Apuntes (2010)

Apunte Español
Universidad Universidad Politécnica de Cataluña (UPC)
Grado Administración y Dirección de Empresas - 2º curso
Asignatura Derecho civil y mercantil
Año del apunte 2010
Páginas 65
Fecha de subida 27/05/2014
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Grado ADE Año Académico 2012 – 2013 Derecho civil y mercantil Profesora: Dra. Blanca Ballester 1 PRIMERA PARTE.- DERECHO CIVIL TEMA 1.- INTRODUCCIÓN AL DERECHO CIVIL 1.1.- Los derecho forales.
La división de reinos en nuestro país a partir de la Reconquista, es un dato histórico a considerar en la conformación actual del Derecho civil. Así se produce la coexistencia de diferentes ordenamientos, con semejanzas, ya que tienen un origen común, aunque también con importantes diferencias.
La denominación Derecho Foral, hace referencia a las legislaciones regionales o locales vigentes dentro del organismo jurídico nacional. Al lado de la denominación Derecho foral, aparece la de Derecho común, que hace referencia al derecho que es de aplicación general en todo el país.
Históricamente los territorios con derechos forales, temían la desaparición de los mismos, ya que pensaban que la uniformidad del derecho en todo el territorio, conllevaría el predominio del derecho castellano.
Actualmente, las materias fundamentales en las que se diferencian el derecho castellano o común de los derechos forales son el régimen económico del matrimonio y el Derecho de sucesiones.
La Constitución Española de 1978 en su artículo 149.1.8º, atribuye a las Comunidades Autónomas competencia para modificar y desarrollar su propio Derecho civil, pero sólo allí donde existiera dicho Derecho Civil propio, conservando el Estado competencia legislativa plena sobre algunas materias, como por ejemplo: - las formas del matrimonio, las reglas que regulan la aplicación y eficacia de las normas o las bases de las obligaciones contractuales.
1.2.- La Codificación española.
En el lenguaje jurídico “Código” significa, Cuerpo de Leyes que contiene todas o la mayor parte de las normas jurídicas que regulan una determinada materia, dispuestas de forma sistemática, de modo que sea más fácil su búsqueda e interpretación.
Derecho civil y mercantil 1 La exigencia de tener un Derecho estable y cierto para todos, era la lógica consecuencia del principio de igualdad ante la Ley, principio que se impuso con la Revolución Francesa.
El movimiento codificador, o intención de unificar las normas legales vigentes, es una corriente que surge al mismo tiempo en toda Europa, afín con el pensamiento de la Ilustración. Mención especial hemos de hacer del Código Civil francés o Código de Napoleón promulgado el 21 de Marzo de 1804, y que tanto ha influido no sólo en nuestras normas, sino en las del resto del mundo.
En este código, son pilares básicos, la primacía del individuo, la igualdad ante la Ley, la libertad contractual, el derecho a la propiedad, y la responsabilidad civil basada en la culpa; y en él se han inspirado durante el siglo XIX, no sólo muchos Estados europeos, sino caso todos los de América central y meridional.
En nuestro país, será en la Constitución de Cádiz de 1812 donde se incluya como mandato, la determinación de que unos mismos códigos (civil, criminal y de comercio) regirán para toda la Monarquía, aunque dicha intención codificadora se prolongará a lo largo del siglo XIX.
Así pues, el deseo unificador nació en las Cortes de Cádiz, a consecuencia del cual se redactó un proyecto de Código en 11851 que fracasó por no tener solo en cuenta el Derecho castellano y desconocer la realidad social y jurídica del resto de las regiones españolas y ser, al mismo tiempo, excesivamente radical en algunos puntos. Este fracaso motivó al legislador a prescindir momentáneamente de esa ambición codificadora, optando por el sistema de promulgar leyes especiales reguladoras de aspectos muy concretos (ley hipotecaria, de matrimonio civil, de registro civil, de aguas etc.) Tras diversos avatares, se aprueba el 11 de mayo de 1888 la Ley de Bases, conteniendo los principios por los que se regiría el nuevo Código civil (que se promulgó en el 1889) que además contemplaba la posibilidad de un proceso de codificación de los derechos forales mediante la publicación de Apéndices del Código.
Subsisten con el Código civil, los derechos forales que se conservan íntegramente, aplicándose el Código únicamente como derecho supletorio, en defecto de los Derechos forales. Hasta 1978, las Cortes Generales fueron aprobando leyes, llamadas Compilaciones donde se recogía el derecho propio de cada territorio de fuero.
A la entrada en vigor de la Constitución Española de 1978, se habían aprobado las Compilaciones de Vizcaya y Álava, Cataluña, Aragón, Baleares, Navarra y Galicia.
Derecho civil y mercantil 2 1.3.- Concepto actual del Código Civil.
El Derecho Civil, es la rama del Derecho que agrupa a las normas que regulan las relaciones entre particulares. En ese ámbito, el Derecho Civil tiene cuatro sub-ramas o grupos de normas: - Las que regulan las relaciones familiares, matrimoniales y paternofiliales (régimen económico del matrimonio, separación, divorcio, adopción etc.) - Las que regulan la sucesión “mortis causa” (testamentos, legítimas etc) - Las que se refieren a derechos reales sobre cosas (propiedad, usufructo, hipotecas etc) - Y por último las que tratan de las obligaciones, su origen y extinción y las distintas clases de contratos que pueden celebrar los paticulares).
1.4.- Estructura del Código Civil.
En cuanto a la estructura del Código Civil, está dividido en cuatro libros: I.
II.
III.
IV.
De las personas.
De los bienes, de la propiedad y sus modificaciones.
De los diferentes modos de adquirir la propiedad.
De las obligaciones y contratos.
Todo ello precedido de un Título Preliminar.
Los libros de dividen a su vez en títulos, capítulos y a veces en secciones. En total tiene el Código Civil 1.975 artículos, una disposición final derogatoria que es el artículo 1.976, trece disposiciones transitorias y tres disposiciones adicionales.
Aunque el Código establece en sus disposiciones adicionales un sistema periódico de revisión cada diez años, en la práctica este sistema no se ha utilizado, por lo que las reformas que a lo largo de los años ha ido sufriendo, son la respuesta a las necesidades por los cambios sociales acontecidos.
Derecho civil y mercantil 3 TEMA 2.- EL DERECHO OBJETIVO 2.1.- Concepto y clasificaciones del derecho.
La sociedad, como comunidad organizada, necesita de unas reglas aceptadas por la misma sociedad; las personas que forman dicha comunidad deben ajustarse a estas reglas o normas, que en último término también servirán para resolver los conflictos.
La norma jurídica, es por tanto, aquella que pretende un comportamiento determinado, ya que es el comportamiento que considera conveniente; en caso de incumplimiento de esta determinada conducta, el ordenamiento reacciona sancionándolo.
2.2.- Clases de Normas Jurídicas y Jerarquía normativa.
Clases de normas jurídicas: 1).- Normas de Derecho Público y Normas de Derecho Privado.
El derecho público regula relaciones en las que el Estado interviene; tradicionalmente se encuentra dentro del derecho público: - El Derecho Constitucional.
El Derecho Penal.
El Derecho Procesal.
El Derecho Administrativo El Derecho Tributario.
El Derecho Internacional Público.
El derecho privado, se refiere a las relaciones entre los particulares, y dentro del derecho privado podemos incluir: - El Derecho Civil.
El Derecho Mercantil.
El Derecho Internacional privado.
Por otra parte, hay que señalar, que en no siempre la diferencia entre el derecho público y el privado es tan evidente, y muestra de ello es el Derecho del Trabajo (laboral), pues la relación entre el trabajador y empleador se halla fuertemente intervenida por la normativa pública.
Derecho civil y mercantil 4 2).- Normas de Derecho dispositivo y normas de Derecho necesario.
Es dispositivo aquel Derecho que permite a las partes disponer del mismo, en el sentido de que se aplica, si los particulares no pactan otra cosa.
Las normas son de Derecho necesario, cuando su aplicación tiene carácter imperativo, y las partes no pueden pactar algo diferente a lo previsto en las propias normas.
3).- Normas de Derecho general y Normas de Derecho particular.
Las Normas de Derecho general son de aplicación en todo el territorio donde se extiende la soberanía de un Estado. Es Derecho especial el que sólo es de aplicación en determinadas zonas, regiones o comarcas.
4).- Derecho Internacional y Derecho Interno.
Derecho Internacional Público es el que regula las relaciones entre los diferentes Estados y también entre éstos y las organizaciones. Su principal fuente son los Tratados y Convenios Internacionales. El Derecho Internacional Privado regula las relaciones entre los ciudadanos de diferentes Estados para resolver asuntos tales como contratos, herencias, matrimonios, propiedades y otros similares, pertenecientes a la esfera privada de las personas.
Derecho Interno: Nos encontramos las normas del ámbito estatal, que regulan relaciones entre los ciudadanos de un Estado. También en el Derecho interno hemos de distinguir ente el derecho público y privado.
Jerarquía Normativa: - Constitución Española.
Ley Orgánica Ley Ordinaria Reglamentos ( Normas dictadas por el Gobierno-Administración; Normas subordinadas a la Ley, en materias no reservadas a la misma; Normas emanadas del poder ejecutivo; Puede ser Reglamento Ejecutivo: desarrollo de una Ley, o Reglamento Independiente: ejercicio de una potestad normativa originaria) Decreto Ley (30 días de ratificación por el Congreso de Diputados, traitado como proyecto de Ley o por procedimiento de urgencia).
Decreto Legislativo (Habilitación expresa por una Ley emanada del Parlamento) 2.3.- Las Fuentes del Derecho.
Derecho civil y mercantil 5 La Ley.
Por fuente del derecho entendemos el modo de producción de las normas jurídicas, designando así el origen de las mismas, su autor (ejem. El Parlamento) o bien los medios de expresión a través de los cuales las normas manifiestan al exterior (ejem. La Ley, la costumbre etc).
En nuestro sistema jurídico las fuentes del Derecho y su jerarquía, vienen recogidas en el artículo 1 del Código Civil (a partir de ahora Cc). Según el referido artículo, las fuentes del ordenamiento jurídico español son la Ley, la Costumbre, y los Principios Generales del Derecho.
Siguiendo el citado art. 1 del Cc, carecen de validez las disposiciones que contradigan otras de rango superior, estableciéndose de esta forma el principio de jerarquía de fuentes confirmado por el art. 9.3 de la Constitución Española.
La Ley, en sentido amplio, es sinónimo de “derecho promulgado por escrito”.
Son las normas publicadas en los Boletines o Diarios Oficiales del Estado.
La Ley, es pues, la regla de derecho dictada reflexivamente y en forma solemne por la autoridad legítima del Estado.
La Costumbre, y los Principios Generales del Derecho.
La costumbre, que históricamente fue la primera y exclusiva fuente de las normas jurídicas, es la forma espontánea de constitución del Derecho, a diferencia de la Ley que representa la forma reflexiva de elaboración de las normas.
Puede definirse como observancia constante y uniforme de una regla de conducta por los miembros de una comunidad social, con la convicción de que responde a una necesidad jurídica.
La costumbre regirá sólo en defecto de ley aplicable, siempre que no sea contraria a la moral o al orden público y que resulte probada, y a falta de ley y de costumbre, regirán los principios generales del Derecho, sin perjuicio de su carácter informador del ordenamiento jurídico.
Los Principios Generales del Derecho, Podrían considerarse las directrices básicas de un sistema jurídico. Así la dignidad y el respeto de la persona, o el deber de indemnizar los daños culposamente causados, son claros ejemplos de las convicciones de una comunidad, y sirven de base en la organización de la convivencia.
Derecho civil y mercantil 6 El art.1 Cc, reconoce a los principios generales del derecho, su carácter de fuente, al establecer que se aplicarán en defecto de ley o de costumbre sin perjuicio de su carácter informador del ordenamiento jurídico. De esta manera sirven para suplir la falta de ley o de costumbre aplicable al caso concreto, pero también para completar y esclarecer el Derecho vigente.
Fuente indirecta del derecho: la Jurisprudencia.
La jurisprudencia, no tiene carácter de fuente, si bien complementará el ordenamiento jurídico con la doctrina que de modo reiterado establezca el Tribunal Supremo al interpretar la ley, la costumbre y los principios generales del Derecho.
La palabra jurisprudencia indica, en general, la ciencia y la práctica del Derecho. En un significado más restringido y actual, se reserva el término jurisprudencia para designar a la interpretación que del Derecho vigente dan los Tribunales, en el ejercicio de sus funciones judiciales.
Así pues, de las decisiones contenidas en gran número de sentencias que dictan diariamente, se puede extraer criterios que sirvieron para decidir una controversia determinada, y que pueden ser aplicables a otras nuevas controversias, siempre que se presenten las mismas circunstancias de hecho.
En efecto, la labor de interpretar y aplicar las normas en contacto con las realidades de la vida y los conflictos de intereses, da lugar a la formulación, por el Tribunal Supremo, de criterios, que si no suponen propiamente, la elaboración de normas, contienen pautas, que a base de ser aplicadas, adquieren cierta trascendencia normativa.
No hay jurisprudencia, cuando se basa en una sola sentencia, ya que la jurisprudencia, en sí misma, supone reiteradas resoluciones dictadas de forma igual.
Derecho civil y mercantil 7 TEMA 3.- EL DERECHO SUBJETIVO.
3.1.- El Sujeto del Derecho: La persona.
Se dice que se ejercita el derecho subjetivo, cuando se desarrolla su contenido, gozando de él, conservándolo, o defendiéndolo.
El ejercicio del derecho subjetivo, comprende toda su extensión, aunque hay que tener presente que se ejercitará conforme a las exigencias de la buena fe, evitando que se ejercite de forma antisocial, o abusando del mismo (art.7.1Cc “ Los derechos deberán ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe. La Ley no ampara el abuso del derecho o el ejercicio antisocial del mismo.”) El sujeto de los derechos y de los deberes jurídicos viene designado con la palabra persona. Pero persona y hombre no coinciden.
El hombre es persona en cuanto es reconocido sujeto de derechos y obligaciones, la personalidad por eso es sinónima de capacidad jurídica. La historia nos demuestra que hubo hombres (los esclavos) a los que se les negaba la cualidad de sujetos de derecho.
Hoy todos los hombres son personas, la personalidad es igual para todos y acompaña al individuo en cualquier condición y estado de la vida.
Pero más allá de los fines individuales y temporales, que se extinguen con la vida del individuo, existen en la sociedad fines colectivos que no pueden obtenerse sino por reunión de fuerzas, por ello el derecho concede también personalidad a las asociaciones e instituciones que se forman para la realización de fines sociales y duraderos en el tiempo.
Por eso existen en el ordenamiento jurídico, por un lado las personas físicas o individuales que están constituidas por el ser humano, y de otra las personas jurídicas, que están constituidas por todas aquellas entidades que se forman para la realización de los fines colectivos y permanentes de los hombres, a las que el derecho reconoce capacidad para derechos y obligaciones.
Persona es, por lo tanto, toda aquella a quien el Derecho le reconoce como posible titular de derechos y obligaciones. Pueden por lo tanto, poseer patrimonio, adquirir derechos, contraer obligaciones, actuar frente las Administraciones Públicas, Tribunales etc.
3.2- Concepto y clases de personas: Personas Físicas y Personas jurídicas.
Derecho civil y mercantil 8 En cuanto a sus clases, cuando el art.29 Cc dice que el nacimiento determina la personalidad, realmente está proclamando la equiparación entre hombre y persona, pues atribuye la condición de tal a todo ser que tenga un cuerpo humano.
Sin embargo, como ya hemos mencionado en el apartado anterior, este concepto de persona ha experimentado una mayor amplitud, por cuanto se hace extensivo no solo al ser humano, sino también a ciertas organizaciones sociales, a las que el derecho reconoce o atribuye una personalidad jurídica independiente a los miembros que la componen. Surge así, la conocida distinción entre persona física y jurídica.
