La actividad de prestación o de servicio público (0)

Apunte Español
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Derecho - 3º curso
Asignatura Contratación y Actividad de la Administración
Año del apunte 0
Páginas 12
Fecha de subida 05/06/2014
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TEMA 8. LA ACTIVIDAD DE PRESTACIÓN O DE SERVICIO PÚBLICO Otra de las formas de actividad administrativa es la prestación de servicios públicos. Se ha producido una crisis de la noción de servicio público, que se ha ido produciendo en distintas etapas, y ha acabado desembocando en el Derecho comunitario y ha dado lugar a que se utilicen otros conceptos distintos.
Concepto de servicio público  es una actividad por la que a través de una organización específica, la AP, de forma regular y continua, realiza una determinada prestación a los ciudadanos satisfaciendo así una necesidad general y esencial para el funcionamiento de toda la sociedad.
Este concepto aparece en el Derecho Francés, a propósito del caso Agnés Blanco (1863): niña arrollada por vagoneta de empresa manufacturada de tabacos francesa. Sufrió una serie de daños y lesiones que le afectan al caminar. Su padre recurre y, en vez de acudir a exigir responsabilidad al particular, a la empresa como tal, busca ese vinculo con el Estado y consigue que se le reconozca la responsabilidad patrimonial de la AP y perciba un dinero como compensación a los daños que sufre su hija”.
La doctrina hace que se sitúe a la institución del servicio público como una institución clave. Tan importante que se entiende, por ejemplo, que el Estado es un organismo social que está constituido por un conjunto de servicios públicos. El servicio es toda actividad cuyo cumplimiento debe ser asegurado, regulado y controlado por el poder público. La escuela francesa del servicio público de noción más amplia la inicia Duguit, Bonnard y Jeze. En la concepción más restringida aparece Hauridu.
En el Derecho español aparece la noción de servicio público, por primera vez, en el ámbito local, en el 1924 a través del Estatuto Municipal. Hoy en día, también es la legislación local la que se refiere a toda una serie de actividades, la mayoría de competencia municipal, que el Municipio debe de prestar y califica como servicios públicos.
El servicio público, en sí mismo, ha sufrido la crisis del servicio público. El pase de una concepción amplia a una restringida ya es un primer momento de crisis. Pero también ha habido otros momentos:  Cuando se intentó incluir dentro del concepto de servicio público la actividad empresarial desarrollada por las AP. Dentro del concepto de servicio público se incluía, no solo prestaciones directas a los ciudadanos, sino también actuaciones que tienen que ver con la entrega de bienes al mercado y que desarrollan las AP  Cuando se des-publicitan servicios públicos hasta entonces considerados típicos y clásicos servicios públicos, y empiezan a perder el carácter de servicio público. Al hilo de la despublicitación, no es que se privaticen los servicios públicos, sino que las actividades se integran en una nueva categoría en las que se van a imponer obligaciones de servicio público a las que se someten los empresarios que actúan en esos sectores. Aparecen conceptos como servicios económicos de interés general o servicios de interés general.
 Aparecen nuevos conceptos y nuevas categorías de actividades que se manejan en el ámbito de Derecho comunitario y pasan a nuestros OJ Aun con estas crisis, no se debe de prescindir del concepto de Servicio público como una modalidad de actividad administrativa, pues es la actividad prestacional por excelencia. Cabe hablar de que, actualmente, se puede mantener la vigencia histórica del servicio público.
BASES CONSTITUCIONALES DE LA DECLARACIÓN DE UNA ACTIVIDAD COMO SERVICIO PÚBLICO En primer lugar, debe existir lo que se conoce con el nombre de publicatio, que quiere decir declaración formal de que una actividad se considera servicio público y, por lo tanto, la vamos a excluir del mercado y de lo que conlleva el mercado, que es el principio de libre empresa.
La CE, en el art. 128.2 contempla la iniciativa pública en la actividad económica y la posibilidad de que los poderes públicos puedan crear empresas que van a competir en el mercado con la iniciativa privada. Añadiéndose, en este precepto, que mediante Ley, el sector público se podrás reservar recursos o servicios esenciales, especialmente en el caso de monopolio.
Cabe pues que, a través de una Ley y solo por ésta, determinadas actividades del mercado se consideren servicios esenciales y se establezca una reserva de Ley formal para ellas.
