Dominio público marítimo - terrestre (0)

Apunte Español
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Derecho - 3º curso
Asignatura Bienes Públicos y Urbanismo
Año del apunte 0
Páginas 15
Fecha de subida 05/06/2014
Descargas 18
Subido por

Vista previa del texto

TEMA 4. EL DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO – TERRESTRE I.
CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA LEY DE COSTAS DE 1988 Y LA LEY 2/2013, DE 29 DE MAYO, DE PROTECCIÓN Y USO SOSTENIBLE DEL LITORAL En 1988 –novedosa respecto de la Ley de 1969- se promulga la nueva de Ley de Costas 22/1988, que se aprobó y entró en vigor al día siguiente de su publicación, es decir, no hubo vacatio legis. Fue recurrida por casi todas las CCAA ribereñas, por considerarse que se afectaba a la competencia de las mismas. Determinados aspectos de la Ley necesitaba que se produjera una regulación uniforme, un mínimo común denominador para todas las CCAA ribereñas, y que verdaderamente se garantizara, con la nueva regulación, el uso público de los bienes de dominio público marítimo-terrestre; y se pusiera fin a la posibilidad de que existieran enclaves privados en terrenos de dominio público.
Esta LC, que fue recurrida por casi la totalidad de las CCAA, se dictó la STC 149/1991, en que se declaró prácticamente la totalidad de la Ley acorde con la CE. Únicamente, en algunos aspectos, por ejemplo, autorizaciones en el ámbito de terrenos de propiedad privada, declaró que la competencia de las CCAA, y eran éstas quien debían otorgan la autorización.
Esta LC establece el concepto de dominio público marítimo – terrestre. Para proteger los bienes del dominio público marítimo, se debe hacer mención al espacio público, y por eso en este último establece toda una serie de limitaciones y servidumbres.
En aras a la protección del MA, tiene muchos preceptos relacionados con el tema MA. El panorama del litoral, y tiempo atrás, efectivamente la LC se promulgó con una finalidad de protección MA muy clara. No era extraño encontrarse playas con evacuaciones de aguas residuales.
En realidad, se presenta como una Ley del suelo alternativa para el espacio litoral. Esto es así porque establece toda una serie de limitaciones/servidumbres que, forzosamente, van a tener que recoger el planeamiento territorial urbanístico. Es una Ley del suelo alternativa en el espacio litoral, por lo tanto, va tener efectos en el ámbito urbanístico.
Es una Ley que va a tener efectos, en alguna medida, expropiatorios. Y, por consiguiente, va a tener que comportar las correspondientes indemnizaciones.
La LC irrumpió en un momento de degradación físico-jurídica del litoral, y con el objetivo de acabar con espacios privados litorales y costeros.
Lo que ha llevado a cabo la LC de 2013 es: - Una revisión de los deslindes que ya se habían realizado - Ha habido modificaciones en las definiciones legales de la rivera del mar (es decir, zona marítimo-terrestre, concepto de playas y al concepto de rivera del mar cuando estamos ante paseos marítimos) - Además, se contemplan una serie de núcleos que están excluidos (determinados núcleos de población están excluidos del DPM-T) - Se da la existencia de concesiones compensatorias (anteriormente era de 30 años y se han ampliado a 75) - Se han introducido modificaciones en la servidumbre de protección - Nuevo régimen para edificaciones preexistentes - En lo relativo al régimen de utilización de los bienes de DPM-T, cabe hacer referencia a las concesiones, transmisibilidad de las mismas, prórroga de éstas, entre otros (todo el régimen previsible) La LC de 1988 es una de las leyes posteriores a la CE que mayor impacto social ha tenido. En su momento, trataba de proteger el dominio público m-t y garantizar su uso público. En síntesis, se pude destacar: a) En su momento, actualizó el concepto de zona marítimo terrestre y playa (pues había otros conceptos), y de esta manera, consiguió que una amplia franja de terreno se incluyera en el dominio público.
b) Estableció toda una regulación de limitaciones/servidumbres sobre las propiedades colindantes, que tenía como objetivo garantizar, con esta regulación, la protección del dominio público m-t.
c) Una de las principales preocupaciones de la LC fue establecer un régimen transitorio que buscase conjugar el respeto a los derechos preexistentes con la aplicación de la regulación inmediatamente aprobada.
II.
DELIMITACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO-TERRESTRE. DESLINDE DEL DOMINIO MARÍTIMO TERRESTRE La Ley 2/2013, denominada de protección y uso sostenible del litoral, se advierte que no responde a este título la realidad que ha recogido en su articulado.
Esta ley modifica 38 artículos de la LC, dos Disposiciones Transitorias (1ª y 4ª) e incorpora 3 Disposiciones Adicionales (10,11, 12) añadiendo, además, toda una serie de preceptos que están fuera de la LC.
En el plano sustantivo, trata de proteger determinados grupos de intereses privados. Las reformas que ha introducido van más en la idea de reforzar los intereses de los propietarios o concesionarios, que más la protección del DPM-T. Por ejemplo, los concesionarios van a poder prorrogar sus condiciones y, hasta ahora, expiraban sus concesiones, dejaba de existir el derecho de uso y aprovechamiento sobre ese bien.
Además, propietarios colindantes con los BDPM-T –playas- van a tener, en virtud de los nuevos deslindes que se van a realizar, un derecho de reintegro de los bienes. Es decir, si como consecuencia de ese deslinde, el bien que queda, pueden solicitar sobre el mismo derecho de reintegro, ese bien no se va a poder desafectar.
Está permitiendo el que se revisen los deslindes que se han practicado y se adapten a las modificaciones que recoge la Ley.
Las novedades introducidas a la hora de definir los BDPM-T. El art. 132 CE establece como estos las playas, la zona marítimo-terrestre, la plataforma continental y el mar territorial. Estos son BDPM-T estatal, de carácter natural. Por sus características naturales se encuadran en este carácter. Además, es una determinación de la propia CE.
En el art. 3 LC del 88 se establece cuales son los BDPM-T por determinación legal, y establece que estos son la rivera del mar y de las rías (zona marítimo terrestre y playas), mar territorial y aguas inferiores, recursos materiales de la zona económica y la plataforma continental. Este art. 3 reproduce lo que establece el art. 132.2 CE. Estos conceptos son desarrollados por las Directivas.
La definición de zona marítimo terrestre + playa corresponde al derecho interno.
- La zona marítimo- terrestre. Es el espacio que comprende la línea máxima viva equinopcial y el límite hasta donde alcanzan las olas en los mayores temporales conocidos. O, cuando lo supere, el de la línea de máxima viva equinopcial. Antes la LC 88 se decía hasta donde alcancen los temporales ordinarios. La diferencia radica en que temporales ordinarios quiere decir temporales corrientes; pero la LC señala conocidos. ¡! La LC 2013 establece que esta zona, que será hasta donde alcancen las olas en los mayores temporales conocidos, de acuerdo con los criterios técnicos que se establezcan reglamentariamente. Es decir, en función de lo que diga el R – ahora hay un proyecto de R-, se podrá saber hasta dónde alcanzan dichos temporales.
Par determinar el deslinde de la Isla de Formentera se establece una regla especial.
Aquí se tendrán en cuenta donde alcancen los temporales ordinarios (lo que establecía la ley anterior a la LC del 88), que serán los que se han repetido al menos en 3 ocasiones en los 5 años inmediatamente anteriores en que se inició el deslinde. Esta matización es - Respecto al concepto de playas, ha habido una evolución. Todas las LC han ido afirmando que las playas son terrenos arios. La LC 88 incluye escarpes, bermas y dunas (tengan o no vegetación, formadas por la acción del mar o del viento, otras causas naturales o artificiales – es decir, una amplia definición de dunas-) a lo que ya establecía la LC del 69.
El R de Costas trató de delimitar la amplitud de dunas, y estableció que estarían incluidas en la delimitación de la playa, la dunas que estén en desarrollo (desplazándose) debida la acción del mar, y también las fijadas por la vegetación. Esto se estableció porque con la LC 88 había cadenas de dunas hacia el interior que hacían que la playa llegará demasiado atrás. La LC actual establece que, actualmente, las dunas se incluirán hasta el límite que resulte necesario para garantizar la estabilidad de la playa y la defensa de la cosa. Es decir, se van a incluir dentro del DPM-T todas las dunas que estén en movimiento; pero, en todo caso, las dunas que no sean necesarias para cumplir con estos fines, aunque estén en movimiento, no se van a incluir.
