestan su voluntad real. EJEMPLO: como la finca El Carrascal, porque el comprado piensa que así se llama la finca que quiere comprar, cuando esta se llama de otra manera.
El Código Civil español en materia de contratos regula el error vicio, pero no el error obstativo. Para que el error obstativo sea relevante, ha de reunir los mismos requisitos que el error vicio, que son dos:   Esencialidad: que recaiga sobre un elemento esencial del negocio, de forma que el que padece el error, de haberse dado cuenta del mismo, no hubiera celebrado el negocio.
Excusabilidad: que no se deba a negligencia del que sufre el error.
Como el error obstativo, es un supuesto en que no hay consentimiento realmente, su sanción tendría que ser la nulidad de pleno derecho, pero en la doctrina, mayoritariamente, se dice que quien realiza el negocio con quien padece el error obstativo se encuentra ante una declaración de voluntad que para él responde a la voluntad interna del declarante. Por tanto, se encuentra en situación similar a la que se encuentra o a la que se encontraría si el declarante emitiese la declaración de voluntad por un error vicio. Como la sanción del error vicio es la anulabilidad también debe ser la anulabilidad la sanción del error obstativo.
Sin embargo, la jurisprudencia en las sentencias del Tribunal Supremo de 22 de diciembre de 1999 y 10 de abril de 2001 entiende que, al tratarse de un supuesto de falta de consentimiento, la sanción del error obstativo es la nulidad de pleno derecho.
EJEMPLO: la sentencia del Tribunal Supremo de 10 de abril, el supuesto de hecho era que los compradores de una parcela de una urbanización se ven invadidos por los colindantes por medio de la construcción de un muro. El vecino les invadió porque en la escritura de la adquisición de su parcela figuraba una superficie superior a la real.
Entonces, el Tribunal Supremo estimó que en el contrato entre la promotora de la urbanización y la colindante invasora estábamos ante un supuesto de error obstativo en cuanto a la superficie escriturada, y estimó que el régimen del error obstativo era la nulidad de pleno derecho, con la consecuencia que dicha nulidad la podría concebir cualquier interesado. Y, por tanto, estima que los propietarios invadidos pueden pedir la nulidad del contrato entre la promotora y el colindante invasor en cuanto al exceso de superficie.
VICIOS DE LA VOLUNTAD Se declara lo que realmente se quiere, pero la voluntad interna está viciada, de tal forma que, si no hubiera existido dicho vicio, la voluntad interna hubiera sido otra.
Estos supuestos de la voluntad o del consentimiento están enumerados en el artículo 1265 del Código Civil español, cuando dicen que será nulo el consentimiento testado por error, violencia, intimidación o dolo. No se refiere a la nulidad de pleno derecho, sino a la anulabilidad.
En estos supuestos hay consentimiento, pero está viciado. En el supuesto de violencia, aunque se estudia aquí, hay falta de consentimiento. Estos vicios pueden afectar o bien al consentimiento, cuando se tiene una percepción falsa de la realidad (supuestos de error y dolo) o bien a la libertad, cuando el sujeto emite la declaración de voluntad coaccionada (supuesto de intimidación).
Que el régimen de los contratos celebrados con estos vicios es el de la nulidad deriva del artículo 1300 del Código Civil español. Uno de los requisitos que regula es el consentimiento. Este puede ser anulado en el sentido de la nulidad siempre que concurran los supuestos que lo invalidan.
Violencia En el sentido de violencia absoluta o vis ablativa (declaración de voluntad es quitada al sujeto por la fuerza).
Los supuestos de violencia son supuesto de libro. Un supuesto de violencia absoluta sería: si a una persona le dices si quiere comprar esa casa y le coges la cabeza y se la mueves de forma afirmativa. O si a una persona mediante procesos psíquicos le haces realizar un contrato (hipnosis, tratamientos médicos, etc.). Estos supuestos no tienen realmente consentimiento.
En teoría, la sanción ha de ser la nulidad de pleno derecho. La doctrina generalizada opina que en estos supuestos de violencia, como ésta por un lado se enumera entre los vicios del artículo 1265 del Código Civil español, y por otro lado la violencia parece que es la que define el artículo 1267 del Código Civil español (violencia cuando hay fuerza irresistible), la sanción es la anulabilidad.
En la jurisprudencia no se sabe de casos con este supuesto en sentido estricto.
Intimidación Según el artículo 1267 del Código Civil español párrafo segundo, hay intimidación cuando se inspira a uno de los contratantes el temor racional y fundado de sufrir un mal inminente y grave en su persona o bienes o en la persona o bienes de su cónyuge, ascendientes o descendientes.
Entonces, para la intimidación se requiere que el mal objeto de la amenaza sea inminente y grave. Si es remoto, no produce temor, ya que se confía que habrá tiempo para evitarlo. EJEMPLO: si a un sujeto se le da una paliza para que firme un contrato es un supuesto de intimidación, porque tú le amenazas.
Se ha planteado el problema de si amenazar con la interposición de demandas judiciales viciaba el consentimiento por intimidación. El Tribunal Supremo decide según las circunstancias de cada caso concreto. EJEMPLO: el Tribunal Supremo no ha considerado injusta la amenaza de seguir un procedimiento penal por hurto para llegar a un acuerdo privado con el deudor. En cambio, sí que ha considerado que hay intimidación cuando se amenaza a una persona a perseguirla por desfalco para conseguir que su mujer cediera sus derechos hereditarios.
El Código Civil español dice que el mal ha de ser en la persona o bienes del contratante o del cónyuge, descendientes o ascendientes. Si se amenaza con un mal que no es para ninguna de estas personas, según el Código Civil español no habría intimidación. La doctrina critica esto.
Es obvio que para que haya intimidación alguien te ha de amenazar con el mal. El temor de sufrir un mal no puede ser producto de la sugestión del sujeto negocial. La intimidación no ha de provenir del otro contratante.
La amenaza ha de causar un temor racional y fundado de que se pueda realizar el mal con el que se amenaza. Último párrafo del artículo 1267 del Código Civil español describe el temor reverencial. El mismo artículo nos dice que para calificar la intimidación debe atenderse a la edad y a la condición de la persona. Esto es un criterio subjetivo para saber si habrá o no intimidación. Sin embargo, la doctrina observa que como se ha de causar un temor racional y fundado, con esto se introduce un elemento objetivo para saber si hay o no intimidación.
Por último, el temor ha de ser el determinante de la emisión de la declaración de voluntad.
La amenaza del mal tendrá que probarla quien pretende impugnar el contrato, pero el nexo de causalidad entre amenaza y emisión de la declaración de voluntad se presume. Y, la parte que quiere mantener el contrato habría de probar que el que sufrió la amenaza lo habría celebrado igualmente sin ésta.
Error vicio de la voluntad Es una falsa representación de la realidad que se hace el sujeto del negocio. Se declara algo que realmente se quiere pero se quiere algo porque se ha sufrido un error, de tal forma que no se hubiera querido sin el error.
Para que el error sea relevante son necesarios dos requisitos: 1. Esencialidad: sí que está, de alguna manera, presupuesto en el artículo 1266 del Código Civil español cuando dice que para que el error invalide el consentimiento deberá recaer sobre la sustancia de la cosa u objeto del contrato o sobre aquellas condiciones de la misma que principalmente hubiesen dado motivo a celebrarlo. Y también dice que el error sobre la persona solo invalidará el contrato cuando la consideración a ella hubiese sido la causa principal del mismo.
