Tema 4. Extensión y límites de la jurisdicción española en el orden penal (2016)

Apunte Español
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Criminología - 3º curso
Asignatura Enjuiciamiento criminal
Año del apunte 2016
Páginas 6
Fecha de subida 31/03/2016
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Enjuiciamiento Criminal 2015/2016 – maria47 Tema 4. Extensión y límites de la jurisdicción española en el orden penal Todos los estados son competentes de los delitos a pesar de que los hechos no hayan sido cometidos en su estado. Cada estado determina sus normas de cuando el juzgado va a conocer los hechos. Estas normas son denominadas la extensión y límites de la jurisdicción española.
El art. 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial prevé las normas de la jurisdicción española.
4.1. Criterios de atribución Nos hemos de fijar en el art.23 LOPJ, para determinar los supuestos en el que un tribunal o juzgado español puede conocer de un determinado asunto.
1. Territorialidad  todos los delitos cometidos en territorio español serán competentes los tribunales españoles para conocer de esos delitos. En el orden penal corresponderá a la jurisdicción española el conocimiento de las causas por delitos y faltas cometidos en territorio español o cometidos a bordo de buques o aeronaves españoles, sin perjuicio de lo previsto en los tratados internacionales en los que España sea parte.
2. Requisitos para que el estado español pueda conocer de un delito cometido por un español o extranjero fuera, que el agraviado sea español, que se interponga querella por parte de MF o agraviado.
Si ya ha cumplido su pena ya estará completa, y en el caso de que no la haya computado, se tendrá en cuenta en para imponerle una nueva pena. Así que también conocerá la jurisdicción española de los delitos que hayan sido cometidos fuera del territorio nacional, siempre que los criminalmente responsables fueren españoles o extranjeros que hubieran adquirido la nacionalidad española con posterioridad a la comisión del hecho y concurrieren los siguientes requisitos: a) Que el hecho sea punible en el lugar de ejecución, salvo que, en virtud de un Tratado Internacional o de un acto normativo de una Organización Internacional de la que España sea parte, no resulte necesario dicho requisito, sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados siguientes.
b) Que el agraviado o el Ministerio Fiscal interpongan querella ante los Tribunales españoles.
c) Que el delincuente no haya sido absuelto, indultado o penado en el extranjero, o en este último caso, no haya cumplido la condena. Si sólo hubiere cumplido en parte, se le tendrá en cuenta para rebajarle proporcionalmente la que le corresponda.
3. Delitos que más o menos son los mismos que van a la AN, son delitos considerados más importantes, como los art.65 LOPJ. Tienen que haber sido cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional. Por lo tanto, conocerá la jurisdicción española de los hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional cuando sean susceptibles de tipificarse, según la ley penal española, como alguno de los siguientes delitos: a) De traición y contra la paz o la independencia del Estado b) Contra el titular de la Corona, su Consorte, su Sucesor o el Regente c) Rebelión y sedición 1 Enjuiciamiento Criminal 2015/2016 – maria47 d) Falsificación de la firma o estampilla reales, del sello del Estado, de las firmas de los Ministros y de los selles públicos u oficiales e) Falsificación de moneda española y su expedición f) Cualquier otra falsificación que perjudique directamente al crédito o intereses del Estado, e introducción o expedición de lo falsificado g) Atentado contra autoridades o funcionarios públicos españoles h) Los perpetrados en el ejercicio de sus funciones por funcionarios públicos españoles residentes en el extranjero y los delitos contra la Administración Pública española i) Los relativos al control de cambios 4. Determinados delitos que se determinan que deben ser perseguibles y que no deben quedar impunes.
