TEMA 4 Aplicación de los tributos. (2015)

Apunte Español
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Derecho - 3º curso
Asignatura Derecho Financiero y Tributario II
Año del apunte 2015
Páginas 13
Fecha de subida 18/03/2015 (Actualizado: 08/05/2015)
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Bloque II Tema 4 Aplicación de tributos 1. Concepto y actividades que comprende.
Art.83 LGT. Comprende todas las actividades administrativas dirigidas a la información y asistencia a los obligados tributarios y a la gestión, inspección y recaudación, así como las actuaciones de los obligados.
Concepto. La aplicación de los tributos se produce mediante las actividades administrativas y las actuaciones de los obligados a través de los oportunos procedimientos administrativos tributarios, en concreto, de procedimientos administrativos especiales por razón de la materia. Conjunto de actividades Administrativas que tienen 2 finalidades básicas:    Información y asistencia. La ciudadanía aplica los derechos, la Administración tiene unos deberes de información y asistencia, esto no quiere decir que tenga la área de liquidar, es el obligado al quien le corresponde.
 Adquisición de la prestación tributaria. Para adquirir la prestación tributaria se precisan tres acciones.
o Gestión o liquidación.
o Recaudación.
 Inspección.
 Autoridades. Personas que ostentan una cierta responsabilidad. Obligación de colaboración e información.
Gestión, inspección y recaudación.
Actuación de los obligados.
En cuanto a los principios informadores de los procedimientos tributarios, el artículo 3.2 LGT establece que la aplicación del sistema tributario se basará en los principios de proporcionalidad, eficacia y limitación de costes indirectos derivados del cumplimiento de obligaciones formales y asegurará el respeto a los derechos y garantías de los obligados tributarios.
Actividades de aplicación art. 83    Información y asistencia Liquidación: determinación de la deuda.
Recaudación: exigencias del pago.
1  Inspección: Actividad auxiliar de los anteriores.
La aplicación de los tributos se desarrollará a través de los procedimientos administrativos de gestión, inspección, recaudación y los demás previstos en el título correspondiente de la LGT.
Actividades de revisión. Art. 83.2 La revisión de los propios actos por parte de la Administración es una actividad Administrativa, que inicia el particular. Se trata de resolver controversias que existan en actos administrativos previos.
  Resolver reclamación en vía administrativa.
Órganos administrativos diversos.
Régimen jurídico LGT. Título III Instrumentos para facilitar la aplicación de los tributos.
Los instrumentos previstos en el ordenamiento jurídico para facilitar la aplicación de los tributos pueden ordenarse con doble perspectiva:   En favor de los obligados tributarios, facilitándoles el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes.
En favor de la Administración tributaria, para lograr la correcta aplicación de los tributos, correcta gestión, inspección y recaudación.
1.1 Deberes de información y asistencia en favor de los obligados.
Artículo 34.1 LGT, enumera los derechos más relevantes de los obligados frente a la Administración tributaria, derechos de los administrados frente a cualquier Administración pública. De entre esos derechos se reconoce el derecho a ser informado y asistido por la Administración tributaria sobre el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones tributarias; así como el derecho a ser informado de los valores de los bienes inmuebles que vayan a ser objeto de adquisición y transmisión.
Deber de la Administración de informar y asistir a los administrados. Deber de la Administración, Derecho del Obligado.
Actuaciones. Art. 85.2  Publicaciones. Información y asistencia en el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Publicaciones, obliga a la Administración tributaria a difundir durante el primer trimestre del año, los textos actualizados de las normas estatales con rango 2    de ley y de real decreto en materia tributaria que hayan experimentado modificaciones respecto a los vigentes en el año precedente.
Comunicaciones. Otras actuaciones de información, obligando a la Administración tributaria a informar a los contribuyentes de los criterios administrativos existentes para la aplicación de la normativa tributara, facilitar la consulta… Consultas. Art. 88 y 89. Peticiones realizadas a la Administración para que se pronuncie sobre determinadas cuestiones tributarias que afectan a quienes las plantean, y cuando la Administración contesta a las consultas que se le formulan lo que hace es interpretar las normas tributarias aplicables a un supuesto concreto.