En definitiva, la esencialidad es que el error es esencial cuando, de no haberlo sufrido, no se hubiera celebrado el contrato. Pero además, según el Código Civil español, tiene un toque subjetivo.
No es relevante el error por los motivos, es decir, por los motivos que una persona celebra un contrato. EJEMPLO: alquilo una casa en el mes de julio por vacaciones, mis vacaciones son en agosto y no puedo ir. No puedo anular el contrato por error, ya que es irrelevante.
2. Excusabilidad: no está en el Código Civil español, pero la doctrina y la jurisprudencia lo exigen. El error ha de ser excusable, no ha de ser debido a la negligencia del que padece el error. Es decir, aun actuando con la negligencia debida, sigue surgiendo el error. Si surge por falta de observado, el error es inexcusable y no anulable.
Dolo Está definido en el artículo 1269 del Código Civil español. Hay dolo cuando, con palabras o maquinaciones insidiosas de parte de uno de los contratantes, es inducido el otro a celebrar un contrato, que, sin ellas, no hubiera hecho.
Para que haya dolo este ha de ser ocasionado por la otra parte del contrato. El dolo no es sino un error inducido por la otra parte del contrato. Para que el dolo produzca la anulación debe ser grave, que el engaño sea creíble. El denominado dolus bonus no anula el contrato, son las propagandas habituales en el tráfico jurídico.
Cuando ambas partes proceden con dolo, el contrato es válido según el artículo 1270 del Código Civil español.
Si el dolo no determina la celebración del contrato, este es válido pero sí tiene consecuencias jurídicas. Este dolo se denomina incidental, la del segundo párrafo del artículo 1270 del Código Civil español (el dolo incidental obliga al que lo creó a indemnizar daños y prejuicios). El dolo produce error que lleva a celebrar el contrato.
El dolo tiene su consistencia propia, porque resulta que es causa de anulabilidad del contrato cuando produce un error que, considerado como tal error, no sería suficiente para anular el contrato. EJEMPLO: si el dolo produce un error en los motivos se anulará el contrato, en cambio sí solo produce error en los motivos, sin intervenir dolo, no se anulará.
El dolo, en definitiva, produce error, pero es una causa propia de vicio de consentimiento porque cuando el error inducido por el dolo se puede anular el contrato.
CAUSA DEL NEGOCIO JURÍDICO (no examen) El Código Civil español solamente habla de causa en los contratos, es decir, no habla de causa en testamentos, matrimonio, etc. La doctrina se pregunta si se puede hablar de causa en todos los negocios jurídicos.
Como uno de los requisitos esenciales de los contratos es el consentimiento, el objeto y la causa, pero no del contrato, sino de las obligaciones que se establezcan. Es decir, que cada obligación tiene que tener su causa de razón de ser. Pero claro, en los contratos la causa de la obligación de una parte es la de la otra parte.
Nadie se obliga sin causa.
LOS ELEMENTOS ACCIDENTALES DEL NEGOCIO JURÍDICO Esto se llama así porque pueden o no darse en los negocios jurídicos. Son la condición, el término y el modo. Accidental en el sentido de que puede darse o no.
LA CONDICION La condición es un acontecimiento incierto, de cuya eventual realización dependen los efectos de un negocio jurídico celebrado.
En orden a la eficacia del negocio jurídico, la condición puede ser:   Suspensiva: el negocio jurídico celebrado no produce efectos hasta que se cumpla la condición, se suspenden los efectos del negocio jurídico.
Resolutoria: el negocio jurídico produce efectos desde su celebración pero se extinguen al cumplirse la celebración.
En la doctrina, se habla de aponibilidad de la condición, son negocios jurídicos que pueden celebrarse bajo condición.
No hay duda que los contratos se pueden celebrar bajo condición, y en el código civil español, también, sin ninguna limitación en los testamentos se puede instituir heredero bajo condición o legatario bajo condición.
En los testamentos, en derecho catalán, resulta que cabe que el heredero bajo condición suspensiva, pero no se admite heredero bajo condición resolutoria.
La condición donde no se admite es en los negocios jurídicos de derecho de familia, no se puede celebrar un matrimonio bajo condición, ni el consentimiento de emancipación.
Hay unos negocios en los que la ley ad casum no admite la condición. Ejemplo: aceptación por repudiación de la herencia.
Los negocios que no se pueden realizar bajo condición se llaman negocios puros.
Si se celebra bajo condición un negocio puro, en teoría hay dos posibilidades:  El ordenamiento jurídico puede decir dos cosas: o Que el negocio es nulo.
o Que se tiene el negocio por condición no puesta, es decir, que sería válido.
A veces la ley da la solución, será lo que dicta la ley. En el matrimonio, dice el código civil que se tiene la condición por no puesta.
El problema está cuando la ley no da la solución, la doctrina, ante esto, se inclina en considerar el negocio como invalido, como solución más respetuosa con la voluntad del sujeto del negocio, porque el sujeto quiso el negocio como condicional. Y si la condición se tiene por no puesta, hacemos querer algo al sujeto del negocio que no quiso.
Características de la condición:   La incertidumbre: por tanto, no se puede querer como condición un acontecimiento pasado o presente. Tampoco se puede poner como condición un acontecimiento necesario o imposible, ya que no hay incertidumbre.
El tratamiento de las condiciones imposibles es el mismo que el tratamiento de las condiciones ilícitas.
La voluntariedad: La condición es incluida, voluntariamente, por los sujetos del negocio.
Como no hay voluntariedad, no es condición propiamente hablando, lo que se llama conditio iuris o condición legal, son aquellas circunstancias que la ley exige para que un negocio jurídico tenga eficacia, requisitos impuestos por la ley para que un negocio tenga eficacia.
Por ejemplo: la celebración del matrimonio es una conditio iuris para que las capitulaciones matrimoniales tengan eficacia, capitulaciones matrimoniales celebradas antes del matrimonio.
La autonomía de la voluntad en introducir condiciones en el negocio jurídico tiene el límite de que no se pueden introducir condiciones ilícitas.
El régimen de las condiciones ilícitas es el siguiente:   En los contratos y negocios jurídicos inter vivos invalidan el negocio jurídico.
Art. 1116.1 Código Civil.
En los negocios jurídicos mortis causa se tienen por no puestas. Art. 792 Código Civil y 423-27 Código Civil Catalán.
CLASES DE CONDICIONES (Primera clasificación suspensiva y resolutoria) Por la relación entre la voluntad del afectado por la condición y la realización del acontecimiento, se distingue entre:  Potestativas: la realización del acontecimiento depende de la voluntad de la persona afectada por la condición. Dentro de estas se distingue entre: o Simplemente potestativas: dependen de la voluntad del interesado pero han de realizar una actividad que le supone un cierto esfuerzo. Ejemplo: hacer un viaje. Esta, es siempre admisible.
o Puramente potestativas: dependen del solo querer del interesado o de una actuación que no le supone ningún esfuerzo. No es siempre   admisible, es admisible si depende de la voluntad del beneficiado con el negocio jurídico, no es admisible si depende de la voluntad de la persona a cuyo cargo se producen los efectos del negocio jurídico. 795 y 1115 1ra parte de Código civil español.
