Tema 7 - Derechos de la Personalidad (2014)

Apunte Español
Universidad ESADE (URL)
Grado Derecho - 1º curso
Asignatura Derecho Civil I
Año del apunte 2014
Páginas 5
Fecha de subida 24/03/2015 (Actualizado: 24/04/2015)
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Lección VII. Derechos de la personalidad.
La persona: protección y proyección jurídica.
A. Protección jurídica de la persona. Además de proteger a la persona como titular de derechos y obligaciones o como sujeto de relaciones jurídicas, el Derecho debe proteger y protege a la persona en su esfera más personal, reconociéndole unos derechos inherentes a toda persona para que pueda desarrollarse libre y dignamente como tal. Tradicionalmente la protección de estos derechos era objeto del Derecho público (en las constituciones, por ejemplo), sin embargo ahora también los protege el Derecho privado (v. gr., no se permite en un contrato de trabajo discriminar por razón de sexo o de raza). Así, el Derecho configurará una serie de derechos de la personalidad con estas finalidades, y se analizará a continuación el régimen jurídico de los mismos.
! B. Proyección jurídica de los derechos de la personalidad. Los derechos de la personalidad, por su naturaleza, plantean una problemática doctrinal para encajarlos en las categorías tradicionales y fundamentos a partir de los cuales se han estudiado los derechos subjetivos (derechos patrimoniales). Parte de la Doctrina los ha reconocido como auténticos derechos subjetivos, mientras que otros como DE CASTRO habla de bienes jurídicos no materiales en lugar de auténticos derechos subjetivos. En cualquier caso, suponen límites y restricciones a la actuación del Estado y de otras personas frente al titular en cuestión de tales derechos.
! La opinión mayoritaria de la doctrina es, en cualquier caso, favorable a concebirlos como auténticos derechos, sin perjuicio de que sus caracteres hagan necesaria una especial configuración legal y doctrinal de los mismos.
Los derechos de la personalidad. Normas protectoras de estos derechos.
A. Concepto. Por derechos de la personalidad entendemos aquellos derechos inherentes a toda persona humana que protegen sus cualidades básicas y fundamentales para permitir su desarrollo como persona. Ejemplos de ellos son el derecho a la vida, a la libertad de expresión, a la libertad religiosa y de culto, a la intimidad personal y familiar, etc.
! B. Caracteres. Los derechos de la personalidad se caracterizan por ser: a) Derechos absolutos, pues producen eficacia erga omnes.
b) Derechos extra-patrimoniales, no siendo posible su valoración económica.
c) Derechos innatos e inherentes a todas las personas.
! d) Derechos intransmisibles, imprescriptibles e irrenunciables.
C. Normas protectoras de los derechos de la personalidad. En primer lugar, los protege nuestra Constitución, inspirándose en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (v. art. 10 CE y toda la Sección 1ª del Capítulo II del Título I de la CE, arts. 15-29); y otros tratados internacionales; asimismo, el legislador ha elaborado numerosas normas (en especial leyes orgánicas) protegiendo estos derechos (como las LLOO 1/1982; 15/1999; 7/1980, etc.) e ! incluso los reconoce como bienes jurídicos protegiéndoles con la legislación penal, tipificando como delitos las conductas que lesionen los derechos.
D. Derechos de la personalidad y derechos fundamentales. No es lo mismo hablar de derechos fundamentales (que son aquellos que protege la CE en los arts. 15-29) que derechos de la personalidad, pues éstos últimos tienen un alcance mayor al de aquéllos; todos los derechos fundamentales son derechos de la personalidad, pero no sucede lo mismo a la inversa; pues hay derechos de la personalidad no reconocidos constitucionalmente (como el derecho al nombre y a la identidad sexual).
! E. Vías de protección de los derechos. Existen en general en nuestro ordenamiento 3 vías de tutela de los derechos de la personalidad. Estas son: a) La tutela constitucional (art. 53 CE, recurso de amparo ante el TC por el 41.2 LOTC, etc.) b) La tutela civil (art. 1.902 CC, LO 1/1982, etc.) c) La tutela penal (delitos contra la vida y la integridad física, delitos contra el honor, la intimidad y la propia imagen, etc.) Especial referencia al derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen.