Las primeras son, en efecto, todos los seres humanos, y las personas jurídicas son, como hemos ya mencionado, ciertas organizaciones sociales a las que el Derecho reconoce personalidad jurídica independiente a los miembros que la componen.; de ellas se tratará en el apartado dedicado al Derecho Mercantil.
- Comienzo y fin de la persona física En el estudio de la persona física es preciso saber, en que momento se adquiere la condición de persona como sujeto de derecho, ya que supone la adquisición de la capacidad jurídica (es decir, el poder ser ya, titular de derechos y obligaciones.) En el Derecho Romano no sólo era necesario ser hombre para tener personalidad, sino que hacía falta ser libre y ciudadano romano.
En el derecho moderno basta ser hombre para ser persona, pero, sin embargo, ni la doctrina ni las legislaciones están de acuerdo en cuando empieza la personalidad.
Existen diversas teorías, pero la más apoyada actualmente es la teoría del nacimiento, según la cual, una vez se obtiene la completa separación del feto del claustro materno, comienza la personalidad para el nuevo ser, que tiene que haber nacido con vida, independientemente de su aptitud para prolongarla.
El art. 29 del Cc dice: “el nacimiento determina la personalidad” y el art. 30 Cc enumera cuatro requisitos del nacimiento para ser tenido como tal a los efectos civiles: “para los efectos civiles, sólo se reputará nacido el feto que tuviere figura humana y viviere 24 horas enteramente desprendido del seno materno”.
Si falta cualquiera de estos requisitos, el ser tiene la consideración en derecho civil, de aborto y se inscribe como tal en el Registro Civil.
La prueba del nacimiento es la inscripción en el mencionado Registro Civil que alcanza el hecho, hora y lugar de mismo y la filiación. Una vez practicada la Derecho civil y mercantil 9 inscripción, la prueba del nacimiento la proporcionan las certificaciones literales o el extracto que expide el Juez Encargado del Registro Civil.
El fin de la persona física: el art.32 Cc dispone que la “personalidad civil se extingue por la muerte de las personas”, lo que significa que es la única causa de extinción de la personalidad que admite y reconoce.
No obstante, si bien la muerte es la única causa de extinción de la personalidad individual, el Derecho ha previsto un supuesto que asimila a aquélla y que se conoce con el nombre de “declaración de fallecimiento”, que implica una presunción de muerte y le atribuye prácticamente los mismos efectos.
Finalmente, al igual que con el nacimiento, la muerte precisa de una prueba clara y preconstituida, que es el Registro Civil. La inscripción de defunción es la que da fe de la muerte de una persona así como de la fecha, hora y lugar en que acontece. Tras la inscripción se acredita la muerte por medio de las certificaciones expedidas por el Juez encargado del Registro Civil.
- La capacidad y el estado de la persona física.
Dentro de la capacidad de la persona hay que referirse por separado a la capacidad jurídica y a la capacidad de obrar.
- Capacidad jurídica: puede ser definida como la aptitud para ser titular de derechos subjetivos y de deberes jurídicos, es decir, la idoneidad para ser sujeto de relaciones jurídicas. Toda persona por el hecho de serlo, tiene capacidad jurídica, la tiene desde el comienzo hasta el fin de su personalidad. Por tanto, la tiene todo ser humano y las personas jurídicas.
- Capacidad de obrar: es la aptitud para el ejercicio de los derechos subjetivos y de los deberes jurídicos. Esta pues, no corresponde a toda persona ni es igual para todas, sino que tiene una serie de grados que corresponden al estado civil y que tienen íntima relación con la edad, la incapacitación, la nacionalidad y vecindad civil. En definitiva la capacidad de obrar supone que la Ley reconozca a una persona la posibilidad de realizar actos jurídicos. La capacidad de obrar plena se adquiere con la mayoría de edad, a no ser que se vea posteriormente limitada por alguna causa de incapacitación: enajenación mental, prodigalidad etc.
El estado civil de la persona física se define como el conjunto de situaciones en las que se encuentra cada persona en función de : - la situación de la mayoría de edad, (cualidad en la que está el que es mayor de edad); la fililación matrimonial, ( el hijo habido en el matrimonio); Derecho civil y mercantil 10 - la de matrimonio, (que tiene el casado); la nacionalidad, (que tiene el español.) El estado civil no sólo puede determinar una diferente capacidad de obrar de la persona (por ejemplo, la mayoría de edad o la incapacitación, no así la filiación), sino también derechos y deberes ( por ejemplo, la nacionalidad.) La prueba del estado civil de las personas la constituye el Registro Civil de manera que si se mantiene que lo inscrito es falso o erróneo, el que alegue deberá probarlo. Dicha prueba se halla en las inscripciones o anotaciones relativas al mismo que constan en el Registro Civil.
- El Registro Civil.
La existencia y situación jurídica de las personas ha de constar de una manera pública y auténtica. Esta finalidad la realiza el Registro Civil, definido generalmente como el conjunto de libros o la oficina pública, donde se hacen constar auténticamente cuantos hechos se refieren al estado civil de las personas.
El Registro es, ante todo, la ordenación oficial de las actas de estado civil, y éstas pueden definirse como actas auténticas destinadas a proporcionar una prueba cierta del estado de las personas.
Es pues, la institución a cuyo cargo se halla la publicidad de los hechos que afectan al estado civil de las personas y de otros que determina la ley.
Podemos diferenciar los siguientes tipos de Registros civiles: 1.- Registro Civiles Municipales : a cargo de un Juez de Paz o de Primera Instancia.
2.- Registros Civiles Consulares: a cargo de un cónsul.
3.- Registro Civil Central: a cargo de dos Magistrados, asistidos de otros tantos Secretarios Judiciales.
4.- Hay otro especial, que es el Registro Civil de al Familia Real.
Cada Registro civil está compuesto por cuatro secciones que se corresponden a las cuatro inscripciones principales, llevándose en libros distintos: 1.- Sección de nacimientos.
2.- “ de matrimonios.
3.- “ de defunciones.
4.“ de tutelas y representaciones legales. Con excepción de los Registros encomendados a los Juzgados de Paz, que carecen de la sección 4ª.
-Persona Jurídica: Derecho civil y mercantil 11 Además de las personas físicas o naturales, existen otras, las jurídicas. Se trata de agrupaciones u organizaciones humanas a las que las leyes les reconocen una personalidad colectiva, distinta de la de sus miembros. Existen de varias clases: - - En primer lugar, las entidades de Derecho Público o simplemente, entes públicos: la Administración Central del Estado, las diferentes Comunidades Autónomas, las Provincias, los Municipios, Colegios Profesionales etc.
Pro otro lado, las entidades privadas que, como las fundaciones y ciertas asociaciones (culturales, benéficas etc.) tienen finalidades de interés público.
Y por último, las asociaciones y sociedades de interés particular, entre éstas últimas, hay que distinguir las sociedades civiles de las mercantiles (anónimas y limitadas, fundamentalmente) y de las cooperativas.
La adquisición y la pérdida de la personalidad de las personas jurídicas, depende de ciertos requisitos que son diferentes de unas a otras. La constitución y la disolución de las sociedades civiles puede pactarse en documento público, mientras que en las mercantiles, debe hacerse en el Registro Mercantil. Las cooperativas y las asociaciones poseen otros Registros diferentes etc.
Las personas jurídicas, como personas que son, pueden poseer sus propios bines, contraer obligaciones, adquirir derechos y defenderlos, si llega el caso, ante los Tribunales.
3.3.- Los hechos y los actos jurídicos.
Las relaciones que existen en nuestra sociedad evolucionan continuamente.
Aparecen relaciones nuevas, otras preexistentes se modifican, cambiando de contenido y otras, por último, dejan de existir, en un momento dado.
Todo ello se debe, a que suceden ciertos hechos llamados precisamente “hechos jurídicos”. Un hecho jurídico es aquel suceso, o acontecimiento al que las leyes le atribuyen el efecto de que, cuando ocurre, se produzca una alteración en las relaciones jurídicas preexistentes. A estos efectos se les denomina, por ello, “efectos jurídicos”.
Los hechos jurídicos pueden ser de dos clases: - Hechos jurídicos naturales. Son los que suceden por causas ajenas a la voluntad humana, se deben a causas naturales o accidentes no deseados. Por ejemplo la muerte de una persona por enfermedad, que Derecho civil y mercantil 12 - extingue sus derechos y obligaciones personales, mientras que los patrimoniales pasan a sus herederos.
Hechos jurídicos voluntarios llamados Actos Jurídicos, son los que ocurren por voluntad de una persona, porque alguien así lo ha querido.
Los actos jurídicos pueden ser lícitos o ilícitos, así existen ilícitos civiles (contratos ilegales, o impago de deudas) penales (delitos y faltas) fiscales (evasión de impuestos) laborales (huelgas ilegales) etc.
3.4.- El Negocio Jurídico.
En el anterior apartado hemos indicado que los actos jurídicos pueden ser lícitos o ilícitos, de entre los lícitos, por su importancia, conviene aclarar el concepto de los negocios jurídicos.
El Negocio Jurídico, en general, es un acto jurídico lícito que consiste en una o varias, declaraciones de voluntad de producir ciertos efectos jurídicos reconocidos y tutelados por la ley.
Este concepto general, se expondrá de manera más ampliada cuando analicemos la cuestión relacionada con los contratos.
- Clases de negocios jurídicos.
1º.- Unilaterales, aquellos en que las consecuencias jurídicas se produce por la declaración de voluntad de una sola parte; y bilaterales, cuando se requiere la declaración de voluntad de dos personas.
2º.- Personales, referidos a las relaciones de estado y de familia (por ejemplo el matrimonio); y patrimoniales, referidos a las relaciones reales, obligatorias y sucesorias (por ejemplo, la compraventa) 3º.- Los negocios patrimoniales unas veces producen una atribución patrimonial, es decir, un enriquecimiento del patrimonio de otro (ejemplo la compraventa), mientras que otras no implican dicha atribución ni enriquecimiento (por ejemplo el otorgamiento de poderes).
4º.- Son negocios “Inter. Vivos”los que se refieren a las relaciones jurídicas de una persona durante la vida, aunque los derechos que surjan del mismo no se puedan ejercitar hasta después de su muerte (ejemplo el seguro de vida), mientras que son “mortis causa” aquellos negocios que tienden a regular las relaciones jurídicas de una persona cuando fallezca (ejemplo el testamento)5º.- Son negocios solemnes aquellos, en que se exige una determinada forma de manifestar la voluntad para que exista el negocio (ejemplo testamento), y no solemnes los que no requieren forma determinada de declaración de voluntad.
Derecho civil y mercantil 13 TEMA 4.- LA FAMILIA.
4.1.- Matrimonio y uniones de hecho.
Se puede definir el matrimonio como negocio jurídico bilateral y formal por el que dos personas declaran su voluntad de constituir una relación estable de convivencia plena.
Según el art. 32 de nuestra Constitución “El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica. La ley regulará las formas de matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los derechos y deberes de los cónyuges, las causas de separación y disolución y sus efectos”.
Uniones de Hecho: son declaraciones de parejas que conviven sin haber contraído matrimonio, las uniones de hecho, registradas como tales, suponen desde un punto de vista legal, que se les reconozca determinados derechos, de modo semejante a los derechos que se les reconoce a las personas casadas.
4.2.- Régimen económico del matrimonio y capitulaciones matrimoniales.
La doctrina diferencia entre efectos personales y patrimoniales del matrimonio; los efectos personales se concretan en derechos y deberes recíprocos, entre los que podemos encontrar los siguientes: 1.- Respeto, ayuda y socorro mutuos.
2.- Convivencia.
3.- Fidelidad.
Pero el matrimonio produce, no sólo efectos personales, sino también patrimoniales, debiéndonos referir aquí, a los regímenes económicos matrimoniales, que en derecho común son tres: 1.- El de gananciales: Es el régimen común del Código Civil, supone que cada cónyuge conserva la titularidad de su patrimonio anterior, pero los bienes adquiridos por cualquiera de ellos durante el matrimonio, pasan a ser copropiedad de ambos. (Ya sean bienes adquiridos por título oneroso o por su trabajo o por las rentas o frutos de los bienes propios y de los comunes.) 2.- Separación de bienes: Aquel en que cada cónyuge, además de la propiedad de sus bienes, tiene su administración, disfrute y disposición.
A falta de capitulaciones matrimoniales, en Cataluña, el régimen económico del matrimonio es el de separación de bienes, es decir, cada cónyuge conserva la titularidad de su patrimonio anterior, y la de los bines adquiridos individualmente por cada uno de ellos después.
Derecho civil y mercantil 14 3.- Participación: Es aquel en el que durante el matrimonio, los cónyuges adquieren, administran y disponen de sus bienes propios (aportados o adquiridos) como en un régimen de separación absoluta; al disolverse el matrimonio, cada cónyuge (o sus herederos) tiene derecho (participación) en la mitad de las ganancias que haya obtenido el otro cónyuge durante el matrimonio.
El régimen será el que pacten los cónyuges en capitulaciones matrimoniales, pudiendo cambiar de régimen económico en cualquier momento. Las capitulaciones matrimoniales pueden otorgarse antes o después de la celebración del matrimonio. Si nada especifican al respecto los cónyuges, regirá como supletorio el régimen de correspondiente a la comunidad autónoma a la que pertenezcan.
4.3.- Cuestiones matrimoniales.: nulidad, separación y divorcio.
La Nulidad: es la ineficacia total del matrimonio declarada en Sentencia judicial, por causa existente al tiempo de su celebración, y cuyo efecto se retrotrae a aquel momento.
Ahora bien, si el matrimonio ha producido alguno de los efectos que le son propios, el art. 79 Cc dice que ”la declaración de nulidad del matrimonio no invalidará los efectos ya producidos respecto de los hijos y del contrayente o contrayentes de buena fe. La buena fe se presume”.
En los supuestos de nulidad se considera que nunca ha existido el vínculo matrimonial, y viene determinada dicha nulidad por la falta o el defecto de alguno de los requisitos personales, materiales o formales del matrimonio.
La Separación.: la separación no provoca la ineficacia total y permanente del matrimonio, como ocurre con el divorcio, sino una ineficacia parcial y temporal.
La ineficacia parcial viene dada porque no desaparece el vínculo matrimonial, la relación jurídica nacida del matrimonio, el estado civil de casados permanece, a pesar de la separación. El casado separado no puede contraer nuevo matrimonio, continúa estando ligado con vínculo matrimonial.
La ineficacia temporal se refiere a que por el transcurso del tiempo, el matrimonio objeto de separación, o bien quedará definitivamente ineficaz por muerte o declaración de fallecimiento de uno de los cónyuges, o por el divorcio, o bien volverá a su plena eficacia por la reconciliación.
Por ello se dice que la separación produce la suspensión de los efectos del matrimonio; pero ni el matrimonio como tal desaparece, ni los efectos se extinguen para siempre.
Derecho civil y mercantil 15 En materia de separación, y también de divorcio, se ha modificado la regulación que contenía el Código Civil tras la Ley 15/2005 de 8 de junio que modifica el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil.
El Divorcio: supone la extinción total de los efectos de un matrimonio válido y eficaz por causas posteriores a su perfección. Se produce por sentencia dictada por un juez, tras el correspondiente proceso de divorcio, y sus efectos se producen desde que dicha sentencia es firme.
En materia de divorcio, al igual que con la separación, se ha modificado la regulación que contenía el Código Civil tras la Ley 15/2005 de 8 de junio, suprimiendo el número de causas que justifican el divorcio, y permitiendo acceder al mismo directamente sin necesidad de una previa separación legal como exigía la regulación anterior.
Con ello se facilita el divorcio, potenciando la libertad individual de cada uno de los cónyuges y preservando la intimidad familiar, al no tener que probar causa alguna para obtener el mismo.
4.4.- Las relaciones paterno- filiales: la filiación y la Patria Potestad.
La filiación la podemos definir como la relación biológica y jurídica entre los padres y los hijos.
El art. 108 Cc distingue entre : - Filiación por naturaleza, que a su vez puede ser matrimonial.
