Practica 1 (2012)

Ejercicio Español
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Relaciones laborales - 2º curso
Asignatura Derecho Administrativo
Año del apunte 2012
Páginas 11
Fecha de subida 21/10/2014
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profesor: Emilio

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Reglamentos. Reserva de Ley Práctica 1 AUTOR: Andrea Garcia Solbas FECHA: 30 de Octubre de 2013 SUMARIO Contenido I. Antecedentes ............................................................................................................................. 3 II. Consulta..................................................................................................................................... 4 III. Legislación aplicable ................................................................................................................ 5 IV. Resolución .............................................................................................................................. 10 1. Cuestión 1.............................................................................................................................. 7 2. Cuestión 2.............................................................................................................................. 9 3. Cuestión 3.............................................................................................................................. 9 V. Conclusión ............................................................................................................................... 10 1 I. Antecedentes Según el Real Decreto 63/2006 de 27 de enero, donde se aprueba el Estatuto del personal investigador en formación, se establen dos tipos de regímenes jurídicos, donde se hace una diferenciación entre el personal investigador de beca, que es áquel que corresponde al personal que se inicia en la investigación y que no ha obtenido aún una formación avanzada a través del Diploma de estudio o documento administrativo que lo sustituya. Y el otro tipo de personal de investigador de contrato, que es áquel está acreditado su formación avanzada admnistrativamente, y encontramos que se incluye el personal investigador doctor. Se realiza una diferenciación segun la cual se especifica que el personal investigador de beca no está ligado al centro de investigación mediante relación jurídica de carácter laboral, es decir, que no hay relación laboral. No obstante, su régimen de Seguridad Social tiene una serie de especificaciones. Según la Asociación de Investigadores Noveles Predoctorales defiende que este reglamento es nulo. Defienden esta posición basandose en los artículos de la Ley 30/1992 LRJPAC, por la cual podemos afirmar que nos podríamos encontrar ante una violación del principio de reserva de ley que se establece en los artículos 35.2, 36 y 103.3 de la Constitución Española, considerando además la contradicción respecto del Estatuto de los Trabajadores. Tienen la condición de personal investigador en formación aquellos graduados universitarios que sean beneficiarios de programas de ayudas dirigidas al desarrollo de actividades de formación y especialización científica y técnica, a través, como mínimo, de los correspondientes estudios oficiales de doctorado. Las entidades convocantes deberán comunicar sus programas de ayudas al Registro General de programas de Ayudas a la Investigación, cuya gestión se atribuye al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, entre otras funciones, le corresponde reconocer los programas de ayudas a la investigación a los efectos previstos. Situaciones jurídicas del personal investigador en formación Personal investigador en formación de beca. Que comprenderá los dos primeros años desde la concesión de la ayuda. Tienen derecho a percibir en plazo la ayuda económica que corresponda a la beca sin que tenga la naturaleza de salario y a su inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social de la forma siguiente: Queda asimilado a trabajador por cuenta ajena, a efectos de su inclusión en el mencionado 2 Régimen. La acción protectora será la correspondiente al Régimen General, con la única exclusión de la protección por desempleo. Respecto a la cotización a la Seguridad Social se aplicarán las normas comunes, con algunas reglas específicas. La cotización a la Seguridad Social se realiza en los términos del contrato para la formación y el aprendizaje. No existirá obligación de cotizar respecto a la contingencia de desempleo, Fondo de Garantía Salarial ni formación profesional. La entidad que otorgue la beca asumirá los derechos y obligaciones establecidos para los empresarios en el Régimen General de la Seguridad Social. Personal investigador en formación de contrato. A los efectos de lo establecido en el artículo 8 del Estatuto del Personal Investigador en Formación, aprobado por Real Decreto 63/2006, de 27 de enero, en relación con el artículo 11.1 del Estatuto de los Trabajadores, al inicio del período de investigación del Programa de Doctorado, las universidades expedirán el correspondiente certificado que se considerará como condición habilitante para el contrato en prácticas del personal investigador en formación que cubra, como máximo, los años tercero y cuarto desde la concesión de la ayuda a la investigación, con la finalidad de realizar la correspondiente tesis doctoral. La duración, retribución, prórrogas y extinción del contrato en prácticas se regirá por lo que establece el artículo 11.1 del Estatuto de los Trabajadores.La entidad convocante del programa de ayuda a la investigación abonará a los organismos, centros o universidades de adscripción la cantidad global de la ayuda, incluyendo en la aportación el coste de la Seguridad Social.