Casuales: depende del azar o de la voluntad de un tercero.
Mixtas: dependen en parte de la voluntad y en parte de otras circunstancias.
Por ejemplo, ser ingeniero de caminos. Son admisibles.
Régimen jurídico de la condición: Hay que distinguir tres supuestos: 1. Por un lado, durante la fase de pendencia de la condición: o En las condiciones suspensivas el negocio jurídico no produce efectos pero hay una expectativa de adquisición de derechos. El que tiene esta expectativa puede ejercitar las acciones procedentes para que no se frustre la adquisición de derechos que le corresponde si la condición se verifica. Art.1121.1 CC.
o Cuando el negocio jurídico condicional es inter vivos esta expectativa es transmisible tanto inter vivos como mortis causa, art. 1112 y 1257 CC.
o Pero cuando el negocio jurídico condicional es mortis causa esta expectativa no es transmisible, por tanto, el heredero o legatario sometido a condición suspensiva, si fallece antes del cumplimiento de la condición no transmite nada a sus herederos. Si el deudor paga antes del complimiento de la condición puede repetir lo pagado (pedir lo pagado, no tenía al derecho solo una expectativa), art.1121.2 Código Civil.
 En la fase de pendencia en la condición resolutoria el negocio ya ha producido efectos desde la celebración pero igualmente continua habiendo una situación de expectativa, porque si se cumple la condición resolutoria, habrá una persona a la que al resolverse el negocio tendrá que ir al objeto de negocio. Si el negocio se resuelve las cosas objeto del negocio tendrán que ir a quien corresponda y esa persona tiene una situación de expectativa de esas cosas.
2. Durante la fase de no verificación de la condición: o Momento en que ya se sabe que la condición no se verifica. Se extinguen las expectativas de adquisición de derechos que había durante la fase anterior.
o Cuando las partes no han fijado un tiempo para el cumplimiento de la condición aparece un problema, en el artículo 1118.2 Código Civil se confía al árbitro de los tribunales, la fijación del tiempo.
3. Fase de cumplimiento de la condición: en cuanto al cumplimiento hay que resaltar que según el 1119 del Código Civil, se entiende cumplida la condición, cuando el obligado impidiere su cumplimiento.
o A veces, se habla de cumplimiento por equivalencia cuando no se da exactamente el acondicionamiento opuesto por la condición, sino uno análogo.
o No hay cumplimiento por equivalencia, sino que interpretada rectamente la voluntad del sujeto negocial el cumplimiento de la condición también alcanza al acontecimiento análogo.
Por ejemplo: en la jurisprudencia un testador puso la condición de su solo tuviera eficacia si no sobreviviera a la operación a la que iba ser sometido, entonces no murió, sobrevivió, pero quedo en estado de coma hasta que falleció un mes después. Entonces, el tribunal entendió que se había cumplido la condición, no había pasado estrictamente como el testador estableció, pero el tribunal entendió que se había dado el cumplimiento de la condición.
El principio general es que el cumplimiento de la condición tiene efectos retroactivos tanto en la suspensiva como en la resolutoria. Art 1120.2, 1123.1 y 791 CC, 423-12.2 CCC.
La doctrina se plantea que la retroactividad no parece muy concluyente en las condiciones resolutorias, pero hay que tener en cuenta que la condición resolutoria, desde el punto de vista de la parte a quién beneficia la resolución del negocio jurídico, es como una condición suspensiva.
Hay algunas excepciones, al principio general de la retroactividad, por ejemplo, el 1120 del Código Civil en el párrafo primero, dice que si las obligaciones de edad son reciprocas, se compensan los frutos con los intereses, y por lo tanto, no se habrán de devolver. El 531-16.1 Código Civil Catalán dice que en la donación, sometida a condición suspensiva, pertenecen al donante los frutos que produzca la cosa donada, mientras esté pendiente la donación.
EL TÉRMINO El término se distingue entre:   Termino de eficacia del negocio jurídico Termino de ejercicio o de ejecución del negocio jurídico: este no produce efectos hasta que no llegue el termino En el caso de ser el termino inicial o suspensivo (afecta a los efectos del negocio jurídicos), o el negocio produce efectos desde su celebración hasta el momento en que se cumpla el termino final o resolutorio.
En el término de ejercicio o de ejecución del negocio jurídico, este produce efectos desde su celebración, pero no hay que ejecutarlo hasta que se cumpla el término, por ejemplo, compraventa con precio aplazado, nace obligación de dar y pagar, pero el pagar se aplaza hasta que no llegue en término.
El término es un momento futuro pero cierto que se dará, aunque no se sepa cuando, se dará.
Aquí, también, se puede hablar de la aponibilidad del término:     El termino de eficacia es aponible tanto a los contratos como a los testamentos, aunque en el derecho catalán, el termino no es aponible a la institución del heredero aunque si a la institución de legatario.
El término de ejecución es aponible a los contratos pero no a los testamentos.
o En los contratos, el término suele ser de ejecución, no de eficacia del término. En los contratos, si hay duda de si las partes han querido un término de eficacia o ejecución, la presunción está a favor de este último.
El término no es aponible a los negocios de familia.
Si se celebra bajo término un negocio puro nos remitimos a lo dicho cuando se celebra bajo condición un negocio puro.
En cuanto a las clases de término, se puede distinguir entre:   Termino inicial o suspensivo.
Termino final o resolutorio.
Otra clasificación más relevante es la distinción entre termino certus an incertus quando y certus an certus quando.
  Certus an incertus quando Certus an certus quando En los casos de que el término sea imposible, si el término es inicial, el negocio será inválido.
Cuando el termino es imposible, si el termino es inicial será el negocio invalido pues el sujeto negocial realmente no ha querido que el negocio produzca efectos. En cambio, si el termino imposible es final, el negocio es válido, pues realmente el sujeto negocial ha querido que el negocio produzca efectos y no deje de producirlos.
REGIMEN JURIDICO DEL TÉRMINO En cuanto al régimen jurídico del término, antes de llegar al término, se crean unas expectativas como en el caso de la condición, expectativas que permiten a los interesados tomar medidas conservativas de los derechos que seguro que adquirirán, porque el término se dará seguro.
Además, esta expectativas son transmisibles, también, en el supuesto de que provengan de un negocio mortis causa. El legatario sometido a término inicial que muera antes de la llegada del término, transmite su derecho a sus herederos.
Lo mismo pasa en el código civil con el heredero a término, como en el código civil catalán esta institución no cabe, no se plantea este problema.
La doctrina se ha planteado si algunos artículos del código civil que establece para el término de ejecución son, también, aplicables al término de eficacia del negocio jurídico.
Establece los casos en los que el deudor pierde el derecho a utilizar el plazo, estos casos el código civil establece para el término de ejecución.
También, se plantea la doctrina si el termino de eficacia es aplicable para el término de ejecución, esta norma establece que si el deudor paga antes del término no puede repetir lo pagado, esta norma es lógica para el término de ejecución, porque en estos casos la obligación ya existe y el deudor ya está obligado pero todavía no debe cumplir la obligación, y si paga antes del término no puede repetir lo pagado. Esto para el término de eficacia, es discutible porque mientras no llegue el término no hay obligación.
EL MODO, CARGA, GRAVAMEN, OBLIGACION MODAL: El código español no emplea el término modo, sino el de carga, y al hablar de donación emplea el término de condición incorrectamente, porque la condición es una cosa diferente al modo.