- Filiación por adopción.
matrimonial o no Y consagra el principio constitucional de igualdad, al proclamar que las distintas clases de filiación surten los mismos efectos.
La filiación determina los apellidos, produce parentesco y la patria potestad. Y en materia de derechos sucesorios y en virtud del principio de igualdad de la filiación, los hijos, tienen derecho a la legítima y ocupan el primer lugar en la sucesión intestada.
Por otra parte tenemos la Patria Potestad, que es el poder global que la ley otorga a los padres sobre los hijos. La patria potestad se ejercerá siempre en beneficio de los hijos, de acuerdo con su personalidad, y comprende los siguientes deberes y facultades: - Velar por ellos, tenerlos en su compañía, alimentarlos, educarlos y procurares una formación integral.
Representarlos y administrar sus bienes.
En cuanto a su ejercicio, la patria potestad se ejercerá conjuntamente por ambos progenitores o por uno con el consentimiento expreso del otro. En caso Derecho civil y mercantil 16 de desacuerdo, podrán acudir al Juez quien, después de oír a ambos y al hijo si tuviera suficiente juicio y, en todo caso, si fuera mayor de doce años, atribuirá la facultad de decir al padre o a la madre.
La extinción de la patria potestad viene recogida en el.169 y 170, distinguiendo la terminación de la misma: - cuando mueren los padres o el hijo cuando se emancipa el hijo, o cuando el mismo es adoptado.
La privación de la patria potestad, por incumpliendo de los deberes inherentes a la misma, será resuelta mediante sentencia dictada por un juez.
TEMA 5.- OBLIGACIONES 5.1.- La obligación y su clasificación.
El Código Civil no define qué son las obligaciones, simplemente en el art. 1088 Cc dice: “Toda obligación consiste en dar, hacer o no hacer alguna cosa” A los hechos jurídicos que tienen como efecto el nacimiento de una obligación se les conoce como “fuente de las obligaciones” y están enumeradas en el art.
1089 Cc y son: - La Ley Los contratos Los cuasi-contratos Los actos y omisiones ilícitos Acciones y omisiones culpables o negligentes.
Así mismo las obligaciones pueden clasificarse según las normas que las regulan según la fuente que las ha originado, según el tipo de vínculo que existe entre el deudor y el acreedor, según el número de unos y otros y según la clase de prestación: 1.- Según las leyes que las regulan, las obligaciones pueden ser: - Civiles Mercantiles Laborales Fiscales Administrativas 2.- Por la fuente que las ha originado: - Contractuales Cuasi-contractuales Derecho civil y mercantil 17 - Derivadas de delitos y faltas Derivadas de actos ilícitos civiles 3.- Atendiendo al vínculo existente entre deudor y acreedor, podemos distinguir entre obligaciones.
- Puras A término A plazo Condicionales 4.- Por el número de sujetos de una misma obligación: Unilaterales o individuales Pluripersonales o colectivas: a su vez las obligaciones colectivas pueden ser - Obligaciones mancomunadas: aquellas en las que el derecho o la obligación es atribuido a los hacedores o deudores por partes alícuotas. La insolvencia de un codeudor no obliga a los demás a suplir la obligación.
- - Obligaciones solidarias: aquellas en las que existen pluralidad de sujetos, y en las que cada acreedor tiene derecho a pedir o cada deudor tiene la obligación de prestar, íntegramente las cosas objeto de la prestación.
5.- Por último según el tipo de prestación debida, podemos agrupar las obligaciones en - Positivas y negativas Específicas o genéricas Principales y accesorias 5.2.- Las garantías de la obligación.
Son instituciones jurídicas que tienden ha hacerla más eficaz 1.- Acción Subrogatoria, directa, y revocatoria - - Acción subrrogatoria: es el derecho del acreedor de ejercitar derechos y acciones de su deudor, con la finalidad de poder satisfacer así su crédito. De está forma, el acreedor no consigue de forma directa e inmediata satisfacer su crédito, sino favorecer el patrimonio de su deudor, para que éste le satisfaga el crédito.
Acción Directa: Para evitar que, finalmente la acción indirecta resulte inútil para el acreedor porque tras ejercitarla aparezca otro acreedor con un crédito privilegiado, la ley permite la acción directa en ciertos casos.
Consiste en permitir al acreedor que reclame contra el deudor de su Derecho civil y mercantil 18 - deudor en su propio nombre, no en el de éste, pudiendo cobrarse directamente su crédito.
Acción revocatoria o pauliana: es un poder que el ordenamiento jurídico confiere a los acreedores para impugnar los actos que el deudor realice en fraude de su derecho. El deudor por ejemplo, no satisface el crédito y, fraudulentamente, vende a bajo precio, paga otros créditos o dona bienes, disminuyendo o haciendo desaparecer su patrimonio.
2.- La cláusula penal: constituye junto a las arras, un medio para penalizar el incumplimiento de la obligación. Se puede definir como aquella prestación que el deudor se compromete a satisfacer al acreedor para el caso de incumplimiento o de cumplimiento defectuoso o retrasado de la obligación principal (piénsese en el supuesto acordado por las partes en el sentido de tener que pagar una cantidad determinada por día de retraso o cargo del constructor, contado a partir de la fecha de entrega de la obra.) 3.- Las arras. En la práctica, se suelen aplicar en garantía del cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de compraventa. Las arras consisten en una cantidad de dinero que el comprador entrega al vendedor. Si incumple el comprador, la obligación a la que se había comprometido, las pierde y las hace suyas el vendedor; mientras que si el que incumple es el vendedor, las tiene que devolver duplicadas al comprador.
4.- Llamada responsabilidad patrimonial universal, regulada en el art.1911 Cc y por la que el deudor responde de sus obligaciones con todos sus bienes presentes y futuros.
5.- El derecho de retención: facultad que se atribuye legalmente, en ciertos casos al acreedor, para que conserve bajo su poder y posesión una cosa que está obligado a restituir a quien se la entregó, mientras éste no cumpla con su obligación.(ej el que ha ejecutado una obra en cosa mueble tiene el derecho de retenerla en prenda hasta que se le pague. Art.1600 Cc) 6.- La responsabilidad extracontractual.
La responsabilidad conlleva como término general, la obligatoriedad de reparar un daño producido, y como decíamos, derivará dicha responsabilidad de la Ley, o como consecuencia de un previo convenio o pacto entre las partes, estaríamos por lo tanto en presencia de la responsabilidad contractual, o bien puede existir responsabilidad extracontractual, que se fundamenta en el genérico deber de abstenerse de un comportamiento lesivo para los demás. El peatón que es atropellado por un vehículo a motor, tendrá derecho a ser indemnizado por las lesiones sufridas.
Elemento fundamental para la responsabilidad extracontractual según la regulación del Código Civil, es la existencia de culpa, (es decir, el actuar negligente y descuidadamente).
Derecho civil y mercantil 19 Hay que excluir la responsabilidad, cuando el daño se produce por caso fortuito o fuerza mayor, también cuando se produce por propia culpa del que lo sufre (de la víctima), o bien hay concurrencia de culpa del perjudicado, por lo que se reparten equitativamente las consecuencias (compensación de culpas), lo que en la práctica se dará realmente será una moderación o reducción de la indemnización reclamada.
Por su parte, el art 1903 Cc, regula la responsabilidad indirecta, es decir, la responsabilidad extracontractual tal y como la hemos estudiado, pero relacionada no solo con los actos u omisiones propias, sino por las de aquellas personas de quienes se debe responder.
Supuestos, a modo de ejemplo, cabría mencionar los siguientes: - Responsabilidad de los padres por sus hijos menores.
- Responsabilidad civil de los empresarios por los perjuicios causados por sus dependientes en ejercicio de sus funciones.
- Responsabilidad de los educadores, las personas o entidades que sean titulares de un Centro docente de enseñanza no superior, por los daños y perjuicios que causen los alumnos menores de edad, cuando se hallen bajo la vigilancia y control de los profesores del Centro. Etc… 5.3.- Transmisibilidad de las obligaciones.
Hay que distinguir la transmisión de las obligaciones de la transmisión de los derechos de crédito derivados de éstas porque, pese a la reciprocidad que existe entre ellos, tienen un tratamiento legal diferente.
En efecto, los derechos de crédito se pueden transmitir libremente, es decir, un acreedor puede ceder su derecho a otra persona y éste se convierte en el nuevo acreedor.
Para que la cesión del crédito sea válida no es necesario que el deudor esté de acuerdo ni hace falta pedirle su consentimiento. Él está obligado a cumplir con su obligación y debe serle indiferente que el acreedor sea una persona u otra.
Lo único que debe hacer es comunicarle la cesión al deudor, pero no porque sea obligatorio, sino para que pueda saber a quién debe pagar su deuda. Si no se le informa de la cesión efectuada, el deudor quedará libre de su obligación si paga la deuda al primer acreedor, y el segundo no podrá reclamársela más tarde, según el código civil.
En cambio, para que el deudor pueda ceder su deuda a otra persona, no sólo debe comunicárselos al acreedor, sino pedirle su consentimiento expreso, sin el cual la cesión no será válida.
Derecho civil y mercantil 20 La sustitución de alguno de los sujetos de la obligación, se denomina subrogación, puede tratarse de una subrogación activa ( cambio de un acreedor por otro) o pasiva (cambio de deudor). La subrogación sea pasiva o activa, no supone la extinción de la obligación y la creación de otra. La obligación sigue siendo la misma, y sólo ha cambiado alguno de sus sujetos, o ambos.
5.4.- Extinción de las obligaciones.
Según el art. 1156 del Cc. se extinguen: 1.- El pago: consiste en que el deudor, realice la prestación en el momento y de forma en que deba hacerlo. El pago es la forma más normal de extinguirse las obligaciones, porque para eso se han creado.
2.- La dación o adjudicación: es el acto del deudor de realizar una prestación diferente de la que debía, aceptada como pago por el acreedor. Normalmente se trata de dar algo, en vez de hacer o no hacer otra cosa.
3.- La consignación: es una forma de extinguir las obligaciones de dar algo, y consiste en que, si el deudor ofrece el pago al acreedor y éste no lo acepta o no es posible averiguar su paradero, puede depositar la cosa debida en el Juzgado.
4.- Pérdida de la cosa debida: en las obligaciones en que la prestación consiste en dar una cosa específica, la pérdida o destrucción de ésta por caso fortuito o fuerza mayor, antes de la entrega, libera de su obligación al deudor. En cambio, por este motivo, no se extinguen las obligaciones de dar cosas genéricas, como el género no se extingue nunca, el deudor deberá sustituir lo perdido por otro tanto de la misma clase y calidad.
5.- Confusión de derechos: se trata de la extinción de las obligaciones cuando, por cualquier circunstancia el deudor y el acreedor pasan a ser la misma persona, ya que nadie puede ser deudor de sí mismo.
6.- Compensación de deudas: tiene lugar la compensación cuando dos personas son recíprocamente deudores y acreedores entre sí, la una de la otra.
En tal caso si ambas deudas son líquidas y exigibles y consisten en cantidades de dinero u otras coas fungibles, se extinguen total o parcialmente (hasta la cantidad concurrente).
7.- Novación: Supone la extinción de la obligación porque, voluntariamente acreedor y deudor acuerdan sustituirla por otra nueva. La novación puede consistir también en modificar la obligación: subrogaciones activa y pasiva cambio de objeto, condiciones principales, plazos etc.
Derecho civil y mercantil 21 Otras formas de extinción de las obligaciones son: el mutuo acuerdo, la condonación (renuncia unilateral del acreedor), y la prescripción (transcurso de los plazos legales sin que el acreedor haya reclamado la deuda), muerte de los sujetos ( si se trata de obligaciones personalísimas) imposibilidad sobrevenida (física o legal), plazos y condiciones resolutorios ( si se ha pactado en un contrato).
TEMA 6.- LOS CONTATOS.
6.1.- Los contratos en general.
El contrato es un acuerdo de voluntades. Dice el art. 1.254 Cc “el contrato existe desde que una o varias personas consienten en obligarse, respecto de otra u otras, a dar alguna cosa o prestar algún servicio”.
Según esto, podemos definir el contrato, en general, como un negocio jurídico consistente en que una o varias personas de una parte, y otra u otras, de la otra parte, celebran un pacto, o convenio, en virtud del cual se crean ciertos derechos y obligaciones entre ellos.
6.2.- Elementos del contrato: consentimiento, objeto y causa.
Los elementos esenciales de todo contrato vienen enumerados en el art. 1261 Cc “No hay contrato sino cuando concurren los requisitos siguientes: consentimiento de los contratantes, objeto cierto que sea materia del contrato, y causa de la obligación que se establezca.” El consentimiento: se manifiesta por el concurso de la oferta y de la aceptación sobre la cosa y la causa que han de constituir el contrato.
El objeto: pueden ser objeto del contrato todas las cosas que no están fuera del comercio de los hombres, aun las futuras. Igualmente, pueden ser objeto de contrato, todos los servicios que no sean contrarios a las leyes o a las buenas costumbres. En cambio, no podrán ser objeto de contrato las cosas o servicios imposibles.
Así pues, para que el objeto sea válido, debe ser : lícito, posible (nadie puede comprometerse a lo imposible), determinado o determinable ( es decir, algo concreto o que se establezca una forma cierta de concretarlo cuando llegue el momento) La causa: es el motivo, la intención de las partes al celebrar el contrato (ej cuando compras algo, la causa es el deseo de adquirir lo que compras).
Es elemento esencial del contrato, pues los contratos sin causa, o con causa ilícita, no producen efecto alguno, siendo ilícita la causa cuando se opone a las leyes o a la moral.
Derecho civil y mercantil 22 6.3.- Clasificación de los contratos - Contrato unilateral: es aquél que sólo produce obligaciones para una de las partes, ej.la donación.
- Contrato bilateral: produce obligaciones recíprocas, para ambas partes, ej compraventa, arrendamiento, permuta.
- Contrato oneroso: es aquel en que cada una de las partes obtiene una ventaja en compensación a la que, a su costa, obtiene la otra. Ej compraventa y permuta.
- Contrato gratuito: es aquel en que una de las partes obtiene una ventaja, sin nada a cambio. Ej la donación o el préstamo sin interés.
- Contrato oneroso, a su vez, puede ser conmutativos o aleatorios.
Contrato conmutativo es aquel en que las prestaciones de las partes están determinadas, sin riesgo de pérdida o ganancia. Contrato aleatorio es aquel en que las partes asumen, cada una el riesgo de pérdida o ganancia, ej contratos de juego y apuesta y renta vitalicia, pero también la compraventa, por ejemplo de cosa futura no fijada materialmente (la próxima cosecha).
- Contrato consensual: es el que se perfecciona por el consentimiento de las partes.
- El contrato real es el que requiere, para su perfección, no sólo el consentimiento de las partes, sino además la entrega de una cosa.
- Contrato de trato único, es el que produce obligaciones de ejecución instantánea ej compraventa, o la donación.
- Contrato de tracto sucesivo es el que produce u obligaciones de ejecución permanente, (como por ej la obligación que tiene el arrendador de mantener la posesión de la cosa en manos del arrendatario); u obligaciones de ejecución periódica, (como la del arrendatario que ha de pagar una renta mensual, o el contrato de renta vitalicia).
6.4- Generación, perfección y consumación de los contratos.
El contrato como todo negocio jurídico tiene un ciclo vital y en el que podemos distinguir entre: 1.- La generación, que comprende el proceso interno de formación del contrato.
2.- La perfección que es el nacimiento a la vida jurídica.
Derecho civil y mercantil 23 3.- La consumación, que es el cumplimiento del fin para el que se constituyó el contrato.
1.- Generación del contrato: podemos distinguir varias fases: a) Los tratos preliminares, a través de los cuáles se va formando en la mente de los eventuales contratantes sus posibles intereses, todavía no son ofertas definitivas.
b) La invitación a la oferta, que tiene lugar cuando una persona manifiesta su voluntad de realizar un determinado negocio, e indica que admite propuestas.
c) La oferta propiamente dicha.
2.- Perfección del contrato.