Las consultas son vinculantes, la respuesta que dé la Administración, vincula a ésta.
La Administración no puede de vincularse a posteriori. No tan solo la consulta que se haya hecho de forma personal, sino la consulta efectuada a terceros. La consulta tributaria es por tanto una facultad de la que disponen los administrados para conocer el criterio de la Administración respecto de la aplicación de las normas fiscales a determinadas operaciones o situaciones concretas.
Actuaciones administrativas. Actuaciones dirigidas a facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias.
o Información previa adquisición del bien inmueble tiene efectos vinculantes dentro de un término de 3 meses contados desde la notificación al interesado, siempre que la solicitud se hubiese formulado antes de finalizar el plazo para presentar la declaración o autoliquidación correspondiente y que los datos aportados fuesen suficientes y veraces. Art. 90 Información de la AT anterior a la adquisición o transmisión de los bienes inmuebles.
o Acuerdos previos de valoración. Art. 90 1.2 En favor de la Administración.
La eficacia de la Administración tributaria en la aplicación de los tributos requiere de la colaboración social, y por ello la Sección 3ª, regula los instrumentos para facilitar a la Administración tributaria dicha aplicación. El fundamento jurídico- constitucional de la colaboración social con la Administración tributaria se encuentra, en el deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos mediante un sistema tributario justo establecido en el artículo 31.1 CE, puesto que dicha colaboración es esencial para la aplicación de los tributos y alcanzar la equidad fiscal. Esta colaboración social con la Administración tributaria en la aplicación de los tributos se articula a través de dos instrumentos básicos: los acuerdos de colaboración y el deber de información a la Administración Obligaciones tributarias formales Art. 29 Se ayuda a concretar la liquidación, la carga tributaria.
3 Los acuerdos de colaboración.
Los acuerdos de colaboración están regulados en el artículo 92 LGT, y en los citados 7981 RGGIAT, y de acuerdo con éstos debe significarse que son acuerdos de carácter voluntario. Estos acuerdos tienen como protagonistas, de una parte, a la Administración tributaria y, de otra, al resto de Administraciones Públicas o a las instituciones u organizaciones representativas de sectores o intereses sociales, laborales, empresariales o profesionales. Su objeto puede ser diverso pero siempre versará sobre aspectos de la aplicación de los tributos que, por un lado, faciliten el cumplimiento de las obligaciones tributarias a los administrados, y por otro faciliten a la Administración tributaria la gestión y ejecución de los tributos.
El deber de informar a la Administración tributaria.
El actual sistema de gestión tributaria, caracterizado por afectar a un gran número de sujetos, se asienta sobre la necesaria colaboración de los administrados, los acules deben facilitar obligatoriamente a la Administración tributaria la información que ésta precisa para poder llevar a cabo una correcta aplicación de los tributos; y a estos obligados a colaborar con la Administración tributaria en la obtención de información con trascendencia tributaria. Artículo 93.1 LGT, afecta a toda persona natural o jurídica, pública o privada. Junto a estos se encuentran las autoridades a las que se refiere el artículo 94 LGT, ya sean órganos del estado, de las CCAA o de las Entidades Locales; e igualmente quedan sujetos los juzgados y tribunales, respetando el secreto de las diligencias sumariales; así como los partidos políticos, sindicatos y asociaciones etc. Se estará obligado a suministrar a la Administración tributaria cuantos datos y antecedentes con trascendencia tributaria recabe ésta, así como a prestarle apoyo necesario para el ejercicio de sus funciones. En lo relativo al objeto de la información, art. 93.1 LGT exige que se trate de información con trascendencia tributaria. Límites: secreto bancario, derecho a la intimidad, la información son finalidad exclusivamente estadística, y el secreto profesional.
