TEMA 7: LA MONARQUÍA (2016)

Apunte Español
Universidad Universidad Rey Juan Carlos (URJC)
Grado Relaciones Internacionales + Ciencia Política y Gestión Pública - 1º curso
Asignatura Derecho constitucional
Año del apunte 2016
Páginas 9
Fecha de subida 03/05/2016
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TEMA 7: LA MONARQUÍA I.
LA FORMA POLÍTICA DEL ESTADO Art. 1.3º CE: “La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria.” La forma política es un concepto que engloba a: Ø Formas de Estado: sistema de relaciones que se pueden producir entre los elementos constitutivos del Estado (territorio, pueblo y poder). Dentro de ellas, podría hablarse de: − Formas jurídicas del Estado: Afectan a la distribución territorial del poder político.
− Formas políticas del Estado: Relaciones entre los dos términos de la relación política, gobernantes y gobernados, es decir, a la noción de sistema y régimen políticos. Dentro de estas últimas hay que considerar el Estado democrático liberal y sus transformaciones, el Estado autoritario y el Estado marxista.
Ø Formas de gobierno: dentro de esta, hay que hacer una distinción entre: − Sistemas de gobierno: parlamentario, presidencial y de asamblea.
− Formas de gobierno stricto sensu: carácter electivo o no de la suprema magistratura del Estado, esto es, a la distinción entre Monarquía o República.
La Monarquía sería una forma de stricto sensu, y en su consideración de Monarquía parlamentaria sería un sistema de gobierno.
II.
LA MONARQUÍA PARLAMENTARIA El adjetivo “parlamentaria” supone la traslación del poder de decisión política del Monarca al Parlamento.
A.
LAS FORMAS HISTÓRICAS DE LA MONARQUÍA La Monarquía ha desempeñado un papel trascendental en el proceso de formación del Estado moderno.
Ahora bien, como toda institución, la Monarquía ha presentado diversas formas históricas que se pueden agrupar en las siguientes: 1. MONARQUÍA ABSOLUTA El Rey realiza todas las funciones públicas principales del Estado, estando las demás instituciones en una situación de dependencia y de jerarquía frente a él. El soberano se identifica, con el Estado, produciéndose una simbiosis entre ambas voluntades.
2. MONARQUÍA LIMITADA Tiene sus orígenes en el modelo británico. Supone que el Monarca se va desprendiendo de una serie de poderes y atribuciones, que van siendo asumidos por otros órganos. El Monarca continúa conservando una efectiva posición de preeminencia en la formación de la voluntad estatal.
3. MONARQUÍA CONSTITUCIONAL Está también dentro del proceso de limitación del poder real. Pero, en esta, no existe ninguna presunción genética de poder a favor del Monarca, sino que éste, al igual que los demás órganos, tiene los poderes que taxativamente le atribuye el ordenamiento jurídico.
4. MONARQUÍA PARLAMENTARIA Es el último estadio de la evolución histórica de las Monarquías (consecuencia del principio democrático). El Rey ya no conserva ningún poder de decisión, pues el centro de la dirección estatal pasa al Parlamento y, a través de éste, al Gobierno.
La existencia de una Monarquía parlamentaria implica: subordinación a la Constitución y que el Monarca no forme parte de ninguno de los poderes del Estado, careciendo de cualquier poder de decisión política, pues sus funciones deben ser consideradas siempre como actos debidos y nunca como actos discrecionales.
Thiers: “el Rey reina, pero no gobierna”.
B.
EL RPOCESO DE INSTAURACIÓN DE LA ACTAL MONARQUÍA ESPAÑOLA La actual Monarquía española no debe su existencia a la CE de 1978, pero sí su legitimidad democrática.
Las Leyes Fundamentales franquistas configuraron una Monarquía que parecía responder a los principios y esquemas de la Monarquía limitada. El Monarca personificaba la soberanía, tenía potestad legislativa y ostentaba el poder ejecutivo.