3 II. Consulta Se solicita la opinión sobre si el reglamento está llevando a cabo la infracción de la reserva de ley de la materia. Según la Federación de Jóvenes Investigadores este reglamento atenta contra los siguientes artículos y desea que se realiza la nulidad de estos, los artículos son los siguientes; art 1.2 y 5.1 primer párrafo, art 5.3 párrafos F y G, art 6.4 párrafo A y C mecionados en la disposición del Real Decreto 63/2006.
Además de la infracción del principio de legalidad que garantiza el artículo 9.3 de la Constitución, porque desborda la habilitación legal prevista en los artículos 97.2.l) y 114.2 de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado su Texto Refundido por Real Decreto Legislativo 1/1994. Motivo de impugnación, que se formula al amparo de los artículos 62.2 y 51.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y del artículo 23.1 y 2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, de Organización, Competencia y Funcionamiento del Gobierno. Recurso directo contra disposiciones generales emanadas del Consejo de Ministros, dictadas ex artículo 97 CE.
No obstante, al encontrarnos ante un reglamento independiente, reglamentoque no regula ninguna ley, no obstante, este no puede ir en contra del derecho positivo, es decir, del ordenamiento jurídico español. En la resolución de este dictamen nos pide información sobre, ante que tipo de reglamento nos encontramos cómo hemos podido observar es un reglamento independiente, ya que no colabora con la ley sino que regula sobre una materia no reserva o una ley prévia, no existe ley. También nos preguntan que materia regula, en este caso, es una materia no reservada por la ley, y nos da información de las características, actividades, aplicaciones que tiene el Estatuto de los Becarios Investigadores. Las disposiciones de la seguridad social si son suficientes para esta categoria profesional y por último si nos encontramos ante una materia reserva constitucionalmente, como ya sabemos, al ser un reglamento independiente quien lo ejecuta no esta reservado constitucionalmente, pero si que no puede ir en contra de la Constitución Española.
4 III. Legislación aplicable La legislación en la qual nos aparamos es la siguiente: - Constitución Española (artículos 35.2/36 y 103.3) - En el Estatuto de los trabajadores y ley de la Segurida Social - En la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común 30/1992.
- Ley reguladora de la JurisdicciónContencioso-Administrativa 29/1998 del 13 de julio - Sentencia del Tribunal Supremo de 18 noviembre de 2005 - Real decreto 63/2006 del 27 de enero y disposición final primera.
IV. Resolución 1. Cuestión 1 ¿Puede considerarse nulo el Real Decreto por infracción del principio de reserva de Ley?  ¿Qué materia regula el reglamento? Este reglamento regula una materia que no es reserva de ley, ya que el reglamento es independiente como se indica posteriormente. La materia regulada es de ámbito subjetivo de aplicación, ya que amplia como prever la formación del investigador, y su relación jurídica laboral dentro del marco normativo general. Se distingue entre becarios e investigadores, ya que su características y actividades son diferentes, con lo cual estan regulados por diferentes reglamentos o leyes, en el caso de los becarios regulado por reglamento independiente. También se configura el sistema obligatorio a los programas de ayuda y protección por la Seguridad Social. A más la regulación de los derechos y deberes en formación y por otro lado las relaciones con los centros de adscripción.
5  ¿Estamos ante una materia reservada constitucionalment a la regulación por la Ley? Según los títulos constitucionales enumerados permitenno resulta afectadas ni la reserva de ley establecida en el artículo 35.2 CE en relación con la regulación del Estatuto de los Trabajadores, ni la relativa al ejercicio de profesiones tituladas que configura en el artículo 36 CE, ni la que determina en lo que concierne al estatuto de los funcionarios públicos.