Por último el artículo 95 LGT se refiere al carácter reservado de los datos obtenidos, señalando que solo podrán ser utilizados para la efectiva aplicación de los tributos o recursos cuya gestión tenga encomendada y, en su caso, para imponer las sanciones que procedan, sin que puedan ser cedidos o comunicados a terceros, salvo en los supuestos excepcionales que la propia ley menciona.
 Particulares y funcionarios Art. 93 LGT. Obligaciones de información.
o Obligación de facilitar datos ajenos. Todo tipo de personas o entes sin personalidad, obligadas a proporcionar toda clase de datos. Deducidas de las obligaciones económicas y que tiene un fundamento en el deber de contribuir, en un sentido de colaboración de contribuir con la comunidad, solidaridad de la contribución.
o Fundamentación. Deber de contribuir.
4 o Ámbito subjetivo/ objetivo. Transcendencia tributaria.
o Modalidades: suministro, flujo periódico que compete a determinados operaciones, y captación, requerimientos administrativos concretos para que un sujeto, respecto de una operación determinada facilite información al respecto.
Límites: Secreto profesional: Deber de guardar secreto, derecho negarse a facilitar datos, art.542.3 LEC. Derecho a negarse porque se tiene el deber de guardar secreto.
De carácter profesional más genérico y el notarial. Éste último, tiene que informar de todos salvo unos supuestos, art. 93. No existe secreto más que en esos 2 puntos. Art.
93.5, secreto profesional. Ningún dato patrimonial es secreto, únicamente los personales que no tengan carácter patrimonial. Los datos tiene que tener trascendencia tributaria, económico y para aplicar el tributo. Los que no tengan contenido patrimonial, se tiene que negar. 93.1 LGT. Si se trata de un particular se tienen que dar toda, es en el caso de tener secreto profesional.
La obligación de los demás profesionales de facilitar información con trascendencia tributaria a la Administración tributaria no alcanzará a los datos privados no patrimoniales que conozcan por razón del ejercicio de su actividad cuya revelación atente contra el honor o la intimidad personal y familiar. Tampoco alcanzará a aquellos datos confidenciales de sus clientes de los que tengan conocimiento como consecuencia de la prestación de servicios profesionales de asesoramiento o defensa.
Los profesionales no podrán invocar el secreto profesional para impedir la comprobación de su propia situación tributaria.
 Autoridades. Obligación de información y participarán en la aplicación de tributos.
o Fundamento. Colaboración inter administrativa, no la aplicación del tributo.
o Los datos que adquiere la Administración, son de carácter reservado. No secretos pero sí reservados.
o Puede cederse esos datos a terceros como el Ministerio Fiscal o la Agencia Tributaria.
La administración tiene que cooperar en asuntos tasados. Art. 95.
Menores incapaces Ejecución de sentencia 2. Normas comunes sobre actuaciones y procedimientos tributarios.
Los diversos procedimientos previstos para la aplicación de los tributos destacan: la prueba, el deber de resolver y las notificaciones.
Inicio: A instancia o de oficio.
5 Desarrollo.
   Derechos y obligaciones.
Prueba.
Documentos administrativos. Todos los datos a lo largo del procedimiento se documentan Terminación     A instancia de parte: desistimiento (se mantiene el derecho a ejercitar la acción) y renuncia (se renuncia al derecho).
Imposibilidad material.
Resolución. Liquidación forma típica de terminación.
Caducidad. Caducidad del procedimiento. Ahora caducidad como forma de terminación del proceso. Los derechos prescriben.
2.1 A instancia de parte art. 98 LGT     Autoliquidación. No tan solo se comunican hechos, sino que los calificas, cuantificas e ingresas. Acto más complejo.
Declaración. Comunicación de hechos. Instrumento de inicio del proceso más sencillo.
Comunicación. Se solicita una actuación de la Administración. Devolver lo que se ha retenido de más (IRPF).
¿Denuncia?. Art. 114 LGT. NUNCA SE PUEDE INICIAR UN PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO MEDIANTE UNA DENUNCIA. Es la propia administración que asume de oficio el procedimiento, si ésta lo desea.