Posteriormente, durante la transición política, la posición de la Monarquía se ve reforzada por la Ley para la Reforma Política, que implicaba la atribución al Rey de poderes más amplios que en las Leyes Fundamentales, pareciendo concebir la existencia de una Monarquía presidencialista. Con ello, se posibilita que la Monarquía actuase como factor del cambio político, pero también pudo suponer, en su momento, un serio obstáculo en el proceso de democratización de la misma.
No obstante, aún no se podía decir que la Monarquía se encontrase legitimada, ya que: Por un lado, faltaba la legitimidad histórica, que no se produce hasta 1977, con la renuncia de D. Juan de Borbón a sus derechos dinásticos.
Y, por otro lado, faltaba la legitimidad democrática que únicamente se produce con la aprobación de la CE por el pueblo español.
III.
LA CONFIGURACIÓN DE LA CORONA La expresión “Corona” –encabezamiento del Título II– : es la denominación de un órgano constitucional, la Jefatura del Estado, que presenta especiales características en relación con los demás órganos constitucionales, lo que conlleva a la singularización de la misma dentro de nuestra estructura constitucional.
A.
EL REY Nuestra Constitución, en el art. 57º, establece una Monarquía hereditaria que, en líneas generales, no presenta novedades importantes.
v Particularidades de la monarquía hereditaria 1. El rey, en cuanto a personificación de la Corona, debe ser considerado como un órgano constitucional que expresa la unidad del Estado, aunque su régimen jurídico sea muy diferente del de los demás órganos.
2. Referencia expresa a la persona del actual Monarca debe ser entendida en dos sentidos, íntimamente ligados entre sí: − Su posición dimana de la CE.
− Su posición supone la legitimación democrática de su propia existencia, anterior a la norma constitucional.
3. Orden de sucesión al trono sigue las reglas clásicas del sistem a castellano.
En caso de fallecimiento o abdicación del Rey, la sucesión se produce de forma automática a favor del heredero.
Según nuestra CE, la Corona de España es hereditaria en los sucesores de D. Juan Carlos.
3 principios rigen la sucesión: 1º. Primogenitura: se prefiere línea directa (personas que descienden unas de otras), a la colateral (tronco común). También, el grado más próximo al más remoto.
2º. Masculinidad: en el mismo grado, se prefiere al hombre que a la mujer.
3º. De representación: en el mismo sexo, se prefiere a la persona de mayor edad.
Se ha planteado la necesidad de reformar la CE para suprimir el principio de masculinidad.
4. Intervención de las Cortes en el orden de sucesión se produce en dos momentos diferentes: i. Para resolver las abdicaciones, renuncias y cualquier duda de hecho o de derecho (art. 57.5º), que las Cortes Generales resolverán mediante ley orgánica.
ii. Para resolver la sucesión a la Corona cuando se hubieran extinguido todas las líneas llamadas en derecho (art. 57.3º).
5. Ce contiene reglas específicas sobre los posibles herederos a la corona.
Nuestra CE contiene reglas específicas sobre los posibles herederos a la Corona. Así, al heredero se constitucionaliza su dignidad de Príncipe de Asturias, regulándose e juramento del mismo (art. 61.2º) cuando alcance la mayoría de edad (18 años) ante las Cortes Generales.
Por otro lado, y esto afecta a todos los que tienen derecho al trono, el art. 57.4º establece su exclusión del mismo cuando contrajeran matrimonio contra expresa prohibición del Rey y de las Cortes Generales..
El matrimonio de los sucesores al trono no necesita autorización del Rey ni Cortes, sino que pueden contraerlo siempre que no haya expresa prohibición de ambos.
Art. 58º à situación de la Reina consorte o el consorte de la Reina, a quienes les impide asumir funciones constitucionales a excepción del supuesto de la Regencia. Tiene mayor relevancia la Reina consorte que el consorte de la Reina, que no tiene consideración de Rey.
B.
LA REGENCIA Es una continuación de nuestros precedentes históricos.