La perfección se determina en los contratos consensuales por la simple concurrencia del consentimiento, lo cual debemos completar con lo dispuesto en el art. 1262 del Cc, que dice, “el consentimiento se manifiesta por el concurso de la oferta y de la aceptación sobre la cosa y la causa que han de constituir el contrato.” Por lo tanto, la perfección, está integrada por la concurrencia de la oferta y la aceptación, y debe: - Recaer sobre algo real (objeto).
- Fundarse en una aspiración lícita (causa).
- Y manifestarse externamente, para que la ley pueda extender su perfección sobre él (forma).
3.- Consumación del contrato.
En el momento en que las obligaciones se exigen y se cumplen, surge la última fase de la vida contractual: la consumación.
6.5.- El contrato de arrendamiento.
Podemos definir el arrendamiento en general como aquel contrato por el cual una de las partes se compromete, mediante un precio que la otra se obliga a pagarle, a procurar a ésta el goce o uso temporal de la cosa, o a prestarle temporalmente sus servios, o a hacer por cuenta de ella una obra determinada.
Derecho civil y mercantil 24 1.- Arrendamiento de Cosas: Su concepto lo tenemos en el art. 1543 Cc. “en el arrendamiento de cosas, una de las partes se obliga a dar a la otra el goce o uso de una cosa por tiempo determinado y precio cierto.
El arrendador, es el que se obliga a ceder el uso de la cosa, y el arrendatario, es el que adquiere el uso de la cosa.
2.- Arrendamiento de obras y servicios: Dice el art. 1.544 del Cc: “En el arrendamiento de obras o servicios, una de las partes se obliga a ejecutar una obra o a prestar a la otra un servicio por precio cierto”.
La principal obligación del arrendador, es pagar la contraprestación, pero también debe cooperar con el arrendatario, para que este pueda cumplir, y en caso de que no sea así, podrá optar por la resolución contractual con las correspondientes indemnizaciones.
3.- Arrendamientos Urbanos: a) Arrendamiento de vivienda, regulado en la L.A.U de 24 de noviembre de 1994. Es aquel que recae sobre una edificación habitable, cuyo destino primordial sea satisfacer la necesidad permanente de vivienda del arrendatario.
b) Arrendamiento para uso distinto de la vivienda, se considera aquel que recayendo sobre una edificación, tenga como destino primordial uno distinto del de vivienda. Son los arrendamientos de fincas urbanas celebrados para ejercerse en la finca una actividad industrial, comercial, artesanal, profesional, recreativa, asistencial, cultural o docente, cualquiera que sea las personas que lo celebren.
4.- Arrendamientos rústicos: Son aquellos contratos mediante los cuales se ceden temporalmente una o varias fincas, o parte de ellas para su aprovechamiento agrícola, ganadero o forestal a cambio de un precio o renta.
Derecho civil y mercantil 25 6.6.- El contrato de compraventa.
El Código Civil, lo define en su art.1.445 diciendo que: “por el contrato de compraventa uno de los contratantes se obliga a entregar una cosa determinada y el otro a pagar por ella un precio cierto, en dinero o signo que le represente.” Los elementos de este contrato son: la cosa y el precio.
- La cosa objeto de la venta: pueden se objeto de compraventa las cosas corporales, incorporales, muebles, inmuebles, específicas, genéricas, derechos etc.., siempre que estén en el comercio.
Por lo tanto la cosa objeto de venta debe reunir los siguientes requisitos.
a) Existencia real o posible, es preciso que exista la cosa o sea posible su existencia (ej la próxima cosecha).
b) Licitud, porque no es contrario a la Ley.
c) Determinación, la cosa debe se determinada, aunque puede ser indeterminada pero determinable sin necesidad de un nuevo convenio.
- El precio: que debe ser cierto, en dinero o signo que le represente. Tiene que ser cierto, en el sentido de estar determinado, bien desde un inicio, bien posteriormente pero por referencia a valores de mercado, u otros medios, (la cuestión es que aunque no esté determinado concretamente desde el inicio, debe poder determinarse en base a los parámetros que fijen las partes.) 6.7.- La Permuta.
Es aquel contrato en el que las partes se compromenten a intercambiar entre sí cosas o derechos.
Al igual que la compraventa también es un contrato conmutativo y traslativo de dominio, la diferencia entre ambas estriba en que, mientras en la compraventa se cambia una cosa por dinero, en la permuta se cambia por otra cosa, o por un derecho.
La distinción no es tan fácil cuando, para adquirir una cosa, se pacta parte de su precio en dinero y parte mediante la entrega de otra cosa. En tal caso, el contrato se considera compraventa si el valor de esa cosa es inferior al del dinero, y permuta en caso contrario.
Derecho civil y mercantil 26 6.8.- Contratos de cooperación:el contrato de sociedad.
Contrato de sociedad: Llamamos sociedad a cualquier asociación voluntaria dirigida a la consecución de una finalidad común, mediante la contribución de todos sus miembros.
Todo lo referente a este contrato, será objeto de análisis en el apartado de Derecho Mercantil.
TEMA 7.- LOS DERECHOS REALES.
7.1.- Concepto.
Son aquellos que otorgan a su titular un poder inmediato y directo sobre una cosa, permitiéndole servirse de ella de alguna forma, total o parcialmente.
Lo característico de los derechos reales es que se refieren a una cosa determinada y son inseparables de ella, además esos derechos se ostentan frente a todos.
7.2.- Clases a).- El derecho de propiedad o domino, pilar básico del derecho de cosas. La propiedad o dominio, es el más amplio derecho que puede tenerse sobre una cosa, es decir, es desde un punto de vista jurídico privado, el máximo poder que una persona puede tener sobre una cosa.
b).- Derechos reales sobre cosa ajena, que permiten a su titular ejercitar derechos sobre una propiedad cuya titularidad ostenta otro. Estos últimos a su vez pueden clasificarse en : - - - Derechos reales de goce o disfrute, que permiten a su titular la utilización de un bien de otro, y en ocasiones la adquisición de los frutos de dichos bienes. Podemos citar entre los mismos: el usufructo uso y habitación, las servidumbres, los censos y el derecho de superficie.
Derechos reales de adquisición preferente, que permiten a su titular la adquisición de un bien de otro, cuando éste vaya a ser transmitido, con preferencia a cualquier otro adquiriente. Así se encuentran la opción, el tanteo y el retracto.
Derechos reales de garantía o de realización de valor, en los que su titular puede enajenar la cosa ajena, por los medios legales previstos, para obtener su valor económico, y cobrarse así la deuda, que originó la existencia de dicho derecho real. Son por ejemplo: la hipoteca y la prenda.
Derecho civil y mercantil 27 7.3.- La posesión.
Puede entenderse en dos sentidos: 1.- Como hecho, significa que una persona tenga algo en su poder, a su disposición, que pueda utilizarlo o servirse de ello como le convenga.
2.- Como derecho, significa que alguien tenga derecho a poseer alguna cosa por ser su propietario, usufructuario, arrendatario, prestatario etc.
A la simple posesión se la califica como derecho real provisional porque, el que, posee algo, o bien tiene derecho a ello o lo adquiere o lo pierde definitivamente ante otro derecho superior o por prescripción extintiva.
Sin embargo, la mera posesión de hecho de una cosa, ya otorga un derecho: el de no ser desposeído de ello por la fuerza. Por último la posesión puede ser justa o injusta dependiendo si se tiene o no derecho a poseer.
7.4.- La propiedad La propiedad o dominio es el más amplio derecho que puede tenerse sobre una cosa, es decir, es desde el punto de vista jurídico privado, el máximo poder que una persona puede tener sobre una cosa.
Frente al Derecho antiguo que concibió el derecho de propiedad como una suma de facultades: derecho a usar, disfrutar, abusar y disponer, en la actualidad se concibe como un señorío general e independiente, hecha abstracción de las facultades que en un determinado momento titularice el propietario.
El art. 348 Cc dice que la propiedad es el derecho de usar y disponer de una cosa sin más limitaciones que las establecidas por las leyes. Ahora bien la Constitución Española en el art.33 establece también que el interés particular del propietario debe coexistir con el interés general o de la colectividad.
En este artículo aparece recogida la tendencia de definir el derecho de propiedad mediante enumeración de las facultades que encierra (gozar, disponer, reivindicar), y asimismo se pone de relieve que no es un poder ilimitado sobre las cosas, sino reducido al ámbito de señorío, que la ley no excluya.
- Limitaciones a la propiedad.
De esta manera pueden existir limitaciones voluntarias a ese derecho de propiedad; los derechos reales pactados por las partes, no cabe duda de que suponen una restricción al contenido normal del derecho de propiedad.
Derecho civil y mercantil 28 Por otro lado están las limitaciones legales, fundamentadas en la utilidad pública e interés social, como la expropiación forzosa, o bien en la utilidad privada como las relaciones de vecindad, que nuestro Código civil viene a reconocer cuando por ejemplo regula la constitución o creación de determinadas servidumbres.
-Adquisiciones de la propiedad.
1.- Tradición, significa entrega o transmisión del derecho por su titular anterior.
2.- Sucesión, se produce a causa de la muerte del propietario anterior, por quienes la reciben al aceptar la herencia o legados.
3.- Accesión, significa que el dueño de una cosa accede a la propiedad de los frutos que ésta produce sean naturales o civiles y de las coas que se mezclen con ella de forma inseparable.
4.- Prescripción adquisitiva o usucapión, consiste en la adquisición de la propiedad de una cosa por quien ha actuado como dueño de ella sin serlo, durante un cierto tiempo y de forma pública, ininterrumpida y pacífica.
5.- Ocupación consiste en apropiarse de una cosa de una coas carente de dueño, por haberla perdido o abandonado éste, o porque no la ha tenido nunca nadie.
-Pérdida de la propiedad 1.- Pérdida de la cosa 2.- Destrucción 3.- Muerte del propietario 4.- Expropiación forzosa 5.- Sentencia judicial 6.- Renuncia o abandono 7.- La tradición (venta, permuta o donación) 8.- Prescripción extintiva ( el derecho de propiedad prescribe por no haber sido utilizado mientras otra persona lo adquiriría por usucapión).
- Comunidad de bienes o copropiedad.
Dice el art. 392 del Cc que “ hay comunidad cuando la propiedad de una cosa o de un derecho pertenece pro indiviso a varias personas”.
Nuestro Derecho sigue en general el sistema individualista del Derecho Romano, con la comunidad por cuotas. Cada comunero tiene una cuota o parte ideal sobre el bien o derecho objeto de la comunidad. Los derechos y los correlativos deberes de los comuneros serán proporcionales a la parte que ostenten en la cosa común. Se presumirán iguales, mientras no se pruebe lo contrario, las porciones correspondientes a los partícipes en la comunidad.
Derecho civil y mercantil 29 Respecto a la actuación de cada comunero dentro de la propia comunidad, hemos de tener en cuenta que: - - Cada comunero podrá usar y disfrutar de la cosa común, siempre que no perjudique el derecho de los otros comuneros ni vaya en contra del interés social.
Según el art. 399 Cc cada comunero puede gravar y disponer de su cuota a favor de terceras personas, teniendo en cuenta que en este último caso los demás comuneros tendrán un derecho de adquisición preferente.
Cada comunero podrá pedir la división de la cosa común en cualquier momento. Sin embargo puede ocurrir que la cosa sea indivisible, o resulte inservible para el uso a que se destina la misma si se divide; en este caso se podrá adjudicar a un comunero, y este deberá abonar al resto sus respectivas partes, o bien proceder a su venta y repartir lo obtenido entre todos los comuneros.
-Propiedad horizontal.
Es la que existe cuando en un mismo edificio, los diferentes pisos y locales del mismo pertenecen a varios dueños distintos.
En los edificios en régimen de propiedad horizontal, las relaciones entre los propietarios son las siguientes: cada uno es dueño exclusivo de su propio piso o local y de los elementos anexos al mismo. Además todos los dueños son copropietarios de los elementos y servicios comunes del edificio.
La copropiedad de los elementos comunes es una comunidad por cuotas, cada piso o local tiene asignada la suya, en relación al valor total del edificio y expresada en centésimas del mismo. Para determinarla, se tiene en cuenta la superficie útil de cada uno, pero pueden tomarse en consideración otros factores, tales como el emplazamiento y el uso previsible de los elementos comunes.
Estas comunidades se rigen por sus propios estatutos y en su defecto, por lo dispuesto en la Ley de Propiedad Horizontal.
7.5.- Los derechos reales de Adquisición Preferente.
Tanteo: el titular de derecho de tanteo, tiene la facultad de adquirir una cosa determinada, cuando su dueño quiera venderlo a un tercero, con preferencia a éste y en las mismas condiciones.
Retracto: se produce cuando la cosa ya ha sido enajenada, de manera que la recibirá de manos de la persona que la ha adquirido.
A modo de ejemplo, el inquilino de una finca arrendada se le reconoce el derecho de adquisición preferente; o el copropietario de una cosa común, Derecho civil y mercantil 30 tendrá derecho al retracto, en caso de enajenarse a un extraño alguna o todas las partes del resto de condueños.
Opción: faculta a su titular para adquirir una cosa, dentro del plazo estipulado y pagando el precio convenido si así lo decide.
Tendrá efecto frente a terceros, si la opción se ha inscrito en el Registro de la Propiedad, y para ello es necesario que así lo estipulen las partes, que conste el precio y el plazo para el ejercicio, que no podrá exceder de cuatro años.
7.6.- Los derechos reales de garantía. La Prenda y la Hipoteca.
La Prenda: es el derecho real de garantía, constituida por un bien mueble, cuya posesión se entrega al acreedor o a un tercero y que asegura el cumplimiento de la obligación.
Las características son pues: - Que se trata de un derecho real que recae sobre bienes muebles.
Que a pesar de que el deudor sigue siendo el dueño de la cosa, se produce un desplazamiento de la posesión a manos del acreedor o un tercero.
Tiene carácter accesorio, porque necesita de una obligación principal que asegurar. Por ello la prenda se extinguirá cuando lo haga la obligación principal que garantiza.
El acreedor pignoraticio puede: - Retener la cosa en su poder o en el de una tercera persona hasta que se cumpla la obligación.
El acreedor debe cuidar la cosa, respondiendo de su deterioro o pérdida, aunque tiene derecho a que se le abonen los gastos que su correcta conservación implique.
El acreedor no puede usar la cosa dada en prenda sin autorización de su dueño.
Puede usar el acreedor las acciones contra terceros, que correspondan al dueño, necesarias para defender o reclamar el bien.
Si al acreedor no le pagan el crédito, puede enajenar el bien, para satisfacer con lo que obtenga, las cuantías impagadas por el deudor.
Pero no podrá el acreedor apropiarse directamente de la cosa.
La Hipoteca: por hipoteca, queda sujeto un bien inmueble, al cumplimiento de una obligación, así si ésta no se cumple, puede el acreedor realizar (convertir en dinero) el bien sujeto a hipoteca para el cobro de su crédito.
Son características fundamentales de la hipoteca: Derecho civil y mercantil 31 - Que se trata de un derecho real que recae sobre bienes inmuebles.
Tiene naturaleza accesoria, ya que no puede existir si la obligación que garantiza.
No produce el desplazamiento de los bienes dados en garantía, pues permanecen en poder y posesión del deudor.
Es necesario, para su válida constitución, la inscripción en el Registro de la Propiedad, previo el otorgamiento de escritura pública.
El bien hipotecado debe ser: un bien inmueble y susceptible de enajenación. En la mayoría de ocasiones coincidirá el dueño del bien hipotecado con el deudor de la obligación principal, aunque no es necesario.
7.7.- Los derechos reales de goce.
Usufructo: el art. 467 Cc lo regula; y se puede definir como aquél derecho por medio del cual el usufructuario obtiene los rendimientos y utilidades de la cosa.
Tiene pues, la posesión y disfrute de la cosa, pudiendo hacer suyos los frutos que la cosa produzca.
El propietario tiene, a causa de la constitución del usufructo, un derecho limitativo de dominio.
El derecho de usufructo se extingue: - Por muerte del usufructuario.
