Tema 1 Derecho Penal Parte General (2014)

Apunte Español
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Derecho - 1º curso
Asignatura Derecho Penal
Año del apunte 2014
Páginas 3
Fecha de subida 11/09/2014
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Tema 1. Concepto de Derecho Penal Lecciones 1, 2 1.1 La distinción entre Derecho Penal en sentido objetivo y subjetivo. El ius puniendi en el Estado social y democrático de Derecho.
El derecho penal del antiguo régimen nace del derecho canónico, quedando sujeto a la idea de castigo del mal realizado, del pecado religioso. Se rompe esa visión del derecho penal a partir del inicio del liberalismo y la ilustración, que quieren cambiar el sistema jurídico, dando paso al Estado social. Cuando en un principio las normas no estaban escritas, sino que eran fruto de las ideas religiosas de los líderes sociales, estas ideas revolucionarias dieron paso a la codificación de tales normas.
Así pues, el Derecho penal constituye uno de los medios de control social existentes en la sociedad actual. Familia, escuela, grupos sociales también lo son, pero estos tienen un carácter informal. En cambio el derecho Penal es un medio de control social y jurídico altamente formalizado, que tiende a evitar determinados comportamientos sociales y que está caracterizado por su carácter técnico.
Para ello, acude a la amenaza de imposición de sanciones distintas para cada actuación.
Además, también se caracteriza por intentar prever sanciones más graves (penas y medidas de seguridad) por tal de evitar comportamientos considerados especialmente peligrosos (delitos).
Este control social ha sido monopolizado por el Estado, que lo ha adoptado como un poder punitivo (ius puniendi) que tan sólo podrá ejercer de acuerdo con lo determinado en las normas legales, que recogerán todas aquellas conductas punibles y constitutivas de delito, además de las penas que deberán sufrir aquellos que las realicen (principio de legalidad).
Existen dos consecuencias jurídicas componentes del derecho penal:  Pena: mal con el que amenaza el Derecho Penal para el caso de que se realice una conducta considerada delito, hallándose su imposición como un mal asociado a la comisión de tal delito.
 Medida de Seguridad: tratamiento dirigido a evitar que un sujeto peligroso llegue a cometer un delito.
Además, existe una tercera consecuencia que puede ser acarreada por la comisión de un delito: la responsabilidad civil extracontractual. La comisión de un delito puede ocasionar un daño patrimonial en la víctima y en otros perjudicados. Ello conlleva el resarcimiento de tales daños por parte del autor del delito. En el Derecho Español, el Código penal regula la responsabilidad civil y ésta se ventila en el mismo proceso penal. Si por Derecho Penal se entiende el conjunto de las prescripciones penales en sentido estricto, las prescripciones reguladoras de la responsabilidad civil no podrán considerarse parte del Derecho Penal.
No obstante, puede resultar oportuno contemplar la responsabilidad civil desde el prisma de los intereses de la Política Criminal como un arma civil a utilizar en el tratamiento del delito.
Debemos entender el Derecho Penal en dos sentidos: - Derecho Penal Objetivo: conjunto de prescripciones jurídicas que desvaloran y prohíben la comisión de delitos y asocian a éstos, como presupuesto, penas y/o medidas de seguridad como consecuencia jurídica. Además, también se puede entender como los principios y valores que informan el ordenamiento jurídico, és decir, los principios constitucionales y los propios principios penales. Se trata pues de normas jurídicas dirigidas al poder judicial (ordenándoles imponer penas o medidas de 1 Penal I : Fonaments del Dret Penal i Teoria del Delicte Albert Carrillo Córcoles Mir Puig, Santiago; Derecho Penal: Parte General seguridad) i a los ciudadanos (ordenándoles y prohibiéndoles la comisión de delitos mediante la amenaza de una pena).
- Derecho Penal Subjetivo: se trata del ius puniendi, es decir, el derecho del Estado a castigar i regular las conductas humanas. Se trata de un derecho del Estado limitado por la separación y la distribución de poderes. Se trata del triunfo de los derechos y voluntades de la minoría respecto a la voluntad de la mayoría, creando así unos derechos subjetivos inherentes a la persona. Este ius puniendi está tratando no sólo ámbito del derecho penal, sino también el derecho administrativo. Pese a ello, la CE tan sólo otorga al Derecho Penal aquellas penas que son privativas de libertad. (STC 24/2004), mientras que el administrativo tan sólo está legitimado a administrar sanciones punitivas. Además, el Derecho Penal también está legitimado a administrar medidas de seguridad post-delictuales.