Las actividades que van a poder considerarse servicio público en nuestro Derecho son las siguientes:  Servicios públicos de transporte  transporte regular de viajero por carretera, por ejemplo.
En cambio están excluidos el transporte por ferrocarril, se excluye del campo de servicio público el transporte de viajeros por ferrocarril (Ley 39/2003, del Sector Ferroviario). También están incluidos el transporte aéreo regular de viajeros extracomunitario.
 Servicios públicos educativos, e incluso asistenciales  la educación (la LOGSE y actualmente la Ley Wert la declaran servicio público, la LO de Universidades también lo contempla); y como asistenciales, el Servicio público sanitario o la asistencia social  Servicios públicos de comunicaciones  telégrafo, servicios de telecomunicaciones para la defensa nacional.
 El servicio postal era servicio público pero actualmente NO lo es. Igual que el teléfono. Las telecomunicaciones, en general, se califican en las Directivas como servicios de interés general.
 Servicios de telecomunicaciones  radio y televisión del Estado  En el ámbito local aparecen una serie de actividades catalogadas como Servicios públicos. Se declaran como servicios esenciales:  Abastecimiento de agua  Depuración de las aguas  Tratamiento de residuos  Mercados  * Ya no están dentro de estos servicios esenciales y de reserva a favor de las entidades locales, por ejemplo, los Servicios mortuorios, el suministro de gas.
Hay unos mínimos en la prestación del servicio que siempre y en todo caso se deberán dar. Los prestadores deberán respetar las obligaciones de servicio público, y se cumplan, pues, una serie de principios para que se cumpla la continuidad y regularidad, por ejemplo, en la prestación del servicio.
TIPOLOGÍAS DE SERVICIOS PÚBLICOS Dentro del ámbito de los servicios públicos, nos encontramos con varias distinciones.
 SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS Por un lado, los servicios de carácter obligatorio. La decisión de crear un servicio público, o incluso de suprimirlo o ampliarlo (cambiar las condiciones en que se prestaba), no es una decisión totalmente discrecional. Es decir, la CE señala un marco general y hay distintos preceptos que señalan la exigencia de la existencia de determinados servicios públicos (por ejemplo, la enseñanza – art. 27.4, derecho a la educación-. Se afecta de forma clara a la enseñanza básica que se presenta como obligatoria y, además, gratuita.
Lo mismo ocurre con la obligación de los poderes públicos de mantener un régimen público de la seguridad social –art. 41 CE-.
Junto a estos, ya relacionado con los principios rectores de la política social económica, aparece el carácter obligatorio en el ámbito, por ejemplo, del deporte, o en el acceso a la cultura. Por lo tanto, no solo se hace referencia a actuaciones de los poderes públicos que promocionen deporte/cultura, sino que se presentan a ambos como verdaderos servicios públicos.
En todos los casos el legislador va a determinar en qué medida va a prestar el servicio, es decir, cuál será la extensión de éste. Por lo tanto, no podrá suprimirlos (en el caso de educación, seguridad social, deporte, cultura, entre otros), ni tampoco configurarlos de tal manera que sea un servicio con notas irreconciliables con lo que prevé la CE. Es decir, los servicios obligatorios tienen una serie de notas predeterminadas por la propia CE.
El art. 26 LBRL impone a los Municipios la obligación de prestar una serie de servicios mínimos obligatorios. Para ello, podrán contar con la asistencia de CCAA o Diputaciones Provinciales.
Algunos son la recogida de basuras, la limpieza diaria, por ejemplo. Son servicios que se configuran como mínimos y obligatorios. Además, los propios vecinos pueden exigir la prestación del servicio cuando se trate de una competencia municipal de carácter obligatorio. De no prestarse, se podrá prestar la correspondiente reclamación si en los Presupuestos no se ha hecho la reserva necesaria para poder prestar el servicio.
¡! En el cumplimiento de la obligación legal no se admitirá un cumplimiento parcial. Pues de producirse en estos términos, no se cumple la finalidad del servicio público.