El modo es una obligación accesoria que se impone al beneficiario de un negocio a título gratuito.
EJEMPLO: al donatario heredero o legatario que recibe una finca se les impone la obligación de destinar parte de los frutos de la finca a una fundación, o de pasar una pensión a un pariente pobre, o de construir un busto del benefactor.
En el negocio modal, hay dos voluntades:   Voluntad principal: tiene los efectos típicos del negocio.
Voluntad accesoria: que tiene otros efectos a típicos.
En toda la tradición histórica, solo se ha admitido el modo en la donación o testamento pero no en los contratos gratuitos.
Tanto en el código civil catalán como en el español, el régimen jurídico del modo se establece sobretodo en sede de testamento, mientras que al regular la donación hay muy pocas normas que se refieran al modo, por lo que se plantea, si el modo en la donación son de aplicación analógica, las normas que regulan el modo en el testamento.
El modo se distingue de la condición y el termino en que en estos no se quieren los efectos del negocio, sino se da el termino o la condición, hay una sola voluntad negocial que se auto limita a querer los efectos, solo cuando se cumple la condición o llega al término.
En cambio, en el modo existe la voluntad de querer los efectos del negocio, y presupuesta la eficacia del negocio, se añade la voluntad de que surjan otros efectos accesorios, la obligación del beneficiario del negocio de hacer o no hacer determinada cosa.
La condición suspende pero no constriñe y el modo constriñe pero no suspende.
En la condición no se adquieren los derechos hasta que se cumpla la condición (condición suspensiva).
En el modo, el beneficiario adquiere los derechos sin esperar a que cumpla el modo, lo que sucede es que tendrá la obligación de cumplir el modo. Cuando hay dudas de si se ha querido un modo o una condición, hay que inclinarse por el modo (art.797 Código Civil español y 428-1.3 Código Civil Catalán).
En caso del testamento, puede haber dudas de si nos encontramos ante un modo o ante un legado con que se grava al heredero o legatario. Esto sería en el caso de que al heredero o legatario se le impone la obligación de pasar una pensión a determinada persona. Si el beneficiario con la obligación puede exigir su cumplimiento estamos ante legado y si no puede exigirlo estamos ante un modo.
El modo imposible o ilícito en el testamento se tiene por no puesto. El modo imposible o ilícito en la donación podría pensarse que invalida la donación, como sucede con las condiciones imposibles o ilícitas. Esto no es así, porque hay dos voluntades:   la voluntad principal que quiere los efectos del negocio.
la voluntad accesoria que quiere el modo.
No parece justo que la nulidad de lo accesorio acaree la nulidad de lo principal.
Si el modo deviene imposible sin culpa del gravado con el modo, se extinguirá la obligación modal. Si la imposibilidad sobre venida es por culpa del gravado con el modo, este habrá de responder por daños y perjuicios.
El código civil español establece que en el supuesto de modo en el testamento, el gravado con el modo ha de afianzar el cumplimiento de lo mandado por el testador y la devolución de lo percibido si faltare a esta obligación.
El código civil catalán no impone esta obligación de prestar fianza que asegure la restitución de lo percibido si se incumple el modo. Pero el testador puede imponer esta obligación de prestar fianza. Ahora bien, la restitución de lo percibido por el gravado con el modo por incumplimiento de la obligación modal, aquí en Cataluña, solo es posible cuando el gravado con el modo sea un legatario pero no cuando sea un heredero.
El código civil catalán, también en sede de testamentos prevé varios medios para que el testador asegure el cumplimiento del modo, por ejemplo, establecer sanciones al obligado si no cumple. La ley prevé un medio indirecto para forzar al heredero o legatario el cumplimiento del modo. Según el 428-4.5, si el heredero o legatario incumplen el modo y ejercen una acción fundamentada en su carácter de heredero o legatario se les puede oponer la excepción de modo no cumplido, con la finalidad de suspender el ejercicio de la acción.
Cuando no se pueda cumplir el modo en los mismos términos ordenados por el testador, tanto código civil catalán como español, prevén que se cumpla en otros, los más análogos posibles y conformes con la voluntad del testador, a esto se llama cumplimiento análogo del modo o conmutación, o conversión del modo.
Cuando se incumple la obligación modal por un lado como en cualquier obligación, se puede pedir el cumplimiento forzoso en forma específica, que el juez obligue al deudor a cumplir la obligación o si este no es posible, se puede pedir una indemnización de daños y perjuicios.
Ante el incumplimiento del modo, la otra posibilidad es solicitar la revocación de lo percibido por los gravados, con el modo en testamento solamente se puede pedir cuando el gravado sea el legatario pero no el heredero.
LA FORMA DEL NEGOCIO JURIDICO La declaración de voluntad negocial se expresa necesariamente de una determinada forma y desde este punto de vista, todo negocio es formal, pero en lenguaje jurídico se llama negocio formal a aquel que la ley exige que se celebre de una determinada forma como requisito para su validez. Forma ad solemnitatem.
Son negocios formales:    Matrimonio: deben manifestar su voluntad de casarse delante de unos testigos.
Testamentos: la declaración de voluntad se tiene que emitir según lo dispuesto en las leyes.
Donación de bienes muebles: debe hacerse en escrito aunque sea privado a no ser que sean coetáneamente al donante.
En cambio, a los contratos de forma libre (1278 CC) serán obligatorios sea cual sea la forma en la que se hayan celebrado.
Sin embargo, el 1280 del Código Civil español, enumera una serie de contratos que deberán constar en documento público, esto a pesar del art.1280, se interpreta según lo dispuesto en el 1278, que dice que en estos casos la consecuencia no es la invalidez del contrato, sino que las partes, si han celebrado este contrato de forma privada o verbal, podrán exigirse mutuamente el otorgamiento de la escritura pública. Algunos supuestos son ad probationem.
Tanto en el código civil español como en el catalán, al regular los derechos reales, se dice que el acuerdo por el que se constituye el derecho real ha de constar o bien en documento público o bien en documento privado, pero esto es necesario solo para que nazca el derecho real, es decir, si no se observa la forma establecida no hace el derecho real, pero esto no significa que el acuerdo no tenga ningún efecto.
El acuerdo es vinculante para las partes y, por tanto, podrán compelerse para que se otorgue la escritura pública o para que se realice el documento privado.
Fuera del código civil hay supuestos en que la ley si exige a determinados contratos la observancia de forma para validez. Esto sucede, por un lado, por razón de protección de los consumidores (ejemplos: contrato formalizados fuera del establecimiento mercantil se exige que se otorguen por escrito o contratos de compraventa a plazos de bienes muebles).
INTERPRETACION DEL NEGOCIO JURIDICO Son muy distintas las reglas de interpretación de los contratos y de los contratos. El código civil español regula los contratos en los artículos 1281 y siguientes.
INEFICACIA DEL NEGOCIO JURIDICO Cuando hablamos de ineficacia del negocio jurídico, nos referimos al negocio jurídico que no produce los efectos propios queridos, pero porque no lo quieren las partes, los efectos propios.
En base a la regulación del condigo civil se puede distinguir por el régimen de ineficacia, tres clases de contratos ineficaces:  Los que no tienen los requisitos del artículo 1261: este articulo nos dice que no hay contrato sino cuando concurren los requisitos siguientes: o Consentimiento de los contratantes.
o Objeto cierto que sea materia del contrato.
o Causa de la obligación que se establezca.