Por renuncia del usufructuario.
Finalización del plazo pactado.
Pérdida de la cosa.
Cuando se reúne en una misma persona, el derecho de usufructo con el de propiedad o dominio.
Servidumbre: Se denomina derecho de servidumbre el poder real que una persona tiene sobre un predio ajeno para servirse de él parcialmente en algún aspecto. Desde un punto de vista del dueño del predio, tal derecho constituye una gravamen que, al pesar sobre la finca pone un limitación a la propiedad.
Clases: a) Las servidumbres pueden ser prediales o personales, según estén establecidas a favor de un predio o de una persona. (art. 530 y 531 Cc).
b) Por su contenido, pueden ser positivas, cuando suponen para el dueño del predio sirviente dejar hacer algo o hacerlo; por ejemplo, servidumbre de paso, que consiste en el derecho que tiene el dueño de una finca a atravesar otra. Negativas, cuando prohíben hacer algo que le sería lícito hacer sin el gravamen, por ejemplo, la prohibición de levantar pisos en una casa en beneficio de otra a fin de no quitar a esta última las correspondientes luces y vistas (art. 533 Cc).
Derecho civil y mercantil 32 c) Por su ejercicio pueden ser continuas, son aquellas cuyo uso es o puede ser incesante, sin intervención de ningún hecho del hombre, por ejemplo, una servidumbre de luces. Discontinuas, son las que se usan a intervalos más o menos largos y dependen de actos del hombre.
d) Por sus señales pueden ser aparentes, que son las que se anuncian y están continuamente a la vista. Por ejemplo, una servidumbre de paso si el camino está perfectamente señalado. No aparentes, las que no presentan indicio alguno exterior de su existencia, por ejemplo, una servidumbre de paso que se usa muy poco y cuyo camino por el crecimiento de la hierba no llega a distinguirse.
e) Por su origen pueden ser voluntarias, son las que las que pactan los interesados mediante el correspondiente negocio jurídico. Legales, existen porque la Ley faculta a los particulares para obtener su imposición, aunque se oponga el duño del predio sirviente; son por ejemplo: - Las servidumbres de aguas.
“ “ de paso “ “ de medianería.
“ “ de luces y vistas “ “ de desagüe de los edficios.
El Derecho de Superficie.
Es un derecho real limitado cuyo titular, llamado superficiario, puede plantar o edificar sobre un terreno ajeno y apropiarse de lo plantado o edificado y de los frutos que produzca, durante cierto tiempo. Transcurrido éste, la propiedad de la plantación o del edificio, revierte al propietario del terreno.
Debe constituirse en escritura pública e inscribirse en el Registro de la Propiedad.
El superficiario tiene la facultad de edificar en el terreno de quien le ha concedido ese derecho y la de gozar de lo edificado, sea utilizándolo personalmente o desarrollando en él una actividad económica o arrendándolo.
También puede transmitir su derecho a otra persona o gravarlo con una hipoteca.
En cuanto a sus obligaciones, serán las que se establezcan libremente al constituir ese derecho, en el contrato correspondiente. En sus cláusulas se puede establecer por ejemplo, un plazo para edificar, bajo pena de perder ese derecho.
El derecho de superficie puede pactarse de forma gratuita, sin que el dueño del terreno tenga otro derecho que el de adquirir la propiedad al terminarse el plazo. Pero también puede imponérsele al superficiario la obligación de pagar al propietario un precio global o bien una renta periódica.
Derecho civil y mercantil 33 En todo caso, el propietario tiene la obligación de respetar los derechos del superficiario absteniéndose de realizar cualquier actividad que pueda perturbarlo o impedir su ejercicio de cualquier forma.
Aunque el Código Civil en general, permite que pueda ser pactado por un tiempo determinado, la Ley del Suelo regula el derecho de superficie con carácter esencialmente temporal estableciendo los siguientes límites máximos: - 99 años si el propietario del terreno es un particular 75 años si pertenece al Estado, o Comunidad Autónoma o Municipio.
TEMA 8.- EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD.
8.1.- Principios Registrales a.- Principio de publicidad: Dicho principio no significa aquí propaganda o difusión, sino la posibilidad de que algo pueda ser conocido por el público en general. El Registro de la Propiedad es público, cualquier persona que tenga interés en ello, puede consultarlo para averiguar los datos sobre los inmuebles y los derechos reales inscritos.
La consulta puede realizarse de alguna de estas formas: - Tradicionalmente, solicitando poder examinar personalmente los libros, y tomar nota de los datos de interés.
En la actualidad, para evitar el deterioro de los libros, en muchas oficinas no se permite su consulta directa, sino que el interesado solicita los datos que precisa, y se le faculta una nota explicativa sobre los mismo.
También puede solicitarse un certificado, firmado por el propio Registrador, sobre la situación jurídica de la finca, con categoría de documento público.
Para consultar los datos del Registro, se exige el abono de ciertas tasas, cuya cuantía varía según si el interesado aporta los datos registrales de la finca o no, y si se trata de una consulta directa, de una nota explicativa, o de un certificado.
b.- Principio de no inscripción.
Con excepción de la hipoteca, cuya inscripción tiene un carácter constitutivo, la creación, modificación o extinción de los demás derechos reales, se produce con independencia del Registro de la Propiedad, aunque se refieran a inmuebles que ya estén inmatriculados. En consecuencia la inscripción es Derecho civil y mercantil 34 voluntaria: salvo algunas excepciones, nadie está obligado a inscribir la transmisión, o adquisición de derechos reales sobre inmuebles, si no lo desea.
Sin embargo, los títulos de propiedad o de los demás derechos reales sobre bienes inmuebles no perjudicarán a terceras personas si no han sido inscritos en el Registro a no ser que demuestre que conocían su existencia por otros medios. En cambio, los inscritos sí, ya que al ser el Registro público, se considera que cualquiera ha podido conocerlos.
c.- Principio de presunción de exactitud.
Dicho principio significa, que los datos que constan en el Registro sobre la existencia de derechos reales y su titular, se presume que son exactos. Por tanto, el que alegue tales hechos en un juicio, no deberá demostrarlos, simplemente por estar inscritos se supone, en principio, que tales derechos existen, y que su titular es el que consta como tal en el Registro. De todas formas, dicha presunción de exactitud, admite prueba en contrario.
d.- Principio de buena fe.
Es posible que, una persona, conste en el Registro como propietario de una finca, o titular de otros derechos reales sobre ella y que, después de un cierto tiempo, esos derechos sean anulados o resueltos por causas que no figuren en el Registro. Es lo que sucede si posteriormente a la inscripción de un contrato o un testamento, son anulados por algún motivo, o se demuestra que eran falsos, por ejemplo.
Dicho principio, significa pues, que si otra persona, confiando en los datos del Registro, adquiere tales derechos, a título oneroso, de la persona que aparece con facultades para transmitirlos y, a su vez, los inscribe a su nombre, adquirirá su titularidad, y la conservará después, aunque los derechos del que se los ha transmitido sean anulados.
La buena fe de las personas que adquieren derechos confiando en los datos del Registro, se presume siempre, pero puede también probarse que no existe tal buena fe.
e.- Principio de prioridad.
La prioridad quiere decir que el Registro protege a quienes inscriben sus títulos en él, por orden de ingreso de los mismos, según la naturaleza propia de cada derecho. La prioridad registral no viene determinada por la antigüedad del título que se inscribe, sino por el momento de su presentación en el Registro.
Si después de la presentación de un título, se presenta otro cuyo contenido sea contradictorio con el primero, el Registrador se negará a inscribirlo, aunque sea más antiguo.
Derecho civil y mercantil 35 f.- Principio de Rogación.
Significa que el Registrador no practica nunca inscripciones por su propia iniciativa, “de oficio”, aunque le consten plenamente tales hechos, las inscripciones deben ser realizadas siempre a solicitud de los interesados, es decir, “a instancia de parte”.
Las personas que pueden solicitar la inscripción son: - El que adquiere el derecho.
El que lo transmite.
El que tenga interés en asegurar el derecho que se deba inscribir.
El representante de cualquiera de los anteriores.
g.- Principio de tracto sucesivo.
Este principio significa que, para inscribir o anotar títulos por los que se declaren, transmitan, graven, modifiquen o extingan la propiedad y demás derechos reales sobre inmuebles, previamente debe estar inscrito o anotado el derecho e la persona que otorgue, o en cuyo nombre se otorguen, los referidos actos. En consecuencia, si en el Registro está inscrito un derecho a favor de una persona distinta a la del otorgante de la transmisión o gravamen, el Registrador se negará a realizar la inscripción solicitada.
Ello es asó porque a excepción del primero (la inmatriculación), cada asiento debe apoyarse siempre sobre otro anterior, vigente y suficiente, que le sirva de base. Así el vendedor de una finca debe constar como último propietario de la misma, e igualmente el que la grava con una hipoteca o constituye sobre ella una servidumbre, por ejemplo.
El hecho de que el otorgante de un derecho no figure como titular del mismo en el Registro, puede deberse: - A que la finca no haya sido previamente inmatriculada.
A que se hayan omitido una o varias, inscripciones sobre transmisiones intermedias (herencias, compras, donaciones etc.) h.- Principio de Legalidad.
Una vez presentado un título, y solicitada su inscripción, ésta no se realiza automáticamente, sino que, el Registrador, debe calificarlo previamente. La calificación de un título consiste en la comprobación de que éste reúne todos los requisitos legalmente exigidos para su validez. Y el principio de legalidad significa que, sólo en este caso, el título puede ser inscrito.
Derecho civil y mercantil 36 La calificación del título se refiere tanto a su forma (escritura pública) como a la capacidad de los otorgantes, y a su contenido, tanto intrínseco (validez del acto dispositivo) como en relación con el Registro.
De resultas de la calificación, el Registrador puede decidir: - Practicar el asiento de la inscripción.
Denegarlo.
Dejarlo en suspenso.
Derecho civil y mercantil 37 8.2.- El Registro de la Propiedad y el Catastro.
En el Registro de la Propiedad, como se ha visto, la finca se describe para determinar la titularidad y los derechos reales sobre la misma, pero la descripción es literal y carece de un soporte gráfico que la identifique plenamente. Pero existe otro registro que sí lo posee: el Catastro.
Definición. El Catastro inmobiliario es un registro administrativo dependiente del Ministerio de Hacienda en el que se describen los bienes inmuebles rústicos, urbanos y de características especiales tal y como se definen en la Ley.
Regulación: RD Legislativo 1/2004 de 5 de marzo, que aprueba el TR de la Ley del Catastro Inmobiliario Finalidades principales.
- Tributaria.
Una gran infraestructura de información territorial disponible para todas las Administraciones públicas, fedatarios, empresas y ciudadanos en general, puesta ante todo al servicio de los principios de generalidad y justicia tributaria, pero capacitada también para facilitar la asignación equitativa de los recursos públicos.
8.3.- Agrupaciones, agregaciones, segregaciones y división de Fincas.
a.- Agrupación de fincas: significa la unión de dos o más de ellas, para formar una nueva, independiente. De ello, debe tomarse nota marginal en cada una de las fincas agrupadas, que dejan de existir como tales.
En cuanto a la finca resultante de la agrupación, pasa a convertirse en una nueva unidad registral, con un nuevo folio y numeración distinta de las agrupadas.
Para que pueda llevarse a cabo la inscripción de la agrupación de fincas en el Registro, deben respetase los siguientes requisitos: - Que las fincas que se pretende agrupar estén previamente inmatriculadas.
Que sí pertenecen a diferentes propietarios, lo soliciten todos ellos.
b.- Agregación de fincas: supone que, a una finca preexistente y que continúa con los mismos datos registrales, se le añaden otras, o parte de otras. Para ello, es necesario que, la finca absorbente tenga al menos una superficie cinco veces mayor que la suma de las que se le agreguen.
Derecho civil y mercantil 38 c.- Segregación registral: que consiste en separar una o varias partes de una finca matriz, bien sea para agregarlas a otra u otras, o para constituir con ellas una nueva finca d.- División de fincas: consiste en que, la totalidad de ésta se fragmente en dos o más fincas nuevas. La división debe inscribirse en la finca matriz, que deja de existir como tal.
En cuanto a las fincas resultantes de la división, cada una pasa a constituir una nueva unidad registral, con distinto folio y numeración. En su inscripción se debe anotar la finca matriz de la que proceden, así como las cargas y gravámenes que tuvieran antes de la división Derecho civil y mercantil 39 SEGUNDA PARTE.- DERECHO MERCANTIL TEMA 1.- ORIGEN, MERCANTIL EVOLUCIÓN Y SIGNIFICADO DEL DERECHO 1.1.- El derecho mercantil tradicional.
Para entender el significado del Derecho mercantil hay que tomar como punto de partida la existencia dentro de nuestro ordenamiento jurídico de un Código de Comercio que coexiste con el Código Civil.
Si se examina el Código de Comercio (en adelante C.Com), puede comprobarse que una serie de instituciones, están también reguladas en el Cc (ej la compraventa, el depósito etc). Así pues, el C Com se caracteriza en gran medida, porque una parte importante de sus normas se refieren a una serie de supuestos que ya están regulados por el derecho común en el Cc, pero que los regula de manera diferente.
Así pues, la especialidad del Derecho mercantil, se caracteriza porque a un conjunto de supuestos regulados en el derecho civil, les aplica un regulación diferente.
Esa especialidad del derecho mercantil (del C Com.), sólo es explicable desde una perspectiva histórica. En efecto, aunque desde la antigüedad, y desde luego, en el Derecho Romano existieron normas que regulaban las instituciones del tráfico comercial, la aparición de normas mercantiles especiales, esto es, distintas y alternativas de las del Derecho común, tiene su origen en Europa en la Edad Media.
Hacia el siglo XI se inicia en Europa occidental un fenómeno conocido como “revolución comercial”, ya que a partir del siglo X, hubo una expansión muy importante del comercio, especialmente en las ciudades del norte de Italia.
Pero ese renacimiento del gran comercio interlocal encontraba importantes dificultades de carácter jurídico; el derecho canónico y un derecho surgido en una sociedad básicamente agraria no eran aptos para resolver los litigios surgidos dentro de ese comercio interlocal.
Esos litigios que surgían entre comerciantes, necesitaban la aplicación de unas normas diferentes, enfocadas al comercio, normas que resolvieran las pretensiones y cuestiones que surgieran, a través de un proceso más ágil en los plazos y más sencillo en la tramitación.
Derecho civil y mercantil 40 Estas circunstancias de la época, favorecieron la formación de un Derecho consuetudinario adecuado a la actividad mercantil.
1.2.- Evolución reciente: el derecho mercantil en la actualidad.
Es un hecho evidente, que la legislación en materia mercantil ha experimentado un cambio profundo y casi completo a partir de la década de los años 1980.
Por lo que se refiere al Código de Comercio, aunque podría considerarse como texto legal básico en materia de derecho mercantil, ha pasado a regular una pequeña parte de la dicha materia, y además ha experimentado cambios sustanciales que son fundamentalmente y a modo de ejemplo, los referentes al Registro Mercantil, y a la contabilidad; la regulación del contrato de seguro; la regulación de la letra de cambio, pagaré y cheque etc.
También en materia de sociedades se han promulgado nuevas leyes; ha cambiado además toda la legislación sobre derecho de la competencia y sobre bienes inmateriales; y sin duda la integración de España en la Unión Europea en el 1986, ha tenido una influencia importante en este proceso acelerado de cambio.
En definitiva, el que puede denominarse nuevo Derecho mercantil ha surgido fundamentalmente como consecuencia de tres factores determinantes: a) Institucionalización de un mercado de libre competencia (es decir, la creación de un mercado sujeto a la libre competencia).
b) Incidencia en el mercado de los avances tecnológicos y de los bienes inmateriales (patentes, signos distintivos, y creaciones protegidas por el derecho de autor).
c) Internacionalización o globalización del mercado.
1.3.- El derecho de la competencia.
En España, al igual que en la Comunidad o Unión Europea, rige un sistema de economía de mercado, esto es, un sistema basado en la libre competencia.