Junto a los de carácter obligatorio, aparecen los de carácter no obligatorio. El régimen de estos no está sujeto a reserva de ley, por lo tanto, cada una de las AP, en el marco de sus competencias, tendrán la facultad de promover y crear servicios públicos que van a contribuir a satisfacer las necesidades de los ciudadanos. Efectivamente, por lo que se refiere al ámbito local, esto aparecería recogido en el art. 25 LBRL.
 SERVICIOS EN RÉGIMEN DE LIBRE CONCURRENCIA Y SERVICIOS RESERVADOS La mayoría son en régimen de libre concurrencia con la iniciativa privada. Habilitado por el art. 38 CE + TFUE y se establece que, en la prestación de los servicios públicos, van a concurrir de una parte, entidades y empresas privadas y, de otra parte, empresas públicas.
Estos servicios que se prestan en el libre mercado coinciden con el concepto de servicios económicos de interés general. Por el impacto del Derecho comunitario –derecho originario, TFUEse impone que no es posible que se otorgue a los Estados un trato de favor que perjudique o distorsione la competencia. Es decir, el Estado no puede llevar a cabo una regulación en éste ámbito o materia que lleve a beneficiar, por ejemplo, a las empresas públicas frente a las privadas en la prestación del servicio público concreto, pues esto atentaría a la libre competencia.
Junto a este ámbito de actividades y servicios que se prestan en régimen de libre concurrencia, aparece la posibilidad de que la ley reserva al sector público servicios esenciales, sobre todo en el caso de ámbitos en los que se produce monopolio natural. Esto tendría como habilitación legal el art. 128.2 CE, pues le permite al legislador la creación de servicios públicos reservados a la titularidad de las AP. Es decir, son actividades que no se pueden desarrollar libremente por la iniciativa privada. Esto afecta en parte a la economía de mercado, y por ello se establecen una serie de límites: - Si se reserva un sector, debe haber una intervención del legislador, es decir, una reserva de ley - Debe tratarse de servicios esenciales, es decir, servicios que, de alguna manera, son básicos y vitales para la sociedad Los cambios tecnológicos han hecho que desparezca el carácter monopolísticos de algunas de las actividades que se prestan en red (la red es un elemento clave y fundamental en el desarrollo de ese servicio público. La UE liberaliza estos servicios y, aquí, no hay reserva a favor del sector público.
Todo esto ha hecho que resurja el concepto de servicio económico de interés general, en el cual aparecen obligaciones de servicio público o universal que son la prestación obligatoria que debe producirse en todo caso pero, las obligaciones de servicio público son el impacto que ha dejado la noción del viejo servicio público –el cual prestaban las AP y no se pensaba en la iniciativa privada, el Estado atendía las necesidades de los ciudadanos en general-.
RÉGIMEN JURÍDICO En lo relativo a SUJETOS, hay distintos. En primer lugar, la AP titular del servicio público. A la AP le corresponde la responsabilidad de la prestación del servicio. Por lo tanto, a la AP le corresponderán toda una serie de potestades que van a tener que ver con, por ejemplo, la policía del servicio, la potestad tarifaria, es decir, cómo se va a gestionar el servicio.
En segundo lugar, el gestor del servicio público, que puede ser la propia AP titular del mismo, o puede ser que no- que se trate de un ente instrumental creado por la AP titular, por ejemplo, un organismo autónomo (en caso de gestión directa), o bien que sea un servicio público susceptible de gestión indirecta, por lo tanto de gestión contractual, y se va a adjudicar la prestación del servicio-.
La gestión indirecta es la contractual, y aparece las regulaciones que recogen el art. 8 y 277 TRLCSP –contrato de gestión de servicios públicos- (la UE habla de servicio económico de interés general, no se gestión de servicio público), y en el art. 85 LBRL – se recogen las formas de gestión del servicio público en el ámbito local, en que se ha introducido una matización a la hora de ver si es gestión directa o indirecta, y cuando es directa se considera que las sociedades mercantiles sean de capital público íntegramente, no mayoritariamente. Pues, si es directa, no debe haber ningún privado.
En tercer lugar, el usuario, que será la persona que utiliza el servicios.
En lo relativo OBJETO, éste será la prestación de base empresarial en la que cada servicio público consiste. La prestación debe suponer una utilidad singular para cada uno de los usuarios del servicio, pues es un servicio público strictu sensu, no es un servicio general.