Según la CE, las situaciones que posibilitan la existencia de la Regencia son 2: − La menor edad (minoridad): La Regencia está desempeñada por “el padre o la madre del Rey y, en su defecto, el pariente mayor de edad próximo a suceder en la Corona, según el orden establecido en la CE –art. 59.1º–.
En este caso, la duración de la Regencia será hasta que el Rey cumpla los 18 años.
− La inhabilitación del Rey: Se requiere que sea reconocida por las Cortes Generales entrando a ejercer la Regencia el Príncipe heredero si fuere mayor de edad, y si no, las personas previstas en el apartado anterior hasta que éste alcance su mayoría de edad.
En este caso, la duración de la Regencia será hasta que las Cortes aprecien que ésta ha desaparecido, siempre que el Príncipe heredero no hubiera alcanzado la mayor edad, en cuyo caso la Regencia será desempeñada por este.
Si no hubiere ninguna persona a quien correspondiese la Regencia, sería nombrado por las Cortes, y se compondrá de 1, 3 ó 5 personas, que tendrán que ser españoles mayores de edad.
La Regencia actúa como auténtico jefe del Estado, con todas las atribuciones que la CE predica para el Monarca.
C.
EL TUTOR DEL REY En los supuestos de minoridad del Rey, además de la necesidad de la Regencia, el art. 60º contempla la figura del tutor para la protección de los derechos e intereses del Rey, cuyo cargo es incompatible con el de Regente (excepto si la desempeñan el padre, la madre o los descendientes directos del Rey), y con todo cargo o representación política.
v DIVERSAS CLASES DE TUTORÍAS QUE CONTEMPLA LA CE 1. TUTORÍA TESTAM ENTARIA El Rey difunto hubiese nombrado en su testamentos al tutor del Rey menor, que, como en todos los casos, habrá de ser mayor de edad y español de nacimiento.
2. TUTORÍA LEGÍTIM A En defecto de la testamentaria, corresponde al padre o madre del Rey, mientras permanezcan viudos.
3. TUTORÍA PARLAM ENTARIA Es nombrada por las Cortes Generales entre cualquier español de nacimiento mayor de edad, que no ocupe cargo o representación política alguna. Se aplican aquí las mismas consideraciones que en el caso de la Regencia nombrada por las Cortes.
IV.
LAS FUNCIONES DEL REY (arts. 62 y 63 CE) Art. 56.1º: “El Rey es el jefe del Estado, símbolo de unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica, y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes.” Se concibe al Monarca desde 3 puntos de vista: i. Com o sím bolo de la unidad y perm anencia del Estado.
ii. Com o árbitro y m oderador del funcionam iento regular de las instituciones.
iii. Com o el m ás alto representante del Estado en las relaciones internacionales.
La consideración como árbitro y moderador puede ser interpretado como la aceptación de la teoría del poder moderador, que suponía la asunción por parte del Rey de una serie de funciones residuales para el ejercicio de su posición constitucional. Es decir, se plantea la importante cuestión de si las funciones del Monarca son de 2 tipos: − Funciones atribuidas expresamente por la CE y las leyes à aparecen fundamentalmente enumeradas en el art. 62º CE.
− Funciones que no aparecen enumeradas , y que el Rey las ejerce debido a la posición constitucional que le otorga el art. 56.1º CE.
Puede decirse que todas las funciones del Rey son actos debidos; ya que más que funciones, son facultades expresamente atribuidas para el ejercicio de la posición constitucional reservada al Monarca.
Sin embargo, esto no excluye la facultad siempre reconocida a los Monarcas, por influencia del sistema británico, de coadyuvar a la mayor estabilidad gubernamental y al funcionamiento regular de las instituciones, cuando estas lo requieren.
A.
EL REY Y LAS CORTES Respecto a las relaciones del Monarca con las Cortes, tenemos las siguientes funciones: 1. SANCIÓN Y PROMULGACIÓN DE LAS LEYES Para evitar que el Monarca participe, mediante el ejercicio de la potestad legislativa, en la formación de la voluntad estatal, nuestra Constitución prohíbe las siguientes condiciones: − El Monarca no tiene la posibilidad de no sancionarlas, es decir, no tiene reconocimiento al veto real.