Ese planteamiento económico no ha existido siempre. Bajo el antiguo régimen (antes de la Revolución Francesa), el acceso al ejercicio del comercio y de la artesanía estaba rígidamente reglamentado, al igual que los precios y las calidades de los productos, que eran impuestos y controlados por los propios gremios.
Derecho civil y mercantil 41 La idea de que cualquiera puede operar en el mercado, como industrial o como comerciante, se hizo realidad tras el triunfo del liberalismo con la Revolución Francesa que consagró el derecho a participar en el mercado y a competir.
Un sistema de economía de mercado basado en la libre competencia implica en primer lugar el libre acceso al mercado de quienes quieran operar en él, es decir, que no debe haber barreras que impidan la aparición de nuevas empresas dedicadas a una actividad determinada.
Y en segundo lugar, también implica el deber del empresario en esforzarse continuamente en hacer ofertas mejores o cuanto menos equiparables a las de sus competidores, porque sino lo hace, si no consigue hacer ofertas suficientemente atractivas, perderá la clientela, pudiendo llegar incluso a desaparecer la empresa.
TEMA 2.- EL EMPRESARIO 2.1.- El empresario mercantil.
La actividad empresarial se realiza habitualmente por medio de una empresa, entendida como organización de medios personales, materiales, e inmateriales para la producción de bienes o servicios para el mercado. Pero esa organización de medios en que consiste la empresa necesita imprescindiblemente estar atribuida a una persona con capacidad jurídica, esto es, a un empresario. La actuación en el mercado sólo puede realizarse por personas con capacidad jurídica, pues sólo éstas pueden tener derechos y obligaciones, y es obvio que la participación en el tráfico económico exige plena capacidad para ser titular de derechos y obligaciones. Por ello es imposible considerar que pueda participar en el tráfico una empresa si no cuenta con la persona de un empresario, como sujeto de derechos y obligaciones.
Puede ser empresario cualquier persona con capacidad jurídica, tanto una persona natural, como una persona jurídica. Ocurre a menudo que una sociedad mercantil se constituye o crea, para la explotación de una empresa determinada, con lo que podría crearse la falsa apariencia de que la empresa tiene personalidad jurídica propia. Pero no es así; la personalidad jurídica la tiene el empresario, que en ese caso en la sociedad mercantil.
2.2.- Responsabilidad del empresario.
El empresario es, por tanto, la persona con capacidad jurídica en cuyo nombre se realiza la actividad empresarial; es la persona que asume los derechos y Derecho civil y mercantil 42 obligaciones vinculados a esa actividad, y, por consiguiente, la que asume también la responsabilidad correspondiente.
El empresario asume pues la responsabilidad a título personal y con todos sus bienes presentes y futuros por las obligaciones resultantes de la actividad empresarial, según resulta de la norma general establecida en el art. 1.911 Código civil.
Así pues, de las obligaciones resultantes de la actividad empresarial responde el empresario con todo su patrimonio, no sólo con los bienes y derechos integrados en su empresa, sino con todo su patrimonio personal, aunque sea ajeno a la actividad empresarial; y responde tanto si se trata de un empresario individual (persona física), como si se trata de una sociedad mercantil (empresario persona jurídica).
TEMA 3.- PRINCIPIO DE CORRECIÓN EN EL TRÁFICO ECONÓMICO: PROTECCIÓN DE LA LIBRE COMPETENCIA Y LA COMPETENCIA DESLEAL.
3.1.- Economía de mercado y libre competencia.
Como ya hemos indicado en otro apartado, un sistema de mercado basado en la libre competencia, implica en primer lugar, el libre acceso al mercado de quienes quieran operar en él, es decir, que no debe haber barreras que impidan la aparición de nuevas empresas dedicadas a una actividad determinada.
En segundo lugar, la libre competencia exige que todos los que participan en el mercado, estén sujetos a las mismas reglas y actúen independientemente entre sí, tratando de esforzarse en captar a la clientela, por las ventajas inherentes a las prestaciones que ofrecen.
El empresario tiene que ocuparse continuamente por mantener la competitividad de sus empresas, para no perder la clientela; tiene que preocuparse de los progresos tecnológicos que van apareciendo, de las actuaciones de sus competidores, de los gustos y demandas de la clientela, de abaratar sus costos, de la publicidad etc..
3.2.- El origen de la regulación contra la competencia desleal.
En base a lo expuesto en el apartado anterior, no es de extrañar que a menudo los empresarios traten de reducir los esfuerzos y los riesgos que para ellos Derecho civil y mercantil 43 significa el sistema competitivo, poniéndose de acuerdo para reducir o para eliminar la competencia entre ellos.
Por ello, uno de los mayores enemigos del sistema competitivo son la propias empresas, que tratan de ponerse de acuerdo para no competir o para reducir la competencia entre ellas.
Surgen así las llamadas prácticas restrictivas de la competencia, que benefician a las empresas, pero perjudican al conjunto de la sociedad, especialmente a los consumidores. Ésa es la razón por la que la legislación protectora de la libre competencia las prohibe.
Pues bien, la legislación protectora de la competencia, a la vista de que el mayor peligro del sistema de mercado resulta de los pactos restrictivos de la competencia, añade al derecho a competir, la obligación de competir.
3.3.- Competencia desleal y protección de los consumidores.
El movimiento de protección de los consumidores se inició en los años sesenta del siglo XX. Se basa en la idea de que existe un gran desequilibrio entre el consumidor, el ciudadano normal, y las empresas, de donde resulta que éstas pueden cometer y cometen toda clase de abusos.
Para restablecer un cierto equilibrio en esas relaciones, es indispensable la intervención del legislador; se trata por tanto de proteger a los consumidores mediante la imposición de normas legales de carácter imperativo.
Pero también se ha puesto de relieve, que la protección de los consumidores se vincula con la protección del propio sistema competitivo. En efecto, constituye un principio esencial de la economía de mercado, que es el consumidor el que actúa de árbitro, el que de éxito a los competidores, puesto que es él, con su elección, el que adquiere los productos o servicios de uno u otro de los empresarios que participan en el mercado; el consumidor es el cliente, es el rey del mercado.
Ahora bien, dada la tradicional situación de inseguridad e inferioridad en que se encuentran los consumidores, es necesario que la Ley les proteja, para que puedan ejercer el papel que le corresponde dentro de un sistema de economía de mercado, y que es indispensable para que ese sistema pueda funcionar correctamente.
En definitiva, por tanto, la protección de los consumidores, es indispensable para el sistema competitivo, por eso, también las normas sobre competencia desleal, tienen que proteger sus intereses.
Derecho civil y mercantil 44 3.4.- Ámbito de protección contra la competencia desleal.
Como se ha puesto de manifiesto anteriormente, en la actualidad se considera que la regulación contra la competencia desleal tiene por objeto la protección de intereses diversos, esto es, la de todos los que participan en el mercado (empresarios y consumidores), además de proteger el funcionamiento correcto del sistema competitivo, evitando que se vea distorsionado por actuaciones incorrectas.
Esta nueva función de la regulación legal condiciona plenamente la delimitación de su ámbito de aplicación.
Desde el punto de vista subjetivo no sólo están sujetos a estas normas los empresarios, sino todos los que participan en el mercado ofreciendo bienes o servicios. Por supuesto que la inmensa mayoría de los casos, son empresarios quienes ofrecen bienes o servicios en el mercado, pero lo relevante para que se apliquen las normas sobre competencia desleal es esa participación en el mercado y no el hecho de que puedan ser calificados o no como empresarios.
Así ocurre que si una persona ofrece, por ejemplo, unas alfombras en venta, porque las ha heredado, estará sujeta a las normas sobre competencia desleal, aunque sea evidente que no se trata de un empresario. Si al hacer pública la oferta, lo hace engañando sobre la procedencia o calidad de las alfombras, esa actuación estará sujeta a las normas sobre competencia desleal.
3.5.- Supuestos concretos de actos de competencia desleal.
La ley de competencia desleal, incluye una lista de supuestos concretos de competencia desleal, específicamente prohibidos; trata pues, de incluir los casos de competencia desleal, que según la experiencia, suelen darse de forma más habitual.
Cabe proponer una clasificación de los supuestos concretos de competencia desleal en tres categorías fundamentales, a las que cabe añadir como supuesto específico e importante la publicidad comparativa.
1.- Aprovechamiento del esfuerzo de otros participantes en el mercado.
Un primer grupo de supuestos concretos de competencia desleal es el que caracteriza por perseguir aprovecharse del esfuerzo de otros participantes en el mercado.
a) Confusión: la modalidad más evidente de actos que persiguen aprovecharse del esfuerzo de un competidor, es aquella actuación que persigue inducir a confusión a los clientes, sobre las prestaciones que ofrecen las empresas que compiten en el mercado. Esto es, al cliente potencial se le induce a adquirir las prestaciones de una empresa, Derecho civil y mercantil 45 creyendo que son de otra o se le induce a creer que dos empresas distintas son la misma.
b) Aprovechamiento de la reputación ajena: otro de los supuestos frecuentes en los que un competidor trata de aprovechase del esfuerzo de otro participante en el mercado, es cuando se trata de explotar la reputación de éste (se utiliza la referencia al producto o servicio ajeno, especialmente al signo distintivo que lo caracteriza, para promocionar el producto propio); así ocurre cuando se hace publicidad de un producto poniendo de manifiesto que es de la misma clase, tipo, modelo o sistema que otro producto ajeno que está en el mercado y que ha adquirido reputación en él.
c) Imitación de prestaciones ajenas: pueden imitarse las prestaciones ajenas en el mercado, cuando no están protegidas por un derecho exclusivo. Pero esa imitación constituye un acto de competencia desleal, cuando se hace de tal manera que resulta idónea para crear confusión entre la clientela sobre la procedencia empresarial de los productos o servicios.
d) Sustracción o explotación de secretos empresariales ajenos: tiene que tratarse de un secreto empresarial digno de protección y su divulgación o explotación debe constituir una actuación incorrecta.
2.- Ataques directos a otras empresas participantes en el mercado.
Otro grupo de actos o comportamientos desleales, es el que se refiere a actuaciones que constituyen ataques directos a otras empresas participantes en el mercado.
a) Denigración : una manera tradicional de competir deslealmente, consiste en tratar de perjudicar al competidor desacreditándole, bien a él, bien a sus productos o prestaciones, mediante manifestaciones que sean aptas para menoscabar su crédito en el mercado, a no ser que se trate de manifestaciones exactas, verdaderas y pertinentes.
b) Inducción a la infracción contractual: otra forma típica de perjudicar deslealmente a un competidor, consiste en inducir a sus trabajadores, proveedores, clientes y otras personas vinculadas con él, a infringir los deberes contractuales básicos que han contraído con ese competidor.
c) Venta a pérdida: consiste en reducir mucho el precio de un determinado producto o servicio, con el fin de desacreditar la imagen de dicho producto o servicio, (piénsese en la venta a pérdida de productos de clientela selecta); o con el fin de pura y simplemente, a excluir al competidor del mercado.
Derecho civil y mercantil 46 TEMA 4.- LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.
4.1.- Patentes y protección de otras creaciones.
Las Patentes: El derecho de patentes lo que pretende es impulsar el progreso tecnológico dentro de un mercado de libre competencia.
Para conseguir es finalidad lo que se hace es establecer una especie de pacto entre el inventor y el Estado. El inventor describe su invención de tal forma que cualquier experto en la materia pueda ponerla en práctica y entrega esa descripción en la oficina administrativa correspondiente,(la Oficina Española de Patentes y Marcas), para que esa descripción pueda ser conocida por los terceros interesados en ella.
A cambio el Estado atribuye al inventor el derecho exclusivo a producir y comercializar el objeto de su invención durante un tiempo limitado.
Gracias a esa especie de pacto las dos partes consiguen lo que les interesa. El inventor consigue tener un derecho exclusivo de explotación; si el Estado no le otorgara ese derecho exclusivo de explotación, cualquiera podría copiar su invento y explotarlo. Y el Estado obtiene el conocimiento y la descripción del invento, lo cual le permite hacerlo público con dos consecuencias fundamentales: - En primer lugar, que quienes están investigando en ese sector conocen el invento y pueden tenerlo en cuenta para seguir desarrollando sus investigaciones, o bien dejar de investigar algo que ya ha sido inventado.
- Y en segundo lugar, la descripción permitirá, una vez terminado el plazo de duración del derecho exclusivo, que cualquier interesado pueda poner en explotación el invento.
Si la patente no existiera, sería difícil que ningún empresario invirtiera en investigación. La razón es evidente, si después de hacer gastos cuantiosos en investigación se obtiene un invento, y cualquier competidor puede copiarlo y explotarlo en el mercado, entonces no habría empresario que estuviera interesado en hacer esa inversión en investigación, porque al final su posición en el mercado sería peor que la del competidor que le copia.
El competidor que le copia no tiene que amortizar gastos de investigación, por lo cual puede ofrecer su producto más barato. Por el contrario quien ha tenido que financiar la investigación tiene que amortizar esos gastos; y si no tiene el Derecho civil y mercantil 47 derecho exclusivo de explotación, tendría que vender el producto más caro que el competidor que no tuvo esos gastos.
Una vez concedida la patente, el titular de la misma, tiene el derecho exclusivo de explotación sobre la misma por un plazo de veinte años. Es, pues, un derecho de duración limitada y no prorrogable, porque el impulso del progreso tecnológico e industrial exige que pasado el tiempo de duración de la patente, el invento pueda ser explotado por cualquiera.
Protección de otras creaciones: - Especialidades en materia de invenciones biotecnológicas. La ingeniería genética, al permitir la manipulación sistemática del material genético, ha hecho que la biotecnología constituya en estos momentos una de las áreas en que la investigación se desarrolla con mayor intensidad, con una trascendencia fundamental en campos tan importantes para la satisfacción de las necesidades humanas como son los relativos a la salud, la alimentación, la agricultura, la ganadería y el medio ambiente.
Esa trascendencia para la sociedad y el éxito de las nuevas técnicas explica que existan cuantiosísimas inversiones económicas en la investigación biotecnológica. Y para proteger esas inversiones y esas investigaciones surge precisamente la necesidad de proteger por medio de patentes las invenciones que resulten en el campo biotecnológico.
- Modelos de utilidad: son una institución regulada para proteger lo que podrían denominarse invenciones menores, en las que la innovación consiste en la nueva forma o configuración o estructura de un objeto, que atribuye a éste alguna ventaja práctica para su uso o fabricación.
Cabe citar como ejemplos de modelos de utilidad, asas para bolsos, o para carteras escolares. Los derechos otorgados por el modelo de utilidad son los mismos que para las patentes, aunque con una duración menor ya que se le conceden diez años que además no pueden prorrogarse.
- Obtenciones vegetales: las invenciones referentes a nuevas variedades de plantas, presentan una serie de peculiaridades que han justificado la creación de sistemas de protección, diferenciados frente a las patentes de invención.
- Diseño Industrial: uno de los elementos que tiene hoy más trascendencia para el éxito de los productos en el mercado es su diseño.
Pero, como es obvio, el diseño vale, en la medida en que no pueda ser libremente copiado por cualquier competidor; por eso es importante asegurar a quien lo ha creado o lo ha adquirido de su creador, su explotación en exclusiva.
Derecho civil y mercantil 48 Aunque la protección específica del diseño industrial es la establecida concretamente para él (Ley 20/2003 de 7 de julio) debe tenerse en cuenta que también es posible obtener el derecho exclusivo sobre el diseño a través de la legislación sobre propiedad intelectual, es decir, el Derecho de autor.
Además, hay que tener en cuenta, que otro medio a través del cual es posible proteger, en determinados casos los diseños industriales, evitando su copia, es a través de la legislación sobre competencia desleal.
4.2- Marcas y contenido del derecho de marca.
Se entiende por marca, todo signo o medio susceptible de representación gráfica, que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras.