Anteriormente era el principio de universalidad, todos estos delitos los podía conocer el Estado Español, sin importancia de donde se hubieran cometido. Así que, igualmente, será competente la jurisdicción española para conocer de los hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional susceptibles de tipificarse, según la ley española, como alguno de los siguientes delitos cuando se cumplan las condiciones expresadas: a) Genocidio, lesa humanidad o contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, siempre que el procedimiento se dirija contra un español o contra un ciudadano extranjero que resida habitualmente en España, o contra un extranjero que se encontrara en España y cuya extradición hubiera sido denegada por las autoridades españolas b) Delitos de tortura y contra la integridad moral de los artículo 174 a 177 del Código Penal.
c) Delitos de desaparición forzada incluidos en la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, hecha en Nueva York el 20 de diciembre de 2006.
d) Delitos de piratería, terrorismo, tráfico ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, trata de seres humanos, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y delitos contra la seguridad de la navegación marítima que se cometan en los espacios marinos, en los supuestos previstos en los tratados ratificados por España o en actos normativos de una Organización Internacional de la que España sea parte.
e) Terrorismo, siempre que concurra alguno de los supuestos descritos en este mismo apartado.: f) Los delitos contenidos en el Convenio para la represión del apoderamiento ilícito de aeronaves, hecho en La Haya el 16 de diciembre de 1970.
g) Los delitos contenidos en el Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil, hecho en Montreal el 23 de septiembre de 1971, y en su Protocolo complementario hecho en Montreal el 24 de febrero de 1988, en los supuestos autorizados por el mismo.
h) Los delitos contenidos en el Convenio sobre la protección física de materiales nucleares hecho en Viena y Nueva York el 3 de marzo de 1980, siempre que el delito se haya cometido por un ciudadano español.
i) Tráfico ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas.
j) Delitos de constitución, financiación o integración en grupo u organización criminal o delitos cometidos en el seno de los mismos, siempre que se trate de grupos u organizaciones que actúen 2 Enjuiciamiento Criminal 2015/2016 – maria47 con miras a la comisión en España de un delito que esté castigado con una pena máxima igual o superior a tres años de prisión.
k) Delitos contra la libertad e indemnidad sexual cometidos sobre víctimas menores de edad.
l) Delitos regulados en el Convenio del Consejo de Europa de 11 de mayo de 2011 sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica.
m) Trata de seres humanos.
n) Delitos de corrupción entre particulares o en las transacciones económicas internacionales.
o) Delitos regulados en el Convenio del Consejo de Europa de 28 de octubre de 2011, sobre falsificación de productos médicos y delitos que supongan una amenaza para la salud pública.
p) Cualquier otro delito cuya persecución se imponga con carácter obligatorio por un Tratado vigente para España o por otros actos normativos de una Organización Internacional de la que España sea miembro, en los supuestos y condiciones que se determine en los mismos.
Asimismo, la jurisdicción española será también competente para conocer de los delitos anteriores cometidos fuera del territorio nacional por ciudadanos extranjeros que se encontraran en España y cuya extradición hubiera sido denegada por las autoridades españolas, siempre que así lo imponga un Tratado vigente para España.
5. Los delitos a los que se refiere el apartado anterior no serán perseguibles en España en los siguientes supuestos: a) Cuando se haya iniciado un procedimiento para su investigación y enjuiciamiento en un Tribunal Internacional constituido conforme a los Tratados y Convenios en que España fuera parte.
b) Cuando se haya iniciado un procedimiento para u investigación y enjuiciamiento en el Estado del lugar en que se hubiera cometido los hechos o en el estado de nacionalidad de la persona a que se impute su comisión.
Lo dispuesto en este apartado b) no será de aplicación cuando el Estado que ejerza su jurisdicción no esté dispuesto a llevar a cabo la investigación o no pueda realmente hacerlo, y así se valore por la Sala 2ª del Tribunal Supremo, a la que se elevará exposición razonada el Juez o Tribunal.
A fin de determinar la incapacidad para investigar o enjuiciar en un asunto determinado, se examinará si el Estado, debido al colapso total o sustancial de su administración nacional de justicia o al hecho de que carece de ella, no puede hacer comparecer al acusado, no dispone de las pruebas y los testimonios necesarios o no está por otras razones en condiciones de llevar a cabo el juicio.
6. Los delitos a los que se refieren los apartados 3 y 4 solamente serán perseguibles en España previa interposición de querella por el agraviado o por el Ministerio Fiscal. Así que los delitos de interés nacional, deben ser denunciados por el agraviado o MF para que sean perseguibles en el Estado Español.