− Tampoco es un acto libre y discrecional.
Por tanto, la sanción y promulgación de leyes, se trata de un acto debido sometido a refrendo. El art. 91º CE señala que el Rey sancionará en el plazo de 15 días las leyes aprobadas por las Cortes Generales. Por lo que lo único que puede admitirse es la posibilidad de retrasarse la sanción durante esos días, pero tampoco es una facultad del Rey, sino del titular legitimado para prestar el refrendo -presidente de Gobierno-.
2. CONVOCATORIA DE LAS CORTES Es una función del Rey, también es un acto debido sometido a refrendo y sin ningún poder de discrecionalidad, únicamente afecta a la reunión de las mismas al comienzo de cada Legislatura, pero no a las reuniones ordinarias previstas en el art. 73º, en las que el presidente de cada Cámara las convoca de forma automática.
3. DISOLUCIÓN DE LAS CORTES Tampoco aquí cabe un poder discrecional del Rey. El supuesto normal de disolución se produce cuando se termina el plazo de la Legislatura o cuando entra en funcionamiento la disolución anticipada del art. 115º, que es exclusiva responsabilidad del presidente del Gobierno. El supuesto excepcional de disolución à art. 99º.
En ambos supuestos la función del Rey debe limitarse a firmar el correspondiente decreto de disolución.
4. CONVOCATORIA DE ELECCIONES Es una función absolutamente reglada que hay que poner en relación con la anterior, ya que el decreto de disolución habrá de fijar la fecha de las relaciones.
B.
EL REY Y EL PODER EJECUTIVO Respecto a las relaciones del Monarca con el Poder Ejecutivo, aparecen estas funciones: 1. Proponer el candidato a presidente de gobierno Es la función más importante atribuida al Rey y la que puede presentar un mayor margen de discrecionalidad. Ahora bien, dentro de esta, se engloban 3 posibles atribuciones: − Proponer candidato.
− Nombrar al candidato.
− Poner término a las funciones en los términos previstos en la CE.
En las 2 últimas no cabe ningún margen de discrecionalidad, siendo un acto debido del Rey. Naturalmente, todas ellas son sometida a refrendo.
La propuesta de nombramiento viene regulada en el art. 99 CE. La propuesta del Rey, jurídicamente sólo tiene 1 límite: la consulta con los representantes designados por los grupos con representación parlamentaria.
La discrecionalidad del Rey depende mucho de la relación de fuerzas políticas existentes en la Cámara: • Si hay un partido con m ayoría absoluta, la discrecionalidad prácticamente no exista, pues el Rey vendrá obligado, ya que así lo impone la mecánica del sistema parlamentario, a proponer como candidato a presidente de Gobierno al líder de dicho partido o a la persona que este le indique.
• Si no hay partido con m ayoría absoluta, el margen de discrecionalidad del Rey aumenta. Sin embargo, tampoco es absoluta, ya que el Monarca debe proponer al líder del partido con más escaños parlamentarios, a nos ser que una conjunción de las demás fuerzas políticas implicase mayor estabilidad gubernamental.
La propia naturaleza del sistema parlamentario impone que sean los partidos los que suministren al Monarca la solución más apropiada. La discrecionalidad del Rey se ve prácticamente anulada.
El candidato propuesto por el Rey, una vez obtenida la confianza del Congreso de los Diputados, se convierte en el presidente del Gobierno, cuyo nombramiento deberá efectuar el Rey como un acto debido; al igual que el acto de nombramiento en el supuesto de una moción de censura constructiva (el Rey nombrará presidente de Gobierno al candidato alternativo que figure en la moción).
El Rey debe firmar el decreto de cese de presidente del Gobierno en los casos en que este se haya producido.