Parece evidente, que la marca es ante todo un instrumento puesto al servicio de los empresarios para permitirles su actuación en el mercado; y dentro de este planteamiento la doctrina más tradicional, considera que la marca sirve para asegurar que todos los productos o servicios distinguidos con ellas tienen el mismo origen empresarial.
Frente a la vinculación de la función de la marca exclusivamente a los intereses de los empresarios, se ha señalado, con razón, que al considerar la función de la marca no pueden ignorarse los intereses de los consumidores.
Así pues, las marcas sirven también a la protección de los consumidores, en la medida en la que les permiten identificar y distinguir los diversos productos o servicios que se ofrecen en el mercado, permitiendo así la elección entre ellos.
Por otra parte, para mantener la plena efectividad del derecho exclusivo, el titular de la marca tiene que cumplir con determinadas cargas que son fundamentalmente las de usar la marca, ejercitar las acciones por violación contra quienes invadan el derecho exclusivo y renovar la marca.
El titular de una marca tiene que cumplir con la carga de usarla si quiere conservar el derecho exclusivo y poder hacerlo valer frente a los terceros. La falta de uso efectivo de la marca para los productos o servicios para los que está registrada se sanciona, si esa falta de uso se ha prolongado durante cinco años a partir del registro o se hubiera suspendido durante un plazo ininterrumpido también de cinco años .
El titular de la marca queda sin embargo, exonerado de la obligación de usarla, cuando existan causas justificativas de la falta de uso. Esas causas justificativas tienen que ser ajenas a las posibilidades de actuación del titular de la marca, esto es, tienen que resultar de circunstancias en las que el titular no puede influir.
Derecho civil y mercantil 49 La sanción más drástica por la falta de uso de la marca es la caducidad; pero existen, además, otras sanciones que consisten básicamente en limitar la eficacia del derecho exclusivo que corresponde a la marca no usada.
Otra carga que pesa sobre el titular de la marca, consiste en que está obligado a ejercitar la acciones por violación de su derecho una vez que ha conocido que la violación ha tenido lugar. Si no lo hace así, es decir, si se entera de que otra persona ha registrado su misma marca, o que la está usando y no ejercita las acciones que le corresponden en un plazo de cinco años desde que lo supo o conoció, el titular pierde su derecho a pedir la nulidad de la marca posterior y a impedir el uso de la misma.
Por último, el titular de la marca para mantener su derecho exclusivo tendrá que renovarla cada diez años.
4.3.- Otros signos distintivos de la empresa.
En un sistema competitivo de economía de mercado, es indispensable que existan signos distintivos que permitan identificar y diferenciar a las empresas y a sus productos, y los locales donde esas empresas ejercen su actividad para la clientela.
A diferencia de lo que ocurre con las patentes, el derecho sobre los signos distintivos, tiene una duración indefinidamente prorrogable, por medio de las sucesivas renovaciones. Ello es así, porque en este caso, la libre utilización del signo protegido por parte de terceros, no sólo no reportaría ninguna ventaja industrial o tecnológica, sino que privaría de valor a la marca y daría lugar a la confusión de la clientela en el mercado.
Se diferencian, por ello, tres clases de signos distintivos de la empresa dentro de nuestro derecho: la marca, el nombre comercial y el rótulo de establecimiento.
- - La Marca: como hemos apuntado en el apartado anterior, las marcas sirven para distinguir los bienes o servicios que produce, distribuye o presta una empresa.
El Nombre Comercial: es el signo del empresario, es decir, es todo signo susceptible de representación gráfica, que identifica a una empresa en el tráfico mercantil y que sirve para distinguirla de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas o similares.
Rótulo de establecimiento: es el signo distintivo que sirve para distinguir e identificar los locales comerciales abiertos al público.
Derecho civil y mercantil 50 4.4.- Denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas.
En el tráfico económico ocurre con frecuencia que determinadas denominaciones geográficas son conocidas entre el público por su vinculación a productos con características determinadas. Ocurre así, que el hecho de que unos productos de esa misma clase se ofrezcan como procedentes de la zona geográfica en cuestión, significa para el público tanto como ofrecerle esos productos con las características típicas de la zona de procedencia.
Naturalmente, cuando una indicación de procedencia conocida por el público se usa para ofrecer o promocionar productos que no proceden realmente de esa zona geográfica, es obvio que se incurre en un acto de competencia desleal, puesto que en definitiva se trata de un acto engañoso, que induce a confusión con los productos verdaderamente procedentes de esa área geográfica y que pretende, por supuesto, aprovecharse de la reputación de los mismos.
En el Derecho español, la protección contra las falsas indicaciones de procedencia se sitúa tanto en el ámbito de la publicidad y competencia desleales como en el de las marcas.
Pero aparte de la protección general que las normas sobre competencia desleal otorgan contra las falsas indicaciones de procedencia, hay supuestos en los que la denominación geográfica adquiere una protección superior, en el sentido de llegar a constituir un derecho exclusivo de utilización dentro del tráfico económico. Es la protección que tienen las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas protegidas.
En estos casos, se trata de supuestos en los que existe una vinculación entre el lugar y un producto, cuya característica de calidad se conecta al medio geográfico en el que se produce.
Para que exista la protección superior a la de la competencia desleal, esto es, la protección como denominación de origen o indicación de geográfica protegida, es necesario que exista un control sobre los productores y los productos, control que debe garantizar, no sólo que el producto procede de la zona determinada, sino que además tiene las características típicas de los productos procedentes de ese lugar y para los que se ha concedido la denominación de origen y la indicación geográfica protegida.
Dichas denominaciones de origen e indicaciones geográficas, tienen que haber sido previamente reconocidas como tales, por las autoridades competentes, mediante un control que asegure que las denominaciones son aplicadas solamente a los productos que reúnen las características típicas de las zonas a las que la denominación geográfica corresponde.
Derecho civil y mercantil 51 Hay que destacar, que en el caso de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas, el derecho exclusivo no es para una empresa determinada, sino para todas las empresas que elaboran los productos en la zona geográfica de que se trate y respetan las normas de control para las características de tales productos.
TEMA 5.- LOS CONTRATOS MERCANTILES.
5.1.- El contrato mercantil.
La función del contrato es la misma en el ámbito civil y en el mercantil; por eso, no es extraño que las normas reguladoras del contrato como fuente de las obligaciones hayan de buscarse en el Código Civil, tal y como dispone el artículo 50 del Código de Comercio.
Por otra parte, la mayoría de los contratos regulados en el Código de Comercio lo están también en el Código Civil; por eso es necesario hacer la distinción entre contratos civiles y mercantiles.
5.2.- El contrato de compraventa mercantil.
A pesar de la gran importancia de este contrato, el Código de Comercio ni lo define, ni ofrece una regulación completa del mismo; de ahí la necesidad de acudir a las disposiciones del Código Civil para poder completar las normas que regulan el contrato de compraventa mercantil.
El Código Civil lo define como “aquel contrato por el que uno de los contratantes se obliga a entregar a otro una cosa determinada y éste a pagar por ella un precio cierto en dinero o signo que le represente “.(art. 1.445).
Por su parte el Código de Comercio establece que “será mercantil la compraventa de cosas muebles para revenderlas bien en la misma forma en que se compraron o bien en otra diferente, con ánimo de lucrarse en la reventa” (art.325).
Así mismo, el Código de Comercio, añade que no se consideraran mercantiles las compras de efectos destinados al consumo del comprador o de las personas por cuyo encargo se adquieren. (art. 326.1) Nos encontramos pues, que la intención aparece como determinante de la calificación del contrato, independientemente de que sean o no comerciantes quienes lo realicen.
Derecho civil y mercantil 52 5.3.- Los contratos de colaboración: el contrato de comisión y de agencia.
a) El contrato de comisión.
En este contrato encontramos por un lado, al comisionista y por otro al comitente.
El comisionista, en virtud de este contrato, es la persona que representa al comitente en sus relaciones mercantiles, y en cumplimiento de sus funciones puede actuar en nombre propio o en el del comitente. El comisionista queda en principio obligado directamente con las personas con las que contrata, y para excluir este compromiso propio y generar la vinculación directa con su representado (es decir, el comitente), deberá manifestar que actúa en nombre ajeno y hacerlo constar en el contrato.
El encargo que se le confía al comisionista, consiste simplemente en contratar, es decir, en realizar actos jurídicos; se diferencia así del contrato de arrendamientos de servicios, cuyo objeto es la realización de actos materiales (el arrendamiento tiene además como contraprestación un precio cierto que no es esencial en la comisión).
El comisionista, tampoco tiene, en virtud del contrato de comisión, un poder exclusivo de disposición de la cosa encomendada o encargada, sino que su poder de disposición puede ser limitado por el comitente, siendo la autorización de este último necesaria para vender.
b) El contrato de agencia.
Se encuentra regulado en la Ley 12/1992, de 27 de mayo. Se puede definir como aquel contrato por el que una persona natural o jurídica llamada agente, se obliga frente a otra, llamada principal, de forma continuada o estable y a cambio de una remuneración, a promover exclusivamente actos u operaciones de comercio por cuenta ajena, o a promoverlos y concluirlos por cuenta y nombre ajenos, como intermediario independiente, sin asumir el riesgo de tales operaciones, salvo pacto en contrario.
De esta definición pueden extraerse las siguientes características esenciales: a) El agente es un empresario que actúa como intermediario independiente, por lo que no tendrán esta consideración los representantes y viajantes de comercio, ni, en general, las personas que se encuentren vinculadas por un contrato de trabajo con el empresario.
b) La actividad del agente, se dirige a promover y concluir actos u operaciones de comercio. Y sólo podrá concluir las operaciones Derecho civil y mercantil 53 previstas en el contrato, cuando tenga expresamente atribuida esta facultad.
c) El agente actúa por cuenta y en nombre del empresario o empresarios, no asumiendo el riesgo de las operaciones que promueve o contrata.
d) El contrato de agencia es siempre remunerado.
El contrato de agencia podrá pactarse por tiempo indefinido o determinado; si no se hubiera estipulado una duración determinada en el contrato, se entenderá que ha sido pactado por tiempo indefinido.
Por último, señalar, que la Ley del contrato de agencia, ha establecido un régimen especial de indemnizaciones exigibles por el agente una vez finalizado el contrato que comprende, por una parte: a) Una indemnización de carácter general por la clientela obtenida a favor del principal. Es necesario que: - el agente haya aportado nuevos clientes al principal o incrementado sensiblemente las operaciones con la clientela que ya existía; - además también es necesario, que su actividad anterior continúe produciendo ventajas sustanciales para el empresario.
- y resulte procedente debido a la pérdida de comisiones, a la existencia de un pacto de prohibición de competencia o a cualquier otra circunstancia.
b) Y una indemnización de carácter específico por los daños y perjuicios causados por la decisión del principal de resolver el contrato de agencia de duración indefinida; y dicha resolución del contrato no permita al agente amortizar los gastos que haya realizado para la ejecución del contrato.
5.4.- Contratos por vía electrónica: la firma electrónica y entidades de certificación.
El comercio electrónico es una nueva modalidad de tráfico económico que se vincula totalmente a la aparición de la denominada sociedad de la información, Derecho civil y mercantil 54 integrada por las redes informáticas y cuya manifestación más conocida hasta ahora es Internet.
Como es sabido, a través de las redes informáticas es posible no sólo la transmisión de datos escritos, sino también es posible realizar contratos por medio de mensajes intercambiados por correo electrónico entre las partes.
Además, a través de las páginas Web, se pueden ofrecer bienes y servicios a quienes deseen adquirirlos. Es decir, actúan a modo de escaparate, con la posibilidad de que quien acceda a ellas a través de la red contrate la adquisición de alguno de los bienes o servicios que se ofrecen, formulando su pedido por los medios informáticos previstos en la propia página Web.
Resulta pues, que con el comercio electrónico puede decirse que surge una nueva modalidad de mercado en el que rigen con carácter general las mismas normas legales vigentes para el tráfico económico en el mercado tradicional.
Así pues, rigen, por ejemplo, para ese mercado las normas sobre contratación, sobre signos distintivos, sobre competencia desleal, sobre protección de los consumidores, sobre derechos de autor etc.
Regulación legal: el tráfico económico dentro del comercio electrónico exige considerar algunos problemas específicos que deben ser regulados especialmente, razón por la que se promulgó la Directiva 2000/31/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, sobre Comercio Electrónico, que ha sido incorporada al ordenamiento jurídico español por la Ley 34/2002 de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSICE).
Esta Ley regula básicamente las obligaciones y actividades de los prestadores de servicios de la sociedad de la información, las comunicaciones comerciales y contratación por vía electrónica, y el régimen administrativo de infracciones y sanciones, cuya competencia sancionadora se atribuye al Ministerio de Industria.
La Firma Electrónica y Entidades de Certificación: Como norma general, los contratos celebrados por vía electrónica se rigen por lo dispuesto en el Código Civil o en el Código de Comercio sobre la validez y eficacia de los contratos. Pero en la contratación dentro del comercio electrónico, se plantea además, un problema fundamental, que consiste en la manera de crear un instrumento que permita sustituir con las debidas garantías a la firma autógrafa tradicional en la formalización de contratos por escrito.
Este problema no afectará en general, a los pedidos que realicen los consumidores en páginas Web siguiendo los pasos marcados en ellas. Pero sí que es realmente fundamental para operaciones comerciales, especialmente si son de cierta importancia o magnitud.
Derecho civil y mercantil 55 La solución la encontramos en la llamada firma electrónica, incorporada a nuestro ordenamiento, por la Ley de Firma Electrónica, de 19 de diciembre de 2003. Se trata de un conjunto de datos electrónicos que sirven para identificar al autor de un documento enviado también por medios electrónicos.
La Ley dispone que “la firma electrónica reconocida, tendrá respecto de los datos consignados en forma electrónica, el mismo valor que la firma manuscrita en relación con los consignados en papel.” La firma electrónica es una firma electrónica reconocida, cuando este basada en un Certificado reconocido. Y los que expiden estos certificados electrónicos reconocidos son los llamados “prestadores de servicios de certificación”., que son las personas físicas o jurídicas, a las que les corresponde expedir dichos Certificados electrónicos.
Pero la firma electrónica reconocida, tiene que ser avanzada, y lo que caracteriza a la firma electrónica avanzada, es que los medios para utilizar esa firma los mantiene exclusivamente bajo su control el signatario al que la firma identifica.
La persona que quiera comprobar la autenticidad de una firma electrónica avanzada, pidiendo el correspondiente certificado puede tener el código o clave pública, que sirve para comprobar que la firma electrónica corresponde realmente a un signatario (persona que firma) determinado.
5.5.- Los Títulos Valores.
Se denominan títulos valores, a determinados documentos, que a pesar de ser distintos en su contenido, tiene en común la incorporación de la obligación de realizar determinada prestación a favor de quien resulte legítimo tenedor del documento y, por consiguiente, el derecho de éste a exigir su cumplimiento, apoyándose básicamente en la legítima tenencia del documento. Por todo ello estos documentos cumplen, sobre todo, la función de facilitar la circulación de bienes y derechos.
El sistema tradicional de cesión de créditos resulta lento e inseguro, sin embargo, estos inconvenientes se evitan incorporando el crédito a un documento suscrito por el deudor, donde se concretan sus condiciones, sin que esté permitido al deudor oponerse al pago cuando se le exhiba éste.
En relación a las cosas materiales, la incorporación a un título del derecho a obtener la entrega de aquéllas, permite transmitir su posesión, mediante la entrega de éste, con lo que se facilita el tráfico de mercancías al poderse evitar su desplazamiento material.
Derecho civil y mercantil 56 También permiten a su tenedor legítimo, obtener crédito, que quedará respaldado por la solvencia patrimonial que implica la tenencia legítima y la consiguiente expectativa de ejecutarlos a su vencimiento.
Una de las clasificaciones que pueden hacerse de los títulos atiende al contenido del derecho que incorporan, así pues podemos diferenciar entre: - - Títulos de pago, son los que incorporan el derecho a percibir una cantidad de dinero del deudor, en el lugar, en el momento y en la moneda que en el propio documento se especifica. A esta categoría pertenecen la letra, el cheque y el pagaré.