2.2 Derechos y obligaciones   Administración.
o Documentación art- 99.7 LGT.
Obligado tributario.
o No período de prueba art. 99.9 LGT o Audiencia y propuesta de resolución, art. 99.8. Como regla general, la audiencia es previa a la propuesta de resolución. Básicamente cuando existen las actas con acuerdo.
2.3 Prueba en materia tributaria.
Procedimiento para la aplicación de los tributos. La prueba en materia tributaria se rige por los artículos 105ª 108 LGT, que contemplan las normas sobre los medios de prueba y su valoración, válidas para todos los procedimientos de aplicación de los tributos o, si se prefiere, para los procedimientos de gestión, inspección y recaudación; y válidas también para los procedimientos de revisión de los actos administrativos tributarios y 6 para el procedimiento sancionador tributario. La prueba en materia tributaria puede versar sobre la verificación de un hecho que pudiera dar lugar al nacimiento de una obligación tributaria (hecho imponible), o bien sobre cualquier otro aspecto que incida en su cuantificación o atribución a un sujeto determinado.
Art. 105 y 106 LGT, establecen los criterios generales sobre la prueba en materia tributaria. Los primeros, reconocen que la carga de la prueba en el ámbito tributario respeta a su vez los criterios generales del ordenamiento jurídico español, es decir: aquel que quiera hacer valer su derecho deberá probar los hechos normalmente constitutivos del mismo, y también que los obligados tributarios cumplirán su deber de probar si designan de modo concreto los elementos de prueba que obran en poder de la Administración tributaria. Otro criterio dispone que, sin perjuicio de las normas específicas sobre prueba en materia tributaria, serán de aplicación las normas sobre medios y valoración de pruebas recogidas en el CC y en la LEC. Por último según lo establecido en el artículo 99.6 LGT para la práctica de la prueba en los procedimientos tributarios no será necesaria la apertura de un período específico ni la comunicación previa de las actuaciones a los interesados.
No obstante lo que se acaba de indicar en cuanto a la valoración de las pruebas en los apartados 3 y 4 del art.106 LGT se establecen dos excepciones: 1. En determinadas operaciones empresariales o profesionales, el medio prioritario será la factura o documento equivalente.
2. Supuestos compensación de bases o cuotas.
   Art. 107.LGT Las diligencias extendidas en el curso de las actuaciones y los procedimientos tributarios tienen naturaleza de documentos públicos y hacen prueba de los hechos que motiven su formalización, salvo que se acredite lo contrario. Hace prueba los hechos, y no las calificaciones.
Art. 108.3 LGT. La Administración tributaria podrá considerar como titular de cualquier bien, derecho, empresa, servicio, actividad, explotación o función a quien figure como tal en un registro fiscal o en otros de carácter público, salvo prueba en contrario. Se trata de una presunción, como puede ser el Catastro.
Valor probatorio.
o Diligencias/actas. Las extendidas en las actuaciones y procedimientos tributarios son documentos públicos, y hacen prueba de los hechos que motiven su formalización, salvo que se dicte lo contrario.
o Acta. Documento específico distinto de una diligencia que resume lo anterior, efectúa una propuesta de resolución, documento más complejo, pues resume que se ha hecho y propone una futura resolución, la resolución pone fin al proceso. Las actas en sí no ponen fin al proceso.
7  o Manifestaciones del obligado. Cierto para ellos, para el obligado cuando le perjudica, es decir, los que favorecen no necesariamente. Los que perjudican se presumen ciertos. La Administración puede verificar datos.
Presunciones. Art. 108 LGT, se advierte la especial relevancia que este medio de prueba adquiere en materia tributaria.
o Legales: Registros públicos y fiscales.
o Administración, sobre indicios.