La Isla de Formentera también tiene su propio concepto de playa. No se podrán incluir las dunas si tienen una superficie casi plana, porque acogen el concepto que se utilizaba en el 69. Con esto consiguen que se reduzca el espacio del DPM-T.
En la DA 7ª y en Anexo se excluyen del DPM-T determinados núcleos de población. En el Anexo se recogen hasta 12 Municipios, por ejemplo: Santa Pola (Alicante), Platja d’Aro, Empuria Brava, Serra Grossa, entre otros. La efectividad de esta exclusión se condiciona a que se formalicen los correspondientes negocios de transmisión.
Aparece una nueva delimitación a la hora de determinar la rivera del mar en los paseos marítimos. En general, ordena la revisión con carácter general cuando se altere la configuración del DPM-T (art. 13 bis, precepto nuevo introducido a la LC). En particular, tendrá lugar la revisión cuando los deslindes hechos hasta el momento resulten afectados por la nueva Ley (DA 2ª). Para este caso particular, no hay plazo alguno para hacerlo; salvo el supuesto de la DA 4ª –caso de Formentera-, que el plazo será de 2 años.
Si como consecuencia del deslinde, se amplía la franja de DPM-T, los terrenos pasan a ser de dominio público, los titulares de los terrenos pasan a tener un derecho de uso y aprovechamiento sin las obligaciones de abonar un canon. La diferencia está en que antes el plazo era de 30 años (prorrogables 30 más), y ahora será de 75 años.
Si, por el contrario, como consecuencia del nuevo deslinde, se reduce la franja del DP, entra en juego el derecho de reintegro de las DA 5ª y 6ª (terrenos de las urbanizaciones M-T) de la Ley 2/2013.
La Ley del 88 eliminó el derecho de adquisición preferente, establecía que debían permanecer en el DP los terrenos deslindados como tales, aunque hubieran perdido sus características naturales; y mientras que no tuviese lugar o produjese su desafectación. La Ley 2/2013 mantiene esto pero omite una referencia que antes se hacía, que era que la incorporación al patrimonio del Estado no tendría lugar cuando los terrenos fuesen necesarios para el uso público. Esto era una cautela.
La ley de 2013 no especifica si los titulares del derecho de reintegro van a tener que abonar el importe de los terrenos adquiridos. De la lectura parece deducirse que no.
A estos terrenos que se excluyen del DP porque se ha practicado un nuevo deslinde, se deberá aplicar el régimen de la zona de servidumbre de protección.
Otra modificación importante es que, actualmente, es obligatorio inscribir en el Registro de la propiedad los bienes deslindados a favor del Estado. Se ordena que todos los BP sean susceptibles de inscripción.
La Ley de 2013, del mismo modo, busca reforzar la publicidad de los deslindes; pues obliga a que todas las líneas de deslinde se deben publicar en la sede electrónica del Ministerio. Por lo tanto, no exige que se publique en el BOE la orden de aprobación de deslinde.
III.
LIMITACIONES Y SERVIDUMBRES LC del 88, cuando se promulgó, lo hizo con el propósito de garantizar el uso público de los BDP.
Pero para conseguir tal objetivo, el legislador era consciente de que se debía intervenir en el litoral colindante con estos bienes, pues se había desarrollado un urbanismo nocivo que había provocado pantallas arquitectónicas en todo el litoral, que atentaba contra la idea de un urbanismo sostenible y la protección del MA.
Con este objetivo, se establece en el Título II LC todo un conjunto de limitaciones y servidumbres a lo largo de este espacio privado, y esta ordenación, a lo largo del litoral, es lo que da pie a entender la LC como una Ley del suelo alternativa, pero para el espacio litoral.
Todas las bandas serviles que se dan en el litoral se superponen unas a otras. Estas determinaciones deben asumirlas los planes territoriales urbanísticos, por lo tanto, lo que se dice en la LC lo debe recoger el planeamiento. Son determinaciones que debe obligatoriamente recoger.
Además, esta previsión de las limitaciones y servidumbres y lo que se regula para cada una de ellas, pueden las CCAA aumentar el nivel de protección, ser más exigentes incluso que lo que dice el propio legislador estatal. Esto permite, en cierto modo, que las CCAA, como competentes en materia de ordenación del litoral, estarían habilitadas para ella.
Estas limitaciones y servidumbres son las siguientes: - ZONA DE SERVIDUMBRE DE PROTECCIÓN Tiene una profundidad de 100 m, a partir de donde acaba el límite interior de la rivera del mar.