2. Nombrar y separar a los miembros del gobierno, a propuesta de su presidente.
También es un acto formal, pues la selección y separación de los miembros del Gobierno compete al presidente del Gobierno.
3. Ser informado de los asuntos del estado y presidir, a estos efectos el Consejo de Ministros.
La presencia del Rey en el Consejo de Ministros es solamente para ser informado de los asuntos de Estado (sin participación alguna), cuando lo estime oportuno, a petición del presidente.
4. Expedir los decretos aprobados en el Consejo de Ministros.
Se trata de un acto debido, donde no cabe ningún margen de discrecionalidad. Ni siquiera cabe la posibilidad de que el Rey se negase a expedir los decretos por que su contenido fuese contrario a Derecho, pues el Rey no es órgano al que le corresponda controlar la adecuación de las leyes a la CE ni de las normas reglamentarias a la leyes.
5. Conferir los empleos civiles, militares, honores y distinciones.
La CE señala expresamente que esta función ha de ejercerse con arreglo a las leyes, cosa que hay que poner en relación con lo dispuesto en el art. 56.1º, teniendo en cuenta, además, que las leyes deben limitarse a reconocer esta función, regular el procedimiento, pero no atribuir al Rey márgenes de discrecionalidad que puedan suponer una desvirtuación de la Monarquía parlamentaria.
6. El mando supremo de las Fuerzas Armadas.
Art. 97: el gobierno dirige la Administración militar y la defensa del Estado. Esta función suele corresponder a los jefes de Estado.
Se trata de un acto debido sometido a refrendo ministerial; por lo que el Rey no dispone de discrecionalidad. Por lo que el Monarca ejerce el mando supremo de las Fuerzas Armadas de un modo honorífico y no de manera efectiva, que corresponde al Gobierno.
La noción de mando supremo no comprende un poder de gestión, que sí está en el mando político, del que es titular el Gobierno. Es decir, el Rey es la máxima autoridad militar, pero se encuentra desprovisto de mando efectivo.
7. El Rey y las relaciones internacionales.
La participación del Rey en las RRII, teniendo en cuenta que es el Gobierno el que dirige la política exterior, tiene diversas manifestaciones. El art. 56.1º confiere al Monarca la posición del más alto representante del Estado en las relaciones internacionales. En este sentido: • el Rey acredita a los embajador y a otros representantes diplomáticos.
• El Rey declara la guerra y la paz, previa autorización de las Cortes Generales.
• El Rey presta su consentimiento par que el Estado pueda obligarse internacionalmente por medio de tratados, en relación con lo cual habrá que estar a lo dispuesto en el art. 94.
Ahora bien, todas estas funciones son actos debidos, sin ningún margen de discrecionalidad.
C.
EL REY Y LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS Funciones absolutamente regladas del Monarca son: Participación proceso configurador de las CCAA mediante la sensación de los Estatutos de Autonomía y la convocatoria de referéndums autonómicos en su caso.
Nombrar al presidente de la Comunidad Autónoma, con el refrendo del presidente del Gobierno.
Cabe indicar que las leyes aprobadas por los Parlamentos autonómicos son promulgadas, en nombre del Rey, por los respectivos presidentes de las CCAA.
D.
OTRAS FUNCIONES La CE prevé otras 2 funciones difícilmente encasillables en los apartados anteriores: i. Alto Patronazgo de las Reales Academias. Debe ser considerado como una función en el ámbito cultural y de carácter meramente honorífico, debido al papel que desempeñó la Monarquía en el origen histórico de estas instituciones. También deben considerarse como funciones de este tipo todas aquellas en que se atribuye al Rey la presidencia de reuniones culturales o científicas.
ii. Corresponde al Rey convocar a referéndum consultivo, constitucional, como autonómico, que realmente es ejercido por la persona legitimada (presidente del Gobierno), a quien corresponde refrendar tales actos.
V.
LA RESPONSABILIDAD DEL REY Incluso en la mayoría de los regímenes republicanos, no existen responsabilidades políticas para los jefes de Estado.