Estos contratos son contratos de nulidad absoluta o contratos nulos de pleno derecho. Esta clase de ineficacia es ineficacia de nulidad absoluta o nulidad de pleno derecho.
  Los contratos que tienen los requisitos del articulo 1261 pero abolecen de algún vicio. A este régimen de ineficacia, se refiere el artículo 1300 del código civil español. Este régimen de ineficacia se llama nulidad relativa o anulabilidad.
Categoría de contratos rescindibles: articulo 1290 código civil. Son contratos validos pero que la ley permite que se declaren ineficaces por causar un perjuicio injustificado a una de la partes o a un tercero.
El código civil llama nulos, tanto a los contratos nulos de pleno derecho como a los anulables, y regula solo el régimen de la anulabilidad y el de la rescisión.
Del régimen de la nulidad de pleno derecho se pueden extraerse algunos aspectos del código civil pero ha sido objeto de elaboración doctrinal y jurisprudencial. Algunos agrupan los contratos nulos de pleno derecho y los contratos anulables en una categoría superior que denominan contratos inválidos.
 Hay quien añade una cuarta clase de ineficacia que sería residual y que denomina contratos ineficaces en el sentido estricto. Son contratos que siendo válidos, no tienen ningún defecto estructural, no producen eficacia por otras causas distintas a causar un perjuicio injustificado. Un supuesto es el del artículo 1259 del Código civil.
Nulidad absoluta o de pleno derecho La existencia de este régimen se deduce de lo dispuesto en el artículo 1300 del código civil. Este artículo establece que los contratos en que concurran los requisitos que expresa el artículo 1261 del código civil, pueden ser anulados siempre que adolezcan de alguno de los vicios que los invalidan con arreglo a la ley.
El régimen de esta ineficacia contractual del artículo 1300, es el de la anulabilidad.
Si este régimen de anulabilidad, se aplica a los contratos en que concurran los requisitos que expresa el 1261, los contratos en que no concurran dichos requisitos tendrán que tener un régimen de ineficacia más duro, porque no concurren los del 1261. El 1300 dice implícitamente que debe hacer un régimen más duro. Este régimen es el de la nulidad de pleno derecho o la nulidad absoluta.
El contrato nulo de pleno derecho o con nulidad absoluta es el que no produce efectos desde el inicio, nunca ha producido efectos. El código civil no regula su régimen de ineficacia, que ha sido elaborado por la doctrina y aceptado por la jurisprudencia.
Este régimen se caracteriza por:     La nulidad opera ipso iure o de pleno derecho: por la misma ley. No es necesario que el contrato se impugne. Aunque no se impugne hay nulidad de pleno derecho y por tanto, el contrato no ha producido efectos. A las partes, les puede interesar acudir al juez si el contrato ha producido efectos facticos. El juez simplemente declara la nulidad, es meramente declarativa, no es constitutiva de la nulidad.
La acción de nulidad es imprescriptible, la imprescriptibilidad deriva del principio de que el paso del tiempo no puede convalidar lo que es nulo desde un inicio.
o Sin embargo, aquí, la doctrina introdujo una distinción entre la acción para pedir la declaración de nulidad que sería una acción simplemente declarativa por la cual únicamente se pretende que el juez declare que el contrato es nulo, esta acción si es imprescriptible. Pero por otro lado, estaría la acción para pedir la restitución de lo entregado como consecuencia del cumplimiento del contrato nulo, es decir, a pesar de que el contrato es nulo de pleno derecho las partes han podido cumplirlo. La acción restitutoria seria prescriptible. Y estaría sometido al plazo genérico de prescripción.
o Esto ha sido aceptado por alguna sentencia del tribunal supremo, en contrato la de 27 de febrero de 1964, este problema no acostumbra a llegar a los tribunales porque las partes de un contrato nulo no tardan tanto tiempo en acudir a los tribunales.
o El plazo genérico de prescripción es de 10 años en el catalán y en el español 15 años.
Cualquier persona con interés legítimo puede interponer la acción de nulidad: el juez puede apreciar la nulidad de oficio.
La nulidad es definitiva por lo que no es posible la convalidación del contrato nulo. Un contrato nulo es definitivamente nulo, las partes no pueden hacer nada para que se convierta en valido.
CAUSAS DE LA NULIDAD DE PLENO DERECHO 1. Que no reúna los requisitos del artículo 1261 del código civil español: Los requisitos son:  Consentimiento de los contratantes, si no hay consentimiento nulidad de pleno derecho (simulación, error obstativo).
 Objeto cierto materia de contrato, cuando no hay objeto o el objeto no es cierto el contrato es nulo de pleno derecho. Ejemplo: yo te vendo un coche y cuando te lo vendo el coche se ha quemado  Cuando el objeto es indeterminado y no se puede determinar. Ejemplo: cuatro que no se sabe cuál se ha vendido ni se puede determinar.
2. Cuando no hay causa de la obligación que se establezca: es una cuestión teórica, en la práctica nunca se dará un contrato sin la causa de la obligación que se establezca. Es difícil encontrar un contrato sin causa.
3. Cuando el objeto sea ilícito será nulo de pleno derecho.
4. Cuando los contratos contravengan lo dispuesto en leyes imperativas o contravengan la moral o el orden público: como se deduce en el 1255 del código civil, dice que los contratantes pueden pactar lo que quieran siempre que no vayan en contra de la ley, moral y orden público.
5. Serán nulos de pleno derecho, los contratos en que no se observe una forma de vida cuando la ley establezca una forma ad solemnitatem.
LA CONVERSION DEL CONTRATO NULO La doctrina suele hablar de la conversión del contrato nulo. Dice que el contrato nulo se puede convertir en otro distinto valido, si cumple los requisitos de este.
Se pone como ejemplo el artículo 597 del código civil español, considera el supuesto de una finca que es copropiedad de varias personas, entonces dice que en este supuesto, si solo uno de los copropietarios constituye una servidumbre, el contrato es nulo como contrato de constitución de una servidumbre, es decir, no se habrá constituido ninguna servidumbre pero vale como contrato de constitución de la obligación por parte del concedente de la servidumbre de no impedir al favorecido el ejercicio del derecho que se quiso conceder, no hay servidumbre solo una obligación de no impedir el uso de la finca.
LA NULIDAD PARCIAL La nulabilidad puede afectar solo a una parte del contrato. En estos casos se plantea, si la nulidad parcial acarrea la nulidad de todo el contrato o el contrato sigue siendo válido en lo restante.
Cuando la ley da solución a este problema no hay más que hablar, pero cuando la ley no da solución, la jurisprudencia entiende que el principio es que el contrato ha de considerarse valido pero sin la parte nula, salvo que resultase que las partes no lo hubieran celebrado sin la parte nula. El derecho positivo no ofrece ninguna regla general a este problema.
LA NULIDAD RELATIVA O ANULABILIDAD Este régimen es al que se refiere el artículo 1300 del código civil español.
El contrato anulable produce efectos, pero por haberse celebrado con determinados vicios está amenazado de destrucción, de ineficacia. Y esta ineficacia aparecerá cuando se impugne el contrato.