Pero, estos 100 m, se pueden ampliar 100 m más (es decir, podría llegar a tener 200 m). Esto será cuando la A estatal, autonómica y municipal esté de acuerdo.
Esto se hará de acuerdo con las peculiaridades del tramo de costa. Además, esta zona se va a poder reducir a 20 m, en unos casos concretos que contempla la DT 3ª y 4ª LC y que es:  Cuando el suelo esté clasificado como suelo urbano  Cuando el suelo esté clasificado como suelo urbanizable programado con plan parcial aprobado definitivamente De acuerdo con las reformas introducidas por la Ley 2/2013, se ha previsto la posibilidad de reducirse a 20 m, en las márgenes de los ríos hasta donde sean sensibles las mareas en atención a las características geomorfológicas, a sus ambientes de vegetación y a su distancia respecto de la desembocadura. Esta reducción las van a tener que acordar AGE, CCAA y Ayuntamiento correspondiente.
Tiene lugar en las márgenes de los ríos, pues se pretende flexibilizar la aplicación de la servidumbre en zonas fluviales lejos del frente marítimo. La ampliación provocaba series problemas para la a ordenación urbanística de los pueblos situados en valles estrechos.
Además, en la DT 1ª de la Ley 2/2013, también se contempla la reducción de la anchura de la servidumbre para determinados núcleos de población; modificando la entonces DT 3ª de la LC.
En la franja de los 6 m que corresponden a la S DE TRÁNSITO –se superponen, coinciden con los primeros metros de la S de protección-, en este espacio inicial, que coincide con la protección, están permitidas las siguientes actividades o actuaciones:  Paseos marítimos, que se tienen que localizar fuera de la rivera del mar, y son preferentemente peatonales. Sobre estos la Ley 2/2013 ha introducido una serie de cambios, y dice que la línea exterior de los paseos marítimos construidos por la AGE o cualquier otra AP autorizado por la AGE, durante el período entre la entrada en vigor de la LC, y la entrada en vigor de la Ley 2/2013, esta línea exterior de los paseos marítimos se va a entender como línea interior de la rivera del mar.
La AGE podrá desafectar terrenos situados en el interior de los paseos marítimos de conformidad con lo dispuesto en el art. 18 LC. Por lo tanto, estos terrenos que se desafectan pasarían a ser Bienes patrimoniales, es decir, se incorporarían al patrimonio del Estado.
No se van a considerar paseos marítimos las instalaciones que no hayan supuesto una alteración del terreno. Por ejemplo, pasarelas o caminos de madera apoyados sobre pilotes o sobre el terreno.
 Todo lo que no obstaculice ni impida la posibilidad de dejar esa zona permanentemente libre para el paso público peatonal y para los vehículos de vigilancia o salvamento.
 Los cultivos que no impidan el ejercicio de la S de tránsito  Construcciones que estén emplazadas en la franja de S de tránsito, por lo tanto, edificaciones construidas en este espacio, y también obras e instalaciones que se han legalizado. La Ley 2/2013 introduce unas previsiones en orden a determinar qué se puede o no hacer en estas edificaciones En los 100 m de la S de protección, el legislador distingue lo siguiente:  Los 20 m primeros se va a poder:  Temporalmente, depositar materiales arrojados por el mar  Operaciones de salvamento marítimo ¡! Si se producen daños como consecuencia de la ocupación, se va a tener que indemnizar En este espacio de 20 primeros m no caben las instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Solo se podrán autorizar cerramientos opacos hasta la altura de 1 m, lo demás deberá ser transparente.
 En todos los 100 m, y si se amplía, en los 200 m, no es posible –usos prohibidos-:  Edificaciones destinadas a residencia o habitación (se permiten campamentos que hayan sido autorizados)  La construcción de vías de transporte interurbanas (carreteras)  Las actividades que supongan la destrucción de yacimientos de áridos. Con carácter ordinario, solo se permitirán en esta zona, establecimientos de cultivo marino, por ejemplo, o instalaciones deportivas descubiertas  El tendido aéreo de líneas eléctricas de alta tensión  Vertido de residuos sólidos, escombros y aguas residuales  Publicidad a través de carteles o vallas o por medios acústicos o acústicos o audiovisuales Por el contrario, en este espacio estará permitido:  Todas las obras, instalaciones o actividades que por su naturaleza no puedan tener otra ubicación  Aquellas que presten servicios convenientes para el DPM-T Hasta ahora se decía que, para estos usos permitidos se debía contar con la autorización de la CCAA correspondiente. Esto, actualmente, ha desaparecido. Ahora basta una declaración responsable. Es decir, se ha sustituido la autorización autonómica por una declaración responsable de que las obras cumplen con las exigencias legales.