A más, este real decreto no infrige la legalidad, ya que el Gobierno tiene la potestad reglamentaria como se indica en el artículo 97 de la Constitución, como no hay cláusula expresa en la Constitución que reserve la regulación de la Ley del Estatuto Becario de Investigación, por lo tanto no es una materia reservada constitucionalmente a la regulación de la Ley. Porqué la actuación del Gobierno tiende a cubrir un vacío legal y reglamentario existente en la regulación de los programas de becas de investigación que ofrecen las Entidades públicas y privadas. A más el ejercicio de potestad reglamentaria no infiere que haya de ser sólo la Ley fuente introductora de las normasque regulen el Estatuto de los Becarios de Investigación, ni tampoco se considera que se haya producido con la aprobación del Real Decreto una abdicación por parte del legislador de su potestad normativa de establecer reglas jurídicas precisas que disciplinen esta materia, transferiendo la facultad de titularidad de la potestad reglamentaria sin fijar objetivos y fines que la reglamentación debe seguir. Ya que, esta disposición normativa se enmara en la actividad administrativa de fomento de la investicación, es adecuada ya que es regulada por reglamentos independientes que no afectan al principio de ilegalidad, al no tratar de ordenar activitadades que restrinjan o limiten derechos particulares o personales.
6  ¿Estamos ante un reglamento independiente o un reglamento ejecutivo? Estamos ante un reglamento independiente, ya que a diferencia del reglamento ejecutivo, un reglamento independiente, no necesita de una ley para que se dicte, sino que viene a llenar un vacío que la administración que quiere regular, eso no quiere decir que no deba seguir el principio de jerarquía de la norma por el cual a pesar de no estar regidos por una ley, no pueden contradecir los preceptos de las leyes y Constitución Española. En cambio, el reglamento ejecutivo necesita que previamente exista una ley formal que le habilite para desarrollar los preceptos establecidos en dicha ley, es por ello que pueden denominarse secundum legem (que significa costumbre según la ley).
Por lo tanto como podemos observar, este reglamento nos enuncia información que no esta regulada por la ley. No obstante, este reglamento, como todos los demás, estan sometidos a la Constitución Española y las leyes (artículo 97 CE), es decir, son controlables por éstos. Éstos tienen la potestad de impugnar si el reglamento es válido o es ilegal, pero para ello debe ponerse en relación a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico positivo.
 ¿La disposición adicional primera cuenta con cobertura suficiente para regular las cuestiones relativas al régimen de seguridad social de los investigadores de beca? Según las disposiciones que se establecen acerca del régimen de la seguridad social de los investigadores de beca, sí que son suficientes las coberturas que regula, ya que se ha añadido a ésta categoria profesional las mismas coberturas y protecciones que a los demás trabajadores e investigadores. No obstante, encontramos una excepción, debido a la beca que se le conce a estos investigadores, no se les añade a la cotización, ya que esta beca se sustenta como una ayuda económica por su ayuda en la investigación, pero realmente, no se debería dar ya que su prestación se paga con el aprendizaje y formación que recibe al ser ayudante de investigadores.
Por lo tanto, se dispone de suficiente cobertura ya que debido a lo que establece la norma general al resto de los investigadores es la misma para este grupo.
7 2. Cuestión 2  ¿Puede mantenerse la nulidad del Real Decreto por infracción del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores? No, no puede mantenerse la nulidad del Real Decreto por infracción al Texto Refundido de la Ley de los Estatutos de los trabajadores, porque como indica la sentencia del Tribunal Supremo del 18 de noviembre de 2005, la determinación que impone el Gobierno sobre la consideración de los investigadores becados es de que no son trabajadores por cuenta ajena, por lo tanto como indica la exposición de motivos del RD 1326/2003, no se contradice con el concepto de relación laboral que se cita en el artículo 1 de los Estutos de los Trabajadores, ya que se considera que la relación jurídica que desempeña la prestación de este becario de investigación no es lo mismo que prestación de servicios por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y dirección del empleador o empresario falla en las características de dependencia y ajenidad, además no puede calificarse tampoco como un contracto formativo porque en el contrato formativo el becario no recibe ninguna compensación económica ni ningún tipo de subvención.
Además, encontramos que la reseña de la sentencia de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, ratifica la exclusión del régimen jurídico laboral del vínculo que rige la relación entre el becario y la Universidad. Debido a que la ayuda que reciben los becarios en forma de subvención para realizar la formación, sirve para que no exista relación de servicios profesionales. No obstante, hay diversidad en los régimenes que rigen las becas por entes públicos o privados, pero estas se distinguen porque al ser de carácter administrativo la finalidad es de facilitar el estudio y la formación del becario.