En lo relativo a POTESTADES, tendrá distintas. En primer lugar, la potestad reglamentaria para regular la gestión y uso del servicio. Por otro lado, la potestad de policía del servicio. En tercer lugar, una potestad de inspección, para saber en qué términos se establece el servicio. En cuarto lugar, una potestad tarifaria, pues se establecerá el precio a pagar, salvo aquellos de carácter gratuito.
El RÉGIMEN JURÍDICO DEL USO DEL SERVICIO PÚBLICO, se van a desarrollar una serie de relaciones entre usuario y gestor y, por lo tanto, en ocasiones, estas relaciones estarán sometidas a las reglas del Derecho público, y en ocasiones a reglas de Derecho privado, por lo tanto, estará en función de cómo se presta el servicio.
PRINCIPIOS QUE RIGEN  PRINCIPIO DE CALIDAD La prestación del servicio público debe de realizarse con la calidad exigible. Esto aparece recogido en términos generales en la LOFAGE, cuando se establece que la AP debe asegurar la continua mejora de los servicios. La calidad se cifrará de acuerdo con distintos parámetros y factores. La calidad estará sujeta a cambios por ser dinámica. Las AP a la hora de determinar los servicios públicos y reglamentarios, deberán determinar con antelación cuáles son los estándares de calidad que quieren que se cumplan en la prestación del servicio, y qué instrumentos pondrán al servicio del cumplimiento del principio de calidad.
Aparecen las cartas de servicios, donde la AP asume, a través de este documento, una serie de compromisos en la prestación del servicio público. Pero no es más que eso, un documento sin valor normativo, por lo tanto, no va a otorgar a los usuarios ningún derecho de exigir el cumplimiento de los estándares de calidad que se pudieran haber establecido.
Sí se podrá, a lo mejor, utilizar los compromisos asumidos en la carta si como consecuencia de la prestación la AP ocasiona una serie de servicios, y se podrá utilizar para argumentar la exigencia de responsabilidad de la AP por no cumplir con los estándares de calidad.
Aparece la evaluación de la calidad, dentro del terreno de la educación y enseñanza. Por ejemplo, en el ámbito de las Universidades, existe la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) que evalúa la calidad en la prestación del servicio. Por lo tanto, obtiene información sobre el rendimiento del servicio y evalúa como es éste proponiendo una serie de mejoras.
Puede que el servicio público se preste por forma de gestión indirecta – contractual- los pliegos de condiciones establecerán los criterios de calidad, cuidar el buen orden en la prestación del servicio.
Junto a estas condiciones de calidad del pliego, la AP titular puede desarrollar y aplicar la potestad de policía para garantizar la buena prestación.
 PRINCIPIO DE CONTINUIDAD Este principio significa que debe haber una regularidad, que no se produzca una interrupción – que no esté justificada. Un ejemplo es el abastecimiento de agua. Por lo tanto, disponibilidad plena por parte de los usuarios las 24 h del día.
La AP va a establecer para cada servicio público que presta el cumplimiento de la continuidad, y cuál es la apropiada para cada servicio. Lo hará, si lo presta mediante fórmula de gestión indirecta, en las cláusulas del contrato de gestión de servicios públicos se especificará la continuidad.
En muchos casos, la continuidad irá ligada a la exigencia de construcción de infraestructuras que garanticen esa continuidad.
Si se produce una interrupción injustificada, se podrán imponer sanciones cuando se trate, por ejemplo, de un servicio económico de interés general. Por ejemplo, un corte de suministro eléctrico. En caso de gestión indirecta, puede provocar la resolución del contrato.
La continuidad se deberá conciliar con el derecho a la huelga de los empleados del servicio, y no importa que sea gestión pública o privada. Junto al derecho de huelga, se deben mantener servicios esenciales para la comunidad, servicios mínimos ineludibles en su cumplimiento.
 PRINCIPIO DE MUTABILIDAD Las condiciones de la prestación se pueden cambiar y modificar, porque se considera que es más apropiado. TRLCSP la AP podrá modificar las características del servicio que se ha contratado y las tarifas que deben abonar los usuarios.
Si es un servicio público en régimen de libre concurrencia, las AP podrán introducir modificaciones de aquellas actividades que tengan el carácter de reguladas, es decir, en aquellos aspectos del servicio que sean obligaciones de servicio público. El Gobierno podrá establecer una serie de reglas de obligado cumplimiento que garanticen la calidad mínima del servicio eléctrico y la seguridad.