Cuando se trate de la ejecución de desmontes y terraplenes, o cuando se lleve a cabo tala de árboles, sí se precisará la autorización correspondiente.
¡! De forma excepcional, y por razones de utilidad pública, el Consejo de Ministros podrá autorizar el viario de cualquier tipo, el tendido aéreo de líneas aéreas de alta tensión, las edificaciones destinadas a residencia o habitación, instalaciones industriales que sean de excepcional importancia y por razones económicas justificadas se deban ubicar en el litoral.
- SERVIDUMBRE DE TRÁNSITO ¡! Todo lo relativo a los 6 m. Además, en los lugares de tránsito difícil o peligroso, dicha S de tránsito se podrá ampliar hasta un máximo de 20 m. Hay que dejar permanentemente libre la zona de S de tránsito, pero esta obligación desaparece cuando estamos ante espacios especialmente protegidos.
- SERVIDUMBRE DE ACCESO AL MAR Dicha S es lo que anteriormente se conocía con el nombre de servidumbre de paso. Su longitud y anchura se va a determinar en función del tipo de acceso. Además, afecta tanto a propiedades contiguas a la rivera del mar y colindantes, junto con las que están más atrás. Se va a aplicar cualquiera que sea la clasificación del suelo (es necesario, siempre, que se pueda acceder a las playas). Lo que en todo caso se establece es que, en las zonas urbanas y urbanizables, los accesos de tráfico rodado deben estar separados entre sí, como máximo, 500 m; y los peatonales, 200 m. Esta previsión la deberán coger los planes urbanísticos. Se delimita el contenido del derecho de propiedad de los propietarios que lindan.
Estos accesos los determina la Ley y asume el plan urbanístico; pero cabe que, cuando no existan accesos suficientes, se puedan establecer otros accesos. Estos se podrán establecer expropiando terrenos.
- SERVIDUMBRE DE ÁRIDOS / OTRAS LIMITACIONES DE LA PROPIEDAD En realidad, el objetivo es hacer frente a una grave situación que se producía entonces y continúa, que es la disminución de aporte de áridos (arenas) a la costa. Es el Organismo de cuenca, por lo tanto A hidráulica, previamente a la resolución de un expediente de extracción de áridos en un cauce público, que solicitará informe al Servicio Periférico de Costas. Solicitará tal informe para proceder a la extracción hasta la distancia que, en cada caso, se determine.
- ZONA DE INFLUENCIA El ancho de esta zona lo van a tener que determinar los instrumentos de ordenación territorial urbanística, pero, el mínimo legal que siempre se tiene que respetar es 500 m, a contar desde el límite interior de la rivera del mar. Todos los terrenos que estén incluidos en esta zona de los 500 m, o más, están sujetos a las siguientes limitaciones:  En tramos que tengan playa, y tengan acceso del tráfico rodado, se va a tener que hacer reservas de suelo para aparcamientos y en cuantía suficiente para garantizar que no se estaciona en la S de tránsito, por lo tanto, detrás de los 6 m  Las construcciones que existan deberán adaptarse a lo que establezca la legislación urbanística. No cabe edificar pantallas arquitectónicas.
IV.
RÉGIMEN DE UTILIZACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO - TERRESTRE La Ley 2/2013 supuso una novedad en lo relativo a la utilización de los BDPM-T, pues trataba de garantizar el uso público, general y gratuito de estos bienes. Quería decir que el destino de estos bienes era el uso público, y la restricción en la capacidad de utilización se produce porque no hay otra alternativa. La ley actual mantiene este criterio, pero introduce una serie de cambios: a) Distinción entre playas naturales y playas urbanas, con el objetivo de ampliar los usos admisibles en las playas urbanas b) Eleva el plazo de las autorizaciones a 4 años, siguiendo la pauta que marco la Ley de Patrimonio de las AP. Dicha ampliación de plazo puede aplicarse también para los servicios de temporada, porque es algo que la Ley actualmente contempla y antes no.
c) Las autorizaciones van a poder ser revocadas, si se motiva, sin derecho a indemnización. Mientras que las concesiones, aunque puedan ser rescatadas –porque se entiende que están atribuyendo un derecho firme-, deben de ser indemnizados los titulares.
d) Permite la transmisión inter vivos de las concesiones (hasta ahora no era posible, únicamente era mortis causa). Supedita a que la AP reconozca el cumplimiento, por parte del adquirente, de las condiciones establecidas en la concesión. Esta conformidad de la AP es un requisito de validez de la transmisión.