Por lo tanto, no puede estimarse la interpretación de la Federación concurrente, ya que la “deslaboralización arbitraria de la relación jurídica del becario de investigación” a la cual se refiere no es correcta, porque esta categoria queda excluida del ámbito laboral y de aplicaicón de la norma reglamentaria, donde se dispone en el artículo 1.3 estatuto trabajadores, que cita que las relaciones laborales existentes entre entidades y centros de investigación concedan becas y los trabajadores presten servicios, no impide que tales entidades establezcan en el programa de becas cláusulas que favorezcan al becario con los derechos laborales y sociales, a más de las prestaciones 8 compensatorias de los que gozan los demás investigadores. Para garantizar un estándar mínimo, uniforme y homogéneo de los derechos y deberes del becario investigador.
3. Cuestión 3  Si, independientemente de la solución que se proponga en el dictament, la Asociación decide impugnar el Reglamento. ¿Qué vía debería utilizar? ¿Ante quién debería presentar el recurso? La vía que debería utilizarse para impugnar el Reglamento es por la judicial, que en este caso lo impugnará el Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo, que es quién revisa el juste a derecho de la actividad de la administración. Son también los que se encargan de resolver los recursos presentados para la anulación de los reglamentos. Tienen impugnación directa de los tribunales, y la impugnación indirecta del reglamento y la cuestión de ilegalidad. El recurso que debe presentarse es el administrativo contencioso, que sirve para la actuación de los particulares o de las entidades, corporaciones e instituciones de derecho público, en este caso como se trata de una corporación llamada Federación de Jóvenes de Investigadores, por eso se realiza este recurso. Sirve para defender los intereses de carácter general o corporativo.
La resolución del proceso de impugnación ante órganos colegiados o comisiones específicos no sometidos a instrucciones jerárquicas, con respecto a los principios, garantías y plazos que la Ley 30/1992 del 26 noviembre del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procidimiento Administrativo Común reconoce a todos los ciudadanos e interesados en todo procedimiento administrativo.
El recurso debe presentarse ante el Tribunal Supremo de lo contenciosoadministrativo.
9 V. Conclusión En conclusión, según lo que se pide por la Federación de Jóvenes Investigadores, solicitando la nulidad de ciertos artículos del Real Decreto 63/2006, ratificando a través de artículos de la Constitución, del Estatuto de los Trabajadores y la ley, la infracción de reserva de ley. Resolveremos la duda con la desestimación de que el reglamento y el real decreto sea nulo, ya que se trata de un reglamento independiente, con lo cual, éste no está regulando ninguna materia de reserva de ley.
Por lo tanto, en primer lugar no infringe la legalidad, ya que estamos ante un reglamento independiente que no regula ningún tipo de reserva de ley, su ratificación la encontramos en artículo 97 de la Constitución dónde se cita que el Gobierno tiene la potestad reglamentaria, como no hay cláusula expresa en la Constitución que reserve la regulación de la Ley del Estatuto Becario de Investigación, por lo tanto no es una materia reservada constitucionalmente a la regulación de la Ley.
En segundo lugar, tampoco se está entrando en contradicción con los Estatutos de los trabajadores, ya que como impone la determinación del Gobierno sobre la consideración de los investigadores becados es de que no son trabajadores por cuenta ajena, por lo tanto como indica la exposición de motivos del RD 1326/2003, no se contradice con el concepto de relación laboral que se cita en el artículo 1 de los Estutos de los Trabajadores.
Y en consideración a la ley de la Seguridad Social, tampoco entra en ilegalidad, ya que el programa de becarios en investigación tienen los mismos derechos y deberes que los investigadores doctorados, menos la cotización de la subvención obtenida y tener una prestación por desempleo.
En conclusión, al tratarse de un reglamento independiente, que no regula una materia ya realizada anteriormente, no se estra entrando en ilegalidad con la ley, ni la Constitución, ya que cumple con todos los requisitos como reglamento y el Gobierno también cumple con sus objetivos y finalidades, ya que tiene la potestad reglamentaria para realizarlo.
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