Además del Derecho Penal, la Administración Pública también es un organismo de control social de carácter jurídico, ya que impone sanciones administrativas a través de sus funcionarios, sin que estas estén previstas por el Derecho Penal, sino por el Derecho Administrativo, de forma que el primero tan solo determina las penas o medidas de seguridad que pueden imponerse en un proceso de jurisdicción penal. De esta forma quedan desvinculados el Derecho Penal y el Derecho Administrativo, planteando una problemática de lege data y de lege ferenda: - De lege data (derecho vigente): si la sanción ha de decidirla un órgano de la Administración Pública se tratará de una sanción administrativa, mientras que será una pena si es impuesta por un Juez o Tribunal judicial en una condena penal. Así, la Administración no puede imponer sanciones privativas de libertad (25.3 CE). Sin embargo, una multa es una sanción que puede ser impuesta por ambos ámbitos.
- De lege ferenda (derecho deseable): a partir de la distinción entre tipos de multas nace la discusión sobre si se debería introducir un Derecho Penal Administrativo a caballo entre el penal y el administrativo, de forma que con ello se pretenda dotar a las sanciones administrativas de las mayores garantías penales.
1.2. La distinción conceptual entre norma primaria y secundaria. La estructura fundamental de las normas penales.
Una norma jurídica es un mensaje prescriptivo expresado a través de enunciados. Los textos legales constituyen el vehículo de expresión de las normas legales, a cuya clase pertenecen las normas jurídico-penales. No todo enunciado legal expresa una norma jurídica completa, pues puede admitirse que los preceptos que prevén delitos y sus penas (en el caso del Código Penal) poseen por si mismos sentido normativo, pero en cambio, sus disposiciones generales situadas en el Libro I (Parte General) carecen de Sentido sin el resto de enunciados (Parte Especial).
Un enunciado legal puede servir de base a más de una norma jurídica. Esto es lo que sucede en los preceptos de la Parte Especial del Código Penal, cada uno de los cuales sirve de base a dos clases de normas: - Norma Primaria: norma prohibitiva de una conducta dirigida al ciudadano - Norma Secundaria: norma que obliga a castigar dirigida al Juez, por lo que se trata de mandatos expresos que le transmiten la obligación de imponer la pena asociada a cada delito recogido en la norma.
2 Penal I : Fonaments del Dret Penal i Teoria del Delicte Albert Carrillo Córcoles Mir Puig, Santiago; Derecho Penal: Parte General Suele decirse que la estructura de una norma jurídica está compuesta por un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica de tal supuesto. Esta sería la estructura de las normas jurídico-penales. En ellas, la conducta delictiva constituye el supuesto de hecho, mientras que el deber de la pena o medida de seguridad constituiría su consecuencia jurídica. Como norma primaria, implicaría el deber de no cometer tal supuesto de hecho, y como norma secundaria, el mandato al juez de castigar con una pena o medida de seguridad el supuesto de hecho concreto.
1.3 Las leyes penales en blanco, las normas de valoración, las normas de determinación y su identificación práctica.
- Leyes penales en blanco: ciertos preceptos penales principales que no expresan completamente los elementos específicos del supuesto de hecho de la norma secundaria, sino que remiten a otro u otros preceptos o autoridades para que completen la determinación de aquellos elementos.
Art. 363CP “Serán castigados con la pena de prisión de uno a cuatro años, multa de seis a doce meses e inhabilitación especial para profesión, oficio, industria o comercio por tiempo de tres a seis años los productores, distribuidores o comerciantes que pongan en peligro la salud de los consumidores: 1. Ofreciendo en el mercado productos alimentarios con omisión o alteración de los requisitos establecidos en las leyes o reglamentos sobre caducidad o composición. […]” - Normas de Valoración y Normas de Determinación: una norma sería sólo de valoración si se limitase a expresar un juicio de valor positivo o negativo, sin imponer ningún imperativo concreto dirigido a su destinatario. Norma de determinación significa la expresión de un mandato o prohibición que trata, a modo de imperativo o directivo, de determinar la conducta de su destinatario.
La discusión de esta alternativa tiene sentido con relación a las “normas primarias” dirigidas al ciudadano. Las “normas secundarias” dirigidas al juez no pueden sino tener carácter imperativo, puesto que sin duda ordenan la imposición de una pena. Cabría discutir si las normas primarias son de valoración o de determinación.
Las normas penales deben entenderse pues como expresión de un imperativo. Las normas primarias están destinadas a apelar a la motivación del ciudadano, prohibiéndole a delinquir. Las normas secundarias refuerzan esa motivación mediante la amenaza de la pena. No obstante, es correcto partir de que las normas penales, aunque sean imperativas, presuponen determinadas valoraciones realizadas por el legislador, dando lugar no sólo a normas concretas, sino también a principios generales del Derecho Penal. La concepción imperativa de las normas penales posee consecuencias fundamentales en la función de la pena y la teoría del delito. Si se admite la esencia imperativa de la norma dirigida al ciudadano, será más coherente asignar al Derecho Penal, y por tanto a la pena, la función de prevención de delitos que una función puramente retributiva, sirviendo ello de base de la teoría del delito.
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