La posibilidad de transmisión es aplicable a las concesiones compensatorias que se hayan otorgado en concepto de justi precio; que se hayan otorgado a los propietarios de los terrenos que, tras la entrada en vigor de la Ley, estos propietarios dejan de ser propietarios y pasan a tener un derecho de ocupación de estos espacios (es decir, pierden su derecho de propiedad). Esa concesión es compensatoria, y susceptible de transmisión.
¡! Lo más novedoso es como se ha ampliado el plazo de las concesiones. La anterior LC (88) establecía como máximo 30 años. Más allá de 30 años, en principio, no se podía prorrogar. La reforma de 2013, modifica sustancialmente la regulación pues establece que el plazo máximo no va a poder exceder de 75 años. Este límite se aplica a las concesiones que se otorgan tras la entrada en vigor de la Ley 2/2013 (31 de mayo de 2013).
Las anteriores concesiones a la entrada en vigor, van a poder prorrogarse por 75 años más, porque el plazo de la prorroga se computará desde la fecha de la solicitud, con independencia del plazo que reste para la extinción de la concesión que se prorroga.
En cambio, este límite de 75 años, no se aplica para el caso de concesiones en la zona de servicio de los puertos de interés general (que se regirán por su legislación específica). El plazo de las concesiones se modula en los tramos de costa declarados en regresión. En virtud de esta declaración de regresión, no se va a poder otorgar ningún nuevo título de ocupación; salvo en las zonas en las que no exista riesgo cierto de inundación en los próximos 5 años.
Este régimen general de utilización puede ser desplazado por otro de mayor protección, que se haya aprobado para determinados espacios.
V.
EL DERECHO TRANSITORIO DE LA LEY DE COSTAS: LA REFORMA DE 2013.
En primer término, lo previsto en la DT 1ª de la Ley 2/2013, introduce modificaciones que se refiere a la aplicación de la DT 3ª.3 de la LC del 88. Aquí se está contemplando la reducción de la S de protección, a 20 m, para el caso de núcleos o áreas que, a la fecha de entrada en vigor de la LC (29 de julio del 88), se acreditase que ese suelo era urbano, aunque no quedase reflejado en el planeamiento. Este precepto establece que, en estas circunstancias, la S de protección se reducirá a 20 m. ahora bien, los terrenos/suelos deben cumplir alguno de los requisitos que contempla la DT para considerarse urbanos: a) Que estuviesen urbanizados (acceso rodado, suministro de agua, evacuación de aguas residuales, suministro de energía eléctrica) y edificados en, al menos, 1/3 de su superficie b) Que estuviesen comprendidos en áreas consolidadas por la edificación, en una determinada proporción, distinguiéndose si tienen o no plan urbanístico Hay un límite temporal, y es que hay 2 años para delimitar cuáles son los núcleos en los que se va a reducir la anchura de la S de protección.
La misma DT añade que, en estos núcleos o áreas, no podrán autorizarse nuevas construcciones de las prohibidas en el art. 25 LC – edificaciones destinadas a uso habitación, tendido aéreo de líneas de alta tensión, entre otros-.
También se ha modificado la DT 4ª de la LC del 88, que se refiere a cual es el régimen aplicable a las obras e instalaciones construidas legalmente antes de la entrada en vigor de la LC del 88, i legalizadas después.
Si están en dominio público, se prevé su demolición cuando se extinga la concesión. La anterior redacción no decía nada sobre las obras admitidas. Ahora bien, se entendía que el titular de la concesión podía realizar obras de mantenimiento y reparación. La nueva redacción, la Ley 2/2013 establece que, mientras la concesión esté vigente, les permite, a los titulares, realizar obras de mejora, de reparación, de consolidación y de modernización; siempre que estas obras no impliquen aumento de volumen ni de altura ni de superficie.