Art. 9 LOPJ establece los distintos órdenes jurisdiccionales, en los que se divide la jurisdicción española (civil, penal, contencioso-administrativo, social y militar). En el apartado 9.3 va a conocer de todos los asuntos tipificados como delitos con excepción de lo tipificado en el CP militar, porque 3 Enjuiciamiento Criminal 2015/2016 – maria47 conocerá jurisdicción militar, que es una jurisdicción distinta. Así que los juzgados y Tribunales del orden jurisdiccional penal tendrán atribuido el conocimiento de las causas y juicios criminales, con excepción de los que correspondan a la jurisdicción militar.
4.2. Tratamiento procesal De oficio, el órgano jurisdiccional en España de oficio tiene que analizar la jurisdicción, es decir que el proceso tenga jurisdicción para poder conocer de un determinado hecho. Se permite que a instancia de parte se ponga de manifiesto a través de la declinatoria que no hay jurisdicción. Todas aquellas actuaciones que se llevan a cabo ante un órgano sin jurisdicción serán nulos.
4.3. La Competencia Penal Los órganos que tienen competencia penal, según art.87 y ss. LPOJ son: 1. Jueces de instrucción (art. 87 LOPJ): conocerán de las causas por delito cuyo enjuiciamiento corresponda a las Audiencias Provinciales y a los Juzgados de los Penal, excepto de aquellas causas que sean competencia de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer. Así que tiene competencia objetiva.
2. Jueces de violencia sobre la Mujer (art. 87ter LOPJ): conocerán de la instrucción de los procesos para exigir responsabilidad penal por los delitos mencionados en este artículo cuando se cometan contra la mujer que haya estado ligada al autor por análoga relación de afectividad. Así que tiene competencia objetiva.
3. Juzgados Centrales de Instrucción (art. 88 LOPJ): instruirán las causas cuyo enjuiciamiento corresponda a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional o, en su caso, a los Juzgados Centrales de lo Penal. Por lo tanto tiene competencia objetiva.
4. Juzgados de lo Penal (art. 89 LOPJ): conocerán en primera instancia de delitos con una pena de menos de 5 años de privación de libertad y menos de 10 años de otra pena no privativa de libertad.
Así que como los anteriores también tiene competencia objetiva.
5. Juzgados Centrales de lo Penal: también con competencia objetiva, conocerá en primera instancia de los delitos previstos en el art. 65 LOPJ.
6. Juzgados de Menores (art. 97 LOPJ): conocerán de todos esos delitos que hayan sido cometidos por menores de entre 14 y 18 años.
7. Juzgados Centrales de Menores: conocerá de los delitos del art. 65 LOPJ que sea cometido por un menor.
8. Audiencia Provincial: tiene competencia funcional, así que conocerá de aquellos delitos más graves que no se encuentren el art. 65 LOPJ con una pena mayor de 5 años de pena privativa de libertad o mayor de 10 años de cualquier otra pena de distinta naturaleza. Así que la competencia funcional será sobre las decisiones del juez de lo penal, juez de la violencia contra la mujer, y juzgado de menores.
9. Audiencia Nacional: conocerá de los delitos del art. 65 LOPJ con pena privativa de libertad mayor de 5 años o pena de cualquier otra naturaleza mayor de 10 años. Tiene competencia funcional, conociendo de los recursos del juzgado central de lo penal y juzgado central de instrucción) 4 Enjuiciamiento Criminal 2015/2016 – maria47 10. Tribunal Superior de Justicia: conocerá sobre la competencia objetiva en los casos contra los aforados.
11. Tribunal Supremo: competencia objetiva al conocer en primera instancia de determinados sujetos, aforados, cuando sea delito flagrante en el ejercicio de sus funciones. También tiene competencia funcional al conocer del recurso de casación, y los demás recursos que establezca la ley.
12. Tribunal del Jurado: conocerá de los delitos art. 1 y 2 de LO del Tribunal del Jurado. Esta incardinado dentro de la Audiencia Provincial, Tribunal Superior de Justicia y Tribunal Supremo para los aforados.