A. Derechos al honor, intimidad y propia imagen. Los derechos al honor, a la intimidad y a la propia imagen constituyen derechos de la personalidad que, a diferencia de otros como el derecho a la vida y la integridad física, que pertenecen a la esfera física de la persona, estos pertenecen a la esfera espiritual de la persona. Estos tres derechos tienen ciertas similitudes, pero conviene distinguirlos: 1. El derecho al honor comprende el buen nombre y la fama y prestigio de la persona; se entiende honor como el trato recibido de los demás (DÍEZ-PICAZO) pero también tiene un elemento interior de la propia estima y dignidad de la persona titular de su derecho al honor.
2. El derecho a la intimidad protege la esfera personal y secreta de la persona frente a intromisiones ajenas no consentidas; impide acceder ilegítimamente a la esfera personal de la persona y divulgar su contenido.
3. El derecho a la propia imagen impide tomas de imágenes, divulgaciones o reproducciones sin consentimiento de la imagen de una persona.
Estos tres derechos están protegidos como derechos fundamentales por la Constitución en el artículo 18, y los desarrolla por ende una Ley Orgánica (la LO 1/1982). En ocasiones parece que una misma conducta puede vulnerar todos ellos, pues están íntimamente relacionados, pero son distinguibles.
! B. Caracteres de estos derechos. De acuerdo con la Ley Orgánica 1/1982 los derechos al honor, intimidad y propia imagen son irrenunciables, inalienables e imprescriptibles; no se puede renunciar a ellos de acuerdo con la Ley, sin perjuicio de que puedan autorizarse intromisiones en los mismos por parte de su titular. La imprescriptibilidad, obviamente, no impide que puedan caducar las acciones para reclamar daños y perjuicios por intromisiones ilegítimas (véase infra Lección XVI).
! C. Titularidad de los derechos. En todo caso, la titularidad del derecho corresponde a cada persona; sin embargo se plantea la problemática de (1) los menores de edad e incapaces y (2) las personas fallecidas, (3) las personas jurídicas; dado que al ser derechos de carácter personalísimo sólo puede ejercitarlos la persona que sea titular de los mismos (en principio).
Reglas especiales: ! ! En el caso de los derechos post mortem, sin perjuicio de que se entienda extendida la personalidad del fallecido, el ordenamiento sigue tutelando su buen nombre y fama protegiendo así la dignidad de su persona. La Ley legitima para iniciar acciones de protección del honor, intimidad y propia imagen de un fallecido, siempre que no hubiera éste designado a nadie en su testamento y siempre que no pudo ejercitar acción alguna para proteger sus derechos; al cónyuge, descendientes, ascendientes y hermanos de la persona fallecida (art. 4.2 de la LO 1/1982), pudiendo hacerlo cualesquiera de ellos sin orden de prelación (art. 5). A falta de ellos lo hará el Ministerio Fiscal, de oficio o a instancia de parte interesada.
D. Especial protección del menor. En el caso de los menores, una Ley Orgánica regula la especialidad de su protección (LO 1/1996). Dicha ley considera intromisión ilegítima de los menores cualquier utilización de su imagen o su nombre en los medios de comunicación que pueda implicar menoscabo en su honra, reputación o que sea contraria a sus intereses. El problema es que los menores no pueden prestar consentimiento (art. 1.263 CC y art. 2. de la Ley). Los tutores o progenitores que ejerzan la patria potestad no podrán prestar consentimiento para autorizar intromisiones en los derechos de los que a ellos estén sujetos a tutela o patria potestad sin la autorización tácita o expresa del Ministerio Fiscal, o en su defecto, del Juez.
! E. La persona jurídica como titular del derecho al honor. La persona jurídica, evidentemente, no tiene derecho a la propia imagen, y no tiene derecho a la intimidad familiar sin perjuicio de que tenga derecho a proteger datos secretos sobre su actividad, etc. No obstante, la Jurisprudencia reconoce que efectivamente, la persona jurídica también tiene derecho al honor: a la buena fama y nombre. Según la STC 139/1995, también las personas jurídicas son titulares del derecho al honor cuando su honor se ve difamado o se hace desmerecer en la consideración ajena.
! F. Intromisiones autorizadas o consentidas. El titular de los derechos al honor, intimidad y propia imagen puede consentir intromisiones en los mismos que, consentidas, impedirán que se consideren como ilegítimas las intromisiones en los mismos. La propia Ley dice en su artículo 2.2 que no se apreciará existencia de intromisión ilegítima si consiente el titular del derecho la intromisión. El consentimiento debe ser libre y manifiesto (expreso, no tácito), puede ser a priori o a posteriori y no es personalísimo, puede apoderarse a un representante mediante representación especial (véase infra Lección XVIII) para que preste el consentimiento, pero hablamos de representación voluntaria y no legal, en el caso de menores e incapaces, serán distintas las reglas.