Por lo tanto, está contemplando, para edificaciones ocupando DPM-T, el mismo régimen que a las construcciones que existan en la zona de S de protección.
Actualmente, el plazo máximo de las concesiones son 75 años. Esto no impide que, precisamente, cuando se extinga la concesión, la AP opte por mantener estas instalaciones y decida su gestión mediante otra fórmula contractual.
En segundo término, en la zona de tránsito, que contempla el art. 40 LC, la anterior normativa decía que estás edificaciones que estaban en zona de tránsito estaban fuera de ordenación y entonces, solo les permitía las pequeñas reparaciones exigidas por la higiene, el ornato y la conservación. Siempre que se garantizase la localización alternativa de la S.
La reforma de 2013, en este punto, para la zona de tránsito, es mucho más permisiva. Pues establece que podrán realizarse obras de conservación, reparación, consolidación, mejora, mantenimiento, modernización, entre otras; siempre que no impliquen aumento de volumen, altura o superficie de las construcciones existentes y sin que su incremento de valor pueda tenerse en cuenta a efectos expropiatorios.
Además, se añade, en este caso, que para autorizarse estas obras –que lo hará la autoridad competente en materia urbanística- necesita contar, con carácter previo, con el informe favorable de la AGE, en el que conste que se garantiza la S de tránsito. La AGE tiene 2 meses para emitirlo y, en caso contrato, se entiende que es favorable.
En tercer término, en cuanto a la zona de S de protección, se aplica lo mismo que para la zona de tránsito (podrán realizarse obras de conservación, reparación, consolidación, mejora, mantenimiento, modernización, entre otras, siempre que no impliquen aumento de volumen, altura o superficie de las construcciones existentes y sin que su incremento de valor pueda tenerse en cuenta a efectos expropiatorios). PERO, no se va a exigir el informe de la AGE.
¡! En todas las obras que se hagan en cualquier de estas zonas, actualmente, se exige el cumplimiento de los criterios de mejora de eficiencia energética y ahorro de agua. Por lo tanto, quienes vayan a hacer estas obras, deberán presentar una declaración responsable que acredite que cumplen con dichos requisitos legales. Dicha declaración la presentarán ante la AGE (si es el caso de obras sujetas a concesión, porque está ocupándose el dominio público) o bien a la AP autonómica (si se trata de obras en la zona de S). En todo caso, dicha declaración responsable será previa a la obtención de la licencia municipal correspondiente.
VI.
SUSPENSIÓN DE ACTOS Y ACUERDOS LOCALES (CLÁUSULA ANTIALGARROBICO) La Ley 2/2013 introduce la cláusula antialgarrobico. Consiste en la atribución al Delegado del Gobierno de la facultad de suspender los actos y acuerdos de las entidades locales que afecten a la integridad del DPM-T o de la S de protección, o que supongan una infracción manifiesta de lo dispuesto en el art. 25 LC (edificaciones o usos prohibidos).
VII.
BIENES COMUNALES Los bienes comunales están afectados al uso común de los vecinos. Se incluyen a estos bienes algunos relacionados con la agricultura, explotación forestal, entre otros. Su naturaleza jurídica ha sido discutida por la doctrina.
El art. 132 de la CE se refiere a estos bienes y les sujeta a los principios de “las tres I”, pero no los ha incluido en el DP.
Sin embargo, el R de bienes de las corporaciones locales considera que sí son BDP. En definitiva, ni este R ni la LBRL se refiere a la afectación para incluirlos en esta categoría. En cambio, sí se regula la desafectación cuando dice que si los bienes comunales no se hubieran disfrutado por los vecinos durante 10 años (aunque hubiera acto aislado de aprovechamiento) el bien podrá ser desafectado. Cuando es desafectado, dicho bien pasará a tener naturaleza patrimonial.
El uso de estos bienes es un uso que corresponde a los vecinos, normalmente son usos colectivos, y en ocasiones, se permiten usos por lotes. Para ese uso será imprescindible contar la condición de vecino, y la explotación puede hacerse mediante concesiones periódicas y, en ocasiones, se va a poder exigir que el vecino, según marce la Ordenanza o costumbre local, cumpla con ciertas condiciones de arraigo en esa localidad.
En principio, el aprovechamiento de bienes comunales es gratuito, pero si se fija por lotes, entonces puede exigirse el pago de un canon.
...