2.5 La obligación de resolver. Especial referencia al acto de liquidación tributaria. Terminación.
La obligación de resolver de la Administración tributaria y los plazos de resolución en los procedimientos tributarios aparecen regulados en los artículos 103 y 104 LGT. Se establece con carácter general las obligaciones de la Administración tributaria de resolver de forma expresa todas las cuestiones que se planteen en los diversos procedimientos de aplicación de los tributos (gestión, inspección, recaudación, etc), así como de notificar dicha resolución a los afectados. No obstante, esta obligación general de resolver expresamente se exceptúa en los procedimientos relativos al ejercicio de derechos que solo deban ser objeto de comunicación por el obligado tributario; y en los procedimientos tributarios que finalicen por causas distintas a la resolución expresa, ya sea mediante caducidad, pérdida sobrevenida del objeto del procedimiento, la renuncia al derecho en que se fundamente la solicitud o el desistimiento de los interesados. En todo caso, en estos últimos supuestos el interesado puede solicitar a la Administración tributaria que declare expresamente la concurrencia de la circunstancia que ha dado lugar a la finalización anormal.
Junto al deber general de resolver y notificar la notificación, el legislador contempla asimismo la obligación de motivar determinadas resoluciones, con referencia sucinta a los hechos y fundamentos de derecho. Así deberá hacerse cando se trate de los siguientes actos administrativos: de liquidación, de comprobación de valores, los que denieguen un beneficio fiscal o la suspensión de la ejecución de actos de aplicación de los tributos, y los que se prevean en la normativa vigente.
Plazo. Máximo para cumplir la obligación de resolver expresamente vendrá fijado en las normas reguladoras del procedimiento correspondiente, si bien no podrán exceder de seis meses salvo que su norma reguladora establezca otro diferente. El cómputo de este plazo para resolver varía en función de la forma en la que se haya iniciado el procedimiento tributario, si es de oficio el plazo comienza desde el momento en que se produce la notificación al interesado del acuerdo de iniciación del mismo, mientras que en los iniciados a instancia del interesado, el plazo comienza desde la fecha en que 8 el documento (declaración, solicitud, etc) tuvo entrada en el registro de órgano competente para tramitarlo.
La LGT regula los efectos de la falta de resolución expresa una vez finalizado el plazo máximo para dictarla, que en principio deberán establecerse en las normas reguladoras de cada procedimiento; si bien los apartados 3 y 4 del artículo 104 LGT recogen subsidiariamente esos efectos en ausencia de esa regulación, y lo hace distinguiendo si se trata de un procedimiento iniciado de oficio o a instancia de parte.
A instancia. La regla general es el silencio administrativo positivo, de manera que los obligados tributarios pueden entender estimada su solicitud, salvo en las formuladas en el ejercicio del derecho de petición y en la impugnación de actos y disposiciones.
  Desistimiento Renuncia.
De oficio. Es preciso tener en cuenta el objeto del procedimiento para diferenciar si del mismo se derivan efectos favorables o desfavorables para los obligados tributarios, pues en el primer caso se aplicará el régimen del silencio administrativo negativo; mientras que cuando se trate de procedimientos susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen para el obligado tributario. Por otra parte, el incumplimiento del plazo máximo para resolver expresamente por causa imputable a la Administración impide el devengo de los intereses de demora que pudieran corresponder desde el momento en que se produzca el incumplimiento del plazo, hasta el momento en que se dicte resolución expresa o se impugne la resolución presunta. Una de las consecuencias del incumplimiento de la obligación de resolver de la Administración tributaria, concretamente la caducidad del procedimiento y los efectos que éste produce, regulados en el art. 104.5 LGT. La caducidad debe distinguirse de la prescripción porque ésta provoca la extinción de la obligación tributaria sustantiva, mientras que a caducidad determina la finalización de determinados procedimientos tributarios; y además los plazos de prescripción pueden ser interrumpidos, lo cual no es así en el caso de la caducidad.