4.4. Criterios de atribución: objetivo, funcional, territorial Así que una vez determinamos que somos competentes para conocer un determinado asunto, tenemos que determinar que órgano jurisdiccional va a conocer sobre ese asunto. Existen tres normas distintas para determinar que órgano conocerá de un determinado asunto:  Normas de competencia objetiva  atribuyen un asunto a un determinado órgano jurisdiccional para que conozca en primera instancia de un asunto. Normas que tendremos que ver tanto para la instrucción como para el enjuiciamiento. Hay normas en la ley LOPJ que determinan cuando va a conocer un tribunal u órgano jurisdiccional en primer lugar sobre un determinado asunto. Se deben tener en cuenta dos criterios principales, cual es la persona imputada y según si es un delito grave o leve.
La competencia objetiva se refiere a las normas establecidas para atribuir a los juzgadores de cada instancia qué asuntos deben conocer. Esta competencia objetiva se establece por razón de la materia o por razón de la cuantía litigiosa.
 Normas de competencia funcional  determinan que órgano jurisdiccional va a conocer de los recursos y los incidentes [cuestiones que se van dando dentro del proceso, a medida que se avanza, y se tienen que ir solucionando] que se dan dentro del proceso. Estas leyes lo que hacen es determinar quién va a conocer de esos incidentes y recursos.
La competencia funcional se refiere a las normas establecidas para determinar qué tribunales son competentes para conocer de fases, instancias o incidentes de un proceso.
 Normas de competencia territorial  para determinar que órgano jurisdiccional de un territorio concreto va a conocer de un determinado delito. Criterio principal es el del lugar de comisión de los hechos, lo cual establece la ley. Significa que se alterna las normas de territorialidad cuando se tratan de delitos del art. 65 LOPJ.
La competencia territorial se refiere a la regla de distribución de competencias por la que conocerá de un asunto el tribunal competente objetiva y funcionalmente que, además se encuentre en el lugar donde se hayan producido los hechos.
4.5. La Conexión Penal Por cada delito que conozca la autoridad judicial dará lugar a la formación de una única causa.
Aunque, los delitos conexos serán investigados y enjuiciados en la misma causa cuando la investigación y la prueba en conjunto de los hechos resulten convenientes para su esclarecimiento y 5 Enjuiciamiento Criminal 2015/2016 – maria47 para la determinación de las responsabilidades procedentes salvo que suponga excesiva complejidad o dilación para el proceso. Se consideran delitos conexos, según el artículo 17 LECrim: 1. Los cometidos por dos o más personas reunidas 2. Los cometidos por dos o más personas en distintos lugares o tiempos si hubiera precedido concierto para ello 3. Los cometidos como medio para perpetrar otros o facilitar su ejecución 4. Los cometidos para procurar la impunidad de otros delitos 5. Los delitos de favorecimiento real y personal y el blanqueo de capitales respecto al delito antecedente 6. Los cometidos por diversas personas cuando se ocasionen lesiones o daños recíprocos Con respecto a los delitos que no sean conexos pero que hayan sido cometidos por la misma persona y tengan analogía o relación entre sí, cuando sean de la competencia del mismo órgano judicial, podrán ser enjuiciados en la misma causa, a instancia del Ministerio Fiscal, si la investigación y la prueba en conjunto de los hechos resultan convenientes para su esclarecimiento y para la determinación de las responsabilidades procedentes, salvo que suponga excesiva complejidad o dilación para el proceso.
Los fueros competentes, que son los criterios que permiten el establecimiento de normas reguladores de la competencia territorial, de las causas de los delitos conexos según el artículo 18.1 LECrim: 1. El del territorio en el que se haya cometido el delito con pena mayor.
2. El juzgado o tribunal que primero comience la causa con delitos de igual pena 3. El que la Audiencia de lo criminal o el Tribunal Supremo en sus casos respectivos designen, cuando las causas hubieren empezado al mismo tiempo, o no conste cuál empezó primero.
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