Que el contrato anulable produce efectos se deduce implícitamente del artículo 1300, dice que los contratos pueden ser anulados siempre que adolezcan de alguno de los vicios que los invalidan. Mientras, no se anulen producirán efectos.
Por tanto, la sentencia es constitutiva, no meramente declarativa, la sentencia es lo que constituye la ineficacia del contrato. Aunque la anulación opera con efectos retroactivos a la celebración del contrato.
La legitimación para impugnar el contrato es restringida, solo están legitimadas las partes del contrato y no cualquier parte, sino solo aquella a cuyo favor se establece la anulabilidad, así cuando el 1302 del código civil habla de los legitimados, solo la parte cuya protección se establece la anulación del contrato.
La acción para impugnar el contrato está sujeta a plazo de ejercicio, que es de cuatro años. Como establece el 1301. El plazo de cuatro años, no se cuenta desde la celebración del contrato, sino desde el momento que establece la ley según las causas de anulabilidad.
La anulabilidad no puede apreciarse de oficio por los tribunales.
La anualidad a diferencia del de nulabilidad de pleno derecho, el contrato anulable puede ser convalidado, puede convertirse en valido. Esto lo establece así el artículo 1310 del código civil cuando dice que solo son confirmables los contratos que reúnan los requisitos expresados en el artículo 1261 del código civil, y por tanto, el contrato anulable puede ser confirmable, o a lo que es lo mismo, se puede convalidar.
Causas anulabilidad   Las causas de anulabilidad, son lo que denominábamos vicios del consentimiento, cuando el consentimiento es prestado por error, dolo o intimidación.
También es causa de anulabilidad, la incapacidad de obrar del contratante, o contratos celebrados por incapacitados, pero siempre que tengan capacidad   natural de entender y querer, porque si no la tienen el contrato será nulo de pleno derecho porque no habrá consentimiento.
El artículo 1301 del código civil en el último párrafo deriva que son anulables los contratos realizados por uno de los cónyuges sin el consentimiento del otro cuando este fuera necesario.
Contrato celebrado con violencia absoluta.
Desde muy antiguo se entiende que lo que es temporal como acción es perpetuo como excepción (quae temporalia sunt agendum perpetua sunt ad excipiendum). Si después de la celebración del contrato, las partes no piden anulación del contrato para que vayan a pedir la anulación del contrato.
LA CONVALIDACION DEL CONTRATO ANULABLE La podemos definir como la desaparición de la impugnabilidad. Del art.1310 se desprende que solo son anulables, los contratos de nulidad relativa, no los de pleno derecho.
Entre las diversas causas de convalidación, se distingue entre:   Causas de convalidación porque el sujeto del negocio quiere la convalidación: son la confirmación y la ejecución voluntaria del contrato.
o La confirmación es la declaración de voluntad por parte del que tiene el poder de impugnar el contrato impugnable de querer la validez definitiva del contrato. Según el artículo 1311 del código civil la confirmación puede ser expresa o tácita.
o La ejecución voluntaria del contrato puede considerarse como un supuesto de confirmación tacita.
Causas de convalidación que derivan de la ley: son el dejar transcurrir el plazo de ejercicio de la acción de la anulabilidad sin ejercitarla, que se llama prescripción sanatoria y cuando la cosa objeto del contrato se hubiese perdido por dolo o culpa del que tuviera derecho a impugnarla. En estos casos el artículo 1314.1 establece que se extinguirá la acción para pedir la anulación de los contratos.
Consecuencias de la nulabilidad y la anulabilidad El artículo 1303 del CCE dice que declarada la nulidad de una obligación los contratantes deben restituirse recíprocamente las cosas que hubiesen sido materia del contrato con sus frutos y el precio con sus intereses.
Ej.: un contrato de compraventa nulo. En cumplimento del contrato de compraventa nulo, el vendedor ha entregado la cosa al comprador y el comprador ha pagado el precio al vendedor, el vendedor deberá restituir al comprador el precio con sus intereses y el comprador tenía que restituir al vendedor la cosa que le entrego con los frutos que esa cosa le ha generado.
No hay duda, ni en la jurisprudencia ni en la doctrina que el 1303 se refiere tanto al contrato nulo de pleno derecho como el contrato anulable, las consecuencias son las mismas.
Sin embargo, hay unos límites a la restitución, el final del mismo artículo añade salvo lo que se dispone en los artículos siguientes. Entonces estas excepciones son: - - - Que el incapacitado solo está obligado a restituir aquello con lo que se enriqueció.
Lo que establece el 1314.1 si el que pretende la nulidad ha perdido la cosa percibida por culpa o dolo, no puede ejercitar la acción y por lo tanto, no se producirá la restitución de lo que se ha percibido.
El 1305 dice que en los contratos con causa ilícita lo que realmente es ilícito es el objeto. Si el hecho constituye delito o falta común a ambos contratantes carecerán de toda acción entre sí. Y se darán a las cosas u objeto del contrato el destino previsto en el código penal. Si solo hay delito o falta en uno de los contratantes, el otro podrá pedir lo que entregó. Y no estará obligado a cumplir lo prometido.
El 1306 dice que cuando la causa torpe no constituye delito ni falta, si la culpa está en ambos contratantes, ninguno de ellos podrá repetir lo que hubiera dado en virtud de contrato ni tampoco tendrán acción para reclamar el cumplimiento de lo que el otro hubiera ofrecido.
Cuando la culpa esté de parte de un solo contratante, no podrá éste repetir lo que hubiese dado ni pedirle el cumplimiento de lo que se le hubiera ofrecido. El extraño a la causa torpe podrá reclamar lo que hubiera dado sin obligación de cumplir lo que hubiera ofrecido. Pero no dice que no tenga obligación de restituir de cumplir lo que hubiera entregado.
El que es de mala fe no tiene acción ni para pedir acción al otro ni para decir que el contrato es nulo. El de buena fe no tiene obligación de cumplir lo que hubiera ofrecido.
Otra consecuencia de la nulidad y anulabilidad es que al contratante de mala fe también se le puede exigir una indemnización de daños y perjuicios.
La rescisión de los contratos La ineficacia de los contratos validos por causar un perjuicio injustificado a una de las partes del contrato o a terceros. Como dice el artículo 1290, los contratos válidamente celebrados, pueden restringirse en los casos establecidos por la ley. En el 1291 se establecen unas causas de rescisión: - La rescisión de los contratos celebrados por los tutores los contratos representantes de los ausente sin necesidad de autorización judicial cuando los representantes hayan sufrido lesión en más de ¼ parte del valor de las cosas objeto del contrato.
Estas dos causas de rescisión en la práctica nunca se dan, porque los contratos que el tutor y el representante del ausente pueden realizar sin autorización judicial, son de escasa importancia. La práctica es un remedio marginal.
Se habla de que hay una rescisión por lesión pero lo que se denomina rescisión por lesión de estos números y este artículo no tiene nada que ver con la figura tradicional del derecho romano de la rescisión por lesión. En la época de la codificación, los códigos se cargaron la figura de rescisión por lesión del derecho romano. Aunque como veremos el derecho civil catalán la conserva. La práctica es un remedio marginal.
- - - Son rescindibles los contratos celebrados en fraude de acreedores. Es la causa de rescisión más alegada ante los tribunales. La acción para pedir la rescisión estos contratos se llama acción revocatoria o acción pauliana, esta es la acción para pedir la rescisión de los contratos celebrados en fraude de acreedores.