En las Monarquías, esta falta de responsabilidad es absoluta, extendiéndose también a los ámbitos civil y penal, sobre la base de los 2 aforismos británicos de que el Rey “can do no wrong” y “can not act alone”. Esto exige como contrapartida el necesario refrendo para dar validez a sus actos.
Art. 56.3º CE: “La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Sus actos estarán siempre refrendados en la forma establecida en el art. 64, careciendo de validez sin dicho refrendo, salvo lo dispuesto en el art. 65.2.” El refrendo es una institución típica del sistema parlamentario mediante el cual se autentifica el acto de un tercero y se asume la responsabilidad que a este hubiera correspondido. Surge de los albores del sistema parlamentario como un límite a las facultades del Monarca.
A.
NATURALEZA DEL REFERENDO Normalmente se trata de una firma que el titular legitimado pone junto a la del Monarca, aunque caben otras formas de manifestación de refrendo.
Sobre la naturaleza del refrendo se ha pronunciado nuestra jurisprudencia constitucional, sentencias: 16/1984 y 5/1987 à cualquier forma distinta de refrendo de la establecida en el art. 64 o amparada en él debe ser considerada inconstitucional. Además, señala que el refrendo se caracteriza por las siguientes notas: • • • • B.
Los actos del Rey, excepto los previstos en el art. 65.2º, deben ser siempre refrendados.
La ausencia de refrendo implica la invalidez del acto.
El refrendo debe hacerse en la forma prevista en el art. 64.
La autoridad refrendante asume la responsabilidad del acto del Rey.
LOS SUJETOS LEGITIMADOS PARA REFRENDAR Normalmente se trata de los miembros del Gobierno. Nuestra CE establece diversos supuestos.
Ø El supuesto general concibe al presidente del Gobierno como titular legitimado par refrendar el acto del Rey; a no ser la CE o las leyes dispongan otra cosa.
Ø Como supuesto particular: ministros competentes, especialmente en su respectiva esfera de actuación.
Ø Como supuesto especial , nuestra CE contempla el refrendo del presidente del Congreso de los Diputados, que debe ser concebido más como un acto de autentificación que como un refrendo propiamente dicho, en 2 supuestos: − Propuesta del nombramiento del presidente del Gobierno.
− Supuesto de disolución prevista en el art. 99.
C.
LOS ACTOS EXENTOS DE REFRENDO Nuestra CE tan sólo se refiere a 1 acto exento de refrendo: nom bram iento y relevo de los m iem bros civiles y m ilitares de la Casa Real, que es un acto de total disponibilidad del Monarca, regulado por el Decreto 2.942/1975, de 25 de noviembre, por el que se crea la Casa de S.M. el Rey, y por varios Reales Decretos más.
Sobre la naturaleza del refrendo ya se ha pronunciado nuestra jurisprudencia constitucional, en la sentencia 112/1984: “es una organización estatal, pero que no se inserta en ninguna de las Administraciones Públicas”.
Art. 65.1º se refiere a la distribución del presupuesto que el Rey recibe ara el sostenimiento de su familia y Casa.
Hay que señalar como actos exentos del refrendo todos aquellos que el Rey realiza como un ciudadano particular.
D.
LOS EFECTOS DEL REFRENDO Normalmente, el efecto principal del refrendo consiste en una traslación de la responsabilidad por el acto del Rey al titular legitimado para prestarlo.
Art. 64.2º: “de los acto del Rey serán responsables las personas que los refrenden”.
Un acto sin refrendo es un acto nulo (o carente de validez).
En suma, el refrendo bien a significar una contrapartida al principio de irresponsabilidad del Monarca. Es decir, junto a la pérdida de la responsabilidad se pierde también la capacidad de decisión política.
Excepciones: La más significativa à propuesta del nombramiento del presidente del Gobierno, que es un acto del Rey y no de la persona que refrenda su actuación, en este caso del presidente del Congreso de los Diputados.
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