 PRINCIPIO DE IGUALDAD No puede haber discriminación. Esto no quiere decir que no pueda haber condiciones distintas según determinados criterios proporcionados. La igualdad no quiere decir que se acceda en iguales condiciones, pero éstas siempre deberán ser transparentes, nunca discriminatorias. Es más, para acceder a determinados servicios, incluso se exige requisito previo como estar inscrito en el Padrón Municipal, para acceder a determinados servicios sociales.
En definitiva, el principio de igualdad va a operar también en el ámbito de servicios liberalizados y, como son servicios que se gestionan en red, la garantía aparecerá en el acceso de todos a la red sin distinción a la hora de prestar el servicio, en este caso, todos los operadores podrán acceder a la red. En este tipo de servicios públicos va a haber una separación de las actividades en la prestación del servicio.
 PRINCIPIO DE ASEQUIBILIDAD Los servicios deben ser accesibles a cualquier persona, por lo tanto, han de prestar en condiciones económicas que sean asequibles. El decir que sea asequible no quiere decir que sea necesariamente gratuito, aunque algunos servicios lo son, y parte de estos por imposición constitucional – ejemplo, educación-. Además, junto a esta posibilidad, existen también determinados servicios que se prestan exigiendo al usuario la carga de financiar una parte del servicio a través de precio público, tasa, entre otros.
Si el servicio es prestado por concesionarios, el coste del servicio normalmente se financia mediante tarifas que aprueba la AP. Ahora bien, estas tarifas deben ser suficientes para garantizar la autofinanciación del servicio. Lo único que sucede es que para garantizar la asequibilidad – acceder en condiciones económicas asequibles- lo normal es que se establezcan cuantías inferiores y, la AP contratante, para compensar esto, acordará, a su cargo, realizar las compensaciones económicas pertinentes a los contratistas.
Cuando nos encontramos con servicios económicos de interés general, el precio del servicio lo determina el mercado, sin embargo, la normativa europea y normativa interna –siguiendo pautas de la europea- va a establecer un sistema de precios/tarifas que cumpla con este principio. Por ello, la Ley del sector eléctrico cuando se refiere a tarifas de último recurso se refiere a esto.
FORMAS DE GESTIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS La GESTIÓN DIRECTA es la que lleva a cabo la propia AP titular del servicio, y podrá ser ésta, la titular, o una entidad auxiliar que ella misma crea – organismo autónomo, agencia, EPE, entre otros. Por eso, la LBRL, en el art. 85.2 establece que los servicios públicos de la competencia local podrán gestionarse por gestión directa y, dentro de ésta, gestión por la propia entidad local, organismo autónomo local, entidad pública empresarial local o sociedad mercantil local cuyo capital social sea de titularidad pública.
Ésta nueva versión de capital únicamente público, y no mayoritariamente, se ha introducido mediante reforma de la Ley de contratos del sector público, y se hace para distinguirla de la gestión indirecta, pues en ésta existirán sociedades mercantiles de economía mixta.
Junto a estas fórmulas, aparecen las mancomunidades y los consorcios, que son entes de cooperación, pero no son en realidad, entidades públicas dependientes de la AP titular.
La GESTIÓN INDIRECTA se realiza mediante un contrato. En el contrato de gestión de servicios existen distintas modalidades de gestión indirecta: - La concesión, a riesgo y ventura del empresario en beneficios y pérdidas - La gestión interesada, empresario y AP participan en los resultados de la explotación establecida en el contrato - El concierto, cuando se vengan realizado prestaciones análogas - Las sociedades de economía mixta, la AP participa directamente o a través de otra entidad pública, en concurrencia con otras personas naturales o jurídicas, y constituyen esta sociedad mixta ESTATUTO JURÍDICO DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS PÚBLICOS: DERECHOS Y OBLIGACIONES Los DERECHOS de los usuarios son los siguientes:  Derecho de acceso a la prestación significa que, efectivamente, todos los usuarios de los diferentes servicios públicos van a tener ese derecho de acceso en función de la reglamentación que se establezca en las normas al efecto. De tal manera que, por ejemplo, para acceder a la prestación se puede exigir estar inscrito en el Padrón, por lo tanto, hay un requisito previo para poder acceder a la prestación. En ocasiones, se exige el pago de un precio. Incluso se dan restricciones para poder acceder a la prestación por diversos motivos – saturación del servicio o porque, efectivamente, buscando una mayor calidad se establecen números clausus -.