Son rescindibles los contratos que se refieren a cosas litigiosas cuando hubiesen sido celebrados por el demandado sin conocimiento y aprobación de las partes litigantes o de la autoridad judicial. Esta causa de rescisión tiene la finalidad de evitar que si el demandante obtiene una sentencia favorable esta no puede hacerse efectiva. Si antes de terminar el litigio, durante el litigio el demandante vende la cosa, si hay sentencia condenatoria ordenando al demandado a vender la cosa.
Se establece que también son rescindibles cualesquiera otros contratos que especialmente determina la ley.
No son las únicas causas de rescisión que establece la ley.
La regulación de la rescisión del Código Civil Español El CCE configura la acción de rescisión como subsidiaria, no podrá ejercitarse sino cuando el perjudicado carezca de otro recurso legal para obtener la reparación del perjuicio.
Ejemplo: numero 1 y 2 del 1291 el perjudicado que es el representado antes de interponer la acción de rescisión tendrá que intentar la reparación del perjuicio acudiendo a los tutores y a los representantes legales del ausente para que le indemnicen por el perjuicio sufrido y solo si no lo consigue puede hacerlo por la vía de la acción rescisoria. En el caso de la rescisión de los contratos celebrados en fraude acreedores la rescisión es subsidiaria, los acreedores tendrán que perseguir los bienes del deudor.
En el artículo 1991.4 no parece en este caso a pesar de que la subsidiariedad no tenga aplicación en este supuesto. Se puede intentar directamente la resolución rescisoria.
La doctrina admite que una consecuencia de la subsidiariedad es que el demandado en la acción rescisoria puede evitar la rescisión del contrato ofreciendo o indemnizando económicamente al demandante el perjuicio causado.
En la rescisión tal y como establece el 1295, los contratantes están obligados a devolverse las cosas que fueron objeto del contrato con sus frutos y el precio con sus intereses. La acción para pedir la rescisión dice el 1299 dura 4 años.
Para las personas sujetas a tutela y para los ausentes los 4 años no empezaran hasta que haya cesada la incapacidad de los primeros o sea conocido el domicilio de los segundos, para los demás casos el tiempo empieza a correr desde la celebración del contrato. En algunos casos puede ser injusto para el perjudicado que el plazo del tiempo empiece a correr desde la celebración del contrato, algunas STS se ha establecido un momento posterior para el cómputo del plazo de 4 años, en concreto este tema se plantea sobretodo en la rescisión de los contratos celebrados en fraude de acreedores.
LA RESCISIÓN POR LESIÓN EN EL DERECHO CIVIL CATALÁN El derecho civil catalán recoge la figura del Derecho Romano de la rescisión por lesión.
Los romanos la llamaban laesio enormis o laesio ultra dimidium.
Según esta figura, el enajenante de un bien inmueble puede rescindir el contrato de enajenación si el precio recibido es inferior a la mitad del precio justo. El único requisito para que sea el contrato rescindible es la lesión económica sufrida.
Se puede rescindir el contrato que sea válido, no es necesario que el enajenante haya sufrido un vicio en el consentimiento ni que el adquirente sea consciente de la lesión o que sea considerado de mala fe.
Está regulada la rescisión por lesión en la compilación de derecho civil catalán. En la compilación, se habla de precio justo, es decir, precio de mercado, pero se ha de atender al precio justo que tenga la cosa en el momento de la celebración del contrato.
Enajenados varios inmuebles en el mismo contrato, solo procederá la rescisión tomando todos los inmuebles en conjunto y por su valor total, aunque se especificare el precio de cada uno de los inmuebles.
No son rescindibles los contratos de compraventa, si lo son los de permuta u otros de carácter oneroso relativos a bienes inmuebles.
Otros contratos onerosos rescindibles serian la dación en pago.
Se discute si puede ser rescindible por lesión la aportación de un bien inmueble a una sociedad.
La compilación nos dice que es una acción personal. Con esto quiere decir que el vendedor solamente la puede ejercitar contra el comprador pero no contra el que adquirió del comprador, un tercer adquiriente.
Sin embargo, por aplicación del artículo 1295 del código civil español al que remite el 324 de la compilación catalana, también cabe ejercitarla contra terceros adquirentes de mala fe. Al demandado se le concede la facultad de evitar la rescisión ofreciendo el complemento del precio.
La acción caduca a los 4 años de la fecha de celebración del contrato.
En cuanto a las consecuencias de la rescisión: También nos tenemos que ir al artículo 1295 del código civil, nos decía que como consecuencia de la rescisión, se habrá de devolver la cosa con sus frutos y el precio con sus intereses.
Sin embargo, el artículo 324 hace una aclaración que no habrá que restituirse los frutos o intereses anteriores a la reclamación judicial.
La rescisión por lesión puede no aplicarse aunque los contratantes sean catalanes y se celebre en Catalunya la compra-venta, si el bien inmueble está fuera de Cataluña.
Porque el código civil español dice que a falta de sometimiento expreso se aplicara a los contratos relativos a bienes inmuebles la ley del lugar donde estén sitos.
LA REPRESENTACION Concepto: Es la actuación de una persona representante por cuenta y en nombre de otra representada.
Actuar en nombre de otro significa que los efectos del negocio jurídico que realiza o que celebra el representante con un tercero se producen directamente entre el tercero y el representado como si hubiera sido este quien hubiera celebrado el negocio, y quedando el representante al margen de la relación jurídica derivada del negocio celebrado en representación, negocio que se llama negocio representativo.
El representante gestiona asuntos ajenos, es decir, actúa por cuenta de otro, pero esto no es lo típico de la representación. Lo típico de la representación es el nacimiento de los efectos del negocio jurídico celebrado por el representante directamente en la persona del representado porque se pueden gestionar asuntos ajenos sin representación.
Se distingue entre:   Representación legal: aquellos supuestos en que la ley atribuye a una persona la representación de quien no tiene capacidad suficiente para gobernarse por sí mismo o de quien se encuentra ausente.
Representación voluntaria: el representado designa un representante al que confiere poder de representación.
Se distingue la representación de la transmisión de la declaración de voluntad mediante un nuntius(es como una carta), no representa a nadie solo transmite la voluntad de otra persona, en vez de una carta, se envía un mensajero que diga lo que dice la carta.
También es diferente la representación de la emisión de la declaración de voluntad de las personas jurídicas mediante sus órganos.
También distinto de la representación es el contrato celebrado por persona a designar, por ejemplo, comprar algo para revenderlo pero aún no tiene un comprador determinado, en esta situación compra la cosa para sí y cuando lo encuentre vender la cosa, habría dos transmisiones, dos contratos de compraventa con el consiguiente gasto de dos transmisiones. Entonces, lo que puede hacer el que quiere comprar la cosa para revenderla, es comprar la cosa pero no para sí, sino para una persona que designara después y normalmente se establece un plazo de tiempo para designar a esa persona, aquí no hay verdadera representación, porque en el momento de comprar la cosa no se representa a nadie.
Requisitos de la representación voluntaria:   Que el representante este legitimado para representar, es decir, que tenga concedido poder de representación.
Obrar con contemplatio domini: es decir, revelando a la persona con quien celebrar el negocio jurídico que lo celebra, no en nombre propio, sino en nombre del representado, de tal forma que los efectos jurídicos no se producirán en la cabeza del representante, sino en la representación.