! G. Revocación del consentimiento de intromisiones. La revocación del consentimiento, permitida por la ley, implica la revocación de los negocios jurídicos que hubieran tenido tal consentimiento por objeto. Deberán indemnizarse los daños y perjuicios causados, incluyendo expectativas ! justificadas, si se revoca el consentimiento. La revocación, obviamente, carece de efectos retroactivos.
H. Intromisiones ilegítimas. Son intromisiones ilegítimas al honor (a) los hechos que entrañen difamación o calumnia de la persona o (b) las injurias que, sin atentar a su fama, constituyen vejación o menosprecio; son intromisiones ilegítimas a la intimidad las divulgaciones o revelaciones pertenecientes a la vida privada de las personas, cualquiera que sea el medio, sea lo revelado cierto o falso; son intromisiones ilegítimas al derecho a la propia imagen la captación y reproducción, por cualquier medio, de la imagen de la persona, a menos que la persona aparezca como accesoria ante la información gráfica de un suceso o acontecimiento público (art. 8) o en el caso de las personas de profesión pública, cuando se capte la imagen en un acto público o lugares abiertos al público; además, las caricaturas de estos últimos de acuerdo con los usos sociales, no constituyen una intromisión ilegítima.
! I.
! Caducidad de las acciones de protección. Las acciones de protección caducan a los cuatro años desde que el legitimado pudo ejercitarlas.
El derecho al nombre.
A. El derecho al nombre; caracteres. El derecho al nombre es uno de los derechos básicos de toda persona, y responde a dos necesidades; en primer lugar, una necesidad de reconocer su personalidad e individualidad para poder desarrollarse libre y dignamente como persona, y en segundo lugar una necesidad de orden público de identificar a la persona. Nuestro Derecho distingue el nombre de los apellidos; siendo el primero el que identifica al sujeto y los apellidos los que determinan su pertenencia familiar. Los caracteres del derecho al nombre son: 1) Inalienabilidad 2) Imprescriptibilidad: tanto adquisitiva como extintiva.
3) Irrenunciabilidad 4) Inmutabilidad, sin perjuicio de que pueda alterarse el orden de los apellidos.
! 5) Protección erga omnes.
B. Imposición del nombre. En la inscripción del nacimiento, el encargado del Registro Civil hará constar el nombre del nacido, que lo impondrán los padres o guardadores. Si no se expresa o es inadmisible, los padres o encargados tendrán un plazo de 3 días para que lo hagan, y, en caso de no hacerlo, lo impondrá el encargado del Registro Civil (art. 193 RRC). La elección del nombre es libre; pero se prohíben nombres que perjudiquen a la persona, hagan confusa su identificación, induzcan a error sobre su sexo, o el que ostente uno de sus hermanos, a menos que hubiera fallecido (art. 54 LRC). Pueden ponerse, como máximo, dos nombres simples, o uno compuesto, que se escribirá con un guión (v. gr. José-María).
! C. Los apellidos. Si la filiación está determinada por ambas líneas, el primer apellido será el del padre y el segundo el de la madre; y si sólo se conoce una filiación serán los apellidos de ésta; y el encargado del Registro Civil podrá imponer nombre y apellidos de uso corriente al nacido cuya filiación sea indeterminada. El mayor de edad puede cambiar el orden de sus apellidos, y ! a petición del interesado podrán modificarse los apellidos para adecuarlos gramatical y fonéticamente a la lengua española.
D. Cambio de nombres y apellidos. Los requisitos los establece la ley y el reglamento del Registro Civil. Puede hacerlo, el Juez de primera instancia en casos de su competencia, requiriéndose justa causa y ningún perjuicio para tercero; el Ministerio de Justicia si se dan las causas legalmente previstas, o bien mediante Real Decreto, a propuesta del Ministerio de Justicia, previa audiencia del Consejo de Estado, o a por orden del Ministerio de Justicia.
! E. El seudónimo. El seudónimo es un nombre voluntariamente elegido por la persona para designarse en un cierto ambiente; no está regulado positivamente por el Derecho, si bien se prohíbe convertirlo en el nombre (art 54 LRC). Sin embargo, merece la misma protección jurídica del nombre cuando por su uso prolongado se ha convertido en identificador de la persona que es titular de él.
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