Si se produce una negativa injustificada de acceso o la denegación, que sea contraria a derecho, ésta podrá ser impugnada ante los órganos judiciales competentes y, en su caso, por los trámites de recurso contra la inactividad de la AP.
 Derecho a formular reclamaciones y quejas cuando en la prestación del servicio, por ejemplo, no se cumple con los criterios de calidad exigibles y, por lo tanto, se van a poder exigir responsabilidades. Tan desarrollado está este derecho que han aparecido figuras, en todos los ámbitos que reciben las quejas y reclamaciones correspondientes como, por ejemplo– Defensor del Pueblo-, y aparecen otras figuras que buscan el control de los servicios de titularidad pública –Defensor del estudiante, Defensor del paciente-. Se prevé acudir a fórmulas de arbitraje para la resolución de conflictos y controversias que se dan en este ámbito, dentro de la Ley de consumidores y usuarios.
Se prevé la posibilidad de que los usuarios participen, de forma directa o indirecta, de la gestión o el propio control del servicio. En el ámbito de la enseñanza, por ejemplo, los Consejos escolares. Quienes participan en los Consejos diseñarán el programa general a impartirse. En el ámbito de las Universidades aparecen órganos colegiados los cuales llevarán a cabo un determinado control en la prestación del servicio – Junta de Facultad-.
Junto a los derechos, existen una serie de OBLIGACIONES , las cuales son las siguientes:  Respetar la buena marcha del servicio y, en el caso de que no contribuya, la AP pondrá en marcha toda una serie de potestades de policía y podrá imponer sanciones a ese usuario – no pago del billete de autobús, por ejemplo-.
 Acceso a la enseñanza y afiliación a la seguridad social – son en parte derecho y obligaciones-.
SERVICIOS ECONÓMICOS DE INTERÉS GENERAL Se califican de este modo, no solo porque las prestaciones básicas en qué consisten estos servicios se consideran vitales para los ciudadanos, y por lo tanto, se debe garantizar que se presten en un régimen de generalidad, continuidad y regularidad; sino que, también, para lograrlo, se considera necesario introducir una serie de restricciones a las reglas de la competencia.
Estos servicios que operan en el régimen de libre mercado y, por lo tanto, son servicios en los que, efectivamente, habrá una concurrencia competitiva –es decir, tanto empresas públicas como privadas-. Además, el SEIG va a tener que ver con industrias que opera en redes – por ejemplo, el transporte por ferrocarril, la energía eléctrica, las telecomunicaciones, entre otros-.
Lo que no cabe, por imposición del TFUE, es que los Estados miembros adopten medidas que puedan favorecer y, por lo tanto, conceder una posición más ventajosa, a las empresas públicas frente a las empresas privadas que prestan el servicio.
En la prestación de estos SEIG es perfectamente posible que, para atender a las obligaciones de servicio público, los Estados concedan ciertos derechos especiales y exclusivos a algunas empresas. De tal manera que habrá que garantizar en todo caso como una misión o tarea de interés general en cada sector concreto, y a cuyo cumplimiento vienen vinculados los operadores que actúan en él.
Hay desintegración de actividades del sector y por lo tanto, una separación de las mismas. Junto a la desintegración, también habrá libertad de entrada y contratación, y por lo tanto, una fijación competitiva de los precios.
Los SEIG estarán sujetos a una normativa pública y, por lo tanto, a las consiguientes medidas de control y supervisión y, con ello, aparecen figuras como las tarifas o las autorizaciones para la prestación del servicio, o las sanciones.
Existe la separación, por una parte, de la titularidad y administración de la infraestructura y, por otro, la gestión del servicio. Por un lado, está quién es el titular y por otro, la gestión, en la que pueden concurrir distintos operadores. Por ello, constantemente se busca la disociación.
Para lograr la competencia que se exige, para que se produzca la interconexión –pues son industrias en red, y es importante el papel que ésta juega- se exigirá el pago de los correspondientes cánones.
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