Podemos definir el poder de representación como: una legitimación que el representado confiere al representante en virtud de la cual los actos jurídicos que realice este en nombre del representado producen efectos directamente en la persona de este, como si los hubiere realizado el mismo.
El efecto propio no es facultad de comprar la casa, sino que el apoderado que compra en nombre del representado, los efectos del contrato se producirán entre el representado y el vendedor, pero para entenderlo así, se necesita una relación jurídica subyacente: se realiza un contrato de mandato en el que se obliga al representante a hacer una gestión por la cuenta del representado y por otro lado, con el poder de representación tendrá la cualidad de que al ir a adquirir el inmueble, ese contrato creara una obligación entre el vendedor y el representado.
EL NEGOCIO JURIDICO DE APODERAMIENTO Es el negocio jurídico unilateral por el que el poderdante concede poder de representación al apoderado, no necesita el consentimiento del apoderado, pues por el mero apoderamiento no surge ninguna obligación para él.
En principio, en cuanto a la capacidad para otorgar poder, se necesitan la capacidad para realizar el negocio jurídico para el que se apodera, así, un menor emancipado no podrá otorgar poder para la venta de un bien inmueble de su propiedad sin el complemento de capacidad correspondiente.
Sin embargo, Albadalejo opina que el menor emancipado si puede otorgar poder para vender un bien inmueble de su propiedad, pero lo único que pasa es que a la hora de la venta por el apoderado tendrían que concurrir las personas que deben completar la capacidad del menor emancipado.
En la doctrina, se plantea el problema de si un menor de edad puede otorgar un poder para realizar aquellos actos que los menores de edad pueden realizar por sí mismos.
En la práctica, si un menor de edad va a un notario y le dice que quiere realizar una escritura en poder, es un problema que no se plantea en la práctica.
LA EXTINCION DEL PODER DE REPRESENTACION La doctrina considera aplicable a la extinción del poder el artículo 1732 referido a las causas de extinción del mandato. Excepto en una causa que no afecta al poder, que es la renuncia del mandatario.
Según el 1732 son causas de extinción del poder:  La revocación del poderdante: es muy discutido en la doctrina si puede haber poderes irrevocables y la jurisprudencia del tribunal Supremo admite poderes irrevocables como en la sentencia de 22 de mayo de 1942 que considero    irrevocable el poder concedido por un comerciante a sus acreedores para venderles unos bienes y con el precio obtenido cobrarse sus créditos.
Incapacitación del apoderado.
La muerte, declaración de prodigalidad o concurso del poderdante o apoderado.
La incapacitación sobrevenida del poderdante a no ser que en el mismo poder se hubiera dispuesto su continuación o el poder se hubiera dado precisamente para el caso de incapacitación del poderdante.
LA SUBSISTENCIA DEL PODER Aun habiéndose producido la causa de extinción del poder este excepcionalmente subsiste en dos casos:   Con base en el artículo 1738 del código civil, cuando ni el apoderado ni los terceros, con los que el apoderado a contratado, conocen la causa de extinción.
Con base en el artículo 1734 del código civil, cuando el poder se ha dado para contratar con determinadas personas su revocación no puede perjudicar a estas si no se les ha hecho saber.
EL NEGOCIO REPRESENTATIVO Es el que celebra el apoderado en nombre y por cuenta del poderdante.
¿El apoderado puede ser un menor de edad con capacidad natural de entender y querer? Se lo plantea la doctrina, hay quien opina que no hay ningún inconveniente en que el apoderado sea un menor de edad con capacidad natural de entender y querer. Porque el negocio representativo que celebra el apoderado no produce ningún efecto jurídico para el y por tanto, no le puede perjudicar nada que celebre ese negocio, por lo tanto no habría inconveniente en que un menor de edad fuera apoderado y realizase el negocio representativo.
En la práctica, no se suele dar, aunque existe esta teoría de que si podría ser posible.
Además, esta teoría tendría un fundamento legal en el 1716, interpretado según los antecedentes legislativos, este artículo dice que el menor emancipado puede ser mandatario. En la regulación de los otros contratos no pone que el menor emancipado pueda realizar contratos, solo hay articulo general que dice que tienen capacidad para obligarse.
Interpretando este artículo en función del código civil francés, que es de donde se tomó, tendría que decir que el menor no emancipado podría ser mandatario, si se interpretase el fundamento legal para la doctrina de que el apoderado menor de edad, siempre que tenga capacidad de entender y querer.
EL NEGOCIO CELEBRADO EN NOMBRE AJENO SIN PODER DE Representación A este negocio se refiere el artículo 1259 del código civil, ninguno puede contratar a nombre de otro sin estar por este autorizado.
En contrato celebrado a nombre de otro, por quien no tenga su autorización, será nulo a no ser que lo ratifique la persona a cuyo nombre se otorgue antes de ser revocado por la otra parte contratante.
No puede ser nulidad de pleno derecho porque en la nulidad de pleno derecho no cabe ratificación ni confirmación del contrato. En cambio, en esta ineficacia si cabe ratificación. Por lo tanto, no puede ser nulo de pleno derecho.
No puede ser anulabilidad porque este contrato no produce efectos desde el principio y es un contrato sin defectos en sí mismo, sería un contrato que no produce efectos porque no hay autorización pero si se quiere se puede ratificar y producirá efectos.
Antes de que la otra parte lo revoque, es decir, que la otra parte si se entera que no hay autorización puede revocar su consentimiento.
La persona que contrata en nombre de otros sin su autorización se denomina falsus procurator.
EL AUTOCONTRATO O NEGOCIO DEL REPRESENTANTE CONSIGO MISMO Nos referimos a que sea una misma persona la que emita las dos declaraciones de voluntad contractuales, pero las emita en distinta calidad. Una la puede emitir en nombre propio y la otra en nombre ajeno como representante, o las dos como representante de dos personas diferentes.
El código civil no regula, de forma general, la figura del autocontrato pero se refiere a ciertos autocontratos para prohibirlos.
Así el articulo 1459, prohíbe al tutor comprar los bienes del pupilo y al mandatario adquirir los bienes de cuya enajenación estuviere encargado.
El obstáculo para aceptar el autocontrato es el peligro de la parcialidad y que el emisor de la voluntad se incline más a proteger los intereses de una parte, que de otra, pero cuando no se da este peligro no hay razón para negar el autocontrato.
Actualmente, tanto la doctrina como la jurisprudencia, lo admiten siempre que no hay estos peligros de parcialidad. No habrá este peligro de parcialidad cuando no hay conflicto de intereses, cuando un padre hace una donación a sus hijos, la podrá aceptar el cómo representación de sus hijos, ya que no hay conflicto de intereses.
Y también es admisible el autocontrato aunque haya conflicto de intereses, cuando haya una autorización expresa o implícita para autocontratar, o tampoco habrá inconveniente, cuando el interesado ha determinado el contenido esencial de la declaración de voluntad que ha de emitir el representante.
Celebrado un autocontrato prohibido, se discute si es nulo de pleno derecho, es anulable o es eficaz como el del representante sin poder que puede ser ratificado. La doctrina se inclina por esta última solución.
12, 18 solo clase, 23, 26, 32 últimos epígrafes --> NO EXAMEN Examen tres preguntas.
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