Imposibilidad material Caducidad art. 104.5 finalización del proceso. El procedimiento de inspección NUNCA CADUCA, sus efectos son semejantes a la caducidad pero nunca caducan. Nunca se archiva a no ser que prescriba el derecho. Producida la caducidad, ésta será declarada, de oficio o a instancia del interesado, ordenándose el archivo de las actuaciones. Se puede iniciar otro procedimiento, pues no ha prescrito el derecho. Dicha caducidad no producirá, por sí sola, la prescripción de los derechos de la Administración tributaria, pero las actuaciones realizadas en los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de prescripción ni se considerarán requerimientos administrativos a los efectos 9 previstos en el apartado 1 del artículo 27 de esta ley. Las actuaciones realizadas en el curso de un procedimiento caducado, así como los documentos y otros elementos de prueba obtenidos en dicho procedimiento, conservarán su validez y eficacia a efectos probatorios en otros procedimientos iniciados o que puedan iniciarse con posterioridad en relación con el mismo u otro obligado tributario.
Efectos      Las actuaciones de la Administración realizadas en el marco de un procedimiento caducado no producirán efecto de interrumpir la prescripción.
Archivo.
No prescripción.
No interrumpe la prescripción. Un procedimiento caducado no interrumpe los plazos de prescripción.
Principio de conservación de los actos. Se puede traer todo el material tramitado con anterioridad.
Resolución Forma habitual de terminar un proceso.
Obligación general. excepto. 103.2 LGT     Motivación En plazo. El silencio tiene efectos positivos generalmente, salvo en los casos donde haya dinero que se entenderá como negativo.
Eficacia sino resuelve o A instancia. Estimación, excepto….
o De oficio.
 Reconocimiento de derechos. Desestimación.
 Efectos desfavorables. Caducidad. Ésta opera como regla general, en procedimiento que se inician de oficio y supone un gravamen para el obligado. Menos procedimiento de inspección. El hecho de que caduque el procedimiento sancionador, impide el hecho que se inicie otro de nuevo, caduque y prescribe. Sanción= Caducidad efectos prescriptivos.
 Inspección. Art. 150 LGT.
 Sanciones. Art. 211.4 LGT.
 Apremio. Art.104. LGT. No son 6 meses, hay un plazo específico, 4 años. Caduca y prescribe.
Notificación. Las notificaciones en materia tributaria se han de ajustar a lo dispuesto en los artículos 109 a 112 LGT, cuyo contenido se refiere con carácter general a 10  cualquier procedimiento de aplicación de los tributos. Las notificaciones se practicarán por cualquier medio que permita tener constancia de la recepción, fecha, la identidad de quien recibe la notificación y el contenido del acto notificado. En cualquier parte, sitio adecuado, normalmente domicilio trabajo.
Actos de liquidación. Art. 101 LGT Acta= Documento, Acto de liquidación= Forma de resolver el procedimiento. La Acta contiene un Acto. El tipo de acto del acta es de trámite. Tanto la liquidación como el acta son documentos, y tienen un contenido.
Este contenido es un acto administrativo, ambos lo son, pero el acto pone fin al procedimiento. Mientras que las actas, se dicta cuando casi se finaliza el proceso, resumen la actuación y su contenido no pone fin al proceso. La liquidación pone fin al proceso Resolución que pone fin a un procedimiento tributario Como regla general se recurre el acto, la resolución.
Concepto. Art. 101 LGT. Acto administrativo resolutorio que determina la existencia de una deuda identificando al obligado y su cuantía. Es un acto administrativo resolutorio en cuanto refleja una manifestación expresa de voluntad de la Administración, y no es tampoco de mero trámite, diferenciándose también delas autoliquidaciones, y a que éstas las realizan los obligados tributarios y no tienen naturaleza administrativa. Tiene eficacia declarativa y no constitutiva, en la medida en que la obligación tributaria se origina con la realización del hecho imponible y no con la liquidación.
Criterios. Quien solía liquidar era la Administración. Ahora hay que tener 2 cuestiones presentes, el importe liquidado no parece vinculado a la declaración efectuada por el sujeto, no vinculación a declaración. Autoliquidación no es liquidación administrativa. La liquidación no es un acto administrativo porque no está dictado por un funcionario, pero la autoliquidación siendo un acto del particular, si no se impugna deviene acto administrativo.