Títulos de participación, cuyo ejemplo más significativo tenemos las acciones de sociedades anónimas, las cuales en lugar de incorporar un derecho de crédito concreto, incluyen una variada gama de derechos incorporados, algunos de naturaleza económica (derecho al dividendo, a la cuota de liquidación etc.), y otros de naturaleza política (derecho a voto, impugnación de acuerdos etc.).
TEMA 6.- LAS SOCIEDADES MERCANTILES 6.1.- Caracterización del contrato de sociedad.
Llamamos sociedad a cualquier asociación voluntaria dirigida a la consecución de una finalidad común mediante la contribución de todos sus miembros.
Toda sociedad tiene un origen voluntario que se manifiesta a través de un negocio jurídico de Derecho Privado, el origen voluntario no exige, sin embargo, pluralidad de sujetos, el ordenamiento admite excepcionalmente las sociedades unipersonales (LSC.). En este caso, el acto fundacional del socio único, constituye el negocio jurídico unilateral que da principio a la sociedad.
Toda sociedad se ha de constituir para la consecución de un fin común, el cual nos permite distinguir el contrato de sociedad de otros contratos (como puede ser el de compraventa) o de las situaciones de comunidad o cotitularidad negocial . Por otra parte, este fin común no ha de ser necesariamente lucrativo ya que aunque este ánimo lucrativo es el fin usual, no es el fin esencial de una sociedad.
Es necesario, además, que todos los socios contribuyan a la consecución del fin común, todos los socios deben obligarse ha realizar una aportación idónea para alcanzarlo.
Cuando se constituye una sociedad entre varias personas, el vínculo jurídico que las une es de naturaleza contractual. El contrato de sociedad tiene una doble eficacia que lo hace peculiar; por una parte, tiene una eficacia obligatoria y por otra, tiene eficacia organizativa: Derecho civil y mercantil 57 - Eficacia organizativa: porque unifica el grupo y lo dota de capacidad para tener relaciones externas.
- Eficacia obligatoria: porque de él surgen derechos y obligaciones de contenido patrimonial; (la causa de la obligación de aportar no es la recepción de una contraprestación, sino la realización de un fin común.) Los derechos pueden ser de dos tipos: - Administrativos relacionados con la gestión y el control de la sociedad (derecho a administrar, a la rendición de cuentas, de información, de voto).
- Económicos, entre los que figura el derecho al beneficio, a la cuota de liquidación y el reembolso de gastos.
Por último indicar, que la válida celebración del contrato de sociedad requiere de la concurrencia de los elementos generales de formación del contrato: consentimiento, objeto, causa y, en su caso, forma (artículo. 1.261 Código Civil).
- El consentimiento. Ha de versar en primer lugar, sobre el fin común y sobre las aportaciones, que son los demás elementos del contrato de sociedad; en segundo lugar, es necesario que se haya formado y expresado libremente, es decir sin vicios de voluntad (por ej sin violencia, sin intimidación…). Y por fin, en tercer lugar, es preciso que el consentimiento se haya prestado por personas con capacidad suficiente para obligarse ( mayores de edad, que no hayan sido incapacitados judicialmente).
- Objeto, que consiste en las aportaciones prometidas por los socios para la promoción del fin social.
- La causa. En la sociedad la causa es el fin común que persiguen las partes, este fin común es, como hemos indicado, es el elemento que diferencia el contrato de sociedad con los demás contratos, y le otorga eficacia obligatoria y organizativa.
- La forma. De acuerdo con el principio general de libertad de forma (artículo 1.278 del Código Civil), en principio, el contrato de sociedad no precisa de ninguna forma especial. La forma sólo será necesaria para la validez del contrato, cuando la Ley lo exija para algún tipo especial, por ejemplo para la sociedad anónima y para la sociedad de responsabilidad limitada los la Ley de Sociedades de Capital exige la adopción de una forma determinada para poder llevar a cabo la constitución de dichas sociedades.
Derecho civil y mercantil 58 6.2 .- La personalidad jurídica de las sociedades mercantiles.
La personalidad jurídica de las sociedades mercantiles, nace con la perfección del contrato de sociedad.
a) Denominación. El primer atributo de la personalidad jurídica es la denominación social, que permite identificar al grupo y, a la vez, le permite actuar como tal en el tráfico externo. La sociedad sólo puede tener un nombre o denominación, que deberá estar formado por letras o números.
Por otra parte, podemos diferenciar entre : - Denominaciones objetivas formadas por expresiones elegidas arbitrariamente, su composición debe ser congruente con los principios del ordenamiento y las normas de corrección social (no ofender a la ley, orden público o buenas costumbres); además, no pueden aprovecharse de expresiones dotadas de valor oficial, ni pueden inducir a error sobre el objeto social).
- Denominaciones subjetivas, formadas con nombres de personas físicas, aquí rige el principio de voluntariedad, eso significa que el nombre o el sobrenombre de una persona natural sólo puede pasar a formar parte de una denominación cuando aquélla lo haya consentido.
Para asegurarse de que en la práctica se observan los principios establecidos, el Reglamento del Registro Mercantil adopta una serie de cautelas como la obligación de obtener del Registro Mercantil Central, certificado que garantice su originalidad, prohibición de que se autoricen escrituras societarias sin aportar esa certificación, etc.
b) Nacionalidad. La nacionalidad en el ámbito de las personas jurídicas tiene un significado particular: actúa como mecanismo de selección de normas aplicables al contrato de sociedad. El criterio para la atribución de la nacionalidad a las sociedades es el de la constitución: la sujeción a la ley española viene determinada por la constitución de la sociedad con arreglo a las normas españolas (art. 28 Código Civil, y art. 15 del Código de Comercio).
c) El domicilio. La sede de las sociedades es el lugar elegido contractualmente por las partes para localizar su actividad jurídica, y a él anuda el ordenamiento múltiples funciones, como por ejemplo el lugar de reunión de la asamblea o de otros órganos sociales.
El domicilio ha de consignarse en el contrato de sociedad y señalarse en toda su documentación.(art. 24 del Código de Comercio) 6.3.- El Registro Mercantil.
La extraordinaria importancia de la actividad que desarrollan los empresarios individuales y las sociedades mercantiles en el ámbito general de la actividad económica, explica que la Ley imponga a esos sujetos publicar determinados Derecho civil y mercantil 59 datos considerados relevantes. Esta publicidad se practica por declaraciones hechas en boletines o periódicos oficiales y sobre todo por inscripciones en los registros públicos.
Los datos que se ofrecen al dominio público se consideran conocidos por los terceros, con independencia de que ese conocimiento jurídico se corresponda o no con el conocimiento real, es decir, los datos publicados o inscritos son oponibles a los terceros sin que éstos puedan alegar ignorancia. Ahora bien, para que los datos anotados o inscritos en un registro sena oponibles a terceros, con independencia de que los conozcan, se requiere que el Ordenamiento Jurídico así lo establezca de modo expreso; entre los registros públicos dotados de publicidad legal destaca por su importancia el Registro Mercantil.
El Registro Mercantil, es aquel registro público que tiene por objeto la publicidad de los empresarios, de las sociedades mercantiles y demás sujetos inscribibles, así como de determinados hechos y actos relativos a esos sujetos.
El sistema registral mercantil español, pertenece a los denominados sistemas de Registro descentralizado; el Registro es una oficina pública radicada en todas las capitales de provincia- y además en Ceuta y Melilla y en determinadas islas-, que está a cargo de los Registradores de la Propiedad y Mercantiles y depende del Ministerio de Justicia a través de la Dirección General de Registros y del Notariado.
Presentado a inscripción un documento, rigen los principios de “prioridad y de tracto sucesivo”; según el principio de prioridad, inscrito o anotado preventivamente en el Registro Mercantil cualquier título, no podrá inscribirse o anotarse ningún otro de igual o anterior fecha que resulte opuesto o incompatible con él. Además, el documento que acceda primeramente al Registro es preferente sobre los que accedan con posterioridad, debiendo el Registrador practicar las operaciones registrales correspondientes según el orden de presentación.
Por otra parte, según el principio de “tracto sucesivo” para inscribir actos o contratos relativos a un sujeto inscribible, será preciso la previa inscripción del sujeto; asimismo para inscribir actos o contratos modificativos o extintivos de otros otorgados con anterioridad, será precisa la previa inscripción de éstos; y por último para inscribir actos o contratos otorgados por apoderados o administradores será igualmente precisa la previa inscripción de éstos.
Registro Mercantil Central La Ley 19/1989 de 25 de julio, creó el Registro Mercantil Central, al que asignó un carácter meramente informativo, sin precisar las funciones a desarrollar por este Registro. En realidad, la principal función del Registro Mercantil Central es la de ser instrumento técnico de conexión entre los Registros Mercantiles Territoriales y el Boletín Oficial del Registro Mercantil, cuya publicación tiene encomendada. Se concibe como un registro centralizador de aquellos datos Derecho civil y mercantil 60 esenciales de los asientos practicados en los distintos Registros Territoriales, datos que son objeto al final de publicación en el Boletín del Registro Mercantil.
Asimismo, el Registro Mercantil Central, se ocupa del archivo y de la publicidad de las denominaciones sociales y demás entidades jurídicas y de la llevanza del Registro relativo a las sociedades y entidades originariamente inscritas en un Registro Mercantil Territorial que hubieran trasladado su domicilio al extranjero sin pérdida de la nacionalidad jurídica.
TEMA 7.- LA SOCIEDAD COLECTIVA Y LA SOCIEDAD COMANDITARIA.
7.1.- Caracterización del contrato de sociedad.
Sociedad Colectiva: Llamamos sociedad colectiva, a aquella sociedad que tiene por objeto la explotación de una actividad mercantil, y en la que los socios responden de modo ilimitado de las deudas que contraiga la sociedad.
Entre los socios podemos diferenciar entre: - Los socios de capital: aportan capital a la sociedad.
Los socios industriales: aportan solamente trabajo.
La participación en una sociedad colectiva, limita de alguna manera las actividades que cada socio puede realizar fuera de la sociedad, porque el deber de fidelidad a la sociedad, les prohíbe obtener ventajas propias a costa del sacrificio de la sociedad y, más concretamente, les obliga a abstenerse de competir con la sociedad. (art. 137 y138 del Código de Comercio).
Otra cuestión, es la distribución de los beneficios y las pérdidas entre los socios; el beneficio se distribuye entre los socios de capital “a prorrata de la porción de interés que cada cual tuviere en la compañía”. Se establece, así, el principio de proporcionalidad entre beneficios y participación en el capital.
El socio industrial que aporta sólo su trabajo, se sujeta a un régimen especial, ya que salvo pacto en contrario, se le asigna una cuota de participación equivalente a la del socio capitalista que menos haya aportado.
Por otra parte, y también aquí, salvo pacto en contrario, la distribución de pérdidas entre los socios de capital se rige por los mismos patrones que la distribución de beneficios. Los socios industriales no participan en las pérdidas, esto sólo quiere decir que no están obligados frente a sus consocios en sus relaciones internas a cubrirlas. No quiere decir que no respondan ilimitadamente frente a terceros ni que no participen en el riesgo de la empresa.
Derecho civil y mercantil 61 La Sociedad Comanditaria Simple: Se nos presenta como una modificación de la colectiva, caracterizada por existir, junto a socios colectivos, otra clase de socios especial, los comanditarios, que tienen limitada su responsabilidad (art. 148 del Código de Comercio).
Salvo que acuerden otra cosa, todos los socios, sean colectivos o comanditarios, participan en las ganancias y en la cuota de liquidación a prorrata de la porción de interés que tengan en la sociedad. El socio comanditario, también participa en la distribución de pérdidas y debe soportarlas en la forma prevista en el contrato y, en su defecto, a prorrata de su participación en el capital. Pero a diferencia del socio colectivo, no le alcanzan las pérdidas más allá de su aportación.
Al socio comanditario no se le impone la obligación de no hacer la competencia a la sociedad, tal vez por su condición de socio capitalista privado de poderes de gestión. Pero sí está sujeto a un deber general de fidelidad, que según su intensidad, podría obligarle a no competir con ella.
7.2.- Relaciones responsabilidad.
externas de la sociedad: representación y Sociedad Colectiva: La función de la denominación social es proporcionar un nombre a la sociedad que permita identificarla como persona jurídica y, por tanto, como sujeto responsable. La denominación, en el caso de la sociedad colectiva, persigue una finalidad adicional, que es facilitar la identificación del los socios. De ahí, que la razón social deba formarse con el nombre de todos los socios, de algunos de ellos o de uno solo, debiéndose añadir en estos casos la mención “y compañía”.
Quienes no perteneciendo a la compañía permitan ser incluidos en la razón social, quedarán sujetos a responsabilidad solidaria por las deudas sociales. La gravedad de la sanción se explica porque la sociedad se beneficia del crédito de que gozan los socios, y los terceros que cuentan con la responsabilidad ilimitada de éstos, resultarían defraudados si, girando la sociedad bajo el nombre de personas extrañas a ella, no se les impusiera la responsabilidad propia del socio.
En relación al ámbito de representación, señalar que a falta de pacto, la representación de la sociedad corresponde al socio encargado de la administración y que dicho ámbito de representación se circunscribe al objeto social y dentro de él es ilimitado, es decir, los terceros pueden confiar en la capacidad del administrador de obligar a la sociedad en Derecho civil y mercantil 62 todo el ámbito del objeto social, favoreciendo así a que exista más seguridad del tráfico mercantil.
Sociedad Comanditaria: La Sociedad Comanditaria, como la colectiva, gira en el tráfico bajo una denominación o razón social. Pero así como la razón social de las colectivas puede formarse con el nombre de todos los socios, la de la comanditaria no puede incluir el nombre de los comanditarios. La denominación se forma exclusivamente con el “nombre de todos los socios colectivos, de alguno de ellos o de uno solo, debiendo añadirse en estos dos últimos casos, al nombre o nombres que se expresen, las palabras “y compañía”, y en todas las demás “sociedad en comanditaria”.
El comanditario que no respete esta prohibición legal e incluya o tolere que se incluya su nombre en la razón social “quedará sujeto, respecto a las personas extrañas a la compañía, a las mismas responsabilidades que los socios colectivos, sin adquirir más derechos que los correspondientes a su calidad de comanditario”.
Como en la Sociedad, la facultad de representación implica la de usar la firma social y corresponde, en principio, a todos los socios gestores. Como los comanditarios carecen de las facultades de gestión y representación, tienen también prohibido usar la firma.
La especialidad de la sociedad comanditaria, es la limitación de responsabilidad de los socios comanditarios, que queda limitada a los fondos que pusieren o se obligaran a poner en la sociedad.
La responsabilidad del socio comanditario desaparece cuando realiza la aportación debida a la sociedad y ésta queda integrada en el patrimonio de la sociedad.
7.3.- La Sociedad Comanditaria Simple y por Acciones.
Desde un punto de vista legal, no se considera una clase o modalidad de sociedad comanditaria, sino más bien, como una sociedad anónima especial, que solamente se distingue de la anónima ordinaria por el peculiar sistema al que quedan sometidos los administradores de la sociedad.
A diferencia de las sociedades comanditarias simples, no hay en este tipo social dos clases de socios, colectivos y comanditarios, sometidos como tales a un régimen jurídico distinto.
En la sociedad comanditaria por acciones todos los socios tienen la condición de accionistas, pero los socios que accedan al órgano de administración, se les atribuye la condición de socios colectivos; y ser socio colectivo en este tipo de Derecho civil y mercantil 63 sociedad, supone asumir una responsabilidad personal e ilimitada por las deudas sociales.
Así pues, los administradores, por el simple hecho de desempeñar el cargo y mientras lo ocupen, quedan sometidos a un régimen de responsabilidad más severo que el resto de los accionistas, los cuales responden solamente (como en cualquier sociedad anónima) por el importe de la aportación realizada o comprometida.
A cambio de ver agravada o aumentada su responsabilidad, los administradores disfrutan de unas facultades o poderes mucho más extensos que los administradores de una sociedad anónima.
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