Clases.
 Definitivas. Ha existido una comprobación pena por un procedimiento de inspección, pues si no interviene éste, la averiguación es más limitada. El procedimiento de inspección asegura que la administración ha ejercido todas las facultades para averiguar la realidad, se ha profundizado en la situación. Si se ha hecho esta tarea por la administración, esta liquidación es definitiva.
 Provisionales. Cuando no es un procedimiento de inspección previo. Estas pueden ser modificadas por otras.
Diferencias Provisionales rectificación por Administración Pública. Definitivas de revisión art.
216 ART.
Efectos 11 Todas las liquidaciones permiten la exigibilidad de la deuda. Se puede ser deudor pero no es exigible sin la liquidación, o cuando se realice la autoliquidación. Las que el particular realice son todas provisionales. Presunción de legalidad de la liquidación de la Administración. Impugnable ante la propia Administración a través de un recurso. Cuando se notifica la liquidación, se are el período para el ingreso, período voluntario. Asimismo interrumpe el período de prescripción.
Procedimiento tributario: Fase preceptiva: audiencia. Antes de la propuesta de resolución, se tiene que dar el trámite de Audiencia. El procedimiento tributario no tiene un período de prueba con carácter de prueba, no existe una fase que se denomine período de prueba. Esta sucesión de actos, tiene muchos de ellos un reflejo documental.
Se dictan Diligencias, y los actos contienen hechos. Diligencia hace constancia de hechos que se suceden al largo del procedimiento los actos de comunicación documentan las notificaciones y los actos administrativos que ponen en conocimiento del obligado lo que está sucediendo en el procedimiento. Por último están las actas, que es una forma de documentar una actividad administrativa, se parece a la diligencia porque es un documento público, pero se diferencia de ésta desde el punto de vista del contenido en que es un resumen y su ubicación procedimental es casi al final y contiene una propuesta de resolución, no contiene el acto que finaliza el proceso, sino una propuesta. El acta contiene un acto del procedimiento, como la diligencia. El acto que contiene es provisional, pues solo hay un acto definitivo que es el acto que termina el procedimiento: Resolución, y este como regla general es el que se impugna. El acta puede ser objeto de impugnación de manera excepcional: violación derechos fundamentales o impedimento continuación procedimiento, pero como norma general no son impugnables Anexo Caducidad.
La caducidad tiene que ser declarada de oficio en el ámbito tributario. La forma anómala de terminación del proceso es la caducidad.
Los procedimientos administrativos tienen que acabar en algún momento. Regla general: 6 meses. El procedimiento caduca. Si no finalizan a los 6 meses,  En los procedimientos iniciados por los particulares, como regla general, la Administración tiene la obligación de resolver los a favor o en contra, si ésta no contesta, se aplica el silencio Administrativo para poder tener acceso a la vía jurisdiccional. Aquí no opera la caducidad sino el silencio que como regla general es positivo, excepto en los casos previstos por la ley.
 Si los procedimientos se inician de oficio, aquí sí que opera la caducidad.
¿La caducidad opera en todo proceso tributario de la misma manera? NO. Primero hay una caducidad que sí que opera, 6 meses con sus correspondientes efectos, y hay una 12 caducidad que no es entidad como tal, como en la inspección, éstos no caducan pero tiene los mismos efectos asociados a la caducidad: interrupción prescripción y recargo.
Efecto caducidad: Desaparece el procedimiento, NUNCA EL DERECHO.
Dos peculiaridades:  Procedimiento sancionador. La caducidad del procedimiento implica que no se pueda abrir otro procedimiento, como si prescribiese el derecho.
 Procedimiento de apremio. Fase de un procedimiento específico, de recaudación, cuando está determinada la obligación y no se paga. El plazo de caducidad no es de 6 meses, sino que su plazo equivale al plazo de prescripción del derecho.
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